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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90115-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90115-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual declaró probada de oficio la 40 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 25 Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020) Demandante: Aleth Amaury Arroyo González excepción de prescripción y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda promovida por la señora Aleth Amaury Arroyo González contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FNPSM, el departamento del Atlántico y el municipio de Santa Lucía. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2015-90115-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FNPSM y otros

Temas: Sanción moratoria, consignación de cesantías anuales
(docente)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 12 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual declaró probada de oficio la excepción de prescripción
y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Aleth Amaury Arroyo González, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de

1
Folios 2 a 13.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

los siguientes actos: i) ficto producto del silencio administrativo en que incurrió el
municipio de Santa Lucía por no responder la petición radicada el 23 de enero de
2015; ii) Oficio 2015ER007468 del 5 de febrero de 2015, suscrito por el Ministerio
de Educación Nacional, que remitió la petición a la Secretaría de Educación del
Atlántico; y iii) Oficio 0606 de 25 de febrero de 2015, expedido por la Gobernación
del Atlántico. Las referidas decisiones negaron la sanción moratoria consagrada
en la Ley 344 de 1996, a causa de la consignación tardía de las cesantías anuales
en el fondo respectivo.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
actora solicitó condenar a la parte demandada a lo siguiente: i) reconocer y pagar
la sanción moratoria contemplada en la Ley 344 de 1996 y demás normas
concordantes, derivada de la omisión en que incurrió la administración en
consignar las cesantías anuales causadas en los años 1998 a 2003; ii) liquidar
la sanción a razón de un día de salario por cada día de retraso, en forma
independiente, para cada uno de los períodos de cesantías debidos; iii) ajustar la
condena con base el índice de precios al consumidor, en la forma indicada en el
artículo 187 del CPACA; iv) sufragar las costas procesales conforme al artículo 188
ibidem; y v) reconocer intereses moratorios, en los términos descritos en los
artículos 192 y 195 del referido estatuto.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Aleth Amaury Arroyo González labora como docente perteneciente a
la planta de personal del municipio de Santa Lucía, «asimilada por el
departamento del Atlántico en el año 2003», desde el 15 de abril de 1998 hasta el
momento de presentación de la demanda, inclusive. 2 Además, está inscrita en el
grado 12 del escalafón nacional.

2
La demanda se radicó el 2 de septiembre de 2015 (folio 13).

2

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

ii) La Nación, Ministerio de Educación, FNPSM, el municipio de Santa Lucía y la
Gobernación del departamento del Atlántico no consignaron oportunamente sus
cesantías de los años 1998 a 2003, esto es, dentro de los plazos fijados en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, motivo por el cual deben reconocer y
pagar la indemnización moratoria que resulta de la tardanza en el pago de su
prestación anual, que, hasta la fecha de radicación de este medio de control, no
ha sido reconocida ni pagada.

iii) Los días 21 y 23 de enero de 2015, la accionante formuló solicitudes ante las
entidades accionadas, orientadas a obtener el reconocimiento y pago de las
cesantías causadas a su favor durante el período mencionado, así como la
sanción moratoria por su inoportuna consignación y, en respuesta a ellas,
surgieron los oficios y el acto ficto negativo acusados.

iv) Tales actos presentan vicios que conllevan su ilegalidad, comoquiera que
desconocen las normas que rigen el régimen legal de las cesantías de los
servidores públicos vinculados a la administración, en los cuales se ordena
realizar la liquidación anualizada de cesantías, y consignarlas en el plazo
establecido por la Ley 344 de 1996.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política;
20, numeral 1, del CPC;3 99, numeral 3, de la Ley 50 de 1990; 13 de la Ley 344 de
1996; 83, 138, y 192 del CPACA; 21 del Decreto 1063 de 1991; y 1 del Decreto
1582 de 1998.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) La omisión en que incurrió la parte demandada es el resultado de la desatención

3
Código de Procedimiento Civil.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

de las normas que rigen en materia de reconocimiento y pago de las cesantías
anuales y no de la carencia de recursos para pagarlas; por ende, ante la tardanza
generada por no consignar las cesantías antes del 14 de febrero del año siguiente
a aquel en que fueron causadas, debe reconocer una indemnización equivalente a
un día de salario por cada día de retraso.

ii) La demandante, en su calidad de trabajadora, se encuentra amparada por la
Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, que remiten a los artículos 99 y
siguientes la Ley 50 de 1990, en materia de reconocimiento de cesantías; por ello,
como la administración transgredió tales disposiciones, está obligada a reconocer
la sanción que en forma clara y precisa establece el ordenamiento superior ante
tal incumplimiento.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Departamento del Atlántico

El ente territorial demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, por las
razones que se expresan a continuación: 4

i) La vinculación laboral de la demandante es con el municipio de Santa Lucía,
entidad que la afilió al FNPSM. En consecuencia, ese fondo es el responsable de
reconocer y pagar sus cesantías.

ii) No es posible acceder a la sanción moratoria reclamada al amparo de la Ley
344 de 1996, puesto que los docentes no son sus destinatarios; por el contrario,
las cesantías de dichos servidores se regulan por la Ley 91 de 1989, pero esta
disposición no estableció la aludida sanción. En consecuencia, debe aplicarse
integralmente el régimen especial.

iii) De acuerdo con el Decreto 2831 de 2005 y la Ley 962 de 2005, las

4
Folios 93 a 104.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

prestaciones sociales de los educadores se tramitan por intermedio de las
secretarías de educación territoriales; sin embargo, dichos emolumentos están a
cargo del FNPSM, por tal razón, el departamento del Atlántico no es el encargado
de reconocer la penalidad objeto de controversia y tampoco cuenta con los dineros
para sufragarla.

iv) Se proponen las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
la genérica.

1.2.2. Municipio de Santa Lucía

El municipio de Santa Lucía presentó escrito de contestación de la demanda de
manera extemporánea.5

1.2.3. Ministerio de Educación, FNPSM

No contestó la demanda. 6

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 12 de abril de
2019, declaró probada de oficio la excepción de prescripción y, en consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:7

i) En el expediente está demostrado que la demandante ingresó a laborar al
municipio de Santa Lucía desde el 27 (sic)8 de abril de 1998, lo que quiere decir
que está amparada por el régimen de liquidación anual de cesantías.

5
Esta información se hizo constar en la audiencia inicial (folio 268).
6
Esta información se hizo constar en la audiencia inicial (folio 268).
7
Folios 350 a 368.
8
En el acta de posesión se lee 3 de abril de 1998 (folio 122).

5

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Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

ii) No obstante lo anterior, conforme lo precisó el Consejo de Estado en sentencia
de unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016, como la reclamación no se
formuló dentro de los 3 años contados a partir del momento en que se hizo
exigible la obligación de consignar las cesantías causadas en cada uno de los
años reclamados, debe declararse probada la excepción de prescripción extintiva
respecto de la sanción moratoria debatida.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos: 9

i) La señora Aleth Amaury Arroyo González en la actualidad está en ejercicio de su
función docente al servicio de la parte demandada, por ello, es inoperante la
aplicación de la figura de la prescripción ordenada por el a quo.

ii) En el sub lite no es procedente atender al criterio jurisprudencial de la Sentencia
CE-SUJ004 de 2016, pues, para el momento de la presentación de la demanda, esa

tesis no imperaba; por ello, no es viable resolver el litigio con fundamento en dicha
providencia.

iii) La obligación relativa a la consignación de cesantías tan solo se hace exigible
al momento en que termina la relación laboral y, por ende, al no haberse hecho
exigible tal obligación, no puede declararse probado el fenómeno extintivo.

iv) De no accederse a lo anterior, el término prescriptivo se deberá contabilizar
desde el momento en que se radicó la petición de sanción moratoria en sede
administrativa y 3 años hacia atrás, para declarar configurado tal fenómeno solo
desde esa fecha y de manera parcial.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

9
Folios 379 a 384.

6

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

La accionante y el departamento del Atlántico reiteraron los argumentos expuestos
en el transcurso del proceso.10 Las demás entidades accionadas guardaron
silencio en esta etapa. 11

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 12

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer (i) si la demandante, en su condición de docente,
puede ser beneficiaria de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de
sus cesantías anuales, de conformidad con lo previsto en las Leyes 50 de 1990,
344 de 1996 y demás normas concordantes; y (ii) si hay lugar a declarar
extinguida la obligación respecto de esa indemnización, por virtud del fenómeno
de la prescripción.

2.2. Marco normativo

El artículo 53 de la Constitución Política establece como principios orientadores de
las relaciones laborales, el de favorabilidad, según el cual, en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, se debe acoger la
que resulte más benéfica para el trabajador.

10
Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
11
Según constancia secretarial visible en el folio 431.
12
Según constancia secretarial visible en el folio 431.

7

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló
que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo
que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se
toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo
servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro - FNA, y
dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó
los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos
y trabajadores oficiales»13, y «proteger dicho auxilio contra depreciación
monetaria»;14 con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del estado debían ser liquidadas y
entregadas al FNA; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de
Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el

13
Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
14
Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.

8

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de
cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro,
se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías 15, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 16. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje
a título de intereses sobre las cesantías.

En el evento en que el empleador no consigne, dentro del término de ley, las
cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, el artículo 6 ibidem
estableció lo siguiente: 17

Artículo 6. Trasferencia de cesantías de servidores públicos. En la fecha
establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los sistemas general
de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas empleadoras
deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava parte de los factores
de salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes
inmediatamente anterior para los servidores públicos afiliados.

El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para
cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés
bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas
respectivas para todo el tiempo de la mora.
Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de
Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que
constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente
anterior.
Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa
causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el
envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en

15
Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
16
Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
17
La norma en cita fue modificada por el artículo 193 del Decreto 19 de 2012; no obstante, tal disposición es
posterior a los años en que se causaron a favor de la demandante las cesantías respecto de las cuales
depreca la sanción moratoria, por lo que no procede su aplicación.

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Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario
vigente.

En todo caso, se debe señalar que la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional
encaminado a ampliar la cobertura del sistema de liquidación anual del auxilio de
cesantías para la generalidad de los servidores públicos, al consagrar, en su
artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (resalta la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la
fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá
pagar un día de salario por cada retardo.

10

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

De igual manera, es necesario indicar que el Decreto 1582 de 1998 reglamentó los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la
norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de
cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus
artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo
Nacional de Ahorro, la Ley 432 de 1998, en sus artículos 5 y siguientes. Así lo
determinó:

Artículo 1.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998. (Se
resalta).

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.18

Asimismo, es necesario indicar que el Decreto 1252 de 2000 «[p]or el cual se
establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los
trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública», determinó lo siguiente:

Artículo 1º.- Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros
de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la
vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los
términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998,
según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en
que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista
un régimen especial que regule las cesantías. Parágrafo. Los fondos o
entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran

18
Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la
Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

11

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán
haciéndolo. [Se resalta]

Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales19 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida norma, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes
territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a
partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al
reconocimiento de sus prestaciones, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]

5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a
partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley
a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no
exigibles.

En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:

3. Cesantías:

19
De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.

12

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas
hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes
para los empleados públicos del orden nacional.

La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los
docentes territoriales al aludido fondo, el Decreto Nacional 3752 de 2003,
preceptuó:

Artículo 1. Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento
de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto,
a más tardar el 31 de octubre de 2004.

Parágrafo 1. La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la
entidad territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y
disciplinarias a que haya lugar. (Resaltado fuera de texto).

Parágrafo 2. Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo

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Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su
nombramiento provisional.

Artículo 5. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales.
Presentada la solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los
sesenta (60) días siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento:

1. Elaboración del cálculo actuarial que determine el total del pasivo prestacional,
presentando de manera separada cesantías y pensiones, del personal docente que
se pretende afiliar y, por tanto, el valor de la deuda de la entidad territorial con el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Tal cálculo será elaborado, con cargo a los recursos del Fondo, por parte de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de sus recursos y la respectiva entidad
territorial de conformidad con los parámetros que señale el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público para el efecto.

2. Definido el monto total de la deuda, previa revisión del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, este será comunicado a la entidad territorial por parte de la
sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo. Tal
comunicado deberá indicar, adicionalmente, el plazo y la forma de pago que deberá
ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 549 de 1999. El
monto a pagar por vigencia se cubrirá con los recursos que traslade el FONPET al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Si estos recursos no
fueren suficientes, la entidad territorial aportará de sus recursos hasta cubrir la
totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan.

3. El Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de fideicomitente de la fiducia
mercantil por medio de la cual se administran los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ejercerá la interventoría del mismo.

2.3. Hechos probados

• El 2 de abril de 1998,20 el alcalde del municipio de Santa Lucía expidió el Decreto
039, por el cual nombró a la señora Aleth Amaury Arroyo González21 como
docente, para prestar sus servicios en la planta de personal de ese ente territorial,
cargo del cual tomó posesión el 3 de abril de 1998.22

• El 21 y 23 de enero de 2015, la demandante formuló peticiones ante el
departamento del Atlántico, el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de
Santa Lucía, en las cuales exigió el reconocimiento y pago de la indemnización
20
Folio 18.
21
Aunque en el acto administrativo se lee Alex Arroyo de Villa, se concluye que la persona nombrada es la
actora, pues fue plenamente identificada con su cédula de ciudadanía.
22
Folio 122.

14

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Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

moratoria a causa de la tardanza en que incurrió la administración para consignar
sus cesantías anuales de los años 1998 a 2003, en aplicación de lo dispuesto en
la Ley 344 de 1996. 23

• El 25 de febrero de 2015, por Oficio 0606, la Secretaría de Educación del
departamento del Atlántico sostuvo que las cesantías reclamadas debían ser
pagadas por el «municipio de Sabanalarga» y que no procedía la sanción
moratoria, ya que aquella se otorga a los servidores afiliados a un fondo privado,
pero no a los docentes que se regulan por el régimen especial establecido en la
Ley 91 de 1989.24

• El 5 de febrero de 2015, la asesora de la Secretaría General de la Unidad de
Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, invocando la
distribución de competencias de la Ley 715 de 2001, remitió la solicitud a la
Secretaría de Educación de Barranquilla, pues consideró que era la encargada de
resolver la petición antes enunciada.25

• El 1 de febrero de 2012, la Secretaría de Educación del Atlántico - FNPSM certificó
lo siguiente:26

Que la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, ha efectuado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Atlántico, los siguientes
reportes de cesantías del docente: ALETH AMAURY ARROYO GONZÁLEZ, identificado (a)
[…], de vinculación Municipal Recursos Propios.

Reportes anuales de cesantías:
Cesantía año 1998: 267.696.00
Cesantía año 1999: 419.579.00
Cesantía año 2000: 458.267.00
Cesantía año 2001: 537.216.00
Cesantía año 2002: 779.311.00

23
Folios 20 a 23.
24
Folios 25 a 27.
25
Folios 28 a 29.
26
Folio 184.

15

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

Cesantía año 2003: 957.709.00
Cesantía año 2004: 953.209.00
Cesantía año 2005: 1,005.637.00
Cesantía año 2006 963.962.00
Cesantía año 2007: 1,305.581.00
Cesantía año 2008: 1,313.504.00
Cesantía año 2009: 1,560.886.00
Cesantía año 2010: 1,769.157.00

Se expide la presente certificación para trámite de Cesantía Parcial a los 01 días del
mes de Febrero de 2012, con destino a la Fiduciaria la Previsora S.A. entidad
administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Previo a resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera imperioso
precisar que la penalidad que se reclama surge de la aparente tardanza en que
incurrió la administración en el pago de las cesantías anuales, esto es, las que
se generaron a favor de la demandante con corte al 31 de diciembre de cada
uno de los años transcurridos entre 1998 y 2003, de manera que el análisis se
circunscribirá a determinar si, en su condición de docente, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción por la presunta mora en que incurrió el
empleador en consignar su prestación en cada anualidad.

El primer aspecto a abordar consiste en determinar si la señora Aleth Amaury
Arroyo González, en su condición de docente, es beneficiaria de la Ley 50 de
1990, en particular, del artículo 99, en lo que atañe al reconocimiento y pago de la
sanción, cuando el empleador incurre en mora para la consignación de sus
cesantías liquidadas en forma anual.27

La tesis de la Sala había sido la de considerar que los docentes no están

27
Se resalta lo pertinente, comoquiera que el análisis de la Sala no comporta el reconocimiento de la
sanción por mora en la consignación de las cesantías definitivas respecto de los docentes.

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amparados por las disposiciones de liquidación anual de las cesantías
consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996,
en cuyo artículo 13 dispuso la aplicación de las normas vigentes en materia de
cesantías, pero hizo la salvedad de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la
Ley 91 de 1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal
docente.

Esa postura también había sido desarrollada por la Corte Constitucional, al
estudiar la exequibilidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia
C-928 de 200628 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías
a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, no era igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó
que no se configuraba violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la
manera como se liquidan y pagan aquellos 29 es distinta a la regulada en la Ley 50
de 1990, sin que por ello se configure discriminación alguna».

Sin embargo, por vía de acción de tutela, tanto la Corte Constitucional como el
Consejo de Estado30 han considerado que en virtud del principio de favorabilidad,
es viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990,
en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías anuales, de manera que para estos, el valor reconocido con corte a 31
de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación, también les debe
ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a
más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación, so pena de que se
incurra en mora equivalente a un día de salario por cada día de retraso.

En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en Sentencia SU-098 de

28
Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
29
Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.
30
Ver, entre otras, sentencias del Consejo de Estado, del 17 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-2018-
04617-01, Sección Tercera, M.P. y del 28 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-2018-04679-01, Sección
Primera, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

17

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2018 sostuvo que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un
régimen especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del
Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral
que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte
el mayor beneficio para el empleado, pues ésta será la que se ajuste a los
postulados del artículo 53 de la Carta Política».

De igual manera, en la sentencia en cita, la Corte señaló que aunque los jueces
han adoptado una postura jurídicamente razonable y justificada al negar el
derecho a la sanción moratoria, esta excluye otra posible interpretación, en virtud
de la cual sí los ampara la sanción moratoria por la no consignación de cesantías
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, la cual es «más favorable respecto de los derechos laborales de los
docentes oficiales», máxime cuando el «ámbito de aplicación de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los empleados públicos. Así
lo establece el Decreto 1252 de 2000». Y finalmente, concluyó:

Realizada la anterior aclaración, esta Corporación considera que, en el régimen
anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de 1990 y 1996,
es lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que
la consignación es la manera de garantizar el acceso a la prestación. Sin duda,
este sistema solo puede ser equitativo si las personas pueden contar con su
pago de forma oportuna para poder disponer de la prestación en cualquiera de
los eventos en que se permite, esto es, ante el desempleo, para financiar la
educación propia, de compañeros permanentes, de los hijos o dependientes 31

31
Cita propia del texto transcrito «Ley 50 de 1990. “Artículo 102º.- El trabajador afiliado a un Fondo de
Cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los siguientes casos:
1. Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora entregará al
trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.
2. En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la
vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del saldo del trabajador
desde la fecha de la entrega efectiva.
3. Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o
compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal
caso el Fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador,
desde la fecha de la entrega efectiva.
Parágrafo. El trabajador afiliado a un fondo de cesantías también podrá retirar las sumas abonadas por
concepto de cesantías para destinarlas al pago de educación superior de sus hijos o dependientes, a través
de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según su preferencia y capacidad”».

18

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y para la adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces
destinados a su vivienda32.

Adicionalmente, cabe anotar que, como quedó visto, una interpretación restrictiva
de la aplicación de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los
docentes frente a otros trabajadores del Estado que gozan de la sanción como
garantía de la prestación. Esta distinción viola el derecho a la igualdad toda
vez que los docentes tendrían un derecho limitado por tener una categoría
específica dentro de los trabajadores estatales, lo cual no constituye un
motivo valido en sí mismo para negar su acceso.
[…]

Como se advirtió, los docentes se encuentran en la categoría de los
empleados públicos y no existe razón que justifique que en su calidad de
trabajadores no tengan derecho, de la misma forma que los demás servidores
públicos, a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo. Una
interpretación contraria no protegería a estas personas en la misma forma que a
otros servidores públicos, lo cual tendría como consecuencia la restricción de su
posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su
vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación.
[…]

Sumado a lo anterior, el régimen especial al que está sometido el actor no
contempla la sanción que solicita, situación distinta sería que su régimen lo
contemplara o que, en su lugar, se estableciera otro tipo de beneficios o
sanciones, lo cual, en este caso no se evidencia. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que hipótesis como las que ahora se encuentran
bajo estudio pueden desconocer el derecho a la igualdad.
[…]

De conformidad con todo lo expuesto, en consonancia con el principio de
favorabilidad procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 ya que la Ley 91 de 1989 no contempla de manera expresa
sanción por la no consignación de las cesantías en el FOMAG.

Asimismo, en Sentencia SU-332 de 201933 esa corporación también concluyó que:

52. En síntesis, con base en la jurisprudencia constitucional, es posible
concluir que (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los
trabajadores, protegida por la Constitución; (ii) los miembros del Magisterio gozan
de un régimen prestacional especial, en razón de la labor que desarrollan y su

32
Cita propis del texto transcrito «Código Sustantivo del Trabajo. “Artículo 256. Financiación de viviendas.
<Artículo modificado por el artículo 18 del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Los trabajadores individualmente, podrán exigir el pago parcial de su auxilio de cesantía para la
adquisición, construcción, mejora o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda, siempre que dicho
pago se efectúe por un valor no mayor del requerido para tales efectos.
2. Los {empleadores} pueden hacer préstamos a sus trabajadores sobre el auxilio de cesantía para los
mismos fines. (…)”».
33
Corte Constitucional, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

19

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

vinculación con el Estado; (iii) los docentes oficiales se pueden catalogar como
empleados públicos, en razón de las funciones que desarrollan, el régimen de
carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento,
que da lugar a una relación legal y reglamentaria; (iv) los docentes oficiales, en
tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. [Resaltado fuera del texto]

Bajo el anterior derrotero, la Subsección ha considerado viable acoger el criterio
de favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias
relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Por ende, se aplicará el anterior criterio a fin de establecer si la demandante es
beneficiaria de la sanción pretendida en la demanda, así:

Para efecto de lo anterior, se debe verificar el período respecto del cual se
pretende el reconocimiento de la sanción moratoria por parte de la accionante,
esto es, por la tardanza en el pago de las cesantías anuales de los años 1998 a
2003.

Ahora bien, la Sala advierte que en el plenario únicamente obra un documento en
que se hace constar que la Secretaría de Educación del departamento del
Atlántico efectuó al FNPSM reporte de las cesantías anuales causadas en el
referido período; sin embargo, no se precisa cuándo ocurrió la consignación
efectiva y la parte demandada en su defensa no argumentó que hubiera cumplido
con la obligación oportunamente, sino que se limitó a indicar que la penalidad
pretendida no cobijaba a los docentes y que cualquier condena debía endilgarse al
referido fondo y no a las entidades territoriales accionadas.

Así las cosas, se partirá de la base de que la mora endilgada corrió de la siguiente
manera:

Cesantías 1998: desde el 15 de febrero de 1999.

20

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Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

Cesantías 1999: desde el 15 de febrero de 2000.
Cesantías 2000: desde el 15 de febrero de 2001.
Cesantías 2001: desde el 15 de febrero de 2002.
Cesantías 2002: desde el 15 de febrero de 2003.
Cesantías 2003: desde el 15 de febrero de 2004.

No obstante lo anterior, la sanción moratoria pretendida está afectada por el
fenómeno de la prescripción, comoquiera que la obligación -sanción moratoria- se
hizo exigible a partir del momento en que se generó el incumplimiento o tardanza,
es decir, desde el día siguiente al vencimiento del término con que la entidad
contaba para realizar el pago -15 de febrero del año siguiente al de la causación
del auxilio- y la accionante dejó transcurrir un lapso superior a 3 años sin hacer la
reclamación administrativa de la sanción moratoria.

En efecto, en sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, emanada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, CE-SUJ-SII-022-2020, se sentó
jurisprudencia, al respecto, en el siguiente sentido: 34

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los
tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por
cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15
de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por
la anualidad correspondiente, so pena de su extinción.

Así las cosas, en el caso concreto de la señora Aleth Amaury Arroyo González, el
término para reclamar la sanción moratoria por la inoportuna consignación de sus
cesantías empezó a correr en las siguientes fechas y se extinguió, en el término
indicado en el cuadro siguiente:

34
Radicado: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).

21

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

Período de Fecha en la que surgió la Fecha en que se
cesantías mora y el derecho a extinguió el derecho por
reclamado reclamar la prescripción
indemnización
1998 15 de febrero de 1999 15 de febrero de 2002
1999 15 de febrero de 2000 15 de febrero de 2003
2000 15 de febrero de 2001 15 de febrero de 2004
2001 15 de febrero de 2002 15 de febrero de 2005
2002 15 de febrero de 2003 15 de febrero de 2006
2003 15 de febrero de 2004 15 de febrero de 2007

Con fundamento en lo anterior, se debe concluir que como la reclamación de la
indemnización moratoria se realizó ante la administración los días 21 y 23 de
enero de 2015, aquella se encuentra prescrita, pues se solicitó cuando habían
transcurrido más de tres años desde el momento en que la obligación se hizo
exigible y, en tal sentido, se confirmará la sentencia recurrida, que declaró
probada de oficio la excepción de prescripción.

Valga aclarar que no se comparte el entendimiento de la demandante, según el
cual el hecho de mantener vigente su vínculo laboral conduce a que la sanción
moratoria no se afecte por el fenómeno extintivo en comento; por el contrario, esta
corporación en sentencia de unificación CE–SUJ004 de 2016 precisó que «2.- La
sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral». 35

En esas condiciones, la reclamación al respecto, debía realizarse dentro de los 3
años contados a partir del momento de su exigibilidad y, como se dejó plasmado
con antelación, la parte interesada excedió ese término.

De otro lado, la apelante afirmó que no era viable aplicar a su caso una sentencia
de unificación que fue proferida con posterioridad a la radicación de la demanda.

35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia CE–SUJ004 del 25 de agosto de 2016, radicado: 08001 23
31 000 2011 00628-01 (0528-14).

22

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Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

Sin embargo, la Sala se aparta del anterior razonamiento, pues la jurisprudencia
no es estática y existen, como en el sub judice, casos en que la máxima autoridad
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en forma suficientemente
motivada, cambia la tesis con base en la cual venía resolviendo asuntos de una
materia determinada. 36

Esta corporación ha sostenido que la aplicación del criterio jurisprudencial vigente
al momento de fallar determinado asunto no lesiona la confianza legítima ni la
expectativa que le podría asistir a quien acude a la administración de justicia,
pues, luego del nuevo análisis, se hacen primar otros derechos que merecen
protección inmediata. En tal sentido se ha sostenido lo siguiente:37

114. La Corte Constitucional, en sentencia C-816 de 2011, estableció que las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de cierre de las
correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional - como guardiana de la
Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la
unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y
seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política. 38
Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que exponen, tienen
características de permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio.
[Resalta del original]

115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este
pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones

36
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 7 de octubre de 2021,
radicado: 20001-23-33-000-2018-00119-01 (0684-2020); ii) del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-
23-33-000-2017-01564-01 (2334-2020); y iii) del 18 de noviembre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-
2016-02626-01 (3138-2020).
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
38
Cita propia del texto transcrito «La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen
los órganos situados en el vértice de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la labor de
unificación de la jurisprudencia nacional implica una forma de realización del principio de igualdad.
Sentencia T-123/95 citada en la Sentencia T-321/98. En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al
exponer lo siguiente: «[...] la función de unificación jurisprudencial la cumplen en sus diferentes
especialidades y en su condición de órganos de cierre, según el Texto Superior, (i) la Corte Constitucional en
materia de derechos fundamentales y de examen de validez constitucional de las reformas a la Carta como
de las normas con fuerza de ley (CP arts. 86 y 241); (ii) el Consejo de Estado en relación con su rol de
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo (CP arts. 236 y 237); y (iii) la Corte Suprema de Justicia
en su calidad de tribunal de casación y máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria (CP art. 235). [...]»

23

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en
virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. [Se resalta]

El anterior lineamiento es consonante con las Sentencias C-634 de 2011 y C-816
de 2011, que reiteraron el carácter vinculante de la jurisprudencia de las altas
Cortes y que las sentencias de unificación constituyen una nueva norma que pasa
a integrar el ordenamiento jurídico, porque se ocupan de la interpretación de la ley
formalmente considerada con miras a su aplicación obligatoria, con ello se
convierten en fuente viva del derecho y se materializan la igualdad, buena fe,
seguridad jurídica y la garantía de la imparcialidad en las decisiones judiciales.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201639, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de
la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas

39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.

24

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo
así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso40, la Sala se abstendrá de condenar
en costas, en cuanto no resultaron probadas, teniendo en consideración que la
decisión es el resultado de un cambio jurisprudencial que se produjo durante el
transcurso del proceso.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional
en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que operó la prescripción
extintiva de la sanción moratoria de cesantías reclamada por la señora Aleth
Amaury Arroyo González y, en consecuencia, se confirmará la providencia
recurrida, que declaró ese medio exceptivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 12 de abril de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual declaró probada de oficio la

40
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 4. Cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las
costas de ambas instancias. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación».

25

Radicación: 08001-23-33-000-2015-90115-01 (0856-2020)
Demandante: Aleth Amaury Arroyo González

excepción de prescripción y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda promovida por la señora Aleth Amaury Arroyo González contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FNPSM, el departamento del Atlántico y el municipio de
Santa Lucía.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg

26

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