Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90154-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2015-90154-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2015-90154-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2015-90154-01 (6071-2019)
Demandante: Dilia Rosa Rodríguez Consuegra
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Atlántico
– Municipio de Baranoa
Tema: Sanción moratoria por incumplimiento en la consignación de las
cesantías (Docentes)
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 31 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Dilia Rosa Rodríguez Consuegra en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló, en síntesis, las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio
2014EE102699 del 24 de diciembre de 2014, por medio del cual el Ministerio de
Educación Nacional, remite la petición a la Secretaría de Educación del Atlántico; ii)
Oficio 0307 del 28 de enero de 2015, proferido por la Secretaría de Educación del
departamento del Atlántico; así como el iii) acto ficto o presunto configurado por el
silencio de la Alcaldía Municipal de Baranoa, frente a la petición radicada el 1.° de
diciembre de 2014; por medio de las cuales las demandadas negaron el pago de las
cesantías, sus intereses y la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.
Radicado: 08001-23-33-000-2015-90154-01 (6071-2019)
Que a título de restablecimiento del derecho se condene al pago de las cesantías y los
intereses a las cesantías contemplados en las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998; al igual que la sanción por mora
consagrada en la Ley 50 de 1990. Lo anterior, frente a la omisión en la consignación
del auxilio de cesantías correspondientes a las anualidades 1993 a 1995.
Que la penalidad se liquide en forma anualizada desde el 14 de febrero del año
siguiente a la causación del auxilio de cesantías respectivo hasta la fecha en que se
produzca la consignación de la prestación reclamada. Pagar los ajustes de valor a que
haya lugar, así como los intereses moratorios causados, de conformidad con los
artículos 187, 192 y 195 del CPACA; y ordenar el pago en su favor de las costas del
proceso y agencias en derecho.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que fue nombrada como docente por el municipio de Baranoa a través del Decreto
0016 del 2 de marzo de 1993, y se posesionó el 5 del mismo mes y año.
Que no fue afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que
no le consignaron las cesantías en las anualidades 1993 a 1995 en forma oportuna ni
dentro del plazo fijado por la norma.
Que las cesantías correspondientes a los años 1996 a 2014 fueron consignadas en
tiempo y conforman un acumulado para el pago de los intereses a las cesantías.
Que a la fecha no le ha sido reconocida ni cancelada la sanción por el retardo y la
omisión de la administración en la consignación oportuna del auxilio, correspondiente
a las anualidades citadas.
Que presentó reclamación administrativa ante el Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el 27 de noviembre de 2014;
y ante el municipio de Baranoa el 1.° de diciembre de 2014 a través de las cuales
solicitó la consignación de las cesantías e intereses a las cesantías de los años 1993
a 1995, así como el reconocimiento y pago de la sanción moratoria señalada en la Ley
50 de 1990.
Que la primera solicitud fue remitida a la Secretaría de Educación del Atlántico quien
se pronunció mediante Oficio 0307 del 28 de enero de 2015 sin resolver de fondo; y la
segunda no fue respondida.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 4 de marzo de 2016 fue admitida la demanda y notificada a los
demandados. El municipio de Baranoa señaló:
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«[…] No existe razón jurídica ni fáctica alguna para conceder el pago de prestaciones
sociales, indemnizaciones, reparación del daño y/o sanciones moratorias por concepto de
contratos de prestación de servicios celebrados hace más de quince años, y que se
rigieron por la Ley 80 de 1993. […]».
El departamento del Atlántico, se opuso a las pretensiones expresando que la
responsabilidad debe ser asumida por el municipio de Baranoa, pues pese a que la
señora Dilia Rodríguez fue posesionada el 5 de marzo de 1993 solo fue vinculada al
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio hasta el 19 de agosto de 2005. Que
según extracto emitido por la Fiduprevisora S.A, desde el año 2003 las cesantías han
sido oportunamente reportadas, sin embargo, no aparece relación de las anualidades
1993 a 1995.
Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva; inaplicabilidad del régimen
previsto en normas generales y la inexistencia de responsabilidad.
El Ministerio de Educación Nacional indicó que las pretensiones no están llamadas a
prosperar entre otras razones porque, las prestaciones sociales de los docentes
afiliados al FOMAG se encuentran reguladas por una norma de carácter especial la
cual no contempló sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías.
Señaló que el pago del auxilio se encuentra sujeto al turno o disponibilidad
presupuestal.
Propuso las excepciones de inexistencia del derecho por errónea interpretación de la
norma; cobro de lo no debido; pago; buena fe; prescripción; compensación y la
genérica o innominada.
Se celebró audiencia inicial el 13 de septiembre de 2016, en la cual se fijó el litigio y
luego de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran
de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada oportunamente por la parte
demandante.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 31 de mayo de 2019,
declaró probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria; la
nulidad parcial de los actos acusados y condenó a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento del auxilio
de cesantías correspondiente a los años 1993 a 1995, con sus respectivos intereses.
Expresó que la demandante ingresó el 5 de marzo de 1993 al servicio del municipio
de Baranoa, de manera que, en principio, podría aplicársele el régimen anualizado de
cesantías. Que, en los términos de la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016, el plazo prescriptivo de la sanción moratoria regulada en la Ley 344 de 1996, es
el consagrado en el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual las
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acciones laborales prescriben en 3 años contados a partir de que la obligación se hizo
exigible.
Que la penalidad reclamada se encuentra afectada por el fenómeno extintivo por
cuanto presentó las reclamaciones administrativas ante el Ministerio de Educación
Nacional y el municipio de Baranoa el 27 de noviembre y el 1.° de diciembre de 2014,
respectivamente, fechas para las cuales ya se había vencido el término previsto en la
norma, pues la última anualidad reclamada (1995) se hizo exigible desde el 15 de
febrero de 1996 y la demandante tenía tres años para reclamar la sanción aludida,
esto es, hasta el 15 de febrero de 1999.
Respecto a la solicitud de pago del auxilio de cesantías, así como de los intereses
sobre aquél, señaló que según los certificados expedidos por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Atlántico, se efectuó el
reporte anual de cesantías por las anualidades 1996 a 2011.
Sin embargo, advirtió que no existía prueba de que el Fondo hubiera efectuado el
reconocimiento del derecho a la demandante por los años 1993 a 1995, motivo por el
cual ordenó a dicha entidad que, en caso de no haberlo hecho, reconozca el
mencionado auxilio y los intereses solicitados. No obstante, precisó que dicha orden
no implica el pago de la obligación, por cuanto la erogación está sujeta a los requisitos
legales para su retiro de forma parcial o definitiva.
Finalmente, y en consideración a lo dispuesto en el numeral 8.° del artículo 365 del
Código General del Proceso, se abstuvo de condenar en costas a los demandados.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante manifestó su inconformidad argumentando que su disenso radica los
siguientes aspectos: la naturaleza del auxilio de cesantías; la sanción moratoria, así
como la aplicación de la prescripción para dicha penalidad y; la omisión del juez de
conocimiento en dar cumplimiento a los artículos 287 del CGP, 187, 192 y 195 del
CPACA en relación con la orden de reconocimiento del auxilio.
Sobre la prescripción declarada por el Tribunal alegó que, este fenómeno no se
configura sobre las cesantías mientras el vínculo laboral se encuentre vigente. Que, al
ser dicho auxilio la pretensión principal, y teniendo en cuenta que para el momento del
recurso no se había cancelado, surge de pleno derecho su reconocimiento y como
consecuencia de ello las sanciones que la ley ha impuesto al empleador por su
incumplimiento.
Que la exigibilidad de la penalidad se genera en el momento en que se hace el
reconocimiento de la consignación de las cesantías en sede judicial, de manera que
esta no es una prestación principal sino un derecho accesorio a las cesantías, que se
convierte en una obligación de tracto sucesivo.
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Que el Tribunal interpretó de forma distorsionada la sentencia de unificación CE-
SUJ004 de 2016 en tanto que la sanción pecuniaria no está afectada por el fenómeno
extintivo mientras se encuentre vigente la relación laboral y no se hayan consignado
las cesantías. Asimismo, indicó que si en gracia de discusión se analizara el fenómeno
sobre tal pretensión, habría que aplicarse la prescripción trienal de las porciones de
sanción moratoria.
Que conforme a la jurisprudencia, 1 la prescripción resulta inoperante, pues la misma
empieza a contabilizarse a partir de que la obligación se hace exigible, esto es, cuando
finaliza la vinculación laboral. En ese orden, señaló que la administración mantiene el
deber de consignar las cesantías y pagar la sanción moratoria por el retardo en la
actuación.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 19 de enero de 2023 se admitió el recurso y por no haber pruebas
que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar de
conformidad con lo establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
CONSIDERACIONES
El problema jurídico se resume en determinar, sí operó el fenómeno jurídico de la
prescripción sobre la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, en relación con
las cesantías anualizadas causadas de 1993 a 1995.
La sanción moratoria respecto de las cesantías anualizadas correspondiente a
los años 1993 a 1995
La Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio jurisprudencial sobre la
ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva frente a la sanción moratoria por
la consignación tardía del auxilio de las cesantías anualizadas, a través de la sentencia
del 25 de agosto de 2016 2, aclarada en providencia, también de unificación, del 6 de
agosto de 2020 3.
En dicha oportunidad, señaló que la penalidad en comento está sometida a la
prescripción trienal, al tenor de los dispuesto en el artículo 151 del Código de
Procedimiento Laboral y que el momento a partir del cual procede la reclamación de
la misma corresponde al día en que se configura la mora respecto de la obligación
originaria, esto es, desde el 15 de febrero del año en que debió realizarse la
consignación de las cesantías anualizadas.
1 Citó los siguientes pronunciamientos: Radicado: 2012-00339-01 (Sentencia del 20 de noviembre de 2014), 2012-
00323-01 (Auto del 5 de septiembre de 2014), 2013-00463-01 (Auto del 18 de noviembre de 2014), 2011-00941-
01 (Sentencia del 27 de agosto de 2015), 2012-00388-01 (22 de enero de 2015).
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
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De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma expresa que
contemple un término de prescripción para la penalidad ante la tardanza en el depósito
de las cesantías anualizadas a que tiene derecho el trabajador, sobre las mismas
opera el fenómeno de prescripción trienal, como se indica a continuación:
«[…] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del
empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley
concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y
deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador,
están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe
efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que
introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de
prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que
una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones
imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal
en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna
sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar
para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151,
que es del siguiente tenor literal:
“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán
en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.”
La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, previamente citados, consiste en que tales
decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los
derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria,
pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento
legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las
cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990. […].» (Negrillas del texto, subrayas propias).
Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3.º, del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, la providencia de unificación de fecha 06 de agosto de 2020, sentó las
siguientes reglas jurisprudenciales:
«i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria del régimen anualizado de cesantías -Ley 50 de 1990, es desde su causación y
exigibilidad, es decir, 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación
administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de
configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de
cesantías del régimen de Ley 50 de 1990, el término prescriptivo de la sanción deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado
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dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para
reclamar la sanción moratoria correspondiente, so pena de su extinción . […]»
Resolución al caso concreto
En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia de primera
instancia, reconoció las cesantías y sus intereses a favor de la señora Dilia Rosa
Rodríguez Consuegra. Sin embargo, de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación podría entenderse que la demandante pretende nuevamente el pago de
dicho auxilio.
Es pertinente aclarar entonces, que su inconformidad radica únicamente en la solicitud
de la sanción moratoria que le fue negada en virtud de la declaratoria de prescripción,
razón por la cual esta Subsección se pronunciará solo frente a este aspecto.
La demandante fue nombrada como docente para prestar sus servicios en el municipio
de Baranoa, mediante Decreto 016 del 2 de marzo de 1993 y tomó posesión del mismo
a partir del 5 del mismo mes y año.4
En el caso bajo estudio, no se advierte ninguna prueba que permita dilucidar la fecha
exacta de afiliación de la señora Rodríguez Consuegra, por lo que se puede concluir
que para los años 1993 a 1995 no estaba vinculada.
Ahora, atendiendo a la sanción moratoria discutida, debe considerarse que el plazo
con el que contaba la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Baranoa para consignar a la
docente el auxilio de cesantías vencía el 14 de febrero del año siguiente al de la
causación de cada una de las anualidades solicitadas, según los términos señalados
por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la mora o retardo comenzaba a contar desde
el día siguiente, es decir,15 de febrero y así mismo ocurría para el comienzo del
cómputo del término de prescripción extintiva para su reclamo, según se indicó en la
tesis de unificación expuesta.
Así pues, para los precisos efectos de este proceso, la última anualidad causada
corresponde a la del año 1995 y en esa medida el plazo con el que contaban las
entidades demandadas para consignar a la demandante el auxilio de cesantías fenecía
el 14 de febrero de 1996, de manera que la mora comenzaba a contar desde el día
siguiente, 15 de febrero de 1996.
Como las solicitudes administrativas que perseguían el pago de las cesantías sus
intereses y de la indemnización moratoria por el no giro oportuno de dicho auxilio
causado entre los años 1993 y 1995, fueron presentadas el 27 de noviembre y el 1.°
de diciembre de 2014 ante el municipio de Baranoa 5 y el Ministerio de Educación
4 Índice 11 del aplicativo SAMAI. Archivo (pdf.12) del expediente digital.
5
Índice 11 del aplicativo SAMAI. Archivo (pdf.03). Folio 61 del expediente digital.
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Radicado: 08001-23-33-000-2015-90154-01 (6071-2019)
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,6 respectivamente,
resulta imperioso concluir que el derecho que le podía asistir a la señora Dilia Rosa
Rodríguez Consuegra para reclamar la penalidad para el año 1995, y por fuerza las
que le antecedieron, se encuentra prescrito.
La Subsección resalta que la prescripción extintiva de la sanción moratoria no depende
de si existe o no un vínculo laboral con la entidad, dado que esto es importante pero
cuando se trata de un asunto relacionado directamente con las cesantías, mas no para
el castigo a cargo del empleador por la no consignación oportuna de las mismas.
Como se dijo en la sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016 7
al acoger la postura que reconoce la prescripción trienal de la sanción moratoria,
incluso durante la vigencia del vínculo laboral, los salarios moratorios a cargo del
empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la
ley concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”, por lo que si bien se causan
en torno a ellas, no dependen directamente de su reconocimiento, ni hacen parte de
él, ya que su causación es excepcional y deviene del incumplimiento u omisión de un
deber legal a cargo del empleador.
En ese orden de ideas, esta Sala encuentra acreditados los elementos necesarios para
declarar probada la excepción de prescripción decretada por el juez de primera
instancia, respecto de la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de
cesantías para los años 1993 a 1995.
En el escrito de apelación la recurrente también alegó que el Tribunal al ordenar el
reconocimiento de las cesantías no cumplió con lo previsto en el artículo 287 del CGP,
y los artículos 187 inciso 4.°, 192 y 195 del CPACA.
Sobre el particular esta Corporación señala que no es posible adicionar la sentencia
en los términos que solicita la demandante. No es procedente el ajuste de la condena
ni los intereses moratorios pretendidos, de una parte porque lo ordenado no implica el
pago de una suma de dinero, se trata del reconocimiento del derecho prestacional y
sus intereses para las anualidades 1993 a 1995, en caso de no haberse efectuado, lo
cual debe entenderse como la liquidación y reporte anual de las mismas en el FOMAG;
ya que el desembolso tal y como se indicó en la sentencia de primera instancia, está
condicionado al cumplimiento de los requisitos para su retiro parcial o definitivo.
Y de otra, porque al tenor del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 los intereses a las
cesantías de los docentes se liquidan sobre el saldo total acumulado de la prestación,
valor al cual se le aplica el DTF certificado por la Superintendencia Financiera de
Colombia, tasa de interés que resulta superior al IPC.
6
Índice 11 del aplicativo SAMAI. Archivo (pdf.03). Folio 60 del expediente digital.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
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Radicado: 08001-23-33-000-2015-90154-01 (6071-2019)
Al respecto, esta Sección en un asunto similar,8 sostuvo:
«[…] se establece teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989 no contempla a favor de
los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 la consignación anual
de la prestación social, sino su reporte al FOMAG, en atención a la naturaleza del fondo
que no actúa en calidad de empleador de los educadores estatales sino de propietario
de los recurso que para el pago de los conceptos reclamados, que no es procedente la
actualización de los valores que se reporten al fondo, pues los artículos 187 y 192 del
CPACA exigen para su imposición que se ordene la cancelación de una suma liquida
de dinero, circunstancia que no es la ocurrida en el sub examine.
Además de lo expuesto, estima la Sala que de acuerdo a la forma como está regulada
la liquidación de las cesantías en la Ley 91 de 1989, no es procedente la actualización
de la condena ni los intereses moratorios reclamados, pues la suma que se reporta y
eventualmente se paga por concepto de cesantías, redunda en un beneficio superior si
se tiene en cuenta que los intereses se reconocen por el total de la suma reportada,
con base en el DTF vigente para los periodos de 1995 a 2002 los cuales superan con
creces el IPC actual […]».
Así, se estima que como la entidad debe efectuar la liquidación año a año con el saldo
existente de las cesantías, no es posible el reconocimiento de un ajuste adicional por
cuanto los intereses incluyen la corrección monetaria. Por lo que, contrario a lo
señalado por la apelante, esta Subsección considera que el Tribunal no omitió
pronunciamiento sobre estos puntos, dado que era improcedente acceder a ellos.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró probada la excepción de prescripción respecto de la sanción moratoria
invocada y ordenó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio, en caso de no haberlo hecho, al reconocimiento de las
cesantías y sus intereses por las anualidades 1993 a 1995, en favor de la señora Dilia
Rosa Rodríguez Consuegra.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el ar. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionado o de mala fe, no obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de febrero de 2021. Rad: 08001-23-33-000-2015-00583-
01 (5773-2019). En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias de la Sección Segunda: Rad. 08001-23-
33-000-2015-00407-01 (5528-2019) Rad: 08001-23-33-000-2015-00094-01 (5546-2019). Rad: 08001-23-33-000-
2015-00490-01(5594-2019).
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Radicado: 08001-23-33-000-2015-90154-01 (6071-2019)
el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que
la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias proferidas a la
luz de la nueva normatividad se deberá analizar la conducta realizada por las partes
en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica
conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandante en sus
escritos manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 31 de mayo de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriado este fallo devolver el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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