Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00119-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00119-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00119-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00119-00 (1732-2024)
Demandante: Inés Mercedes Conrado Molina
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión de jubilación del Decreto Ley 546 de 1971. Cómputo de
tiempos públicos y privados para la acreditación del requisito de
tiempo de servicio.
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia y, en su lugar, niega las
pretensiones de la demanda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia del 13 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, en la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el
objeto de que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 005289 del 6 de febrero de
2013, RDP 015810 del 9 de abril de 2013 y RDP 018570 del 23 de abril de 2013, mediante
las cuales se reliquidó su pensión de vejez en los términos de la Ley 100 de 1993, esto
es, aplicando una tasa de reemplazo del 75% del promedio de los factores salariales
percibidos durante sus últimos 10 años de servicio (del 1 de agosto de 2001 al 1 de julio
de 2011).
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene la reliquidación de
su pensión al tenor del artículo 6 Decreto Ley 546 de 1971, es decir, por un porcentaje
equivalente al 75% de la asignación básica salarial más elevada percibida durante su
último año de servicio (del 1 de enero al 30 de diciembre de 2011). Asimismo, que se le
pague la diferencia entre el valor inicialmente reconocido y el que está reclamando, desde
el 1 de agosto de 2011 hasta que se materialice el pago de la sentencia condenatoria.
3. Señaló que se desempeñó como funcionaria de la Fiscalía General de la Nación y
era beneficiaria del régimen de transición establecido el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
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razones por las cuales tenía derecho a que su pensión fuera liquidada de conformidad
con el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971. A pesar de lo anterior, la UGPP le aplicó
el régimen general de pensiones al considerar erradamente que no había acreditado los
20 años de servicio público exigidos para acceder al régimen especial de la Rama
Judicial.
4. Adicionalmente, indicó que la reliquidación no tuvo en cuenta todos los factores
salariales que han sido reconocidos por la jurisprudencia contenciosa – administrativa
para la liquidación de este tipo de pensión.
Contestación de la demanda
5. La UGPP afirmó que reconoció a la demandante la pensión por aportes de que
trata la Ley 71 de 1988 y no la pensión de jubilación dispuesta en el artículo 6 del Decreto
Ley 546 de 1971, habida cuenta que no demostró los 20 años de servicio exclusivamente
público exigidos por esta última norma. Especificó que la demandante cumplió con los 10
años al servicio de la Rama Judicial, pero los 10 años restantes no eran en su totalidad
de naturaleza pública, sino que combinaban tiempos públicos y privados.
6. Explicó que, por mandato legal y de la jurisprudencia, la determinación del IBL de
la pensión por aportes no hizo parte del régimen de transición y, en esa medida, debe
realizarse conforme el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como tuvo lugar
en el presente caso. En ese sentido, era dable tener como período de liquidación los
últimos 10 años de servicio y como factores salariales los establecidos en el Decreto 1158
de 1994.
7. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que en el caso de la demandante no todos los
factores salariales fueron tenidos en cuenta por el empleador al momento de realizar los
aportes a pensiones. Por esa razón, consideró necesario llamar al proceso al aportante
y, en caso de que se ordene la reliquidación de la pensión, descontar de la condena el
valor de los factores salariales que no fueron objeto de deducción; estimó que, de lo
contrario, se vulnerarían los principios de legalidad y sostenibilidad fiscal.
8. Finalmente, formuló las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe,
prescripción y genérica. Respecto a la prescripción, solicitó que se declaren prescritas
las mesadas o diferencias de las mensualidades causadas con 3 años de anterioridad o
más a la fecha de radicación de la reclamación administrativa.
Sentencia apelada
9. Mediante sentencia del 13 de noviembre de 2020, notificada el 3 de marzo de
2023, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. Declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados en lo
que respecta a la inaplicación del régimen especial de pensiones contenido en el Decreto
Ley 546 de 1971 y a la omisión de algunos factores salariales para el reconocimiento de
la pensión de jubilación de la demandante.
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10. A título de restablecimiento del derecho ordenó la reliquidación de la pensión a
partir del 1 de agosto de 2011, fecha de retiro del servicio, con fundamento en el Decreto
Ley 546 de 1971 y por valor equivalente al 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados durante los 10 años anteriores al reconocimiento pensional.
Asimismo, declaró la prescripción de los valores reclamados causados con anterioridad
al 3 de febrero de 2013. Se abstuvo de imponer condena en costas.
11. Consideró que la demandante estaba cobijada por el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1° de abril de 1994
tenía cumplidos 46 años de edad. En este contexto, concluyó que sí tenía derecho a la
pensión de jubilación establecida en el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971 porque
acreditó los 20 años de servicio exigidos por la norma, combinando su período en la
Fiscalía General de la Nación, de naturaleza pública, y tiempos privados.
12. En relación con esta última cuestión se refirió a sentencias de la Corte
Constitucional y de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se avaló la
sumatoria de tiempos públicos y privados a efectos de evidenciar el tiempo de servicio
exigido en la norma, siempre y cuando 10 de los 20 años hayan correspondido a la Rama
Judicial y/o el Ministerio Público. Reconoció la existencia de pronunciamientos
posteriores en que esta corporación se apartó de dicha postura, pero manifestó que, en
ejercicio de la autonomía judicial, el tribunal se acogía a la misma.
13. Para la determinación del IBL invocó la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-
20 del 11 de junio de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado1. En cuanto al período de liquidación señaló que para el 1° de abril de 1994 a
la demandante le hacían falta más de 10 años para pensionarse, con lo cual le era
aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que alude al promedio de lo devengado en
el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho pensional 2. Frente a los factores
salariales a incluir, se refirió a los determinados en la sentencia de unificación, pero aclaró
que al momento de efectuar la reliquidación deberían descontarse aquellos que no fueron
efectivamente cotizados.
14. Por último, expuso que la reclamación administrativa interrumpe el término de
prescripción únicamente durante 3 años y que, en este caso, la demanda fue interpuesta
con posterioridad a haber concluido dicho trienio. En consecuencia, estimó que la
interrupción perdió efecto y por ello declaró la prescripción trienal contabilizada a partir
de la fecha de presentación de la demanda.
Recurso de apelación
15. Encontrándose dentro de la oportunidad, la entidad demandada interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia con el objeto de que sea revocada
y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Argumentó que el fallo
1
Que estableció las reglas para la aplicación del régimen especial de pensiones previsto en el Decreto Ley
546 de 1971.
2
Se advierte que en las consideraciones se acogió al artículo 36, mientras que en el apartado resolutorio
ordenó la liquidación de la pensión conforme el artículo 21, esto es, con base en el promedio de lo
devengado los últimos 10 años de servicio.
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desconoció el principio de congruencia porque tanto la reclamación administrativa como
la demanda se limitaban a solicitar la reliquidación de la pensión por un valor equivalente
al 75% de todo lo devengado en el último año de servicios sin cuestionar la determinación
del IBL conforme el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
16. Adicionalmente, se opuso al reconocimiento de la pensión de jubilación
consagrada en el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971. Insistió en que los 20 años de
servicio exigidos en dicha norma son exclusivamente públicos y en este caso no fueron
acreditados por la demandante; recordó que cuando se combinan tiempos públicos y
privados, como en el sub judice, lo procedente es el reconocimiento de la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988.
17. Por contera, reprochó la determinación de los factores salariales para el cálculo
del IBL por varias razones: 1) se ordenó la inclusión de la prima de productividad pese a
no estar probado en el expediente administrativo ni judicial que se hayan efectuado
aportes a pensiones por ese concepto; 2) aun en gracia de discusión, de encontrar
procedente su inclusión, se omitió aclarar que la prima de productividad solamente se
computa en una doceava parte; y 3) en el apartado resolutivo de la sentencia no se
ordenó descontar los factores salariales que no fueron efectivamente aportados.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
18. Mediante auto del 27 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación. La
parte demandante se abstuvo de pronunciarse y el ministerio público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas
por los tribunales administrativos. A su vez, el artículo 13 del Acuerdo No. 080 de 2019,
que establece el reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que la Sección
Segunda está facultada para decidir los procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral no provenientes de un contrato de trabajo.
Problemas jurídicos
20. El problema jurídico principal se circunscribe a determinar si la demandante
acreditó el tiempo de servicio exigido en el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971 para
ser beneficiaria de la pensión de jubilación allí prevista; específicamente, si para estos
efectos era válido el cómputo de tiempos públicos y privados. En esa medida, si es
procedente la reliquidación pensional solicitada.
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21. En caso afirmativo, se deberá analizar si es dable la inclusión de la prima de
productividad como parte de los factores de liquidación para el cálculo del IBL y la
exclusión de los conceptos cuyos aportes no fueron demostrados en el proceso.
22. Adicionalmente, se deberá analizar si el fallo de primera instancia desconoció el
principio de congruencia por haber replanteado el régimen jurídico pensional que se le
aplicó a la accionante, aun cuando su única pretensión era que se reliquidara la pensión
de vejez que ya se le había otorgado teniendo como IBL el promedio de todos los ingresos
salariales percibidos durante su último año de servicio.
Análisis de los problemas jurídicos
23. La Sala revocará la sentencia apelada al encontrar que la demandante no acreditó
los 20 años de servicio exigidos en el artículo 6 del Decreto Ley 546 de 1971 para ser
beneficiaria de la pensión de jubilación allí prevista, puesto que para la aplicación de este
régimen pensional se exige que el servicio haya sido exclusivamente oficial, sin que sea
válido el cómputo de tiempos públicos y privados. De manera que no es procedente la
reliquidación de la pensión que ya le fue reconocida.
24. El precitado artículo 6 establece que una de las exigencias para el reconocimiento
de la pensión de jubilación concebida en esta misma disposición es el cumplimiento de
20 años de servicio, los cuales podrán ser continuos o discontinuos y anteriores o
posteriores a la vigencia del decreto; y, de estos, por lo menos 10 deberán corresponder
exclusivamente a la Rama Judicial, el ministerio público o ambas.
25. Ahora bien, la norma guarda silencio frente a la naturaleza de los 10 años
adicionales a los de vinculación a la Rama Judicial o el ministerio público, es decir, no
señala si deben ser años de servicio público o si pueden ser en todo o en parte tiempos
privados. Esta circunstancia derivó en posturas disímiles al interior de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en relación con el cómputo de tiempos privados para el
cumplimiento de este requisito.
26. Con ocasión a la discrepancia, esta sección profirió sentencia del 24 de septiembre
de 20153 en la que unificó su criterio sobre el particular en el sentido de admitir las
cotizaciones de naturaleza privada en punto de alcanzar los 20 años de servicio
requeridos en la norma, siempre y cuando 10 de estos fueran al servicio de la Rama
Judicial o del ministerio público.
27. Esta postura obedeció a una interpretación literal de la norma, según la cual no
hay lugar a exigir que el servicio haya sido exclusivamente público porque el legislador
extraordinario no lo previó de esa manera; a diferencia de la pensión de retiro por vejez
consagrada en el artículo 8 del mismo decreto ley, en que se exigió expresamente que
los 20 años fueran de «servicio oficial».
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación
del 24 de septiembre de 2015, rad. núm. 25000-23-25-000-2010-00479-01(2089-12). C.P. Luis Rafael
Vergara Quintero.
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28. A pesar de lo anterior, tiempo después, las dos subsecciones que conforman la
Sección Segunda se apartaron del referido criterio y reinstauraron el entendimiento según
el cual el requisito de tiempo de servicio corresponde al prestado exclusivamente en el
sector público u oficial, sin que haya lugar a computar tiempos privados4.
29. Ello a partir de una lectura integral y armónica del decreto ley que permite concluir,
primero, que el régimen pensional especial allí previsto está destinado específicamente
a aquellos funcionarios quienes han prestado al menos 20 años de servicio público.
Segundo, que para aquellos que ostenten tiempos tanto públicos como privados fue
concebida la pensión por aportes de que trata el artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
30. Mediante sentencia del 11 de junio de 20205, la Sección Segunda de esta
corporación unificó su postura en cuanto a las reglas para el reconocimiento y la
liquidación de la pensión de jubilación de que trata el Decreto Ley 546 de 1971, sin
embargo, en ella no se abordó de manera alguna lo relativo a la naturaleza del tiempo de
servicio que se debe demostrar para ser beneficiario de este tipo de pensión.
31. En consecuencia, en la actualidad, la postura vigente y que la Sala comparte a
plenitud corresponde a aquella que se aparta de la sentencia de unificación del año 2015
y entiende que los 20 años de servicio exigidos en el artículo 6 ejusdem deben haber
correspondido exclusivamente al sector público, 10 de ellos en concreto para la Rama
Judicial y/o el ministerio público, por lo que no es válida la sumatoria de tiempos públicos
y privados.
32. Las razones de conformidad con este criterio guardan correspondencia con lo
expuesto en líneas anteriores. Por un lado, la exigencia expresa de «servicio público»
establecida para la pensión de retiro por vejez de que trata el artículo 8 del mismo Decreto
Ley 546 de 1971 permite colegir que el legislador extraordinario destinó la totalidad de
este régimen especial de pensiones a los funcionarios que prestaron sus servicios al
Estado y en el especial a la Rama Judicial y/o el ministerio público por al menos 20 años.
33. Por otra parte, no se puede perder de vista que la Ley 71 de 1988 fue expedida,
precisamente, para armonizar los múltiples regímenes especiales destinados de manera
excluyente a trabajadores de los ámbitos público y privado que no cobijaban a aquellos
que habían laborado en ambos sectores. A partir de la creación de la denominada
«pensión por aportes» aquellas personas que habían ejercido la función pública, pero
también habían sido trabajadores privados, fueron cobijados por este régimen especial
que les permitiría acceder al derecho pensional con 20 años de servicio.
4
Véanse, entre otras, las sentencias de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: Subsección B, 16 de mayo de 2019, rad. núm. 25000-23-25-000-2010-00479-
01(2089-12), C.P. César Palomino Cortés; Subsección B, 14 de octubre de 2021, rad. núm. 25000-23-42-
000-2016-01604-01(0483-18), C.P. César Palomino Cortés; Subsección A, 13 de agosto de 2020, rad.
núm. 05001-23-33-000-2014-01760-01(4429-16), C.P. William Hernández Gómez; Subsección A, 16 de
octubre de 2025, rad. núm. 76001-2333-000-2018-01048-02 (7613-2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación
del 11 de junio de 2020, rad. núm. 15001233300020160063001 (4083-2017). C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
6
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34. Descendiendo al caso concreto, se destaca que ni en el marco del procedimiento
administrativo ni en el presente trámite jurisdiccional se han puesto en tela de juicio los
tiempos de servicio acreditados por la demandante para a reliquidación pensional que
pretende. Estos son: 18 años, 8 meses y 22 días en el sector público, que
correspondieron en su totalidad a la Fiscalía General de la Nación; y 3 años, 9 meses y
20 días, prestados en el ámbito privado.
35. En este contexto, salta a la vista que la señora Inés Mercedes Conrado Molina
no cumplía con los 20 años de servicio requeridos en el artículo 6 del Decreto Ley 546
de 1971 para ser beneficiaria de la pensión de jubilación concebida para los funcionarios
de la Rama Judicial y/o el ministerio público. Si bien demostró su vinculación a la Fiscalía
General de la Nación, ergo a la Rama Judicial, durante al menos 10 años, los 10 años
restantes no fueron dedicados en su totalidad al servicio público, sino que combinaban
tiempos públicos y privados.
36. Por esta razón la pensión a la que tenía derecho era la pensión por aportes prevista
en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y que le fue efectivamente reconocida por la UGPP.
En el mismo sentido, no era procedente la reliquidación pensional que solicitó ante la
entidad y que le fue denegada a través de los actos administrativos demandados.
37. Con todo, la Sala se abstendrá de estudiar los demás problemas jurídicos y
revocará la sentencia apelada para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos.
40. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366
del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
41. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
accede al recurso de apelación en el sentido de revocar la sentencia apelada para, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, de conformidad con el
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Demandante: Inés Mercedes Conrado Molina
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 13 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
SEGUNDO. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO. CONDENAR EN COSTAS en costas en ambas instancias a la señora Inés
Mercedes Conrado Molina, a favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Para el efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y
las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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