Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00187-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2016-00187-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00187-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2016-00187-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicación número: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
Asunto: Sentencia
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INTERVENCIÓN Y LIQUIDACIÓN
FORZOSA DE EMPRESA PROMOTORA DE SALUD – Omisión del deber de inspección,
control y vigilancia – AUSENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO – Falta de pago de créditos
reconocidos por el liquidador por agotamiento de los recursos y aplicación de la prelación
de créditos no tiene la condición de antijurídico – AUSENCIA DE PRUEBA DE FALLA DEL
SERVICIO – En el presente asunto la parte actora no acreditó la falla del servicio endilgada
en la demanda.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda.
Se pretende la reparación del daño patrimonial causado por la supuesta omisión de
la demandada respecto de sus funciones de inspección, vigilancia y control, debido
a la tardanza de la intervención y liquidación forzosa administrativa de Solsalud EPS
S.A., hecho que llevó a que no se les pagaran las acreencias a las sociedades
demandantes, por falta de recursos de la EPS liquidada.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 15 de mayo de 2020, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda
presentada 24 de febrero de 20161, por las sociedades Organización Clínica
General del Norte S.A., Clínica Blas de Lezo S.A., San José de Torices S.A.S. y
Clínica la Milagrosa S.A.2 contra la Superintendencia Nacional de Salud.
2. La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho que definió
el Tribunal, fueron los siguientes:
1
Acta individual de reparto (folio 260 del cuaderno 1).
2
Poderes obrantes a folios 269 a 272 del cuaderno 1.
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
Pretensiones
3. Reclamaron las sociedades demandantes la declaración de responsabilidad
con la indemnización de daños y perjuicios que hicieron consistir en el pago de las
acreencias por concepto de prestación de servicios de salud a los usuarios de la
EPS liquidada y que fueron declaradas insolutas por agotamiento de recursos3
Hechos
4. Se expuso que las sociedades demandantes, en calidad de IPS, celebraron
sendos contratos de prestación de servicios de salud con Solsalud EPS S.A., bajo
las modalidades de capitación, protocolos o presupuestos globales o fijos, o por
evento. Aunado a que debían prestar de manera obligatoria servicios de salud de
atención inicial de urgencias, los cuales debían ser pagados en un plazo máximo
de 3 meses.
5. Señalaron que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 671
del 27 de marzo de 2012 adoptó una medida cautelar preventiva consistente en la
toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, así como de intervención
forzosa para administrar los programas de Solsalud EPS S.A., por un término de
2 meses, la cual fue prorrogada sucesivamente hasta el 6 de mayo de 2013.
6. Posteriormente, se designó un agente especial para que adelantara la
intervención forzosa administrativa para efectuar la liquidación, actuación que
culminó mediante la Resolución 004964 del 6 de junio de 2014, por medio de la
cual se declaró terminada la existencia legal de EPS intervenida.
7. Indicaron que dentro de la oportunidad correspondiente solicitaron el
reconocimiento y pago de las acreencias que la EPS les adeudaba, las cuales,
pese a que se reconocieron parcialmente, fueron declaradas insolutas por
ausencia de recursos, lo cual les causó una afectación patrimonial que no se
encontraban en el deber jurídico de soportar.
8. Señalaron que el daño le resulta imputable a la Superintendencia Nacional de
Salud por la omisión en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia
y control sobre la EPS Solsalud S.A., en especial respecto a la destinación y
utilización de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo
cual ocasionó que no se les pagaran a las IPS demandantes los servicios de salud
que prestaron a los afiliados de esa entidad4.
La defensa
3
Como pretensiones indemnizatorias, por concepto de perjuicios materiales, pidieron: i) Organización Clínica
General del Norte S.A. $731’470.95, ii) Clínica Blas de Lezo S.A. $220’633.718, iii) San José de Torices S.A.S.
$557’272.823 y Clínica la Milagrosa S.A. $1.590’289.419.
4
Folios 1 a 15 del cuaderno 1.
2
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
9. La Superintendencia Nacional de Salud señaló que cumplió con sus funciones
de inspección, vigilancia y control respecto de Solsalud EPS S.A., desde el
momento en que tuvo conocimiento de las irregularidades presentadas en esa
entidad promotora de salud, las cuales obedecían a diversas causas.
10. Indicó que no le correspondía cumplir con funciones de aseguramiento en
salud y, menos, responder por las obligaciones contraídas por los actores del
sistema general de seguridad social en salud5.
11. Concluida la fase probatoria6, las partes insistieron en sus exculpaciones y
acusaciones acompañadas de las precisiones probatorias que estimaron
acreditadas7.
La decisión impugnada
12. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.
Señaló que, no se probó (i) la omisión que se le imputó a la demandada, (ii) aunado
a que no le correspondía garantizar el patrimonio de los acreedores de Solsalud
EPS S.A., de ahí que el daño alegado no le resulta imputable a esa entidad.
EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación
13. La parte demandante insistió en la imputación del daño, dado que no adoptó
acciones con el fin de mitigar el estado de insolvencia de Solsalud EPS S.A., pese
a que desde cuando impuso la medida cautelar preventiva de toma de posesión
para administrar conoció de las irregularidades de la entidad vigilada frente al
cumplimiento de sus obligaciones.
14. Agregó que la liquidación no fue oportuna, en cuanto se dispuso hasta el 2013
cuando la vigilada se encontraba en crisis respecto del flujo de recursos y pago de
5
Folios 317 a 334 del cuaderno 1.
6
El a quo, en audiencia del 24 de mayo de 2018, decretó como prueba los documentos allegados por la parte
demandante, los cuales corresponden a las copias de: i) certificados de existencia y representación legal de las
sociedades demandantes; ii) acreencias reclamadas por las sociedades demandantes ante el agente especial
liquidador de Solsalud; iii) actos administrativos por medio de los cuales se reconocieron, graduaron y calificaron
los créditos de las demandantes, así como de aquellos que resolvieron los recursos de reposición interpuestos
en contra de dichas decisiones; iv) Resolución 00671 del 27 de marzo de 2012, por medio de la cual se adoptó
la medida cautelar preventiva de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa
para administrar a Solsalud EPS S.A.; v) Resolución 001391 del 25 de mayo de 2012, por medio de la cual la
Superintendencia Nacional de Salud prorrogó el término de la toma de posesión para administrar; vi) Resolución
735 del 6 de mayo de 2013, por medio de la cual se adoptó la medida cautelar de toma de posesión de los
bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa para administrar a Solsalud EPS S.A.; vii) Resolución
No.004964 del 6 de junio de 2014 proferida por el Agente Especial Liquidador, por la cual se declaró terminada
la existencia legal de Solsalud EPS S.A. (cuadernos 1 a 8 de anexos) y viii) oficios 2-2018-052319 a través del
cual la Superintendencia Nacional de Salud informó sobre las cuentas por pagar reportadas por Solsalud EPS
S.A. durante el período que estuvo intervenida (folios 386 y 387 del cuaderno 1), 2-2018-086291 por el cual se
relacionaron las acreencias que las entidades territoriales adeudaban a Solsalud EPS S.A. (folios 403 y 404 del
cuaderno 1).
7
Folios 411 a 439 del cuaderno 1.
3
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
obligaciones con las IPS, pese a que había ordenado la intervención para
administración desde 2012, lo cual agravó el endeudamiento de la entidad
intervenida y causó un detrimento patrimonial a sus acreedores.
15. Finalmente, indicó que el Estado le reconocía a las EPS la UPC con la cual se
debía garantizar los servicios de salud a la población, en virtud de lo cual a la
demandada le correspondía garantizar que esas primas avalaran el pago de las
obligaciones contraídas con la IPS, en cuanto en virtud del sistema de pago no
debía existir cartera por ese concepto8.
16. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión, la parte actora insistió
en que el daño alegado le resulta imputable a la demandada 9, al paso de que la
Superintendencia Nacional de Salud indicó que no le corresponde asumir como
garante del pago de las obligaciones contraídas por los actores del Sistema General
de Seguridad Social en Salud10.
CONSIDERACIONES
17. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.
El objeto del recurso de apelación
18. En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe
a verificar si el daño consistente en la ausencia de pago de las acreencias
reconocidas y graduadas en el proceso de liquidación Solsalud EPS S.A. le resulta
imputable a la Superintendencia Nacional de Salud por la supuesta omisión
respecto de no haber dispuesto de forma oportuna la liquidación de la entidad
vigilada.
Sobre la supuesta omisión en los deberes de inspección, vigilancia y control
19. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, en su conjunto, es un servicio
público esencial y obligatorio, cuya dirección, coordinación y control están a cargo
del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad -
artículos 48 y 49 de la Constitución Política-.
20. La Constitución Política le asigna al Presidente de la República la función de
“ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos” 11;
8
Folios 469 a 473 del cuaderno del Consejo de Estado.
9
Índice 15 de SAMAI.
10
Índice 16 de SAMAI.
11
Numeral 22, artículo 189 C.P. Corte Constitucional sentencias C-561 de 1999, C-305 de 2004, C-246 de 2019
y, en concreto, en la sentencia C-313 de 2014, se precisó: “La atribución conferida al Presidente de la República
en materia de inspección y vigilancia en el numeral 22 del artículo 189 se hace por mediación de la
Superintendencia Nacional de Salud, dada la imposibilidad material del Jefe del Ejecutivo de asumir
directamente dicha labor. Para la Sala, la superintendencia, entendida como órgano de la administración puede
cumplir con los cometidos de vigilancia, control e inspección establecidos por la Carta”.
4
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
autoridad que, en lo relacionado al servicio público de salud, delegó esa atribución
en la Superintendencia Nacional de Salud12.
21. De conformidad con los artículos 68 de la Ley 715 de 200113 y 36 de la Ley 1122
de 200714, a la Superintendencia Nacional de Salud le corresponde la inspección,
vigilancia y control15 de las Entidades Promotoras de Salud, con el fin de asegurar
la prestación oportuna, permanente y eficiente con calidad e integralidad del servicio
público de Seguridad Social en Salud.
22. De manera general, las mencionadas funciones conllevan: i) el seguimiento,
monitoreo y evaluación de las entidades vigiladas; ii) el despliegue de acciones para
abogar por el cumplimiento de las normas que regulan el respectivo servicio, y iii)
la adopción de correctivos para superar situaciones irregulares 16, a través de la
intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades
12
En este punto se precisa que las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud se encontraban
consagradas en el Decreto 1018 de 2007, el cual fue derogado por el Decreto 2462 del 7 de noviembre de 2013;
sin embargo, la imputación de la parte actora está relacionada sobre situaciones ocurridas desde la intervención
forzosa para administración -27 de marzo de 2012- y para liquidación -6 de mayo de 2013-, de ahí que las
supuestas omisiones de la entidad iniciaron en vigencia de la primera normativa citada -Decreto 1018 de 2007-
, que, en el numeral 6 del artículo 4, disponía: “Artículo 4. Ámbito de inspección, vigilancia y control. Corresponde
a la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco que determine la ley, la inspección, vigilancia y control
de: (…) 6. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) de cualquier naturaleza. Parágrafo. Se entiende por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) las Entidades
Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado (…)”. 13
ARTÍCULO 68. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá como
competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales
del sector salud y de los recursos del mismo.
(…). La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o
liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos,
cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier
naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los
términos de la ley y los reglamentos. 14
ARTÍCULO 36. SISTEMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Créase el Sistema de Inspección,
Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud como un conjunto de normas, agentes,
y procesos articulados entre sí, el cual estará en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo
con sus competencias constitucionales y legales, sin perjuicio de las facultades asignadas al Instituto Nacional
de Salud y al Invima. 15
Corte Constitucional, sentencias C-851 de 2013 y C-246 de 2019. Artículo 35 de la Ley 1122 de 2007:
“Artículo 35. Definiciones. Para efectos del presente capítulo de la ley, se adoptan las siguientes definiciones: A. Inspección: La inspección, es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento,
monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que sirven para solicitar,
confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de
salud y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica de las
entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su
competencia. Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el seguimiento de
peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones administrativas. B. Vigilancia: La vigilancia, consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para advertir,
prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento,
prestación del servicio de salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la
Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de
Seguridad Social en Salud (…)”.. C. Control: El control consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar los
correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular (jurídica, financiera, económica,
técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones que se aparten del
ordenamiento (…)” (se destaca).
16
El artículo 35 de la Ley 1122 de 2007 define la facultad de control como “la atribución de la Superintendencia
Nacional de Salud para ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular
(jurídica, financiera, económica, técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las
actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión”. 5
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
vigiladas17, como las empresas prestadoras de salud, para lo cual le compete el
nombramiento o remoción de los sujetos encargados de tales actuaciones.
23. La Sala no advierte en el presente asunto ninguna omisión de la
Superintendencia Nacional de Salud respecto del cumplimiento de sus deberes de
inspección, vigilancia y control, o que de haberse dado, se constituyera en causa
generadora de la indebida administración de los recursos del sistema (UPC) por
parte de la intervenida, conduciendo a la insolvencia del ente y la imposibilidad de
atender los pagos debidos a los proveedores de servicios, afiliados y beneficiarios.
24. La probanza recaudada da cuenta que, mediante auto del 28 de julio de 2011,
la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la práctica de una visita integral a
Solsalud EPS S.A., en la que se verificaría, entre otros, su estado financiero,
actuación que se realizó entre el 1° y el 6 de agosto siguiente y cuyos sus resultados
fueron reportados en un informe preliminar, en virtud del cual se le solicitó a la
vigilada que allegara la información que estimara pertinente para desvirtuar las
irregularidades advertidas18.
25. El 27 de marzo de 2012, una vez evaluó los descargos, adoptó medida cautelar
de toma de posesión inmediata de la EPS para efectos de administración,
intervención que prorrogó de forma sucesiva hasta el 6 de mayo de 2013 cuando
dispuso la liquidación de la referida EPS, para lo cual designó a un agente especial
interventor19.
26.Frente a las actuaciones como administrador no obran pruebas que den cuenta
de una afectación patrimonial de la EPS con motivo o con ocasión del mismo;
tampoco median pruebas que acrediten que en el marco general de las funciones
de vigilancia la Superintendencia Nacional de Salud hubiera retardado u omitido
adoptar una medida propia de dicha vigilancia; tampoco se evidencian acciones u
omisiones con motivo de las funciones de inspección o control que ulteriormente se
adoptarían.
27.En curso del proceso liquidatorio, la documental no revela el agente especial
interventor dejara de adoptar con efectos patrimoniales sobre la EPS, actuaciones
o medidas distintas a la determinación, calificación y graduación de las acreencias,
17
Sobre el particular la entonces Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia)
mediante concepto 1998021516-8 del 28 de julio de 1998 indicó: "Ahora bien, las finalidades de la medida son
bien distintas según se trate de la toma de posesión para liquidar o para administrar.
La primera de las medidas tiene por finalidad esencial, conforme al artículo 293 ibidem.
(...) la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva
entidad hasta la concurrencia de sus activos (...).
En cuanto a la toma de posesión para administrar, el inciso 2° del artículo 115 ibidem establece que tratándose
de ella: "(...) con el objeto de colocarla en condiciones de desarrollar su objeto social de acuerdo con las
disposiciones legales, así deberá consignarlo expresamente el Superintendente Bancario en la respectiva
resolución".
Como puede verse, la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada para su
administración busca finalidades substancialmente distintas a la toma de posesión para liquidar, razón por la
cual los efectos que producen una y otra medida no pueden ser aplicados indistintamente en ambos procesos".
18
Folios 1.997 y 1.998 del cuaderno de anexos 8.
19
Folio 2.000 del cuaderno de anexos 8.
6
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
y ulterior pago conforme a la graduación de los créditos y hasta el monto de los
recursos disponibles 20. Finalmente, a través de la Resolución 4964 del 6 de junio
de 2014, se decretó la terminación de la existencia legal de la mencionada persona
jurídica y ordenó la inscripción de ese acto en el registro mercantil21.
28. De acuerdo con el referido designio probatorio, advierte la Sala que no resulta
de recibo el reproche formulado por las demandantes en relación con la supuesta
omisión en el cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia Nacional de Salud, dado que desde el 28 de julio de 2011 ordenó
la intervención administrativa y posterior liquidación de Solsalud EPS S.A. mediante
sendos actos administrativos, amparados por la presunción de legalidad, con el fin
de garantizar la continuidad y calidad debidas del servicio y superar los problemas
que dieron origen a las medidas.
29. Tampoco le asiste razón a la parte apelante en cuanto indicó que la intervención
para liquidación no fue oportuna, toda vez que dicho reproche únicamente se edificó
en la premisa general de que la situación irregular de Solsalud EPS S.A. era
evidente de acuerdo con la motivación del acto administrativo que dispuso la
liquidación, sin que se probara que la situación que se evidenció en esa oportunidad
fuera conocida con antelación por la Superintendencia Nacional de Salud o que
desvirtuara la legalidad de que, previo a la liquidación, se hubiese agotado una fase
de intervención para administrar.
30. La documental aportada da cuenta de que el desequilibrio financiero de
Solsalud EPS S.A. fue consecuencia del manejo que sus administradores y
representantes le dieron a su patrimonio: fueron sus órganos de administración los
encargados de tomar de decisiones en materia financiera, decisiones que,
finalmente confluyeron en el déficit que llevó a que fuera intervenida y,
posteriormente, liquidada.
31. Adicionalmente, se advierte que las sociedades demandantes comparecieron al
trámite de liquidación de Solsalud EPS S.A. con el fin de hacer efectivos sus
créditos, actuación en la que se les reconoció como acreedores quirografarios, por
ende, supeditadas a que la masa de la liquidación no se agotara, calificación que
por demás no fue cuestionada y en virtud de la cual fueron declarados insolutos.
32. Las pruebas obrantes en el expediente permiten advertir que las referidas
acreencias tuvieron como fuente diversos contratos de prestación de servicios de
salud que celebraron con Solsalud EPS S.A., escenario contractual en el que a las
demandantes les correspondía analizar y evaluar los riesgos financieros y de
solvencia derivados de una negociación y, en el ámbito de la autonomía de la
voluntad, determinar si estaban dadas las condiciones para contratar con tal entidad
y los términos en que lo debía hacer, por ejemplo, en el sentido de exigir o no
garantías de pago; no obstante, las sociedades accionantes decidieron celebrar los
20
Folios 1.924 a 1.960 del cuaderno de anexos 8.
21
Folios 1.997 a 2.024 del cuaderno de anexos 8.
7
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
contratos en esos términos, con lo cual asumieron los riesgos propios de los créditos
comerciales, los cuales incluían los relacionados con la cartera o cuentas por cobrar.
33. Asimismo, la Sala precisa que en nuestro ordenamiento jurídico no existe
disposición alguna que otorgue a la Superintendencia Nacional de Salud la
condición de garante o codeudora de las obligaciones comerciales de los
particulares sujetos a la intervención estatal.
34. En esas condiciones, se impone concluir que si bien las sociedades
demandantes sufrieron un daño personal y cierto, lo concreto es que esa situación
no puede calificarse como antijurídica, dado que el pago de esas acreencias estaba
supeditado a la normativa que regía en materia de liquidación y no se probó que
ello resultara imputable a una falla en el servicio de la Superintendencia Nacional
de Salud.
35. Las consideraciones precedentes, llevan a desestimar el recurso de apelación
formulado por la parte actora, circunstancia que impone confirmar la sentencia de
primera instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
36. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la
liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código
de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 365 del CGP22, la Sala condenará en costas en esta
instancia a la parte demandante, dado que su recurso se resolvió de manera
desfavorable.
37. A su vez, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la
controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, se fijan con
observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en
el Acuerdo No. 1887 de 200323.
22
“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
23
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
8
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
38. En los términos señalados en el numeral 6 del artículo 365 del CGP 24, las
agencias se fijarán en virtud del interés de cada una de las sociedades
demandantes en el proceso25..
39. En esas condiciones, en esta instancia, se fijan las agencias en derecho en
favor de la Superintendencia Nacional de Salud treinta millones novecientos
noventa y seis mil seiscientos sesenta y nueve pesos M/cte ($30’996.669), monto
equivalente al 1% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia, el cual
frente a cada demandante corresponde a los siguientes valores:
Demandante Pretensiones Valor de agencias en
derecho
Organización Clínica $ 731’470.953 $7’314.709
General del Norte S.A.
Clínica Blas de Lezo S.A. $ 220’633.718 $ 2’206.337
San José de Torices S.A.S. $ 557’272.823 $ 5’572.728
Clínica la Milagrosa S.A. $ 1.590’289.449 $ 15’902.894
Total $30’996.669
40. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso26.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
24
El numeral 6 del artículo 365 del CGP señala: Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes
reglas:
(…)
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su
interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos
(…)”.
25
Al respecto, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “Una parte puede estar integrada por diferentes personas.
De ahí que cuando se impone condena en costas a dos o más litigantes, deberá hacerse ‘en proporción a su
interés en el proceso’ y el juez tendrá que exponer las razones por las cuales considera que hay diversidad en
cuanto a su magnitud económica se refiere. Si el juez guarda silencio, como sucederá en la mayoría de los
casos, se entiende que la condena se impone en partes iguales a los litigantes; por tanto, cada uno de ellos
responderá por su cuota-parte y sin que haya solidaridad entre ellos para el pago, por cuanto la ley no lo
establece” (se destaca). LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – Parte General, Dupre
Editores, segunda edición, página 1080. Igualmente, consultar las sentencias dictadas por la Subsección A el
24 de septiembre de 2021, exp: 66.295 y el 7 de diciembre de 2021, exp: 52.302.
26
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.
9
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00187-01 (66.501)
Actor: Clínica Blas de Lezo S.A. y otros.
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud
Referencia: Medio de control de reparación directa
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de mayo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo
cual se fijan por concepto de agencias en derecho a favor de la Superintendencia
Nacional de Salud las siguientes sumas:
• A cargo de la Organización Clínica General del Norte S.A. siete millones
trescientos catorce mil setecientos nueve pesos M/cte. ($7’314.709).
• A cargo de Clínica Blas de Lezo S.A. dos millones doscientos seis mil
trescientos treinta y siete pesos M/cte. ($ 2’206.337).
• A cargo de San José de Torices S.A.S. cinco millones quinientos setenta y
dos mil setecientos veintiocho pesos. M/cte. ($ 5’572.728).
• A cargo de Clínica la Milagrosa S.A. quince millones novecientos dos mil
ochocientos noventa y cuatro pesos M/cte. ($ 15’902.894).
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.