Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00365-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00365-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00365-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08 001 23 33 000 2016 00365 01 (3128-2022)
Demandante: Inés Rosales Durán
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Tema: Prima técnica por evaluación de desempeño.
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación presentados
por los apoderados de las partes contra la sentencia de fecha 22 de noviembre
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda.
A través del medio de control de la referencia, se exigió lo siguiente:
Primera. Anular el oficio N° S-2015-343635-01-0101 de 2 de septiembre de
2015,1 por medio del cual la entidad accionada negó la prima técnica por
evaluación de desempeño regulada en el Decreto 1661 de 1991 y demás normas
concordantes.
Segunda. Condenar a la demandada a reconocer y pagar a la actora la prima
técnica por evaluación de desempeño desde la fecha en que adquirió el derecho
a ella y siempre y cuando obtenga anualmente calificaciones de servicios iguales
o superiores al 90%.
Tercera. Ordenar al ICBF cumplir la sentencia en los términos establecidos en
los artículos 187 y 192 de la Ley 1437 de 2011.
1 Expediente digital índice 4 SAMAI.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08 001 23 33 000 2016 00365 01 (3128-2022)
Demandante: Inés Rosales Durán
1.2 Hechos que fundamentan la demanda.
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
Mediante Resolución N° 000814 de 24 de julio de 1989, la señora Inés Rosales
Durán fue nombrada en el cargo de profesional universitario, código 3020, grado
04 del centro zonal N° 1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, empleo
del que tomó posesión el día 1.° de agosto de esa anualidad.
La accionante accedió a esa ocupación previa superación de un concurso de
méritos, por lo que se encuentra inscrita en el Registro Público de Empleados de
Carrera Administrativa.
A la fecha de presentación de la demanda, la accionante desempeña el cargo de
profesional universitario, código 2044, grado 11. Durante los años 1995 a 2013,
la señora Rosales Durán obtuvo las siguientes calificaciones en las evaluaciones
de desempeño:
Período calificado Puntaje obtenido Puntaje máximo Porcentaje
De 25 de enero de
1995 al 23 de 671 puntos 700 puntos Mayor a 90%
marzo de 1995
De 26 de marzo de
1995 al 25 de 673 puntos 700 puntos Mayor a 90%
mayo de 1995
De 26 de mayo de
1995 al 26 de julio 677 puntos 700 puntos Mayor a 90%
de 1995
De 27 de julio de
1995 al 29 de 685 puntos 700 puntos Mayor a 90%
noviembre de 1995
De 30 de
noviembre de 1995
661 puntos 700 puntos Mayor a 90%
al 29 de febrero de
1996
De 1 de marzo de
1996 al 28 de 923 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
febrero de 1997
De 1 de marzo de
1997 al 28 de 916 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
febrero de 1998
De 1 de marzo de
1998 al 28 de 1000 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
febrero de 1999
De 1 de julio de
1999 al 30 de 980 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
octubre de 1999
De 1 de noviembre
de 1999 al 29 de 980 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
febrero de 2000
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Demandante: Inés Rosales Durán
De 1 de marzo de
2000 al 28 de 948.5 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
febrero de 2001
Del 1 de marzo de
2001 al 28 de 948.5 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
febrero de 2002
Del 1 de marzo de
2002 al 9 de julio 967 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
de 2002
Del 10 de julio de
2002 al 28 de 973 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
febrero de 2003
Del 1 de marzo de
2003 a 28 de 970 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
febrero de 2004
Del 1 de marzo de
2005 a 31 de julio 983 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
de 2005
Del 1 de agosto de
2005 a 31 de enero 986 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
de 2006
Del 1 de febrero de
2006 a 31 de julio 986 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
de 2006
Del 1 de agosto de
2006 al 31 de 972 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
enero de 2007
Del 1 de febrero de
2007 al 31 de julio 989 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
de 2007
Del 1 de agosto de
2007 al 31 de 988 puntos 1000 puntos Mayor a 90%
octubre de 2007
Del 1 de febrero de
2008 al 31 de 96.5% puntos 100 puntos Menor a 90%
enero de 2009
Del 1 de febrero de
2009 al 31 de 97 puntos 100 puntos Mayor a 90%
enero de 2010
Del 1 de febrero de
2010 al 30 de 100 puntos 100 puntos Mayor a 90%
enero de 2011
Del 1 de febrero de
2011 al 31 de 100 puntos 100 puntos Mayor a 90%
enero de 2012
Del 6 de agosto de
2012 al 14 de 100 puntos 100 puntos Mayor a 90%
febrero de 2013
Para cuando fue emitido el Decreto 1724 de 1997, la actora había consolidado
su derecho a la prima técnica por evaluación de desempeño, ya que obtuvo
calificaciones anuales de servicio superiores al 90% -de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 4 ejusdem-.
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Demandante: Inés Rosales Durán
El 24 de agosto de 2015, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de ese
emolumento -configurado por el ICBF sobre la base del 50% de la asignación
básica mensual-, siendo negado a través de la decisión administrativa enjuiciada.
1.3 Fundamentos de derecho.
Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:
• Artículos 2, 6, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución política.
• Artículos 1.° al 6 del Decreto 1661 de 1991.
• Artículos 1.°, 5 y 9 del Decreto 2164 de 1991.
• Artículo 1.° del Decreto 2573 de 1991.
En breve, el vocero judicial censuró que el ICBF negara a su mandante la prima
técnica por evaluación de desempeño, a pesar de tener acreditados los requisitos
legales para ello -ejercicio en propiedad de un empleo del nivel profesional y
calificaciones anuales de servicio iguales o superiores al 90%-.
Que el Decreto 1724 de 1997 no restringió ese beneficio, en razón a que, como
bien lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, el derecho surge
con el cumplimiento de las exigencias contenidas en los Decretos 1661 y 2164
de 1991, más no por la presentación o no de la petición administrativa respectiva.
Así entonces, y como quiera que con anterioridad a aquel dispositivo la actora
obtuvo calificaciones anuales de servicio iguales y/o superiores al 90%, es dable
pregonar la existencia en su favor del derecho laboral reclamado.
1.4 Contestación de la demanda.
Dentro de la oportunidad de ley, el ICBF contestó la demanda,2 oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como medio de defensa
formuló las siguientes excepciones:
• Falta de causa para demandar – legalidad en la actuación del ICBF. Alegó
que la actora no tiene derecho al emolumento reclamado, pues a la luz de lo
establecido en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, es imperioso que el Jefe de la
entidad y/o la junta o consejo directivo haya determinado previamente los niveles,
las escalas, los grupos ocupacionales y los empleos destinatarios del mismo, lo
que aquí no ocurrió, pues el ICBF no reglamentó esa prima para el nivel
profesional.
Además, arguyó que las pruebas incorporadas a la actuación no evidencian que
la demandante haya solicitado la prima técnica antes o después de la vigencia del
Decreto 1724 de 1997, ni mucho menos que le haya sido reconocida, razón por la
que no satisface las exigencias para su otorgamiento.
2 Expediente digital índice 4 SAMAI
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• Cobro de lo no debido. El ICBF no puede acceder a la reclamación de la parte
actora, pues de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1724 de 1997, 1335
de 2003 y 2177 de 2006 nunca concibió la prima técnica para los servidores en
carrera que ocupaban empleos del nivel profesional, sino para los cargos de:
secretario general, jefes de oficina, directores regionales, y niveles asesor,
ejecutivo y profesional, estos últimos, bajo la modalidad de formación avanzada y
experiencia altamente calificada.
• Ineptitud sustantiva de la demanda. Arguyó que el oficio acusado no constituye
un acto administrativo y, por tanto, no es susceptible de ser enjuiciado a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
• Caducidad. La entidad demandada puso de presente que a la demandante se
le notificó el acto acusado el día 2 de septiembre de 2015, por tanto, la demanda
resulta extemporánea conforme lo establecido en el numeral 2 del artículo 164
del CPACA, dado que debió radicarse dentro de los 4 meses siguientes a la
notificación del mismo.
1.5 Sentencia de primera instancia.
Mediante sentencia de fecha 22 de noviembre de 2019,3 el Tribunal
Administrativo del Atlántico: i) accedió parcialmente las súplicas de la demanda;
ii) declaró probada de oficio la excepción de prescripción de los emolumentos
causados con anterioridad al 24 de agosto de 2012 y; iii) se abstuvo de condenar
en costas a la entidad accionada.
Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el marco normativo de
la prima técnica y las pruebas incorporadas a la actuación, concluyó que:
• En el Decreto 1661 de 1991 se estableció que la prima técnica puede
reconocerse y pagarse en todos los niveles de la administración, siempre y
cuando el empleado obtenga una calificación de servicios igual o superior al
90%. Sin embargo, con la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, dicho
estipendio se otorga a los servidores ubicados en los niveles de directivo,
asesor, ejecutivo o sus equivalentes.
• Este último dispositivo no afectó a aquellos trabajadores que, con antelación a
su vigencia, consolidaron el derecho a esa prestación, ya sea porque les había
sido reconocido, ora porque a pesar de no tener en su favor ningún acto
administrativo cumplieron con los requisitos para ello.
• Las pruebas arrimadas a la actuación evidencian que la actora satisface todos
los pedimentos para acceder a la prima técnica por evaluación de desempeño
a saber: ejercer en carrera un cargo del nivel profesional y obtener entre los
años 1995 y 2013 calificaciones de servicios superiores al 90%.
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• Operó la prescripción de los emolumentos causados con anterioridad al 24 de
agosto 2012, en atención a que la reclamación administrativa fue radicada en
el ICBF el 24 de agosto de 2015.
1.6 Los recursos de apelación.
Inconformes con la anterior decisión, los apoderados de las partes la recurrieron
en apelación. Durante sus intervenciones, plasmaron sus censuras en los
siguientes términos:
1.6.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.4
• La actora no tiene derecho a la prima técnica por evaluación de desempeño,
en tanto no la reclamó ni antes ni después de la vigencia del Decreto 1724 de
1997, siendo este uno de los condicionamientos introducidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
• El ICBF nunca le reconoció a la demandante esa prestación, por lo que el
régimen de transición contenido en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 no
le es aplicable.
• De considerar que la accionante si tiene derecho a ese estipendio, deberá
declararse su pérdida a la luz de lo previsto en el artículo 11 del Decreto 2164
de 1991, por haber ostentado cargos en encargo dentro de la entidad.
• El ICBF nunca reglamentó la prima técnica por evaluación de desempeño para
los servidores del nivel profesional, requisito indispensable para ordenar su
reconocimiento y pago. En consecuencia, y dado que la parte actora no señaló
ni acreditó cuál o cuáles fueron las disposiciones jurídicas motivadas que,
emitidas por el jefe de la entidad y/o su junta o consejo directivo, dieron vida a
ese emolumento, no le asiste derecho alguno sobre el particular.
• En suma, los artículos 5 y 7 del Decreto 2164 de 1991, reglamentario del
Decreto 1661 de 1991, condicionaron el reconocimiento de esa prima a que la
respectiva entidad determinara mediante resolución motivada los niveles, las
escalas, los grupos ocupacionales, las dependencias y los empleos
destinatarios de la misma. Que esta tesis ha sido avalada por el Consejo de
Estado, entre otras, en la sentencia de 21 de noviembre de 2018, emitida
dentro del expediente con radicado 11 001 03 15 000 2018 03774 00.
• En consecuencia, para la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1724 de
1997, la parte accionante no había consolidado en su favor ninguna
prerrogativa, dada la ausencia de reglamentación interna al respecto.
4 Expediente digital índice 4 SAMAI.
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• En la demanda se citaron unas normas emitidas por la entidad que no
reglamentaron la aludida prestación para el nivel ocupacional al que se
encuentra adscrito la accionante. En efecto, mientras el Acuerdo 004 de 1993
la concibió para los empleos de secretario general y jefe de oficina, el Acuerdo
003 de 1994 la creó en favor de los directores regionales. Así mismo, los
Acuerdos 41 de 1994 y 1 de 2017 se refirieron a la prima técnica por formación
avanzada y experiencia altamente calificada y el Acuerdo 19 de 2000 la
estableció para los directores seccionales de esa institución. Todo ello permite
concluir que ninguno de ellos tiene la potencialidad de regular la situación
particular de la reclamante.
• Al tiempo en que se presentó la reclamación administrativa, no se encontraban
vigentes los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y 1724 de 1997. Por el contrario,
para esa data estaban en vigor los Decretos 1336 de 2003 y 2177 de 2006 que
no contemplaban ese emolumento en favor del nivel ocupacional de la actora.
• Por todo lo dicho, se concluye que, contrario a lo argüido por el tribunal de
primer grado, la prima técnica no dimana de la superación de los estándares
mínimos de calificación establecidos en sus normas rectoras, pues para ello
se requiere, además, la emisión de la reglamentación interna a la que se ha
hecho referencia.
• El a quo omitió pronunciarse sobre la extinción del derecho causada por los
encargos de los que fue beneficiaria la parte actora, dado que durante ellos no
se produjeron calificaciones de servicio.
• La sentencia erró al considerar que el oficio nulitado es el acto administrativo
que lesionó los derechos de la demandante, pues las decisiones que debieron
someterse a juicio fueron los acuerdos que regularon la prima técnica para
unos niveles ocupacionales distintos.
1.6.2 Parte demandante.5
Luego de transcribir la parte resolutiva de la providencia impugnada, así como
los dos primeros argumentos que le sirvieron de base para solicitar la adición de
aquella, aseguró que el tribunal omitió condenar a la demandada a reconocer la
prima técnica por evaluación del desempeño por las anualidades posteriores al
24 de agosto de 2012 y, además, disponer la actualización de las sumas de
dinero dimanadas de la sentencia y el reconocimiento de los intereses moratorios.
1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.
1.7.1 La admisión del recurso. Mediante auto adiado 22 de marzo de 2023,6 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de los plazos previstos en los numerales
5 Expediente digital índice 4 SAMAI.
6 Expediente digital índice 5 SAMAI.
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4.° y 6.° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones
de las partes ni del Agente del Ministerio Público Delegado ante esta
Corporación.
1.8 El control de legalidad.7 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
presentados por las partes.
2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,9 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
En el caso concreto, la Subsección resolverá sin limitaciones dado que ambas
partes impugnaron toda la providencia de primera instancia.
2.3 Problemas jurídicos.
De acuerdo con los argumentos planteados por los recurrentes, le corresponde
a la Sala determinar sí:
i) La prima técnica por evaluación de desempeño reconocida a la señora Inés
Rosales Durán requería:
a) La existencia previa de una reglamentación por parte del ICBF que
contuviera los niveles, las escalas, los grupos ocupacionales, las
dependencias y los empleos susceptibles de su asignación.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
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b) Que la reclamación administrativa fuera presentada antes y durante la
vigencia del Decreto 1724 de 1997.
c) Que antes de la vigencia del último dispositivo en cita, la entidad le
hubiere reconocido a la actora esa prestación.
ii) ¿La demandante perdió el derecho a la prima técnica por haber desempeñado
en encargo otros empleos al interior del ente accionado?
iii) ¿El oficio nulitado en primera instancia no constituye el acto administrativo
lesionador de los derechos de la accionante?
iv) ¿Debió el a quo disponer expresamente que la demandada estaba obligada
a reconocer la prima técnica por evaluación de desempeño por las anualidades
posteriores al 24 de agosto de 2012 y, además, que las sumas derivadas de la
condena debían ser actualizadas conforme al IPC y liquidadas con los intereses
moratorios previstos en el CPACA?
En orden a resolver los anteriores planteamientos, la Sala abordará los siguientes
aspectos: i) marco normativo de la prima técnica por evaluación del desempeño
y; ii) la reglamentación emitida por el ICBF frente a la aludida prestación.
2.4 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.4.1 La prima técnica por evaluación de desempeño.
El Decreto Ley 1661 de 1991, definió en su artículo 1.° la prima técnica en los
siguientes términos:
«Artículo 1o. Definición y campo de aplicación. La Prima Técnica es un
reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a
funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el
desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos
técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de
especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada
organismo. Asimismo, será un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los
términos que se establecen en este Decreto […]».
Con tales fines, el artículo 2.° concibió dos criterios para garantizar el acceso a
esa prestación a saber: i) por formación avanzada y experiencia altamente
calificada y; ii) por evaluación de desempeño. La norma en cita dice a letra que:
«Artículo 2.- Criterios para otorgar Prima Técnica. Para tener derecho a Prima
Técnica serán tenidos en cuenta alternativamente uno de los siguientes criterios,
siempre y cuando, en el primer caso, excedan de los requisitos establecidos para
el cargo que desempeñe el funcionario o empleado.
a) Título de estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada en
el ejercicio profesional o en la investigación técnica o científica en áreas
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relacionadas con las funciones propias del cargo durante un término no menor de
tres (3) años, o
b) Evaluación del desempeño […]»
Por su parte, el artículo 3.º estableció que la proveniente de formación avanzada
y experiencia altamente calificada sería reconocida a quienes desempeñen
empleos en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo; mientras que la
dimanada «con base en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos
los niveles».
Así entonces, y en razón a que el artículo 5.° de ese dispositivo estableció que
«[s]erá competente para asignar la Prima Técnica el jefe del organismo
respectivo», es dable concluir que la asignación de ese emolumento quedó en
cabeza del jefe o director de la correspondiente institución descentralizada quien,
para esos propósitos, debía ceñirse a los parámetros regulados en el artículo 9.°
que dice:
«Artículo 9o. Otorgamiento de Prima Técnica en las entidades
descentralizadas. Dentro de los límites consagrados en el presente Decreto, las
entidades y organismos descentralizados de la Rama Ejecutiva, mediante
resolución o acuerdo de sus Juntas, Consejos Directivos o Consejos Superiores,
tomarán las medidas pertinentes para aplicar el régimen de Prima Técnica, de
acuerdo con sus necesidades específicas y la política de personal que adopten».
En lo que respecta a su extinción, el artículo 8.° previó que la sanción disciplinaria
de suspensión en contra del empleado y/o su retiro del servicio, implicaban la
pérdida del respectivo derecho. Adicionalmente, y en lo que atañe a la derivada
de la evaluación del desempeño, tal fenecimiento se produce «si cesan los
motivos por los cuales se asignó».10
Posteriormente, el artículo 5.° del Decreto Reglamentario 2164 de 1991
condicionó el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño
al cumplimiento de las siguientes exigencias:
i) Ejercer en propiedad un empleo que sea susceptible de asignación de
ese emolumento en los términos del artículo 7.°.
ii) Que ese cargo pertenezca a algunos de los niveles allí previstos:
directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo
y;
iii) Obtener en la calificación anual de servicios inmediatamente anterior a
la solicitud de reconocimiento, un resultado igual o superior al 90%.
En este contexto, es indispensable referenciar que el artículo 7.° fijó los criterios
conforme a los cuales el jefe de la entidad y/o las juntas o consejos directivos o
superiores debían asignar, mediante resolución motivada, la prima técnica. Es
decir, el derecho a ese emolumento y su respectivo reconocimiento no nace
10 Con el artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, se amplificó el régimen extintivo del citado estipendio.
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automáticamente con la ley, sino que requiere, además, la emisión de la
reglamentación interna por parte de cada institución. La señalada norma
establece que:
«Artículo 7º. De los empleados susceptibles de asignación de Prima Técnica.
El Jefe del organismo y, en las entidades descentralizadas, las Juntas o Consejos
Directivos o Superiores, conforme con las necesidades específicas del servicio,
con la política de personal que se adopte y con sujeción a la disponibilidad
presupuestal, determinarán, por medio de resolución motivada o de acuerdo,
según el caso, los niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las
dependencias y los empleos susceptibles de asignación de prima técnica, teniendo
en cuenta la restricción establecida en el artículo 3º del Decreto-ley 1661 de 1991,
y los criterios con base en los cuales se otorgará la referida prima, señalados en
el artículo 3º del presente Decreto».
Mas tarde, el Decreto 1724 de 1997 redujo los destinatarios de ese emolumento
a los cargos ubicados en los niveles directivo, asesor o ejecutivo. Sin embargo,
en el artículo 4.° introdujo un régimen de transición como instrumento para
garantizar los derechos adquiridos de todos aquellos que, con antelación a su
vigencia, venían disfrutando de esa prima. En ese dispositivo se puede leer:
«Artículo 4°. Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica,
que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente
decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que
se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas vigentes
al momento de su otorgamiento».
Aunque la norma en mención solo se refiere a los empleados «a quienes se les
haya otorgado prima técnica», esta Corporación amplió el radio de acción de ese
privilegio a todos aquellos que, en vigencia del régimen anterior, tuvieron derecho
a ese estipendio, indistintamente que hubieran logrado o no su reconocimiento.
En sentencia de 30 de julio de 2015,11 la Sección Segunda, Subsección B de este
tribunal concluyó:
«[…]Con la segunda tesis, la cual prevaleció en esta Subsección14, y que hoy
constituye el parámetro para el reconocimiento de la misma, sí es posible aplicar
el régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 a quienes, sin
ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes bajo el
nuevo régimen, cumplieran con los siguientes requisitos:
(i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por
evaluación de desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto
es, que hubieren laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la
normativa mencionada y que, desde luego, cumplieran los requisitos
legales exigidos por la misma;
(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada
en vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la
prima mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;
11 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015, expediente No. 11 001 03 25 000
2010 00009 00 (0051-10).
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(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado
silencio frente a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en
forma negativa.
Consideró la Sala que el Decreto 1724 de 1997 puede ser aplicado a servidores
que no se encuentren en los niveles a los que se refiere el citado decreto, a saber,
directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes, si el servidor público tuvo derecho
a la prima técnica bajo el régimen anterior, el del Decreto 1661 de 1991, y el mismo
le fue negado contraviniendo esta última disposición […]».
Luego, con el Decreto 1336 de 2003 -modificado por el Decreto 2177 de 2006-,
los beneficiarios de la prestación en estudio fueron reducidos a los cargos que
cumplieran funciones «del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y a los de
Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes
funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de Departamento Administrativo,
Superintendente y Director de Unidad Administrativa especial o sus equivalentes
en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público».12
Finalmente, el Decreto 1164 de 2012 determinó que la prima técnica también
será concedida a los cargos del nivel Directivo, Jefes de Oficina Asesora y de
Asesor adscritos a los Despachos de los siguientes funcionarios: Ministro,
Viceministro, Director de Departamento Administrativo, Subdirector de
Departamento Administrativo, Superintendente, Director de Establecimiento
Público, Director de Agencia Estatal y Director de Unidad Administrativa Especial
o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público. Es
decir, amplió las dependencias en las que se puede devengar esa prestación.
2.4.2 La reglamentación emitida por el ICBF frente a la prima técnica por
evaluación de desempeño.
La entidad demandada reglamentó la aludida prestación a través de los acuerdos
que se señalan a continuación:
a) 4 de 1993: estableció la prima técnica por evaluación del desempeño para
los empleos de secretario general y jefe de oficina de la planta de
personal.13
b) 3 de 1994: concibió ese mismo beneficio para el empleo de director
regional.14
c) 41 de 1994: fijó la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada para los empleos del nivel asesor, ejecutivo y
profesional.15
12 En el artículo 1.° del Decreto 2177 de 2006 se señaló que los cargos en mención también serán acreedores
de la prima técnica cuando estén adscritos a los despachos de Subdirector de Departamento Administrativo.
13 Artículo 1.°.
14 Artículo 1.°.
15 Artículo 1.°.
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d) 19 de 2000: creó la prima técnica por evaluación del desempeño para el
cargo director seccional.16
e) 0001 de 2017: limitó la prima técnica -por los dos criterios existentes- a los
empleos del nivel directivo y asesor adscritos al despacho del director
general de la entidad.17 Estableció que tendrían derecho al otorgamiento
de la prima técnica por evaluación de desempeño aquellos funcionarios
nombrados en titularidad en empleos del nivel directivo y asesor cuyo
empleo se encuentre adscrito al despacho del director general del ICFB.
Sobre la necesidad de reglamentación interna de la prima técnica como
condicionante para la estructuración del respectivo derecho, esta Subsección, en
sentencia de 20 de junio de 202418 concluyó:
«[…] En efecto, la prima técnica por evaluación de desempeño se otorgaba, en
principio, para los cargos del nivel directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico,
administrativo y operativo, pero las entidades podían limitar la prestación a
determinados niveles, dependencias o empleos, según las necesidades del
servicio, la política de personal y la disponibilidad presupuestal; de modo tal que
se permitía a cada ente regular internamente, de conformidad con los anteriores
criterios, si se reconocía y a qué empleos, cargos y niveles se concedería, siempre
dentro del margen previsto por el legislador.19
[…]
Ahora bien, frente a la interpretación del artículo 7 del Decreto 2164 de 1991, la
jurisprudencia de esta Corporación precisó que para el reconocimiento de la prima
técnica «no basta con la existencia de normas nacionales que establezcan la prima
técnica, sino que, además, se hace necesario que la entidad respectiva indique las
condiciones para su asignación. El derecho se concreta primero con la creación de la
prima técnica por parte del legislador y segundo con la reglamentación interna que haga el
Jefe del Organismo, requisito indispensable con el fin de establecer las condiciones que
regirán esta prestación». Además, la citada providencia agregó:20
Esta Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre asunto
similar21 señaló:
“La prima técnica implica el cumplimiento de un conjunto de elementos, que no
son sólo requisitos que debe cumplir el demandante sino también condiciones de
la entidad accionada. En este caso, como se expuso en párrafos precedentes,
que se hubiera expedido la respectiva reglamentación por la entidad que otorgue
la prima técnica, lo cual tiene una explicación fiscal razonable pues las entidades
no pueden asumir compromisos inconsultos frente a sus posibilidades
financieras”.
16 Artículo 1.°.
17 El artículo 15 derogó los Acuerdos 004 de 1993, 003 y 041 de 1994 y 019 de 2000, así cualquier otra
disposición que le sea contraria.
18 Expediente No. 05 001 23 33 000 2020 02572 01 (0194-2024), consejero ponente Dr. Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023 radicado
63001-23-33-000-2018-00146-01 (3872-2019).
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 31
de julio de 2008 radicado 08001233100020020257101 (0712-2007).
21 Proceso adelantado por el señor Fabio García García, sentencia del 27 de septiembre de 2007. Radicado
2201-04.
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En el sub lite el MINISTERIO DE TRANSPORTE no había regulado la prima técnica
por evaluación de desempeño para los años que reclama su reconocimiento y en
consecuencia, se impone por la Sala confirmar la sentencia apelada por las razones
consignadas en la parte motiva de este proveído.
Igualmente, esta Sección en sede constitucional se pronunció sobre la prima
técnica por evaluación de desempeño del ICBF y precisó lo siguiente:22
En último lugar, la Sala advierte que la línea hermenéutica de esta Corporación
conlleva a establecer que si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no había
regulado el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño para
el nivel profesional, se concluye que al entrar en vigencia del Decreto 1724 de 1997
no habría un derecho adquirido objeto de protección, motivo por el cual sería
improcedente el reconocimiento de la prestación reclamada.
Además, en providencia del 16 de noviembre de 201923 proferida por esta
Sección se concluyó:
De conformidad con los acuerdos expedidos por el ICBF, se observa que la prima
técnica por evaluación de desempeño se reglamentó sólo para los empleos de
secretaria general, jefe de oficina y director regional, de tal suerte que los demás
empleos no fueron objeto de dicha prestación, incluidos los desempeñados por las
demandantes.
Por ende, en ningún momento se contrariaron las disposiciones normativas y el
marco jurisprudencial sobre la materia al negar su reconocimiento, pues, al ser el
ICBF una entidad descentralizada, con autonomía administrativa y financiera,
personería jurídica, patrimonio independiente, tenía competencia para regular la
prima técnica dentro de los límites dispuestos en los Decretos 1661 y 2164 de
1991, esto es en atención a las necesidades específicas y la política de personal
que adoptó. Significa que si bien el legislador reguló los niveles en los cuales era
viable el reconocimiento de la prima técnica, lo cierto es que también facultó a la
entidad para considerar los aspectos de orden fáctico y presupuestal a los que
hace alusión el ordenamiento positivo.
No se trata entonces de un derecho adquirido que pueda predicarse respecto de
todos los empleos del ICBF, como lo pretenden hacer ver las demandantes, pues
su reconocimiento depende, entre otros factores, del ejercicio de la facultad legal
otorgada a la entidad por virtud de los Decretos 1661 y 2164 de 1991, por lo que
no estaba en la obligación de reconocer este concepto en favor de sus empleados
[…]».
En el mismo sentido se pronunció la Sección Segunda de esta Corporación en el
auto de fecha 26 de enero de 2023,24 a través del cual resolvió la solicitud de
unificación jurisprudencial elevada por el ICBF en un caso de contornos similares
al presente. Por su importancia aquí, se transcriben in extenso sus
consideraciones:
«[…] i) De la necesidad de reglamentación interna para el reconocimiento de
la prima técnica por evaluación de desempeño
Según se expuso en el acápite sobre la prima técnica por evaluación de
desempeño, el artículo 9 del Decreto Ley 1661 de 1991 precisó sobre el
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fallo del 21 de noviembre de 2018 radicado 11001-
03-15-000-2018-03774-00(AC).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023 radicado
63001-23-33-000-2018-00146-01 (3872-2019).
24 Expediente No. 08 001 33 33 010 2018 00247 01 (2092-2020), consejero ponente Dr. Cesar Palomino
Cortés.
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otorgamiento de la prima técnica en las entidades del orden nacional de la rama
ejecutiva que, sus entes directivos tomarían “las medidas pertinentes para aplicar
el régimen de Prima Técnica, de acuerdo con sus necesidades específicas y la
política de personal que adopten”.
A su turno, el Decreto reglamentario 2164 de 1991 en el inciso segundo del
parágrafo del artículo 5 indicó que la cuantía sería “determinada por el jefe del
organismo y en las entidades descentralizadas por las Juntas o Consejos
Directivos o Superiores, según el caso”. Así mismo, en el artículo 7 prescribió que
los organismos directivos (Jefe del organismo y, en las entidades descentralizadas,
las Juntas o Consejos Directivos o Superiores), fijarían mediante resolución
motivada los niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las dependencias y
los empleos susceptibles de asignación de prima técnica, conforme las
necesidades específicas del servicio, la política de personal que se adopte, con
sujeción a la disponibilidad presupuestal.
Con fundamento en este marco normativo, la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, en sentencia de 28 de julio de 2005, en proceso adelantado
contra el Ministerio de Transporte consideró que el actor no tenía un derecho
adquirido al pago de la prima técnica por evaluación de desempeño en aplicación
del Decreto Ley 1661 de 1991 y el Decreto Reglamentario 2164 del mismo año,
porque no había sido expedido el reglamento interno del organismo definiendo las
particularidades y porcentajes de asignación del derecho, e hizo énfasis en que el
nacimiento de dicha prerrogativa solo requiere de la ocurrencia de los supuestos
de hecho que tal reglamentación estipulara. En efecto, consideró:
“(…) si bien la creación del régimen jurídico objetivo de prima técnica fue un
acto de competencia exclusiva del legislador; la “asignación” a los empleados
de una determinada entidad constituye una determinación exclusiva de ésta y
concretamente del organismo que ha sido investido de competencia por la ley,
para dictar el reglamento que contiene las condiciones particulares y los
porcentajes de asignación del derecho a sus funcionarios. (…) Una vez
expedida dicha reglamentación, y definida de forma pormenorizada y clara, las
condiciones para adquirir el derecho y la ponderación de los factores que
determinan el porcentaje asignable a cada empleado, el derecho de prima
técnica solo requiere para nacer, de la ocurrencia de los supuestos de hecho
que tal reglamentación estipula”25.
La Subsección B de la Sección Segunda, en sentencia de 31 de julio de 2008,
también en un proceso adelantado contra el Ministerio de Transporte reiteró que
“no basta con la existencia de normas nacionales que establezcan la prima técnica, sino
que, además, se hace necesario que la entidad respectiva indique las condiciones
para su asignación. El derecho se concreta primero con la creación de la prima técnica
por parte del legislador y segundo con la reglamentación interna que haga el Jefe del
Organismo, requisito indispensable con el fin de establecer las condiciones que regirán
esta prestación”.
[…]
Este criterio relativo a la necesidad de reglamentación interna se mantuvo en el
fallo de 26 de julio de 2012 de la Sección Segunda, Subsección A, en proceso
contra la Contraloría Municipal de Popayán, donde consideró que “al no existir una
reglamentación en la que la entidad demandada definiera las condiciones particulares de
asignación del derecho a la prima técnica, ésta no pudo materializarse mientras tuvo
vigencia el decreto 1661 de 1991, como un derecho subjetivo adquirido del actor. Por lo
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de julio de 2005, M.P. Ana Margarita
Olaya Forero, proceso con radicado 25000-23-25-000-2001-09341-01(1305-04).
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anterior, resulta irrelevante estudiar las consecuencias generadas por la variación
normativa posterior (decreto 1724 de 1997)” 26.
[…]
Posteriormente, el 30 de julio de 201527 la Sección Segunda, Subsección B dictó
sentencia dentro de una acción pública de nulidad contra el artículo 1º del Acuerdo
N° 036 de 31 de octubre de 1991, expedido por el Consejo Directivo de la
Superintendencia de Notariado y Registro. El reproche se centró en no haberse
reglamentado el criterio de la prima técnica por evaluación de desempeño, sino
solamente el de formación avanzada y experiencia altamente calificada.
En esta providencia se negó la nulidad de la disposición acusada con fundamento
en que en el artículo 6° del Decreto Ley 1661 de 1991 solo fija el procedimiento
general, porque “el surgimiento de la prima técnica tiene dos momentos: una la
competencia del Legislador y otra la de las entidades al adoptarla y reconocerla a los
beneficiarios conforme a los criterios que ha optado para tal fin”.
Así pues, precisó que el hecho de haber excluido del marco de aplicación del
Acuerdo No. 036 de 1991 a la prima técnica por el criterio de evaluación de
desempeño, no desbordó la facultad reglamentaria, en la medida que el Consejo
Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro tenía “autonomía al
seleccionar solo un criterio para la asignación de la prima técnica como es el de “formación
avanzada y experiencia altamente calificada” sin que ello signifique que por tal razón se
haya agotado la competencia, pues en cualquier momento puede hacerlo previo estudio
de los presupuestos para ello”.
[…]
Como resultado se concluye que para tener derecho a la prima técnica por
evaluación de desempeño regulada en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, la
Sección Segunda de esta Corporación ha considerado que en virtud de la
transición ordenada por el Decreto 1724 de 1997, se debe tener una calificación
del 90%, como mínimo, del total de puntos de cada una de las calificaciones de
servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la entrada en rigor del
citado decreto, lo que da lugar a la existencia de un derecho adquirido que a
la luz de la transición debe ser reconocido, siempre y cuando se cumplan los
demás requisitos28. Cuando no se acredita la calificación en los términos
expuestos, no es exigible el derecho al reconocimiento a la prima técnica por
evaluación de desempeño con fundamento en Decretos 1661 y 2164 de 1991 para
los empleos que fueron excluidos por el Decreto 1724 de 1997». (El énfasis es
nuestro)
Deviene de lo anterior que el derecho a la prima técnica por evaluación del
desempeño en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nace con:
• Su creación a través de la ley y/o un acto de similar naturaleza.
• La emisión por parte del consejo directivo institucional de un reglamento
en el que señalen «los niveles, las escalas o los grupos ocupacionales, las
dependencias y los empleos susceptibles de asignación de prima
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de julio de 2012, M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero, proceso con radicado 19001-23-31-000-2003-01071-02(1556-07).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, proceso con
radicado 11001-03-25000-2010-00009-00 (0051-10).
28 Que el empleo sea susceptible del reconocimiento y que el nombramiento sea en propiedad.
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técnica», previó análisis y sujeción a las necesidades del servicio, las
respectivas políticas de personal y la correspondiente disponibilidad
presupuestal.
• El cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos para su
consolidación: i) desempeñar en propiedad uno de los empleos señalados
como beneficiarios de la prima técnica por parte del respectivo consejo
directivo y; ii) obtener en el año inmediatamente anterior a la solicitud de
reconocimiento prestacional una calificación de servicios igual o superior
al 90%-.
• La satisfacción del pedimento estipulado en el régimen de transición del
artículo 4.° del Decreto 1724 de 1997 -para quienes este sea aplicable- y
que se relaciona con la obtención en el año inmediatamente anterior a la
fecha de entrada en vigencia de aquel dispositivo -11 de julio de 1997-, de
una calificación de servicios igual o superior al 90%.
Con sustento en lo explicado, la Sala resolverá los interrogantes arriba
planteados.
2.5 Caso concreto.
Pues bien, de acuerdo con lo estudiado, la Subsección responde que la prima
técnica por evaluación de desempeño reconocida en la sentencia de primera
instancia requería la existencia previa de un reglamento por parte del consejo
directivo del ICBF que contuviera el cargo ocupado por ella. Como se anotó, a
través de los Acuerdos 4 de 1993, 3 de 1994, 41 de 1994, 19 de 2000 y 0001 de
2017, la demandada concibió esa prestación para los empleos de secretario
general, jefe de oficina, director seccional y, en general, para los cargos del nivel
directivo y asesor adscritos al despacho del director general.
Revisado el material probatorio29, encuentra la Sala que durante el periodo en
que estuvieron vigentes los Decretos 1661 y 2164 de 1991, la señora Rosales
Durán ocupó el cargo de profesional universitario que, por cierto, no se aviene a
los señalados anteriormente. En consecuencia, y como quiera que la respuesta
a ese primer interrogante fue positiva, la Sala considera inocuo resolver el resto
de cuestionamientos planteados. Es decir, ante la prosperidad de uno de los
cargos formulados por la demandada en el recurso de apelación, es innecesario
el pronunciamiento frente al resto de censuras esbozadas por las partes.
Corolario, se revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, se negarán
las pretensiones de la demanda.
29 Expediente digital índice 4 SAMAI.
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2.8 Condena en costas.
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Inés Rosales
Durán contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. En
consecuencia, NEGAR las súplicas del libelo.
SEGUNDO. Sin condena en costas, conforme a lo indicado en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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