Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00537-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00537-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00537-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado :
08001-23-33-000-2016-00537-02
No. interno 4220-2023:
Demandante :
Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada :
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Revocación de acto administrativo – prestación de
servicios médicos
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia del 22 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
La señora Luisa Antonia Pérez Jiménez, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de la Resolución 001388 del 23 de septiembre de 2008,
mediante la cual el Ministerio de la Protección Social - Grupo Interno de
Trabajo para la gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia2, ordenó el
pago del valor de la cotización de servicios médicos con cargo a la mesada
pensional.
1 Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
2 Mediante Decreto 4107 de 2011 «Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y
Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social», artículo 63, la UGPP asumió el
reconocimiento del pasivo pensional a cargo de dicha unidad.
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Nº Interno: 4220-2023
Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
accionada a: (i) continuar con el beneficio pleno de los servicios médicos
asistenciales concedidos por la Empresa Puertos de Colombia – Terminal y
Marítimo de Barranquilla, reconocidos por la Resolución 049570 del 29 de
diciembre de 1993, «del cual venía disfrutando antes de dar aplicación a la
Resolución 001388 del 23 de Septiembre de 2008»; (ii) reintegrar el valor de
los descuentos realizados a la mesada pensional, por concepto de cotización
para servicios médicos, debidamente indexados, conforme al artículo 141 de
la Ley 100 de 1993; (iii) declarar que los dineros que se paguen a su nombre
por cotización a servicios médicos, se cancelaron de buena fe y «por lo tanto
no debe reembolsar al erario público suma alguna»; (iv) declarar que con la
expedición del acto administrativo acusado se aplicó de manera errónea el
procedimiento previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, al no
haberse demostrado tipificación de delito para revocar los beneficios en salud;
y (v) de no accederse a lo solicitado, reajustar la mesada pensional en un 12%,
para cubrir los aporte a salud, tal como lo ordena el artículo 143 de la Ley 100
de 1993.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
Relata la accionante que laboró en la entonces Empresa Puertos de Colombia
– Terminal y Marítimo de Barranquilla, con contrato a término indefinido hasta
el 29 de diciembre de 1993, es decir, durante 14 años, 8 meses y 28 días, por
lo que, con Resolución 049570 de 29 de diciembre de 1993 se le reconoció
una pensión de jubilación, la cual en su artículo 3° estableció que gozaría de
servicios médicos asistenciales al igual que sus familiares inscritos, en
atención a lo dictado en el artículo 2° de la Resolución 805 del 9 de octubre de
1991 de esa entidad dirigida a los empleados oficiales.
Que, el 1° de octubre de 2008, al haber transcurrido más de 14 años de recibir
la gratuidad en los servicios de salud, se le notificó con oficio 014439, el
contenido de la Resolución 001388 del 23 de septiembre de ese año proferida
por el Ministerio de la Protección Social - Grupo Interno de Trabajo, Gestión
Pasivo Social Puertos de Colombia, con la que se le comunicó que estaba
obligada a cotizar para la prestación de servicios médicos y en igual sentido,
devolver al Estado las sumas que se habían pagado para esos efectos.
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Nº Interno: 4220-2023
Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
Afirma que, el acto censurado se apoya en motivaciones falsas, es decir,
conforme a acuerdos que fueron declarados nulos por el Consejo de Estado y
en preceptos como el señalado en el artículo 415 del Código Sustantivo del
Trabajo, en lo concerniente al pliego de peticiones por parte de sindicatos, del
cual no perteneció al no existir dicha organización en la empresa donde laboró,
por tanto, el beneficio de servicios médicos asistenciales se dio de manera
libre y espontánea.
Agrega que, la entidad demandada se tomó por manos propias el proceso de
vía coactiva, desconociendo los artículos 59, 149 y 344 del Código Sustantivo
del Trabajo y 34 de la Ley 100 de 1993, en cuanto a los descuentos hechos y
a la inembargabilidad de las pensiones del Sistema General de Seguridad
Social.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución Política, el artículo 29.
Las Leyes 797 de 2003 y CCA.
Sentencias de la Corte Constitucional, C-835 de 23 de septiembre de 2003, C-
335 de 16 de abril de 2008, T-295 de 1999, T-947 de 2000, T-827 de 1999 y T-
477 de 2011
Refiere que el acto administrativo que se demanda, infringe el procedimiento
administrativo fijado por la Corte Constitucional en sendas providencias, lo cual
es violatorio de la Constitución, además que, con la expedición de este, no
hizo otra cosa que revocar implícitamente un acto sin agotar el trámite legal
como lo dispone el artículo 74 del CCA, situación que lo hace ilegal.
2. Contestación de la demanda.
La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Al respecto,
argumenta que «[e]l régimen prestacional de los funcionarios públicos es de
naturaleza legal, es decir es el Congreso por mandamiento constitucional, es el
que fija las escalas de remuneración así como el régimen de sus prestaciones
sociales», por lo que a la demandante al ser empleada pública no debió
otorgársele la gratuidad en salud, habida cuenta que es un beneficio
contemplado para los acogidos a una convención colectiva de trabajo, el cual
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Nº Interno: 4220-2023
Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
hizo extensivo la junta directiva de la liquidada Empresa Puertos de Colombia,
sin tener las facultades para regular el régimen salarial de los funcionarios a su
servicio.
Señala que, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, a los trabajadores
se les aplica el régimen que libremente seleccionan, por ello la actora al haber
renunciado a las prerrogativas convencionales está obligada a asumir los costos
de la cotización de los servicios a salud, dado que el sistema de salud es
contributivo, según lo disponen los artículos 30 del Decreto 1919 de 1994 y 65
del Decreto 806 de 1998.
Que, en tal circunstancia, la Resolución atacada fue proferida con base al marco
legal correspondiente y en acatamiento de la sentencia del 29 de julio de 1991
del Consejo de Estado.
Como excepciones propuso las de, resolución ajustada a las normas que obligan
efectuar cotizaciones al sistema de salud, acto conforme a lineamientos
constitucionales y legales, inexistencia de derecho adquirido, prescripción y
genérica.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Atlántico (sala decisión A), mediante sentencia
proferida el 22 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda (sin condena en costas), al declarar la nulidad de la Resolución
mediante la cual se realizaron unos descuentos a la mesada pensional de la
demandante para cotizaciones en salud, al considerar que la decisión de la
administración no cumplió con los criterios del artículo 19 de la Ley 797 de
2003, para predicar que el beneficio fue dado con actuaciones fraudulentas y
así revocar el acto administrativo de forma unilateral, por lo cual, «[…] el acto
objeto de debate, adolece de una transgresión normativa suficiente para su
retiro del ordenamiento jurídico, pues como se viene indicando, el mismo se
refiere a la revocatoria de un acto administrativo particular y concreto, respecto
del derecho de la Sra. Luisa Pérez Jiménez al disfrute de los servicios médicos
para ella y su núcleo familiar sin costo alguno; todo ello, sin que para proceder,
la administración contara con la autorización de parte de la referida señora, al
tenor de la obligación que para ello señala el artículo 97 […]» del CPACA.
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Nº Interno: 4220-2023
Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
En ese orden ordenó el reajuste pensional de la actora, aumentando la mesada
en el porcentaje del 12% que servirá para realizar los respectivos aportes al
Sistema de Seguridad Social en salud, asimismo, declaró probada la
excepción de prescripción con anterioridad al 2 de junio de 2013, en razón a
que con la expedición del acto enjuiciado no se presentó recurso diferente a la
demanda (2 de junio de 2016).
4. El recurso de apelación.
La entidad demandada, inconforme con la decisión solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, al ser contraria a su posición.
En defensa de sus intereses, afirma que las personas pertenecientes al
régimen contributivo deben realizar los aportes a salud tal como lo determina
el artículo 1° de la Ley 1250 de 2008 que adicionó el 204 de la Ley 100 de
1993, disponiendo el 12% para los pensionados.
En relación con lo dicho, expresa que no fue empleadora de la accionante pues
solo actúa como entidad administradora de la nómina general de pensionados,
esto es, «[…] no percibe o administra estas cotizaciones, de lo cual se
determina la imposibilidad […] de devolver unos recursos con los que no
cuenta y no administra, no hay lugar a restablecer el pago de la cotización a
cargo de la Nación como tampoco a efectuar el reajuste pensional ordenado,
por cuanto no se tiene certeza si la liquidada entidad pensional efectuó o no el
mencionado incremento, por ello se reitera que la actora como pensionada
está obligada a cotizar para acceder a los servicios de salud, al igual que todos
los demás pensionados».
Que la entidad encargada de efectuar los descuentos por nómina de
pensionados a salud, es el consorcio FOPEP, quien es el administrador
fiduciario de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional,
por lo cual no está en capacidad de devolver recursos que no administra.
5. Alegatos de conclusión.
Mediante auto del 23 de febrero de 2023, fue concedido el recurso de
apelación por parte del Tribunal y con providencia del 21 de noviembre
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Nº Interno: 4220-2023
Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
siguiente, el despacho sustanciador lo admitió conforme al artículo 67 de la
Ley 2080 de 20213. Oportunidad desaprovechada por las partes demandante
y demandada para presentar sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público
para rendir concepto, según constancia secretarial de 25 de enero de 20244.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)5, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones. Para
el efecto se analizará si a la accionante le asiste razón jurídica para reclamar
la nulidad del acto administrativo mediante el cual se ordenó la suspensión de
los beneficios de servicios médicos, otorgados junto con el reconocimiento de
su pensión de jubilación, el reintegro cancelado por ese concepto y el
descuento en su mesada pensional para cubrir las cotizaciones al sistema
General de Seguridad Social en salud.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la cotización obligatoria
al Sistema General de Seguridad Social en Salud; 2.4. Hechos probados; y
2.5. Caso concreto.
3 Visible a índice 3 de la herramienta electrónica Samai.
4 Visible a índice 10 de la herramienta electrónica Samai.
5 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
2.3 Marco normativo y jurisprudencial
Cotización obligatoria al Sistema General de la Seguridad Social en Salud
por parte de los pensionados.
La Ley 100 de 1993, señala en el artículo 202 lo siguiente:
“DEFINICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 1607 de
2012. El nuevo texto es el siguiente:> El régimen contributivo es un
conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación
se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un
aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en
concurrencia entre este y el empleador o la Nación, según el caso.”
De otro lado, el 157 del mismo cuerpo normativo señala:
“TIPOS DE PARTICIPANTES EN EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. <Artículo condicionalmente
EXEQUIBLE> A partir de la sanción de la presente Ley, todo
colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite
el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en
su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado y
otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.
A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud:
1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las
personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores
públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes
con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema
mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del
título III de la presente Ley.
2. <Ver Notas del Editor> <Texto corregido en los términos de la Sentencia
C-458-15> Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que
trata el Artículo 211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de
pago para cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiadas en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud la población más pobre y
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Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular
importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres
durante el embarazo, parto y postparto y período de lactancia, las madres
comunitarias*, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un
año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las
personas mayores de 65 años, los discapacitado <persona en situación
de discapacidad>, los campesinos, las comunidades indígenas, los
trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros
y sus subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de
construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás
personas sin capacidad de pago.
B. Personas vinculadas al Sistema. <Ver Notas del Editor>
Los participantes vinculados son aquellas personas que por motivos de
incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen
subsidiado tendrán derecho a los servicios de atención de salud que
prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato
con el Estado.
A partir del año 2.000, todo colombiano deberá estar vinculado al Sistema
a través de los regímenes contributivo o subsidiado, en donde
progresivamente se unificarán los planes de salud para que todos los
habitantes del territorio nacional reciban el Plan Obligatorio de Salud de
que habla el artículo 162.”
De la lectura de la norma citada, se advierte con claridad que todo colombiano
hará parte del servicio de salud, bien sea como afiliados al régimen contributivo
o subsidiado, o como vinculados. Y en lo que se refiere a lo que nos interesa
con el proceso, tenemos que conforman el contributivo entre otros, a los
pensionados.
Siguiendo este discurso, tenemos que el artículo 210 establece que existen
sanciones para el empleador en caso de no consignar los aportes:
“SANCIONES PARA EL EMPLEADOR. Se establecerán las mismas
sanciones contempladas en los artículos 23 y 271 de la presente Ley para
los empleadores que impidan o atenten en cualquier forma contra el
derecho del trabajador a escoger libre y voluntariamente la Entidad
Promotora de Salud a la cual desee afiliarse. También le son aplicables
las sanciones establecidas para quien retrase el pago de los aportes.
PARÁGRAFO. Ningún empleador de sector público o privado está exento
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Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
de pagar su respectivo aporte al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.”
Sobre la naturaleza de las cotizaciones por aportes obligatorios al Sistema
General de Seguridad Social, nos remitimos al criterio esclarecido por esta
Subsección el veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), dentro
del radicado número: 08001-23-31-000-2009-00793-01(1173-12), Actor: Luis
Rafael Abuchaibe Abuchaibe, Demandado: Ministerio de la Protección Social
• Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de
Colombia:
“...
En punto de la naturaleza de la cotización por aportes obligatorios al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Corte Constitucional en
la sentencia C-800 de 2003 indicó que son “recursos parafiscales, de
destinación específica en virtud de la Constitución” 6. Este concepto está
más claramente explicado en la providencia C-1707 de 2000 donde se
adujo que constituyen un gravamen producto de la soberanía fiscal del
Estado que se destina a la financiación global del SGSSS, así: “(…) es de
interés señalar que, siguiendo el criterio hermenéutico sentado por esta
Corporación a lo largo de su extensa jurisprudencia, los recursos que
ingresan al Sistema de Seguridad Social en Salud, llámense aportes,
cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o
bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación
específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal
del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para
satisfacer sus necesidades de salud y que, al no comportar una
contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan
también a la financiación global del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, en particular, a la cuenta del denominado régimen subsidiado” 7.
El carácter parafiscal de las cotizaciones a salud encuentra su fundamento
en que el sistema de salud se rige por los principios de universalidad
previsto en el artículo 49 de la Carta Política 8, de solidaridad9 y el de
sostenibilidad fiscal, los cuales edifican la garantía de la prestación del
6 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
7 M.P. Cristina Pardo Schlesinger
8 “ARTICULO 49. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:>
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. (…)”.
9 Constitución Política: ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos
que establezca la Ley. (…)
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Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
servicio para quienes tienen capacidad económica para efectuar la
cotización, como para las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad
beneficiarias del régimen subsidiado. En efecto, el artículo 2 de la Ley 100
de 1993 precisa que el servicio público esencial de seguridad social se
prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación, y los define así:
“a. EFICIENCIA. Es la mejor utilización social y económica de los recursos
administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios
a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada,
oportuna y suficiente;
b. UNIVERSALIDAD. Es la garantía de la protección para todas las
personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida;
c. SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas,
las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las
comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.
Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de Seguridad
Social mediante su participación, control y dirección del mismo.
Los recursos provenientes del erario público en el Sistema de Seguridad
se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables.
d. INTEGRALIDAD. Es la cobertura de todas las contingencias que
afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de
vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según
su capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias
amparadas por esta Ley;
e. UNIDAD. Es la articulación de políticas, instituciones, regímenes,
procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad
social, y
f. PARTICIPACIÓN. Es la intervención de la comunidad a través de los
beneficiarios de la seguridad social en la organización, control, gestión y
fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto”.
Dado el carácter parafiscal de la cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y la naturaleza de la obligación de los
pensionados de afiliarse y efectuar los aportes, se tiene que este
gravamen no puede ser objeto de transacción o negociación entre las
partes de la relación laboral, de modo que cualquier estipulación en este
sentido no tiene validez, ya que las cotizaciones no le pertenecen al
pensionado. Como corolario de lo expuesto, se precisa entonces que los
pensionados son sujetos obligados a la afiliación al régimen contributivo
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por ello, tienen el
deber cubrir el monto de la cotización.”
En conclusión, para esta Subsección, el carácter parafiscal de la cotización al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y la obligación de los
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Demandada: UGPP
pensionados de hacer sus aportes, hacen inválido cualquier pacto.
2.4 Hechos probados. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído
al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación,
se destaca:
a) Copia del contrato de trabajo 00010 de 9 de abril de 1979, suscrito entre la
accionante y la Empresa Puertos de Colombia – Terminal Marítimo y Fluvial
de Barranquilla, para ocupar el cargo de ayudante de laboratorio «GRUPO
DE CLÍNICA- DIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES».
b) Resolución 04570 de 29 de diciembre de 1993, mediante la cual la Empresa
Puertos de Colombia – Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla le
reconoció la pensión de jubilación a la actora al haber laborado como
ayudante de laboratorio, con inclusión de los salarios devengados durante
el último año de servicios, efectiva a partir del 29 de diciembre de 1993,
asimismo, en el artículo tercero se dispone el beneficio de servicios
médicos «al igual que sus familiares inscritos».
c) Resolución 001388 del 23 de septiembre de 2008 (comunicada mediante el
oficio 014439 del 1° de octubre), con la cual la coordinadora del
desaparecido Grupo Interno de Trabajo del Pasivo Social de Puertos de
Colombia del Ministerio de la Protección Social, ordena (i) que la
accionante realice, con cargo a su mesada pensional, las cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social en salud, toda vez que, al retiro del
servicio se desempeñó como «Abogada I», cargo catalogado como
empleado público, por lo que no le era aplicable al momento del
reconocimiento de su pensión las prerrogativas consignadas en la
Convención Colectiva de Trabajo para los funcionarios de la costa Atlántica
para los años «1991-1993»; (ii) el reintegro de los valores por ese concepto;
y (iii) ordenó al consorcio Fopep realizar los descuentos sobre la mesada
pensional dirigidos a aportar al sistema en salud.
d) Copia de la Ley 01 de 1991, «[p]or la cual se expide el Estatuto de Puertos
Marítimos y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
e) Acuerdo 022 de 11 de septiembre de 1991, dado por el entonces
viceministro de obras públicas y transporte y el secretario general de la
liquidada Empresa Puertos de Colombia, en el que se autoriza al gerente
general de dicho ente para acordar y extender las condiciones de retiro de
los empleados públicos.
f) Resolución 805 de octubre de 1991, «por medio de la cual se fijan
condiciones para el retiro de los Empleados Públicos de la Empresa
Puertos de Colombia».
g) Acuerdo 0015 de 19 de octubre de 1990, con el que se fija el régimen de
prestaciones sociales de los empleados de la aludida Empresa.
2.5 Caso concreto.
De las pruebas relacionadas, se colige que (i) la actora, fue empleada de la
extinguida Empresa Puertos de Colombia – Terminal Marítimo y Fluvial de
Barranquilla, como ayudante de laboratorio desde el 9 de abril de 1979, razón
por la cual le fue reconocida una pensión de jubilación a través de la
Resolución 04570 de 29 de diciembre de 1993, en la que también se le otorgó
el beneficio de servicios médicos, y (ii) por medio de Resolución 001388 del
23 de septiembre de 2008 (comunicada mediante el oficio 014439 del 1° de
octubre), fue revocado lo concerniente al beneficio médico y se ordenó el
reintegro de los pagos efectuados y la cotización sobre los mismos a cargo de
la mesada pensional de aquella.
En atención a la Resolución 001388 del 23 de septiembre de 2008, la
demandante acudió a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el
objeto de obtener su nulidad, lo que logró ante el Tribunal de instancia, al
considerar que «[…] el acto objeto de debate, adolece de una transgresión
normativa suficiente para su retiro del ordenamiento jurídico, pues como se
viene indicando, el mismo se refiere a la revocatoria de un acto administrativo
particular y concreto, respecto del derecho de la Sra. Luisa Pérez Jiménez al
disfrute de los servicios médicos para ella y su núcleo familiar sin costo alguno;
todo ello, sin que para proceder, la administración contara con la autorización
de parte de la referida señora, al tenor de la obligación que para ello señala el
artículo 97 de la legislación procesal administrativa».
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Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
Demandada: UGPP
El entidad demandada apeló y solicitó que la sentencia sea revocada en su
integridad, bajo el argumento que «[…] la señora demandante debe asumir el
pago de la cotización por los aportes en salud para continuar recibiendo los
servicios médicos asistenciales, por cuanto el mencionado artículo previo que
esta cotización está en su totalidad, a cargo del pensionado», igualmente que,
«[…] no percibe o administra estas cotizaciones, de lo cual se determina la
imposibilidad por parte de esta entidad de devolver unos recursos con los que
no cuenta y no administra, no hay lugar a restablecer el pago de la cotización
a cargo de la Nación como tampoco a efectuar el reajuste pensional ordenado,
por cuanto no se tiene certeza si la liquidada entidad pensional efectuó o no el
mencionado incremento, por ello se reitera que la actora como pensionada
está obligada a cotizar para acceder a los servicios de salud, al igual que todos
los demás pensionados».
Para resolver el asunto sub examine, cabe advertir que el recurso de apelación
impetrado por la accionada se contrae a revocar el fallo en su integridad, esto
comprende, el análisis de la nulidad del acto administrativo acusado, la orden
de reconocimiento del incremento adicional a la mesada de la actora, en el
porcentaje del 12%, y la prescripción del derecho, en virtud de lo previsto en
el artículo 32810 del CGP, aplicable por remisión expresa del 30611 del
CPACA.
Ahora bien, como se dijo a la actora mediante la Resolución 04570 de 29 de
diciembre de 1993, la entonces Empresa Puertos de Colombia – Terminal
Marítimo y Fluvial de Barranquilla, le reconoció una pensión de jubilación
equivalente al promedio de los salarios devengados durante el último año de
servicios, efectiva a partir de la fecha de expedición de ese acto; en igual
sentido, le fue concedido el disfrute de servicios médicos a ella y a sus
familiares inscritos, no obstante, el Grupo Interno de Trabajo del Pasivo Social
de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, expidió la
10 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
11 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
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Demandante: Luisa Antonia Pérez Jiménez
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Resolución 001388 del 23 de septiembre de 2008, con la cual emitió varias
órdenes, entre esas que la demandante, en su condición de pensionada de
Puertos de Colombia, realizará las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en salud y reintegrara los valores pagados en exceso por ese
concepto.
Siguiendo el norte de la discusión, resulta a todas luces esclarecedor que el
trasfondo normativo del acto administrativo cuestionado, es el art. 157 de la
Ley 100 de 1993, pues como se vio en precedencia, es una obligación de todo
pensionado el de afiliarse al régimen contributivo del Sistema General de
Seguridad Social.
Es así, que en el acto administrativo que se cuestiona, se indica lo siguiente:
Para más adelante concluir:
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Se establece con claridad que el propósito del acto administrativo es dar
cumplimiento a la Ley 100 de 1993, en cuanto a que la señora Luisa Antonia
Pérez Jiménez en su condición de pensionada es una afiliada obligatoria al
régimen contributivo en salud conforme el art. 157 de la Ley 100 de 1993.
Bien lo dijo esta Subsección en el fallo antes citado cuando al resolver el
asunto dijo:
“
Dicha obligación del demandante de efectuar la cotización obligatoria,
como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial, desarrolla los
principios de universalidad, solidaridad y sostenibilidad del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, previstos en la Constitución
Política y desarrollados en la Ley 100 de 1993.
Además, en razón del carácter parafiscal de la cotización al Sistema
General de Seguridad Social en salud, este gravamen no puede ser objeto
de transacción o negociación entre las partes de la relación laboral, por
ello, se itera que el beneficio otorgado al accionante en el artículo 4 de la
Resolución Nº 044585 del 18 de diciembre de 1991, es diferente de la
obligación legal de pagar los aportes a salud, acorde con lo previsto en la
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Ley 100 de 1993. Y en este orden de ideas, el debate en el sub lite no se
circunscribe a los beneficios convencionales percibidos por el actor quien
fue empleado público.
Por consiguiente, el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo
Social de Puertos de Colombia no debía agotar el trámite de la
Revocatoria Directa ni obtener el consentimiento del titular derecho
subjetivo para expedir la Resolución Nº 000134 del 2 de febrero de 2009,
como quiera este acto administrativo no conlleva a que el pensionado deje
de beneficiarse del servicio de salud previsto en la resolución de
reconocimiento pensional. Lo anterior significa que el señor Luis Rafael
Abuchaibe Abuchaibe sin que medie cotización, podrá utilizar los servicios
médicos que le brinda directamente su antiguo empleador, y de la misma
forma al cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con
cargo a su mesada pensional, para recibir los servicios del plan obligatorio
de salud del régimen contributivo.”
Por tal razón, contrario a lo afirmado por el A-quo, la entidad demandada no
debía agotar el trámite de revocatoria directa ni el consentimiento del titular
para proferir la Resolución 001388 del 23 de septiembre de 2008, luego que
no se traduce en que la pensionada deje de beneficiarse del servicio de salud,
pues se sigue favoreciendo del plan que le ofrece su empleador, pero debe
cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud en su condición de
pensionada.
Debe decirse que el criterio adoptado por el A-quo estaba en consonancia con
el emitido por la Subsección12 A de esta Sección Segunda, sin embargo, la
Sala se aparta de dicho criterio por estimar que desconoce la naturaleza
parafiscal del aporte en salud que debe hacer una pensionada como la señora
Luisa Antonia Pérez Jiménez, tal y como se ha expuesto en precedencia.
Asimismo, debe decirse que en cuanto al cuestionamiento del numeral
segundo del numeral segundo de la Resolución 001388 del 23 de septiembre
de 2008, esto es:
12 C.P.: Gabriel Valbuena Hernández, cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019), radicación número: 47001-23-
33-000-2014-00036-01(3886-15), Actor: Orlando Antonio Pomares, Demandado: Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
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No puede haber pronunciamiento en esta sede judicial, pues según se lee,
esto hizo parte de una actuación administrativa de la que hizo parte el auto No.
3092 de 2008, el cual como se sabe no fue censurado.
En estas condiciones, el acto objeto de demanda, no adolece de nulidad, y,
por lo tanto, se impone revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
2.6 Condena en costas.
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
[…]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se
hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará
en costas a la parte vencida.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico (sala decisión A), que accedió de manera parcial a
las súplicas de la demanda y en su lugar, negarán las pretensiones.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del veintidós (22) de marzo de dos mil
veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico (sala de
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decisión A), que declaró la nulidad de la Resolución 001388 del 23 de
septiembre de 2008, y en su lugar se:
SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. - Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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