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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00546-01

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00546-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia proferida el 18 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por Luis Miguel Olivares Agudelo contra el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Reconocer personería al abogado Camilo Villadiego Morales identificado con la cédula de ciudadanía 1.140.849.733 de Barranquilla y portador de la tarjeta profesional 308.098 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la Dirección Distrital de Liquidaciones de la Alcaldía de Barranquilla, con las facultades y para los fines establecidos en el poder que obra en el índice 2 de SAMAI. 18 Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023) Demandante: Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes enLuis la Miguel OlivaresSAMAI plataforma Agudelodel Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KGO 19

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-00546-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)
Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
Demandada: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla1

Tema: Reliquidación de prestaciones con la inclusión de la
bonificación por servicios prestados - régimen salarial
empleados públicos del orden territorial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 18 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B, por medio de la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1 En adelante DAMAB.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luis Miguel Olivares Agudelo presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio del 14 de octubre de 2015, mediante
el cual el DAMAB le negó el reconocimiento del 35% de la bonificación como
factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales de los años 2009,
2010, 2011 y 2012.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento del 35% de la bonificación como factor salarial, en
consecuencia, la reliquidación de las prestaciones sociales de los años 2009,
2010, 2011 y 2012; ii) el pago de la «indemnización moratoria hasta que se cumpla
con la obligación, por no haber realizado el pago completo y no haber incluido el 35% por
concepto de bonificación como factor salarial»; iii) el pago de los intereses moratorios;
iv) la indexación de las sumas que resultaren; v) el reajuste de las prestaciones
conforme con el IPC; y vi) la condena en costas y agencias en derecho a la
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luis Miguel Olivares Agudelo laboró en el DAMAB en el cargo de profesional
universitario, código 219, grado 02.

3.2. El 26 de agosto de 2015 solicitó el reconocimiento del 35% de la bonificación
como factor salarial, la reliquidación de las prestaciones sociales de los años
2009, 2010, 2011 y 2012 y la indemnización moratoria por el no pago del
emolumento.

3.3. A través del Oficio del 14 de octubre de 2015 proferido por el DAMAB se negó
la inclusión del 35% de la bonificación como factor salarial y la indemnización
moratoria, en los siguientes términos:

«[…] no le adeuda al reclamante dinero bajó ningún concepto y que si el reclamante no

2 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf
001 DEMANDA.
3 En adelante CPACA.

2

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

se encontraba de acuerdo con la liquidación final de cada Luis
Demandante: anualidad solicitada,
Miguel Olivares es decir
Agudelo
2009, 2010, 2011 y 2012, debió en ese momento utilizar los medios de defensa que
contempla la norma para controvertir la resolución mediante la cual la entidad
ambiental realiz[ó] la liquidación final de cada anualidad y solicitar que se le incluyan en
la misma, los factores y valores que según su criterio hacen falta.

[…]

En cuanto la indemnización moratoria por el no pago completo y oportuno de las
prestaciones sociales «tampoco hay lugar a ella, teniendo en cuenta que esta clase de
indemnización no son automáticas, que es necesario que se demuestre la mala fe de la
entidad, sin mencionar que la sanción moratoria por la consignación extemporánea del
auxilio de las cesantías ya fue tramitada ante las dependencias judiciales, por lo que no
hay lugar a reconocer nuevamente la sanción moratoria por la consignación
extemporánea de las cesantías, cuando esta pretensión ya fue discutida en otro
proceso.»

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 1 del
Decreto 1919 de 2002; 42 del Decreto 1045 de 1978; Decreto 4150 de 2004;
Decreto 022 de 2014; y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:

5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, pues
la entidad omitió incluir el 35% de la bonificación por servicios en la liquidación de
sus prestaciones sociales, con lo que desconoció su derecho previsto en los
decretos 1919 del 2002 y 1045 de 1978.

5.2. La entidad trasgredió el artículo 1 del Decreto 1919 de 2002, pues la
bonificación por servicios prestados es un factor salarial que se debe tener en
cuenta en la liquidación anual de las prestaciones sociales de los empleados del
DAMAB.

1.2. Contestación de la demanda

6. El DAMAB 5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
base en los siguientes argumentos:

6.1. En el acto administrativo demandado no se ordenó la reliquidación con la
inclusión de la bonificación por servicios prestados correspondiente a los años

4 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf
001 DEMANDA, visible a folio 6.

5 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf
009 CONTESTACION DEMANDA.
3

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

2009, 2010, 2011 y 2012. Lo anterior, sin Demandante:
considerarLuis
queMiguel Olivares
el pago Agudelofue
de esta
suspendido con la Circular 0034 del 14 de noviembre de 2008 expedida por la
Alcaldía Distrital de Barranquilla y solo con la Resolución 0103 del 25 de enero de
2013 se reconoció nuevamente de manera retroactiva a los empleados del
DAMAB.

6.2. El acto administrativo demandado fue expedido de acuerdo con los postulados
constitucionales y legales, pues no era viable incluir la bonificación por servicios
para reliquidar las prestaciones sociales en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

6.3. Propuso las excepciones denominadas: i) «la solicitud de reconocimiento y pago
de la reliquidación de las prestaciones sociales de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 para
incluir el porcentaje correspondiente a la bonificación por año de servicio prestado, se
encuentran parcialmente prescritos»; ii) cobro de lo no debido; iii) «la sanción moratoria
y/o indemnización moratoria solicitada por el demandante no tiene cabida jurídica por no
cumplir de manera objetiva el fin jurídico con que fue creado»; iv) «es aplicable el principio
de buena fe, por existir razones atendibles que eximen para el pago de la sanción
moratoria»; v) «la entidad ambiental no se encuentra obligada a lo imposible»; vi) «opera
parcialmente el fenómeno de la prescripción para solicitar el reconocimiento de la sanción
moratoria por la consignación incompleta del auxilio de cesantías de los años 2009, 2010,
2011 y 2012»; y vii) genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral,
Sección B, en sentencia proferida el 18 de junio de 20216 accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la
demandada, con sustento en los siguientes argumentos:

7.1. En el asunto bajo estudio no se encuentra en discusión el derecho del
demandante a percibir la bonificación por servicios prestados prevista en el
Decreto 1042 de 1978, comoquiera que, a través de la Resolución 0103 del 25 de
enero de 2013, la entidad demandada le reconoció el pago de este concepto a los
funcionarios activos e inactivos por los años 2009, 2010, 2011 y 2012, acto
administrativo que goza de plena presunción de legalidad.

7.2. En ese sentido y en consideración a que al demandante le fue reconocido
dicho emolumento que «constituye factor salarial, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1972, y habiéndose aplicado las disposiciones del
antedicho cuerpo normativo al demandante para reconocer y pagar a su favor la
bonificación por servicios prestados, lo cierto es que atendiendo al principio de

6 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

025 SENTENCIA.

4

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

inescindibilidad de la norma, debe incluirse dicho concepto
Demandante:como factor Olivares
Luis Miguel salarial en el pago
Agudelo
de las prestaciones sociales que hayan sido generadas durante los años 2009, 2010,
2011 y 2012, en el porcentaje que fue reconocido al demandante mediante la Resolución
No. 0103 de 25 de enero de 2013 expedida por la Directora General del DAMAB».

7.3. No es procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no
haberse incluido el 35% de la bonificación por servicios como factor salarial en la
liquidación de las prestaciones sociales, pues la obligación se originó con la
Resolución 0103 del 25 de enero de 2013.

7.4. Declaró probada la excepción de prescripción frente al derecho a la
reliquidación de las prestaciones sociales causadas antes del 26 de agosto de
2012, de conformidad con el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral,
puesto que la reclamación administrativa se presentó ante el DAMAB el 26 de
agosto de 2015.

7.5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, en un proceso con supuestos fácticos
similares al sub judice7, precisó que el régimen salarial establecido en el Decreto
1042 de 1978, es de aplicación exclusiva de los empleados del orden nacional, por
lo que no era procedente reconocer la bonificación por servicios; no obstante, en
atención al principio de la no reformartio in pejus, resolvió confirmar la sentencia
que accedió parcialmente las pretensiones. Pese a lo anterior, ese único
pronunciamiento no constituye precedente jurisprudencial de obligatoria
aplicación, teniendo en cuenta que el «cargo medular de la demanda difiere [del]
estudio de legalidad» del reconocimiento de la mencionada bonificación a los
empleados del orden territorial.

7.6. De acuerdo con la Resolución 238 del 29 de diciembre de 2017, con la cual se
declaró la terminación de la existencia legal del DAMAB, la Dirección Distrital de
Liquidaciones asumió las situaciones jurídicas no definidas del DAMAB. Por lo
anterior, es esta última entidad la encargada de cumplir con la orden impartida en
el presente asunto.

1.4. El recurso de apelación

8. La parte demandada interpuso recurso de apelación8, el cual sustentó así:

8.1. La bonificación por servicios se reconoce al empleado cada vez que cumple un
año continúo de labor en una entidad oficial, la cual, de acuerdo con el artículo 9
del Decreto 660 de 2002, es equivalente al 50 % del valor conjunto de la

7
Sentencia del 5 de noviembre de 2020, proferida en el expediente con radicado 08001-23-33-000-
2016-00545-01 C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
8 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

028 REC.APELACION

5

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante:
asignación básica, los incrementos por antigüedad y losLuis Miguelde
gastos Olivares Agudelo
representación
de los que es acreedor el funcionario en la fecha en que se cause el derecho a
percibirla.

8.2. La bonificación por servicios prestados solo es aplicable a los funcionarios que
se indican en el artículo 1° del Decreto 1042 de 1978, esto es, «[…] los empleados
públicos que desempeñan las distintas categorías de empleos de los ministerios,
departamentos, administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional […]», salvo las excepciones que
establece la propia normatividad.

8.3. Deacuerdo con el artículo 12 de la Ley 4 de 1992, la competencia para
establecer el régimen prestacional y salarial de los servidores públicos de las
entidades territoriales se encuentra en cabeza del gobierno nacional, de
conformidad con las leyes marco que dicte el legislativo. En tal sentido, las
corporaciones públicas del orden territorial no ostentan dicha potestad.

8.4. El Decreto 1919 de 2002 «[p]or el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales
para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los
trabajadores oficiales del nivel territorial», dispuso una homologación en materia de
prestaciones sociales en el orden local con el sector nacional, de manera que en
el sector territorial no es procedente el reconocimiento de prestaciones diferentes
de las ordenadas para los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder
público del orden nacional.

8.5. El Consejo de Estado en su jurisprudencia ha expresado que con la entrada en
vigencia del Decreto 1919 de 2002 se extendió a todos los empleados públicos
vinculados a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama
Ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, la aplicación del
régimen de prestaciones sociales previsto para los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional en los Decretos 1042 y 1045
de 1978, sin embargo, debe entenderse que los efectos de este solo son en
relación con el régimen de prestaciones sociales, esto es, su aplicación no puede
ampliarse a los factores salariales.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que
los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5
del artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

6

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
2. Consideraciones

11. Se contrae a establecer ¿si Luis Miguel Olivares Agudelo, en calidad de
empleado público de la Rama Ejecutiva del orden territorial, tiene derecho a la
reliquidación de las prestaciones sociales causadas en los años 2009, 2010, 2011
y 2012, con la inclusión de la bonificación por servicios prestados de conformidad
con los Decretos 1042 y 1045 de 1978 y 1919 de 2002?

2.2. Marco normativo

2.2.1. La bonificación por servicios prestados

12. El Decreto 1042 de 19789 creó la bonificación por servicios para los empleados
públicos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden
nacional, así:

«Artículo 45. A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación por
servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año
continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario
pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1.º de este decreto, el
tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y
pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se
entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la
nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.»

«ARTÍCULO 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados.
La bonificación por servicios prestados será equivalente al veinticinco por ciento de la
asignación básica que esté señalada por la ley para el cargo que ocupe el funcionario
en la fecha en que se cause el derecho a percibirla.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio.
Cuando el funcionario perciba los incrementos de salario por antigüedad a que se
refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto, la bonificación será equivalente al
veinticinco por ciento del valor conjunto de la asignación básica y de dichos
incrementos.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia C-402 de 2013.»

13. De acuerdo con las disposiciones transcritas se establece que esta bonificación
se reconoce al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una
misma entidad oficial; incluso, habrá lugar a la prestación cuando el servidor pase

9 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».

7

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante:
de un organismo a otro, siempre que no haya Luis de
solución Miguel Olivares
continuidadAgudelo
en el
servicio, lo cual se entiende cuando no median más de 15 días hábiles entre el
retiro y la fecha de la nueva posesión.

14. Porsu parte, el artículo 42 ibidem señaló que la bonificación por servicios
prestados constituiría factor de salario, así:

«Artículo 42.- De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la
ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las
sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios.

Son factores de salario:

a) Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este
Decreto.
b) Los gastos de representación.
c) La prima técnica.
d) El auxilio de transporte.
e) El auxilio de alimentación.
f) La prima de servicio.
g) La bonificación por servicios prestados.
h) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión.»

15. Como se expuso, solo son destinatarios de esta prestación económica los
funcionarios enunciados en el artículo 1 ibidem, esto es los que «desempeñen las
distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del
orden nacional» [se resalta].

16. Ahora bien, a través del artículo 12 de la Ley 4 de 1992, el legislador le asignó
al gobierno nacional la competencia para que, con base en las normas, los
criterios y los objetivos contenidos en esa ley, estableciera el régimen prestacional
de los servidores públicos de las entidades territoriales, asimismo, de manera
expresa precisó que «no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad».

17. En cumplimiento del mencionado deber, el gobierno nacional expidió el Decreto
1919 de 2002 «[p]or el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los
empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores
oficiales del nivel territorial», en el cual dispuso:

«Artículo 1.° A partir de la vigencia del presente decreto todos los empleados públicos
vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la
Rama Ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, a las asambleas
departamentales, a los concejos distritales y municipales, a las contralorías
territoriales, a las personerías distritales y municipales, a las veedurías, así como el
personal administrativo de empleados públicos de las juntas administradoras locales,

8

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

de las instituciones de educación superior, de las instituciones
Demandante: de Olivares
educaciónAgudelo
Luis Miguel primaria,
secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales
señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional.

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base
en los factores para ellas establecidas.» [se resalta]

18. Lasanteriores disposiciones, deben ser leídas de manera armónica con lo
señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-315 de 1995, en la cual
declaró exequible el mencionado artículo 12 de la Ley 4 de 1992 bajo el entendido
de que «las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación
del régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional
mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los
empleados públicos de las entidades territoriales». Lo anterior, puesto que, la
atribución general que ostenta el Congreso de la República para dictar normas
generales sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos
territoriales10, no puede desconocer las competencias que el constituyente confió
en las autoridades locales para efectos de determinar la estructura de sus
administraciones, fijar las escalas salariales y crear los emolumentos de los
servidores del nivel territorial11.

19. Así las cosas, por medio del citado decreto se extendió al nivel territorial el
régimen prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden
nacional que se encuentra contenido, entre otros, en el Decreto 1042 de 1978. Al
respecto, es importante precisar que esta homologación tiene alcance solo frente
a las prestaciones sociales, entendidas como los «pagos adicionales o
complementarios al salario básico que tienen como propósito ayudar a cubrir o solventar
las "vicisitudes de la vida", cuando ella le hace al trabajador exigencias que no resultaban
cubiertas con los salarios básicos que la sociedad ofrecía a sus trabajadores12», es decir,
que no se refiere a aquella remuneración que recibe el trabajador como
contraprestación directa por su servicio, puesto que la competencia para
determinar esos factores salariales la ostentan las autoridades locales en el nivel
territorial, claro está, dentro del marco establecido por el Congreso de la República
y el gobierno nacional.

20. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-402
de 201313, resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión «del
orden nacional» contenida en el artículo 1 del Decreto 1042 de 1978, al considerar

10
Artículos 150 y 287 de la Constitución Política.
11
Artículos 287, 300, 305, 313 y 315 de la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, sentencia C-244 de 2013.
13 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

9

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

que conllevaba una discriminación injustificadaDemandante: Luis Miguel
entre los Olivares
servidores Agudelodel
públicos
orden nacional y territorial, en cuanto a las prestaciones económicas reguladas en
el ordenamiento jurídico.

21. En esa oportunidad, el tribunal constitucional declaró exequible la norma
acusada, al considerar que: i) la determinación del régimen salarial de los
servidores públicos del orden territorial, responde a una fórmula de armonización
entre el principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la norma superior
reconoce a las entidades locales, en concordancia con el marco y topes previstos
en la Ley marco 4 de 1992; ii) es improcedente el juicio de igualdad entre sus
prestaciones, en consideración a que no son equiparables y responden cada uno
de ellos a los requerimientos específicos del orden o entidad de que se traten, el
grado de responsabilidad y calificación profesional requerida, lo que resulta
particularmente importante para el caso analizado, así se trate de empleos del
orden nacional o territorial; y iii) se configuraría un exceso en el ejercicio de las
facultades extraordinarias conferidas para la expedición de la norma acusada.

22. Sobre el particular, el Consejo de Estado14 ha indicado que la aplicación del
régimen salarial establecido para los empleados públicos de la rama ejecutiva del
orden nacional previsto en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, en consideración a
la calidad del factor salarial de la bonificación por servicios, no puede ampliarse a
los empleados de las entidades descentralizadas de los entes territoriales, por
cuanto, como se explicó, lo único que se amplió para el orden territorial es en
relación con el régimen de las prestaciones sociales.

23. De acuerdo con lo expuesto, el artículo 1 del Decreto 1919 del 2002, extendió el
régimen prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden
nacional a los del nivel territorial, lo cual no puede leerse, bajo el entendido de que
también eran beneficiarios de los factores salariales dispuestos de manera
expresa para los primeros, como los previstos en el artículo 42 del Decreto 1042
de 1978, pues ello constituiría un exceso en el ejercicio de las facultades
extraordinarias otorgadas al gobierno.

24. Con posterioridad, se expidió el Decreto 2418 de 2015, « [p]or el cual se regula la
bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial», a
quienes, a partir del 1° de enero de 2016, cada vez que cumplan un año continuo
de labor en una misma entidad pública tendrán el derecho a percibirla. Esto, al
considerar que el Decreto 1042 de 1978, de conformidad con lo señalado en su
artículo 1 y en la sentencia C-402 de 2013, es aplicable únicamente a los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, rad.

08001-23-33-000-2016-00558-01(3718-19), C.P. William Hernández Gómez; y de la Subsección B,
sentencia del 25 de noviembre del 2021, rad. 08001-23-33-000-2016-00592-01(4901-17), C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter

10

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
25. En consecuencia, el derecho a percibir la bonificación por servicios es exigible
para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden territorial a partir de
la vigencia del Decreto 2418 de 2015.

2.3. Caso concreto

26. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

26.1. El 26 de agosto de 201515, Luis Miguel Olivares Agudelo en condición de
empleado solicitó ante el DAMAB lo siguiente:

«[…] 1.1. Expedir el acto administrativo correspondiente ordenando el reconocimiento y
pago a favor del LUIS MIGUEL OLIVARES AGUDELO, que la entidad le adeuda al
firmante por concepto de indemnización por no haber incluido todos los factores
salariales, especialmente el 35% del salario, correspondiente a las vigencias 2009,
2010, 2011 y 2012.

1.2. Que se incluya el 35% de los salarios en la liquidación final de mis prestaciones
sociales, léase, cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios, vacaciones,
prima de vacaciones, prima de navidad, vacaciones por recreación y como
consecuencia de lo anterior, se ordene el reconocimiento y pago de las diferencias
resultantes, como también la indemnización moratoria (es decir, un día de salario,
hasta que se cumpla la obligación), por el no pago completo y oportuno de mis
prestaciones sociales. […]

26.2. El 14 de octubre de 201516 con oficio sin número la directora general del
DAMAB negó la solicitud en los siguientes términos:

«[…] En cuanto a que se incluya el 35% de los salarios en la liquidación final de sus
prestaciones sociales y el pago de la diferencia que resultare, se tiene que no hay lugar
a la misma teniendo en cuenta que tal y como se afirma en el acápite anterior el
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla -
DAMAB, no le adeuda al reclamante dinero alguno bajo ningún concepto y que si el
reclamante no se encontraba de acuerdo con la liquidación final de cada anualidad
solicitada, es decir 2009, 2010, 2011 y 2012, debió en ese momento utilizar los medios
de defensa que contempla la norma para controvertir la resolución mediante la cual la
entidad ambiental realizó la liquidación final de cada anualidad y solicitar que se le
incluyeran en la misma, los factores y valores que según su criterio hiciesen falta.

En cuanto a la indemnización moratoria por el no pago completo y oportuno de las
prestaciones sociales, tenemos que tampoco hay lugar a ella, teniendo en cuenta que
esta clase de indemnización no son automáticas, que es necesario que se demuestre
la mala fe de la entidad, sin mencionar que la sanción moratoria por la consignación

15 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

002 RECLAMACIONES ADM, visible a folios 1 y 2.
16 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

002 RECLAMACIONES ADM, visible a folios 3 y 4.

11

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

extemporánea del auxilio de las cesantías ya fue tramitado
Demandante: ante las
Luis Miguel dependencias
Olivares Agudelo
judiciales, por lo que no hay lugar a reconocer nuevamente la sanción moratoria por la
consignación extemporánea de las cesantías, cuando esta pretensión ya fue discutida
en otro proceso. […]»

26.3. Constancia del 12 de agosto de 201517, proferido por el subdirector financiero
del DAMAB, en el cual se indica «las fechas de pagos de las bonificaciones
correspondiente al 35%» así:

VIGENCIA FECHA DE PAGO COMPROBANTE VALOR
2009 24 de enero de 2013 TRF-07-035 790.091.00
2010 7 de febrero de 2013 TRF-07-085 817.744.00
2011 18 de febrero de 2014 02-1423 850.454.00
2012 16 de septiembre de 2013 02-839 884.472.00

26.4. Certificado
del 22 de julio de 2015 expedido por el jefe de la oficina de
recursos humanos del DAMAB, en el cual se indican los cargos desempeñados
por el demandante durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2012
así:

«[…] Que revisada la hoja de vida del funcionario LUIS MIGUEL OLIVARES
AGUDELO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72,167,094 expedida en
Barranquilla (Atlántico), se constató:

Que mediante Resolución No. 0544 de abril 20 del 2007, fue nombrado en
provisionalidad en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, código 219 grado 02
de la Subdirección Jurídica y posesionado el día 20 de abril de 2007.

Que para la vigencia 2009, ocupaba el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, código
219 grado 02, con una asignación mensual de DOS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M.L. ($2,257,402,00).

Que para la vigencia 2010, ocupaba el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, código
219 grado 02, con una asignación mensual de DOS MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M.L. ($2,336,411,00).

Que para la vigencia 2011, ocupaba el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, código
219 grado 02, con una asignación mensual de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L.
($2.429.868,00).

Que para la vigencia 2012, ocupaba el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, código
219 grado 02, con una asignación mensual de DOS MILLONES QUINIENTOS
VEINTISIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS M.L. ($2.527.062,00). […]»

26.5. Resolución 0103 del 25 de enero de 201318, suscrita por la directora general
del DAMAB en la cual se reconoció el pago por concepto de bonificación por

17 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

002 RECLAMACIONES ADM, visible a folio 5.

12

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante:eLuis
servicios prestados a los funcionarios activos Miguel Olivares
inactivos del Agudelo
DAMAB,
correspondiente a los años 2009, 2010, 2011, 2012 y siguientes, de acuerdo con
lo señalado en el Decreto Ley 1042 de 1978, y la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subdirección B, expedida en el expediente 15001233
00020000269801, número interno 7528-05, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

26.6. Acuerdo 0001 del 2 de diciembre de 201019, proferido por el presidente y el
secretario del Consejo Directivo del DAMAB, por medio del cual se aprobó el
presupuesto de rentas y gastos de ese departamento para la vigencia fiscal de
2011.

26.7. Resolución 2158 del 26 de diciembre de 201120, expedida por el director
general del DAMAB, mediante la cual se liquidó el presupuesto general de rentas y
gastos para la vigencia fiscal del 1° enero al 31 de diciembre de 2012.

26.8. Resolución 2388 del 13 de diciembre de 201221, proferida por la directora
general del DAMAB, a través de la cual se liquidó el presupuesto general de
rentas y gastos para la vigencia fiscal del 1° enero al diciembre 31 del 2013.

26.9. Resolución 2262 del 20 de diciembre de 201322, suscrita por la directora
general del DAMAB, en la cual se liquidó el presupuesto general de rentas y
gastos para la vigencia fiscal del del 1° enero al diciembre 31 del 2014.

2.4. Análisis sustancial

27. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó al DAMAB en
liquidación, Dirección Distrital de Liquidaciones, el reconocimiento y pago de la
reliquidación de las prestaciones sociales que se generaron a favor de Luis Miguel
Olivares Agudelo, por el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2012 y el
31 de diciembre de 2012.

28. La entidad demandada presentó recurso de apelación con el fin de que se
revocara la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar
que de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1042 de 1978 la bonificación por
servicios prestados se estableció solamente para los empleados del orden

18 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

004 PRUEBAS, visible a folio 22 a 24.
19 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

004 PRUEBAS, visible a folio 25 a 31.
20 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

004 PRUEBAS, visible a folio 32 a 36.
21 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

004 PRUEBAS, visible a folio 37 a 41.
22 Samai, índice 2, expediente digital, ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_952023(.zip) NroActua 2, pdf

004 PRUEBAS, visible a folio 43 a 45.

13

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

nacional. Además, si bien el Decreto 1919 de Demandante:
2002Luis Miguel el
extendió Olivares Agudelo de
régimen
prestaciones sociales señalado para los empleados públicos del orden nacional a
los del nivel territorial, este no tuvo alcance en el régimen salarial.

29. Con el fin de resolver el reproche planteado en el recurso objeto de estudio, es
importante precisar que el demandante pretende la reliquidación de las
prestaciones sociales causadas durante el período comprendido entre los años
2009 y 2012 con la inclusión de la bonificación por servicios prestados.

30. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se
advierte que el DAMAB fue un establecimiento público del orden distrital23 adscrito
al despacho del alcalde, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, por lo que Luis Miguel Olivares Agudelo tenía la calidad de
empleado público del orden territorial.

31. Al respecto, como se indicó en el acápite precedente, si bien el artículo 1 del
Decreto 1919 de 2002 extendió el régimen prestacional de los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los del nivel territorial, lo cierto es que la
bonificación por servicios fue prevista como factor salarial en el artículo 42.g del
Decreto 1042 de 1978, por lo que no es procedente concluir que, con ocasión de
la primera norma en mención los servidores del orden departamental, distrital o
municipal se hicieron acreedores de esta prestación, puesto que el alcance de esa
homologación se limita a las prestaciones sociales, clasificación dentro de la cual
no se encuentra la referida bonificación por servicios.

32. Ahora bien, el acto objeto de reproche resolvió la reclamación presentada por el
demandante a través de la cual pretendió el pago por «concepto de indemnización
por no haber incluido todos los factores salariales, especialmente el 35% del salario
correspondiente a las vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012» y la reliquidación de las
prestaciones sociales de las mencionadas anualidades, por cuanto el artículo 42
del Decreto 1045 de 1978 establece la bonificación por servicios como factor
salarial. La anterior solicitud fue negada a través del acto del cual se pretende la
nulidad.

33. Se advierte que a través de la Resolución 0103 del 25 de enero de 2013, la
directora del DAMAB reconoció «el pago por concepto de bonificación por servicios
prestados a los funcionarios activos e inactivos del Damab, correspondiente a los años
2009, 2010, 2011, 2012 y s.s., teniendo en cuenta lo señalado en el Decreto Ley 1042 de
1978, y la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Referencia
15001233 00020000269801, número interno 7528-05, Consejero Ponente, Alejandro
Ordoñez Maldonado». De acuerdo con la motivación contenida en el acto en
mención, el reconocimiento tuvo como sustento la jurisprudencia del Consejo de
Estado según la cual, debía inaplicarse la expresión « del orden nacional» de las

23
Acuerdo 008 del 6 de junio de 2008 suscrito por el Concejo distrital de Barranquilla.

14

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante:
normas que regulan los salarios y prestaciones de los Luis Miguel Olivares
empleados Agudelo
nacionales para
así, reconocer estas prestaciones a los empleados territoriales.

34. En relación con el anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional en la
sentencia C-402 de 2013 declaró exequible la expresión «del orden nacional»
contenida en el Decreto 1042 de 1978, al concluir que «exigir que el Decreto
acusado tenga alcance no solo para los servidores públicos del orden nacional, sino
también para aquellos adscritos al nivel territorial, configuraría un exceso en el ejercicio de
las facultades extraordinarias conferidas para la expedición de la norma acusada». En la
medida en que esta decisión fue proferida en el marco del control de
constitucionalidad en abstracto, tiene efectos erga omnes y «carácter obligatorio
general, oponible a todas las personas y a las autoridades públicas, sin excepción
alguna24», por lo que, la interpretación y aplicación de esta, no puede
desconocerla.

35. De otra parte, de acuerdo con lo expuesto en el concepto de violación, el
demandante considera que con el acto demandado la entidad desconoció lo
dispuesto en el Decreto 1919 de 2002, sin embargo, como se explicó en el marco
normativo de esta providencia, esa norma se limitó a extender al nivel territorial el
régimen prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden
nacional, esto es, no habilitó el reconocimiento de emolumentos salariales como el
de la bonificación por servicios prevista en el Decreto 1042 de 1978 a los
servidores de las entidades territoriales.

36. Así las cosas, en consideración a que Luis Miguel Olivares Agudelo se
encontraba vinculado al DAMAB, establecimiento público del orden distrital dotado
de personería jurídica, autonomía presupuestal y patrimonio propio, y ante la falta
de fundamento legal que lo hiciera acreedor de la bonificación por servicios en la
que sustentó las pretensiones de reliquidación e indemnización en el presente
asunto, la sala concluye que no le asiste derecho a la reliquidación de las
prestaciones causadas durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012 con la inclusión
del mencionado emolumento. Esta conclusión, se encuentra en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992, según el cual «[t]odo régimen
salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en
la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la
misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos» [Se resalta].

37. Adicionalmente, se advierte que aunque en la Resolución 0103 del 25 de enero
de 2013 se indicó que el reconocimiento de la bonificación por servicios se dio en
cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del
expediente con radicado 15001233 00020000269801, lo cierto es que, en ese
asunto se efectuó el control de legalidad de un acto administrativo que negó «el
reconocimiento y pago de recargo nocturno, horas extras, dominicales, festivos y

24
Corte Constitucional, sentencia C-600 de 1998.

15

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

compensatorios, subsidio familiar, prima de alimentación y Luis
Demandante:dotación deOlivares
Miguel calzado y vestido
Agudelo
de labor»; es decir, dicha providencia no resultaba aplicable puesto que en
consideración al medio de control en el que se profirió sus efectos fueron inter
partes y porque no podía ser tenida en cuenta como un antecedente, en la medida
en que no se discutió el reconocimiento del factor en disputa ni con supuestos
fácticos similares.

38. Finalmente, se advierte que la Sala no desconoce el mandato constitucional
contenido en el artículo 53 de la Carta, según el cual, el operador judicial deberá
aplicar la interpretación o la norma más favorable al trabajador. En ese mismo
sentido la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente25:

«De otra parte, considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el
trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio
de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino
también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es
más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla.
En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los
siguientes términos: "situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe
incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla
regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención
colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las
normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La
favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de
distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando
existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe
ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma
lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.»

39. Aunado a que la posición vigente de esta Corporación 26 ha sido enfática en
señalar que el artículo 1 del Decreto 1919 del 2002, extendió el régimen
prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional a
los del nivel territorial, más no el que deba tenerse en cuenta como factor salarial
la bonificación por servicios prestados que prevé el artículo 42 del Decreto 1042
de 1978. En efecto, en igual sentido lo consideró recientemente esta subsección
en un asunto similar a lo expuesto en esta decisión, en la que consideró que «la
bonificación por servicios prestados [reclamada] como factor salarial para liquidar sus
prestaciones sociales, [tiene una] naturaleza […] propia de los empleados públicos del
orden nacional27».

25 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 1995

26Sentencias del 1° de junio de 2023, radicado 08001233300020160055701(0512-2021), M.P.
Juan Enrique Bedoya; 30 de junio de 2022, radicado 08001233300020160055901(1860-2021),
M.P. William Hernández Gómez; 5 de mayo de 2020, radicado 08001233300020120034201(1097-
2014), M.P. Cesar Palomino Cortés
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1° de junio de 2023,
radicado 08001-23-33-000-2016-00557-01 (0512-2021), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
16

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante: Luis Miguel Olivares Agudelo
40. Por lo anterior, Luis Miguel Olivares Agudelo, en calidad de empleado público
vinculado a la Rama Ejecutiva del orden distrital no tenía derecho a percibir la
bonificación por servicios prestados de que trata el artículo 45 del Decreto 1042 de
1978 y por ende a que se le reliquidaran las prestaciones sociales con su
inclusión, pues según se expuso en precedencia, dicho emolumento se constituyó
como factor salarial para los empleados públicos del orden nacional. En
consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida el 18 de junio de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral,
Sección B, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

2.6. Costas

41. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

42. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

43. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.

44. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

45. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el

28
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

17

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante:
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de Luis Miguel en
condenar Olivares Agudelo
costas.

3. Reconocimiento de personería y renuncia al poder

46. Se reconocerá personería al abogado Camilo Villadiego Morales identificado
con la cédula de ciudadanía 1.140.849.733 de Barranquilla y portador de la tarjeta
profesional 308.098 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado de la Dirección Distrital de Liquidaciones de la Alcaldía de Barranquilla,
con las facultades y para los fines establecidos en el poder que obra en el índice 2
de SAMAI, archivo denominado «028. REC.APELACION-DEIP BQUILLA».
4. Conclusión

47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Luis Miguel Olivares
Agudelo, en calidad de empleado público vinculado a la Rama Ejecutiva del orden
distrital, no tenía derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales causadas
en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, con la inclusión de la bonificación por
servicios prestados con fundamento en los Decretos 1042 y 1045 de 1978 y 1919
de 2002.

48. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 18 de junio de 2021
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral,
Sección B, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 18 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Despacho 003, Sala de Decisión Oral, Sección B,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
proceso promovido por Luis Miguel Olivares Agudelo contra el Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Reconocer personería al abogado Camilo Villadiego Morales
identificado con la cédula de ciudadanía 1.140.849.733 de Barranquilla y portador
de la tarjeta profesional 308.098 del Consejo Superior de la Judicatura, para
actuar como apoderado de la Dirección Distrital de Liquidaciones de la Alcaldía de
Barranquilla, con las facultades y para los fines establecidos en el poder que obra
en el índice 2 de SAMAI.

18

Radicado: 08001-23-33-000-2016-00546-01 (3821-2023)

Demandante:
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes enLuis
la Miguel OlivaresSAMAI
plataforma Agudelodel
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KGO

19

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