Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00563-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00563-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00563-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
3 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2016-00563-01 (2062-2018)
Demandante : Antonio Rafael Marshall González
Demandada : Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
como sucesor procesal del Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
(Damab)1
Tema : Reconocimiento de bonificación por servicios prestados
como factor salarial en liquidación de prestaciones
sociales y sanción moratoria
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 20 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 8). El señor Antonio Rafael Marshall González,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el entonces
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
(Damab) en Liquidación, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio de 14 de diciembre de 2015,
expedido por la directora del extinguido Damab, por el cual se le negó al actor
la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de la bonificación
por servicios prestados como factor salarial.
1
Mediante auto de 13 de noviembre de 2019 (f. 273), se aceptó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla (Atlántico) como sucesor procesal del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente
de Barranquilla (Damab), toda vez que la liquidación de este culminó el 29 de diciembre de 2017, de acuerdo
con la Resolución 238 de esa fecha y del acta 3 (ordinal 3) de la junta liquidadora de dicha entidad, de
conformidad con la que «[…] la defensa jurídica de los procesos judiciales en los que actúa como demandante
y demandado el DAMAB en Liquidación, sea asumida por el Distrito de Barranquilla […] con apoyo de la
DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES […]» (sic).
Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
A título de restablecimiento del derecho, se ordene al accionado que reajuste
dichas prestaciones sociales con inclusión del 35% de la bonificación por
servicios prestados como factor salarial, para los años 2009 a 2012; y se le
condene al pago de «[…] las diferencias resultantes, [y] […] la indemnización
moratoria hasta que se cumpla con la obligación, por no haber realizado el
pago completo […]», valores que deberán ser indexados conforme al índice de
precios al consumidor (IPC), junto con el reconocimiento de los intereses
moratorios y la condena en costas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que «[…] labora para la
entidad […] en el cargo de profesional universitario», la que «[…] omitió
incluir el 35% de la bonificación como factor salarial al momento de liquidar
sus prestaciones».
Que el 16 de octubre de 2015 «[…] present[ó] […] reclamación para […]
obtener el reconocimiento por no incluir en la liquidación final la bonificación
del 35% del salario correspondiente a las vigencias 2009 […] [a] 2012»,
negado con el acto acusado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 53 de la
Constitución Política, 45 del Decreto 1042 de 1978, 1 del Decreto 1919 de 2002
y 127 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), así como los Decretos 4150 de
2004 y 22 de 2014 y la Resolución 103 de 2013, expedida por el Damab.
Arguye que, a partir de la entrada en vigor del artículo 1º. del Decreto 1919 de
2002, «[…] la bonificación por servicios prestados es un factor salarial que se
debe tener en cuenta al momento de liquidar la anualidad de un trabajador.
Del aparte del artículo 127 del C.S. del T. que entre los factores que se
constituyen en salario se encuentra la bonificación habitual, que es un deber
del empleador incluirla al momento de liquidar, ahora bien en el presupuesto
general de rentas y gastos de la entidad […] en cada una de sus vigencia[s] se
encuentra[n] plasmadas y constituida[s] la[s] bonificaciones por servicios
prestados, siendo habitual y permanente, en cada anualidad […]» (sic); por lo
tanto, le asiste el derecho a dicho reconocimiento.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 98 a 114). El accionado contestó el libelo
introductorio con oposición a sus pretensiones; y respecto de los hechos dijo
que algunos son ciertos, otros no y los demás no le constan, por lo que deben
probarse. Formula las excepciones denominadas (i) la solicitud de
reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones sociales de 2009
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
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Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
a 2012 para incluir el porcentaje correspondiente a la bonificación por año de
servicios prestados, se encuentra prescrito; (ii) cobro de lo no debido; (iii) la
sanción moratoria reclamada no tiene cabida jurídica por no cumplir de manera
objetiva el fin jurídico con que fue creada; (iv) es aplicable el principio de buena
fe, por existir razones atendibles que eximen del pago de la sanción moratoria;
(v) la entidad ambiental no se encuentra obligada a lo imposible; y (vi) opera el
fenómeno de la prescripción para pedir el reconocimiento de la sanción
moratoria por la consignación incompleta del auxilio de cesantías de 2009 a
2012.
Asevera que «[…] ya realiz[ó] la reliquidación de las prestaciones sociales
incluyendo el porcentaje correspondiente a la bonificación por año de servicios
prestados (derechos prestacionales a los cuales les oper[ó] el fenómeno de la
prescripción para solicitar su pago) y en cuanto al auxilio de cesantías en la
anualidad 2013 el DAMAB hoy en liquidación consign[ó] en el fondo de cada
uno de los empleados el valor adicional por concepto de bonificación por año
de servicio prestado el auxilio de cesantías de los años 2009, 2010 y 2012, con
respecto al año 2011 el porcentaje faltante correspondiente a la bonificación
por año de servicios prestados se incluyó en la liquidación y pago del auxilio
de cesantías del 2014 […] para los años posteriores se siguió incluyendo el
valor de la bonificación en la liquidación de cada una de las prestaciones
sociales, […] es decir que en la actualidad la entidad ambiental no adeuda
valor alguno, bajo ningún concepto al demandante».
1.6 La providencia apelada (ff. 195 a 210). El Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante sentencia de 20 de octubre de 2017, accedió de manera
parcial a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), toda vez que «[…]
Se le debe reconocer al actor el 35% de la bonificación, como factor salarial
correspondiente a las vigencias 2009, 2010. 2011 y 2012» (sic).
Que «[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del [D]ecreto 1042
de 1978 la bonificación por servicios prestados constituye factor salarial, por
lo que al haberse aplicado por parte de la entidad demandada al hoy actor, las
normas del mencionado decreto que crean la bonificación por servicios
prestados, debe entonces, y atendiendo al principio de inescindibilidad de la
norma, incluírsele dicho concepto como factor salarial en el pago de sus
prestaciones sociales que hayan sido generadas durante los años 2009 […] [a]
2012 en el porcentaje que fue reconocida […] mediante la [R]esolución No.
0103 de 25 de enero de 2013 […]».
Sostiene que «[…] en lo concerniente a la pretensión de sanción moratoria
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
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Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
impetrada por el demandante, tiene la Sala para decir que esta [no] procede,
toda vez que para los años 2009 […] [a] 2012 no se había reconocido dicha
bonificación […] por lo que al no encontrarse contemplado dicho concepto
dentro de los factores de salario propios de los empleados de ese organismo,
no era deber de la demandada incluirlo como factor computable para la
liquidación de los auxilios de cesantías que por esas anualidades se generaron
en favor del [actor] […] luego entonces no es dable concluir que existió pago o
consignación incompleta de los auxilios de cesantías antes mencionados, pues
para ese momento la bonificación […] no se encontraba reconocida y por tal
razón no debía incluirse en la liquidación de la tal prestación» (sic).
En lo atañedero al fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, advierte que
«[…] contados 3 años retrospectivamente desde la fecha en que el demandante
presentó solicitud ante el DAMAB a fin de reclamar la reliquidación de sus
prestaciones sociales, vale decir 16 de octubre de 2015, los derechos a
reliquidación de prestaciones sociales que se generaron antes del 16 de octubre
de 2012 se encuentran prescritos, siendo dable reconocer los concernientes al
periodo 16 de octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año».
1.7 El recurso de apelación ((ff. 216 a 222). El demandante, mediante
apoderado, interpuso recurso de apelación (parcial), al estimar que «[s]i bien
[es] cierto que para los años 2009 […] [a] 2012 la bonificación por servicios
prestados se encontraba suspendida en acogida a la circular 0034 del 14 de
[n]oviembre de 2008, [a] la entidad ambiental le asiste el derecho de incluir
dicho valor en la liquidación final de las prestaciones sociales, a raíz de la
declaración de nulidad de la circular anteriormente referida, y posteriormente
a la expedición de la [R]esolución 0103 del 25 de [e]nero de 2013, que reconoce
el valor del 35% de la bonificación por servicios prestados, y se las cancela a
cada trabajador de manera individual sin reliquidar las prestaciones sociales
toda vez esta bonificación es un factor salarial computable para la
reliquidación de las prestaciones sociales».
Afirma que «[…] desde el año 2003, hasta el año 2008, se les reconoció y
canceló la bonificación por el 35% del salario como factor salarial a cada uno
de los trabajadores de la entidad lo cual se constituye en un derecho adquirido
protegido por [la] […] Constitución Política, tal como lo consagra el artículo
58 […]».
Que «[…] la tesis plasmada en su sentencia [es] antijurídica puesto que para
la fecha que se indica que se reclama la reliquidación de las prestaciones
sociales es decir el 16 de octubre de 2015, [aún el demandante] estaba dentro
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Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
del término referid[o] en el artículo para presentar la reclamación de
reliquidación de sus prestaciones sociales pues para la fecha apenas habían
transcurrido 2 años 10 meses y 9 días, pues el nacimiento del derecho que es
objeto de la Litis se da el 25 de enero de 2013 fecha la cual […] expiden la
resolución N° 103 del 25 de [e]nero de 2013 la cual ordena el pago por
concepto de bonificación por servicios prestados a los funcionales activos e
inactivos del Damab correspondientes a los años 2009 [a] 2012» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido en audiencia de conciliación celebrada el
2 de marzo de 2018 (ff. 250 y 251) y admitido por esta Corporación a través de
proveído de 13 de noviembre de 2019 (f. 273), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 8 de septiembre de 2021 (f. 278), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad que fue
aprovechada por las primeras2.
2.1.1 Parte demandante. Insistió en los argumentos presentados con la
demanda y en el recurso de apelación, y en que «[…] el reconocimiento de
bonificación por servicios prestados como factor salarial para la liquidación
de su auxilio de cesantías conforme al decreto 1042 de 1978, bonificaciones
reconocidas y canceladas a través de actos administrativos expedidas por la
entidad a la que se encuentran adscrito antes de la entrada en vigencia del
decreto 2418 de 2015. Por tal razón sin desconocer el desarrollo
jurisprudencial que sobre esa temática se ha decantado, en cuanto al
reconocimiento de la bonificación por servicio prestado para los empleados del
orden territorial pues dicho reconocimiento se hizo mediante acto
administrativo que goza de presunción de legalidad hasta tanto no se declare
nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y debe concluirse que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de 1978 la bonificación por
servicio prestado constituye un factor salarial por lo que al habérsele aplicado
por parte de la entidad a los empleados del DAMAB, las normas del
mencionado decreto que crean la bonificación por servicio prestado , se debe
entonces y atendiendo el Principio de Inescindibilidad de la Norma, incluirse
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Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
dicho concepto como factor salarial en el pago de sus prestaciones sociales en
los porcentajes que se la hayan reconocido por parte de la entidad pública y
con base a la no inclusión de este factor salarial al momento de liquidar el
auxilio de cesantías del empleado público de orden territorial, lo que esto
genera es un pago parcial de su auxilio de cesantía correspondiente a la
vigencia respectivamente liquidada y el hecho de consignar parcialmente sus
cesantías tiene la misma incidencia que no consignar el auxilio de cesantías
antes del 14 de febrero del siguiente año en el fondo de cesantías al que se
encuentra adscrito cada trabajador, conforme a la ley 50 de 1990, por lo que
el hecho sancionable, dado que el hecho de consignar parcialmente las
cesantías tiene la misma incidencia que no consignar nada, por lo que el hecho
sancionable sigue existiendo» (sic).
2.1.2 Parte demandada. Reiteró los planteamientos expuestos en la
contestación de la demanda e indicó: «[…] se debe advertir, que, si en el
hipotético caso a la entidad en liquidación hubiese tenido la obligación de
consignar las prestaciones sociales representada en bonificación por servicio
para los años 2009 al 2012, pues dicho derecho ya estaría prescrito, así como
se sostuvo en la contestación de la demanda, ya que él accionante no elaboró
en su debido momento la reclamación administrativa, sino que esperó hasta
después de tres años que establece la Ley y la Jurisprudencia; tal como quedó
probado en el proceso, de acuerdo a los antecedentes administrativos
aportados en la etapa probatoria por las partes. Sin embargo, pienso que él
despacho no debe ni siquiera entrara a estudiar este fenómeno jurídico de la
prescripción, visto que la prestación social solicitada por la parte demandante
se encontraba suspendida. La sanción moratoria de un día de salario por cada
día en mora no debe aplicarse en el presente caso específico, ya que no huno
mala fe ni negligencia por parte de la entidad demanda, lo que realmente
ocurrió fue una suspensión legal por parte del alcalde del Distrito Industrial
de Barranquilla; lo que imposibilitaba a la entidad en liquidación el pago de
la prestación social solicitada en las pretensiones de la demanda. Es claro que
en el valor de las cesantías no podía incluirse la bonificación solicitada en la
demanda, visto que no fue devengada […]; mal hubiera hecho la entidad en
liquidar las cesantías con la inclusión de un emolumento que no fue devengado
por el actor. Tal como quedó demostrado en el proceso, la consignación de las
cesantías se llevó acabo de conformidad con la Ley 50 del año 1990» (sic).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
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instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala (i) determinar si, tras haber sido declarada en
primera instancia la nulidad del acto acusado, la reliquidación de las
prestaciones sociales con inclusión del 35% de la bonificación por servicios
prestados durante las vigencias 2009 a 2012 debe ser pagada sin atender a la
prescripción extintiva decretada por el a quo. De igual modo, (ii) establecer si
al actor le asiste o no derecho al reconocimiento de la sanción moratoria
reclamada por el pago incompleto de dichas prestaciones.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
En lo atañedero a la bonificación por servicios prestados, se precisa que el
Decreto 1042 de 19783 creó dicho emolumento para los empleados públicos de
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden
nacional, en los siguientes términos:
Artículo 45: A partir de la expedición de este Decreto, créase una
bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se
refiere el artículo 1º.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que
cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial.
Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de
los enumerados en el artículo 1º de este decreto, el tiempo laborado
en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y
pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad
en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la
fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días
hábiles.
3
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones.
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Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de
la asignación básica y no será acumulativa.
Artículo 46: La bonificación por servicios prestados a que tienen
derecho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere
el artículo 1º de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por
antigüedad y los gastos de representación que correspondan al
funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla,
siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de
asignación básica y gastos de representación superior a cien mil
setecientos cincuenta pesos ($100.750).
Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de
los tres (3) factores de salario señalados en el inciso anterior.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de
servicio.
El artículo 42 de dicho estatuto preceptuó que la bonificación por servicios
prestados comporta factor salarial en los siguientes términos: «[a]demás de la
asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del
trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. Son
factores de salario: a. Los incrementos por antigüedad a que se refieren los
artículos 49 y 97 de este Decreto. b. Los gastos de representación. c. La prima
técnica. d. El auxilio de transporte. e. El auxilio de alimentación. f. La prima
de servicio. g. La bonificación por servicios prestados. h. Los viáticos
percibidos por los funcionarios en comisión».
Las anteriores previsiones son aplicables a los servidores públicos descritos en
el artículo 1º. del Decreto 1042 de 1978, esto es, los que «[…] desempeñen las
distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional […]».
Por su parte, el artículo 1º. del Decreto 1919 de 20024 establece que «[a] partir
de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o
que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama
Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas
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Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.
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Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías
territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, así
como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas
Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las
Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán
del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Las prestaciones
sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los
factores para ellas establecidas».
No obstante, a pesar de que el Decreto 1919 de 2002 extendió a todos los
empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector
central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles departamental,
distrital y municipal, la aplicación del régimen de prestaciones sociales
establecido para los empleados públicos de esa rama del orden nacional,
previstas en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, dada la calidad de factor salarial
de la bonificación por servicios, este no puede ampliarse a los empleados de las
entidades descentralizadas de los entes territoriales, por cuanto lo único que se
amplió para el orden territorial fue el régimen de prestaciones sociales del nivel
nacional.
En ese contexto, la directora general del Departamento Técnico Administrativo
del Medio Ambiente de Barranquilla (Damab), por medio de la Resolución 103
de 25 de enero de 2013, reconoció «[…] el pago por concepto de bonificación
por servicios prestados a los funcionarios activos e inactivos del Damab,
correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012 y s.s. teniendo en cuenta
lo señalado en el Decreto Ley 1042 de 1978 y la Sentencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda, referencia 15001233100020000269801 de 2007
número interno 7528-05, Consejero Ponente H.M. Alejandro Ordoñez
Maldonado […]», por lo que «[…] es acertado concluir que el Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (DAMAB), en
aplicación de una sentencia de esta Corporación que no le resultaba aplicable
y a iniciativa propia, desconoció que la bonificación por servicios prestados no
la pueden percibir los empleados de los entes territoriales ya que es un factor
salarial que devengan solo los servidores del orden nacional»5.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
5
Sentencia de 27 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2016-00608-01, C. P. César Palomino
Cortés.
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Certificación del 12 de abril de 2016, emitida por la jefa de la oficina de
recursos humanos del extinguido Damab, que da cuenta de que el actor fue
nombrado como profesional universitario, código 219, grado 2, por medio de
Resolución 113 de 22 de mayo de 2003; y que durante las vigencias 2009 a 2012
el accionante ocupaba el cargo de profesional universitario, código 219, grado
2 (ff. 14 y 15).
b) Resolución 103 de 25 de enero de 2013, expedida por la directora general del
otrora Damab, «[p]or la cual se reconoce [b]onificación por [s]ervicios
[p]restados para los funcionarios de la [p]lanta de [p]ersonal […]» de esa
entidad (ff. 22 a 24).
c) Escrito de 16 de octubre de 2015 (ff. 11 y 12), a través del cual el actor pidió
del ente demandado la reliquidación de sus prestaciones sociales para las
vigencias 2009 a 2012 con inclusión de la bonificación por servicios prestados,
negado con el acto acusado (ff. 13 y 14).
De las pruebas relacionadas, se colige que el actor (i) laboró para el
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
(Damab) desde el 22 de mayo de 2003 y para los años 2009 a 2012 ocupó el
empleo de profesional universitario, código 219, grado 2, según certificación de
recursos humanos allegada al expediente; y (ii) el 16 de octubre de 2015 deprecó
de la Administración la reliquidación de sus prestaciones sociales para tales
vigencias con inclusión de la bonificación por servicios prestados, negado con
el acto acusado.
En atención a la precitada decisión negativa, el demandante acudió a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el propósito de obtener su
nulidad, lo que logró parcialmente ante el Tribunal de instancia, pues este
consideró que le asistía el derecho a la reliquidación de sus prestaciones
sociales, pero encontró configurado el fenómeno jurídico-procesal de la
prescripción extintiva y negó la sanción moratoria.
Estas últimas determinaciones fueron apeladas por el accionante con los
argumentos de que las prestaciones sí fueron pagadas tardíamente y que su
reclamación fue oportuna, por lo que no hay ningún derecho prescrito.
Para resolver el asunto sub examine, esta Sala advierte que, en virtud de lo
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
previsto en el artículo 3286 del CGP, aplicable por remisión expresa del 3067
del CPACA, se limitará únicamente a los referidos aspectos, para lo cual
también tendrá en cuenta el principio de non reformatio in pejus, según el cual,
al ser el actor apelante único, el juez de segunda instancia no puede hacer más
gravosa su situación, puesto que se entiende que discute la decisión en lo que le
resulta desfavorable.
Frente al principio de non reformatio in pejus, esta Corporación8 se ha
pronunciado, así:
Antes de plantear el problema jurídico, debe precisar la Sala que el
poder decisorio del juez de segunda instancia respecto de la
providencia impugnada se encuentra limitado por el principio
procesal de la no reformatio in pejus, por cuanto el demandante, quien
resultó favorecido con el fallo del a quo, en este caso acude como
apelante único, lo que impide cualquier pronunciamiento en
detrimento de lo alcanzado en primera instancia.
En ese sentido, esta Corporación ha manifestado que la competencia
funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones
de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de
apelación y no por el mero acto procesal dispositivo de parte, a través
del cual manifiesta, de manera abstracta, impugnar la respectiva
providencia.
Lo anterior significa que las competencias funcionales del
juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son
irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el
principio de la non reformatio in pejus (artículo 31 de la
Constitución Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por
el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido, a su
vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante,
en relación con la situación creada por el fallo de primera
instancia.
6
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
[…] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.[…]».
7
«Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
8
Sección segunda, subsección A, sentencia de 5 de abril de 2018, expediente: 73001-23-33-000-2014-00282-
01 (724-2015).
11
Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo
las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del
fallo de primer grado que son aceptados por el recurrente,
como quiera que los mismos quedan excluidos del
siguiente debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a
dichos aspectos, termina por completo la controversia9.
Por consiguiente, como se anunció, la Sala se centrará en examinar solo los
argumentos de alzada del accionante, con la limitación que impone su condición
de apelante único y en virtud del referido principio.
De acuerdo con la normativa citada en el capítulo anterior, al demandante no le
asiste derecho al reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, a
pesar de haber sido dispuesta en la Resolución 103 de 2013, en la medida en
que el Decreto 1919 de 2002 «[…] si bien extendió el régimen de prestaciones
sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a
los del orden territorial, resulta que este emolumento, de acuerdo con el literal
g) del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, tiene el carácter de factor salarial
y, en atención de ello, no existía sustento legal para reconocerlo a los
empleados públicos del nivel territorial»10.
Esta Corporación, en un caso de similar base fáctica, discurrió así11:
La expresión «del orden nacional» señalada en la citada normativa
no vulnera el derecho a la igualdad pues al haber sido declarada
exequible dicha expresión por la Corte Constitucional, los factores
salariales de los empleados públicos a nivel nacional y territorial no
se encuentran en el mismo plano de igualdad y por lo tanto no se
puede admitir un desconocimiento del artículo 13 de la Constitución
Nacional.
No pasa la Sala por alto, que en oportunidades anteriores, esta
Corporación inaplicó la expresión «del orden nacional», y como
consecuencia de ello, reconoció los factores salariales contemplados
en el Decreto 1042 de 1978, a empleados del orden territorial; sin
embargo, ello fue con anterioridad a la expedición de la sentencia C-
402 del 3 de julio de 2013, por lo que para el presente caso, por ser
posterior a la sentencia de constitucionalidad emitida por la Corte
Constitucional, el tema ya fue decidido, de tal manera que no se
estaría desconociendo precedente alguno, y por ende no hay lugar a
las mismas.
9
«Sentencia del 2 de junio de 2016. Radicado 2310-2012. Consejero ponente: William Hernández Gómez».
10
Sentencia de 27 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2016-00608-01, C. P. César Palomino
Cortés.
11
Sentencia de 5 de marzo de 2020, expediente 08001-23-33-000-2016-00726-01 (4968-2017).
12
Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
A pesar de lo anterior, la Sala se mantendrá al margen frente al
reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, pero sólo
por respeto y consideración al principio constitucional de la no
reformatio in pejus, teniendo en cuenta que el apelante único es la
parte actora y que mal podría declararse en esta instancia, pues de
hacerlo se violaría el derecho que tiene la parte actora a que sólo se
revise de la providencia en lo que le resultó desfavorable, y es claro
que en este aspecto le favoreció, y desde luego la entidad demandada
no lo apeló.
El artículo 282 del Código General del Proceso estableció que cuando
el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción
deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de
prescripción, compensación y nulidad relativa, razón por la que si
bien, en principio, el ad quem puede declarar las excepciones que
encuentre probadas, esta potestad desaparece si en la primera
instancia resolvió el tema favorablemente al apelante único; en este
evento el superior no puede estudiar, de oficio, lo que favoreció al
recurrente, porque viola otra garantía de origen constitucional: la no
reformatio in pejus.
Así pues, definido que la parte actora no tenía derecho al
reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados,
pasa la Sala a estudiar los cargos propuestos por el apelante único
relacionados con la reliquidación de las prestaciones sociales y el
pago de la sanción moratoria, pues si bien el a quo se equivocó al
ordenar un reconocimiento del cual no tenía derecho, no es posible
retrotraer las situaciones a su condición inicial en razón a que, se
reitera, ello vulneraría el principio del no reformatio in pejus.
Para el efecto, es necesario tener en cuenta que la Sección Segunda
de esta Corporación en sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016 determinó que la penalidad por mora no es accesoria a la aludida
prerrogativa laboral pues si bien se causan en torno a ella, no
dependen directamente de su reconocimiento o en este caso, de una
reliquidación por la no inclusión de valores reconocidos por concepto
de bonificación por servicios prestados para las vigencias de 2009 a
2012, en razón a que su origen es excepcional y tiene lugar por
disposición de la ley a título de correctivo pecuniario por la
inobservancia de la fecha en que se debe efectuar la consignación del
valor correspondiente al auxilio causado en cada anualidad, en otras
palabras, tiene como finalidad penalizar a las entidades que incurran
en mora, en atención a la importancia de dicho emolumento, según lo
señalado por la Corte Constitucional.
En ese entendimiento, no hay duda acerca de la improcedencia de la sanción
moratoria por el pago incompleto de la prestación social, puesto que, de
13
Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, una indebida
liquidación de las cesantías anualizadas, como lo alega el actor tras no haber
sido incluido para los años 2009 a 2012 el factor bonificación por servicios
prestados, no determina la configuración de dicha sanción, habida cuenta de
que, según lo preceptúa la Ley 50 de 1990, esta se causa solo cuando el
empleador incumple su obligación de realizar el aporte correspondiente al valor
liquidado por la anualidad o la fracción respectiva, antes del 15 de febrero de
cada vigencia, circunstancia que no atañe al caso concreto.
En tal sentido, se reitera que la incorrecta liquidación de las cesantías «[…] no
implica que el empleador haya incurrido en el supuesto de la norma que lo
apremia con una sanción al no haber cancelado dentro de la oportunidad legal
las cesantías anualizadas, pues una cosa es efectuar liquidación y cancelación
de acuerdo con las directrices tomadas por la entidad demandada en su
momento y otra es reconocer fuera del plazo determinado la prestación
aludida»12 y, en esa medida, «la sanción reclamada solo procede en los casos
en que la entidad empleadora no cancele a tiempo la prestación13, por lo que
concederla frente a la diferencia en la liquidación del derecho reclamado,
desconoce el principio de legalidad, fundamento del debido proceso, que
enmarca el derecho administrativo sancionador, porque solo la ley puede
describir las conductas constitutivas de infracción, así como su respectiva
sanción; y dicha norma es clara al estipular que la obligación se cumple con el
desembolso del dinero a favor del trabajador»14.
Por otro lado, en cuanto a la configuración del fenómeno jurídico-procesal de
la prescripción decretado por el a quo, esta Sala observa que no le asiste razón
al recurrente, por cuanto la contabilización de dicho término estuvo ajustada a
las normas que regulan la materia y al derrotero que sobre el particular ha fijado
esta Corporación, puesto que «[…] el término de prescripción empieza a correr
a partir de la fecha en que el derecho se haya hecho exigible, y que la
interrupción se presenta en un lapso igual contados desde presentación de la
reclamación administrativa. Es decir, que luego de presentada la petición de
un derecho, el interesado cuenta con 3 años para demandar el reconocimiento
del derecho, en caso de que la entidad requerida sea renuente a dar respuesta
a la misma, so pena de activarse el fenómeno prescriptivo, y de esta manera
evitar la pérdida del derecho a las prestaciones periódicas que se llegaren a
12
Ibidem.
13
«Sección segunda, subsección B, sentencias de 17 de octubre de 2017, expediente 080001-23-33-000-2012-
00017-01 (2839 -2014); y 27 de noviembre de 2020, expediente 17001-23-33-000-2018-00047-01 (5452-
2019)».
14
Sentencia de 1º. de julio de 2021, expediente 17001-23-33-000-2018-00069-01 (5450-2019), C. P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
14
Expediente: 08001-23-33-000-2016-00563 01 (2062-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Antonio Rafael Marshall González contra Barranquilla
ver afectadas por el transcurso del tiempo […]»15, a ello sumado que pretende
el reconocimiento de una prestación que se causó de 2009 a 2012 y la
reclamación se formuló el 16 de octubre de 2015.
En tales condiciones, a partir de la conclusión inicial de estas consideraciones
referente a que, en principio, al demandante no le asiste el derecho al
reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, pero la
determinación del Tribunal de instancia no puede revocarse dada la condición
de apelante único, esta Sala, con fundamento en los elementos de juicio
allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de
la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, confirmará la sentencia
de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, pero por las razones que anteceden.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 20 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió de manera parcial a las pretensiones
de la demanda incoada por el señor Antonio Rafael Marshall González contra
el entonces Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla (Damab), pero por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
15
Sentencia de 2 de febrero de 2017, expediente 15001-23-33-000-2013-00718-01 (1218-2015).
15
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