Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00725-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2016-00725-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00725-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00725-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00725-01 (6556-2022)
Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
Demandado: Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla en Liquidación – Dirección Distrital de
Liquidaciones
Tema: Bonificación por servicios prestados
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 1 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró probada la excepción de prescripción y, como consecuencia,
negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. Sugey Milena Arroyave Pacheco presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo del 3 de febrero de
2016, por el cual el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de
Barranquilla en Liquidación2 - Dirección Distrital de Liquidaciones negó su
petición de pago de los saldos o diferencias por concepto de cesantías y sanción
moratoria por los años 2009 a 2012, en los que para el cálculo de esa prestación,
no se incluyó la bonificación por servicios prestados.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) el pago indexado de las
sumas a que hubiere lugar por concepto del reconocimiento de las prestaciones
enunciadas en el párrafo anterior; (ii) el pago de la indemnización o sanción
moratoria por la consignación tardía de sus cesantías completas; y (iii) la
condena en costas procesales y agencias en derecho.
1 Contenido en la Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA.
2 En adelante DAMAB.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00725-01 (6556-2022)
Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Mediante Resolución 060 de 31 de enero de 2005 el DAMAB nombró a Sugey
Milena Arroyave Pacheco en el empleo de profesional universitario, código 219,
grado 023.
4. El pago de la bonificación por servicios prestados fue suspendido por la entidad
ambiental acogiendo la Circular 0034 del 14 de noviembre de 2008 expedida por
la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
5. La bonificación por servicios prestados de los empleados del DAMAB para los
años 2009, 2010, 2011 y 2012, fue reconocida y ordenada para pago en la
anualidad 2013, Mediante la Resolución 0103 del 25 de enero de 2013 expedida
por el DAMAB.
6. El 6 de enero de 2016 la demandante solicitó ante el DAMAB el pago de los
saldos o diferencias por conceto de cesantías y sanción moratoria, por el pago
tardío de los saldos por los años 2009 a 2012, en los que, para el cálculo de esa
prestación, no se incluyó la bonificación por servicios prestados4.
7. A través de oficio del 3 de febrero de 20165 el DAMAB dio respuesta negativa
señalando que la entidad no adeudaba dinero bajo ningún concepto6.
8. El 15 de abril de 2016 la parte demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación7. En audiencia celebrada
el 13 de julio de 2016, se declaró fallida porque no existía ánimo conciliatorio8.
9. El15 de julio de 2016, el demandante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
10. Como tales, se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 1 del
Decreto 1919 de 2002; 42 del Decreto 1045 de 1978; Decreto 4150 de 2004;
Decreto 022 de 2014; y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.
11. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos:
11.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales,
pues la entidad omitió incluir el 35% de la bonificación por servicios en la
liquidación de sus prestaciones sociales, con lo que desconoció su derecho
3 Índice 15 Samai
4 Índice 15 Samai
5 Índice 15 Samai
6 Índice 15 Samai
7 En adelante PGN.
8 Índice 15 Samai
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Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
previsto en los decretos 1919 del 2002 y 1045 de 1978.
11.2. Laentidad trasgredió el artículo 1 del Decreto 1919 de 2002, pues la
bonificación por servicios prestados es un factor salarial que se debe tener en
cuenta en la liquidación anual de las prestaciones sociales de los empleados del
DAMAB9.
1.2. Contestación
12. El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde contestó la demanda
y señaló que entre la entidad y la demandante no existió relación laboral, pues
ella laboraba con el DAMAB, entidad que realizó la liquidación. Por tal motivo,
excepcionó falta de legitimación en la causa y cobro de lo debido10.
13. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla contestó la demanda
e indicó que la demandante adujo ser trabajadora del Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla - DAMAB, hoy en Liquidación,
el cual es un establecimiento público descentralizado del orden distrital, dotado
de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. De allí que,
si bien con la demanda se aportó una certificación del 17 de septiembre de 2015,
para acreditar la vinculación de la actora con el DAMAB, le correspondía a dicha
entidad o, en su defecto, a su agente liquidador, dilucidar si, a la fecha actual, era
cierto o no que la demandante laboró al servicio de tal entidad, así como el cargo
que por dicho motivo pudiese estar ocupando. Y advirtió que el DAMAB era
independiente respecto de la administración central distrital. Por ello, excepcionó
falta de legitimación en la causa, indebido agotamiento del requisito de
procedibilidad, haberse notificado el auto admisorio a persona distinta de la
demandada, falta de integración del litisconsorcio necesario, prescripción,
inexistencia de la obligación, compensación y caducidad11.
14. El DAMAB – Oficina Jurídica de la Dirección Distrital de Barranquilla contestó
la demanda y se opuso a todas las pretensiones. Afirmó que la bonificación por
servicios prestados de los empleados del DAMAB para los años 2009, 2010,
2011 y 2012, fue reconocida y ordenada para pago en la anualidad 2013,
mediante Resolución 0103 del 25 de enero de 2013. Por tal motivo, formuló las
excepciones de prescripción parcial, cobro de lo no debido, aplicación del
beneficio de buena fe por existir razones atendibles que eximían para el pago de
la sanción moratoria y la entidad no se encontraba obligada a lo imposible12.
1.3. La sentencia apelada
15. ElTribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia proferida el 1
octubre de 202113 declaró probada la excepción de prescripción, y como
9 Índice 15 Samai
10 Índice 15 Samai
11 Índice 15 Samai
12 Índice 15 Samai
13 Índice 25 Samai Tribunales.
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Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, con
fundamento en los siguientes argumentos:
15.1. En esta oportunidad no era motivo de discusión si a la parte demandante le
asistía o no el derecho a percibir la bonificación por servicios prestados de que
trataba el Decreto 1042 de 1978, comoquiera que el ente demandado reconoció
el pago por dicho concepto a los funcionarios activos e inactivos del DAMAB,
correspondiente a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, a través de la Resolución
0103 del 25 de enero de 2013.
15.2. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 1042
de 1978 la bonificación por servicios prestados constituye factor salarial, por lo
que al haberse aplicado por parte de la entidad demandada a la hoy accionante,
las normas del mencionado decreto que crean la bonificación por servicios
prestados, debe entonces, y en atención al principio de inescindibilidad de la
norma, incluírsele dicho concepto como factor salarial en el pago de sus
prestaciones sociales que hayan sido generadas durante los años 2009, 2010,
2011 y 2012 en el porcentaje que fue reconocida mediante la Resolución 0103
del 25 de enero de 2013, expedida por la Directora General del DAMAB.
15.3. Sin embargo, como las acciones que emanan de los derechos laborales y
prestacionales, prescriben en 3 años contados a partir de la fecha en que se
hicieron exigibles, y Sugey Milena Arroyave Pacheco hizo la solicitud ante el
DAMAB el 6 de enero de 2016, contados los 3 años, la prescripción operaría con
anterioridad al 6 de enero de 2013. Por lo anterior, el derecho a la reliquidación
de los factores salariales reclamados causados en las anualidades 2009, 2010,
2011 y 2012, se encuentran prescritos.
1.4. El recurso de apelación
16. La demandante interpuso recurso de apelación con el argumento14 de que la
reclamación no se pudo hacer en los años anteriores, por la simple razón de que,
en esos años, el DAMAB, no había reconocido dicho derecho, (conculcado
mediante Circular 0034 del 14 de noviembre 2008), y es hasta la expedición de la
Resolución 0103 del 25 de enero de 2013, en la que se les reconoció a sus
funcionarios y ex funcionarios la bonificación por servicios prestados de las
vigencias 2009, 2010, 2011 y 2012 como un factor salarial.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
17. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
14 Índice 15 Samai
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Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
18. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
19. Consiste en determinar ¿si en la liquidación de las cesantías de la
demandante correspondiente a los años 2009 a 2012 debió incluirse la
bonificación por servicios prestados y si como consecuencia tenía derecho al
pago de una sanción moratoria? y ¿si en el sub examine se configuró el
fenómeno de la prescripción del derecho, en los términos indicados por el a quo?
2.2. La bonificación por servicios prestados
20. El Decreto 1042 de 197815 creó la bonificación por servicios para los empleados
públicos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden
nacional, así:
«Artículo 45. A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación por
servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año
continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario
pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1.º de este decreto, el
tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y
pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la
nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.»
«Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación
por servicios prestados será equivalente al veinticinco por ciento de la asignación
básica que esté señalada por la ley para el cargo que ocupe el funcionario en la fecha
en que se cause el derecho a percibirla.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio.
Cuando el funcionario perciba los incrementos de salario por antigüedad a que se
refieren los artículos 49 y 97 de este Decreto, la bonificación será equivalente al
veinticinco por ciento del valor conjunto de la asignación básica y de dichos
incrementos.»
21. Por su parte, el artículo 42 ibidem señaló que la bonificación por servicios
prestados constituiría factor de salario:
«Artículo 42.- De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por
la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en
jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las
15 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios.
Son factores de salario:
a) Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este
Decreto.
b) Los gastos de representación.
c) La prima técnica.
d) El auxilio de transporte.
e) El auxilio de alimentación.
f) La prima de servicio.
g) La bonificación por servicios prestados.
h) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión.»
22. Como se expuso, solo son destinatarios de esta prestación económica los
funcionarios enunciados en el artículo 1 ibidem, esto es los que «desempeñen las
distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del
orden nacional» [se resalta].
23. Ahora bien, a través del artículo 12 de la Ley 4 de 1992, el legislador le asignó
al gobierno nacional la competencia para que, con base en las normas, los
criterios y los objetivos contenidos en esa ley, estableciera el régimen
prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales, asimismo,
de manera expresa precisó que «no podrán las corporaciones públicas territoriales
arrogarse esta facultad».
24. Encumplimiento del mencionado deber, el gobierno nacional expidió el
Decreto 1919 de 2002 «[p]or el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para
los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores
oficiales del nivel territorial», en el cual dispuso:
«Artículo 1.° A partir de la vigencia del presente decreto todos los empleados públicos
vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de
la Rama Ejecutiva de los niveles departamental, distrital y municipal, a las asambleas
departamentales, a los concejos distritales y municipales, a las contralorías
territoriales, a las personerías distritales y municipales, a las veedurías, así como el
personal administrativo de empleados públicos de las juntas administradoras locales,
de las instituciones de educación superior, de las instituciones de educación primaria,
secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales
señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público
del Orden Nacional.
Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base
en los factores para ellas establecidas.» [se resalta]
25. Así las cosas, por medio del citado Decreto 1919 de 2002 se extendió al nivel
territorial el régimen prestacional de los empleados públicos de la rama
ejecutiva del orden nacional que se encuentra contenido, entre otros, en el
Decreto 1042 de 1978. Al respecto, es importante precisar que esta
homologación tiene alcance solo frente a las prestaciones sociales, entendidas
como los «pagos adicionales o complementarios al salario básico que tienen como
propósito ayudar a cubrir o solventar las "vicisitudes de la vida", cuando ella le hace al
trabajador exigencias que no resultaban cubiertas con los salarios básicos que la
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sociedad ofrecía a sus trabajadores16».
26. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-402
de 201317, resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión «del
orden nacional» contenida en el artículo 1 del Decreto 1042 de 1978, al considerar
que conllevaba una discriminación injustificada entre los servidores públicos del
orden nacional y territorial, en cuanto a las prestaciones económicas reguladas
en el ordenamiento jurídico. En esa oportunidad, el tribunal constitucional declaró
exequible la norma acusada, al considerar que: i) la determinación del régimen
salarial de los servidores públicos del orden territorial, responde a una fórmula de
armonización entre el principio de Estado unitario y el grado de autonomía que la
norma superior reconoce a las entidades locales, en concordancia con el marco y
topes previstos en la Ley 4 de 1992; ii) es improcedente el juicio de igualdad
entre sus prestaciones, en consideración a que no son equiparables y responden
cada uno de ellos a los requerimientos específicos del orden o entidad de que se
traten, el grado de responsabilidad y calificación profesional requerida, lo que
resulta particularmente importante para el caso analizado, así se trate de
empleos del orden nacional o territorial; y iii) se configuraría un exceso en el
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas para la expedición de la
norma acusada.
27. Sobre el particular, el Consejo de Estado18 ha indicado que la aplicación del
régimen salarial establecido para los empleados públicos de la rama ejecutiva del
orden nacional previsto en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, en consideración a
la calidad del factor salarial de la bonificación por servicios, no puede ampliarse a
los empleados de las entidades descentralizadas de los entes territoriales, por
cuanto, como se explicó, lo único que se amplió para el orden territorial es en
relación con el régimen de las prestaciones sociales.
28. Finalmente, con ocasión del Acuerdo Único Nacional, suscrito en el año 2015
entre el gobierno nacional y las confederaciones y federaciones de sindicatos, se
acordó hacer extensiva la bonificación por servicios prestados a los empleados
públicos del nivel territorial, por lo que el gobierno nacional expidió el Decreto
2418 de 2015, «[p]or el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los
empleados públicos del nivel territorial», a quienes, a partir del 1 de enero de 2016,
cada vez que cumplan un año continuo de labor en una misma entidad pública
tendrán el derecho a percibirla:
«Artículo 1. Bonificación por servicios prestados para empleados del nivel
territorial. A partir del 1° de enero del año 2016, los empleados públicos del nivel
territorial actualmente vinculados o que se vinculen a las entidades y organismos
de la administración territorial, del sector central y descentralizado de la Rama
Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos
Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías
16 Corte Constitucional, sentencia C-244 de 2013.
17 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, rad.
08001-23-33-000-2016-00558-01(3718-19), C.P. William Hernández Gómez; y de la Subsección
B, sentencia del 25 de noviembre del 2021, rad. 08001-23-33-000-2016-00592-01(4901-17), C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter
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Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
Distritales y Municipales y el personal administrativo del sector educación,
tendrán derecho a percibir la bonificación por servicios prestados en los términos
y condiciones señalados en el presente decreto.
La bonificación será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto
de la asignación básica y los gastos de representación, que correspondan al
empleado en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no
devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y
gastos de representación superior a un millón trescientos noventa y cinco mil
seiscientos ocho pesos ($1.395.608) moneda corriente, este último valor se
reajustará anualmente. en el mismo porcentaje que se incremente la asignación
básica salarial del nivel nacional.
Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los dos
factores de salario señalados en el inciso anterior».
29. En consecuencia, el derecho a percibir la bonificación por servicios es exigible
para los empleados públicos del orden territorial a partir de la vigencia del
Decreto 2418 de 2015.
2.3. Caso concreto
30. En atención a lo expuesto, para efectos de resolver el punto de controversia, la
Sala contará con los siguientes elementos probatorios:
31. Elpago de la bonificación por servicios prestados fue suspendido por la
entidad ambiental acogiendo la Circular 0034 del 14 de noviembre de 2008
expedida por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
32. La Directora General del Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente de Barranquilla – DAMAB- por medio de la Resolución 0103 del 25 de
enero de 2013 reconoció en favor de los funcionarios de dicho ente, la
bonificación por servicios de que trata el Decreto 1042 de 1978 desde el año
2009 al 201219.
33. Sugey Milena Arroyave Pacheco solicitó el 6 de enero de 2016 al Director del
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente el pago de los saldos o
diferencias por concepto de cesantías y sanción moratoria por los años 2009 a
2012, en los que para el cálculo de esa prestación, no se incluyó la bonificación
por servicios prestados.
34. Ladirectora general del Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente de Barranquilla –DAMAB- mediante Oficio del 3 de febrero de 2016 le
negó la anterior petición a la demandante tras considerar que la administración
no le adeudaba suma alguna por los conceptos reclamados y que si se
encontraba inconforme con la liquidación de las vigencias de los años 2009 a
2012 debió controvertirla en esas fechas; adicionalmente le indicó que no
procedía el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de
cesantías, pues aquella no operaba de forma inmediata ya que para ello era
19 Índice 15 SAMAI
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Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
necesario que se probara la mala fe de la entidad20.
35. Pues bien, una vez que se ha relacionado el material probatorio relevante en
el presente caso, es necesario para efectos de atender los argumentos
planteados por la recurrente, primero establecer si tenía derecho a la bonificación
por servicios prestados y luego determinar si había lugar a la reliquidación de las
cesantías y el pago de la sanción moratoria.
36. Bajo ese contexto, la Sala advierte que Sugey Milena Arroyave Pacheco no
tenía derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados
durante los años 2009 a 2012, toda vez que el Decreto 1919 de 2002 si bien
extendió el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva del orden nacional a los del orden territorial, resultaba que este
emolumento de acuerdo con el literal g) del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978
tenía el carácter de factor salarial y, por lo mismo, no existía sustento legal para
su reconocimiento a los empleados públicos del nivel territorial.
37. No pasa la Sala por alto, que en oportunidades anteriores, esta Corporación
inaplicó la expresión «del orden nacional» y, como consecuencia de ello, reconoció
los factores salariales señalados en el Decreto 1042 de 1978 a empleados del
orden territorial; sin embargo, ello fue con anterioridad a la expedición de la
sentencia C-402 del 3 de julio de 2013 en la que la Corte Constitucional
determinó que no era inconstitucional, ni violatorio del derecho a la igualdad el
hecho de que en el Decreto 1042 de 1978 el gobierno nacional hubiese señalado
que la bonificación por servicios prestados sólo aplicaba a los empleados
públicos del orden nacional (ver fundamento jurídico 26), por lo que para el
presente caso, por ser posterior a la mencionada sentencia de constitucionalidad,
no se estaría desconociendo precedente alguno.
38. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se
advierte que el DAMAB fue un establecimiento público del orden distrital21
adscrito al despacho del alcalde, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, por lo que Sugey Milena Arroyave Pacheco tenía la
calidad de empleado público del orden territorial.
39. Al respecto, como se indicó en el acápite precedente, si bien el artículo 1 del
Decreto 1919 de 2002 extendió el régimen prestacional de los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los del nivel territorial, lo
cierto es que la bonificación por servicios fue prevista como factor salarial en el
artículo 42.g del Decreto 1042 de 1978, por lo que no era procedente concluir
que, con ocasión de la primera norma en mención los servidores del orden
departamental, distrital o municipal se hicieran acreedores de esta prestación,
puesto que el alcance de esa homologación se limitaba a las prestaciones
sociales, clasificación dentro de la cual no se encontraba la referida bonificación
por servicios.
20 SAMAI índice 15
21
Acuerdo 008 del 6 de junio de 2008 suscrito por el Concejo distrital de Barranquilla.
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Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
40. En síntesis, si la demandante no tenía derecho al reconocimiento y pago de la
bonificación por servicios prestados de que trata el artículo 42 del Decreto 1042
de 1978, por el carácter salarial que se le había otorgado sólo para los
empleados del orden nacional más no para los territoriales, mucho menos tenía
lugar al reconocimiento y pago de la reliquidación de las demás prestaciones,
toda vez que lo accesorio corre la misma suerte de lo principal.
41. Bajo ese entendido, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará
revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda.
2.3. Costas
42. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
43. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la acusación de costas per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a
las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello,
a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida,
que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma22. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si
existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el
expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.
44. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de establecer condenada
alguna en la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
22Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, expediente
70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter.
10
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00725-01 (6556-2022)
Demandante: Sugey Milena Arroyave Pacheco
RESUELVE:
Primero: Revocar la sentencia proferida el 1° de octubre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró la prescripción de los derechos
reclamados, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Segundo: No condenar en costas en esta instancia.
Tercero: Luego de las anotaciones y constancias secretariales pertinentes en el
expediente y en los registros físicos y digitales a que hubiere lugar, devolver el
expediente al tribunal de origen a través de la Secretaría de esta Sección.
Cuarto: Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
EdelaOssa
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