Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00854-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00854-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00854-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
31 de marzo de 2022
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional y otros
Tema: Relación laboral encubierta o subyacente. Médico General
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de
apelación interpuesto por las partes demandante y demandada frente a la
sentencia proferida el 31 de enero de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
DEMANDA
El señor Rafael Guillermo Coba Orozco, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones:
1. Declarar la nulidad del Oficio 244 del 3 de marzo de 2016 emitido por el director
del establecimiento de sanidad militar 1015 de Barranquilla, que negó las
pretensiones formuladas por el señor Coba Orozco a través del derecho de
petición fechado el 25 de febrero de 2016, con el fin de que le fueren reconocidos
los derechos salariales y prestaciones por haber laborado en calidad de médico
general en esa entidad.
2. Declarar que existió una relación laboral entre la Dirección de Sanidad,
Ejército- Hospital Militar 1015, Regional Barranquilla y el señor Rafael
Guillermo Coba Orozco desde el 2 de abril de 2013 y el 15 de junio de 2015.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se ordene a la parte demandada a
reintegrar al señor Coba Orozco al cargo que ocupaba o uno de mayor
categoría y reconocer los salarios dejados de percibir desde el 15 de junio de
2015 y hasta que se haga efectivo su reintegro, debidamente indexado.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
4. En subsidio de lo anterior solicitó se reconozca y pague: i) la indemnización
legal por despido injusto, en los términos del artículo 64 del CST, ii) las
prestaciones sociales generadas con base en el último salario percibido, iii) las
cotizaciones sufragadas por concepto de aportes a pensión y salud, iv) los
pagos de las pólizas e impuestos, y v) la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías. Montos que deberán actualizarse hasta la
fecha de la sentencia.
Fundamentos fácticos
1. El señor Rafael Guillermo Coba Orozco laboró para la entidad demandada como
médico general entre el mes de abril de 2013 y el mes de junio de 2015, a
través de contratos de prestación de servicios.
2. Con ocasión de los referidos contratos recibió por parte de la señora Mónica
Lorena Rodríguez información por correo electrónico sobre los turnos diurnos y
nocturnos asignados y el cambio de estos; además se le exigió estricto
cumplimiento de los horarios, aseo del consultorio y hasta una mensualidad de
$10.000 para el aseo y mantenimiento de los consultorios, compra de juegos de
sábanas y edredones; además debía rendir informes para el personal directivo y
atender sus órdenes, lo que demuestra que existió una relación laboral en
igualdad de condiciones y con las mismas funciones que un médico de planta.
3. Refirió que mediante Oficio 244 del 3 de marzo de 2016 el director del
establecimiento de sanidad militar 1015 de Barranquilla negó la solicitud
presentada por el demandante.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL1
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.2
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también
una faceta de saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la
colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos
constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la
admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta
y legal tramitación del mismo, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o
corregirlo.3
1 En folios 254 y 355.
2 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB (2015).
3 Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB (2012).
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
A folio 292 del cuaderno principal, se indicó lo siguiente en la etapa de
excepciones previas:
«[…] En el presente caso la entidad demandada propuso la excepción de Inexistencia
de la Obligación, que por tocar el fondo del asunto, su (sic) estudio de esta excepción
se acometerá con el de la sentencia.»
Decisión notificada en estrados. Sin pronunciamiento en contrario.
Fijación del litigio art. 180-7 CPACA
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre
ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta
última.4
En el sub lite, a folios 292 a 294, se fijó el litigio respecto a los hechos relevantes
y el problema jurídico, así:
«[…] Determinar la legalidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. 244
del 3 de marzo de 2016 suscrito por el Director del Establecimiento de Sanidad Militar
1015 de barranquilla (sic) de las Fuerzas Militares de Colombia, mediante el cual se
resolvió de manera negativa las pretensiones del demandante, tendientes a que se
reconociera la existencia de un contrato realidad entre la demandante y la entidad
demandada por la vinculación que mantuvo desde el 2 de abril de 2013 hasta el 15
de junio de 2015 a través de contratos de prestación de servicios.»
Las partes estuvieron conformes con la fijación del litigio.
SENTENCIA APELADA5
Mediante sentencia proferida el 31 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo
del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente:
En primer lugar, de conformidad con el material probatorio encontró acreditados
de manera suficiente los elementos del contrato de trabajo, esto es, la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación o dependencia, pues el
demandante estaba sometido a turnos de 24 horas, bajo la dirección continua y
permanente de un Coordinador Médico y del director de la Clínica y prestando
sus servicios como cualquier otro profesional de planta.
Destacó que el vínculo contractual se mantuvo por más de 2 años, ejerciendo
labores propias de la entidad. Indicó además que el testimonio rendido por el
señor Ton Argote Solano, quien también se desempeñaba como médico de la
entidad demandada, explicó que en un mes debía cumplir 192 horas
reglamentarias y que en esas horas estaban los turnos de 7:00 am a 7:00 pm -
jornada de la mañana- y de 7:00 pm a 7:00 am -jornada de la noche- lo que
evidencia una labor continua, dichos que fueron convalidados con el cronograma
de turnos enviados mensualmente al demandante y que además le exigían el
cumplimiento estricto del horario.
4 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB (2015).
5 Folios 370 a 396.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
Asimismo, sostuvo que las actividades contratadas no fueron temporales como
lo exige la norma, sino de una verdadera relación de trabajo.
Como consecuencia de lo anterior, declaró la existencia de la relación laboral
ininterrumpidamente entre el 2 de abril de 2013 y el 15 de junio de 2015; ordenó
el reconocimiento y pago a favor del demandante de una indemnización
equivalente a las prestaciones sociales dejadas de pagar en dicho lapso al no
haber operado la prescripción, dado que la reclamación de sus prestaciones fue
radicada el 25 de febrero de 2016, para lo cual debía tomar como base de
liquidación el valor de los respectivos contratos u órdenes de prestación de
servicio; en cuanto a las pretensiones compartidas (salud y pensión) ordenó a la
demandada a pagar a favor del demandante los porcentajes de cotización que le
correspondía y en el evento de no haberse cancelado, efectuar las cotizaciones
respectivas durante el tiempo efectivamente laborado por este.
RECURSOS DE APELACIÓN
El Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad Militar6 sostuvo que
no hubo subordinación, comoquiera que el servicio era prestado en forma
independiente y con autonomía técnica y administrativa. En ese sentido, señaló
que a el demandante no se le dio instrucciones acerca del procedimiento que
debía realizar a determinado enfermo o qué medicamentos o exámenes tenía
que prescribirle y, por el contrario, tenía amplia libertad para examinar a los
pacientes y formarse un concepto sobre las patologías o enfermedades que
presentaba a fin de emitir las órdenes pertinentes respecto a sus afecciones.
Explicó además, que si bien el contratista debía cumplir un horario, turnos y
suministrar informes de su labor, ello no es sinónimo de sometimiento para dar
lugar a una relación laboral. Al respecto, aclaró que en toda relación contractual
deben coordinarse actividades y obligaciones tendiente a cumplir con el objeto
contractual, máxime cuando deben atender pacientes a quienes se les
programan citas médicas, como sucedió en el caso objeto de estudio.
Refirió que el señor Coba Orozco estuvo vinculado a través de contratos de
prestación de servicios, legalmente previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, sin que tuviera la calidad de servidor público en razón a que no había sido
nombrado, ni posesionado como médico general, su cargo no figuraba en la
planta de personal, tampoco prestó juramento de cumplir y defender la
Constitución y la Ley, situación que no varió en el desarrollo del mismo.
De conformidad con lo expuesto, solicitó revocar la sentencia y denegar las
súplicas de la demanda.
La parte demandante7 se opuso parcialmente a la sentencia de primera
instancia que negó la sanción moratoria exigida por el no pago de las cesantías
y de la prima de servicios, situación que contradice abiertamente la decisión de
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que
incluyen las cesantías y primas de servicios causados. Deprecó que también se
incluya la indemnización por despido injusto en los términos y la cuantía
identificada en la demanda.
6 Folios 404 a 411.
7 Folios 412 a 414.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
Bajo ese entendido, solicitó se modifique el ordinal 3.° de la parte resolutiva de la
sentencia y se explique específicamente cuales son las prestaciones reconocidas
a su favor, incluidas la indemnización moratoria, la prima de servicios y la
indemnización por despido injustificado.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante8 solicitó tener en cuenta los fundamentos de hecho y de
derecho expresados en la apelación y amplió sus argumentos en relación con su
inconformidad frente a lo decidido por el a quo.
El Ministerio Público9 rindió concepto para solicitar que se confirme la sentencia
impugnada, toda vez que, de los contratos suscritos entre las partes, los
mensajes enviados al demandante por la coordinadora médica y el testimonio
rendido es claro que según las condiciones reales del servicio fue sometido a
reglas, condiciones y órdenes impuestas por la contratante, sin que hubiese
autonomía para la prestación de los servicios durante todo el tiempo en que duró
la relación. Además, la vinculación fue permanente y no transitoria como lo exige
la ley, pues con interrupciones cortas de tiempo se reiniciaba la relación.
Frente a la reclamación de la indemnización moratoria por el no pago de las
cesantías, precisó que es improcedente pues fue con el reconocimiento de la
relación laboral que obtuvo el derecho a las cesantías, entonces mal podía
afirmase que la entidad incurrió en mora.
La parte demandada guardó silencio, según se desprende de la constancia
secretarial visible folio 493.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, por haber sido apelada
por ambas partes el juez de segunda instancia puede resolver sin limitaciones
los argumentos expuestos en los recursos.
Problemas jurídicos.
Con fundamento en los anteriores argumentos, los problemas jurídicos se
resumen en las siguientes preguntas:
1. ¿Está demostrado que en el caso del señor Rafael Guillermo Coba Orozco se
configuró la subordinación y dependencia continuada, elemento propio de una
relación laboral, con la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas
Militares, Dirección de Sanidad del Ejército, Establecimiento de Sanidad Militar
1015 de Barranquilla?
8 Folios 461 a 470 vto. y 472 a 482.
9 Folios 483 a 492.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
2. ¿La indemnización por despido injusto, la sanción moratoria por el no pago de
las cesantías y la prima de servicios, hacen parte de las prestaciones que
debieron ser reconocidas a favor del señor Coba Orozco al haberse declarado la
existencia de una relación laboral con la entidad demandada?
3. ¿Hay lugar a reembolsar al demandante las sumas pagadas por concepto de
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones?
Marco normativo y jurisprudencial
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por
esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario
igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio
111 de la OIT,10 constituye, junto con otros principios convencionales,11 un
axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y
se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
11 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa
Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria
de una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar
ante el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto
contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se
materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador
del servicio en el círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aún cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera,
una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría
de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias
del artículo 122 de la Carta Política.12
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
12 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-
000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en
los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio
de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio
a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención
a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente
en el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones,
cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una
vez declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 2016,13 según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
13 sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización,14 por lo que de no presentarse la reclamación en ese periodo,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término.15
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso
concreto a la luz de dichos parámetros.
Primer problema jurídico
¿Está demostrado que en el caso del señor Rafael Guillermo Coba Orozco se
configuró la subordinación y dependencia continuada, elemento propio de una
relación laboral, con la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas
Militares, Dirección de Sanidad del Ejército, Establecimiento de Sanidad Militar
1015 de Barranquilla?
La Sala sostendrá la siguiente tesis: conforme con las pruebas obrantes en el
proceso, sí se acreditó una relación bajo subordinación y dependencia
continuada entre el demandante y el Establecimiento de Sanidad Militar 1015 de
Barranquilla. Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:
En el presente caso se acreditó el elemento de la subordinación y
dependencia continuada
De conformidad con el recurso de apelación presentado por la entidad
demandada, el punto central del debate está relacionado con el elemento de la
subordinación, por cuanto de los restantes elementos como la prestación del
servicio y la remuneración reconoció que se acreditaron.
14 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro
tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir
de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada
en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación
de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
15 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
Así las cosas, la Subsección procede a analizar el testimonio recaudado,
específicamente lo relacionado con la subordinación y dependencia continuada,
por cuanto el principal reparo del apelante consistió en una supuesta errónea
valoración probatoria. De acuerdo con lo anterior, se advierte lo siguiente:
• Tony Argote Solano afirmó conocer al doctor Rafael Guillermo Coba Orozco
en el año 2013, como compañero de trabajo en el Hospital Militar de
Barranquilla en las áreas de consultas externas, medicina de urgencia,
también en las incorporaciones del personal militar del batallón de Malambo y
las fichas médicas de los militares.
Expuso que estaban sujetos al horario, pues desde principio de mes le era
asignado, debían cumplir con jornadas de trabajo de 7 am hasta 1 pm y de 1
pm hasta las 7 pm. Indicó que aparte de las labores que realizaba en los
horarios suministrados mensualmente debían realizar turnos de 24 horas en
los que estaban prácticamente dentro del batallón y era normalmente los fines
de semana, esas eran jornadas extras y que supuestamente estaban dentro
de las obligaciones contractuales a cumplir.
Explicó que al mes debían cumplir 192 horas de trabajo, reglamentarias, en
esas 192 horas están los turnos de 7 am hasta 1 pm (jornada de la mañana),
de 1 pm hasta las 7 pm (jornada de la tarde) o de 7 pm hasta las 7 am (jornada
de la noche) y en toda la semana podían tener de lunes a sábados la jornada
de la mañana o la jornada de la tarde, era una labor continua.
Destacó que el horario que debían cumplir durante el mes les era enviado a
sus correos electrónicos o se lo entregaban impreso o era publicado y que una
vez notificado o enterado de este, si querían hacer un cambio en alguno de los
turnos debían dirigirse al coordinador médico, a quien se le pasaba una carta
exponiendo los motivos para ello. A su vez precisó que la persona que les
envía el correo era el coordinador médico, que era como el jefe, quien también
dependía del coronel que era el jefe o administrador del dispensario.
Manifestó que de incumplir algún turno el oficial al mando les llamaba la
atención o les hacían un «parte». Resaltó además que era el coordinador
médico quien les asignaba las actividades, los turnos, las funciones que
durante el mes debían desempeñar.
Al preguntarse si gozaba de autonomía para realizar sus labores, señaló que
no, pues el horario era impuesto al mes y de no acatarlo no les era renovado
el contrato.
Señaló que había personal de planta que cumplían 8 horas al día
aproximadamente de trabajo y las mismas labores que ellos, pero ellos no
hacían turnos.
Del anterior relato se advierte que el doctor Coba Orozco cumplía sus
obligaciones contractuales en el Hospital Militar de Barranquilla, en los procesos
de consulta externa, urgencias e incorporaciones del personal militar, funciones
que también eran desempeñadas por el personal de planta.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
Asimismo, que el libelista en su calidad de personal asistencial en salud cumplía
unos turnos u horarios definidos por la coordinadora médica, que podían ser
desde las 7 am hasta 1 pm y desde la 1 pm hasta las 7 pm y también de 24 horas
los fines de semana. Que, una vez asignado el horario, si querían cambiar algún
turno debían dirigirse al coordinador médico, a quien se le pasaba una carta
exponiendo los motivos para ello, lo que da cuenta que no tenía autonomía para
disponer de su tiempo.
Igualmente, se puede evidenciar que el libelista fue objeto del poder disciplinario
del centro hospitalario contratante, pues afirma que recibían llamados de
atención o «partes» si no cumplían los turnos y además corrían el riego de no
renovarles el contrato.
Se concluye entonces, que el señor Coba Orozco estaba sometido a un horario
definido por la entidad demandada sin un amplio margen para ser modificado; las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que recibía las órdenes y quién se las
impartía, lo que permite concluir que se encontraba bajo una relación de
subordinación y dependencia continuada.
Y si bien el señor Argote Solano también estuvo vinculado como médico
contratista, la Subsección no advierte de su declaración la intención de beneficiar
con ella al aquí demandante o de tener algún interés en el presente proceso como
para considerarlo testigo sospechoso, situación que tampoco advirtió en su
oportunidad el apoderado de la entidad demandada.
Por otra parte, del material documental adosado se observa a folios 140 a 175:
• Correos electrónicos a través de los cuales el personal de la entidad
demandada pone en conocimiento el cuadro de turnos asignados al personal
médico, los cambios en la programación de los mismos e información
administrativa interna y de capacitaciones.
Entre ellos ha de destacarse el correo del 17 de julio de 2013 (folios 148 y
149), por el cual la señora Mónica Lorena Rodríguez le exige al personal
médico, entre ellos, al demandante, «CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL
HORARIO», además el aseo y orden de los consultorios de consultas externas
y de urgencias, como de la habitación del médico de urgencias. Igualmente, el
correo del 27 de junio de 2013 (folio 146), por el cual la señora Rodríguez le
informa como quedó el cambió de turnos entre el demandante y el doctor
Argote Solano y la imposibilidad de poder conseguir personal médico con
quien cambiar un turno que le fue asignado.
• Cuadro de turnos de los médicos, entre ello, el libelista, de los meses de abril
a diciembre de 2013; de los meses de marzo, mayo y julio de 2014 y de los
meses de febrero y marzo de 2015.
De lo anterior se colige que la entidad demandada era quien determinaba los
turnos u horarios de los médicos y que era a ellos a quienes debían dirigirse para
tramitar el cambio de alguno de ellos, lo cual da a entender que existió la
subordinación o dependencia que atribuye el demandante, pues no tenía poder
de disposición de su tiempo en el cumplimiento de las actividades a las cuales se
comprometió.
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Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
Adicionalmente, de los contratos de prestación de servicios se desprende entre
las obligaciones convenidas y a cargo del demandante, que estas corresponden
a labores que le son misionales a la institución y que difícilmente pueden ser
consideradas como actividades esporádicas, en tanto que son necesarias para
la prestación eficiente del servicio público esencial de salud16.
En ese orden de ideas, pese a no obrar otros elementos de prueba que acrediten
la configuración de la continuada subordinación y dependencia, tanto los
contratos como la prueba testimonial son suficientes, en este caso, para
encontrar demostrado que el señor Rafael Guillermo Coba Orozco no podía
desarrollar las actividades para las cuales fue vinculado contractualmente en
forma autónoma e independiente respecto de la entidad contratante, por lo que
no se trató de una relación de coordinación entre estos, como así lo señala la
entidad recurrente.
Ahora, si bien es cierto que, por regla general, situaciones tales como cumplir
horarios, recibir instrucciones sobre la ejecución del contrato o presentar informes
respecto a este, no configuran por sí solos una relación de subordinación o
dependencia continuada, ello porque dichas acciones pueden corresponder,
precisamente, a la forma en que debe desarrollarse la labor contratada.
Lo anterior, toda vez que hay actividades que deben, necesariamente, surtirse en
determinados horarios o períodos que implican coordinar entre contratante y
contratista su ejecución. Tampoco se puede pasar por alto que, el hecho de que
la vinculación sea contractual, aquel que contrata el servicio no pueda ejercer un
grado de vigilancia respecto al desarrollo de la labor contratada, ello, se precisa,
en virtud de la obligatoriedad para quien contrata de fijar los parámetros
necesarios para garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos.
Sin embargo, en el sub examine, la relación de coordinación entre el señor Caba
Orozco es desvirtuada en la medida que la obligación contractual del
demandante como médico general debía prestar las mismas funciones que un
médico de planta, desempeñar labores de atención a los pacientes que
dispusiera la demandada e incluso realizar labores que no hacen parte del objeto
principal encaminado a la prestación de los servicios de salud, como lo son las
incorporaciones del personal militar.
Por tanto, no es cierto que no obrasen pruebas de la subordinación, pues no solo
el recuento hecho por el testigo, sino la prueba documental arrimada a la
actuación permite concluir con grado de certeza que en la prestación del servicio
del señor Coba Orozco a la Dirección de Sanidad Ejército de Barranquilla sí
existió una subordinación, tal y como lo concluyó el tribunal en primera instancia.
Finalmente, se advierte de los contratos de prestación de servicios que estos
tienen el carácter de ser temporales y en el evento en que se convierten en
ordinarios y permanentes la entidad debe adoptar medidas propias. Dicha
situación ocurrió en el sub lite, pues de los contratos que reposan en el plenario,
se constató que el libelista prestó sus servicios de manera sucesiva y
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 5 de julio de 2018. Radicado:23001-23-33-000-2013-00300-01(2396-16). Demandante: Yadira Morales
Morelo. Demandado: E.S.E. Camú Iris López Durán, Coosalud Ltda y Copsalusinú S.A.S. Medio de control:
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
aproximadamente más de 3 años bajo objetos contractuales y obligaciones
similares, que apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades, situación
que, aunado al cumplimiento de los elementos del vínculo laboral, permite
concluir que al ejecutar el objeto contractual acordado lo hizo en las condiciones
propias y esenciales de una relación laboral.
Conclusión: En el caso del señor Coba Orozco con el Establecimiento de
Sanidad Militar 1015 de Barranquilla se configuraron los elementos propios de
una relación laboral, entre ellos la subordinación, razón por la que habrá de
confirmarse en ese punto la sentencia de primera instancia.
Segundo problema jurídico
¿La indemnización por despido injusto, la sanción moratoria por el no pago de
las cesantías y la prima de servicios, hacen parte de las prestaciones que
debieron ser reconocidas a favor del señor Coba Orozco al haberse declarado la
existencia de una relación laboral con la entidad demandada?
Restablecimiento del derecho derivado de la existencia de la relación
laboral
Esta Subsección ha venido expresando que el contrato de prestación de servicios
no puede constituirse en un instrumento para desconocer los derechos laborales
y conforme a ello, en aras de hacer evidente la relación laboral sobre las formas
que pretendan ocultarla, es dable acudir al precepto constitucional del artículo 53
de la Constitución Política que contempla la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos instituidos en las normas, con la
finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones de quienes
realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos.
Así las cosas, la consecuencia de probar la existencia de la relación laboral o de
la vinculación legal y reglamentaria es el reconocimiento de la indemnización
equivalente a las prestaciones sociales que no se cancelaron a la demandante.
Empero, el reconocimiento de la aludida relación, no implica conferir la condición
de empleado público, en tanto que, para que ello suceda, se deben acreditar los
requisitos regulados en los artículos 122 y 125 de la Constitución Política, por
ende, el restablecimiento del derecho se ordena a título indemnizatorio, por las
prestaciones sociales dejadas de percibir.
Al respecto, esta corporación en la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016 señaló cuáles son las prestaciones sociales que deberán reconocerse, así:
«[…] Frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el
precedente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los
ciudadanos que acuden ante la justicia contencioso-administrativa en busca de
obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral
pero que la Administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal, para lo
cual ha de advertirse que el restablecimiento del derecho es una consecuencia lógica
de la nulidad que se decreta, ya que una vez ejecutoriada la sentencia que así lo
declara, el acto administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo que los derechos
y situaciones afectados deben volver a su estado inicial, es decir, que en las
controversias de contrato realidad hay lugar a reconocer las prestaciones que el
contratista dejó de devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales, pues su
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
situación jurídica fue mediante un contrato estatal, pero que en su ejecución se dieron
los elementos constitutivos de una relación laboral, que en caso de haber sido
vinculado como empleado público hubiese tenido derecho a las mismas prestaciones
que devengan los demás servidores de planta de la respectiva entidad.
Por consiguiente, no resulta procedente condenar a la agencia estatal demandada al
pago de las prestaciones a las que tenía derecho el contratista-trabajador a título de
reparación integral de perjuicios, dado que estas se reconocen como efecto de la
anulación del acto que las negó, pese a su derecho a ser tratado en igualdad de
condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a través de una relación
legal y reglamentaria, esto es, a pesar de tener una remuneración constituida por los
honorarios pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las prestaciones que le
hubiere correspondido si la Administración no hubiese usado la modalidad de
contratación estatal para esconder en la práctica una relación de trabajo.
Pero lo anterior no es óbice para que la persona (demandante) reclame el pago de
los perjuicios que estime le fueron causados por el acto presuntamente ilegal, pues
en virtud del artículo 138 del CPACA “Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”, sin embargo, aquellos
deben acreditarse a través de los medios probatorios que el sistema normativo prevé.
Ahora bien, en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones
dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de servicios,
cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados […]»
Emprende la Subsección el análisis de los reparos concretos formulados al fallo
por la parte demandante, bajo el examen de la normatividad aplicable y de los
diferentes pronunciamientos jurisprudenciales inherentes al tema.
• Indemnización por despido injusto.
Los efectos patrimoniales de la declaratoria de un contrato realidad, como ya se
expuso, se contraen al pago de las prestaciones sociales que percibían los
empleados públicos mediante relación legal y reglamentaria en dicho
establecimiento, pues el suceso que de se reconozca la existencia de una
verdadera relación laboral entre las partes, no le otorga automáticamente al
demandante, la condición de empleado público y la finalidad del restablecimiento
del derecho es el reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales
dejados de percibir con la relación laboral oculta.
Así las cosas, dentro del sub judice no habrá lugar al reconocimiento de la
indemnización por despido injusto pues con la declaración de existencia de la
relación laboral el demandante, se recalca, no obtuvo la condición de empleado
público.
• Sanción moratoria
No es posible ordenar el pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías a favor del demandante o de las cesantías definitivas porque la
demandada no ha incurrido en mora en tanto que, es a partir de la ejecutoria de
la sentencia que declara la existencia de un contrato realidad que surge para la
entidad la obligación de pagar las prestaciones sociales en los términos
señalados en el CPACA y demás normas concordantes.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
En otras palabras, la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, sólo es viable en tanto las cesantías hayan sido reconocidas, y no
cuando está en litigio la declaración del derecho a percibirlas, es decir, cuando
está en discusión el derecho al reconocimiento y pago del aludido auxilio de
cesantías no podría configurarse la sanción por mora en el pago de aquellas.
Prima de servicios: Acerca de la prima de servicios, fue el Decreto 2351 de 2014
el que la reguló para los empleados públicos del nivel territorial y señaló frente al
reconocimiento de la misma, lo siguiente:
«ARTÍCULO 1°. Todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las
entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y
Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y
Municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho, a
partir de, 2015, a percibir la prima de servicios de qué trata el Decreto Ley 1042 de
1978 en los mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo
modifican, adicionan o sustituyan.» (Subrayas de la Subsección)
Como puede observarse, la prima de servicios para los empleados públicos del
nivel territorial, empezó a pagarse sólo a partir del año 2015. Y si bien es cierto,
que, con fundamento en el Decreto Ley 1042 de 1978, posiblemente los aludidos
empleados percibieron la citada prestación en anualidades anteriores, la Corte
Constitucional en sentencia C-402 de 2013 determinó que el Gobierno Nacional
expidió el Decreto Ley 1042 en razón de las facultades que le fueron otorgadas
para el ejercicio de la actividad legislativa y que estaban circunscritas a fijar las
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, incluidas las
unidades administrativas especiales y, por lo tanto, le estaba vedado extender el
campo de regulación al régimen salarial de los servidores públicos de la Rama
Ejecutiva del nivel territorial. En ese sentido, concluyó que el Decreto acusado
solo tenía alcance para los servidores públicos del orden nacional, sin que
pudieren extenderse a aquellos adscritos al nivel territorial.
En atención a lo expuesto y el período en que le fue reconocida la relación laboral
lo fue durante los años 2013 a 2015, el señor Rafael Guillermo Coba Orozco tiene
derecho a la prima de servicios únicamente por el período que laboró en el año
2015, esto es, 15 de enero al 15 de julio de 2015, toda vez que, se itera, esta
prestación cobijó a los empleados públicos de nivel territorial, a partir de ese año.
Tercer problema jurídico
¿Hay lugar a reembolsar al demandante las sumas pagadas por concepto de
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones?
Al respecto la Sala sostiene la siguiente tesis: de conformidad con la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, el reconocimiento al que hay lugar
en materia de seguridad social, específicamente frente a los aportes a salud y
pensión, comprende únicamente el pago de los porcentajes que debieron haber
sido cotizados por el empleador al fondo de pensión respectivo, durante el tiempo
en que se acreditó la relación laboral.
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Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
Sea lo primero indicar que que en el caso concreto la orden de devolución de
aportes a seguridad social en pensión y salud no fue objeto de apelación por las
partes, lo cierto es que la orden dada por el a quo desconoce la naturaleza y
finalidad de los aportes a seguridad social en salud y pensión, conforme pasa a
explicarse.
Como se indicó en precedencia, la sentencia de unificación del 26 de agosto de
2016 ordenó al Juez Administrativo estudiar en todos los procesos en los cuales
proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad, aunque no
se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las cotizaciones
adeudadas por la administración al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Dicha circunstancia conlleva que, con fundamento en la sentencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021, también se verifiquen los aspectos relacionados
con la orden impartida por el tribunal de primera instancia de devolver los aportes
efectuados por el interesado al Sistema de Seguridad Social en Salud, por razón
de su naturaleza y finalidad.
Así, la mencionada providencia de unificación del 9 de septiembre de 2021,
sostuvo en materia de devolución de aportes a salud y pensión lo siguiente:
«[…]
161. Finalmente, por albergar el fundamento de la interpretación que aquí se adopta,
merece especial consideración lo señalado por la misma Corte Constitucional en la
Sentencia C-895 de 2009, que frente a la protección constitucional de los recursos
de la Seguridad Social y la destinación específica de los aportes a salud y pensión,
expuso, de manera concreta, lo siguiente:
Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido de
manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras,
copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden ser utilizados
para propósitos distintos a los relacionados con la seguridad social debido
a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance del artículo 48 de la
Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo siguiente:
“En relación con dicho precepto superior [artículo 48 CP] la Corte
Constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a
examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad social
que se encuentren depositados en entidades financieras en liquidación para
asegurar precisamente el mandato de destinación y utilización exclusiva de
los recursos de las instituciones de seguridad social.
Al respecto la Corte ha hecho énfasis en i) la naturaleza parafiscal de los
recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en pensiones
ii) en el tratamiento particular que debe dársele a dichos recursos en los
procesos de liquidación de las entidades financieras y iii) en la imposibilidad
de asimilar el caso de los depósitos de recursos parafiscales de la seguridad
social en las entidades financieras con las indemnizaciones debidas por
concepto de contratos de reaseguro de las enfermedades de alto costo”.
3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-577/97,
C-542/98, T-569/99, C1707/00) como en pensiones (C-179/97), llámense
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Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas,
deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de
destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía
fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para
satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una
contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan
también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
(C086/02, C-789/02). [Negrilla fuera de texto].
162. En definitiva, es claro que las anteriores sentencias se encuentran en armonía
con el artículo 48 de la Carta, que consagra expresamente que «no se podrán
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines
diferentes a ella»,37 […].
163. En atención a la naturaleza parafiscal de los recursos de la Seguridad Social,
el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993 ordena a las empresas
promotoras de salud (EPS) manejar los recursos provenientes de las cotizaciones
de los afiliados «en cuentas independientes del resto de rentas y bienes de la
entidad». Esto, porque tales dineros únicamente pueden ser previstos y empleados
para garantizar la prestación de los servicios sanitarios en los dos regímenes
(subsidiado y contributivo), sin que quepa destinarlos para otros presupuestos.
Asimismo, estos recursos ostentan la condición de ingresos no gravados
fiscalmente, pues su naturaleza parafiscal (establecida en la Ley 100 de 1993, en
desarrollo del artículo 48 constitucional) prohíbe su destinación y utilización para
fines distintos a los consagrados en ella.
164. Las anteriores razones han conducido a esta Sección38 a considerar
improcedente la devolución de los aportes a salud realizados por el contratista, a
pesar de que se haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral
encubierta. Como se ha indicado, en función de su naturaleza parafiscal,39 estos
recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y, por tanto,
independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud, no
constituyen un crédito a favor del interesado, pues su finalidad era garantizar la
prestación de los servicios sanitarios para los dos regímenes que integran el
sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda
el actor ejercer».40
165. Por consiguiente, dado que corresponde al contratista sufragar dicha
contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla,41 no es procedente
ordenar su devolución, aunque se haya declarado la existencia de una relación
laboral encubierta. Además, reembolsar estos aportes implicaría contradecir al
legislador, cuya voluntad, como se expuso, buscaba que su recaudo fuera
directamente a las administradoras de servicios de salud, por tratarse, se itera, de
contribuciones de pago obligatorio con una destinación específica y con carácter
parafiscal.
166. En ese orden de ideas, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de
precisar que, frente al hecho consumado de la no afiliación a las contingencias
de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente
el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más, por
constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal».
De lo que se sigue la improcedencia del traslado de montos reconocidos por
concepto de salud, a favor de la persona beneficiaria del reconocimiento de una
relación laboral encubierta o subyacente.
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Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
En cuanto al pago de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad social
en pensiones, este aspecto de retribución, originado en la declaración de la
existencia de la relación laboral, se acompasa con la imprescriptibilidad de los
derechos pensionales en los términos definidos en la sentencia de unificación del
26 de agosto de 2016, y a los que se aluden en acápite precedente.
Se reitera pues que, dicha prerrogativa no ampara la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, sino
las cotizaciones adeudadas que podrían afectar la liquidación del monto
pensional, y que se derivan de la relación de trabajo comprobada, que comprende
la obligación, a cargo del empleador, de efectuar los correspondientes aportes al
sistema.
De manera que no hay lugar a la reclamación de devolución de los pagos
efectuados por este concepto por parte del contratista, sino al efectivo pago del
porcentaje de cotización al sistema pensional que le correspondía al contratante
por virtud de la mencionada relación de trabajo.
En esa medida, el beneficio derivado de la declaratoria de existencia de una
relación laboral encubierta entre un particular y una entidad pública, en materia
de seguridad social, solo abarca la obligación de la administración de determinar
mes a mes si existe diferencia entre los porcentajes de cotización que se debieron
efectuar por ésta y los realizados por el contratista para, en consecuencia, cotizar
al respectivo fondo la suma faltante por concepto de aportes a pensión, en el
porcentaje que le concernía como empleador.
Por tal motivo, en aplicación de las reglas de unificación aludidas, no resulta
procedente la devolución de los valores pagados por el demandante por concepto
de salud; y el reconocimiento a que hay lugar, en materia pensional, solo
comprende el traslado de los aportes al fondo respectivo, en el porcentaje que le
correspondía al contratante, conforme quedó suficientemente aclarado en líneas
que anteceden.
Decisión de segunda instancia
De acuerdo con las razones que anteceden se modificará el ordinal tercero de la
sentencia proferida el 31 de enero de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, para incluir entre las prestaciones sociales comunes de orden legal, el
pago de la prima de servicios, únicamente respecto del tiempo laborado en el año
2015, en los términos dispuestos por el a quo para la cancelación de las demás
prestaciones.
En cuanto a las prestaciones sociales compartidas se ordenará pagar únicamente
la diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el
contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía y por
los períodos en los que fue reconocida la relación laboral.
Para ello, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional17 del
demandante, dentro de los períodos laborados por órdenes o contratos de
17 Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016,
el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los
honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
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Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
prestación de servicios, excepto sobre los períodos sobre los cuales no se
acreditó la relación laboral, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados por el señor Coba Orozco como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Tómese como base de liquidación el valor pactado por honorarios en el
respectivo contrato.
El demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones, y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
En lo demás se confirmará la sentencia apelada.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201618 sentó posición sobre la
condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó
el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo
siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –
CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
18 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP 19, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De conformidad con lo señalado, la Sala considera que en el presente caso hay
lugar a condenar en costas procesales de segunda instancia a cargo de la parte
demandada y en favor de la parte demandante, pues el recurso del libelista fue
resuelto parcialmente a su favor y se encuentra demostrada su causación.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 31 de enero de
2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, para incluir entre las prestaciones sociales comunes
de orden legal, el pago de la prima de servicios, únicamente respecto del tiempo
laborado en el año 2015, en los términos dispuestos por el a quo para la cancelación
de las demás prestaciones.
Así mismo, para ordenar pagar al Establecimiento de Sanidad Militar 1015 de
Barranquilla, respecto de las prestaciones sociales compartidas, únicamente la
diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el
contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía y por
los períodos en los que fue reconocida la relación laboral.
Para ello, deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional20 del
demandante, dentro de los períodos laborados por órdenes o contratos de
prestación de servicios, excepto sobre los períodos sobre los cuales no se
acreditó la relación laboral, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados por el señor Coba Orozco como contratista y los que se debieron
efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Tómese como base de liquidación el valor pactado por honorarios en el
respectivo contrato.
El demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones, y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.
19 «Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto
por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
20 Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016,
el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los
honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.
21
Radicado: 08001-23-33-000-2016-00854-01 (3686-2018)
Demandante: Rafael Guillermo Coba Orozco
Tercero: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandada. Liquídense
por el a quo.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de
Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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