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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00890-01

Fecha
9 de abril de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-00890-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONDENAR en costas en la segunda instancia. No fijar agencias en derecho en la segunda instancia, por no haberse causado. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2016-00890-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

9 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Proceso: Medio de control de reparación directa

IMPUGNACIÓN-Tiene por objeto controvertir los fundamentos de la providencia de primera instancia y no
ventilar irregularidades procesales, para lo cual existe la vía incidental. ERROR JUDICIAL-Debe aportarse la
providencia a la cual se le endilga el yerro, so pena de la no demostración de su existencia. CARGA DE LA
PRUEBA-Artículo 167 del CGP, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. DECRETO OFICIOSO DE PRUEBAS-Es labor subsidiaria
del juez, que no reemplaza la carga probatoria de las partes, ni subsana sus negligencias.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 3 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B, mediante
la cual se negaron las pretensiones. La decisión fue la siguiente:

“1. Negar las pretensiones de la demanda presentada por el Municipio de Soledad
contra la Rama Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia

2. Sin costas.

3. Notifíquese a las partes y al agente del Ministerio Público delegado ante el
tribunal.”1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a un error judicial endilgado a una providencia
emitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, en el marco de
un proceso ejecutivo laboral, que ordenó la entrega de títulos judiciales al ejecutante

1
Índice SAMAI 29, expediente digital. 014. Sentencia.

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

que, según se alega, pertenecían al municipio de Soledad, a pesar de que el ente
territorial había sido excluido previamente del proceso, se encontraba en proceso
de reorganización bajo la Ley 550 de 1999, y el trámite se adelantó en contra del
ITIDA, que carecía de personería jurídica, entre otras irregularidades alegadas.

II. ANTECEDENTES
La demanda

El 17 de agosto de 2016, el municipio de Soledad, Atlántico 2 presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se declarara
patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial por los perjuicios
derivados del error judicial en el que se incurrió al entregar el título judicial,
perteneciente al ente territorial, al abogado Duguid Char Negrete en el marco de un
proceso ejecutivo laboral, en los siguientes términos:

“3.1.- PRETENSIONES PRINCIPALES:

3.1.1.- Pretensiones Declarativas:

PRIMERO.- Que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual por
Error Jurisdiccional de la Nación-Rama Judicial por la totalidad de los daños y
perjuicios causados al MUNICIPIO DE SOLEDAD, con ocasión a la entrega de un
título judicial perteneciente a dicha entidad territorial al señor Duguid Char Negrete,
por un valor de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($971.006.482,00).

SEGUNDO.- Que se ordene a la Nación-Rama Judicial, pagar la suma de dinero que
le entregó el Juzgado Sexto Laboral de Barranquilla al señor Duguid Char Negrete,
incluyendo el daño emergente y lucro cesante que se le ha producido al municipio de
Soledad por el Error Jurisdiccional en el que incurrió el despacho.

3.1.2.- Pretensiones de Condena:

TERCERO.- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a
la Nación-Rama Judicial, por la totalidad de los daños y perjuicios de orden material,
patrimonial o económicos causados al MUNICIPIO DE SOLEDAD que se logren
probar dentro del proceso, con ocasión a la entrega de un título judicial perteneciente
a dicha entidad territorial al señor Duguid Char Negrete, por un valor de
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($971.006.482,00).

En lo relacionado al daño emergente, deberá repararse al MUNICIPIO DE SOLEDAD
como administrador de los recursos de INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DEL
ATIÁNTICO-ITIDA, en cuanto éste ha tenido que sufragar de su propio peculio los
efectos que produce la imposición de una servidumbre, toda vez que el dinero que el
Juzgado Sexto laboral de Barranquilla le entregó al señor Duguid char [sic] Negrete
estaban destinados para dicho propósito.

Por otro lado, también se deberá resarcir el lucro cesante que se le ha producido a
mi poderdante toda vez que no ha podido hacer uso de los dineros que por sentencia
judicial le fueron otorgados para sufragar los efectos en los que incurriría el

2
Expediente digital. EXP 2016-00890-00 MUNICIPIO DE SOLEDAD VS. NACIÓN. Págs. 1 a 18.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DEL ATLÁNTICO-ITIDA por la imposición de la
servidumbre.

La cifra que resultare probada por tales conceptos, deberá ser liquidada en los
términos previstos en la Ley y la Jurisprudencia. Para lo cual, se tendrán en cuenta
los intereses legales y la mora, así como la correspondiente indexación desde la fecha
en que se produjo el daño hasta cuando el pago se haga efectivo, con base en el
Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) y la fórmula actuarial establecida por la
Jurisprudencia Administrativa para efectos de compensar la pérdida del valor
adquisitivo de la moneda.

CUARTO.- Que se condene a la entidad demandada a resarcir los perjuicios que por
perdida [sic] de oportunidad se le ocasionaron al demandante, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 193 del CPACA.

QUINTO.- Que se disponga que en la sentencia que le ponga fin al proceso, se le dé
cumplimiento en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.

SEXTO.- Que en todo caso, se repare integralmente los perjuicios materiales e
inmateriales conforme lo indica el artículo 16 de la Ley 446 de 1.998 así como bajo
cánones que la reciente Jurisprudencia Contencioso Administrativa ha establecido.

3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIOS:

3.2.1. Pretensiones Declarativas:

PRIMERO.- Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable por
Error Jurisdiccional a la Nación-Rama Judicial, por la totalidad de los daños y
perjuicios causados al MUNICIPIO DE SOLEDAD, con ocasión a la entrega ilegal de
un Título Judicial que pertenecía al municipio de Soledad al señor Duguid Char
Negrete, por un valor de NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($971.001482.00) [sic].

3.2.2. Pretensiones de Condena:

SEGUNDO.- Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la
Nación- Rama Judicial, a reparar integralmente el daño sufrido por el MUNICIPIO DE
SOLEDAD, ordenando pagar el valor del Título Judicial que el Juzgado Sexto Laboral
de Barranquilla le entregó al señor Duguid Char Negrete el día 18 de junio de 2014,
así como todos los daños y perjuicios de orden material, patrimonial o económicos
irrogados en su modalidad de "Daño Emergente" y "Lucro Cesante", tal y como se
encuentran discriminados en la sección de "Estimación Razonada de la Cuantía", o
que se logren demostrar en el proceso, y que como se sabe, la cifra que resultare
probada por tales conceptos, deberá ser liquidada en los términos previstos en la Ley
y la Jurisprudencia. Para lo cual, se tendrán en cuenta los intereses legales y la mora,
así como la correspondiente indexación desde la fecha en que se produjo el daño
hasta cuando el pago se haga efectivo, con base en el Índice de Precios al
Consumidor (I.P.C.) y la fórmula actuarial establecida por la Jurisprudencia
Administrativa para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la
moneda.

Para los efectos de esta modalidad de reparación, el daño emergente consiste en los
gastos en los que incurrió el municipio para sobrellevar los efectos de la servidumbre
que se impuso en el terreno del Instituto técnico Industrial del Atlántico.

TERCERO.- Que se condene a la entidad demandada a resarcir los perjuicios que
por perdida [sic] de oportunidad se le ocasionaron al demandante, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 193 del CPACA.

CUARTO.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la Nación-Rama
Judicial.

QUINTO.- Que se disponga que en la sentencia que le ponga fin al proceso, se le dé
cumplimiento en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A

3

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

SEXTO.- Que en todo caso, se repare integralmente los perjuicios materiales e
inmateriales conforme lo indica el artículo 16 de la Ley 446 de 1.998, así como bajo
cánones que la reciente Jurisprudencia Contencioso Administrativa ha establecido.”.

Como hechos de la demanda, expuso que, en 2012, el señor Duguid Char Negrete
presentó demanda ejecutiva laboral ante el Juzgado Sexto Ordinario Laboral del
Distrito de Barranquilla en contra del Instituto Industrial del Atlántico-ITIDA, para
reclamar el pago de unos honorarios adeudados en su condición de apoderado
judicial en un proceso de servidumbre tramitado en el Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Barranquilla. De acuerdo con la narración, el Juzgado Sexto Ordinario
Laboral admitió la demanda y le dio curso al proceso, a pesar de que el ITIDA no
estaba legitimada por pasiva para ser parte procesal, en cuanto carecía de
personería jurídica. Asimismo, que el 5 de septiembre de 2012, se vinculó al
municipio de Soledad, sin considerar que la entidad estaba en proceso de
reestructuración de conformidad con la Ley 550 de 1999.

Señaló que el 14 de agosto de 2012 se libró mandamiento de pago y se decretó el
embargo preventivo y posterior secuestro de, entre otras, las sumas de dinero
consignadas por Corelca a favor del ITIDA y del municipio de Soledad en el proceso
de servidumbre ante el Juzgado Noveno Civil, por un monto máximo de
$1.258’819.485.

Manifestó que el 25 de enero de 2013, el Juzgado Sexto Laboral decretó la nulidad
de todo lo actuado y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares en contra
del municipio, siguiendo el proceso únicamente en contra del ITIDA. En ese sentido,
sostuvo que, mediante acta de entrega del 6 de febrero de 2013, dicho Despacho
ordenó la entrega de títulos al entonces alcalde de Soledad, por un valor de
$597’142.914,14.

Indicó que, no obstante, en auto del 12 de junio de 2014, el Juzgado Sexto ordenó
la entrega de un título judicial al señor Duguid Char Negrete por valor de
$1.046’345.869,19, que se hizo efectivo el 18 de junio de 2014, cuando el señor
Char recibió $971’006.482.

De conformidad con el relato, el municipio de Soledad instauró acción de tutela ante
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en contra
del Juzgado Sexto Laboral para obtener el amparo de sus derechos fundamentales

4

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administración de justicia, por la
entrega de títulos judiciales de propiedad del ente territorial. Añadió que la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conoció del asunto en segunda
instancia y, mediante providencia del 12 de noviembre de 2014, tuteló el derecho al
debido proceso, con fundamento en que la entidad había sido excluida del proceso
ejecutivo el 25 de enero de 2013, y el ITIDA no contaba con personería jurídica.

Alegó que el 19 de enero de 2015, el Juzgado Sexto profirió auto de obedézcase y
cúmplase de la decisión de tutela de segunda instancia emitida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Así, expuso que el juzgado
ordenó dejar sin efecto el mandamiento de pago librado el 5 de septiembre de 2012,
levantar las medidas cautelares, devolver al Juzgado Noveno el título judicial
416010002259429 del 19 de diciembre de 2013 por $159’260.686, y requerir al
señor Char para que pusiera a disposición del Juzgado un título judicial por la suma
de $971’006.482.

Según se refirió, a la fecha, el señor Char no había acatado la orden
correspondiente.

Contestación de la demanda

Por medio de apoderado judicial y de manera oportuna, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Barranquilla, Atlántico, de la Administración Judicial3 contestó la
demanda aduciendo, en las razones de defensa, que la actuación procesal se había
adelantado con sujeción a las normas que regulaban los trámites ejecutivos en
materia laboral, con lo cual se habían garantizado los derechos a la defensa, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Adicionalmente, propuso las siguientes excepciones que, por lo demás, no guardan
ninguna relación con los hechos y pretensiones presentados en el libelo: (i)
inexistencia de daño imputable a la Dirección Seccional de Administración Judicial,
en cuya virtud alegó que no se había causado un perjuicio, además de que el mismo
no era directo, como quiera que tal característica se relacionaba con el nexo de
causalidad entre el daño y el comportamiento de una persona y, en este caso, el
«Juzgado Primero Civil del Circuito» había decidido conforme al precepto legal

3
Expediente digital. EXP 2016-00890-00 MUNICIPIO DE SOLEDAD VS. NACIÓN. Págs. 105 a 116.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

vigente.

Formuló también la excepción de (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, en
cuanto ni la Rama Judicial ni sus agentes eran responsables de los hechos, pues
no se había probado el nexo de causalidad entre el actuar de la Rama Judicial y la
«enfermedad adquirida» por la demandante.

Finalmente, alegó (iii) cobro de lo no debido, pues se pretendía el pago de una suma
que la Dirección Seccional no debía cancelar.

Sentencia de primera instancia

El 3 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia 4 en
la que negó las pretensiones con fundamento en que no se había probado el error
judicial.

Para los efectos, entendió que, según lo alegado, el error judicial recaía en la
decisión de entregarle al señor Duguid Char Negrete los títulos judiciales que
pertenecían al municipio de Soledad, pese a que (i) la entidad había sido
desvinculada del trámite, (ii) se había dado en el marco de un proceso ejecutivo
adelantado en contra de una entidad que no tenía personería jurídica —ITIDA—,
(iii) en el que además se ordenaron medidas cautelares en contra de una entidad
en proceso de reestructuración empresarial bajo el tenor de la Ley 550 de 1999, y
(iv) se le dio mérito ejecutivo a un documento que no era claro, expreso y exigible.

Así, para resolver esta controversia, estableció que en el auto del 12 de junio de
2014 —que, por lo demás, había sido allegado a este proceso incompleto y sin la
firma del juez—, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla había
ordenado obedecer y cumplir lo resuelto por la Sala Segunda de Decisión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en providencia del 30 de
mayo de 2013, mediante la cual se había declarado inadmisible el recurso de
apelación en contra del auto del 17 de enero de esa anualidad, que, a su vez, había
rechazado de plano la nulidad propuesta por la demandada y había ordenado la
entrega de un título judicial.

4
Expediente digital. 014. Sentencia.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

En consecuencia, en dicho auto se ordenó la entrega al señor Char de los títulos
que reposaban en el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla hasta por
la suma de $1.046’345.869,16, que se tenía como pago parcial de la liquidación del
crédito aprobada por ese Despacho, para lo cual se debía entregar el título judicial
416010002252545 por $971’006.482, y remitir al «Banco Colombia» el título judicial
416010002259424, por valor de $159’260.686, para su fraccionamiento.

Agregó que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla libró mandamiento
de pago por considerar que el contrato de prestación de servicios prestaba mérito
ejecutivo según lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, en armonía con el artículo 488 del CPC, vigente para la
época. Igualmente, que se ordenaron las medidas cautelares el 5 de septiembre de
2012, antes de que obrara en el expediente alguna evidencia sobre el trámite de
reestructuración en el que el municipio estaba inmerso, que únicamente fue
informado al Despacho el 19 de diciembre de ese año.

Observó que el municipio de Soledad solamente había presentado excepciones
previas a través del recurso de reposición en contra del mandamiento de pago, sin
proponer excepciones de mérito, por lo cual el Juzgado Sexto Laboral ordenó seguir
adelante con la ejecución, con fundamento en el artículo 507 del CPC, de modo que
el allí ejecutado no podía interponer recurso de apelación.

Evidenció que, en cumplimiento del fallo de tutela, el Juzgado Sexto Laboral dejó
sin efecto el mandamiento de pago, ordenó el levantamiento de las medidas
cautelares, remitió la devolución al Juzgado Noveno Civil del Circuito de un título
judicial y ordenó requerir al señor Char para que pusiera a disposición el título
judicial que le había sido entregado.

Adicionalmente, puso de presente que en el plenario no obraban las providencias
del 12 de noviembre de 2014 de la Corte Suprema de Justicia, ni los autos del 17 y
25 de enero de 2013 emitidos por el Juzgado Sexto Laboral, o el del 30 de mayo de
2014 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a pesar de que
habían sido relacionados en la demanda o mencionados en el auto de 9 de junio de
2014, al que se le endilgaba el error.

Por lo expuesto, determinó que el extremo activo no había allegado todas las piezas

7

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

procesales del proceso ejecutivo laboral, razón por la cual el Despacho no podía
verificar que la actuación del Juzgado Laboral del Circuito de Barranquilla hubiera
resultado contraria al ordenamiento de forma clara y evidente.

Recurso de apelación

La demandante 5 impugnó la decisión sobre la base de que el a quo no había
analizado los argumentos expuestos y las pruebas decretadas que demostraban
que la Rama Judicial era responsable por el daño emergente y el lucro cesante
causado como resultado del error judicial por la entrega del título judicial por
$971’006.482 al señor Duguid Char Negrete. Lo anterior, habida consideración de
que el proceso ejecutivo estaba viciado porque el ITIDA carecía de personería
jurídica y el municipio estaba en proceso de reestructuración de acuerdo con la Ley
550 de 1999. Adicionalmente, porque el título entregado estaba a nombre del
municipio de Soledad, quien desde el 25 de enero de 2013 había sido desvinculado
del proceso. Según sus argumentos, el error judicial fue corroborado por la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de noviembre de 2014.

Sostuvo que, al estar incurso en el proceso de reestructuración de pasivos desde el
2012, tanto la acción ejecutiva como la medida del embargo resultaban
improcedentes, al margen de si la obligación había surgido con anterioridad o
posterioridad a la celebración del acuerdo de reestructuración, según lo dictaminado
por la sentencia C-493 de 2002 de la Corte Constitucional, que interpretó el artículo
58.13 de la Ley 550 de 1999. En este sentido, alegó que la primera instancia había
incurrido en un error fáctico.

Aunó que los alegatos de conclusión presentados por el municipio el 5 de abril de
2021 no habían sido tenidos en cuenta, situación que derivaba en la configuración
de la causal de nulidad establecida en el artículo 133 del CGP.

Trámite en la segunda instancia

Mediante proveído de 21 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del
Atlántico concedió el recurso presentado 6 y fue admitido por el Consejo de Estado

5
Expediente digital. 018. Recurso de Apelación. Recurso de Apelación – Sentencia Tribunal.
6
Índice SAMAI 46. Expediente digital ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

en auto del 8 de julio de 2024 7.

Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 8.

El Ministerio Público rindió su concepto9 en el que argumentó que la nulidad
planteada debía entenderse saneada, puesto que no fue alegada oportunamente
por el interesado al momento de la notificación de la sentencia.

En cuanto al fondo del asunto, dictaminó que no se había probado que la decisión
hubiera sido arbitraria o desprovista de fundamentos jurídicos, así como que no se
había demostrado que los títulos judiciales entregados al señor Char pertenecieran
al municipio, sobre lo cual únicamente constaba el contenido del auto de junio de
2014 que ordenó la respectiva entrega, que, por lo demás, obraba en el expediente
en una copia incompleta y en mal estado.

Evidenció que el municipio de Soledad no propuso excepciones de fondo en el
proceso ejecutivo, situación que resultaba determinante para el estudio del yerro
endilgado en este escenario de reparación directa, en cuanto la prosperidad de las
pretensiones resarcitorias por error judicial requiere que el actor agote todos los
medios legales disponibles. Así, expuso que, en este trámite, no podía evaluarse si
el documento presentado como título ejecutivo, en efecto, tenía el mérito
correspondiente, por cuanto ese argumento debió haberse debatido a raíz de la
formulación de una excepción de mérito en contra del mandamiento ejecutivo, al
igual que aquel relacionado con la capacidad de ITIDA para comparecer al proceso.

Esgrimió que este último planteamiento fue objeto del recurso de reposición en
contra del mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, respecto de lo cual el
Juzgado Sexto Laboral se pronunció con fundamento en argumentos legales, de
modo que la decisión no había sido emitida sin razones jurídicas y, por ende, no se
había probado la ilegalidad de la providencia

En lo que respecta a la reestructuración del municipio bajo la Ley 550 de 1999, refirió

7
Índice SAMAI 4 ante el Consejo de Estado.
8
Que entró a regir a partir de su publicación el 5 de enero de 2021.
9
Índice SAMAI 11 ante el Consejo de Estado.

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Asunto: Reparación directa

que la orden de embargo y secuestro dictada por el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito se había dirigido en contra de los dineros consignados a nombre del ITIDA
dentro del proceso civil adelantado en contra de Corelca, sumado a que no había
prueba dentro de este proceso que evidenciara la suscripción del respectivo
acuerdo, ni de que el mismo se hubiera allegado al proceso ejecutivo.

Tampoco se aportó al sub judice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que
amparó el derecho al debido proceso y ordenó el levantamiento de las medidas
cautelares, por lo cual no es posible constatar el alcance de tal proveído.

Concluyó que no había prueba de una ilicitud o «fraude al origen de la entrega del
título», por lo que no había más que una confrontación de argumentos jurídicos que
no podía dirimirse en sede del caso de marras, so pena de convertirlo en una tercera
instancia del litigio ejecutivo.

III. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 17 de agosto de 2016, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en cuanto sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA, como ocurre en este caso en el que se atribuye
responsabilidad a la Nación – Rama Judicial.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así
mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la
pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del
CPACA, esto es, $344’727.00010.

2. Medio de control procedente

4. La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra
actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya
legalidad no se cuestiona 11.

Como en este caso se reclama el daño causado por el error judicial endilgado al
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla por haberle entregado al señor
Duiguid Char Negrete un título judicial perteneciente al municipio de Soledad 12, este
es el medio de control procedente.

3. Demanda en tiempo

5. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la
demanda en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior (…)”.

La jurisprudencia ha explicado que, en eventos de error judicial, el término de

10
Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2016 ($689.454) por 500. La pretensión
mayor (artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $ 971.006.482, suma a la que ascendía el
título judicial que fue entregado al ejecutante.
11
Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa, en casos de responsabilidad por
daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421.
12
Pretensión principal primera.

11

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

caducidad inicia su conteo a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia a la que se le endilga el yerro 13, por cuanto es únicamente en ese
momento en el que el daño se concreta 14.

6. En el presente, el libelo aduce que el daño se ocasionó porque, en el marco de
un proceso ejecutivo laboral, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla,
mediante auto del 12 de junio de 2014 —acusado del error judicial—, ordenó que
se le entregara al allí ejecutante, el señor Duguid Char Negrete, un título judicial
perteneciente al municipio.

Si bien no obra prueba de la fecha de su ejecutoria 15, lo cierto es que incluso si se
asumiera que la decisión fue notificada el mismo día en el que fue proferida, ésta
habría cobrado firmeza el 17 de junio 16, de lo cual se desprende que el término de
caducidad habría corrido desde el 18 de junio de 2014 hasta el 18 de junio de 2016.

El 31 de diciembre de 2015 se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, con
lo cual se suspendió el término por un mes y 29 días, hasta el 29 de febrero de
2016, fecha en la que se expidió la respectiva constancia 17, de modo que la
demanda debía presentarse a más tardar el 30 de agosto de 2016, como en efecto
ocurrió —oportunamente— el 17 de agosto de ese año 18.

4. Legitimación en la causa

7. El municipio de Soledad está legitimado en la causa de hecho por cuanto alega
haber sufrido el daño derivado de que el título judicial que le pertenecía fue
entregado al abogado Duguid Char Negrete.

Por su parte, la Nación está legitimada en la causa por pasiva y concurre al proceso
debidamente representada por la Rama Judicial, pues fue el Juzgado Sexto Laboral

13
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp: 17493; auto del 9 de mayo de 2011. Exp: 40.196; sentencia
del 27 de enero de 2012. Exp: 22.205; sentencia del 28 de febrero de 2020. Exp: 44809; sentencia
del 28 de febrero de 2022. Exp: 57011.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 9 de mayo
de 2011. Exp: 40.196.
15
En cuanto no se evidencia la fecha de su notificación, de acuerdo con el artículo 331 del Código
de Procedimiento Civil, aplicable a ese trámite.
16
En consideración a que el 12 de junio del 2014 era jueves, el tercer día consagrado por la ley era
el 17 de junio.
17
Expediente digital. EXP 2016-00890-00 MUNICIPIO DE SOLEDAD VS. NACIÓN. Págs. 31 y 32.
18
Expediente digital. EXP 2016-00890-00 MUNICIPIO DE SOLEDAD VS. NACIÓN. P. 1.

12

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

del Circuito de Barranquilla el que emitió la decisión objeto del reproche.

II. Análisis de la Sala

8. En atención a los cargos de la apelación, a esta Sala le corresponde analizar si
se demostró el error judicial demandado por la entrega del título judicial al
ejecutante.

1. Cuestión previa – sobre la nulidad procesal presentada

9. El impugnante solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado con sustento en
el artículo 133 del CGP, porque los alegatos de conclusión que había presentado
no habían sido tenidos en cuenta por el Despacho de primera instancia.

Sobre este asunto, se observa que, el 23 de febrero de 2023 19, el extremo activo
presentó un incidente de nulidad por omitir pruebas y prescindir de la oportunidad
para alegar de conclusión, que fue denegado por el Tribunal Administrativo del
Atlántico en auto del 14 de abril de 2023 20.

En este sentido, se destaca que la nulidad procesal presentada en esta oportunidad
ya fue resuelta en el correspondiente trámite incidental, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 209.1 del CPACA, además de que, en cualquier caso, según el
artículo 320 del CGP, el recurso de apelación tiene por objeto controvertir los
fundamentos de la providencia de primera instancia, y no ventilar las irregularidades
procesales21.

Por lo expuesto, no se estudiará este planteamiento.

2. Sobre la prueba del error judicial en el caso concreto

10. Se recuerda que el debate se centra en que, según el impugnante, el auto del

19
Índice SAMAI 24 del expediente digital ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.
20
Índice SAMAI 39 del expediente digital ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.
21
Así lo ha confirmado la jurisprudencia de esta Corporación: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Exp: 17001-
23-31-000-2012-00320- 02 (AP). En esa decisión se cita la sentencia de la Sección Cuarta del 26 de
septiembre de 2013, Exp: 08001-23-333-004-2012-00173-01(20135). Criterio reiterado en
sentencias de la Sección Primera del 1 de marzo de 2018, Rad: 66001-23-31-000-2010-00356-02
(AP), y de 5 de diciembre del 2019, Rad: 05001-23-33-000-2016-02245-01 (AP).

13

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

12 de junio de 2014 —en el que se ordenó la entrega al ejecutante, el señor Duguid
Char Negrete, de unos títulos judiciales pertenecientes al municipio de Soledad—,
contiene un error jurisdiccional porque el ente territorial había sido desvinculado del
proceso desde el 25 de enero de 2013, y se encontraba en proceso de
reestructuración bajo el tenor de la Ley 550 de 1999, sumado a que el trámite
ejecutivo se había adelantado en contra del ITIDA, que carecía de personería
jurídica.

Debe recalcarse que la demanda apunta expresamente a que se declare la
responsabilidad con fundamento en el error judicial atribuido al auto del 12 de junio
de 2014, como se desprende diáfanamente de las pretensiones y de los
fundamentos de derecho en los que se manifiesta “la providencia proferida por el
juzgado sexto laboral de Barranquilla el día 12 de junio de 2014, es ostensiblemente
contrario [sic] a la ley”, con el siguiente argumento:

“En el presente asunto no existió discrecionalidad por parte del Juez Sexto Laboral
de Barranquilla, toda vez que éste de manera arbitraria omitió cinco aspectos
que eran fundamentales al momento de tomar la decisión contenida en la
providencia de 12 de junio de 2014 (…)”22.
(Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Es posible establecer, entonces, que la demandante reclama la reparación de los
daños derivados del yerro que se le inculca al auto del 12 de junio de 2014, por el
título de imputación de error judicial, y no por la entrega misma de los títulos, que
no es más que la ejecución de la decisión que, según alega el extremo activo,
contiene la respectiva orden.

En este sentido también se fijó el litigio en la audiencia inicial del 27 de junio de
2019:

“De acuerdo con los hechos de la demanda y la contestación, el litigio va dirigido a
determinar si hay lugar a declarar administrativa y extracontractualmente
responsable a la Rama Judicial, por los perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente y lucro cesante ocasionados al Municipio de Soledad como
resultado del error jurisdiccional acaecido por la entrega efectuada por el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barraquilla al señor DUGUID CHAR
NEGRETE de un título judicial por valor de $971.006.482.00 de propiedad del

22
Demanda. Expediente digital. EXP 2016-00890-00 MUNICIPIO DE SOLEDAD VS. NACIÓN. P.
13.

14

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

Municipio de Soledad.”23.
(Negrillas fuera del texto original).

Respecto de esta decisión las partes manifestaron estar de acuerdo 24, sin alegar
que debía adicionarse otro problema jurídico en orden a estudiar otro título de
imputación, con lo cual esta fijación quedó en firme.

Asimismo, en el recurso de apelación se insistió en que en el petitum se reclamaban
“los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante
ocasionados al ente territorial que represento, como resultado del error judicial
producido por la entrega efectuada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Barraquilla al señor DUGUID CHAR NEGRETE de un título judicial por valor de
$971.006.482.00 de propiedad del municipio de Soledad (Atlántico)”. Se itera que la
entrega de los títulos judiciales no es más que el cumplimiento de la orden que
supuestamente se dio en el auto, al paso que el título de imputación formulado fue
el del error judicial, y ningún otro.

11. Con estas aclaraciones, esta Sala no puede pasar por alto que, si bien la
demanda enunció que aportaría “[c]opia de la providencia de 12 de junio de 2014
por medio de la cual se ordenó la entrega de títulos judiciales por la suma de
$1.046.345.869,16 al señor Duguid Char Negrete”, lo cierto es que, en esa
oportunidad, únicamente allegó la primera hoja recortada de lo que podría ser la
decisión, que, además, carece de la firma del juez, por lo que resulta imposible tener
como cierto el dicho del actor, en cuanto al juzgador de este proceso le está vedado
presumir la existencia del proveído.

De tal situación se desprende, ontológicamente, que no puede analizarse la
existencia misma de la decisión, o si esta providencia contiene un yerro, o es
constitutiva de una falla en el servicio, o siquiera si ella causó un daño.

12. Al efecto, se recuerda que, de acuerdo con el artículo 167 del CGP, “[i]ncumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”.

23
Acta de audiencia inicial. Expediente digital índice 29 del SAMAI. 004. ACTA DE AUDIENCIA
INICIAL. Confirmado en el minuto 8:45 al 9:20 de la audiencia (Expediente digital índice 29 del
SAMAI. 003. AUDIENCIA INCIAL EXP 2016-00890 MUNICIPIO DE SOLEDAD).
24
Acta de audiencia inicial. Expediente digital índice 29 del SAMAI. 004. ACTA DE AUDIENCIA
INICIAL. Confirmado en el minuto 10:25 al 10:38 de la audiencia (Expediente digital índice 29 del
SAMAI. 003. AUDIENCIA INCIAL EXP 2016-00890 MUNICIPIO DE SOLEDAD).

15

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

Le correspondía, entonces, al demandante la carga mínima de aportar el auto que
acusaba de contener el error judicial, más aún en consideración a que presentó una
acción de tutela —según su propio dicho 25— por la misma cuestión aquí planteada,
de lo cual es posible deducir que el municipio debía tener en su poder una copia
íntegra de la providencia. En consecuencia, al no haberla allegado, el demandante
desconoció su carga probatoria y, por ende, esta Sala no puede acceder a sus
pretensiones.

13. Incluso, si se asume que el demandante no contaba con la copia completa, y
confiaba en que la Rama Judicial lo aportaría con el expediente, tal como fue
ordenado en el auto admisorio de la demanda 26 con apoyo en el parágrafo 1 del
artículo 175 del CPACA, debe ponerse de presente que, tampoco en ese caso
habría cumplido con su carga, pues el extremo activo no alegó ningún reproche en
contra del auto del 4 de marzo de 2021 emitido por el Tribunal Administrativo del
Atlántico27, que —a pesar de que los antecedentes administrativos no se habían
aportado al proceso 28— dispuso:

“Teniendo en cuenta que las pruebas decretadas fueron incorporadas al
expediente y que en el asunto que se debate resulta innecesaria la celebración de
la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 2 del artículo 181 de la ley 1437 de 2011, córrase traslado a las partes por
el termino común de diez (10) días para que aleguen de conclusión en la misma
oportunidad señalada podrá el ministerio publico emitir su concepto si a bien lo
tiene.”
(Negrillas fuera del texto original).

25
Hecho octavo de la demanda: “El 19 de enero de 2015 el Juzgado Sexto Laboral del Circuito
profiere auto de obedézcase y cúmplase, en el sentido de acatar la decisión de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia de fecha 12 de noviembre de 2014, dentro de la acción de
Tutela instaurada por el Municipio de Soledad en contra de ese despacho judicial, por la entrega de
títulos judiciales que eran de propiedad del ente territorial”. Y hecho décimo cuarto: “El municipio de
Soledad instauró acción de tutela ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, en contra del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla, con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al Debido Proceso, Igualdad, Defensa y Acceso a la
Administración de Justicia. Esta acción fue declarada improcedente por parte del mencionado
Tribunal, decisión que fue impugnada par la entidad territorial.”.
26
Del 9 de septiembre de 2016. Índice SAMAI 2 del expediente digital ante el Tribunal Administrativo
del Atlántico.
27
Índice SAMAI 29, expediente digital. Documento: 009)_TRASLADO PARA ALEGAR_2016-
0890_Mun_SOLEDAD _vs_RAMAJU.
28
Sobre este asunto, el demandado únicamente aportó la certificación DES-C-015 del 15 de julio de
2019 expedida por el jefe de la oficina de servicios para los juzgados administrativos del circuito
judicial de Barranquilla, en la que consta que el 13 de agosto de 2018 se recibió el proceso con
radicado 2012-00282 proveniente del Tribunal Superior del Distrito Judicial – Secretaría Sala Laboral
Barranquilla – Atlántico, para que fuera repartido entre los magistrados del Tribunal Administrativo
del Atlántico, por haberse declarado la falta de competencia, de modo que se le había asignado el
radicado 08001233300020180069300 al despacho del Magistrado Óscar Eliécer Wilches Donado.

16

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

En otras palabras, si el recurrente consideraba que, en efecto, la etapa probatoria
no había finiquitado porque el demandado no había allegado el expediente del
proceso ejecutivo, pese a haberse decretado, debía oponerse a la antedicha
decisión, y sin embargo no lo hizo, con lo cual consintió a que la prueba no se
practicara, como lo expuso el Tribunal Administrativo del Atlántico al resolver la
solicitud de nulidad procesal ya referida:

“En este sentido y conforme a lo anteriormente expuesto, se entiende que al no
haberse invocado oportunamente la nulidad y al presentarse además escrito
alegando de conclusión, se entiende que la nulidad propuesta por la entidad
demandante se encuentra saneada toda vez que si consideraba que no se debía
abrir a la etapa de alegatos porque no se encontraban recaudadas todas las
pruebas debió presentar tal inconformidad al momento de presentar los
alegatos o interponer recurso alguno contra el auto que abrió alegatos, pero
no lo hizo.”29.
(Negrillas fuera del texto original).

En este orden de ideas, el demandante dejó pasar la oportunidad para exigir a la
demandada la presentación de las pruebas sin cuya práctica —como debía saber—
era imposible la prosperidad de sus pretensiones.

14. Al anterior argumento se agrega que la impugnación se limitó a reiterar lo
expuesto en la demanda, en el sentido de insistir que sí estaban probados los
elementos de la responsabilidad por error judicial, y que el a quo no los había
analizado, pero no atacó la determinación de que el auto del 12 de junio de 2014
había sido “allegado al proceso (…) incompleto, no aparece la firma del juez”30, ni
hizo el más mínimo esfuerzo probatorio o argumentativo en orden a corregir el
mencionado defecto.

15. En este orden de ideas, la referida omisión en el actuar procesal de la actora,
particularmente en cuanto al cumplimiento de las cargas probatorias, le impide a
esta Sala afirmar la existencia del auto acusado de contener el error judicial y, en
consecuencia, la imposibilita para acceder a las pretensiones.

16. Debe además advertirse que no es del caso decretar la prueba de oficio, pues
con ello se subsanaría el actuar probatorio negligente de la parte demandante,
desbordando así el deber del juzgador, como lo ha señalado la Corte Constitucional:

29
Índice SAMAI 39 del expediente digital ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.
30
Sentencia de primera instancia. P. 11.

17

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Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

“El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, es un verdadero
deber legal. De acuerdo a esta Corporación, el funcionario deberá decretar pruebas
oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los
medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la
necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le
marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para
considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia
material; (iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la negligencia
o mala fe de las partes.”31.
(Negrillas fuera del texto original).

En efecto, respecto de la armonización entre la carga de la prueba y el deber judicial
de decreto oficioso, esa Corporación indicó recientemente que:

“Con todo, aún con las pruebas aportadas por las partes, puede subsistir la
incertidumbre en el proceso. En este tipo de escenarios, la doctrina ha propuesto
una solución que permitiría develar la verdad. La tesis de la carga de la prueba
tiene como base la libertad humana. Es por esto que, las partes son libres de
demostrar la ocurrencia de los hechos que pretenden hacer valer y, siéndolo,
también son responsables por no actuar en procura de sus intereses. Pero,
¿qué pasa si la parte interesada estaba en la imposibilidad de allegar la prueba
faltante? En ese caso, aquella no podría asumir las consecuencias de la ausencia
probatoria, pues no pudo hacer uso de su libertad. De manera que, en tanto la
función jurisdiccional es pública, corresponde al juez, procurando la no emisión de
fallos non liquet, acudir a ‘los poderes de instrucción para esclarecer las dudas que
afectan la decisión’32. Para esto podrá decretar y practicar pruebas de manera
oficiosa.

Esta Corte ha estado de acuerdo con tal postura. En efecto, ha recordado que el
principio de la carga de la prueba se erige como la regla general, pero también ha
sostenido que, sólo de manera subsidiaria y siempre que las partes no logren
aportar los elementos necesarios para resolver de fondo el litigio, deberá el
juez hacer uso de sus poderes oficiosos. (…)

Así entonces, se concluye, el objeto de la actividad probatoria en el proceso judicial
es superar el estado de incertidumbre. Puede que ello se logre (o no) acudiendo a
los elementos probatorios aportados por las partes. Pero si no es así, y la parte
interesada no fue responsable de la insuficiencia probatoria, corresponderá al
juez decretar y practicar pruebas de oficio. De allí que la actividad oficiosa del
juez sea subsidiaria, porque no reemplaza al binomio demandante-demandado
en la demostración de sus dichos.”33.
(Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Véase que, de acuerdo con el criterio del alto tribunal constitucional, la labor
probatoria del juez únicamente adquiere relevancia ante la imposibilidad probatoria
de las partes, y no puede reemplazar su carga, ni subsanar las deficiencias
derivadas de su negligencia, aspecto este último que se encuentra suficientemente
demostrado.

31
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014.
32
Cita original: “Ramírez, D., (2009). La prueba de oficio. Una perspectiva para el proceso dialógico
civil. Bogotá, Colombia. Universidad Externado de Colombia. Pág. 288.”
33
Corte Constitucional. Sentencia SU-129 de 2021.

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Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

17. Así las cosas, esta Sala no puede acceder a las pretensiones principales ni
subsidiarias que, por lo demás, contienen materialmente los mismos pedimentos.

3. Conclusión

18. De conformidad con lo señalado, la Sala no se pronunciará sobre la nulidad
alegada, en cuanto la impugnación no es el escenario previsto por la Ley para
discutir irregularidades procesales, además que el argumento elevado ya fue
resuelto por el Despacho de conocimiento en el correspondiente trámite incidental.

19. Respecto del fondo del asunto, esta Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, en la medida en la que la parte demandante no acreditó la existencia del
auto al que le endilga el error, desconociendo su carga procesal, y sin que sea
posible subsanar su negligencia con el decreto oficioso de la prueba.

III. Costas

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP, que, a su turno, en el numeral 3 de su artículo 365, establece que “[e]n la
providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al recurrente en las costas de la segunda”, y en su numeral 8 que sólo
se reconocerán “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.

21. De acuerdo con el artículo 361 ibídem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
instancia por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Las expensas y agencias se liquidan de manera concentrada por el juez
de primera instancia, según el artículo 366.

Como en el presente asunto se confirmará la totalidad de la sentencia de primera
instancia se condenará en costas a la parte vencida, que en este caso es el extremo
activo; sin embargo, se observa que el demandado no ejerció ninguna actuación en

19

Radicación: 08001-23-33-000-2016-00890-01 (70.485)
Demandante: Municipio de Soledad–Atlántico
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa

esta instancia, de modo que las agencias en derecho no se causaron y, por tanto,
no se fijarán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de junio de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en la segunda instancia. No fijar agencias en
derecho en la segunda instancia, por no haberse causado.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE34
NICOLÁS YEPES CORRALES

34
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en
el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF

20

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