Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00993-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-00993-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-00993-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001 23 33 000 2016 00993 01 (3382–2023)
Demandante: Raquel del Rosario Bustamante y Jorge Enrique Hernández
Mejía1
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes
Decisión: Revoca sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2021 por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES2
1.1. Hechos y pretensiones3
2. Se afirma que el señor Darwin José Hernández Mejía se desempeñó como
patrullero de la Policía Nacional y falleció el 1° de diciembre de 2013 (sic); en
consecuencia, los actores en calidad de padres elevaron petición ante la dirección
general de la Policía Nacional con el fin de obtener el reconocimiento de una pensión
de sobrevivientes, solicitud que fue resuelta en forma negativa mediante el Oficio
201150 del 10 de julio de 2015. En ese orden, los demandantes pretenden la nulidad
del este último acto expedido por el jefe del grupo de Prestaciones Sociales de la
Policía Nacional, y como restablecimiento del derecho, solicitan el reconocimiento y
pago de los haberes a los que tengan derecho, sumas que deberán ser ajustadas
con fundamento en el IPC certificado por el DANE.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
3. Citó como vulnerados los artículos 2, 46 y 48 de la Constitución Política; 2, 46
y 47 de la Ley 100 de 1993; 6 de la Ley 923 de 2004; y 11 numeral 11.4 y 29 del
Decreto 4433 de 2004.
4. En síntesis, señaló que el acto acusado desconoció el marco normativo que
regula el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte en
1 En calidad de padres del finado patrullero Darwin José Hernández Mejía
2 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
3 Expediente digital primera instancia índice Samai 16 archivo
13_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP201600993.pdf folios 1 a 23
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Raquel del Rosario Bustamante y otro.
simple actividad de miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, así como el
orden de beneficiarios previsto para dicha prestación. En ese sentido, sostuvo que,
ante la ausencia de cónyuge, compañero permanente o hijos con derecho, los
padres del causante podían acceder al reconocimiento pensional, en los términos
del Decreto 4433 de 2004. Agregó que la negativa de la entidad contraría los
principios de universalidad, integralidad y solidaridad del Sistema General de
Seguridad Social, así como las disposiciones de la Ley 100 de 1993 sobre pensión
de sobrevivientes.
1.3. Contestación de la demanda4
5. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, contestó la demanda,
sin embargo, se advierte que, si bien en el encabezado se identifica el proceso
promovido por los aquí actores, el desarrollo argumentativo no corresponde al caso
del patrullero Darwin José Hernández Mejía (q.e.p.d.). En efecto, la entidad
estructura su defensa con fundamento en hechos relacionados con el patrullero
José Eduardo Quiroz Sandoval, cuyo fallecimiento habría ocurrido el 21 de julio de
2014, y hace referencia a la señora Hilda María Quiroz Sandoval como beneficiaria,
circunstancias ajenas al asunto objeto de estudio. En consecuencia, los argumentos
esgrimidos en esa oportunidad no serán considerados por esta instancia.
1.4. Sentencia de primera instancia5
6. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del 30 de abril de 2021,
accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la
parte vencida, para tal efecto consideró que, si bien el régimen especial de la Policía
Nacional exige un año o más de ingreso al escalafón para acceder a la pensión de
sobrevivientes por muerte en simple actividad, lo cierto es que atendiendo a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, al presente asunto resulta aplicable la Ley
100 de 1993, por favorabilidad.
7. En ese orden y teniendo en cuenta que el finado señor Hernández Mejía
prestó sus servicios a la Policía Nacional por espacio de 1 año, 2 meses y 28 días,
cumple con la exigencia prevista en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, pues
al momento del fallecimiento contaba con 63 semanas cotizadas.
8. En consecuencia, ordenó reconocer y pagar dicha prestación a favor de los
señores Jorge Enrique Hernández Mejía y Raquel del Rosario Bustamante, en
calidad de padres del causante, prestación efectiva a partir del 1° de junio de 2013,
sin prescripción. Finalmente, dispuso que de las sumas adeudadas se descontara
lo pagado por concepto de compensación por muerte.
1.5. Recurso de apelación6
9. A través de apoderado, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
4
Expediente digital primera instancia índice Samai 16 archivo
13_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_001EXP201600993.pdf folios 96 – 114 (Corregir espacios)
5
Expediente digital primera instancia índice Samai 16 archivo 9_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf
6
Visible en el archivo 32_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_024RECAPELACIONP del expediente de primera
instancia que reposa en el aplicativo samai.
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Nacional interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, a
fin de que esta sea revocada. Como motivo de inconformidad, sostuvo que, si bien
el tribunal concluyó que el causante cumplía el requisito de semanas cotizadas
previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, omitió analizar el cumplimiento de
la dependencia económica exigido para que los padres pudieran ser beneficiarios
de la prestación.
10. Alegó que en el expediente no reposan pruebas documentales ni
testimoniales que acrediten de manera suficiente e inequívoca que los demandantes
dependían económicamente del patrullero Darwin José Hernández Mejía antes de
su fallecimiento, por lo que no se cumple con la exigencia prevista en el literal c) del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 ni en el artículo 11.4 del Decreto 4433 de 2004.
En ese sentido, afirmó que el solo hecho de que el causante fuera soltero y no
tuviera hijos no permitía presumir automáticamente dicha dependencia económica.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
11. Mediante auto de 20 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada7. No hubo intervenciones en esta instancia.
12. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
13. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante.
2.2. Del problema jurídico
14. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si los señores Raquel del
Rosario Bustamante y Jorge Enrique Hernández Mejía acreditan el requisito de
dependencia económica exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para
efectos del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en calidad de padres
del extinto patrullero Darwin José Hernández Mejía (q.e.p.d.).
15. Se destaca que, si bien en principio resultarían aplicables las disposiciones del
Decreto 4433 de 2004, la entidad recurrente no cuestionó el régimen jurídico tenido
en cuenta por el tribunal de instancia para resolver, a saber, la Ley 100 de 1993,
7 Expediente digital segunda instancia índice samai 4
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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disposición está última respecto de la que en todo caso esta Corporación ha
señalado que es posible su aplicación -por vía de excepción-, por resultar más
favorable. En ese orden, como se anunció, el estudio en esta instancia se centrará
en el requisito de acreditación de dependencia económica, atendiendo a la
delimitación de la alzada.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicables al asunto
2.3.1 Sobre la pensión de sobrevivientes en el régimen general de pensiones
16. El artículo 46 de la Ley 100 de 199310 modificado por el artículo 12 de la Ley
797 de 200311, señala que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los
miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca siempre y cuando éste hubiere
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos anteriores al fallecimiento.
17. En relación con el orden de beneficiarios, el literal d) del artículo 47 de la
norma en cita señala “(…) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de este”.
18. En consecuencia, los padres del afiliado tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes en forma excluyente a falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derechos, siempre y cuando acrediten que dependían
económicamente del causante.
2.3.2 Sobre la dependencia económica
19. La Corte Constitucional en sentencia C- 111 del 22 de febrero de 200612 al
revisar la constitucional del literal e) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con el requisito de la
dependencia económica, orientó: “(…) para poder acreditar la dependencia
económica, no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -
propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono,
miseria o indigencia- sino que, por el contrario, basta la comprobación de la
imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios
obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna.”
20. En esa oportunidad, fijó las siguientes reglas para determinar si una persona
es o no dependiente económicamente a partir de la valoración del conjunto de
condiciones materiales necesarias para asegurar su congrua subsistencia, así:
«1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para
acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna13.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica14.
10
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
11
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797
de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta
semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
(…)
12
Corte Constitucional, sentencia C-111 de 22 de febrero de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil
13
Sentencia T-574 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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3. No constituye independencia económica recibir otra prestación15. Por ello, entre otras
cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de
sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de
199316.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional17.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir
ingresos permanentes y suficientes18.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica19.»
21. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ-SII 010-
20
2018 , orientó respecto al requisito de la dependencia económica para efectos del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, lo siguiente:
«(…) La medida está orientada a constatar la suficiencia o no de recursos del núcleo
familiar de manera que se les asegure una vida en condiciones dignas. No
obstante, esto no conlleva la necesidad de demostrar que se carece por completo
de recursos, pues tal interpretación desconoce el principio de proporcionalidad, al
sacrificar derechos de mayor entidad, como los del mínimo vital y el respeto a la dignidad
humana y los postulados constitucionales de solidaridad y protección integral a la
familia.» (Resalta la Sala)
22. En esa línea, el requisito de dependencia económica para acceder a la
pensión de sobrevivientes por parte de los beneficiarios de los miembros de la
Policía Nacional no implica demostrar carencia total y absoluta de recursos sino
basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que
les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de
manera digna.
2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
23. Se encuentra acreditado en el plenario que el patrullero Darwin José
Hernández Mejía (q.e.p.d.) prestó sus servicios a la Policía Nacional así: alumno del
nivel ejecutivo del 6 de junio de 2012 al 30 de noviembre de 2012, nivel ejecutivo
del 1 de diciembre de 2012 al 1 de junio de 2013, cumplió los tres meses de alta el
1 de septiembre de 2013, esto, para un tiempo total de 1 año, 2 meses y 28 días21,
que se traducen en 64.833 semanas.
24. Lo anterior significa que se acredita el requisito de 50 semanas cotizadas
previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, disposición que fue aplicada por el tribunal por favorabilidad,
aspecto que se itera, no fue cuestionado con el recurso.
15
Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”
17
Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del mismo modo,
la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia, además de las consideraciones
expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del argumento del Tribunal para colegir que el demandante
disponía de medios económicos suficientes para su subsistencia por recibir de manera ocasional $20.000 0 $ 25.000
semanales y por estar percibiendo su cónyuge un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador,
pues ello no conduce necesariamente a concluir que esta persona sea autosuficiente económicamente, como erradamente
lo concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de mayo de
2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
18
Sentencia T-076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
19
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radiación No. 21.360.
20
Consejo de Estado, sentencia de unificación SUJ-010-S2 del12 de abril de 2018, Sección Segunda, expediente No. 81001
23 33 000 2014 00013 01 (1321-15) actor: Pastora Ochoa Osorio, demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional.
21
Expediente digital primera instancia índice Samai 16 archivo 037Incorporaexped_ANTECEDENTESADMINIST.pdf folio 10
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25. De otra parte, se encuentra acreditado que los demandantes en su calidad
de padres, fueron beneficiarios de la compensación por muerte, como lo evidencia
la Resolución 02023 del 4 de diciembre de 201322, empero, esta sola circunstancia
no implica per se el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes que reclaman, toda vez que se hace necesario demostrar el
cumplimiento de los demás requisitos previstos en la ley, especialmente el
relacionado con la dependencia económica -aspecto sobre el que gravita la alzada.
26. Pues bien, revisado el material probatorio, se estima que no se logró acreditar
la mentada exigencia de la dependencia económica, como pasa a explicarse. Se
observa que con la demanda solo se allegó el acto acusado, con la constancia de
agotamiento del requisito de conciliación, y se solicitó oficiar a la demandada para
que allegara el informativo administrativo por muerte del policía; prueba que fue
decretada, y aportada, siendo remitidos además los antecedentes de la solicitud de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes23, documentales dentro de las que
se encuentran tres declaraciones extraproceso rendidas el día 19 de enero de 2015
ante la Notaría Décima de Barranquilla por Ludys Mabel Martínez Bolivar 24, Jaime
Rafael Coronado Rodríguez25 y Fanny Esther Bolivar de García26, quienes en forma
general señalan que conocen a los demandantes de vista, trato y comunicación, así
mismo que “por tal conocimiento se y me consta que dependían económicamente
en todos los aspectos de su hijo DARWIN JOSE HERNANDEZ GARCÍA q.e.p.d.),
quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía N° 1.129.542.919 de
BARRANQUILLA, fallecido el 01 DE JUNIO DE 2013, quien en vida era de
ocupación POLICIA, siendo él, la persona encargada de sufragar los gastos
necesarios para su subsistencia, ya que ellos no reciben salario ni pensión de
entidad privada o del estado.”
27. Para la Sala, las anteriores declaraciones resultan insuficientes, esto, por
cuanto su contenido es idéntico, con un lenguaje estandarizado, lo que le resta
espontaneidad al dicho de los deponentes; además, contienen afirmaciones
genéricas sobre la presunta dependencia económica, pero de ello no se puede
establecer las circunstancias que se dieron y que permitían a los testigos conocer
sobre la situación familiar de los demandantes, especialmente respecto a la ayuda
económica que aducen percibían de su hijo. Y en todo caso, lo expuesto por
aquellos no encuentra respaldo en ninguna otra prueba, inclusive, con miras a
probar la exigencia en comento solo reposan las declaraciones extra juicio
mencionadas.
22 Expediente digital primera instancia índice Samai 16 archivo
037Incorporaexped_ANTECEDENTESADMINIST.pdf folios 49 – 50 y 63 - 65
23 Expediente digital primera instancia índice Samai 16 archivo
037Incorporaexped_ANTECEDENTESADMINIST.pdf
24 Expediente digital primera instancia índice Samai 16 archivo
037Incorporaexped_ANTECEDENTESADMINIST.pdf folio 77
25 Expediente digital primera instancia índice Samai 16 archivo
037Incorporaexped_ANTECEDENTESADMINIST.pdf folio 78
26 Expediente digital primera instancia índice Samai 16 archivo
037Incorporaexped_ANTECEDENTESADMINIST.pdf folio 79
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28. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 167 del Código General
del Proceso “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, carga que sin duda fue incumplida
por la parte actora, pese a que precisamente en sede administrativa el derecho fue
negado por no acreditar la dependencia económica, exigencia que es uno de los
ejes fundamentales de la pensión de sobrevivientes toda vez que con esta se busca
proteger el núcleo familiar de la persona fallecida.
29. Se estima relevante destacar que, si bien al tenor de las disposiciones del
CPACA que remiten al CGP en materia probatoria, existe libertad probatoria para
acreditar las exigencias a fin de obtener el derecho prestacional reclamado, lo cierto
es que, la evidencia documental o testimonial que se pretenda hacer valer en el
juicio, debe tener la entidad suficiente para ofrecer certeza y llevar al fallador al
convencimiento sobre los hechos que pretende demostrar. De ahí que resulte
exigible a las partes, allegar al proceso pruebas útiles, pertinentes y conducentes,
que contengan, por ejemplo, para el caso de declaraciones extrajuicio, información
un poco más pormenorizada sobre las circunstancias fácticas que afirman conocer,
pues, de lo contrario, dicha prueba no surtirá los efectos esperados.
30. Lo anterior impone a la Sala revocar la sentencia de primera instancia que,
dicho sea de paso, no analizó el cumplimiento del requisito de la dependencia
económica, tal como lo adujo la entidad con el recurso de apelación.
2.5. Condena en costas en ambas instancias
31. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
32. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
33. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
34. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias, por cuanto la sentencia de primera instancia será revocada en su
totalidad. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
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en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 30 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que accedió a las súplicas incoadas en la demanda
dentro del proceso promovido por los señores Raquel del Rosario Bustamante y
Jorge Enrique Hernández Mejía en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme la motivación.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante -
parte vencida- en este proceso por los motivos expuestos en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
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