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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01069-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01069-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 29 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico), de acuerdo con lo consignado en la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-01069-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

3 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2016-01069-01 (3547-2018)
Demandante : Aquilino Villegas Verdooren
Demandada : Municipio de Soledad (Atlántico)
Tema : Reconocimiento de diferencias salariales para el cargo de
inspector de policía

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 29 de enero de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 8). El señor Aquilino Villegas Verdooren, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Soledad
(Atlántico), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio de 21 de abril de 2016,
expedido por la alcaldía de Soledad, por el cual se dio «[…] respuesta al
derecho de petición presentado […] el día 31 de marzo de 2016 […]». «De
manera subsidiaria, de no ser la anterior respuesta un acto administrativo
definitivo, en la medida en que no resuelve de fondo el asunto planteado en el
derecho petición […] se declare la nulidad del acto administrativo ficto
presunto que se configuró ante la no respuesta del derecho de petición […]»
(sic).

A título de restablecimiento del derecho, se ordene al accionado «[…]
reconocer y pagar al demandante, las diferencias de sueldo que existen entre
la asignación mensual que corresponde al cargo de INSPECTOR DE POLICIA
URBANA del municipio de Soledad, consagrado por el artículo 7º de los
Decretos 0840 de 2012, 0185 de 2014 y 225 de 2016, expedidas por el

Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

Departamento Administrativo de la Función Pública, y la que ha pagado la
Alcaldía Municipal de Soledad, desde el mes de enero de 2012 hasta la
actualidad […]» (sic). Asimismo, «[…] se reliquiden todas las prestaciones
sociales que ha devengado, primas, vacaciones, cesantías, intereses de
cesantías, sanción moratoria por consignación incompleta del auxilio de
cesantías, bonificaciones y demás emolumentos salariales y prestacionales
causados y que se llegaren a causar, con base en el salario que por ley le
corresponde […]», valores que deberán ser indexados.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que «[…] a través de
Resolución No. 0296 de 14 de septiembre de 2005, fue nombrado en el cargo
de INSPECTOR DE POLICÍA URBANA, adscrito a la Secretaría de Gobierno
Código 334 Grado 06 con una asignación básica mensual de $1.220.626.00,
tomando posesión del cargo el día 16 de septiembre de 2005» (sic).

Que para los años 2012 a 2016, la asignación básica mensual reconocida por la
alcaldía de Soledad fue la siguiente:

Año Asignación
2012 $1.778.846.00
2013 $1.913.640.00
2014 $1.969.901.00
2015 $2.340.242.00
2016 $2.522.079.00

Dice que, con Decretos 840 de 25 de abril de 2012, 185 de 7 de febrero de 2014
y 225 de 12 de febrero de 2016, se fijaron los límites máximo salariales de los
gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales, para
los años 2012 a 2016.

Aduce que «[…] la remuneración mensual del cargo de INSPECTOR DE
POLICÍA URBANA corresponde a la suma de $5,450,909 para los años 2012
y 2013; $5,804,191 para los años 2014 y 2015; y $6,546,669, a partir del año
2016 porque la denominación del mismo se encuentra expresamente prevista
en el artículo 7º de los Decretos 0840 de 2012, 0185 de 2014 y 225 de 2016
[…]».

Que, por medio de escrito presentado el 31 de marzo de 2016 ante la alcaldía de
Soledad, solicitó la nivelación de sus salarios desde el año 2012, con base en
los decretos expedidos por Gobierno nacional; reclamación que fue adicionada
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

el 7 de abril de 2016, para que también se le reliquiden sus prestaciones sociales:
primas de servicios y de vacaciones, «cesantías moratorias, intereses de
cesantías, salarios y demás emolumentos» (sic).

Afirma que, mediante oficio de 21 de abril de 2016, la alcaldía de Soledad dio
respuesta a su petición en los siguientes términos:

En atención a la solicitud de nivelación salarial presenta por usted el 31
de marzo del año en curso, me permito manifestarle que el tema de
nivelación salarial hace parte del pliego de solicitudes presentado por
las organizaciones sindicales, en consecuencia, será discutido dentro
del proceso de negociación colectiva actual, de conformidad con los
límites máximos salariales establecidos en la Ley y en el marco del
escenario financiero del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.
Igualmente, le informo que en la actualidad el equipo de Talento
Humano está liderando un proyecto de ajuste al Manual de Funciones
y Competencias Laborales, en el que analizaremos la viabilidad del
cambio de código del cargo de Inspector de Policía.

Indica que la anterior respuesta «[…] no decidió de fondo su petición […]».

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 2, 6, 25, 53 y 122
de la Constitución Política; la Ley 4ª de 1972 (sic); y los Decretos 840 de 2012,
185 de 2014 y 225 de 2016.

Arguye que «[…] la alcaldía municipal de Soledad, ha venido cancelándole al
demandante la asignación mensual y liquidando las prestaciones a que tiene
derecho como inspector de policía urbana del municipio de Soledad, con base
a decisiones discrecionales de la administración, apartándose en gran medida
por lo dispuesto expresamente en el artículo 7º de los Decretos 0840 de 2012,
185 de 2014 y 225 de 2016, expedidos por el Departamento Administrativo de
la Función Pública, que claramente señalan la asignación salarial para los
cargos de nivel profesional la suma de $5.450.909 para los años 2012 y 2013;
$5.804.191 para los años 2014 y 2015; y $6.546.669, a partir del año 2016»
(sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 98 a 114). El accionado contestó el libelo
introductorio con oposición a sus pretensiones; y respecto de los hechos dijo
que algunos son ciertos, otros no y los demás no le constan, por lo que deben
probarse. Formula las excepciones denominadas (i) inepta demanda por no
dirigir la demanda contra los actos que resolvieron de manera definitiva la

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Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

situación jurídica del demandante, (ii) inexistencia de la obligación, (iii)
prescripción y (iv) compensación.

Asevera que «[…] los argumentos en los que funda sus pretensiones el
demandante no encuentran sustento jurídico alguno, ya que las asignaciones
establecidas en los Decretos 0840 de 2012, 0185 de 2014 y 225 de 2016, traídos
a colación por el actor, han sido respetados en todo momento tanto por el
Concejo Municipal como [por la demandada], encontrándose de esta manera
ajustado a derecho el salario del accionante, ya que para fijarlo se debieron
tomar además de los topes máximos que estipulan dos decretos mencionados,
el presupuesto del Municipio y su situación financiera; el nivel de formación,
experiencia, desempeño y las funciones específicas del cargo, y al grado del
mismo, a ejercer».

Aclara que «[…] de conformidad con los Decretos 840 de 2012, 185 de 2014 y
225 de 2016 citados por el actor como fundamento [de] sus pretensiones, la
categorización de cada municipio es un parámetro que solo se encuentra
contemplado para definir las escalas y topes máximos de las asignaciones
salariales de los Alcaldes, Gobernadores, Personeros y Contralores
Territoriales, por lo que carece de asidero jurídico la acusación formulada por
el demandante cuando señala que sólo [al] alcalde y al personero se les niveló
o ajustó la escala salarial cuando el municipio de Soledad fue catalogado como
de primera categoría. […] Además, el resultado de la categorización de las
entidades territoriales no es criterio único para determinar la asignación
salarial de sus empleados, para ello hay que evaluar aspectos tales como las
condiciones financieras de las entidades y la naturaleza, cargo y grado, de los
empleos a desempeñar. Todo ello fue y es tenido en cuenta por el Concejo
Municipal al momento de fijar anualmente las asignaciones salariales de los
empleados del ente territorial».

1.6 La providencia apelada (ff. 149 a 159). El Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante sentencia de 29 de enero de 2018, negó las súplicas de la
demanda (sin condena en costas), toda vez que «[…] son las autoridades
territoriales quienes establecen las correspondientes escalas salariales, las
cuales deben ceñirse a los parámetros fijados por el Gobierno Nacional. Luego
entonces, es factible concluir que las asignaciones salariales establecidas en
los Decretos 840 de 2012, 0185 de 2014 y 225 de 2016, constituyen tan solo un
TOPE MÁXIMO de las asignaciones básica mensual de los empleados
públicos del nivel territorial. Por lo tanto, tales disposiciones, no implican de
ninguna manera que el Concejo Municipal no pueda fijar un salario inferior,
ni tampoco debe entenderse que debe fijar como asignación salarial la máxima.
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

De ser así, se estaría desconociendo la autonomía de la que gozan las entidades
territoriales y la obligación que tiene cada una de ellas para administrar los
recursos públicos, los cuales deben hacerse atendiendo siempre la condición
económica de cada municipio» (sic).

Sostiene que «[…] resulta de gran relevancia anotar que dentro del plenario
no obran los acuerdos mediante los cuales el ente municipal fijó la asignación
salarial de los empleados del Municipios para los años 2012, 2014, 2016, actos
administrativos que gozan de presunción de legalidad, por lo que no es posible
hacer un juicio sobre su legalidad en este escenario jurídico».

Que «[…] el demandante en los cargos de la demanda, no solicita la
inaplicación de estos acuerdos. El argumento central encaminado a demostrar
que el Municipio de Soledad, al fijar la asignación salarial de los empleados
no tuvo en cuenta los parámetros establecidos en los Decretos que el Gobierno
expidió para los años 2012, 2014 y 2016; pero como quedó establecido que las
competencias del Gobierno van dirigidas a fijar el tope máximo para fijar las
asignaciones salariales, sin que ello [conlleve] que se entienda que tales
montos son los que debe fijar la entidad territorial».

1.7 El recurso de apelación (ff. 168 a 170). Inconforme con el fallo de primera
instancia, el demandante, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación, al estimar que «[…] si bien según el numeral 6 del artículo 313 de
la Constitución, para el caso de los entes Municipales es el Concejo quien tiene
la facultad de fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos existentes, lo cierto es que dichos montos no pueden ser
fijados de forma discrecional y menos aun alejándose de los rangos
establecidos por el Gobierno Nacional, en este caso los determinados en los
Decretos 0840 de 2012, 185 de 2014 y 225 de 2016» (sic).

Que «[…] sólo con hacer una leve comparación de los salarios estipulados en
los anteriores decretos y los que ha devengado […] desde el año 2012, a simple
vista se denota la desproporcionalidad que hay entre ellos, lo que hace que
nuestra pretensión de nivelación salarial sea más que válida y sobretodo
ajustada a derecho, por lo que no sólo es procedente que se realice el pago de
las porciones de salario dejadas de percibir, sino que además deban
reliquidarse las prestaciones sociales […] al no haber sido ajustadas a un
salario real y justo» (sic).

Agrega que «[…] el derecho de los trabajadores a que su remuneración sea
incrementada deviene directamente de la Constitución y constituye garantía del
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

mantenimiento del poder adquisitivo del salario, pues las aspiraciones del
trabajador a obtener mejor nivel de vida y las posibilidades de planear la
distribución de sus ingresos, a partir de la asignación económica establecida
en la ley, son razones que impulsan y respaldan al trabajador para exigir del
empleador un estricto cumplimiento de la obligación al pago de la
remuneración asignada a cada empleo» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido en proveído de 19 de abril de 2018 (f.
172) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 13 de noviembre
de 2019 (f. 183), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 15 de septiembre de 2021 (f. 195), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad que fue
aprovechada por las primeras1.

2.1.1 Parte demandante. Repitió los argumentos presentados con el recurso
de apelación.

2.1.2 Parte demandada. Reiteró los planteamientos expuestos en la
contestación de la demanda e indicó: «[…] la fijación del salario […] como
Inspector de Policía Urbana, se estableció dentro de los límites legales,
teniendo presente que los topes máximos fijados por el Gobierno Nacional no
son la asignación que obligatoriamente debe recibir cada empleado, sino que,
como lo establece su nombre, es el máximo de lo que pueden recibir, pero
claramente pueden tener un salario inferior conforme a las disposiciones
legales» (sic).

Que «[…] el actor no demandó los Acuerdos por medio de los que el
MUNICIPIO DE SOLEDAD fijó la asignación de los salarios de sus
empleados; además, tampoco los aportó al proceso. Con base en el principio
de la justicia rogada que irradia la jurisdicción contencioso administrativa, no
puede el Despacho entrar a estudiar la legalidad de unos actos administrativos
que no fueron demandados y se presumen legales» (sic).

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala (i) determinar si el demandante, quien labora como
inspector de policía urbana en el municipio de Soledad, tiene derecho a que se
le pague su sueldo con base en los topes salariales señalados en los Decretos
840 de 2012, 185 de 2014 y 225 de 2016; y (ii) en caso afirmativo, se deberá
establecer si hay lugar a que se le reliquiden las prestaciones sociales que ha
devengado desde el año 2012.

3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Copia de la Resolución 296 de 14 de septiembre de 2005, por medio de la
cual se nombró al demandante en el cargo de inspector de policía urbana,
adscrito a la secretaría de gobierno de Soledad, código 334, grado 6, con una
asignación básica mensual de $1.220.626; y del acta de posesión de 16 de
septiembre de 2005 (ff. 30 y 31).

b) Certificación de sueldo de 8 de junio de 2011, expedida por el secretario de
talento humano de Soledad; comprobantes de nóminas de los meses noviembre
de 2012, junio de 2013 y marzo de 2014, en los cuales consta el sueldo recibido
por el actor para esos períodos; y volantes de liquidación de noviembre de 2015
y abril de 2016 (ff. 32 a 37). En síntesis, conforme a los documentos
relacionados, para los años 2012 a 2016 la asignación básica mensual
reconocida, por la alcaldía de Soledad al demandante, para el cargo de inspector
de policía urbana, código 235, grado 6, fue la siguiente:

Año Asignación folio
2011 $1.694.139.00 32
2012 $1.778.846.00 33
2013 $1.913.640.00 34
2014 $1.969.901.00 35
2015 $2.340.242.00 36
2016 $2.522.079.00 37
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

c) Copia de Decreto municipal 323 de 29 de octubre de 2012, mediante el cual
se clasifica en categoría primera al municipio de Soledad para la vigencia fiscal
de 2013 (ff. 38 y 39).

d) Escrito del demandante de 31 de marzo de 2016, en el que solicita del alcalde
de Soledad la nivelación de su salario y que «se debe poner el 333 que es el que
corresponde a los inspectores de Policía de PRIMERA CATEGORIA» (sic); y
memorial de 7 de abril de 2016, con el cual adiciona su petición para que se le
reliquiden todas sus prestaciones (ff. 47 a 49).

e) Oficio STH-0560 2016 de 21 de abril de 2016, suscrito por la secretaría de
talento humano de Soledad (Atlántico), por el cual da respuesta a la petición del
demandante (f. 49).

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el actor presta sus
servicios al municipio de Soledad desde el 16 de septiembre de 2005, en el cargo
denominado inspector de policía urbana, código 235, grado 6; (ii) el Decreto
municipal 323 de 29 de octubre de 2012 clasificó en categoría primera a esa
entidad territorial para la vigencia fiscal de 2013; y (iii) mediante el oficio
acusado, el aludido municipio negó el pago de la nivelación salarial solicitada
por el demandante con fundamento en la referida recategorización y bajo los
límites salarias fijados por los Decretos 840 de 2012, 185 de 2014 y 225 de
2016.

Con el fin de resolver el asunto litigioso, cabe precisar que el artículo 150
(numeral 19, letra e) de la Constitución Política determina que corresponde al
Congreso dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y principios
que debe seguir el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, mientras que los artículos 313 (numeral 6) y 315
(numeral 7) ibidem prevén que compete a los concejos y alcaldes municipales, en
su orden, establecer las escalas de remuneración de las distintas categorías de
empleos pertenecientes a la estructura de la administración territorial y asignar sus
emolumentos, con arreglo a los correspondientes acuerdos.

En desarrollo de lo anterior, el Congreso expidió la Ley 4ª de 19922, mediante la
cual estableció los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, la

2
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política.
8

Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

Rama Judicial, el Congreso de la República y los entes de control; y respecto de
los empleados públicos del orden territorial, preceptúa en su artículo 12 que el
régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales debe
ser fijado por el Gobierno nacional, que también ha de señalar el límite máximo
salarial de estos servidores.

En ese orden, se tiene que las competencias para fijar el régimen salarial de los
empleados públicos de los entes territoriales han sido consagradas por la
Constitución y la ley de manera concurrente, por cuanto corresponde (i) al
Congreso señalar los objetivos y principios que ha de tener en cuenta el Gobierno
para fijar dicho régimen; (ii) al Gobierno nacional decretar el límite máximo de
sus salarios; (iii) a los concejos municipales o distritales concretar los anteriores
mandatos, con la adopción de las escalas salariales de los empleos de sus
dependencias, según su categoría; y (iv) al respectivo alcalde adoptar las
asignaciones básicas y emolumentos salariales para cada cargo, sin exceder los
límites previstos para cada año.

Al respecto, la Corte Constitucional3, mediante sentencia C-402 de 2013, precisó
que dicha distribución de competencias se justifica en: «(i) la necesidad de
reconocer la vigencia del principio de Estado unitario, que impone que sea el
Congreso y el Gobierno los que fijen las reglas generales en materia de régimen
salarial de los servidores públicos; y (ii) la imposibilidad de vaciar las
competencias constitucionales de las entidades territoriales sobre la
determinación de las escalas salariales y los emolumentos de sus servidores
estatales que integran la Rama Ejecutiva en ese ámbito local».

En el mismo sentido, el Consejo de Estado4, en fallo proferido el 27 de febrero de
2013, indicó que «existe una competencia concurrente respecto a la fijación de
la remuneración que como contra prestación de los servicios deben recibir los
empleados públicos del ente territorial, por cuanto si bien se respeta la
autonomía otorgada a las autoridades del orden territorial esta se encuentra
enmarcada por: i) Los principios y parámetros generales del régimen salarial
establecidas por el órgano legislativo; ii) Los límites máximos que fija el
Gobierno Nacional; iii) Las escalas de remuneración de los cargos a nivel
territorial, aprobada por las asambleas departamentales o concejos municipales,
según sea el caso en las ordenanzas o los acuerdos correspondientes».

3
Corte Constitucional, sentencia C-402 de 3 de julio de 2013.
4
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 27 de febrero de 2013, expediente 73001-23-
31-000-2009-00102-01(0224-10).
9

Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

Por consiguiente, se concluye que la competencia de las entidades territoriales
respecto del régimen salarial de sus empleados públicos comprende la adopción
de las escalas y grados correspondientes a cada uno de los empleos de sus plantas
de personal y la fijación de las respectivas asignaciones básicas, sin exceder los
límites que el Gobierno nacional impone para cada anualidad.

En el sub lite, el demandante pretende sea ordenada la nivelación y reajuste
salarial del cargo que desempeña, con ocasión de la recategorización del
municipio de Soledad y con base en los topes fijados por los Decretos 840 de
2012, 185 de 2014 y 225 de 2016, partir del año 2012. Para desatar tal cuestión,
la Sala advierte que la categorización de las entidades territoriales encuentra su
fundamento en la Ley 617 de 2000, que prescribe:

ARTICULO 2o. CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS Y
MUNICIPIOS. El artículo 6o. de la Ley 136 de 1994, quedará así:

"Artículo 6o. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos
y municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos
corrientes de libre destinación, así:
[…]
Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000)
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000)
salarios mínimos legales mensuales.

Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000)
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000)
salarios mínimos legales mensuales.
[…]
PARAGRAFO 5o. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante
decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en
la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo
distrito o municipio.

Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las
certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre
los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente
en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la
vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre
población para el año anterior.
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

Con base en dicha norma, el entonces alcalde de Soledad (Atlántico) expidió el
Decreto 323 de 29 de octubre de 2012, a través del cual, conforme a las
respectivas certificaciones del Departamento Nacional de Estadística (Dane) y
de la Contraloría General de la República, dispuso que para la vigencia 2013 el
municipio sería categoría primera, lo que permitió un aumento en las
asignaciones básicas previstas para los empleos de alcalde, personero y
contralor, que no fue extendido a los demás empleados del ente territorial, como
pretende el actor.

Al respecto, la sección segunda de esta Corporación ha tenido la oportunidad
de pronunciarse en casos de similares contornos fácticos, frente a los que ha
concluido que la recategorización de un ente territorial no implica un ajuste
inmediato de la asignación básica de todos sus servidores. Sobre el particular,
en sentencia de 21 de mayo de 20205, la subsección A dijo:

Ahora bien, tal como lo ha precisado esta Corporación 16, el hecho de
que el Municipio de Armenia haya ascendido de categoría no
implica per se que se deban incrementar los salarios de todos los
empleados que laboran para el ente territorial, pues ese superávit en
relación con los ingresos corrientes de libre destinación debe ser
designado a satisfacer todas las necesidades básicas de las personas más
desprotegidas dentro de la sociedad, esto es, el gasto social.

Si bien es cierto que en el momento de presentación de la demanda
había una diferencia entre el aumento salarial del alcalde, el personero,
y el contralor respecto de los demás servidores del ente territorial, no
por ello se puede ordenar un incremento del salario en favor dla
demandante , por cuanto: (i) no se han vulnerado los topes fijados por
el Gobierno Nacional de la asignación básica mensual de los empleados
públicos de las entidades territoriales; (ii) el municipio de Armenia
actuó dentro del marco legal que le ha sido conferido por la
Constitución, y con respeto de los límites fijados en la Ley 617 de 2000;
(iii) no se ha vulnerado el principio de «a trabajo igual, salario igual»,
pues los empleos respecto de los cuales se pretende la nivelación tienen
diferentes requisitos y responsabilidades; y (iv) no se trata de
disposiciones expedidas por una misma autoridad administrativa en las
que de manera caprichosa se establezcan diferencias no justificadas,
sino de normas expedidas una por el concejo municipal, y la otra, por
la alcaldía, por lo que cada cual actuó dentro de los límites de sus
competencias.

En este punto es necesario señalar que precisamente el concejo

5
Consejo de Estado (sección segunda, subsección A), sentencia de 21 de mayo de 2020, expediente 63001-23-
33-000-2017-00288-01(3962-18).
11

Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

municipal dentro del debate democrático establece las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y
concretamente fijan el que corresponde al alcalde, por lo que no son de
recibo los argumentos expuestos por la parte demandante según los
cuales los miembros de esa corporación se limitan a aprobar lo que la
máxima autoridad del municipio les impone.

De igual modo, por medio de fallo de 29 de agosto de 2019 6, esta subsección
advirtió:

En efecto, la fijación de un límite máximo para los salarios, como lo
sostuvo esta Corporación29, obedece a la necesidad de dar
cumplimiento “(…) a la economía, eficiencia y eficacia en el gasto
público. Principio que tiene sustento constitucional y que impone a las
autoridades el deber de hacer un uso adecuado de los recursos
aportados por la comunidad, en aras de lograr los objetivos sociales
que imperan en un Estado Social de Derecho, como el nuestro. (…)”.

Por tal motivo, un municipio indistintamente de que ascienda o
descienda de categoría, debe tener en cuenta además de los topes
salariales fijados por el Gobierno Nacional, las finanzas y el
presupuesto, de manera que no comprometa su equilibrio y
sostenibilidad financiera, pues de lo contrario sería un ente insostenible
y quizás inviable.

En otras palabras, el hecho de que el Gobierno Nacional establezca
anualmente unos topes salariales para los empleados del orden
territorial, no significa que el Concejo de Armenia al determinar la
escala salarial del respectivo municipio, esté en la obligación de
estipular como remuneración para cada una de las categorías de
empleos de la entidad, el límite máximo fijado, sino que debe tener en
cuenta es que no exceda tales márgenes.

Entonces, no es posible equiparar el salario de la demandante como
Profesional Universitario, con el establecido por el Gobierno Nacional
para los empleos de los entes territoriales, toda vez que, el Concejo del
Municipio de Armenia tiene la autonomía para la fijación de este,
siendo limitante el máximo fijado por el Gobierno a través de sus
decretos nacionales y, por supuesto, las finanzas y el presupuesto. Vale
la pena citar un antecedente similar al aquí debatido y en el que se
concluyó30:

“(…) En ese orden de ideas, es evidente que en el sub-examine la
Asamblea podía fijar la escala de remuneración de los empleos del

6
Consejo de Estado (sección segunda, subsección B), sentencia de 29 de agosto de 2019, expediente 63001-
23-33-000-2017-00309-01(4136-18).
12

Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

nivel Departamental, entre los cuales se encuentran los de la
Contraloría, sin sobrepasar el límite que estableció el Gobierno
Nacional. Por tanto, no tiene fundamento la petición del actor, por
cuanto no es posible sostener que se debe aplicar las mismas
escalas salariales que hayan establecido en el orden Nacional o en
especial en la Contraloría General de la República (…)”.

Bajo ese contexto, si bien es cierto, es positivo para el Municipio de
Armenia haber ascendido de categoría, ello no implica per se que se
deban incrementar los salarios de todos los empleados que laboran para
el ente territorial, pues ese superávit en relación con los ingresos
corrientes de libre destinación debe ser designado a satisfacer todas las
necesidades básicas de las personas más desprotegidas dentro de la
sociedad, esto es, gasto social.

Por consiguiente, de acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, no resulta
viable ordenar la nivelación salarial perseguida por el actor, por cuanto la
recategorización del municipio demandado no implica que los salarios de todos
sus servidores deban ser ajustados inmediatamente; el ente accionado ha fijado
las asignaciones de sus funcionarios con sustento en las competencias que la
Constitución y la ley le otorgan, sin exceder los topes establecidos por el
Gobierno nacional para cada anualidad; y no fue expuesta una situación de
desigualdad entre cargos o empleos homólogos o de la misma categoría, grado
o nivel, que pudiera derivar en una distinción negativa injustificada hacia el
interesado.

En el mismo sentido, no es procedente equiparar el salario del demandante
como inspector de policía urbano al del nivel profesional, previsto por el
Gobierno nacional en los Decretos 840 de 2012, 185 de 2014 y 225 de 2016,
por cuanto para los empleos del ente territorial el concejo de Soledad goza de
autonomía para su fijación, y aquellas normas determinan el máximo o tope,
pero eso no quiere decir que el municipio lo deba establecer en ese extremo.

En otras palabras, el hecho de que el Gobierno nacional disponga anualmente
unos topes salariales para los empleados del orden territorial, no significa que
el concejo de Soledad al determinar la escala salarial del respectivo municipio,
esté en la obligación de estipular, como remuneración para cada una de las
categorías de empleos de la entidad, el límite máximo fijado, sino que debe tener
en cuenta es que no exceda tales márgenes.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
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Expediente: 08001-23-33-000-2016-01069 01 (3547-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad (Atlántico)

Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 29 de enero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda incoada
por el señor Aquilino Villegas Verdooren contra el municipio de Soledad
(Atlántico), de acuerdo con lo consignado en la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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