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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-01163-02

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-01163-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 41 La demanda se presentó el 6 de octubre de 2016. El Acuerdo 10554 fue expedido y publicado el 5 de agosto de 2016 y entró a regir para los procesos judiciales iniciados a partir de su publicación. 35 Radicación: 080012333000201601163 02 (73988) Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A. Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Asunto: Reparación Directa PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 20 de junio de 2025, por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B para en su lugar disponer: DECLARAR LA CADUCIDAD del medio de control de reparación directa, de conformidad con las razones que anteceden. SEGUNDO: CONDENAR en costas por la segunda instancia a la parte demandante y a favor de la sociedad Chubb Seguros Colombia S.A. y de la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. Las agencias, se fijan en cuantía 1 SMLMV que deberán ser asumidos por el extremo activo. TERCERA: En firme esta providencia, por Secretaría de la Sección Tercera, DEVUÉLVASE el proceso al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2016-01163-02

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Proceso: Medio de control de Reparación Directa – Ley 1437 de 2011

DAÑO DERIVADO DE LA OCUPACIÓN PERMANENTE-Exclusión definitiva, de facto, del derecho del
propietario o poseedor, que ocurre en un único momento, determinable en el tiempo. CADUCIDAD DEL MEDIO
DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR OCUPACIÓN PERMANENTE-Se computa desde la
concreción del daño, es decir, si es con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de
permanencia, desde que la construcción finalizó.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia anticipada de 20 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B, que
decidió:

Primero. - Declarar probada la CADUCIDAD del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y de reparación directa, de conformidad con lo
expuesto en precedencia.

Segundo. - Sin costas en esta instancia.

Tercero. - Ejecutoriada esta sentencia, archivar el expediente.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la responsabilidad patrimonial del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por los perjuicios causados a la
demandante, con ocasión de la ocupación permanente de que fue objeto su

Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

inmueble con una servidumbre diseñada para operar la infraestructura del sistema
de acueducto por parte de ese ente territorial.

II. ANTECEDENTES
La demanda

El 6 de octubre de 2016, la sociedad Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Sucursal en Colombia presentó demanda1- corregida en escrito del 22 de agosto de
2017, en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para que se hicieran las siguientes
condenas:

1. Daño Emergente:

1.1. Honorarios por gastos de abogados y transporte, representada en un porcentaje
del 10% sobre el valor del LUCRO CESANTE y la cual está representada en
aproximadamente en DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS.

1.2.- Lucro Cesante: Según el ordenamiento Civil, se entiende por lucro cesante
como la ganancia o utilidad de que fue privado la sociedad demandante por no haber
hecho uso del inmueble.

Se estima que la cuantía por el LUCRO CESANTE, corresponde a una suma no
inferior a los $26.248.223.760.oo. (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA
PESOS M/L), de acuerdo al Dictamen Técnico Jurídico de Noviembre 21 de 2005
ordenado mediante oficio No. 345 de 2005, dentro del proceso de amparo policivo
donde se calcula la Servidumbre sobre el valor de la infraestructura impuesta sobre
el lote; La servidumbre de la Estación de Baja 1 y por la servidumbre de la Estación
Baja 2, derivada a partir del año 2003, fecha para la cual el Juzgado 12 del Circuito
de Barranquilla, remató el bien inmueble y este a su vez fue cedido con todos sus
derechos como cesión de pago a la Sociedad Inversiones Rey Patiño e Hijos y Cía.
S. en C. y con lo cual se constituyó la Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A., septi
[sic] donde se inicia el trámite ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos
del Circuito de Barranquilla, para la adjudicación del inmueble privado a nombre del
Distrito de Barranquilla, el cual está suscrito por la Asesora del Despacho de la
Gerencia de Gestión de ingresos del Distrito de Barranquilla.

Determinación del LUCRO CESANTE: Este está determinado por el perjuicio
causado y que se sigue causando, por parte de los demandados a mi representada,
teniendo en cuenta que los perjuicios eco
nómicos que se derivan de la ocupación de tracto sucesivo con la imposición de una
servidumbre continua y positiva que soportó la sociedad demandante.

Estos perjuicios, fueron establecidos en el Dictamen Técnico Jurídico, que fue
elaborado por los señores ROBINSÓN DE LA CRUZ Y RAÚL GARCÉS JAIMES, el
día 21 de noviembre de 2005, y que presentaron dentro del Proceso de Amparo

1 Corregida en escrito del 22 de agosto de 2017 visibles a folios 180 a 188 del cuaderno 1, en

cumplimiento de lo ordenado en el auto de inadmisión del 4 de agosto de 2017.

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

Policivo, instaurado por la Sociedad Corporación de Agua Aseo Fénix de Colombia
S.A., contra el DISTRITO DE BARRANQUILLA y la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A., E.S.P.

El Valor de la Servidumbre continua y positiva que se cobra por la ocupación
continuada y de tracto sucesiva que se generó con la colocación de unos elementos
tangibles o sea la infraestructura y los equipos que se encuentran en los terrenos
del predio y los cuales están tasados según avaluó en $7.998.000. 000.oo.

La servidumbre sobre el valor de la Infraestructura ubicada sobre el lote se cobra
sobre la base de un porcentaje determinado entre el 1.5% y el 2% del Valor de la
Infraestructura, es decir $7.998.000.000.oo.

Un 1.75% que es la tasa que se cobraría y nos da un valor de $139.965. 000.oo,
mensual por concepto de SERVIDUMBRE o por concepto de la infraestructura.

Al valor de la Infraestructura colocada sobre el lote se le debe adicionar, el Valor de
la Servidumbre Continúa y Positiva por los elementos intangibles que se encuentran
en el predio y pese a no encontrarse en el predio, se benefician de recursos o
elementos del mismo.

El valor de la Servidumbre por concepto de la Estación Baja 1, se calcula en que
esta planta genera unos ingresos mensuales de $1.496.880.000.oo y a ese valor se
le cobra una tasa promedio del 3.5%, lo cual representa un valor de $ 52.390.800.oo,
mensuales por la planta Baja 1.

El valor de la Servidumbre por concepto de la Estación Baja 2, se calcula en que
esta planta genera unos ingresos mensuales de $1.322.697.600 y a ese valor se le
cobra una tasa promedio estipulada en el 3.5%, lo cual representa un valor de $
46.294.416.oo, mensuales por la planta Baja 2.

Ahora si sumamos los tres valores anteriores o sea el valor de la Servidumbre por
la Infraestructura o los valores tangibles ubicados sobre el lote tenemos un valor
mensual de $ 139.965.000.oo, a este valor le adicionamos el Valor de la
Servidumbre por los intangibles representados en la Planta Baja. 1, tenemos $
52.390.800.oo y a este valor le sumamos también el valor del intangible de la Planta
Baja No. 2, tenemos un valor de $ 46.294.416.oo y la suma de esos tres valores nos
da la cifra de $ 238.620.216.oo.

Esta suma de $ 238.620.216.oo, representa el valor total de la Servidumbre mensual
y este valor hay que multiplicarlo ahora por el tiempo en que el DISTRITO DE
BARRANQUILLA y la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE BARRANQUILLA S.A., E.S.P., usufructuó el lote a sabiendas que el bien
inmueble paso a propiedad de la sociedad demandante, es decir desde octubre de
2005.

Ahora si multiplicamos el valor de la servidumbre mensual $238.620.216.oo, desde
que el bien está en manos de la Sociedad demandante, multiplicado por el tiempo
trascurrido hasta Septiembre de 2014, fecha para la cual CESÓ EL DAÑO de tracto
sucesivo y donde el Distrito resuelve a través de una operación administrativa,
adjudicarse el lote o inmueble de carácter privado, a partir de estas fechas tenemos
que desde octubre de 2005 hasta diciembre de 2014, transcurrieron 110 meses y
esto nos da $ 238.620.216.oo x 110 meses = $26.248.223.760.oo. (VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL
SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L).

Los valores anteriores deben actualizarse e indexarse al momento de hacerse
efectivo el pago del DAÑO EMERGENTE, teniendo en cuenta que los valores que

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

se han tomado como base son los que se encuentran en Dictamen Técnico Jurídico,
que fue elaborado por los señores ROBINSÓN DE LA CRUZ Y RAÚL GARCÉS
JAIMES, del día 21 de Noviembre de 2005.

Hechos

Los sucesos relevantes expuestos como base del litigio se concretan a
continuación:

Se indicó en la demanda que, el 10 de octubre de 2005 la sociedad Corporación de
Agua y Aseo Fénix S.A. – Sucursal Colombia y la sociedad Inversiones Rey Patiño
e Hijos y Cía. S en C elevaron la escritura pública 2549, por la cual la primera
adquirió, a título de compraventa, el inmueble identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria 040-55887, con un área de 145.670.50 M2, ubicado en el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Afirmó el extremo activo que, desde entonces, ese ente territorial venía ocupando
el predio en cuestión, a través de una servidumbre impuesta de forma continua e
invadiendo la totalidad de su área, en razón a que, por conducto de la sociedad
Acueducto, Aseo y Alcantarillado Triple AAA E.S.P., instaló un sistema de captación
y abastecimiento de agua potable para toda la población de Barranquilla,
circunstancia que se tradujo en beneficios económicos para esa sociedad y para el
Distrito y correlativamente redundó en la imposibilidad para el demandante de
explotar el inmueble.

Como consecuencia de los hechos descritos, la sociedad Corporación de Agua y
Aseo Fénix S.A. inició un proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión
en contra de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple
AAA S.A. E.S.P., adelantado ante la Inspección Octava de Policía Urbana del
Distrito de Barranquilla, trámite en desarrollo del cual se ordenó la práctica de un
dictamen técnico – jurídico con el fin de establecer la existencia y dimensión de la
aludida servidumbre, así como el rendimiento financiero mensual que esta reportaba
a su usufructuaria.

Agregó que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla procedió, de
manera irregular, a iniciar una actuación administrativa de jurisdicción coactiva
mediante la cual resolvió adjudicarse a sí mismo el inmueble en cuestión, lo cual se
condensó en los actos GGI-COA del 9 de julio de 2014 y 17 de diciembre del mismo

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

año, decisiones que no se debatían en este juicio.

Para la parte actora, la culminación de esa actuación administrativa en la que el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla adquirió la propiedad del
inmueble constituyó el momento en que cesó el daño continuado que hasta ese
momento había producido la ocupación de su inmueble.

Contestación de la demanda

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

El ente territorial contestó la demanda dentro de la oportunidad legal. Como razones
de la defensa, advirtió que la sociedad Triple AAA S.A. fue la encargada de la
prestación del servicio en ese Distrito desde 1992, de suerte que, de existir una
servidumbre en el inmueble de la demandante, tal responsabilidad debía atribuirse
a esa sociedad por ser la encargada del suministro de agua y de ejercer la
ocupación en el predio sirviente.

Señaló que la gestión del Distrito se limitó a adelantar un proceso de jurisdicción
coactiva en contra del demandante como resultado del cual se adjudicó el predio,
aspectos que, en todo caso no eran materia de discusión en este debate y, por
tanto, el asunto correspondía conocerlo a la jurisdicción ordinaria.

Con base en esas consideraciones, formuló los medios exceptivos de falta de
jurisdicción y falta de legitimación en la causa por pasiva.

Sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo Triple AAA S.A E.S.P.

En audiencia inicial llevada a cabo el 20 de junio de 2019, el tribunal de primera
instancia ordenó vincular oficiosamente a la sociedad Acueducto, Alcantarillado y
Aseo Triple AAA S.A. E.S.P., por tener interés en el resultado del proceso.

En escrito aportado dentro del término otorgado, la sociedad Acueducto,
Alcantarillado y Aseo Triple AAA S.A. E.S.P contestó la demanda, aduciendo que
la ocupación se llevó a cabo con base en el contrato de concesión celebrado con
el Distrito de Barranquilla, en cuya virtud el ente territorial le hizo entrega de los
bienes inmuebles.

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

Destacó que, por esos hechos, la sociedad accionante ya había presentado
demanda radicada 2011-01098 en contra de la sociedad Acueducto, Alcantarillado
y Aseo Triple AAA S.A E.S.P., litigio que había sido decidido por el Tribunal
Administrativo del Atlántico en providencia del 15 de mayo de 2012, en la cual había
declarado la caducidad de la acción, decisión confirmada en auto dictado el 8 de
mayo de 2013, por el Consejo de Estado.

Propuso las excepciones de cosa juzgada, caducidad de la acción, falta de
legitimación en la causa por pasiva, prescripción de la acción extracontractual,
nadie puede alegar su propia culpa, inexistencia de perjuicio y de nexo causal y
hecho exclusivo de la víctima.

En escrito separado solicitó llamar en garantía a Chubb Seguros Colombia S.A. con
fundamento en la póliza de responsabilidad extracontractual 39950, cuya
beneficiaria es la mencionada empresa de servicios públicos. Esta solicitud fue
aceptada en proveído del 21 de febrero de 2020.

Chubb Seguros Colombia S.A.

Se pronunció oportunamente frente al llamamiento, arguyendo al efecto que en el
caso no podía prosperar condena alguna en su contra al no reunirse los elementos
de la responsabilidad atribuida a la sociedad Triple AAA E.S.P., aspecto en torno al
cual adujo que había operado la cosa juzgada por cuenta de la decisión proferida
el 12 de mayo de 2013, por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que
había declarado la caducidad de la acción en la demanda de reparación directa
instaurada por la ahora accionante contra la empresa de servicios públicos que hizo
el llamamiento.

En desarrollo de su argumentación presentó las siguientes excepciones contra la
demanda: cosa juzgada, caducidad de la acción, inexistencia de falla probada del
servicio, ausencia de nexo causal y de perjuicio, falta de legitimación en la causa
por pasiva.

Respecto del llamamiento elevó los siguientes medios exceptivos: inexistencia de
cobertura, ausencia de siniestro y de configuración de la obligación condicional

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

asumida por Chubb, marcos y exclusiones del amparo, coaseguro e inexistencia de
la solidaridad.

Trámite relevante de la primera instancia

Mediante auto del 9 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró
probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la sociedad Triple
AAA S.A. E.S.P., decisión que fue recurrida en apelación por la parte actora.

La Sección Tercera del Consejo de Estado, al pronunciarse sobre la referida
impugnación, en providencia del 24 de abril de 2023 estimó que, como el Tribunal
solo podía resolver la excepción de caducidad mediante sentencia anticipada o en
la sentencia que pusiera fin al proceso, previo traslado para presentar alegaciones,
el ad quem dispuso su revocatoria para que se impartiera el trámite pertinente.

Sentencia de primera instancia

En decisión del 21 de mayo de 2025, en cumplimiento del auto del Consejo de
Estado, el Despacho ponente consideró que se debía dar trámite a sentencia
anticipada con el propósito de resolver la excepción de caducidad del medio de
control, para lo cual ordenó, previamente, correr traslado por cinco días para alegar
de conclusión.

En providencia del 20 de junio de 2025, dictó sentencia anticipada.

Previa relación de las pruebas obrantes en el proceso, el a quo evidenció que, desde
finales de 2005, la sociedad demandante ejerció el derecho de dominio del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria 040-55887, lo cual se extendió hasta el
primero de julio de 2014, fecha en la que la Gerencia de Gestión de Ingresos del
Distrito de Barranquilla se adjudicó el inmueble referido por el no pago del impuesto
predial unificado entre los años 2006 al 2013, luego de adelantar el trámite
administrativo de cobro coactivo.

Observó que, según los hechos de la demanda, la parte actora sufrió un daño que
se prolongó hasta la fecha en la que el Distrito de Barranquilla se adjudicó

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

irregularmente el inmueble en el año 2014, a raíz de la ocupación continuada y de
tracto sucesivo del predio sobre el cual ejerció el derecho de dominio.

Para el tribunal, estaba demostrado en el expediente que la accionante tuvo
conocimiento, desde el mes de noviembre del año 2005, de que el predio que había
adquirido en octubre de esa misma anualidad se encontraba ocupado por
instalaciones e infraestructura pertenecientes a la Sociedad Triple AAA S.A. E.S.P.

Y pese a que en esta ocasión la demanda fue dirigida contra el Distrito de
Barranquilla, lo anterior revelaba que, desde noviembre de 2005, la parte actora
conocía las restricciones que pesaban sobre el derecho de dominio respecto del
inmueble, las cuales había calificado como una ocupación ilegal, por la que exigía
el correspondiente resarcimiento de perjuicios.

Demarcado lo anterior, adujo que, de acuerdo con lo sostenido por el extremo
activo, la ocupación se alargó hasta la fecha en que el Distrito de Barranquilla se
adjudicó el bien dentro de un trámite administrativo que calificó de irregular. En ese
contexto advirtió que, si la fuente del daño alegado provino de un acto dictado en el
marco de una actuación administrativa -en este caso, un procedimiento de cobro
coactivo de naturaleza tributaria-, el mecanismo procesal idóneo para controvertir
su legalidad era el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Estimó que en el sub examine se configuraba una indebida escogencia del medio
de control, toda vez que, según lo aducido por la parte actora, el daño cuya
reparación se pretendía habría tenido origen en los actos expedidos por el Distrito
de Barranquilla dentro del trámite de un proceso de cobro coactivo, circunstancia
que imponía a esa instancia adecuar las pretensiones de la demanda al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, y efectuar el correspondiente
examen de oportunidad a la luz de lo dispuesto en el literal d) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA.

Con esta delimitación, precisó que la parte demandante no acudió en tiempo ante
esta jurisdicción para cuestionar la legalidad de los actos que expidió el Distrito de
Barranquilla en el trámite del cobro coactivo que adelantó en su contra por no pagar

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

los impuestos prediales frente al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
040-55887.

Discurrió que, conforme a lo previsto en el Estatuto Tributario Nacional, los actos
proferidos en sede de cobro coactivo por concepto de deudas tributarias podían ser
objeto de control judicial, en particular aquellos mediante los cuales se resolvían las
excepciones propuestas contra el mandamiento de pago o se ordenaba seguir
adelante con la ejecución. Indicó que, sin embargo, tales actos no fueron allegados
por la parte actora, omisión que impedía realizar un análisis completo sobre la
oportunidad en la interposición de la demanda.

En efecto, en el expediente solo obraba el auto de 1º de julio de 2014, mediante el
cual la Gerencia de Gestión de Ingresos del Distrito de Barranquilla adjudicó el
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 040-55887. De lo anterior se seguía
que la decisión que resolvió las excepciones o dispuso continuar con la ejecución
debió haber sido proferida en fecha anterior a la del citado auto, argumentando que,
si se tomara como referencia esta última fecha para efectos del cómputo de la
oportunidad de la acción, habría de concluirse que la misma no se ejerció en tiempo.

Sin perjuicio de lo dicho, subrayó que la parte actora presentó, en su momento, una
demanda ante ese mismo Tribunal, identificada con el radicado 08-001-23-31-003-
2011-01098-00 – JR, dirigida contra el Distrito de Barranquilla y la Sociedad Triple
AAA S.A. E.S.P., proceso en cuyo trámite, mediante providencia del 15 de mayo de
2012, se declaró la caducidad de la acción, decisión que tras ser recurrida en
apelación, fue confirmada por el Honorable Consejo de Estado por auto del 8 de
mayo de 2013.

Del análisis de esa demanda, el tribunal de origen destacó la existencia de una clara
similitud, tanto en los hechos relatados como en las pretensiones formuladas, con
la acción actualmente promovida por la Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A. Por
tanto, consideró razonable reiterar el cómputo del término de caducidad aplicado en
el proceso anterior, toda vez que los hechos que sustentaban la pretensión
resarcitoria -particularmente la ocupación de hecho del inmueble- eran del
conocimiento de la parte demandante desde noviembre de 2005. De hecho, a partir
de esa misma fecha, la sociedad tuvo claridad sobre las restricciones que afectaban

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

su derecho de dominio respecto del predio identificado con matrícula inmobiliaria
040-55887.

Para el juzgador del primer grado, esta situación no se veía alterada por el hecho
de que el Distrito de Barranquilla hubiese adelantado posteriormente el cobro
coactivo del inmueble para el pago de obligaciones tributarias a cargo de la ahora
demandante, pues, en criterio de la primera instancia, el supuesto hecho dañino que
fundamentaba la pretensión indemnizatoria se originó con anterioridad a dicha
actuación, y específicamente desde el momento en que se tuvo conocimiento de la
ocupación del bien.

En suma, esa Corporación Judicial concluyó que la parte demandante no ejerció el
derecho de acción de forma oportuna, dado que el término de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho e incluso el de reparación
directa se cumplió antes de que acudiera ante la Procuraduría General de la Nación
para conciliar prejudicialmente sus pretensiones económicas -29 de junio de 2016-

Con apoyo en lo dicho, declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y el de reparación directa.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia, con el fin de
que se revocara.

En sustento de la impugnación, manifestó que la sentencia había desconocido las
normas regentes en materia de servidumbre, regulación que debía analizarse y
aplicarse al margen de la alegada caducidad del medio de control, máxime cuando
en la sentencia se había reconocido la existencia de la ocupación de hecho del
predio del demandante, sin que mediara un proceso de expropiación.

En lo sucesivo aludió al marco legal de la servidumbre contenido en la Ley 56 de
1981, en el Decreto 2024 de 1982, Ley 1564 de 2012, así como a conceptos de
servicios públicos y la jurisprudencia contenciosa sobre el particular.

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

Advirtió que las entidades demandadas omitieron reconocer una compensación en
favor del demandante que procedía ante la ocupación irregular de un inmueble
respecto del cual se obtuvo el uso y goce.

Se refirió a los argumentos expuestos en el recurso de apelación formulado en
contra del auto del 9 de julio de 2021, en el que el tribunal al resolver las excepciones
declaró probada la caducidad, aspecto en torno al cual enfatizó:

Distrito de Barranquilla a través de un procedimiento de jurisdicción coactiva,
desconociendo los derechos, sin reconocer los daños y perjuicios causados al titular
del inmueble procede y adelanta un proceso de jurisdicción coactiva y llega a un
auto de adjudicación, ACTO GGI-COA-25889-6 del 6 de noviembre de 2013 y el
ACTO GGI-COA-002282 del 9 de julio de 2014, desconoció su deber legal de
cancelar los impuestos era el poseedor del predio Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, quien está en el inmueble bajo un contrato de
concesión suscrito con el Distrito de Barranquilla.
(…).
El Distrito de Barranquilla al llevar el inmueble de la SOCIEDAD CORPORACION
DE AGUA Y ASEO FÉNIX S.A. a REMATE no constituye un acto de tracto sucesivo,
es una acción u operación administrativa que se ejecutó de manera instantánea para
apoderarse del bien, dejando sin posibilidad de negociación a sus legítimos dueños
que tendrían que asumir unos impuestos que estarían en el orden de los mil millones
de pesos sin ser los obligados por ley a cancelarlos.

Con sustento en lo anterior, solicitó:

Declarar la Reparación Directa y Nulidad de toda la actuación de cobro coactivo
adelantada por la Alcaldía de Barranquilla sobre el inmueble de propiedad de la
Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A y como consecuencia de la declaratoria de
la nulidad se ordene a la Alcaldía de Barranquilla y a la Sociedad TRIPLE A, pagar el
IMPUESTO PREDIAL como compensación por la explotación del inmueble con el
Acueducto construido allí y/o en su defecto pagar la adquisición del inmueble sin
descontar los valores tributarios que les corresponde a ellos pagar por la violación de
la Ley 52 de 1981 y la Jurisprudencia del Consejo de Estado, como queda demostrado
reconociendo además la totalidad de las pretensiones perseguidas en la demanda.

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

Trámite de segunda instancia

El 13 de febrero de 2026, el Despacho sustanciador del proceso admitió la
impugnación y se requirió al tribunal el envío del archivo digital de la audiencia
inicial2 que no obraba dentro del expediente.

Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20213.

La llamada en garantía, CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., presentó un escrito
dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación, en el
que se pronunció sobre la impugnación. En ese sentido solicitó que se confirmara
íntegramente la sentencia apelada por concordar sobre la declaratoria de caducidad
del medio de control.

Por su parte, la SOCIEDAD ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE
BARRANQUILLA S.A. E.S.P allegó memorial en el que se pronunció frente al
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el que manifestaba
que el Consejo de Estado debía estudiar la normatividad vigente
“independientemente” a la caducidad, argumento que, en criterio de la vinculada,
constituía un yerro jurídico porque el análisis debía contener todos los aspectos de
manera integrada, en tanto pretender estudiar un aspecto pero dejar a un lado otro,
no podría conllevar a un examen integral, menos cuando la caducidad no era un
aspecto accesorio del litigio, sino un presupuesto de orden público que condicionaba
el ejercicio de las acciones a un límite temporal reglado normativamente.

CONSIDERACIONES

Como la demanda se presentó el 6 de octubre de 2016, el régimen aplicable es el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a

2 Solicitud a la que se dio cumplimiento en el sentido de remitir la pieza procesal faltante según

consta en índices 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del aplicativo SAMAI.
3 Que entró a regir a partir de su publicación el 5 de enero de 2021.

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Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce
de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según el artículo 104
del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por
el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra
las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de
la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6
del CPACA, esto es, $344’727.0004.

2. Deber del juez de interpretar la demanda

La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular obrando siguiendo una expresa
instrucción de la misma.

Esta Sala resalta que las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se
condene al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a indemnizar por
la ocupación permanente de que fue objeto el inmueble del demandante, sin que —
como lo puso de presente la demandada— se hubieren formulado pretensiones

4 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2016 ($689.454) por 500. La pretensión

mayor (artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $26.248.223. 760.oo, por concepto del
cálculo de la “Servidumbre sobre el valor de la infraestructura impuesta sobre el lote”.

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Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
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declaratorias que fundamenten, a título consecuencial, la condena solicitada.

Aun cuando la situación descrita podría comportar un defecto formal que
eventualmente se opondría al estudio de fondo del asunto, ante la ausencia de
correspondencia de las pretensiones invocadas con la naturaleza declarativa del
medio de control impetrado, conviene señalar al respecto que, tanto la
jurisprudencia de esta Corporación, como de la Corte Suprema de Justicia5, ha
definido que le corresponde al juez interpretar la totalidad del escrito de demanda
de manera armónica para desentrañar la intención de la parte actora, con el fin de
garantizar el principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial
sobre lo puramente procedimental. La causa petendi, que abarca tanto las
pretensiones como los hechos que le sirven de fundamento es, pues, el límite del
juez en su labor interpretativa6.

A ese respecto, esta Corporación ha sostenido que:

“(…) en aplicación del principio iura novit curia, corresponde al juez, frente a los
hechos alegados y probados por la parte demandante, definir la norma o el régimen
jurídico aplicable al caso, sin que ello comporte la modificación de la causa petendi,
es decir sin variar los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de
sus pretensiones. (…)

Así mismo, el Consejo de Estado ha considerado que la aplicación del principio iura
novit curia comporta la necesidad de realizar una interpretación armónica y
sistemática de todo el texto demandatorio con el propósito de desentrañar el querer
del libelista y la fuente de su reclamación, so pena de quebrantar el principio
constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre lo puramente formal
(…).

En el contexto jurisprudencial planteado se impone concluir que por ningún motivo
puede dejarse de lado la responsabilidad que entraña el ejercicio de administrar
justicia, que entre muchos otros deberes y/o facultades determina al fallador la
necesidad de realizar una interpretación armónica y sistemática de todo el texto
demandatorio con el propósito de desentrañar el propósito real del libelista y la
fuente de su reclamación, so pena de desconocer el principio constitucional que
ordena la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, todo aquello naturalmente sin
poner en riesgo el debido proceso”7.

La Corte Suprema de Justicia ha concordado con los anteriores razonamientos al
indicar que:

5 Entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de enero de 2021.

Exp: STC493-2021. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia de 18 de enero de 2012. Exp: 19959. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
7 Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia

de 12 de marzo de 2014. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Exp: 32796.

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“(…) En la apreciación del libelo incoativo del proceso, tiene sentado esta
Corporación, la ‘torpe expresión de las ideas, per se, no puede ser motivo de
rechazo del derecho suplicado cuando éste alcanza a percibirse en su intención
y en la exposición que de los presupuestos fácticos hace el demandante en su
demanda’. Con mayor razón, según en otra ocasión lo señaló, cuando la ‘intención
del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino
también en los fundamentos de hecho y de derecho’ (…)”8.
(Negrillas fuera del texto original).

Tal es el caso, incluso, bajo la égida del CPACA, en concordancia con el artículo
42.5 del CGP, que dispone que al juez le corresponde: “[a]doptar las medidas (…)
para (…) interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto.
Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de
congruencia”9.

En el presente asunto, de la lectura integral de la demanda, y aunque no se hubieran
invocado explícitamente en las pretensiones, para esta Sala es evidente que la
sociedad actora procuraba que se condenara al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla como consecuencia de un juicio de responsabilidad
extracontractual, pues su recuento fáctico se centra en la ocupación permanente de
un inmueble de su propiedad a razón de la imposición de una servidumbre de facto,
que se concretó en la instalación de un sistema de captación y abastecimiento de
agua potable, que fue operado y explotado por la empresa sociedad Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P, con quien el ente territorial celebró
contrato para esos efectos.

Tal exégesis resulta posible a partir de la lectura de los hechos cuarto, quinto,
noveno y décimo tercero en el que se lee:

CUARTO: El convocado Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barraquilla venía
ejerciendo sobre el bien raíz de propiedad de la sociedad demandante (predio
sirviente) y que describe en el hecho primero de la demanda una Ocupación de
tracto-sucesivo con una servidumbre continua y positiva.

QUINTO: Dicha ocupación continuada y de tracto sucesivo que la entidad de

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de enero de 2021. Exp:

STC493-2021. M. P. Luis Armando Tolosa Villabona, en cita de la Sentencia de 16 de febrero de
1995 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Exp: 4460; y de la de 18 de
diciembre de 2012, Rad: 001769; de 21 de junio de 2016, Exp: 00043; de 23 de octubre de 2004
Rad: 7279; de 19 de septiembre de 2009 Exp: 00318; y de 17 de octubre de 2014 Rad: 5923, entre
otras.
9 Al efecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera. Sentencia del 13 de agosto del 2021. Exp: 60.078.

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derecho público demandada impuso sobre el predio de propiedad de la parte
demandante, fue SOBRE LA TOTALIDAD DEL PREDIO, pues en la actualidad es
utilizado para la captación potabilización DE LAS AGUAS QUE CONSUME EL
DISTRITO DE BARRANQUILLA.

(…).

NOVENO: Es tan importante, delicada útil, imprescindible y necesaria LA
OCUPACIÓN SOBRE EL INMUEBLE DE MANERA CONTINUADA Y DE TRACTO
SUCESIVO SOBRE EL PREDIO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
DEMANDANTE SIN QUE DICHA OCUPACIÓN EN LOS TÉRMINOS EN QUE HOY
LA SOPORTA NO SE HUBIERA PODIDO SURTIR AL DISTRITO DE
BARRAQUILLA Y A TODAS LAS PERSONAS QUE EN ELLA HABITAN DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO.

(…).

DÉCIMO TERCERO: (…) por la ocupación que de tracto sucesivo ejercía sobre el
predio, se vio privada de hacer uso del inmueble y de obtener beneficios económicos
o utilidades que hubiera podido obtener, en el evento, que dicho bien no se
encontrase afecto con los gravámenes que soportó.

Así pues, es claro que a lo que se aspira la parte actora es a la declaratoria de
responsabilidad de la entidad accionada por cuenta de la ocupación permanente de
que fue objeto su inmueble con ocasión de la imposición de una servidumbre de
facto, por lo que bajo esas precisiones será analizado el asunto.

3.- Medio de control procedente – principio de congruencia con apoyo en el
cual se debe decidir la controversia

Pertinente es reiterar que el artículo 140 del CPACA dispone que la reparación
directa es el idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación
administrativa, o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de
trabajos públicos, o por cualquiera otra causa distinta a un contrato estatal o un acto
administrativo cuya ilegalidad no se persigue10, pues, en caso de que la pretensión
de resarcimiento se desprenda de un acto administrativo que se acuse de irregular,
la vía procesal adecuada será la nulidad y restablecimiento del derecho, en la
medida en la que “para que la reparación sea posible será necesario, de modo
previo, dejarlo [el acto administrativo] sin efectos y ello, dada la presunción de

10Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y
sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421 [fundamento jurídico 3].

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legalidad que lo cobija, sólo será posible con la declaración judicial de anulación del
mismo”11.

Como quedó sentado en precedencia, el extremo activo a través de la interposición
de la presente demanda procuró entablar un juicio de responsabilidad
extracontractual por los perjuicios derivados de la ocupación permanente de que fue
objeto un inmueble de su propiedad por causa de la imposición de una servidumbre
de facto para la instalación de redes de servicios públicos.

Con todo, al resolver el asunto en primera instancia, el a quo advirtió que el medio
de control procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el
argumento de que el daño cuya reparación se pretendía había tenido origen en los
actos administrativos expedidos por el Distrito de Barranquilla dentro del trámite de
un proceso de cobro coactivo respecto del cual en el expediente solo reposaba el
Auto de 1º de julio de 2014, en el que la Gerencia de Gestión de Ingresos del Distrito
de Barranquilla se adjudicó el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 040-
55887. De lo anterior estimó que la decisión que resolvió las excepciones o dispuso
continuar con la ejecución debió haber sido proferida en fecha anterior a la del citado
auto, por lo que de tomar como referencia esta última fecha para efectos del
cómputo de oportunidad de la acción, habría de concluirse que la misma no se
ejerció en tiempo.

Planteado el contexto que antecede, la Sala evidencia que el a quo no decidió en
congruencia con lo expuesto en la demanda.

En orden a vigorizar esa conclusión, resulta imperativo hacer las siguientes
puntualizaciones:

El principio de congruencia es considerado por la doctrina como aquel “que delimita
el contenido de las resoluciones judiciales que deben preferirse, de acuerdo con el
sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, en lo civil, laboral y
contencioso administrativo, o de los cargos o imputaciones penales formulados
contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 13 de
diciembre de 2001. Exp: 20.678. Si bien esta providencia se refiere a un proceso iniciado bajo la
vigencia del CCA, sus consideraciones resultan igualmente aplicables, en virtud de la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos.

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del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista
identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones
o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades
especiales para separarse de ellas”12.

Supone lo anotado que el operador judicial está desprovisto de facultades para
alterar tanto la causa petendi como el petitum formulado en la demanda, aserto que
encuentra su justificación en que su modificación oficiosa entrañaría una abierta
vulneración al debido proceso en detrimento de los derechos de la contraparte, al
resultar sorprendida con argumentos o disquisiciones respecto de los cuales no tuvo
la oportunidad de contradecir o desvirtuar13.

Esta premisa se extiende no solo al contenido de la demanda, como también a las
pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso y a los argumentos
esbozados en el recurso de apelación. Frente a esto último cabe acotar que: “…el
ad quem, al momento de resolver el recurso de apelación, debe circunscribirse a lo
estrictamente cuestionado en la alzada, sin que le esté permitido, por regla general,
resolver aspectos no ventilados en la impugnación”14.

Ha de agregarse que este principio cuenta con dos dimensiones15. Será interna de
cara a la coherencia que debe estar presente entre la parte resolutiva de la
sentencia y las consideraciones en que aquella se basa. La externa, en cambio, se
asocia a la consonancia que debe mediar entre lo pedido, lo excepcionado y lo
decidido en el fallo.

Sin perjuicio de lo antedicho, la amplitud de este postulado ha sido modulada por la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, instancia que en fallo del
9 de febrero de 2012 precisó la necesidad de que el principio de congruencia
cediera, entre otros aspectos, ante una evidencia que riña con la configuración de

12 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso, Cuarta Reimpresión. Editorial Temis,

Bogotá 2019. Pág. 427.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente No. 34.357, M.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada
por la misma Subsección, entre otras, en sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente No.
54.407, M.P. María Adriana Marín, en fallo del 13 de agosto de 2020, expediente No. 59.791 y en
sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente No. 64.865.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de febrero de 2025, exp.

66572, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 27, sentencia del 1 de junio de 2022, exp. 2021-

05767, C.P, Rocío Araújo Oñate.

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los presupuestos procesales de la demanda, caso en el cual, de no resultar
acreditados en el plenario, ameritaran un pronunciamiento oficioso, al margen de
que no hubieran sido alegados en la apelación:

“Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos
temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del
conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no
es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las
excepciones que se derivan, por ejemplo, (…) iii) de las normas legales de
carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente
ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa
debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos
por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la
decisión censurada.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha
determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la
acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la
falta de legitimación en la causa –por activa o por pasiva– e incluso la ineptitud
sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones
de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de
si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de
primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está,
aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo”16.

Descendiendo el marco dogmático delineado al caso concreto, se observa que el
litigio giró en torno a la existencia de una ocupación derivada de una servidumbre
que se impuso en el predio de la parte actora para la prestación del servicio público
de acueducto sin mediar decisión que legalizara esa situación, al extremo que las
pretensiones indemnizatorias se enfocaron en reclamar los perjuicios ocasionados
desde la instalación de la infraestructura hasta el momento en que el predio salió de
su dominio por cuenta de una decisión adoptada por el Distrito de Barranquilla, en
el marco de un proceso de jurisdicción coactiva, a raíz del cual el ente territorial se
adjudicó el inmueble como compensación por la falta de pago de impuestos
prediales.

Ahora, si bien es cierto en varias oportunidades en el texto de la demanda la parte
actora hizo alusión a que el procedimiento de jurisdicción coactiva fue irregular,
también lo es que a renglón seguido de esas afirmaciones fue categórica en señalar
que el asunto asociado a esa decisión no era el objeto del presente debate.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,

Sentencia de 9 de febrero de 2012. Exp: 21.060. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Así se ilustra en los siguientes hechos de la demanda:

VIGESIMO PRIMERO: Con los hechos anteriormente narrados se encuentra claro
que el Distrito de Barranquilla requería el predio de propiedad de la sociedad
convocante y el cual está afecto a la prestación de un servicio público domiciliario,
sin embargo en vez de adelantar un proceso administrativo de expropiación o de
compra, resolvió adelantar un proceso jurisdicción coactiva, sobre el cual en
gracia de discusión no debatimos en esta demanda, sino el hecho de que se
hayan desconocido los daños materiales consolidados, durante el tiempo en que se
ocasionó el daño de tracto sucesivo.

(…).

VIGÉSIMO QUINTO: El Distrito de Barranquilla, al omitir el cumplimiento del artículo
4 de la Ley 56 de 1981 y las otras disposiciones sobre el pago de impuestos
aplicable a las entidades concesionarias procedió irregularmente a adelantar un
proceso de jurisdicción coactiva sobre un inmueble que ellos mismos estaban
usufructuando y sobre lo cual no haremos ningún pronunciamiento en esta
demanda aceptando en gracia de discusión que se llevó a cabo, pero eso sí
haciendo la salvedad que cuando liquidaron el valor del lote para adjudicárselo
directamente el mismo Distrito omitieron pagar EL DAÑO causado de tracto
sucesivo que le impusieron al lote con su respectiva servidumbre

Se evidencia igualmente que la referencia que se hizo al procedimiento de
jurisdicción coactiva, más allá de reseñar una irregularidad acaecida en su
desarrollo, en realidad se justificó en el hecho de que, para la parte demandante, a
partir de la decisión de adjudicación del inmueble que profirió el Distrito de
Barranquilla en el cauce de esa actuación, cesó el daño que es materia de la
presente reclamación, lo cual se fundó en que desde entonces finalizó la
servidumbre de facto instalada en un inmueble ajeno al dominio del ente territorial.

En efecto, lo que procura el demandante es que la mención de la decisión de
adjudicación del inmueble al Distrito de Barranquilla cumpla una doble función en
este proceso:

i) Por un lado, que funja como hito temporal para a partir de ahí contar la
caducidad del medio de control de reparación directa promovido con
sustento en la ocupación del inmueble que se llevó a cabo hasta ese
momento, bajo el entendido de que la invasión génesis de esta demanda
constituyó un daño continuado que solo vino a cesar cuando el predio
salió del dominio de la demandante con ocasión de esa decisión

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administrativa. Así se desprende de los siguientes fundamentos fácticos
de la demanda:

SÉPTIMO. Con todos y cada uno de los sistemas, construcciones, canales y
demás bienes y obras descritos en el hecho anterior, la entidad de derecho
público demandada, CAUSO un daño de tracto sucesivo o de causación
continuada [se refiere a la ocupación] que CESÓ, cuando el Distrito de
Barranquilla, resolvió adjudicarse el lote a su propio nombre.

OCTAVO. El Distrito de Barranquilla, CAUSO un daño de tracto sucesivo o de
causación continuada que CESÓ, cuando el Distrito de Barranquilla, resolvió
adjudicarse el lote a su propio nombre, para permitirle a la Sociedad Triple A de
B/Q S.A. E.S.P., explotar comercialmente la captación, tratamiento y distribución
de agua, sobre todos los usuarios de servicios públicos de la ciudad de
Barranquilla, (…).

DECIMO PRIMERO. En razón al daño de tracto sucesivo o de causación
continuada que ejercía el Distrito de Barranquilla sobre sobre la totalidad de la
bien raíz de propiedad de la sociedad demandante, siempre le fue imposible a
mis prohijados darle uso y goce de su predio conforme a las actividades
previstas en su objeto social, muy a pesar de la existencia de unas medidas de
carácter policivo y este DAÑO, CESÓ, cuando el Distrito de Barranquilla, resolvió
adjudicarse el lote a su propio nombre.

VIGÉSIMO SEGUNDO. El presente medio de control o la acción administrativa
de DEMANDA DE REPARACION DIRECTA que se interpone en contra del
DISTRITO ESPECIAL INDISTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, no
se encuentra afectada bajo la figura de la caducidad teniendo en cuenta que
estamos ante un DAÑO DE TRACTO SUCESIVO O DE CAUSACION
CONTINUADA.

ii) Y de otro, pretende usarse como fecha límite para calcular los perjuicios
que se deprecan en el curso de esta contienda -concretados en el
aprovechamiento económico que debió producirse en favor del
demandante mientras duró la servidumbre en su predio, lo cual cobijaba
el periodo comprendido entre la imposición de la servidumbre 2005 hasta
la fecha en que el predio salió del dominio de la actora pasando su
titularidad al ente territorial por virtud de la decisión de adjudicación en
diciembre de 2014- Tal cual se extrae de estos apartados de la corrección
de la demanda:

En el escrito de subsanación de la demanda, se consignó: A partir de
estas fechas tenemos que, desde octubre de 2005 hasta diciembre de
2014 [momento en que el Distrito se adjudicó el predio], trascurrieron 110
meses, ahora si multiplicamos estos meses durante los cuales el Distrito,
debió haber pagado el valor de la servidumbre calculada con base en el

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Asunto: Reparación Directa

dictamen técnico – jurídico ordenado por la Alcaldía de Barranquilla,
mediante el oficio No. 345 dé 2005, dentro del amparo policivo otorgado
a la CORPORACIÓN DE AGUA Y ASEO FENIXS.A., tenemos lo
siguiente:

El panorama expuesto revela que el tribunal de primera instancia desvió el origen
del debate y lo centró en la discusión de la legalidad de un acto administrativo que
no se estaba enjuiciando, reflexión en cuya virtud dictó sentencia anticipada
concluyendo que había operado la caducidad del medio de control que correspondía
que, en su criterio, era el de nulidad y restablecimiento del derecho.

Dichos razonamientos, según quedó visto, se apartaron del principio de congruencia
en tanto no consultaron la verdadera fuente del daño que se pedía reparar, lo que
hizo que se confundiera el medio de control que en realidad correspondía a la luz
de la causa petendi que sirvió de base a la demanda, como del petitum.

Resulta menester resaltar que, en el evento en el que la Administración, de facto,
ocupe un predio, temporal o permanentemente, —esto es, sin emitir un acto
administrativo o adelantar un proceso judicial— por regla general la vía procesal
procedente será la reparación directa17. Una situación distinta se presenta cuando
la afectación del uso, goce u ocupación de un bien respecto del cual el petente
predique detentar derechos reales se dé como consecuencia de un acto
administrativo que se alegue inválido, puesto que, para abrir paso a la reclamación,
primero deberá desvirtuarse su presunción de legalidad a través de la respectiva
pretensión anulatoria.

17 “(…) las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho de propiedad

privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieran bienes inmuebles para
cumplir los fines del Estado consagrados en el Art. 2º de la Constitución deben obrar con sujeción al
principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el Art. 29 ibídem,
o sea, deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación voluntaria o de
expropiación si aquella no es posible, en las condiciones contempladas en la ley, y no pueden
obtenerlos mediante su ocupación por la vía de los hechos. // No obstante, cuando el Estado ha
ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 90 de la Constitución
debe responder patrimonialmente e indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de
propiedad privada, por el daño antijurídico causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de
soportar. (…) // Debe observarse que dichas normas no autorizan al Estado para que ocupe de hecho
los inmuebles, pretermitiendo los procedimientos legales para la adquisición del derecho de
propiedad privada, sino que buscan remediar por el cauce jurídico la situación irregular generada
con dicho proceder de las autoridades públicas”. Corte Constitucional. Sentencia C- 864 del 7 de
septiembre de 2004. Si bien se refiere a los procedimientos de expropiación, que se corresponden
con una eventual ocupación permanente de hecho, las consideraciones resultan igualmente
aplicables a las ocupaciones temporales, cuyo trámite legal correspondería a la imposición de
servidumbres temporales.

22

Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

Sin embargo, este último supuesto no es el que se presenta en este evento, dado
que la servidumbre que dio origen a la ocupación discutida no fue el resultado de
un acto administrativo tendiente a legalizar la imposición de ese gravamen.

Lo acontecido, según se profundizará a continuación, muestra que se creó una
servidumbre de facto en el predio del demandante por el ente territorial entre 2005
y 2014, año este en que el Distrito de Barranquilla, mediante Resolución GGI-COA-
002166 del 1 de julio de 2014, se adjudicó el bien como consecuencia de un
procedimiento de cobro coactivo iniciado en contra de la actora con apego al
Estatuto Tributario y del Decreto 0876 de 2013 -por medio del cual se reglamenta la
adjudicación de bienes inmuebles a favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla como forma de pago de las obligaciones fiscales dentro de los
Procesos Administrativos de Cobro Coactivo adelantados por la Administración
Distrital-, por el no pago de impuestos prediales unificados entre 2006 y 2013,
situación que no guarda identidad fáctica o jurídica con la afectación física que fue
objeto el predio en el período que antecedió el aludido acto administrativo distrital18.

Estas reflexiones igualmente están llamadas a impactar los cargos de la apelación
que son pasibles de ser resueltos por esta colegiatura, por cuanto no resulta viable
que por vía de la impugnación se amplíe la discusión a aspectos relacionados con
la nulidad de los actos proferidos en el juicio coactivo que en primer momento no
fueron materia de controversia en la demanda primigenia.

Por lo anotado, con el propósito de resolver el recurso de apelación y definir si ha
operado el fenómeno de la caducidad, la Sala pronunciará su decisión en
congruencia con los supuestos fácticos y jurídicos en que se apoyó la demanda.

4.- Sobre el término de caducidad del medio de control de reparación directa
en los casos de ocupación de inmuebles

La parte demandante apeló la sentencia bajo el argumento de que, al margen de
las consideraciones sobre la configuración de la caducidad, la sentencia ha debido
pronunciarse de mérito sobre las pretensiones formuladas.

18 Folios 104 a 109 del cuaderno 1.

23

Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

En orden a resolver el cargo en cuestión, inicia esta Sala por indicar que, por
mandato del artículo 187 del CPACA, al dictar sentencia, concierne al operador
judicial examinar los presupuestos procesales del medio de control, entre ellos la
oportunidad de su interposición, sin que pueda configurarse su saneamiento por
cuenta del silencio que sobre el particular se hubiere guardado en las fases
procesales precedentes:

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del
inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio
in pejus.

A propósito de esta consideración, destaca la Sala que en sentencia de unificación
del 6 de abril de 201819, la Sala Plena de esta Sección convino acerca de la facultad
que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de oficio:

Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites
competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala
acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia,
el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido
a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la
potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre
todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una
decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la
causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido
propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada. (se destaca).

En consonancia con lo anotado, el artículo 164 del CPACA consagra el plazo dentro
del cual resulta plausible ejercer el derecho de acción y desde qué momento
empieza su cómputo. Una vez fenecido, precluirá la oportunidad de acudir a la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de
reparación directa, debido al carácter público e irrenunciable de este instituto
procesal20. De manera reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha
considerado que la caducidad de la acción:

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

de unificación de 6 de abril de 2018, expediente 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
20
El artículo 13 del Código General del Proceso establece “Observancia de Normas
Procesales. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de
obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”
(se destaca). En igual sentido el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil establecía
“Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de

24

Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

(…) ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado
por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin
necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso
jurídico. La caducidad es entonces un límite temporal de orden público,
que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez
oficiosamente 21.

De ahí que la oportunidad en la que la demanda fue presentada, además de ser un
presupuesto procesal que el juez debe estudiar de oficio, constituye en este caso el
motivo de la impugnación, en la medida en la que el a quo declaró la caducidad,
cuestión que, como materia de orden público y que por lo mismo no es un aspecto
respecto del cual las partes en controversia puedan libremente disponer, se opone
al estudio de fondo de las pretensiones en caso de que se verifique su configuración.

En estas condiciones, le corresponde a la Sala estudiar el problema jurídico relativo
a si la demanda se instauró dentro del plazo legal.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los términos que hubieren
comenzado a correr se rigen por las leyes vigentes al momento en el que inició su
cómputo, sin perjuicio del tránsito legislativo que, en materia procesal, le suceda.

En lo sucesivo, deberá determinarse el momento en el que ocurrieron los hechos
que fundamentan la demanda —ocupación del inmueble—, para lo cual es
menester, previo al análisis de lo que fácticamente concierna, abordar las
precisiones jurisprudenciales respecto del conteo de la caducidad en materia de
ocupaciones permanentes y temporales de bienes inmuebles.

Sea lo primero poner de presente que la ocupación, entendida como una afectación
física y material al derecho de propiedad, puede ser temporal o permanente,
conceptos distinguidos por esta Sección, así:

“Se entiende que existe una ocupación permanente cuando la administración se
instala en el terreno, ya sea construyendo allí una obra pública, destinándolo como
lugar de asentamiento de algún grupo humano determinado, ubicando una unidad
militar, etc, [sic] es decir cuando toma posesión definitiva del mismo,
asumiéndolo como propio -de facto-, para desarrollar allí cualquiera de los
fines estatales. La ocupación es temporal, cuando esa posesión o instalación en el

obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.
21
Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

25

Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
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Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

terreno es apenas transitoria, ocurre para atender una necesidad específica.”22.
(Negrillas fuera del texto original).

En este sentido, la ocupación es temporal cuando la Administración se instala en el
inmueble de manera limitada en el tiempo, para atender una necesidad específica,
restringiendo el uso del bien por un lapso determinado, sin que comporte una
afectación física o material definitiva, de modo que la satisfacción de la necesidad
coincide con la finalización de la invasión.

En contraposición, la ocupación permanente es aquella que:

“(…) tenga la virtud suficiente para limitar las atribuciones del titular del derecho de
dominio sobre el bien inmueble, y que además tenga vocación de permanencia
en el tiempo aun cuando no se busque la realización de una obra por parte de
la administración (…).”23.
(Negrillas fuera del texto original).

De acuerdo con el criterio unificado de esta Sala24, el término de caducidad del
medio de control en eventos de ocupación temporal, debe computarse desde el día
siguiente a aquel en el que cesó la ocupación del bien, puesto que es únicamente
a partir de esa fecha en el que el afectado padece de un perjuicio cierto, causado
durante el tiempo de la instalación25, salvo que, por razones especiales, el
perjudicado únicamente conozca de la producción del daño con posterioridad, caso
en el cual, el inicio del conteo se desplaza hasta ese momento26.

Situación distinta se deriva de la ocupación permanente, en cuanto la invasión no
tiene la virtualidad de terminar y, en consecuencia, el propietario del bien ocupado
sufre, entre otros, la lesión a su derecho real de manera definitiva27, al punto que la

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de

septiembre del 2000. Exp: 11417.
23 Ibídem. Haciendo referencia a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera. Auto del 9 de abril del 2008. Exp: 3756. Esta definición también se consignó en el auto del
9 de febrero del 2011, exp: 38271.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto

de Unificación del 9 de febrero de 2011. Exp: 38271. En vigencia del CCA, pero extensible a hechos
ocurridos en rigor del CPACA, como lo determinó la Corte Constitucional en sentencia SU-335 de
2023.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de

enero de 1994. Exp: 8610; sentencia del 2 de noviembre de 2000, exp: 18086; y del 17 de febrero
de 2005, exp: 28.360. Reiterada en sentencia del 10 de junio del 2009, exp: 22461.
del 16 de julio de 2015. Exp: 40325. M.P. Hernán Andrade Rincón (e).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de

mayo de 2008. Exp: 16922.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 12 de

febrero de 2004. Exp: 15179. Reiterado en sentencia del 10 de agosto del 2005, exp: 15338.

26

Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
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Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

reparación es compensatoria y consiste en el valor del bien:

“En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el
pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación
debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta
legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada,
luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad
del dinero. No es posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación
indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que
el terreno hubiere dejado de producir.”28.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).

La imposibilidad de acumular estos perjuicios no vulnera el principio de reparación
integral, como lo ha establecido la jurisprudencia:

“La indemnización, en uno y otro proceso [de expropiación o judicial de ocupación
permanente], no comprende únicamente el valor del inmueble ocupado o
expropiado. Como quedó dicho, si el propietario pide y demuestra la ocurrencia de
perjuicios diferentes, deberán serle reconocidos en la providencia
correspondiente.”29.

De esta manera, en la ocupación permanente, si se pide, se reconoce el valor del
bien al momento de la invasión, a título compensatorio, y cualquier otro perjuicio
sufrido.

Así, la ocupación permanente implica que la Administración, de facto, asume el bien
—o la porción del mismo— como suyo, y excluye definitiva e ilegítimamente a quien
detenta la propiedad o posesión, de manera que el daño que éste sufre es la pérdida
misma del inmueble, o de su fracción, con lo cual la indemnización equivale al valor
del mismo y, de contera, resulta razonable que la entidad pública, con la condena,
ostente el derecho de convertirse en propietario30. A este respecto, la Corte
Constitucional conceptuó:

“(…) las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho
de propiedad privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando
requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado consagrados en el Art.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de

abril de 1997. Exp: 9718. Criterio reiterado en sentencias del 10 de mayo del 2001, exp: 11783; y del
10 de agosto de 2005, exp: 15338. Conclusión que emanaba, en su momento, del artículo 220 del
CCA y, actualmente, del artículo 190 del CPACA.
29 En concordancia con la sentencia citada por la actora (con ponencia del magistrado Jesús María

Carrillo Ballesteros), en la que se reconoció el lucro cesante por la no disponibilidad del bien por el
tiempo en el que la entidad lo ocupó antes de haberlo expropiado administrativamente. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de mayo del 2001.
Exp: 11783.
30 Sujeto a la tradición como modo de adquirir el dominio, de acuerdo con los artículos 740 y

siguientes del Código Civil.

27

Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

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2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de legalidad y
garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el Art. 29 ibídem, o sea,
deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación
voluntaria o de expropiación si aquella no es posible, en las condiciones
contempladas en la ley, y no pueden obtenerlos mediante su ocupación por la
vía de los hechos.

No obstante, cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento
en lo dispuesto en el Art. 90 de la Constitución debe responder patrimonialmente e
indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada,
por el daño antijurídico causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de
soportar.

Por tanto, en cuanto el Art. 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el Art. 31 de la Ley 446 de 1998, y el Art. 136 del mismo código, modificado por
el Art. 44 de dicha ley, contemplan la vía para obtener la reparación de los perjuicios
causados con la ocupación permanente de los inmuebles, tales disposiciones no
son contrarias al Art. 58 de la Constitución, ya que protegen el derecho de
propiedad privada, en vez de vulnerarlo, al asegurar a su titular el
reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente.

Debe observarse que dichas normas no autorizan al Estado para que ocupe de
hecho los inmuebles, pretermitiendo los procedimientos legales para la adquisición
del derecho de propiedad privada, sino que buscan remediar por el cauce jurídico la
situación irregular generada con dicho proceder de las autoridades públicas.

Así mismo, si en tales circunstancias la entidad pública es condenada a pagar la
indemnización, es razonable que se ajuste a Derecho, así sea a posteriori, la
adquisición del vulnerado derecho de propiedad privada por parte de aquella,
pues como efecto del pago ulterior y cierto de la condena por parte del Estado
no existe jurídicamente ninguna justificación para que el titular de dicho
derecho continúe siéndolo. Si así fuera, se configuraría un enriquecimiento sin
causa de este último a costa del Estado, pues aunque en virtud de la ocupación
aquella adquirió la posesión del inmueble, la misma no tendría el poder jurídico de
disposición del bien, a pesar de haberle sido impuesta la obligación de reparar todo
el derecho.”31.
(Negrillas fuera del texto original).

Se destaca, entonces, que la ocupación permanente no está llamada a cesar, lo
que —bajo el derrotero de cómputo de caducidad antes expuesto— redundaría en
que la incertidumbre del daño perduraría de manera indefinida para el lesionado,
pudiéndose ejercer el medio de control en cualquier tiempo, situación que contraría
el espíritu y propósito de la institución en estudio, “que propende por que la
definición de situaciones sustanciales no se prolongue indeterminadamente y, así,
garantiza la seguridad jurídica de los involucrados”32.

Por esta virtud, la jurisprudencia ha determinado que “la ocupación permanente de
un inmueble implica un daño de ejecución instantánea, que se produce en un

31 Corte Constitucional. Sentencia C-864 del 2004.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 9 de

mayo de 2012. Exp: 21.906 y del 5 de julio de 2018, exp: 43916, entre otras.

28

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Barranquilla
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único momento claramente determinable en el tiempo y que establece un punto
de referencia para computar el término de caducidad de la acción de reparación
directa”33 (negrillas fuera del texto original).

Corolario de lo anterior, la oportunidad para presentar las pretensiones
indemnizatorias por ocupación permanente corre desde cuando ocurrió la incursión
que transgredió el derecho real del afectado y esta fue conocida por el
demandante34.

Véase que, en consecuencia, la naturaleza permanente o temporal de una
ocupación se determina en función de las circunstancias fácticas que la rodean y de
los daños que causa, en cuanto, se reitera, la ocupación permanente —y no así la
temporal— implica la exclusión definitiva en el tiempo del propietario o poseedor
sobre la disposición del inmueble.

4.1.- Del cómputo de la caducidad en el caso concreto

La ocupación que se encuentra en debate en el sublite corresponde a una de
carácter permanente, concretada en la instalación de una infraestructura de
captación y abastecimiento de agua potable en el área del inmueble de la actora. El
hecho de que el predio hubiera dejado de ser propiedad de la accionante con
posterioridad a su construcción no la convierte en un gravamen temporal, pues su
vocación fue afectar una porción del bien de manera definitiva, al margen de quien
ostentara su titularidad en el futuro.

Ahora bien, con el propósito de establecer la fecha en que se construyó la
servidumbre generadora de la afectación objeto de reclamación, se tiene que, de
conformidad con lo narrado en el hecho décimo cuarto de la demanda, la sociedad
accionante, -sin indicar la fecha-, promovió un procedimiento policivo de amparo por
perturbación a la posesión contra la sociedad Triple AAA E.S.P. ante la Inspección
Octava de Policía Urbana del Distrito de Barranquilla, en curso del cual a petición
de la parte activa se ordenó un dictamen pericial, con el fin de establecer la
existencia de las edificaciones y redes constitutivas de la servidumbre presente en

33 Supra, Exp: 38271.
34
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, exp.
68581.

29

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el área de su inmueble, el valor y dimensión de la misma y el rendimiento económico
que su explotación reportaba para la sociedad prestadora de servicios públicos.

A la presente demanda se aportó el referido dictamen pericial35, el cual fue rendido
el 21 de noviembre de 2005 por los peritos Robinson de la Cruz y Raúl Garcés
Jaimes, siendo rotulado como “DICTAMEN TÉCNICO - JURÍDICO ORDENADO
MEDIANTE OFICIO NO, 345 DE 2005 DENTRO DEL PROCESO DE AMPARO
POLICIVO POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN, INSTAURADO POR LA
SOCIEDAD CORPORACIÓN DE AGUA Y ASEO FÉNIX S.A CONTRA LA
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA
S.A. E.S.P.”.

En desarrollo del peritazgo se determinó la existencia dentro del predio de la
sociedad accionante de: un sistema de potabilización del agua, las tuberías con la
delimitación de su área, el canal de acceso o de aducción de agua cruda a baja 1,
los pozos de succión y bombas tipo vertical, dársenas y dragas, transformadores y
cabina ambiental.

Aun cuando en el texto de la experticia no se consignó la fecha de construcción de
esas estructuras, ni se relacionaron los contratos en cumplimiento de los cuáles se
llevó a cabo su ejecución, lo que emerge con claridad es que para el tiempo en que
se elaboró el citado dictamen, los sistemas y edificaciones que conformaban la
servidumbre base de este litigio ya existían y estaban funcionando, hecho que era
conocido por la sociedad actora al extremo que fue ella la que suscitó el proceso
policivo por perturbación de la posesión a raíz de su existencia.

Esclarecido este escenario, no es de recibo para esta instancia el argumento del
extremo accionante según el cual el daño ocasionado por la ocupación del inmueble
era de carácter continuado y solo vino a “cesar” cuando el predio salió del dominio
de la sociedad Fénix S.A., en razón a que, como se acotó, al tratarse de una
ocupación permanente su causación es instantánea, se produce en un momento
claramente identificable y ocurre cuando finaliza la construcción de la infraestructura
que da origen a la afectación del inmueble o cuándo el interesado tiene

35 Folios 55 a 99 del cuaderno 1.

30

Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

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Barranquilla
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conocimiento de su existencia en caso de no haber conocido la obra al tiempo de
su ejecución.

Además, el hecho de que posteriormente en 2014,- esto es, nueve años después
de haber tenido conocimiento sobre la presencia de la servidumbre por parte de la
sociedad accionante-, se hubiera adjudicado el inmueble al Distrito de Barranquilla
no generó ninguna situación concreta sobre el gravamen impuesto de facto; lo que
hizo fue mutar la titularidad del dominio en el que ella se situaba, de manera que no
se erige como circunstancia con la virtualidad de desplazar el cómputo de la
caducidad del medio de control36.

El panorama que antecede permite concluir que en noviembre de 2005 -fecha de
realización del referido peritazgo-, a lo sumo, ya la sociedad accionante tenía
conocimiento acerca de la existencia de la servidumbre que había causado la
ocupación en su inmueble, por lo que en observancia de lo dispuesto en el numeral
8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, -norma vigente cuando
empezó a correr el plazo- con arreglo al cual “la de reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de (…)
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”, el término venció en
noviembre de 2007, por lo que al haberse interpuesto la demanda el 6 de octubre
de 2016, se concluye que para entonces ya había operado la caducidad del medio
de control de reparación directa incoado.

Lo dicho no se altera por haber radicado la solicitud de conciliación extrajudicial37 el
29 de junio de 2016, debido a que la fecha en que fue presentada ya la oportunidad
para instaurar la demanda estaba vencida.

Consideración Adicional

Por último, no pasa desapercibido la Sala que, en la contestación de la demanda,
la vinculada al extremo pasivo, Triple AAA S.A. E.S.P., y la llamada en garantía

36 Sobre el particular ver sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

C, el 14 de julio de 2025, exp. 72409.
37 Folios 115 a 116 del cuaderno 1.

31

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propusieron la excepción de cosa juzgada, con fundamento en el proceso
identificado radicado 2011-01098 (45713).

Al respecto, está demostrado que el 9 de septiembre de 2011, la ahora demandante
interpuso acción de reparación directa contra el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla y la sociedad Triple AAA S.A. E.S.P. con el fin de que se
declarara la responsabilidad patrimonial de las demandadas por causa de los daños
derivados de la ocupación del inmueble del actor, que se había producido entre abril
de 2003 y que se seguía presentado hasta ese momento, con ocasión de una
servidumbre instalada en su predio. Con base en lo anterior, pretendió que se
reconociera el daño emergente, consistente en gastos de transporte y honorarios
de abogados calculados sobre el 10% del lucro cesante, así como el reconocimiento
de este último perjuicio concretado, en el costo de la servidumbre instalada y en el
provecho económica que este le reportaba a la entidad pública38.

Su conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, Corporación
que en providencia del 15 de mayo de 201239 rechazó de plano la demanda por
haber operado la caducidad de la acción, bajo el entendido de que el daño se
produjo desde que ocurrió la ocupación permanente del inmueble, hecho que
acaeció el 10 de abril de 2003, mientras que la demanda se instauró el 9 de
septiembre de 2011, estando más que vencido el plazo legal para su formulación.
Esta decisión, luego de ser recurrida en apelación, fue confirmada por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en auto del 8 de mayo de 201340.

Resulta importante destacar que, al momento de dictar sentencia, corresponde al
juez analizar, además de los presupuestos procesales, las excepciones de fondo
que se encuentren probadas, bien sea porque se alegaron o porque pueden ser
declaradas de oficio, aspecto que no puede ni debe entenderse saneado o
clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en el transcurso
del proceso, como lo dispone el inciso segundo del artículo 187 del CPACA.

Dentro de las excepciones que se pueden encontrar probadas está la cosa
juzgada, que tiene por propósito que las pretensiones que han sido resueltas a

38 Folios 338 a 349 del cuaderno 2.
39 Folios 362 a 368 del cuaderno 2.
40 Folios 369 a 378 del cuaderno 2.

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

través de cualquiera de los medios judiciales aceptados por la ley no vuelvan a ser
debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad obliga a las partes, porque lo decidido
tiene carácter vinculante y obligatorio y, por tanto, goza de plena eficacia. Además,
constituye una consecuencia que se le atribuye a la sentencia, respecto de la cual,
se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un
mínimo de seguridad jurídica entre los asociados y frente al propio Estado.

Dicha figura está regulada en los artículos 303 del CGP40 y 189 del CPACA, que
recogen los elementos formales y materiales para su configuración. Así, el sentido
formal, implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en providencia
que hubiere quedado ejecutoriada dentro de un proceso, o en otro en el cual las
partes debatan la misma causa petendi con idénticos fundamentos jurídicos.

Por su parte, el sentido material hace alusión a la intangibilidad de la sentencia o su
equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó
plenamente de la relación, objeto y causa debatida en la contienda, y que aquella
fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio. Por ende, no es posible
volver sobre controversias definidas a través de una sentencia ejecutoriada, pues
esta adquiere el carácter de inmutable.

En ese orden de ideas, la cosa juzgada cumple una función doble para la eficacia
de las decisiones judiciales. Por un lado, da seguridad, estabilidad y certeza a la
relación sustancial que se decide. Por otro lado, prohíbe que, mediante un nuevo
proceso, se vuelva a discutir lo ya resuelto. De modo que un juez no podrá
pronunciarse frente a una controversia si encuentra una decisión previa con el
mismo objeto, causa y partes, pues de esta última se predica la cosa juzgada. Con
esa perspectiva, el artículo 187 CPACA ordena al juez declarar la cosa juzgada si
encuentra probados los elementos que la constituyen.

El objeto como uno de los elementos que configura la cosa juzgada se refiere a la
relación jurídica sustancial o el derecho que decide una sentencia. Así, se verificará
la identidad de objeto, si lo decidido en una providencia ejecutoriada coincide con el
derecho o la pretensión que se presenta en una nueva demanda -petitum-. A su
vez, la causa de pedir se refiere al hecho jurídico que sustenta la pretensión, es
decir, la razón o motivo por el que se pide -causa petendi-. De allí que habrá
identidad de causa si los supuestos de hecho que llevaron a la adopción de una

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

providencia ejecutoriada y los que se exponen en una nueva demanda son -en
esencia- los mismos.

Descendiendo lo anterior al caso concreto, la Sala avizora que aun cuando existe
identidad de partes en uno y otro caso, ciertamente de lo que difieren es de la
identidad del objeto y de causa.

Ello se explica en que en este proceso, a diferencia de lo ocurrido en el identificado
con radicado 2011-01098 (45713), se introdujo un supuesto diferente y la discusión
que acá se plantea abarca un espacio temporal más amplio que data desde octubre
de 2005 hasta el 1 de julio de 2014, fecha en que el Distrito de Barranquilla,
mediante Resolución GGI-COA-002166, se adjudicó el bien como consecuencia de
un procedimiento de cobro coactivo iniciado en contra de la actora con apego al
Estatuto Tributario y del Decreto 0876 de 2013, por el no pago de impuestos
prediales unificados entre 2006 y 2013.

Este nuevo hecho incorporado en el presente litigio, impacta tanto el objeto en
cuanto se fija como límite temporal para el cálculo de las súplicas de la demanda,
como la causa, pues con base en su acaecimiento se afirma que el daño cesó a
partir de entonces, siendo esa la fecha que debió estimarse para el cómputo de la
caducidad.

De esta forma, para la Sala no puede abrirse paso a la declaratoria de la cosa
juzgada discutida por el extremo pasivo.

5.- Conclusión

La Sala modificará la sentencia anticipada, proferida de 20 de junio de 2025, por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B, para en
su lugar declarar que operó la caducidad del medio de control de reparación directa.

6.- Costas

Habida cuenta de que para este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de
conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

providencia se impondrá la condena en costas a cargo de la parte vencida, es decir,
la parte demandante.

Procede la Sala a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se
tengan en cuenta en la liquidación de costas.

En la fijación de las agencias, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere, con apego a lo dispuesto en el Acuerdo 10554 de 201641,
que dispone:

“(…) Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se
establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos
al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

(…) Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS
EN GENERAL. (…).

En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
(Negrillas fuera del texto original).

A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de segunda instancia
de acuerdo con las tarifas establecidas por el Acuerdo del Consejo Superior de la
Judicatura, que estarán a cargo de la parte actora.

Para la segunda instancia se fija en 1 SMLMV a favor de la sociedad Chubb
Seguros Colombia S.A. y de la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Barranquilla S.A. E.S.P, en partes iguales, en la medida en la que en el trámite de
la impugnación ejercieron actuaciones pronunciándose sobre el escrito del recurso
que ahora se desata.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

41 La demanda se presentó el 6 de octubre de 2016. El Acuerdo 10554 fue expedido y publicado el

5 de agosto de 2016 y entró a regir para los procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.

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Radicación: 080012333000201601163 02 (73988)

Demandante: Corporación de Agua y Aseo Fénix S.A.
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Asunto: Reparación Directa

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 20 de junio de 2025, por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral – Sección B para en su
lugar disponer:

DECLARAR LA CADUCIDAD del medio de control de reparación directa, de
conformidad con las razones que anteceden.

SEGUNDO: CONDENAR en costas por la segunda instancia a la parte demandante
y a favor de la sociedad Chubb Seguros Colombia S.A. y de la sociedad Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. Las agencias, se fijan en cuantía
1 SMLMV que deberán ser asumidos por el extremo activo.

TERCERA: En firme esta providencia, por Secretaría de la Sección Tercera,
DEVUÉLVASE el proceso al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE42
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

VF

42 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se

suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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