Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01193-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Intereses moratorios: pago tardío de la pensión de vejez del causante
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01193-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-01193-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
15 de julio de 2021
INTERESES MORATORIOS - Pago tardío de la pensión de vejez del causante / COMPARTIBILIDAD PENSIONAL - Una vez reconocida la pensión por parte del ISS el empleador se subroga en la obligación / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN - Sólo a partir del momento es reconocida y no existe controversia sobre la cuantía del pago / INTERESES MORATORIOS - No se configuran / RECONOCIMIENTO PENSIONAL - A cargo de Colpensiones
Cuando se da la figura de la compartibilidad pensional, el reconocimiento y pago de la prestación social inicialmente la asume el patrono, pero cuando se satisfagan los requisitos exigidos por el ISS, éste asumirá su obligación y el patrono cesará en el pago de dicha prestación, salvo que el ISS, cuando reconozca la prestación lo haga en cuantía inferior a la que, conforme al régimen general, tienen derecho los servidores públicos en general, ante lo cual el patrono deberá cubrir la diferencia resultante y por ello se habla de pensión compartida. Así las cosas, una vez reconocida la pensión por parte del ISS o COLPENSIONES, el empleador se subroga en la obligación de pagar la extralegal, quedándole a cargo únicamente el pago de la diferencia entre ambas» la obligación es exigible. En este orden de ideas, la Sala de Subsección ratifica que sólo a partir del momento en el que la obligación es reconocida y no existe controversia sobre la cuantía del pago de la misma tiene el carácter de exigible. Toda vez que aún no se expide el acto de reconocimiento de la pensión de vejez requerida en la demanda, porque solo hasta la providencia de primera instancia del presente proceso se le reconoció este derecho a la parte demandante, la pretensión relacionada con los intereses moratorios no está llamada a prosperar, motivo por el cual en este aspecto la sentencia de primera instancia será confirmad. No está en discusión la pensión de jubilación que reconoció el ISS como empleador, supuesto en el cual la competencia sería de la UGPP de conformidad con el artículo citado, sino que se debate es el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del ISS como administradora de pensiones, caso en el cual la competente es COLPENSIONES, de modo que el artículo 27 del Decreto 2013 de 2020 no es aplicable.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 141 / DECRETO 2013 DE 2012
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "A"
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 08001-23-33-000-2016-01193-01(5387-19)
Actor: VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ Y OTRA
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
Referencia: TEMA: INTERESES MORATORIOS Y COMPETENCIA DE COLPENSIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. LEY 1437 DE 2011.
Conoce la Sala de Subsección del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por COLPENSIONES contra la sentencia del 14 de junio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
LA DEMANDA
El señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ y la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, en su calidad de cónyuge (supérstite), actuando por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, demandaron al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS y a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, el reconocimiento de las siguientes declaraciones y condenas:
Pretensiones
(i). La nulidad del acto administrativo ficto o presunto que negó la pensión de vejez del señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ (Q.E.P.D) producto del silencio administrativo negativo respecto de la solicitud que presentó el 1 de marzo de 2012.
(ii). A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada a lo siguiente:
Declarar que el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ (Q.E.P.D) cumplió en vida los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
Pagar el retroactivo, los intereses moratorios y la indexación correspondiente según lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Disponer que los valores reconocidos sean consignados a favor de la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, por ser la cónyuge sobreviviente.
(iii). Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
Fundamentos fácticos
La parte demandante fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos:
(i). El señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ (Q.E.P.D.) laboró como odontólogo del Instituto de Seguros Sociales en la ciudad de Cartagena (Bolívar), desde el 1 de mayo de 1969 hasta el 6 de septiembre de 1990.
(ii). El Instituto de Seguros Sociales, le reconoció la pensión de jubilación desde el 8 de agosto de 1994.
(iii). El 1 de marzo de 2012, por cumplir con los requisitos de edad, 60 años, y tiempo, 1.609 semanas cotizadas, le pidió al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
(iv). Desde la fecha en que solicitó la prestación hasta su fallecimiento, no obtuvo respuesta alguna.
(v). El demandante murió el 13 de diciembre de 2014, estando en curso el proceso laboral que inició y que ahora es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
(vi). El 20 de febrero de 2015, la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, solicitó a COLPENSIONES la sustitución de la pensión del señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ, como no obtuvo respuesta presentó acción de tutela la cual fue resuelta favorablemente, sin embargo, aún no ha recibido contestación a su requerimiento.
Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas las siguientes:
De orden constitucional: artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 43 y 53.
De orden legal: artículos 27, 70 y s.s. del Código Procesal del Trabajo, artículos 138, 162, 166 y s.s. del CPACA, la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990.
Al desarrollar el concepto de violación la demandante adujo que el acto administrativo acusado debe ser declarado nulo porque no tuvo en cuenta que el causante VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ cumplió con los requisitos dispuestos en los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez solicitada, esto es, contaba con 60 años y 1609 semanas cotizadas. En ese sentido, destacó que le asistía el derecho prestacional requerido desde el 8 de agosto de 1999, momento en que cumplió la edad para que le fuera reconocido.
Por otra parte, como sustento de la pretensión de los intereses moratorios por el no pago oportuno de la pensión, invocó la sentencia C-601 de 2000 proferida por la Corte Constitucional, respecto a dicho tema.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, mediante apoderado, solicitó que se negaran las pretensiones del medio de control, por cuanto a su juicio el causante VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ no cumplió con las semanas cotizadas exigidas por la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
En ese orden de ideas, presentó como excepciones (i) cobro de lo no debido, puesto que el interesado no contaba con las exigencias legales para que le fuera reconocido el derecho, (ii) falta de causa para demandar, porque no era sujeto del derecho reclamado, (iii) inexistencia de la obligación, toda vez que el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ no cumplió con los presupuestos pensionales dispuestos en la ley 100 de 1993, (iv) ausencia de mala fe, puesto que actuó de acuerdo a la ley, (v) indebido agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto no se ha presentado solicitud de reconocimiento de la pensión ante esa Entidad, (vi) prescripción, de las sumas a que haya lugar y (vii) genérica, referida a cualquiera que resulte acreditada de oficio.
2.2. El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda pues aseguró que carecen de sustento fáctico y legal, toda vez que a esa Entidad no le corresponde el reconocimiento de las pensiones de prima media con prestación definida sino que la responsable es COLPENSIONES según el Decreto 2013 de 2012.
Formuló las excepciones de (i) falta de jurisdicción y competencia por las mismas razones de defensa, es decir, que es a COLPENSIONES a quien le asiste obligación respecto de las pretensiones, (ii) cobro de lo no debido, en el entendido que no tiene ninguna responsabilidad con la parte demandante, (iii) prescripción, de los derechos que se encuentren afectados por este fenómeno y (iv) genérica, relacionada con declarar oficiosamente cualquiera que resulte probada.
AUDIENCIA INICIAL
El 1 de octubre de 2014, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla celebró audiencia en la que resolvió (i) declarar fallida la conciliación, (ii) declarar no probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa y advertir que no existían más excepciones previas que resolver pues las propuestas se resolverían en el fondo del asunto, (iii) admitir como sucesor procesal del ISS a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, teniendo en cuenta que, según el artículo 27 del Decreto 2013 de 2012, asumió la administración en los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto Número 169 de 2008 de los derechos pensionales legalmente reconocidos por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en su calidad de empleador, (iv) fijar el litigio en el sentido de «determinar si el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ reúne las condiciones necesarias para serle reconocida la pensión de vejez y si existe compatibilidad o compartibilidad frente a la reconocida por el ISS en calidad de empleador» y (v) decretar pruebas.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 14 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de Atlántico profirió sentencia de primera instancia mediante la cual (i) declaró la nulidad del acto demandado y (ii) ordenó a COLPENSIONES realizar las actuaciones administrativas con el propósito de aplicar la compartibilidad de la pensión de jubilación reconocida por el entonces ISS y la de vejez a que tiene derecho el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ, conforme al Decreto 049 de 1990 a partir del 1 de julio de 2010.
De igual forma, resolvió que COLPENSIONES (iii) procediera a ejecutar las actuaciones correspondientes a reconocer la sustitución pensional en favor de la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, en calidad de cónyuge supérstite del causante y (iv) estableciera la diferencia existente entre la pensión de jubilación reconocida y la pensión de vejez, de tal forma que si la pensión legal es inferior, asumiera la de mayor valor, haciendo la salvedad de que el monto pensional en ningún caso podría ser inferior al reconocido por el ISS, hoy COLPENSIONES.
Adicionalmente (v) negó las demás pretensiones y (vi) se abstuvo de condenar en costas.
Como fundamento de la decisión sostuvo que se encuentra acreditado que el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ laboró en el Instituto de Seguros Sociales, en calidad de funcionario desde el 1 de mayo de 1969 hasta el 30 de junio de 2010, y percibió la pensión vitalicia de jubilación reconocida por el ISS a partir del 8 de agosto de 1994, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1653 de 1977, por el cual se estableció el régimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de seguridad social que prestan sus servicios al Instituto de Seguros Sociales.
En ese sentido, precisó que el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ pretendió con la demanda que le fuera reconocida la pensión de vejez según lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 «por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte», que señala:
«Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
Sesenta (60) o más años de edad si es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si es mujer y,
Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.»
De conformidad con lo expuesto, explicó que, a efectos de determinar una posible compartibilidad entre la pensión de jubilación reconocida por el ISS y la que ahora solicita el demandante, se debe tener en cuenta el numeral sexto de la resolución por medio de la cual se le otorgó la pensión de jubilación, el cual indicó:
«Artículo sexto. En el evento de que el señor Víctor Pupo Hernández, le fuera reconocida pensión de vejez por el Instituto de Seguros Sociales como ente asegurador, debe procederse a deducir el valor percibido por concepto de pensión de jubilación, la suma a la cual se haga acreedor por la pensión de vejez.
Parágrafo primero: El retroactivo que resultare por concepto de la pensión de vejez, será girado directamente al Instituto como ente patronal.
Parágrafo segundo: Por el Dpto. de Recursos Humanos, a través de la Sección de nóminas, se harán los ajustes a que haya lugar de acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta las entidades de derecho público que concurren a la pensión».
Bajo ese contexto, expuso que se probó que el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ nació el 8 de agosto de 1939 y por tanto, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con más de 54 años de edad, cumpliendo así con una de las exigencias del artículo 36 ibídem para ser beneficiario del régimen de transición.
Claro lo anterior, afirmó que cumplió los 60 años el 8 de agosto de 1999 y según el reporte de cotizaciones, expedido por COLPENSIONES el 26 de noviembre de 2014, se tiene que cotizó 1762,72 semanas, es decir, cumplió con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez pretendida.
En ese sentido, destacó que COLPENSIONES debía reconocerle la prestación aludida a partir de la última semana cotizada, el 1 de julio de 2010, bajo la figura de compartibilidad pensional, pues su situación se enmarcó dentro de los supuestos establecidos en el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, esto es, haberse causado el derecho a partir del 17 de octubre de 1985, haber cotizado al ISS para la pensión de vejez hasta su reconocimiento y que no exista impedimento expreso que indique la imposibilidad de compartibilidad pensional.
Asimismo, resaltó que la liquidación de la pensión de vejez se realizaría al tenor del artículo 12 y s.s. del Decreto 049 de 1990, pero solo en cuanto a la edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y tasa de reemplazo, porque respecto al ingreso base de liquidación debería tener en cuenta lo determinado expresamente en la Ley 100 de 1993 según la nueva posición jurisprudencial del Consejo de Estado.
Por último, advirtió que el pensionado no tendría derecho a recibir integralmente ambas mesadas pensionales, pues COLPENSIONES debería establecer la diferencia existente entre una y otra pensión a fin de establecer la de mayor valor, con la salvedad de que el monto pensional en ningún caso podría ser inferior al reconocido.
LOS RECURSOS DE APELACIÓN
5.1. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia en lo referente al numeral quinto que «negó las demás pretensiones de la demanda», bajo el argumento de que le asiste el derecho al pago de los intereses moratorios en los términos dispuestos en la Ley 100 de 1993, por cuanto quedó demostrado que la demandada se negó injustificadamente al reconocimiento prestacional pretendido y así ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
5.2. COLPENSIONES solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar, negar las pretensiones del medio de control pues advirtió que, la entidad competente para responder por las pretensiones planteadas por el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ es la UGPP, según lo señalado en el artículo 27 del Decreto 2013 de 2012.
En ese orden de ideas, precisó que el 8 de agosto de 1994, el ISS en calidad de patrono, le reconoció la pensión de jubilación en cuantía de $155.008, a partir de esa fecha como consta en la página de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Frente a lo anterior, indicó que el artículo 27 del Decreto 2013 de 2012, señaló que «La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) asumirá en un plazo no mayor a nueve (9) meses a la fecha de expedición del presente decreto, la administración en los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto número 169 de 2008 de los derechos pensionales legalmente reconocidos por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en su calidad de empleador».
En ese entendido, concluyó que no le asistía responsabilidad en el reconocimiento de la pensión requerida sino que la entidad encargada de resolver la prestación era la UGPP teniendo en cuenta que el ISS adquirió esa obligación en calidad de empleador.
ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA
6.1. La parte demandante reiteró que le asiste el derecho a los intereses moratorios pretendidos de acuerdo con la sentencia SU-065 del 2018, en razón a la demora injustificada en el reconocimiento de la pensión solicitada.
6.2. La parte demandada ratificó los argumentos expuestos en el recurso de apelación referidos a que no le asiste obligación en el reconocimiento de la pensión pretendida, toda vez que la UGPP es la competente en virtud del artículo 27 del Decreto 2013 de 2012, de acuerdo con el cual profirió la Resolución No. GNR 161288 del 1 de junio de 2016, que declaró la falta de competencia para resolver la solicitud pensional y ordenó su remisión a esa Entidad.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El representante del Ministerio Público ante esta Corporación se abstuvo de presentar concepto como consta en el informe secretarial en folio 295 del expediente.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto y según lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin restricciones.
En el presente asunto presentaron recurso de apelación la parte demandante y COLPENSIONES, razón por la cual la Sala de Subsección analizará los motivos de inconformidad planteados por las partes.
En ese sentido, se advierte que la parte demandante apeló la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, pero únicamente respecto de su numeral quinto que negó el reconocimiento de los intereses moratorios, mientras que COLPENSIONES fundamentó el recurso en que no era la entidad competente para el reconocimiento pensional pretendido, toda vez que la responsable era la UGPP, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 1213 de 2012.
Es decir, ninguno de los recurrentes discutió sobre (i) el derecho pensional requerido en la demanda, al que accedió el a quo, (ii) ni la calidad de beneficiaria de la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA del señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ, en su condición de cónyuge, en virtud de lo cual el Tribunal ordenó a COLPENSIONES que realizara las actuaciones necesarias con el fin de reconocerle la sustitución pensional.
Aclarado lo anterior, la Sala de Subsección procederá a plantear los problemas jurídicos que se resolverán a continuación.
Problemas jurídicos
De acuerdo con los recursos de apelación presentados por las partes, a la Sala de Subsección le corresponde resolver los siguientes cuestionamientos:
¿La señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, en calidad de beneficiaria del señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ, tiene derecho al pago de los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el reconocimiento tardío de la pensión de vejez del causante?
¿COLPENSIONES tiene la competencia para reconocer la pensión de vejez del causante VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ (QEPD), o en su defecto, recae en la UGPP la responsabilidad de dicho reconocimiento prestacional al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2013 de 2012?
Para resolver la controversia, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial, (ii) sobre la compartibilidad pensional, (ii) de los intereses moratorios frente a la mora en el pago de las mesadas pensionales y (ii) análisis del caso concreto.
Marco normativo y jurisprudencial
3.1. Sobre la compartibilidad pensional
Pese a que en el presente asunto no se encuentra en discusión la compartibilidad pensional, pues las partes no manifestaron inconformidad respecto a ello, para la Sala de Subsección es importante reiterar lo siguiente:
La Ley 90 de 1976 «Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales», en lo particular ordenó:
«Artículo 1. Establécese el seguro social obligatorio de los trabajadores contra los siguientes riesgos:
a) Enfermedades no profesionales y maternidad Invalidez y vejez.
b) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y
c) Muerte.
[…]
Artículo 76. El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes. Las personas, entidades o empresas que de conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de tales normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles, hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales.
En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para aquellos empleados y obreros que en el momento de la subrogación lleven a lo menos diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o empresas que se trate de subrogar en dicho riesgo, serán menos favorables que las establecidas para ellos por la legislación sobre jubilación, anterior a la presente ley.
Artículo 77. Mientras el seguro social obligatorio no esté en condiciones de tomar a su cargo el riesgo de cesantía, continuarán rigiendo las disposiciones vigentes sobre la materia».
Luego, el Decreto 433 de 1977 «Por el cual se reorganiza el Instituto Colombiano de Seguros Sociales», estableció:
«Artículo 2o. Estarán sujetos al Seguro Social Obligatorio en los términos del presente Decreto, las siguientes personas:
b). Los trabajadores que presten sus servicios a la Nación, los Departamentos y los Municipios en la construcción y conservación de las obras públicas, y todos los trabajadores de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, de carácter nacional, departamental o municipal, que para los efectos del Seguro Social Obligatorio estarán asimilados a trabajadores particulares.
El Instituto podrá contratar con entidades administrativas y docentes distintas a las señaladas en el inciso anterior la prestación de servicios en uno o varios de los seguros que administra; […]
Artículo 6o. El Seguro Social Obligatorio creado por la Ley 90 de 1946, cubrirá los siguientes riesgos:
a). enfermedad no profesional y maternidad;
b). Accidentes de trabajo y enfermedad profesionales;
c). Invalidez, vejez y muerte;
d). Asignaciones familiares».
Asimismo, el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, dispuso:
«Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.
La obligación de seguir cotizando al seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales».
Luego, el Decreto 758 de 1990 «Por el cual se aprueba el acuerdo número 049 de febrero 1º de 1990 emanado del consejo nacional de seguros sociales obligatorios», dispuso:
«Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
[…]
Artículo 18. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.» Destacado fuera del texto original.
Las anteriores disposiciones estipularon la “compartibilidad” de las pensiones entre el empleador y el Instituto de Seguros Sociales para aquellas que el empresario reconociera a sus trabajadores, bien fuera de carácter legal (artículo 16), por sanción ante el despido injusto (artículo 17) o para las extralegales por convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente (artículo 18).
El empleador debía seguir realizando los aportes a la seguridad social en pensiones al ISS, hasta que el trabajador cumpliera con los requisitos de ley para el reconocimiento de la pensión de vejez a la que tuviere derecho.
El reconocimiento que hacía el ISS por pensión de vejez liberaba al empleador de pagar la prestación de jubilación, pero si el valor de la pensión que otorgara dicho instituto resultaba inferior al valor que el empleador reconoció como pensión extralegal o legal, estaría a cargo de este último el mayor valor que reconoció.
Así las cosas, cuando se da la figura de la compartibilidad pensional, el reconocimiento y pago de la prestación social inicialmente la asume el patrono, pero cuando se satisfagan los requisitos exigidos por el ISS, éste asumirá su obligación y el patrono cesará en el pago de dicha prestación, salvo que el ISS, cuando reconozca la prestación lo haga en cuantía inferior a la que, conforme al régimen general, tienen derecho los servidores públicos en general, ante lo cual el patrono deberá cubrir la diferencia resultante y por ello se habla de pensión compartida.
Cuando el ISS asume el riesgo de vejez subroga al patrono en la obligación de reconocer la pensión de jubilación. Así, realmente se presenta una subrogación de la entidad encargada de asumir la obligación (aunque no tenga la misma denominación) y es por lo que resulta improcedente que simultáneamente se pueda gozar de la pensión de jubilación reconocida por el patrono bajo la normatividad que rige a los empleados públicos y la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, pues ello contraría la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política. En ese sentido, la ley no autoriza que por los mismos tiempos de servicios estatales los funcionarios perciban dos pensiones a cargo de diferentes Instituciones.
En ese sentido se reitera que «esta figura jurídica se encuentra contemplada en el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, conforme al cual la pensión compartida se da cuando a un trabajador al que le fue otorgada con posterioridad al 17 de octubre de 1985 una pensión extralegal por su empleador, ya sea por convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, le es reconocida una legal por parte del entonces ISS o COLPENSIONES, porque su antiguo empleador siguió realizando los aportes a la seguridad social, hasta cuando el trabajador cumplió los requisitos para lograr la pensión de vejez. […] Así las cosas, una vez reconocida la pensión por parte del ISS o COLPENSIONES, el empleador se subroga en la obligación de pagar la extralegal, quedándole a cargo únicamente el pago de la diferencia entre ambas».
3.2. De los intereses moratorios frente a la mora en el pago de las mesadas pensionales.
El artículo 53 de la Constitución Política previó que el pago oportuno de las mesadas es un principio mínimo fundamental que debe ser tenido en cuenta por la ley correspondiente y que el Estado debe garantizar su cumplimiento.
Al respecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, prevé:
«ARTICULO. 141. Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. […]».
Esta Sección ha señalado que acorde con lo regulado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1.° de junio de 1994, la indemnización no es más que una forma de conminar a la entidad previsional encargada de pagar las mesadas pensionales de forma oportuna una vez se reconoce la pensión, con la finalidad de proteger a los pensionados en su calidad de vida, para mantener el poder adquisitivo del valor de su pensión, pues en principio esta es sería la única forma de ingreso para la subsistencia de las personas de la tercera edad, quienes han perdido su fuerza laboral.
Realizada la anterior precisión, se considera necesario resaltar que de conformidad con el citado artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago, tal y como lo ha considerado en otras oportunidades esta Corporación.
A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia SU-065 de 2018 consideró que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social están obligadas a reconocer el pago de intereses de mora a los pensionados a quienes se les ha reconocido el derecho pensional en virtud de un mandato legal, convencional, particular e independientemente que su derecho haya sido reconocido con fundamento en la Ley 100 de 1993 o una ley o régimen anterior, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales.
Asimismo, en la citada sentencia indicó que dichos intereses se deben desde que la obligación es exigible. En este orden de ideas, la Sala de Subsección ratifica que sólo a partir del momento en el que la obligación es reconocida y no existe controversia sobre la cuantía del pago de la misma tiene el carácter de exigible.
Análisis del caso concreto
La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, pues se encuentra en desacuerdo con el numeral quinto que negó el pago de los intereses moratorios por el reconocimiento tardío de la pensión de vejez, en el entendido que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional le asiste el derecho a devengarlos.
Asimismo, COLPENSIONES presentó su inconformidad contra la providencia del a quo, por cuanto aseguró que no es la entidad llamada a responder por el reconocimiento pensional solicitado sino la UGPP en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2013 de 2012.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió a las pretensiones del medio de control, porque encontró probado en el expediente los requisitos legales exigidos para reconocer la pensión de vejez al señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ, esto es, la edad y el tiempo exigidos en el Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1 de julio de 2010, en consecuencia, declaró la nulidad del acto demandado y le ordenó a COLPENSIONES realizar las actuaciones necesarias con el propósito de aplicar la compartibilidad de la pensión de jubilación reconocida por el entonces ISS y la de vejez a que tiene derecho.
Igualmente, resolvió que COLPENSIONES procediera a ejecutar las actuaciones correspondientes a reconocer la sustitución pensional en favor de la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, en calidad de cónyuge supérstite del causante, sin embargo, negó los intereses moratorios requeridos.
Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio allegado al proceso, cuya autenticidad no fue controvertida por las partes, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos relevantes:
4.1. Hechos probados
a). Edad del causante de la pensión. El señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ (Q.E.P.D) nació el 8 de agosto de 1939 (fol. 14).
b). Semanas cotizadas. De acuerdo con los certificados de semanas cotizadas expedidos por COLPENSIONES en folios 126 a 131 del expediente, el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ cotizó un total de 1.762, 72 semanas, así:
c). Acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación. El Instituto de Seguros Sociales, en calidad de empleador, le reconoció la pensión de jubilación al señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ, a partir del 8 de agosto de 1994 en cuantía de $155.008.oo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 del Decreto Ley 1563 de 1977 y 2 de la Ley 33 de 1985 (fols. 7 a 11).
d). Solicitud de reactivación del expediente pensional. El 1 de marzo de 2012, el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ a través de apoderada, solicitó al Instituto de Seguros Sociales la reactivación de su expediente prestacional con el propósito de que se realizara un nuevo estudio del trámite correspondiente a su pensión de vejez conforme a lo estipulado en la ley por cumplir con la edad requerida y la totalidad de las semanas cotizadas (fol. 12).
e). Fallecimiento del señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ. El señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ falleció el 13 de diciembre de 2014 de acuerdo con el Registro Civil de Defunción en folio 179 del expediente.
f). Calidad de la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA. De acuerdo con el Registro Civil de Matrimonio en folio 221 del expediente, el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ contrajo matrimonio con la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, quien ostenta en ese sentido la calidad de cónyuge del demandante.
4.2. Análisis sustancial
4.2.1. ¿La señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, en calidad de beneficiaria del señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ, tiene derecho al pago de los intereses de mora dispuestos el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por el retraso en el reconocimiento de la pensión de vejez del causante?
De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y del análisis del acervo probatorio, se considera lo siguiente:
(i). El ISS le reconoció la pensión de jubilación al señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ, a partir del 8 de agosto de 1994, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 del Decreto Ley 1563 de 1977 y 2 de la Ley 33 de 1985 (fols. 7 a 11).
(ii). El señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ interpuso el presente medio de control con el propósito de que le fuera reconocida la pensión de vejez al cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a ella.
(iii). Mediante la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso de la referencia, se ordenó a COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de vejez requerida por el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ y en razón de su fallecimiento en el curso del medio de control, se conminó a esa Entidad para que realizara las actuaciones necesarias con el fin de reconocer la sustitución pensional en favor de la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, en calidad de cónyuge supérstite del causante.
(iv) Tratándose de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la Sala de Subsección reitera que solo se generan a partir del momento en que se encuentra en firme el acto de reconocimiento pensional y no desde la fecha en que debió reconocerse la prestación, como se explicó en el numeral 3.2., de esta providencia, en el entendido de que una vez adquiera firmeza el acto de reconocimiento pensional, se torna exigible la obligación de pagar la prestación en él contenida.
(v) En ese sentido, toda vez que aún no se expide el acto de reconocimiento de la pensión de vejez requerida en la demanda, porque solo hasta la providencia de primera instancia del presente proceso se le reconoció este derecho a la parte demandante, la pretensión relacionada con los intereses moratorios no está llamada a prosperar, motivo por el cual en este aspecto la sentencia de primera instancia será confirmada.
4.2.2. ¿COLPENSIONES tiene la competencia para reconocer la pensión de vejez al señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ o es la UGPP la entidad competente para responder por el derecho prestacional reclamado según lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2013 de 2012?
(i). Mediante la Ley 90 de 1946 se creó el Instituto de Seguros Sociales «Para la dirección y vigilancia de los seguros sociales, crease como entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio propio un organismo que se denominará Instituto Colombiano de Seguros Sociales, cuya sede será Bogotá»
En concordancia con ello, la Ley 100 de 1993, en su artículo 52, determinó que el régimen solidario de prima media con prestación definida sería administrado por el I.S.S.
Ahora bien, con la expedición de la Ley 1151 de 2007, se creó la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, en los siguientes términos:
«Artículo 155. De la institucionalidad de la seguridad social y la administración del régimen de prima media con prestación definida.
[…]
Colpensiones será una Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de carácter público del orden nacional, para lo cual el Gobierno, en ejercicio de sus facultades constitucionales, deberá realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de dicho propósito, y procederá a la liquidación de Cajanal EICE, Caprecom y del Instituto de Seguros Sociales, en lo que a la administración de pensiones se refiere. En ningún caso se podrá delegar el reconocimiento de las pensiones.
Esta Empresa tendrá domicilio en Bogotá, D. C., su patrimonio estará conformado por los ingresos que genere en desarrollo de su objeto social y por los aportes del Presupuesto General de la Nación, los activos que le transfieran la Nación y otras entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título perciba. Tendrá una Junta Directiva que ejercerá las funciones que le señalen los estatutos. La Administración de la empresa estará a cargo de un Presidente, nombrado por la Junta Directiva. La Junta estará conformada por tres miembros, el Ministro de la Protección Social o el Viceministro como su delegado, quien lo presidirá; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado y un Representante del Presidente de la República.»
En desarrollo de lo anterior, el Gobierno profirió el Decreto 2011 de 2012, a través del cual reguló la entrada en vigencia de COLPENSIONES, así:
«Artículo 1°. Inicio de Operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Artículo 2°. Continuidad en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los Afiliados y Pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrán su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tienen en el mismo régimen, sin que ello implique una selección o traslado de régimen del Sistema General de Pensiones.
[…]
Artículo 3°. Operaciones de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, deberá:
1. Resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que habiendo sido presentadas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), o la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia del presente decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5° del mismo.
2. Pagar la nómina de pensionados que tenía a cargo el Instituto de Seguros Sociales (ISS), como administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
3. Ser titular de todas las obligaciones con los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del Instituto de Seguros Sociales (ISS), y de los afiliados de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom.
4. Administrar los Fondos de Reservas de Prestaciones de Vejez, Invalidez y Muerte que administraba el Instituto de Seguros Sociales (ISS), de que trata la Ley 100 de 1993.
5. Efectuar el recaudo de los aportes al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en las cuentas y con los mecanismos que la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones establezca para tal efecto.
[…]» Destacado fuera del texto original.
De acuerdo con las normas precitadas, se concluye que a partir del 28 de septiembre de 2012, las funciones asignadas al ISS, incluyendo el reconocimiento de los derechos pensionales de sus afiliados, le corresponden a COLPENSIONES.
(ii). En el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia, COLPENSIONES manifestó que no le asiste la obligación por el reconocimiento prestacional requerido pues es a la UGPP a quien le asiste esa responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2013 de 2012, toda vez que la pensión fue reconocida por el ISS en su calidad de empleador.
(iii). El artículo 27 del Decreto 2013 de 2012, dispuso:
«Artículo 27. Obligaciones pensionales del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en su calidad de empleador. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) asumirá en un plazo no mayor a nueve (9) meses a la fecha de expedición del presente decreto, la administración en los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto número 169 de 2008 de los derechos pensionales legalmente reconocidos por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación en su calidad de empleador».
(iv). Si bien la pensión de jubilación reconocida al demandante fue otorgada por el ISS en su calidad de empleador (fol. 7 a 11), lo cierto es que de acuerdo con lo requerido en la demanda lo que se pretende es el reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS como administradora de pensiones no como empleadora.
(v). En otros términos, no está en discusión la pensión de jubilación que reconoció el ISS como empleador, supuesto en el cual la competencia sería de la UGPP de conformidad con el artículo citado, sino que se debate es el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del ISS como administradora de pensiones, caso en el cual la competente es COLPENSIONES, de modo que el artículo 27 del Decreto 2013 de 2020 no es aplicable.
(vi). Lo anterior, teniendo en cuenta que fue COLPENSIONES y no la UGPP la que asumió el reconocimiento pensional a cargo del Instituto de Seguros Sociales conforme lo señalado en el artículo 3 del Decreto 2011 de 2012, en consecuencia, toda vez que está probado que las cotizaciones realizadas por el demandante se destinaron al ISS como administradora de pensiones, así lo certificó precisamente la entidad recurrente (fols. 126 a 131), la responsabilidad por el cumplimiento de las órdenes dictadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico le asisten es a COLPENSIONES y no a la UGPP.
En desarrollo de lo expuesto, la sentencia impugnada que responsabilizó a COLPENSIONES por el cumplimiento de las órdenes dictadas será confirmada de acuerdo con las razones que anteceden.
Condena en costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.
Atendiendo esa orientación, en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia, de conformidad con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, toda vez que no resultó probada su causación pues el recurso de apelación fue desfavorable para ambos apelantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de junio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor VÍCTOR PUPO HERNÁNDEZ (Q.E.P.D) y la señora MARIELA DE JESÚS TAPIAS ANAYA, en su calidad de cónyuge supérstite contra LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. El demandante falleció durante el curso del proceso como se expondrá más adelante. Como se verá más adelante luego se vinculó a la UGPP como sucesora procesal del ISS en calidad de empleador del demandante. Folio 174 del expediente. Folios 173 a 174 del expediente. Antes de su muerte, el señor Víctor Pupo Hernández inició demanda laboral contra el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y COLPENSIONES, la cual fue tramitada por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla hasta proferir sentencia de primera instancia el 10 de febrero de 2015, no obstante, al presentarse recurso de apelación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Tres Laboral, decidió, a través de auto del 6 de julio de 2015, declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del fallo citado, inclusive, para que se remitiera a la jurisdicción contencioso administrativa. Folios 177 a 176 del expediente.
«ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo».
«ARTÍCULO 13. CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN POR VEJEZ. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo». Aprobado por el Decreto 758 de 1990. Folio 20 a 24 del expediente. Folios 50 a 53 del expediente. Téngase en cuenta que, a pesar de la declaratoria de nulidad ordenada por el Tribunal Superior de Barranquilla por falta de competencia, todas las actuaciones quedaron validadas excepto la sentencia que se dejó sin efectos, así lo resolvió el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 21 de mayo de 2018, luego de asumir el conocimiento del proceso (fol. 201 a 202). Folios 108 a 110 del expediente y CD en folio 98 de la demanda. Folio 109 del expediente. Folios 223 a 231 del expediente
Folios 237 a 242 del expediente. Folios 243 a 245 del expediente. Folios 232 a 236 del expediente. Folios 250 a 252 del expediente. En reciente fallo del 5 de noviembre de 2020, esta Subsección de la sección segunda del Consejo se pronunció en los mismos términos en un caso de compartibilidad pensional identificado con el radicado número 13001-23-31-000-2010-00846-02(3314-15). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 11 de marzo de 2021. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00215-01(5181-19)
«Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.»
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.»
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2018. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05069-01(0505-17). Al respecto ver sentencia del 24 de mayo de 2021, proferida por esta Subsección de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente identificado con el número de radicado 17001-23-33-000-2015-00091-01 (1762-2018)
Al respecto consultar sentencia del 24 de mayo de 2021 proferida por esta Subsección en el expediente número 17001-23-33-000-2015-00091-01 (1762-2018). Fecha de entrada en vigencia del Decreto 2011 de 2012. Al respecto consultar los conceptos de la Sala de Consulta y Servicios Civil del Consejo de Estado, expedidos el 4 de febrero de 2020, en el radicado núm.: 11001-03-06-000-2019-00196-00(C) y 9 de diciembre de 2020, en el radicado núm.: 11001-03-06-000-2020-00219-00(C).
«Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan otras disposiciones»
«Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:
A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas
1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.
2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de este numeral.
Las entidades públicas del orden nacional a que se refiere el inciso anterior, continuarán con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas hasta que se asuma esta función por su traslado a la UGPP. La UGPP asumirá esta función en los términos del Decreto 254 de 2000.
3. La UGPP podrá adelantar las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
4. Las demás gestiones y funciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este artículo tales como la administración de bases de datos, nóminas, archivos y todo lo relacionado con la defensa judicial de la entidad y las demás que establezca la ley.
[…]
Artículo 2°. Pago de pensiones y prestaciones económicas. El pago de las pensiones y demás prestaciones económicas cuyo reconocimiento esté a cargo de la UGPP se efectuará a través del FOPEP, para lo cual, en todo caso, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 13 del Decreto-ley 254 de 2000.»
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