Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2016-01267-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2016-01267-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2016-01267-02
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
8 de septiembre de 2022
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01267-02 (26025)
Demandante: Payless Shoesource PSS de Colombia SAS
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01267-02 (26025)
Demandante: PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA SAS
Demandado: U.A.E.- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES- DIAN.
Tema: Asuntos aduaneros. Modificación del Arancel de Aduanas
(Decreto 0074 de 2013). Solicitud de devolución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 31 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La sociedad Payless Shoesource PSS de Colombia SAS presentó durante los meses
de marzo, abril, mayo y junio del año 2013, 520 declaraciones de importación en las
que liquidó y pagó los correspondientes aranceles, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 0074 del 23 de enero de 2013 1. Esta norma modificó parcialmente el
Arancel de Aduanas, mediante el establecimiento de un arancel ad valorem del 10%,
más un arancel específico de 5 dólares de Estados Unidos de América por kilo bruto,
para la importación de los productos clasificados en los capítulos 61, 62 y 63
(confecciones) del Arancel de Aduanas; así como un arancel ad valorem del 10%, más
un arancel específico de 5 dólares de Estados Unidos de América por par, para la
importación de los productos clasificados en el capítulo 64 del Arancel de Aduanas
(calzado), excepto para la partida 64.06, a la que le fijó un arancel ad valorem del 10%
más un arancel específico de 5 dólares de Estados Unidos de América por kilo bruto.
El 26 de febrero de 2016, la sociedad demandante solicitó ante la Dirección Seccional
de Aduanas de Barranquilla, la expedición de una Liquidación Oficial de Corrección,
en la cual se liquidaran los tributos aduaneros correspondientes a las declaraciones
de importación presentadas según la tarifa establecida en el Decreto 4927 de 2011,
en lugar de la fijada en el Decreto 0074 de 2013, para efectos de devolución de los
tributos aduaneros pagados en exceso, por considerar que lo dispuesto en el Decreto
0074 de 2013 carecía de fundamento legal 2.
1 Folios 109 a 112 c.p. 1, (págs. 61 a 66 del documento nro. 2 en el expediente electrónico de la plataforma
electrónica SAMAI).
2 Folios 192 a 269, c.p. 1.
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Demandante: Payless Shoesource PSS de Colombia SAS
FALLO
En respuesta a dicha solicitud, la DIAN expidió la Resolución número 000562 del 18
de diciembre de 2016 de 2016, por medio de la cual negó la solicitud de Liquidación
Oficial de Corrección formulada por la sociedad demandante 3.
Contra la resolución antes citada, la demandante interpuso recurso de
reconsideración 4, el cual fue resuelto mediante Resolución 00974 del 27 de junio de
2016, en el sentido de confirmar la Resolución 000562 de 2016 en su integridad 5.
DEMANDA
1. Pretensiones
En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la sociedad Payless
Shoesource PSS de Colombia SAS formuló mediante apoderada las siguientes
pretensiones 6:
“1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 000562 del 18 de abril de 2016,
proferida por la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Aduanas de Barranquilla, mediante la cual se negó la solicitud de Liquidación Oficial
de Corrección para efectos de Devolución de tributos aduaneros pagados en exceso,
respecto de las declaraciones de importación presentadas por la demandante durante
los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2013, por valor de $6.099.156.411, y
relacionadas en el Anexo del referido acto administrativo.
2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 00974 del 27 de junio de 2016,
proferida por la Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Aduanas de Barranquilla, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución a que alude el numeral anterior, confirmándola en todas
sus partes.
3. Que se inaplique, por inconstitucional e ilegal, el Decreto 0074 del 23 de enero de
2013, publicado en el Diario Oficial No. 48.682 del 23 de enero de 2013, vigente para la
época de los hechos, por medio del cual se modificó parcialmente el Arancel de Aduanas,
en el sentido de establecer un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico
de 5 dólares de Estados Unidos de América por kilo bruto, para la importación de los
productos clasificados por los Capítulos 61, 62 y 63 del Arancel de Aduanas, así como
un arancel ad valorem del 10%, más un arancel específico de 5 dólares de Estados
Unidos de América por par, para la importación de los productos clasificados por el
Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, excepto la partida 64.06 que tendrá un arancel ad
valorem del 10% más un arancel específico de 5 dólares de Estados Unidos de América
por kilo bruto.
4. Que en consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la DIAN
que practique la “Liquidación Oficial de Corrección” solicitada por la sociedad PAYLESS
SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA SAS, a efectos de determinar el mayor valor
pagado, en relación con las declaraciones de importación presentadas por ella durante
los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2013, con aplicación de la tarifa
consagrada en el Decreto 4927 de 2011, dada la circunstancia de que las normas
contenidas en éste serían las procedentes en virtud de la inaplicación por inconstitucional
e ilegal, del Decreto 074 de 2013, que se pide en el numeral 3) de las pretensiones.
5. Que se ordene a la entidad demandada devolver a la demandante el valor de los
aranceles aduaneros pagados en exceso, respecto de las declaraciones de importación
presentadas durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2013, por valor de
$5.257.926.028, las cuales se encuentran relacionadas en el anexo de la Resolución No.
000562 del 18 de abril de 2016, citada.
3 Folios 103 y ss., c.p. 1 (folios 48 a 66, documento nro. 2 en SAMAI).
4 Folios 269 a 311, c.p. 1 (folios 18 a 60, documento nro. 6 en SAMAI).
5 Folios 113 a 119, c.a.
6 Folios 2 y 3, c.p.
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6. Que se ordene a la DIAN que para la determinación de la base gravable del impuesto
sobre las ventas IVA en la corrección de las declaraciones, se tome en cuenta el monto
del arancel establecido con fundamento en el Decreto 4927 de 2011 y se ordene la
devolución del mayor valor pagado.
7. Que se disponga que las condenas respectivas serán actualizadas en su valor y
devengarán intereses moratorios de conformidad con los artículos 187 y 192 del
C.P.A.C.A.
6. [sic] Que se condene en costas a la entidad demandada, en los términos del artículo
188 del CPACA.”
2. Normas violadas y concepto de violación
La demandante invocó como normas violadas el Preámbulo y los artículos 9, 13, 150
num. 16, 224, 226, 227 y 333 de la Constitución Política; 26 y 27 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o
entre Organizaciones Internacionales; 3 literales a) y b) de la Ley 1609 de 2013; 10 y
29 de la Ley 7 de 1991; el numeral 4 del artículo XVI, relativo a disposiciones varias del
Acuerdo de Marrakech, aprobado por la Ley 170 de 1994; el artículo II, 1 A) y B) del Acuerdo
de la OMC, relativo a las listas de concesiones anexas al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio GATT; el artículo III numerales 1, 2 y 4, VI y XIX del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; los ordinales 4.º y 8.º del artículo 8.º del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA); la
Decisión CAN 571 de 2003; los Decretos 1407 de 1999, 1480 de 2005, 1345 de 2010 y
2550 de 2010, y la Resolución 846 de 2004.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Violación de la Constitución, de la ley interna y los tratados internacionales por
parte de los decretos que fijan los aranceles cobrados
Para la demandante, los actos demandados son anulables, en tanto niegan la
corrección solicitada de las declaraciones de importación con fundamento en los
decretos 0074 de 2013 y 456 de 2014, normas que a su vez resultan ilegales por
desconocer lo dispuesto en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) y los literales a) y b) del artículo 3.º de la Ley 1609 de 2013 (Ley Marco de
Comercio Exterior) y la Ley 7.ª de 1991 (Ley Marco de Aduanas), al fijar aranceles por
encima de los límites fijados de conformidad con los convenios internacionales
suscritos por Colombia.
El arancel determinado en los actos demandados con base en los decretos 0074 de
2013 y 456 de 2014 no se ajusta a los principios y normas de derecho internacional
obligatorios para Colombia, pues desconoce los compromisos adquiridos por
Colombia en el marco de la suscripción del Acuerdo de Marrakech y el GATT 1994,
contenidos en la Lista de Aranceles LXXVI-Colombia, anexa al Acuerdo, y que resulta
vinculante para Colombia.
Los aranceles pagados sobrepasan los topes máximos de aranceles consolidados
establecidos en la Lista de Aranceles ad Valorem de Colombia LXXVI, incluida en el
Anexo 1 del GATT de 1994. Esta lista fija los aranceles máximos que puede imponer
Colombia para las importaciones correspondientes a los capítulos 61, 62, 63 del
Arancel de Aduanas y la partida 64.06 con los topes máximos del 40% (confecciones);
y para el resto del capítulo 64, topes máximos de aranceles consolidados del 35% ad
valorem (calzado). Estos topes son superados en los decretos mencionados, aplicados
indebidamente para liquidar los aranceles en los actos acusados, como lo señaló
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expresamente el Grupo Especial y el Órgano de Apelación de la OMC.
Además, se trasgrede el principio de trato nacional en materia de tributación y
reglamentación interior contenido en los ordinales 1.º, 2.º y 4.º del artículo III del
Acuerdo del GATT 1994, en la medida en que la base gravable del IVA liquidado sobre
las importaciones es diferente a la determinada para productos similares nacionales.
El cobro de aranceles con base en el Decreto 0074 de 2013 desconoce las reglas
contenidas en los artículos VI y XIX del GATT de 1994 y la Decisión 571 de la CAN,
en relación con los mecanismos para proteger a la industria nacional ante
importaciones masivas a precios dumping. En la medida en que los instrumentos
internacionales y las leyes internas aplicables consagran otros mecanismos para
alcanzar los objetivos buscados por el Gobierno (proteger la industria nacional de
importaciones a precios artificialmente bajos), se violan por falta de aplicación las
normas que consagran esos mecanismos especiales internacionales, adoptados en el
marco de la OMC, dirigidos específicamente a impedir prácticas ilegales de comercio
exterior, sin perjudicar a quienes importan bienes correspondientes a esas partidas
sometiéndose a las exigencias legales.
Por otra parte, se vulneró el artículo 333 de la Constitución, porque los aranceles
fijados en los actos demandados restringen indebidamente la libertad económica y la
iniciativa privada, en la medida en que los importadores resultan obligados a soportar
aranceles que desconocen los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.
Expedición irregular
El Decreto 0074 de 2013 desconoció el mandato establecido en los ordinales 4.º y 8.º
del artículo 8.º del CPACA porque el proyecto que dio origen a esa norma no fue
publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tampoco se dio
oportunidad para que los interesados presentaran sus comentarios, se omitió la opción
de concertación con el sector privado, no se tuvo acceso a los documentos
preparatorios que antecedieron a su expedición, ni se justificó su fundamento, ni el
examen de cumplimiento de las normas superiores aplicables, como lo exige el
Decreto 1345 de 2010 sobre directrices de técnica normativa.
Además, contrariamente a lo dicho por la DIAN, no puede decirse que se cumplió el
procedimiento establecido en el Decreto 1345 de 2010, “porque de no haber sido así,
no se hubiera sancionado” el Decreto 0074 de 2013, pues es claro que la simple
expedición de una norma no es suficiente para enervar los vicios en su expedición.
Falsa motivación
Se incurrió en falsa motivación y desviación de poder porque no se demostró que la
adopción de aranceles compuestos era la herramienta más efectiva para contrarrestar
prácticas ilegales de los importadores de calzado y confecciones.
La legalidad de los actos demandados no puede basarse en la presunción de legalidad
de los decretos en que se fundan, pues hay lugar a inaplicar estos últimos ante la
prueba de que carecen de fundamento jurídico. Que la imposición de aranceles mixtos
sea un mecanismo contemplado en los instrumentos internacionales para minimizar
los efectos del dumping no supone que pueden imponerse en contravía de las
obligaciones y mecanismos establecidos en esos mismos instrumentos, y en perjuicio
de quienes no incurren en prácticas comerciales prohibidas.
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Violación al debido proceso
Se configura una violación al derecho al debido proceso, en la medida en que la
imposición de aranceles con base en una norma general ilegal resulta en la afectación
particular de los importadores que se vieron obligados al pago de un arancel sin
fundamento alguno, y sin tener la oportunidad de ser oídos en un proceso
administrativo que les permitiera ser excluidos de dichas medidas. El carácter general
de la norma indebidamente aplicada no excusa a la administración para desconocer
situaciones jurídicas particulares que deben ser respetadas y protegidas por el Estado.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos 7:
Los argumentos planteados por la demandante se dirigen a cuestionar la legalidad del
Decreto 0074 de 2013, y no los fundamentos legales de los actos particulares
demandados, por lo que tales objeciones debían plantearse a través del medio de
control de nulidad simple contra el Decreto 0074 de 2013. Además, la solicitud de
inaplicabilidad del mencionado decreto es improcedente, dado que este fue derogado
por el Decreto 456 de 2014.
En todo caso, el Decreto 0074 de 2013 es plenamente legal, comoquiera que fue
expedido por el presidente de la República en ejercicio de facultades normativas
expresamente otorgadas al Ejecutivo por la Constitución Política (art. 189-25).
Conforme a esta norma, el presidente tiene la facultad para modificar los aranceles, y
no existe ninguna prohibición legal o constitucional para imponer aranceles mixtos, por
lo que no hay ninguna violación de la ley aplicable.
El Acuerdo de la OMC y sus anexos no pueden ser catalogados como una norma
superior en el ordenamiento interno. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en la
materia es abundante, y varios trabajos académicos han explicado ampliamente que
no todo tratado internacional se puede considerar norma de carácter superior o de
aplicación inmediata en el orden interno, como es el caso de los Acuerdos de la OMC,
por lo que tales normas no son aplicables a la discusión objeto del presente proceso.
Por otra parte, los jueces colombianos no tienen potestad para pronunciarse sobre el
cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo el marco de los acuerdos de la OMC,
en la medida en que esos mismos acuerdos contemplan un mecanismo de solución
de controversias sobre tales asuntos. Al adoptarse los acuerdos de la OMC, el Estado
colombiano aceptó la jurisdicción exclusiva del Órgano de Solución de Controversias
de la OMC como el organismo encargado de determinar si hay o no violación relativa
a los compromisos establecidos en la materia, por lo que no le corresponde a los
jueces internos discutir o tratar tales cuestiones.
A juicio de la DIAN, no cabe hacer un juicio respecto a la falta de aplicación de otros
instrumentos para proteger la industria nacional en caso de dumping u prácticas
comerciales ilegales, para examinar la legalidad de los actos acusados “… teniendo en
cuenta el universo de posibilidades que han podido ser aplicados ”. La demandante no
demuestra un nexo entre los actos acusados y la violación de las normas marco o los
tratados internacionales citados, lo que resulta ajeno a la acción de nulidad descrita en
el artículo 137 del CPACA.
No se incurrió en una expedición irregular del Decreto 0074 de 2013, en tanto este fue
expedido surtiendo todos los trámites previos exigibles por la ley para ello, incluyendo
la elaboración del resumen ejecutivo y la ayuda de memoria exigida. Por otra parte, se
efectuó la publicación del proyecto de decreto, y se diligenció el cuestionario para la
7 Folios 616 a 633, y 741 a 744 c.p. (folios 3 a 38, y 174 a 177 documento nro. 2 en SAMAI).
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elaboración de textos normativos que exige el Decreto 1345 de 2010. En todo caso,
no cabe examinar la supuesta falsa motivación o desviación de poder en la expedición
de un decreto que ya ha sido derogado.
Los aranceles a cargo de la demandante debían ser liquidados conforme al Decreto
0074 de 2013, pues esa era la norma vigente al momento de la presentación de las
declaraciones de importación. Las objeciones contra el mencionado decreto debían
plantearse a través del medio de control de nulidad, lo cual no se hizo durante la
vigencia del mismo. Antes bien, mientras tal norma estuvo vigente, la demandante
efectuó sus importaciones y pagó los aranceles señalados en el decreto de marras sin
objeción alguna. No hay entonces lugar a la devolución, en tanto no se pagó una suma
mayor a la debida por concepto de tributos aduaneros conforme a las normas
aplicables al momento de la importación.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda 8.
Para el Tribunal, no cabe inaplicar por inconstitucional el Decreto 0074 de 2013 porque
los tratados comerciales o de integración económica no hacen parte del bloque de
constitucionalidad, y no tienen una jerarquía normativa superior al de las leyes
ordinarias, pues ello solo se predica de los tratados internacionales que reconocen
derechos humanos y prohíben su limitación bajo estados de excepción.
El Consejo de Estado se pronunció sobre la legalidad del Decreto 0074 de 2013, y
concluyó que el presidente de la República se encuentra constitucionalmente facultado
para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen
de aduanas, por lo que era plenamente competente para expedir los decretos 0074 de
2013 y 456 de 2014. Por otra parte, en la expedición del Decreto 0074 de 2013 se
observaron los requisitos formales y actos preparatorios para su discusión y expedición
conforme al Decreto 1345 de 2010.
No procede el cargo relativo a la falta de medidas alternativas a la imposición de
aranceles para contrarrestar el dumping, en tanto el Consejo de Estado desestimó ese
argumento, señalando que el propósito del establecimiento de aranceles en el Decreto
0074 de 2013 pudo ser loable y beneficiar a la industria nacional, pues las medidas
adoptadas pretendían impedir la importación de mercancías a precios constitutivos de
dumping.
En tanto el Consejo de Estado determinó la legalidad condicionada del Decreto 0074
de 2013, entendiéndose nula solo en aquellos casos en que el arancel determinado
sobrepasara los límites previstos en la lista de concesiones, no se acreditó que el
mencionado decreto resultara ilegal por desconocer los tratados comerciales
invocados por la accionante, por lo que las tarifas arancelarias aplicables eran las
establecidas por la administración aduanera.
Por otra parte, la demandante no efectuó una descripción de la mercancía importada,
ni identificó las subpartidas arancelarias a que pertenecía, ni el país de origen ni el
proceso de importación, lo cual era determinante para establecer la aplicabilidad de
los tratados comerciales invocados como violados.
8 Documento nro. 17 en la plataforma SAMAI.
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RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló la sentencia del Tribunal con base en los siguientes
argumentos 9:
La sentencia apelada analiza la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, con
lo cual desconoce el juicio de legalidad planteado, y con ello la abundante
jurisprudencia del Consejo de Estado, que de manera reiterada ha dispuesto que las
autoridades colombianas, y específicamente el presidente de la República, están
sujetos a los Acuerdos de la OMC al momento de ejercer las facultades contempladas
en el artículo 189 numeral 25 de la Constitución. Los Acuerdos de la OMC son
obligatorios para las autoridades colombianas, y al estar incorporados a nuestra
legislación deben ser aplicados en el control de legalidad, como lo dispone
expresamente la Ley Marco de Aduanas (Ley 1609 de 2013).
El Tribunal contradice lo que estableció la sentencia del Consejo de Estado del 1.º de
agosto de 2019 (exp. 20497), relativa a la legalidad condicionada del Decreto 0074 de
2013, pues considera que el presidente de la República al ejercer las facultades del
artículo 189.25 en este caso actuó de acuerdo a la ley, mientras que el Consejo de
Estado determinó que, aunque el presiente tiene facultades para modificar los
aranceles, debe sujetarse a los límites fijados en los Acuerdos de la OMC y la Ley
Marco de Aduanas. No es cierto que el Consejo de Estado haya desestimado los
cargos de violación de normas superiores al Decreto 0074 de 2013, al haber sido
incorporados los Acuerdos de la OMC a nuestra legislación. Según la sentencia del 1.º
de julio de 2019 sobre el Decreto 074 de 2013, la legalidad quedó condicionada a que
no se superara el 35% de arancel para el capítulo 64 (calzado) y del 40% para
confecciones (Capítulos 61,62 y 63), que es el argumento con el cual pretende el a
quo justificar la negativa de inaplicar el Decreto 074 de 2013.
Es claro que el Decreto 0074 de 2013 no fue expedido conforme al ordenamiento
jurídico superior, no solo por la violación de la Ley Marco de Aduanas, sino porque hay
dos decisiones del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización
Mundial del Comercio, que confirmó que sí se violó el Acuerdo General del GATT, y
que sí se violaron las tarifas máximas consolidadas contenidas en el Anexo al Acuerdo
General relativo la Lista Consolidada de Colombia.
Por tanto, no le asiste razón al a quo al desconocer que el Consejo de Estado ha
determinado la legalidad condicionada del Decreto 0074 de 2013, en el sentido de
determinar que todos los aranceles mixtos aplicados en virtud de este decreto, que
superen las tarifas máximas consolidadas del 35% para calzado (Capítulo 63 del
Arancel) y del 40% para confecciones (capítulos 61,62 y 63 del Arancel) son ilegales,
y deben propiciar la acción de la administración para devolver a los afectados los
aranceles pagados en exceso.
Por otra parte, el Tribunal afirma sin fundamento alguno que no se efectuó una
descripción de la mercancía importada, ni identificó las subpartidas arancelarias a que
pertenecía, ni el país de origen ni el proceso de importación, cuando toda esa
información consta en los documentos que se anexaron a la demanda, lo cual muestra
que el Tribunal no examinó el texto de la demanda ni las pruebas anexas. Y aunque
esos elementos no fueron objeto de discusión, en el caso concreto se demostró que
se pagaron aranceles superiores a los autorizados en por lo menos 419 de las 1108
declaraciones de importación objeto de la demanda, detalladas por su número de
aceptación, número de formulario, número de autoadhesivo, fecha, número de levante,
valor FOB, fletes, seguros, valor en aduanas, subpartidas, arancel mixto aplicado y
9 Documento nro. 19 en la plataforma SAMAI.
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pagado, y recibos oficiales de pagos consolidados de los tributos aduaneros, entre
otros documentos aportados al expediente.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandante reiteró, en términos generales, los argumentos expuestos en el
recurso de apelación 10.
Además, señaló que en aplicación de las sentencias del Consejo de Estado que
decretaron la legalidad condicionada del Decreto 0074 de 2013, debe considerarse
nulo el cobro de aranceles que superen el 35% (para el capítulo 64, calzado) y el 40%
para confecciones importadas del capítulo 61, 62 y 63, pues las sentencias de nulidad
tienen efectos erga omnes y ex tunc para todas las situaciones no consolidas, como
es el presente caso.
La sentencia debe definir el derecho a la devolución del pago en exceso, así como el
hecho de que la discusión de los pagos en exceso propicia el reconocimiento de los
intereses moratorios de ley.
Por su parte, la demandada insistió en lo dicho en la contestación de la demanda11.
Añadió que Consejo de Estado hizo un pronunciamiento sobre la legalidad del Decreto
0074 de 2013 y que por ello, y en atención a los efectos ex nunc de las sentencias,
debe concluirse los efectos de la aplicación del decreto mencionado se cumplieron a
cabalidad durante el periodo en que se presentaron las declaraciones de importación
generadoras del reclamo para liquidación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala debe
determinar si la administración aduanera debió emitir las liquidaciones oficiales de
corrección, para efectos de devolución, respecto de las declaraciones de importación
que la demandante presentó durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año
2013, en tanto la autoliquidación de los tributos aduaneros se efectuó aplicando los
aranceles mixtos previstos en el Decreto 0074 de 2013, decreto que debía inaplicarse
por contravenir los compromisos del asumidos por Colombia en el marco del GATT de
1994.
Para dirimir el problema jurídico, la Sala se remite a lo dicho en la sentencia del 1.º de
agosto de 2019 (exp. 20497, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), en la cual examinó
la legalidad del decreto mencionado a la luz de los cargos que aquí se retoman como
fundamento de las decisiones particulares que se demandan en esta oportunidad. Dijo
el Consejo de Estado en la sentencia señalada 12:
“…para la Sala, el procedimiento previo a la expedición del decreto acusado cumplió con
las obligaciones definidas en el artículo 10.º del Decreto 1345 de 2010, toda vez que la
medida normativa fue solicitada por los sectores de confección y calzado, tuvo divulgación
en los medios de comunicación de que disponen los ciudadanos y que en la formación del
acto intervinieron distintos sectores industriales y entidades del Ejecutivo como los
10 Expediente electrónico en la plataforma SAMAI, documento nro. 20.
11 Expediente electrónico en la plataforma SAMAI, documento nro. 21.
12 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 1° de agosto de
2019, exp. 20497, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Departamento Nacional de Planeación y el Programa de Transformación Productiva (ff. 59
a 81 ca).
(…)
Como se aprecia, el principio del trato nacional es una garantía que pretende evitar que un
Estado contratante implemente medidas proteccionistas y así garantizar, que productos
nacionales e importados puedan competir en las mismas condiciones. Este principio
configura un límite en el establecimiento de políticas fiscales y de comercio exterior dentro
de los Estados miembros de la OMC.
(…)
Teniendo en cuenta que por expresa disposición constitucional, la modificación de la
política arancelaria es de competencia del presidente de la República (art. 189.25 de la
Carta), a partir de una interpretación sistemática entre el artículo III del GATT y la
Constitución, cabe señalar que las medidas impositivas que incrementen los aranceles
están limitadas por la lista de concesiones anteriormente referenciada. Por ende, el
Gobierno puede modificar la política arancelaria sin necesidad de concertar con los demás
Estados pertenecientes a los tratados internacionales, pero siempre y cuando lo haga
dentro de la lista de concesiones que aceptó al momento de la adhesión al tratado
internacional.
(…)
Como reiteradamente se ha sostenido, la potestad para fijar el régimen arancelario es del
presidente de la República, de manera que no puede considerarse que el ejercicio de esta
facultad está limitada por la base sobre la cual se determine el IVA. Este tributo, se seguirá
determinando sobre la base del valor de aduanas y el arancel con independencia del
arancel que fije el Gobierno. Diferente sería si la política fiscal del Estado propendiera por
modificar la tarifa del IVA sobre ciertos productos importados al tiempo que se aumentan
los aranceles, pues se podría inferir que la política fiscal es discriminatoria y genera una
barrera comercial. De ahí que la Sala considere que solo cuando el ordenamiento imponga
tarifas diferenciales a los impuestos aplicables a los bienes importados o, simplemente
tributos que solo este tipo de bienes deban liquidar, se vulneraría el principio indicado y,
por consiguiente, los compromisos internacionales adquiridos en virtud del GATT de 1994.
Apartarse del anterior criterio y aceptar que la integración de los tributos aduaneros dentro
de la base gravable del IVA implica el desconocimiento de principio indicado, hace
inoperante la imposición de aranceles como medidas de comercio internacional. Por ello,
el cargo no prospera.
(…)
… ha de entenderse que el decreto censurado sería nulo, pero solo en el aparte en que en
que exija un tributo aduanero que exceda la lista de concesiones. Por consiguiente, el
usuario aduanero afectado de manera específica estará facultado para solicitar la
devolución de la porción del arancel que exceda el límite al que se comprometió Colombia,
previa demostración de los supuestos fácticos del caso. Así, porque a la luz de los tratados
internacionales aplicables al sub lite, Colombia no perdió la facultad de imponer
gravámenes arancelarios a la importación de mercancías, sino que simplemente accedió
a limitar la tarifa de los mismos.
(…)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
FALLA:
DECLARAR que el Decreto 0074, del 23 de enero de 2013, expedido por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, es legal de manera condicionada, de conformidad con las
consideraciones del presente fallo”.
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Concretamente la Sala, tras analizar todos los cargos de nulidad de orden
procedimental y sustancial, encontró que el Decreto 0074 de 2013 era legal, pero solo
en aquellos supuestos en que la tarifa arancelaria ad valorem, más la tarifa específica
para la importación de la mercancía clasificada en las subpartidas de los capítulos 61,
62, 63 y 64 del Arancel de Aduanas no superara el umbral de la lista de concesiones
arancelarias de Colombia; lo cual significaba que, para el caso de las confecciones, la
tarifa arancelaria aplicada sobre el valor en aduanas no debía superar el tope del 40%,
y el liquidado para la mercancía de las subpartidas contenidas en el Capítulo 64 ídem
(salvo la partida 64.06) no debía sobrepasar el 35% sobre el valor en aduanas. Y
correspondía establecer en cada caso particular si la aplicación del arancel mixto
superaba los límites señalados, en cuyo caso se puede adelantar el procedimiento de
devolución de los tributos aduaneros que se haya pagado en exceso.
En este caso, la tarifa arancelaria empleada para determinar el tributo a cargo en las
declaraciones de importación presentadas por la demandante durante los meses de
marzo, abril, mayo y junio del año 2013 superó en algunas de ellas los umbrales del
40% para confecciones y del 35% para calzado, como consta en la relación de 480
declaraciones de importación (de las 520 inicialmente presentadas) que obra en el
expediente, y que no fue cuestionada por la DIAN, incluida como anexo en esta
providencia, y conforme a la cual las sumas pagadas en exceso ascienden a
$4.379.232.000 13.
De esa manera, resulta procedente proferir liquidación oficial de corrección sobre las
declaraciones de importación señaladas, para ajustar los tributos aduaneros a las
tarifas máximas permitidas en la lista de concesiones arancelarias de Colombia; esto
es, 40% para los capítulos 61 a 63 (confecciones), y del 35% para el capítulo 64
(calzado). Dado que la tarifa arancelaria de las demás declaraciones de importación
incluidas en el anexo de la Resolución DIAN 000562 de 2016 no superaron los topes
establecidos en la lista de concesiones de Colombia del GATT 1994, no se accederá
a la solicitud de ordenar la expedición de liquidación oficial de corrección respecto de
estas, y en esa medida, la legalidad de los actos demandados debe mantenerse
parcialmente.
De conformidad con lo antedicho, la Sala ordenará a la administración que practique
la liquidación oficial de corrección correspondiente a las declaraciones de importación
que presentó la demandante durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año
2013 reseñadas en la relación anexa a esta providencia, ajustando los tributos
aduaneros de forma tal que el arancel liquidado corresponda al 40% y 35% según la
partida arancelaria aplicable.
En lo referente a la pretensión de devolución junto con los intereses que se causen,
cabe recordar que el objeto de la actuación administrativa que provocó la demandante
y que derivó en los actos demandados consistía en que la demandada expidiera la
liquidación oficial de corrección que estableciera las sumas pagadas en exceso y
sirviera de sustento a la petición de devolución, por lo que el restablecimiento del
derecho conculcado debe limitarse a la expedición de la liquidación oficial de
corrección pretendida frente a las declaraciones de importación señaladas, y no debe
extenderse a ordenar la devolución solicitada.
En su lugar, la liquidación oficial de corrección que en ejecución de esta providencia
emita la demandada servirá para que la demandante inicie el procedimiento de
devolución de las sumas pagadas en exceso, más los intereses a que haya lugar.
13 Documento nro. 9 del expediente electrónico en la plataforma SAMAI.
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Condena en costas
A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General del Proceso, no
procede la condena en costas en esta instancia, por cuanto en el expediente no se
encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de agosto de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico. En su lugar se dispone:
PRIMERO: Anular parcialmente la Resolución nro. 000562 del 18 de abril de 2016,
proferida por la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Aduanas de Barranquilla, mediante la cual se negó la solicitud de
Liquidación Oficial de Corrección para efectos de devolución de tributos
aduaneros pagados en exceso respecto de las declaraciones de importación
presentadas por la demandante durante los meses de marzo, abril, mayo y junio
del año 2013, por valor de $6.099.156.411, y relacionadas en el Anexo del referido
acto administrativo; así como la Resolución nro. 00974 del 27 de junio de 2016,
proferida por la Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional
de Aduanas de Barranquilla, mediante la cual se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución 000562 del 18 de abril de 2016.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la DIAN que
expida una Liquidación Oficial de Corrección, a efectos de determinar el mayor
valor pagado en relación con las declaraciones de importación presentadas por la
demandante durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2013
reseñadas en el anexo de esta providencia, ajustando los tributos aduaneros de
forma tal que el arancel liquidado corresponda al 40% y 35% según la partida
arancelaria aplicable, de conformidad con lo dispuesto en esta providencia.
SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclaro voto Aclaro voto
11
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ANEXO
RELACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN OBJETO DE LIQUIDACIÓN
OFICIAL DE CORRECCIÓN CON FINES DE DEVOLUCIÓN
Declaraciones de Número de Fecha de Subpartida
importación Autoadhesivo Autoadhesivo arancelaria
872013000053227-2 07777270074270 3/5/13 6405200000
872013000053226-5 07777270074263 3/5/13 6404190000
872013000053223-3 07777270074256 3/5/13 6403999000
872013000053222-6 07777270074249 3/5/13 6402999000
872013000053220-1 07777270074231 3/5/13 6402910000
872013000053218-6 07777270074224 3/5/13 6402200000
872013000053531-7 07777270074106 3/5/13 6402200000
872013000053532-4 07777270074113 3/5/13 6402910000
872013000053533-1 07777270074120 3/5/13 6402999000
872013000053534-9 07777270074138 3/5/13 6403999000
872013000053535-6 07777270074145 3/5/13 6404190000
872013000062477-5 07777270075738 3/14/13 6405200000
872013000062474-3 07777270075720 3/14/13 6403999000
500700544657-1 14203021977157 3/15/13 6404190000
500700544653-2 14203021977132 3/15/13 6402910000
500700544654-1 14203021977141 3/15/13 6402999000
872013000062478-2 07777270075666 3/14/13 6402200000
872013000062480-8 07777270075673 3/14/13 6403999000
872013000062482-2 07777270075680 3/14/13 6405200000
0500700544651-8 14203021977100 3/15/13 6402999000
0500700544652-5 14203021977118 3/15/13 6404190000
872013000062486-1 07777270075490 3/13/13 6402200000
872013000062487-9 07777270075509 3/13/13 6402910000
872013000062488-6 07777270075516 3/13/13 6402999000
872013000062489-3 07777270075523 3/13/13 6403999000
872013000062490-1 07777270075530 3/13/13 6404190000
872013000062499-7 07777270075824 3/14/13 6403999000
872013000062498-1 07777270075817 3/14/13 6402999000
872013000062500-7 07777270075831 3/14/13 6405200000
872013000062497-2 07777270075801 3/14/13 6402200000
0500700544656-4 14203021977125 3/15/13 6404190000
872013000068421-0 07777280067124 3/19/13 6115950000
872013000068423-5 07777280067131 3/19/13 6115960000
872013000068424-2 07777280067149 3/19/13 6214300000
872013000068425-1 07777270075903 3/19/13 6402200000
872013000068426-7 07777270075910 3/19/13 6402910000
872013000068428-1 07777270075928 3/19/13 6402999000
872013000069206-8 07777270076220 3/20/13 6403999000
872013000069188-3 07777270076238 3/20/13 6404190000
872013000068429-9 07777270075935 3/19/13 6405200000
872013000068430-7 07777270075942 3/19/13 6406901000
872013000068432-1 07777270075951 3/19/13 6406909000
872013000069338-1 07777270076261 3/20/13 6404190000
872013000068492-3 07777270076127 3/19/13 6405200000
872013000068493-0 07777270076134 3/19/13 6406901000
872013000068494-8 07777270076141 3/19/13 6406909000
872013000068485-1 07777270076062 3/19/13 6115210000
872013000068486-9 07777270076071 3/19/13 6115950000
872013000068489-0 07777270076102 3/19/13 6402910000
872013000069405-7 07777270076252 3/20/13 6402999000
872013000068490-9 07777270076111 3/19/13 6403999000
872013000069290-7 07777270076245 3/20/13 6402200000
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-01267-02 (26025)
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FALLO
Declaraciones de Número de Fecha de Subpartida
importación Autoadhesivo Autoadhesivo arancelaria
872013000068535-1 07777280067195 3/19/13 6402999000
872013000068533-7 07777280067170 3/19/13 6214300000
872013000068534-4 07777280067188 3/19/13 6402910000
872013000068537-6 07777280067203 3/19/13 6403999000
872013000069351-8 07777270076213 3/20/13 6404190000
872013000069129-9 07777270076317 3/20/13 6402200000
872013000069130-7 07777270076324 3/20/13 6402910000
872013000069383-3 07777270076331 3/20/13 6402999000
872013000069131-4 07777270076349 3/20/13 6403999000
872013000069132-1 07777270076356 3/20/13 6404190000
872013000071888-7 07777270076664 3/22/13 6402200000
872013000071889-4 07777270076671 3/22/13 6402910000
872013000072442-0 51284060033609 4/1/13 6402999000
872013000071890-2 07777270076689 3/22/13 6403999000
872013000072611-9 07777270076768 3/26/13 6404190000
872013000072628-3 07777270076775 3/26/13 6405200000
872013000072925-6 07777270076861 3/26/13 6115950000
872013000072926-3 07777270076879 3/26/13 6115960000
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