Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-01375-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de abril de 2025
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01375-01 (3965-2023)
Demandante: Piedad del Pilar Dávila Nieto
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01375-01 (3965-2023)
Demandante: Piedad del Pilar Dávila Nieto
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: financiación con recursos del situado
fiscal. Subtema 2: naturaleza de la plaza. Subtema 3: presupuestos para el reconocimiento
de la pensión gracia. Acreditación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 10 de diciembre de 2021, que accedió a
las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Piedad del Pilar Dávila Nieto, en condición de docente en los departamentos de Bolívar
y Atlántico, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a la UGPP, entidad
que denegó la solicitud al considerar que la interesada no demostró 20 años de servicio
como docente, en plazas territoriales o nacionalizadas. La demandante aduce que el
acto administrativo desconoció las normas en que debía fundarse y las pruebas que
demostraron el requisito de tiempo de servicio como docente en propiedad y en
interinidad.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. Pretensiones
1. Piedad del Pilar Dávila Nieto, mediante apoderada judicial, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de la UGPP, el 21 de octubre de 2016, con las siguientes pretensiones1:
(i) Que se declare la nulidad de las resoluciones RDP034869 del 25 de agosto de
2015, por medio de la cual la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión
1 Samai, expediente digital, archivo 5_5_080012333000201601375011, 001Demanda.
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Demandante: Piedad del Pilar Dávila Nieto
Demandado: UGPP
de jubilación gracia, RDP006125 del 12 de febrero de 2016 que confirmó la
negativa y RDP022867 del 20 de junio de 2016 que resolvió el recurso de
apelación en el sentido de confirmar la decisión.
(ii) Que se condene a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia a partir de
marzo de 2015, en cuantía equivalente a $2.150.024, con los reajustes previstos
en la ley.
(iii) Que se condene a la UGPP cumplir la sentencia en los términos de los artículos
192 y 195 del CPACA.
(iv) Que se condene en costas a la entidad demandada.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(i) Nació el 26 de septiembre de 1954.
(ii) Prestó el servicio docente por 56 días en la Escuela Rural Mixta el Porvenir del
municipio San Fernando conforme al acto de nombramiento efectuado por el
gobernador de Bolívar mediante Decreto núm. 55 del 22 de enero de 1976.
(iii) Posteriormente, fue vinculada por 56 días en la Escuela Urbana María Bernarda
del municipio de Margarita en virtud del nombramiento que le hizo el gobernador
de Bolívar mediante Decreto núm. 930 del 7 de septiembre de 1976.
(iv) Por último, fue nombrada por el gobernador del Atlántico mediante el Decreto
801 de 1995, en el colegio Barranquilla, donde prestó el servicio docente por
más de 20 años.
(v) La UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia mediante las resoluciones
RDP 034869 del 25 de agosto de 2015, RDP 00615 del 12 de febrero de 2016
y RDP 022867 del 20 de junio de 2016, al considerar que no acreditó una
vinculación de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: La Constitución
Política, artículos 2, 25, 29, 48 y 58; la Ley 4 de 1966, artículo 4; la Ley 91 de 1989,
artículo 15; la Ley 114 de 1913, artículos 1 al 4; la Ley 37 de 1933, artículo 3, y la Ley
153 de 1887, artículo 2.
4. En el concepto de violación, la parte actora afirmó que los actos demandados
desconocieron las normas en que debían fundarse al excluir el tiempo laborado en
virtud de nombramientos en interinidad y considerar que las vinculaciones fueron
nacionales y no territoriales o nacionalizadas.
5. Además, afirmó que el tiempo trabajado en establecimientos de enseñanza
primaria, normalista, inspección y secundaria es computable para acceder al derecho
pensional, sin importar la clase de vinculación, siempre que sea anterior al 31 de
diciembre de 1980.
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2.2. Contestación de la demanda
6. El apoderado de la UGPP propuso las excepciones de inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción2. Al oponerse a las
pretensiones, afirmó que el periodo comprendido entre el 22 de enero de 1976 y el 3
de noviembre de 1976 no es válido para acceder al derecho porque fue prestado en
interinidad.
7. Además, adujo que la vinculación de la demandante con el distrito de
Barranquilla, realizada mediante el Decreto 801 de 1995, es de carácter nacional
porque intervino el Ministerio de Educación Nacional y la institución donde ejerció la
labor tiene igual naturaleza.
8. Concluyó que la demandante no cumplió el requisito de tiempo de servicio en
plaza territorial o nacionalizada, pues el servicio fue prestado en virtud de
vinculaciones de carácter nacional que no son computables para acceder al derecho.
2.3. Sentencia de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 10 de diciembre
de 2021, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados; condenó a la
entidad accionada a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la demandante con
la inclusión de todos los factores salariales que devengó en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, esto es, del 24 de noviembre de 2004 y se abstuvo
de imponer condena en costas3.
10. Al motivar la decisión, el tribunal afirmó que quienes desempeñan la labor
docente en calidad de educadores territoriales o nacionalizados tienen derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, siempre que cumplan con la edad y el
tiempo de servicio, aun mediante nombramientos en interinidad.
11. La demandante demostró la prestación del servicio docente en el departamento
de Bolívar y en el distrito de Barranquilla, mediante vinculaciones territoriales o
nacionalizadas, durante 21 años, 3 meses y 27 días.
12. Finalmente, el tribunal se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada,
con fundamento en que no asumió una conducta que la hiciera merecedora de esa
sanción.
2.4. Recurso de apelación
13. El apoderado de la UGPP afirmó que el ejercicio del cargo docente mediante
nombramientos en interinidad no es válido para el cómputo de tiempo de servicio,
motivo por el cual se debe excluir el período laborado antes del 31 de diciembre de
19804.
2
Samai, expediente digital, archivo 5_5_080012333000201601375011, 017ContestaciónDemanda.
3 Samai, gestión en otros despachos, índice 10.
4 Samai, expediente digital, archivo 5_5_080012333000201601375011, 068Recursodeapelación.
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14. Manifestó que el servicio prestado en el Colegio Barranquilla para Varones no
puede ser tenido en cuenta en el cómputo de tiempo porque es una institución del
orden nacional, lo que denota que la vinculación tiene igual naturaleza.
15. Asimismo, señaló que los tiempos de servicio financiados con recursos del
situado fiscal o del Sistema General de Participaciones no son válidos para acreditar
el requisito de tiempo de servicios y reclamar el derecho a la pensión gracia, porque
proviene de la Nación.
16. Por último, manifestó que la fecha límite para adquirir el derecho a la pensión
gracia era el 29 de diciembre de 1989, y como la demandante no consolidó el derecho
antes de esa fecha, no es viable el reconocimiento ordenado en la sentencia apelada.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
17. Mediante auto del 21 de agosto de 20245, el magistrado sustanciador admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA, modificado
por Ley 2080 de 2021. No hubo lugar a la presentación de alegatos de conclusión
porque las partes no solicitaron la práctica de pruebas en esta instancia.
18. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia
apelada, en atención a que las vinculaciones de carácter temporal o en interinidad son
válidas para el conteo de tiempo de servicio. Asimismo, afirmó que el Decreto de
nombramiento 801 del 24 de febrero de 1995, al ser expedido por la alcaldía distrital
de Barranquilla, revela una vinculación de orden territorial.
19. Por último, señaló que los recursos del situado fiscal destinados a los fondos
educativos regionales siempre han sido administrados por las entidades territoriales,
lo que lleva a afirmar que son propietarias directas de esas partidas, por ende, las
vinculaciones de docentes financiadas con esos dineros mantienen la naturaleza
territorial.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
20. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, le corresponde el
conocimiento del presente asunto, en atención a la competencia que el inciso primero
del artículo 150 del CPACA le confiere para conocer de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Problemas jurídicos
21.De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente
sobre los reparos concretos presentados por el apelante6, la Sala procede a resolver
5 Samai. Índice 011.
6 Código General del Proceso, artículos 320 y 328.
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los siguientes problemas jurídicos:
22. ¿Piedad del Pilar Dávila Nieto demostró el requisito de tiempo de servicio como
docente del nivel territorial o nacionalizada, con vinculación anterior al 31 de diciembre
de 1980?
23. ¿El origen de los recursos destinados al pago del servicio docente determina la
naturaleza de la vinculación en virtud de la cual Piedad del Pilar Dávila Nieto prestó el
servicio docente?
24. ¿Piedad del Pilar Dávila Nieto debía acreditar el cumplimiento de los requisitos de
edad y tiempo de servicio antes del 29 de diciembre de 1989, para acceder a la pensión
gracia reclamada?
3.3. Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–
25. La Ley 114 de 19137 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros
de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor
de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos
últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre
que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres8; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
26. La Ley 116 de 19289 extendió la prestación pensional a los empleados y profesores
de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública. Posteriormente,
la Ley 37 de 193310 cobijó a los maestros que completaron servicios docentes en
establecimientos de enseñanza secundaria.
27. La Ley 43 de 197511 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
materia educativa entre la nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán dé cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por
medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».
28. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
7 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
8 Derogado por la Ley 45 de 1931.
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento
de pensiones.
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
11 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980. Ello, se puede observar en el literal a), numeral
2° del artículo 15 de la mencionada ley, así:
[…] A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […].
29. La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado12, así:
[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la
Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de
1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15,
dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le
asignó la ley. […].
30. Así, los docentes vinculados antes al 31 de diciembre de 1980 mantienen el
beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger la expectativa
ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la nacionalización
de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados con posterioridad
a esta fecha, tan sólo se reconocería la pensión ordinaria de jubilación.
31. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente
tiene derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley
91 de 1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
• Personal nacionalizado. Son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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• Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197513, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
32. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 201814, estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo
anterior porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente de
las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.
En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados15, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
13 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018,
proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
15 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
33. En sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2- 2022 del 11 de agosto de 2022,
la Sección Segunda fijó criterios para el reconocimiento de la pensión gracia en
vigencia de la Ley 91 de 1989. En dicha providencia se estableció la regla para acceder
a esa prestación con observancia de lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2-a, a partir
del cual concluyó que los docentes pueden obtener la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento, así:
[…] Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio
activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo para que
el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada
calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó
el legislador para restringir el acceso a la prestación.
Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión
gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida norma
no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que
los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la
referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre
y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales.
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las
normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados
en la forma indicada […].
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
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previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas […].
2.5. Regla de unificación
[…] Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.
3.4. Análisis de la Sala en el caso concreto
34. En punto a la vinculación de la docente en el sector territorial, la copia del
Decreto 55 del 22 de enero de 1976, cotejada con el certificado de historia laboral
expedido por el FOMAG el 25 de marzo de 2015, da cuenta de que el gobernador del
departamento de Bolívar nombró a la demandante en interinidad, para cubrir una
licencia por maternidad de 56 días, como subdirectora de la Escuela Rural Mixta
Porvenir (San Fernando), con efectos fiscales a partir del 10 de enero de 197616.
35. La copia del Decreto 980 del 9 de septiembre de 1976, acredita que el
gobernador del departamento de Bolívar nombró a la actora de manera interina para
cubrir una licencia por maternidad de 56 días en el cargo de subdirectora de la Escuela
Urbana María Bernarda del municipio de Margarita, con efectos fiscales a partir de 2
de septiembre de 197617.
36. El formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido
por el profesional especializado de atención al ciudadano de Fomag el 25 de marzo de
2015, da cuenta de los nombramientos en interinidad realizados a la demandante
mediante los decretos 55 y 980 de 1976 para cubrir una licencia por maternidad de 56
días, en los siguientes periodos: del 10 de enero al 6 de marzo y del 2 de septiembre
al 28 de octubre de 1976, con «vinculación nacionalizada»18.
37. La copia del acta de posesión firmada por el alcalde de El Copey (Cesar)
muestra que la demandante fue nombrada en el cargo de docente en la Escuela Rafael
Núñez, mediante el Decreto 078 del 10 de mayo de 1990, cargo del que tomó posesión
el 16 de mayo de 199019.
38. La certificación dictada por el líder de la oficina de archivo y hojas de vida de la
Secretaría de Educación Departamental del Cesar, el 28 de enero de 2010, corrobora
que la demandante fue nombrada maestra de enseñanza básica primaria en la Escuela
Rafael Núñez del municipio de El Copey, empleo que ejerció desde el 16 de mayo de
1990 hasta el 8 de mayo de 1995, con vinculación de carácter nacional20, lapso que
no se tomará en cuenta para la acreditación del tiempo de servicio exigido para
acceder a la pensión gracia conforme a la sentencia de unificación según la cual,
«dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
16 Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 036RemisióndeDocumentos, imágenes 3 y 7.
17 Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 036RemisióndeDocumentos, imágenes 5 y 6.
18
Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 006Pruebas, imágenes 7 y 8.
19 Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 020PruebasContestación, imagen 88.
20 Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 019pruebascontestación, archivo 8.
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Demandante: Piedad del Pilar Dávila Nieto
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docentes nacionales sino, exclusivamente los nacionalizados que, como dice la Ley 91
de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando
cumplan con la totalidad de requisitos”.»21.
39. La copia del Decreto 000801 del 24 de febrero de 1995, expedido por el
secretario distrital de educación de la alcaldía distrital de Barranquilla, acredita que la
demandante fue nombrada docente en el Colegio Barranquilla para Varones22, cargo
del que tomó posesión el 13 de marzo de 1995 ante el alcalde mayor de Barranquilla,
según consta en el acta correspondiente23.
40. El formato único para la expedición de certificado de historia laboral24, expedido
por la jefe de la oficina de gestión administrativa el 17 de marzo de 2016, cita el Decreto
000801 de 1995, en virtud del cual la demandante prestó servicio docente en el Colegio
de Barranquilla para Varones durante 21 años y 5 días contados desde el 13 de marzo
de 1995 hasta el 17 de marzo de 2016.
41. La subdirectora de Normalización de Expedientes Prestacionales de la Unidad
de Pensiones y Parafiscales (UGPP) solicitó a la Secretaría de Educación de
Barranquilla, mediante oficio del 15 de abril de 2016, la confirmación de los soportes
documentales para precisar el tipo de vinculación de la demandante25. En respuesta,
la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, mediante oficio del 18 de marzo
de 2016, aclaró que la vinculación de Piedad del Pilar Dávila Nieto en el Colegio
Barranquilla Para Varones fue distrital «con recursos propios», tal y como consta en la
historia laboral26.
42. Asimismo, la certificación suscrita por la secretaria distrital de educación de
Barranquilla el 12 de septiembre de 2018, informa que el Colegio Barranquilla para
Varones tiene naturaleza «oficial distrital» y es financiado con «recursos propios del
Distrito»27.
43. Las pruebas documentales referidas demuestran que la señora Piedad del Pilar
Dávila Nieto acreditó más de 20 años de servicio en ejercicio del cargo docente,
vinculada mediante actos administrativos expedidos por la gobernación de Bolívar y la
Secretaría de Educación de Barranquilla, según consta en las copias de los decretos,
resoluciones, actos de posesión y certificados de historia laboral, así:
Cargo Acto Periodo Tiempo
Institución administrativo Fecha inicio Fecha
educativa vinculación finalización
vinculación
Escuela Rural Mixta Docente Decreto 055 de 10/01/1976 06/03/1976 1 mes y 26
El Porvenir San 1976 días
Fernando, Bolívar
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
22 Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 006Pruebas, imágenes 16 a 29.
23 Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 006Pruebas, imagen 15.
24 Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 020PruebasContestación, imágenes 187 y 188.
25
Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 020PruebasContestación, imágenes 42 a 46.
26 Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 006Pruebas, imagen 67.
27 Samai, archivo 5_5_080012333000201601375011, 039RemiteDocumentos, imagen 1.
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Demandante: Piedad del Pilar Dávila Nieto
Demandado: UGPP
Escuela Urbana Docente Decreto 980 de 02/09/1976 28/10/1976 1 mes y 26
María Bernarda 1976 días
Margarita
Colegio Barranquilla Docente Decreto 13/03/1995 17/03/2016 21 años,
para Varones 000801 de 5 días.
1995
TOTAL: 21 años, 3 meses y 24 días
44. Sobre el nombramiento en interinidad, la Sala ha considerado que «la Ley 91 de
1989, no exige que la vinculación a la docencia deba realizarse por una relación legal
y reglamentaria, por lo mismo, la prestación del servicio con una relación de interinidad
logra satisfacer el requisito que previó el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de esta
norma»28.
45. De la misma manera, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta
Corporación29 precisa que para efectos del reconocimiento de la pensión gracia es
procedente tener en cuenta el tiempo docente servido en interinidad, siempre que el
nombramiento sea del orden territorial o nacionalizado.
46. En ese entendido, es claro que quienes se desempeñaron como docentes
territoriales o nacionalizados con un vínculo anterior al 31 de diciembre de 1980,
incluso en calidad de interinos, tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia, siempre que cumplan con los requisitos de edad, tiempo de servicio y buena
conducta.
47. En el caso en concreto, las pruebas documentales aportadas al expediente
demuestran que la demandante se encontraba vinculada a la docencia oficial desde el
año de 1976, en virtud del nombramiento realizado por el gobernador del departamento
de Bolívar, mediante el Decreto 55 de 1976, en la Escuela Rural Mixta El Porvenir San
Fernando (Bolívar), por lo que es válido afirmar que al contar con una vinculación
territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 conservó la expectativa
de acceder al derecho a la pensión gracia al cumplir los requisitos.
48. Ahora, en lo atinente a la naturaleza de la vinculación de la demandante al servicio
del Colegio de Barranquilla para Varones, la Sala encuentra demostrado que el
nombramiento fue realizado mediante el Decreto 000801 de 1995, dictado por el
secretario distrital de educación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, por delegación
expresa conferida por el alcalde (Decreto 094 de 1995). En el acto de nombramiento
citado consta, además, que el concejo municipal, mediante el Acuerdo 059 de
diciembre de 1994, autorizó la creación de 450 plazas docentes distritales «y su
respectiva apropiación presupuestal»30.
49. Sobre el tema, es oportuno reiterar que la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 consideró que «para acreditar la calidad de docente territorial se requiere
copia de los actos administrativos donde conste el vínculo y, además, se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza es de aquellas que el legislador ha
28Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de
enero de 2025. radicado 25000-23-42-000-2018-01053-01 (3014-2020).
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23
de octubre de 2024. Radicado 25000-23-42-000-2013-07067-01 (3679 – 2017).
30 Samai, expediente digital, archivo 5_5_080012333000201601375011, 006Pruebas, imágenes 16 a 29.
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previsto como territoriales o, en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial».
50. En este orden, el análisis en conjunto de los medios de prueba desvirtúa el reparo
de la entidad sobre la naturaleza de la vinculación, pues los actos de nombramiento
incorporados al expediente dan cuenta de que la mayoría de las plazas ocupadas por
la actora fueron provistas por la autoridad territorial y catalogadas como territoriales o
nacionalizadas, tal y como consta en las certificaciones de tiempo de servicio
relacionadas en el cuadro ilustrativo elaborado por la Sala, a fin de mejorar su
entendimiento.
51. Así las cosas, la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa, porque el acto
administrativo de nombramiento y los formatos de historia laboral incorporados al
expediente demuestran que la plaza ocupada por la demandante, en ejercicio de la
labor de docente en el Colegio de Barranquilla para Varones, fue provista por el
secretario distrital de educación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el 13 de marzo
de 1995. Por lo tanto, es válido afirmar que el periodo laborado por Piedad del Pilar
Dávila Nieto en esa institución resulta útil en el cómputo del tiempo de servicio para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
52. En relación con el argumento según el cual la fuente de los recursos que financian
el servicio educativo determina la naturaleza de la vinculación, la Sala reitera las reglas
de unificación definidas en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201831, según
las cuales el origen de estos no incide en la determinación del tipo de vinculación, pues
se insiste en que lo «esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión
gracia es la acreditación de la plaza» con carácter territorial o nacionalizado.
53. Ahora, frente a la presunta exigencia de acreditar la consolidación del derecho
pensional antes de diciembre de 1989, la Sala reafirma la consideración expuesta en
la sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, en el sentido de establecer la
siguiente regla sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91
de 1989: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
54. En ese entendido, no le asiste razón al recurrente al afirmar que el derecho
pensional debió consolidarse a más tardar el 31 de diciembre de 1989, toda vez que,
como se enunció anteriormente, es suficiente acreditar una vinculación territorial o
nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 para mantener la expectativa de
acceder al derecho a la pensión gracia, requisito que se cumple en el presente caso.
55. Por último, la Sala precisa que si bien la certificación de historia laboral aportada
en sede administrativa relacionó el tiempo de servicio prestado por la actora hasta la
fecha de expedición de esa constancia (25 de marzo de 2015), el mismo documento
señaló el estado activo de la docente, lo que indica que no existía certeza sobre la
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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finalización de la relación laboral que se mantuvo hasta el 17 de marzo de 2016 32,
época en la que contaba con más de 25 años como maestra oficial. Además, la
negativa de la UGPP no se sustentó en la falta de acreditación del requisito de tiempo
de servicio sino en la naturaleza de la vinculación derivada del nombramiento en el
Colegio de Barranquilla para Varones, la cual fue clasificada por la entidad demandada
como nacional, sin tener en cuenta que las certificaciones demostraban que era una
plaza distrital y que la docente reunía más de 20 años de labor para esa fecha.
3.5. Conclusión
56. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que Piedad del Pilar Dávila Nieto tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia porque acreditó una vinculación
nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 que le permitió mantener la
expectativa de acceder al derecho pensional al cumplir 50 años de edad y 20 de
servicio en plazas territoriales o nacionalizadas, requisitos que se encuentran
debidamente demostrados con las certificaciones y los actos de nombramiento
dictados por autoridad territorial.
4. Costas
57. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge el
criterio de interpretación mayoritario33 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse
que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
58. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la UGPP haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
32 El formato único para la expedición de certificado de historia laboral, expedido por la jefe de la oficina de gestión
administrativa señala que la demandante prestó servicio docente en el Colegio de Barranquilla para Varones
durante 21 años y 5 días contados desde el 13 de marzo de 1995 hasta el 17 de marzo de 2016.
33 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia
en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación
del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez
en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés
público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los
artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Piedad del Pilar Dávila Nieto
Demandado: UGPP
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico el 10 de diciembre de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Piedad del Pilar Dávila Nieto en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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