Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-01416-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2016-01416-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2016-01416-03
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Número interno: 69306
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01416-03
Ejecutante: Consultoría y Construcciones S.A.S.–CON & CON
Ejecutado: ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad
Proceso: Ejecutivo
TÍTULO EJECUTIVO-Debe contener obligaciones claras, expresas y exigibles. TÍTULO EJECUTIVO
COMPLEJO-La obligación se deriva de varios documentos que, en conjunto, resultan suficientes para acreditar
su exigibilidad. TÍTULO EJECUTIVO CONTRACTUAL-Es por regla general un título ejecutivo complejo.
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO-El documento que la contenga, que bien puede ser el acta suscrita de mutuo
acuerdo, libre de salvedades, o el acto administrativo en firme que contiene la liquidación unilateral, es el
documento idóneo como título ejecutivo en relación con las obligaciones que en él consten, siempre y cuando
éstas sean claras, expresas y exigibles. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO-Constituye un
título ejecutivo en sí misma, dicho documento se constituye en un negocio jurídico extintivo en el que las partes,
en ejercicio de su autonomía privada, definen las cuentas de este, precisan el estado en que quedaron las
prestaciones, créditos y deudas recíprocas, y se obligan a lo estipulado en el documento que se suscribe y la
contiene.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
ejecutada, contra la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró no probada la excepción denominada
«indebida integración del título ejecutivo complejo» y ordenó seguir adelante con la
ejecución.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad Consultoría y Construcciones S.A.S. presentó demanda ejecutiva
contra la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, con el
fin de obtener el pago de la suma de dinero reconocida en el «Acta de Liquidación
Bilateral» del contrato No. 001 de 2012, suscrita entre las partes.
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 25 de noviembre de 20161, Consultoría y Construcciones S.A.S.–CON & CON,
1 Cfr. SAMAI, índice 14 de primera instancia. Archivo «12_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_
080012333000201601(.zip)». Documento «1. Primer Cuaderno». Pág. 1 a 9.
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01416-03(69306)
Ejecutante: Consultoría y Construcciones S.A.S.
Ejecutado: ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad
Asunto: Ejecutivo
por conducto de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva contra la ESE
Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, en la que solicitó
librar mandamiento de pago en los siguientes términos (transcripción literal,
incluidos errores):
1- Por la suma de Mil Ciento Ochenta y Seis Millones Cincuenta y Nueve Mil
Quinientos Noventa y Un Pesos M/Cte. ($1.186.059.591.oo), por concepto del
capital contenido en el Acta de Liquidación Bilateral del Contrato de Obra de
Mantenimiento y Adecuación de Centros de Salud Salamanca de la ESE Hospital
Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad No. 001 de 2012 equivalente
a $514.371.828.19; por la indexación del capital insoluto equivalente a
$106.135.938.oo, con corte a 21 de octubre de 201 (sic) soportado por el DANE
en el Certificado de IPC para Instituciones Estatales del 2014 al 2016, IPC =
18.92% acumulado; los intereses comerciales corrientes, liquidados a la tasa del
21.9% certificada por la Superintendencia Bancaria, desde el 28 de noviembre de
2013, equivalentes a $226.220.730,oo y los moratorios causados, conforme lo
regulado en el artículo 4, Núm. 8° de la Ley 80 de 1993, desde el 15 de diciembre
de 2013, hasta que se efectúe el pago total de la misma, equivalentes a
$339.331.095,oo con corte a 21 de octubre de 2016.
2- Que se condene y libre mandamiento de pago en contra de la demandada por
el Daño Emergente causado por la pérdida del poder adquisitivo, fundamentado
en los factores determinados por el Banco de la Republica del 2014 al 2016, y cuya
suma se establece a 21 de octubre de los corrientes en TRECIENTOS ONCE
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS M/L ($311.065.755.oo).
3- Por la suma de TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L
($335.696.669.oo), correspondientes al (sic) ante incumplimiento contractual por
parte de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD, en el pago de sus deberes y obligaciones, cuyo
fundamento se materializa en Código de Civil artículo 1613 para la Contratación
Estatal.
4- Por las costas del proceso, conforme lo disponga en la sentencia.
Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:
Entre la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad y la
sociedad Consultoría y Construcciones S.A.S. se suscribió el contrato No. 001 de
2012, el cual tuvo por objeto la «obra de mantenimiento y adecuación del Centro de
Salud Salamanca» del ente hospitalario en el municipio de Soledad, Atlántico.
Se indica que el 28 de noviembre de 2013, terminaron las obras «como se prueba
con el acta de recibo final de obra» y el 13 de diciembre siguiente, se suscribió la
liquidación final entre las partes «generándose una obligación clara, expresa y
legalmente exigible por valor de QUINIENTOS CATORCE MILLONES TRECIENTO
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON
2
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01416-03(69306)
Ejecutante: Consultoría y Construcciones S.A.S.
Ejecutado: ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad
Asunto: Ejecutivo
DIECINUEVE CENTAVOS M/L ($ 514.371.828.19)».
Se afirma que el ejecutado no canceló el valor de la obra, a pesar de que se
«protocolizó el cobro con la presentación de las actas de recibo de obra y la factura
No. 1009, con un total de 101 anexos para lograr el pago», por lo que la obligación
emerge directamente del contrato estatal, la factura y demás documentos, la cual
es clara, expresa y actualmente exigible de pagar una suma líquida de dinero.
Mediante auto del 10 de febrero de 20172, el Tribunal libró mandamiento de pago
contra la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad.
Decisión que fue notificada en debida forma3.
Contestación de la demanda
En memorial del 29 de marzo de 20174, ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones y formuló como excepción de mérito, la «indebida integración del título
ejecutivo complejo», ya que (transcripción literal):
…no se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro
Presupuestal que genere la acreencia o reclamación por el incumplimiento de los
deberes y derechos pactados por los contratantes, documentos indispensables
que integran en debida forma el título ejecutivo complejo que por regla general
opera en los procesos ejecutivos donde participa el estado.
(…)
Para el caso en concreto, el actor no allego todos los documentos objeto del
contrato de obras suscrito con la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL
CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, por lo tanto, el titulo ejecutivo
complejo fue indebidamente conformado, pues si bien allego la factura de venta,
la misma no reúne las condiciones para su cobro, por lo tanto, éste despacho debió
negar el mandamiento de pago, toda vez que el ejecutante no conformó en debida
forma el título ejecutivo complejo, lo cual es un requisito sustancial de la demanda.
Se concluye pues entonces, que la factura que se reclama tiene conexidad con el
contrato estatal y que a falta de los demás documentos, no se integró en debida
forma el título ejecutivo complejo.
Sentencia de primera instancia
El 16 de junio de 20225, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró no probada
2 Ibidem. Documento «1. Primer Cuaderno». Pág. 82 a 93.
3 Ibidem. Documento «1. Primer Cuaderno». Pág. 94 a 100.
4 Ibidem. Documento «1. Primer Cuaderno». Pág. 102 a 105.
5 Cfr. SAMAI, índice 21 de primera instancia. Decisión que se notificó por estado del 15 de julio de 2022 (visible
a índice 23 de primera instancia, SAMAI).
3
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01416-03(69306)
Ejecutante: Consultoría y Construcciones S.A.S.
Ejecutado: ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad
Asunto: Ejecutivo
la excepción de «indebida integración del título ejecutivo complejo» propuesta y,
como consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución. Explicó que el título
base de ejecución presentado por la ejecutante estaba conformado por i) el contrato
de obra No. 001 de 2012, ii) las pólizas de responsabilidad extracontractual y de
cumplimiento a entidades estatales, iii) el recibo de pago de impuesto para
legalización del contrato, iv) el pago de estampilla al Instituto de Cultura del
Municipio de Soledad, v) el acta de inicio del contrato de obra No. 001 de 2012, vi)
el acta modificatoria No. 1 del 5 de junio del año 2013, vii) el acta de terminación del
contrato de obra No. 001 de 2012, viii) el acta de liquidación bilateral, y ix) la factura
No. 1009 del 20 de noviembre del 2014.
Asimismo, destacó que el acta de liquidación bilateral del contrato estatal constituye,
junto con otros documentos, un título ejecutivo complejo por contener un acuerdo
de voluntades del cual surge una obligación expresa, clara y exigible que, en los
términos del artículo 422 del CGP, puede ser objeto de cobro ejecutivo. Por ello,
(transcripción literal):
… para la Sala es claro que de los documentos que fueron aportados aparece una
obligación clara, expresa y exigible consistente en el pago a cargo de la ESE
Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad y en favor de la
sociedad contratista y ahora ejecutante, Consultoría y Construcciones S.A.S. “Con
& Con”, de la suma de quinientos catorce millones trescientos setenta y uno mil
ochocientos veintiocho pesos con 19//100 ($514.371.828,19), correspondiente a la
obligación insatisfecha del reconocimiento efectuado en el acta de liquidación
bilateral.
Expuesto lo anterior, destaca la Sala que la entidad accionada propuso la
excepción que denominó: “Indebida integración del título ejecutivo complejo”,
argumentando que, ante la necesidad de la conformación de un título complejo
derivado de una relación contractual en el asunto sub examine, no se evidencia la
existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal
que genere la acreencia o reclamación por el incumplimiento de los deberes y
derechos pactados por los contratantes, documentos indispensables que integran
en debida forma el título ejecutivo complejo que por regla general opera en los
procesos ejecutivos donde participa el Estado.
(…)
Así, resulta claro que ninguna autoridad del Estado podrá adelantar
procedimientos administrativos de selección contractual, tales como licitaciones o
concursos, celebrar contratos o contraer obligaciones, sin contar con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal, omisión que si bien es cierto daría lugar
a la violación de los principios de legalidad del gasto y de planeación y, por ello
mismo, podría comprometer la responsabilidad personal y patrimonial –en los
ámbitos disciplinario, fiscal e incluso penal– del funcionario que actúe con
desobedecimiento de los mismos, no es menos cierto que no tendría la entidad
suficiente para afectar la validez del respectivo contrato como quiera que, en
principio, la ausencia de tal disponibilidad no está llamada a configurar de manera
directa y autónoma, per se, una específica causal de nulidad de los contratos
estatales.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-01416-03(69306)
Ejecutante: Consultoría y Construcciones S.A.S.
Ejecutado: ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad
Asunto: Ejecutivo
También, señaló que se debían distinguir los requisitos de perfeccionamiento del
contrato estatal y los de ejecución, como serían la constitución y aprobación de la
garantía, así como la existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes, últimos requisitos cuya inobservancia no enerva la validez del
contrato y, por ende, la ejecutividad o cobro ejecutivo del contrato.
En consecuencia, desestimó la excepción denominada «Indebida integración del
título ejecutivo complejo» propuesta por la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad, por lo que ordenó continuar la ejecución a favor de la
parte ejecutante.
Impugnación
La parte ejecutada –ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad– presentó «recurso de reposición» el 21 de julio de 20226, con el fin de que
se revocara la sentencia de primera instancia. Reprochó el análisis efectuado, ya
que el título que sirvió de recaudo no fue debidamente integrado, debido a que el
acta de liquidación bilateral del contrato que sirvió de soporte del mandamiento de
pago, «no proviene del representante legal de la entidad demandada sino que
únicamente está suscrita por el interventor del contrato y el contratista, así lo
manifiesta el accionante en su demanda y bien es sabido que estas actas deben
provenir de las partes contratante y contratista, situación que tal como se dijo no
ocurrió».
Por lo anterior, insistió que el acta de liquidación bilateral del contrato no fue suscrita
por el representante legal de la ESE, por lo que ésta no presta mérito ejecutivo, ni
puede integrar el título base de recaudo, como concluyó la sentencia de primera
instancia.
Trámite de segunda instancia
El 2 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó por
improcedente el recurso de reposición, por lo que adecuó el recurso interpuesto y,
como consecuencia, concedió el recurso de apelación ante esta Corporación7,
6 Cfr. SAMAI, índice 24 de primera instancia.
7 Cfr. SAMAI, índice 30 de primera instancia.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-01416-03(69306)
Ejecutante: Consultoría y Construcciones S.A.S.
Ejecutado: ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad
Asunto: Ejecutivo
En providencia del 5 de mayo de 20238, el Despacho admitió el recurso de
apelación. Puesto que no se decretaron pruebas, ni se solicitaron dentro de la
ejecutoria del auto admisorio, el proceso ingresó para dictar sentencia el 7 de junio
de 20239, conforme al numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
III. CONSIDERACIONES
I. Régimen procesal del litigio
1. Al presente asunto resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para
la fecha de interposición de la demanda –25 de noviembre de 2016–, que
corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), así como los preceptos del
Código General del Proceso (en adelante CGP), en virtud de la remisión expresa
prevista por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.
También, resulta aplicable la Ley 2080 de 2021 –reforma al CPACA–, con excepción
de las modificaciones sobre competencia, las cuales sólo se aplicarán a las
demandas que se presenten un año después de publicada dicha ley, según lo prevé
el artículo 86 de esa norma –régimen de vigencia y transición normativa–10, en
concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624
del CGP.
II. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
8 Cfr. SAMAI, índice 5. Decisión que fue notificada por estado del 16 de mayo de 2023 (visible a índice 8,
SAMAI).
9 Cfr. SAMAI, índice 12.
10 ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su
publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales
administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se
presenten un año después de publicada esta ley.
(…)
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del
Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de
procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en
vigencia de la Ley 1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
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Radicación: 08001-23-33-000-2016-01416-03(69306)
Ejecutante: Consultoría y Construcciones S.A.S.
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Metropolitana de Soledad
Asunto: Ejecutivo
2. El numeral 6 del artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se encuentra instituida para conocer de «Los [procesos]
ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por
esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido
parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos
celebrados por esas entidades» (se precisa y se destaca).
Por su parte, el numeral 7 del artículo 152 del CPACA, en su redacción original,
dispone que los Tribunales Administrativos conocen en primera instancia, entre
otros asuntos, de «los procesos ejecutivos, cuya cuantía exceda los mil quinientos
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
3. En el presente caso, se advierte que la pretensión mayor no superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición normativa11, por lo que el Tribunal
Administrativo del Atlántico no era competente para conocer del proceso en primera
instancia, por el factor objetivo de la cuantía. No obstante, de conformidad con el
artículo 16 del CGP, la falta de competencia por factores distintos al subjetivo o
funcional es prorrogable cuando no se alegue en tiempo y el juez seguirá
conociendo del proceso12.
De la revisión del expediente, no se evidencia que la parte ejecutada excepcionara
la falta de competencia por el factor objetivo en la oportunidad pertinente, es decir,
como excepción previa, por ende, el Tribunal siguió conociendo del proceso. En
consecuencia, la competencia se entiende prorrogada y, por ende, el Consejo de
Estado puede conocer en segunda instancia el presente asunto, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA, en su redacción original, según el cual conoce de
los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Ejercicio oportuno de la acción ejecutiva
11 Los mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes –$689.455– para la fecha de
presentación de la demanda ejecutiva –25 de noviembre de 2016– correspondían a $1.034’182.500 y el capital
de la obligación contenida en el acta de liquidación bilateral del contrato No. 001 de 2012, asciende a la suma
de $514’371.828,19, y con base en el cual, el Tribunal libró mandamiento de pago, en providencia del 10 de
febrero de 2017 (visible en: SAMAI, índice 14 de primera instancia. Archivo «12_INCORPORA
EXPEDIENTEDIGITALIZADO_080012333000201601(.zip)». Documento «1. Primer Cuaderno». Págs. 82 a
93).
12 Sobre la aplicación de este criterio, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 14 de julio de 2025, expediente 71384 [fundamento jurídico 3].
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Ejecutante: Consultoría y Construcciones S.A.S.
Ejecutado: ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad
Asunto: Ejecutivo
4. Al tenor de lo previsto en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA,
«cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones
judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en
cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para
solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de
la obligación en ellos contenida».
5. En el presente asunto, se observa que en el acta de liquidación bilateral del
contrato No. 001 de 2012, en la que se reconoció el monto a pagar a favor de la
ejecutante –$514’371.828,19–, las partes no fijaron un plazo o condición para
cancelar la deuda. En esas condiciones, la obligación que se pretende ejecutar en
este asunto es de aquellas denominadas como «puras y simples»13. Al respecto, la
13 Sobre dicha clasificación de las obligaciones, la doctrina ha expuesto lo siguiente: POTHIER, Robert Joseph. Tratado de las Obligaciones. ABC Editores Librería. Bogotá, 2019. Pág. 100. La
segunda división de las obligaciones se saca de la diferente manera con la que pueden ser contratadas. Se las
divide, pues, en puras y simples y en condicionales. Las puras y simples son aquellas que no son suspendidas de condición alguna, sea que ellas hayan sido
contratadas sin condición alguna, sea que la condición bajo la cual lo hayan sido, se haya ya cumplido. Las obligaciones condicionales son aquellas que son suspendidas por una condición todavía no cumplida, y
bajo la cual han sido contratadas. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. 8ª ed. Temis. Bogotá, 2014. Pág. 23. Ordinariamente, las obligaciones nacen y comienzan a producir sus efectos desde el momento en que se
presentan los hechos que según la ley constituyan las fuentes de ellas. Las obligaciones que se encuentran es
estas circunstancias se denominan puras y simples, y, por lo dicho, constituyen la regla general. Pero también
puede suceder que el nacimiento o el solo cumplimiento de una obligación quede pendiente de un hecho futuro.
(…) Estas obligaciones, sujetas a hechos futuros e inciertos, se denominan condicionales o a plazo, según la
naturaleza del hecho que las afecta. PÉREZ VIVES, Álvaro. Teoría General de las Obligaciones. Volumen III. 4ª ed. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá, 2012. Pág. 21. (…) entramos a la clasificación de las obligaciones civiles, según sean las varias
modalidades que las afecten. Lo cual indica que debemos destacar la existencia de obligaciones sin
modalidades, o sea, aquellas puras y simples, cuyo contenido debe cumplirse en el acto mismo de contraídas,
sin que se presenten accidentes dignos de atención en relación con su existencia, exigibilidad y objeto, y con
los sujetos de la relación jurídica. LARENZ, Karl. Derecho de Obligaciones. Tomo I, (trad.). Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1958. Pág. 264. Tiempo de la prestación // El problema de cuándo debe ser cumplida una obligación se resuelve
teniendo en cuenta en primer lugar lo dispuesto en el contrato o según la naturaleza de la relación obligatoria. En caso de duda, el acreedor puede reclamar con el nacimiento del crédito el inmediato cumplimiento de la
prestación, y el deudor puede efectuarla inmediatamente (§ 271, p. I) [del BGB, código civil alemán]. Hemos de
diferenciar, pues, el momento a partir del cual el acreedor puede exigir la prestación –vencimiento del crédito–
y el momento a partir del cual el deudor puede cumplirla y en que el acreedor incurre en mora por la no
aceptación de la prestación ofrecida –ejecutoriedad de la prestación–. Aunque en el contrato se haya señalado
un momento cierto determinado, en la duda se ha de admitir que el deudor pueda efectuar la prestación
inmediatamente (§ 271, p II) [del BGB, código civil alemán]; la estipulación contractual debe ser aplicada (“en
casi de duda”) sólo al vencimiento, no a la susceptibilidad de cumplimiento. (se precisa). DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial, tomo II, 6ª ed., Civitas. Navarra, 2008, págs. 374 y 375. La regla de la exigibilidad inmediata (statim debetur) // Procede de las fuentes romanas y se
encuentra recogida en Digesto, 50, 17, 14, donde se lee que en todas las obligaciones en que no se haya puesto
un día o plazo, se debe en el día presente. La regla expuesta no significa, en absoluto, que, en defecto del
término, la obligación deba ejecutarse inmediatamente so pena de que el deudor se encuentre mora si no la
cumple, puesto que la mora exige por lo general una previa intimación u otro acto equivalente y la mora sin
intimación sólo se produce en los casos en que existe plazo, pues es la llegada del plazo lo que aparece como
determinante de la mora. V. Montes (Comentarios Edersa, 5.º, 2. pág.
43) interpreta la regla citada, que en
nuestro Derecho se contiene en el art. 1113 CC al establecer una exigibilidad desde luego, en el sentido de que
el deudor puede cumplir rápida e inmediatamente sin tener que esperar la llegada del plazo. Significa también
que el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación, aunque para tal caso los imperativos de la
buena fe permiten entender que el deudor debe disponer de un tiempo razonable para la ejecución de la
prestación, cuando, aun siendo ésta inmediata, de su naturaleza o circunstancias se desprenda que un plazo,
aunque sea mínimo, es necesario.
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Asunto: Ejecutivo
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha considerado lo siguiente14:
2.1. Las obligaciones puras y simples son aquellas que no están sometidas
a plazo o condición, en contraposición de las que sí lo están, cuya exigibilidad
sobreviene en un momento posterior al de su surgimiento, es decir, cuando se
cumpla el plazo, esto es, cuando llega “la época que se fija para el cumplimiento
de la obligación” (art. 1550, C.C.), o la condición, es decir, acontezca el hecho
“futuro, que puede suceder o no” (art. 1530, ib.).
2.2. Así las cosas, las obligaciones puras y simples nacen exigibles, en tanto
que por voluntad de las partes no se difirió su cumplimiento a un momento
posterior, mediante la fijación de un plazo o condición.
Sobre el particular, la Corte tiene dicho:
En las obligaciones puras y simples, el momento en que la obligación nace
y aquél en que debe ser cumplida, es decir, el instante del nacimiento y el de
su exigibilidad, se confunde. Esos dos momentos son uno mismo en el
tiempo. No acaece lo propio en las obligaciones a plazo, en que, a pesar de
existir ya la obligación, su cumplimiento, en principio, sólo puede
demandarse después de que llega el tiempo prefijado para el pago (artículo
1553 del Código Civil); la ley ha definido el plazo como la época que se
determina para el cumplimiento de la obligación (art. 1551 ibidem). En esta
última especie de obligaciones, pues, no puede exigirse su pago antes de
expirar el concedido, exceptuándose los casos excepcionales del artículo
1533 citado, desde luego que contemplan claras situaciones en que las
posibilidades de cumplimiento por parte del deudor se ven menguadas
palmariamente.
De manera semejante, en las obligaciones condicionales, como lo declara el
artículo 1542 de la misma obra, no puede exigirse su cumplimiento sino
verificada la condición totalmente.
(…)
Adviértase, pues que en las obligaciones puras y simples, es uno mismo el
tiempo en que se forma el manantial de donde proceden, uno mismo aquel
en que la obligación nace y uno mismo el de su exigibilidad; (…) (CSJ, SC
del 8 de agosto de 1974, G.J., t. CXLVIII, págs. 192 a 198; se subraya).
(negrita fuera del original).
6. En esas condiciones, según la normativa aplicable al caso, el término de
caducidad se debe contabilizar a partir de la exigibilidad de la obligación, es decir,
desde el día siguiente –16 de diciembre de 2013– a la fecha del acta de liquidación
bilateral del contrato No. 001 de 2012, en la que se reconoció el monto a pagar a la
ejecutante, lo cual ocurrió el 15 de diciembre de 201315. Como la demanda se radicó
el 25 de noviembre 201616, es evidente que se presentó dentro del plazo de cinco
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de abril de 2022, expediente SC1170-
2022 [fundamento jurídico 2.1 y 2.2], M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.
15 Cfr. SAMAI, índice 14 de primera instancia. Archivo «12_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_
080012333000201601(.zip)». Documento «1. Primer Cuaderno». Págs. 57 a 62.
16 Ibidem. Documento «1. Primer Cuaderno». Pág. 1 a 9.
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(5) años establecido en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA17.
Legitimación en la causa
7. La Sala encuentra que le asiste legitimación en la causa por activa a la sociedad
Consultoría y Construcciones S.A.S.–CON & CON, para integrar el extremo activo,
ya que, a través de su representante legal, suscribió el acta de liquidación del
contrato de obra No. 001 de 2012, allegada como base de ejecución.
Igualmente, se encuentra legitimada en la causa por pasiva a la ESE Hospital
Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, en calidad de entidad deudora
de la suma de dinero cuyo cobro se persigue por esta vía ejecutiva, según consta
en la mencionada acta de liquidación.
Requisito de procedibilidad
8. El artículo 161.1 del CPACA establece la conciliación extrajudicial como requisito
de procedibilidad para los medios de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, controversias contractuales y reparación directa; sin embargo, no aplica a
los demás asuntos. En consecuencia, no se requiere agotar esa etapa para
presentar la demanda ejecutiva.
III. Problema jurídico
9. Como la sentencia de primera instancia fue recurrida únicamente por la parte
ejecutada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 del CGP,
aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, es decir, sólo respecto de las
razones de inconformidad aducidas por la parte ejecutada contra la sentencia de
primera instancia.
Así, en los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si el
título que sirvió como base de ejecución fue debidamente integrado o no, ya que se
afirma que el acta de liquidación bilateral del contrato no fue suscrita por el
17 Conviene señalar que en atención a inciso segundo del artículo 613 del CGP, “No será necesario agotar el
requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten,
como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter
patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública”.
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representante legal de la ESE, o, por el contrario, tal como lo estimó el Tribunal de
primera instancia, se debe seguir adelante con la ejecución.
IV. Análisis de la Sala
10. Como primer aspecto, es importante señalar que, en relación con los
documentos que prestan mérito ejecutivo, el artículo 297 del CPACA prevé que,
para los efectos de este precepto, lo constituyen: (i) las sentencias debidamente
ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) las
decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos; (iii) los contratos, los documentos en que consten sus
garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su
incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual y (iv) las copias auténticas de los actos
administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento
de un derecho o la existencia de una obligación a cargo de la respectiva autoridad
administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de
hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.
11. En cuanto al procedimiento del proceso ejecutivo contractual adelantado ante
esta jurisdicción, el artículo 299 del CPACA, en su redacción original, dispone que,
con excepción de lo dispuesto en relación con el procedimiento de cobro coactivo,
en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con
contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas
en el Código de Procedimiento Civil [hoy CGP] para el proceso ejecutivo de mayor
cuantía.
12. Cuando el título ejecutivo se origina en un contrato estatal, en principio, tiene el
carácter de complejo, en la medida en que no sólo se encuentra integrado por el
documento que contiene el negocio jurídico, sino también por otros, tales como las
actas y facturas elaboradas por la Administración y por el contratista.
13. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
considerado que dicho criterio no puede entenderse como una regla absoluta para
determinar la existencia de un título ejecutivo, en la medida en que hay que analizar,
en cada caso, si se integró o no en debida forma el título base de recaudo –que
11
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puede ser simple o complejo– conforme a la documentación que se presenta con la
demanda18.
14. En esa medida, en asuntos ejecutivos contractuales, existen eventos en los que
determinados actos o documentos prestan mérito ejecutivo por sí mismos, v.gr. es
el caso del acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes y libre de
salvedades, por lo que no es necesario aportar algún otro documento para
conformar el título, dada la naturaleza jurídica que la reviste19. En igual sentido, se
ha pronunciado la Sección Tercera de esta Corporación frente al acto de liquidación
unilateral del contrato20.
15. Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección21, con base en lo previsto en
el artículo 422 del CGP, ha señalado que los títulos ejecutivos, al margen de si son
simples o complejos, deben gozar de unas condiciones formales y otras
sustanciales22:
i) Las primeras se refieren a que los documentos en los que consta la obligación
deben ser auténticos y emanar del deudor o de su causante, de una decisión
condenatoria proferida por un juez o un tribunal u otra providencia judicial que tenga
fuerza ejecutiva.
ii) Las segundas se traducen en que las obligaciones a favor del ejecutante o de su
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 22 de mayo de 2008, expediente 35020 [fundamento jurídico
2] C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Criterio reiterado por la Subsección A de la Sección Tercera, en sentencia
de 4 de noviembre de 2022, expediente 68441 [fundamento jurídico 5.2] C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, y
por la Subsección C de la misma Sección, en auto del 17 de junio de 2024, expediente 71168 [fundamento
jurídico 6].
19 Al respecto, debe recordarse que el acto de liquidación es la terminación auténtica de la relación contractual,
la expresión final de la autonomía de la voluntad de las partes que bien pueden disponer de sus derechos y
obligaciones; se trata entonces de un balance de las cuentas pendientes entre las partes, quienes acogen de
manera conjunta las determinaciones allí establecidas, por tanto, esta modalidad participa de una naturaleza
eminentemente negocial o convencional, lo cual indica que las obligaciones contenidas en ella son vinculantes
para quienes la suscriben. Teniendo esta clase de acuerdos una naturaleza negocial, las disposiciones allí
acogida constituyen ley para las partes, en aplicación del principio pacta sunt servanda, de manera que las
obligaciones recogidas son susceptibles de ejecución, salvo que se declarare la nulidad del acuerdo (…) (se
destaca) en Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2008, expediente 23363
[fundamento jurídico 3], C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 28 de septiembre de 2006, expediente 30768 [fundamento
jurídico 1 y 2] C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre el mencionado criterio se puede consultar: Consejo de
Estado, Sección Tercera, auto del 16 de junio de 2005, expediente 29238 [fundamento jurídico 2] C.P. Alier
Eduardo Hernández Enríquez; de la Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2019, expediente 61614
[fundamento jurídico 4] C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
21 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A: (i) auto del 20 de noviembre de 2020, expediente
66172 [fundamento jurídico 1] C.P. José Roberto Sáchica Méndez; (ii) auto del 23 de octubre de 2020,
expediente 65271 [fundamento jurídico 1] C.P. José Roberto Sáchica Méndez y (iii) auto del 3 de julio de 2020,
expediente 65561 [fundamento jurídico 3] C.P. María Adriana Marín.
22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de marzo de 2006, expediente 30086 [fundamento
jurídico 1] C.P. María Elena Giraldo Gómez y sentencia del 30 de septiembre de 2007, expediente 26767
[fundamento jurídico 3] C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
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causante y a cargo del ejecutado o de su causante deben ser claras, expresas y
exigibles, sobre lo cual, la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado
que23:
Frente a estas calificaciones, ha señalado la doctrina, que por expresa debe
entenderse cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el
documento que la contiene debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece; tiene
que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a
lucubraciones o suposiciones. “Faltará este requisito cuando se pretenda deducir
la obligación por razonamientos lógico jurídicos, considerándola una consecuencia
implícita o una interpretación personal indirecta”.24
La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el
título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.
La obligación es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento (…) por no
estar pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la
obligación se manifiesta en la que debía cumplirse dentro de cierto término ya
vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida o para la cual no se señaló
término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que
ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni
condición, previo requerimiento.
16. Asimismo, cuando se persiga una condena dineraria impuesta en una
providencia, en el proceso ejecutivo no solo se debe observar lo preceptuado en el
artículo 422 del CGP, sino también lo consagrado en el artículo 424 de ese mismo
código, ya que, como requisito adicional, la suma de dinero de la condena deberá
ser una cantidad líquida o liquidable25, lo que se traduce en que sea una cifra
numérica precisa o que sea determinable a través de una operación aritmética,
respectivamente.
17. Igualmente, se destaca que, en el proceso ejecutivo, el juez cuenta con la
potestad–deber de revisar los aspectos formales y sustanciales del título26, desde
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 31 de enero de 2008, expediente 34201 [fundamento jurídico
2] C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
24 Original de cita: MORALES MOLINA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, El Proceso Civil, Tomo II.
25 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 31 de julio de 2003, expediente 22767,
C.P. María Elena Giraldo Gómez; auto de 1 de octubre de 2005, expediente 29288, C.P. María Elena Giraldo
Gómez; auto de 30 de marzo de 2006, expediente 30086, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de la Sección
Tercera-Subsección A, auto de 19 de julio de 2017, expediente 58341, C.P.(E) Marta Nubia Velásquez Rico;
sentencia del 4 de noviembre de 2022, expediente 68441, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, y de la Subsección
C, auto de 28 de octubre de 2019, expediente 62946, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente 22339, C.P. (E)
Mauricio Fajardo Gómez. En cuanto a la excepción de inexistencia de título ejecutivo, la Sala consideró en
la precitada providencia que, si bien no puede ser alegada como excepción cuando el título ejecutivo está
conformado por una providencia que dé lugar a su ejecución, lo cierto es que uno de los puntos que se
deben estudiar al resolver el recurso de apelación contra la sentencia ejecutiva es precisamente la
existencia del título:
‘Si bien la inexistencia del título ejecutivo no puede ser alegada a través de excepción cuando el título está
constituido por una providencia que conlleve ejecución, uno de los requisitos cuyo cumplimiento debe
observar el juez al momento de dictar la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, lo es la
existencia del título base del recaudo ejecutivo. De observar que no existe tal título no es viable dictar
sentencia en tal sentido, y en cambio debe ordenarse la terminación del proceso, como se hará en este caso
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el momento en que estudia si libra o no mandamiento de pago o, inclusive, al
momento de dictar sentencia, ya sea por tratarse de una excepción alegada por la
parte ejecutada o incluso de oficio27-28.
18. De la revisión del material probatorio, la Sala evidencia que los documentos
allegados para conformar el título base de ejecución fueron29: i) el contrato de obra
No. 001 de 2012, ii) las pólizas de responsabilidad extracontractual y de
cumplimiento a entidades estatales, iii) liquidación de estampillas para «la
legalización del contrato» iv) el pago de estampilla al Instituto de Cultura del
Municipio de Soledad, v) el acta de inicio de obra del contrato de obra No. 001 de
2012, vi) el acta modificatoria No. 1 del 5 de junio del año 2013, vii) el acta de
terminación del contrato de obra No. 001 de 2012, viii) el acta de liquidación bilateral,
y ix) la factura No. 1009 del 20 de noviembre del 2014.
Asimismo, obra en el expediente un requerimiento, fechado el 4 de octubre de 2016,
de la ejecutante a la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad solicitando el pago de la «obligación en mora Factura de obra No. 1009»30,
como una queja presentada ante la Contraloría General de la República, por el no
pago de la obra contratada por la ESE31.
19. No obstante lo anterior, la parte recurrente sostiene que fue indebida la
integración del título base de ejecución, ya que el acta de liquidación bilateral del
contrato no fue suscrita por el representante legal de la ESE, por lo que ésta no
presta mérito ejecutivo ni tampoco puede integrar el título base de recaudo.
en relación con la compañía aseguradora’ (se destaca). La providencia citada reitera la posición adoptada por
la Sala de la Sección Tercera en sentencia de 27 de julio de 2005, expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de agosto de
2004, expediente 21177, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Posición reiterada en: i) sentencia del 3 de mayo de
2007, expediente 25647, C.P. Enrique Gil Botero; de la Subsección C, ii) sentencia del 7 de febrero de 2011,
expediente 23886 y iii) sentencia del 10 de noviembre de 2016, expediente 56950, ambas con C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa; de la Subsección A, iv) sentencia del 1 de febrero de 2018, expediente 40254,
C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, v) sentencia del 31 de julio de 2020, expediente 53095, C.P. María
Adriana Marín, vi) sentencia del 18 de marzo de 2022, expediente 67174, vii) sentencia del 20 de mayo de 2022,
expediente 64181, viii) sentencia del 8 de junio de 2022, expediente 56907, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del Subsección C, ix) auto del 17 de junio de 2024, expediente 71168 y x) sentencia del 21 de agosto de 2025,
expediente 61931.
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1 de febrero de 2021, radicación No. 05001-
22-03-000-2020-00357-01 (STC290-2021), M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Posición reiterada en
sentencia del 19 de enero de 2022, radicación No. 11001-02-03-000-2021-03198-00 (STC081-2022), M.P.
Álvaro Fernando García Restrepo.
29 Cfr. SAMAI, índice 14 de primera instancia. Archivo «12_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_
080012333000201601(.zip)». Documento «1. Primer Cuaderno». Págs. 19 a 63.
30 Ibidem. Documento «1. Primer Cuaderno». Pág. 65.
31 Ibidem. Documento «1. Primer Cuaderno». Pág. 64.
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20. Al respecto, conviene destacar que, contrario a lo afirmado por las partes y el
Tribunal, en asuntos ejecutivos contractuales, existen eventos en los que
determinados actos o documentos prestan mérito ejecutivo por sí mismos, v.gr. es
el caso del acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes y libre de
salvedades, por lo que no es necesario aportar algún otro documento para
conformar el título, dada la naturaleza jurídica que la reviste32, es así como la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado lo
siguiente33:
De igual forma, cuando se realiza la liquidación bilateral o por mutuo acuerdo del
contrato, la respectiva acta suscrita entre las partes, contiene obligaciones claras,
expresas y exigibles a cargo de las mismas, de tal suerte que dicho documento
constituye título ejecutivo y ello es así, como quiera que dicho acto se constituye
en un negocio jurídico extintivo en el que las partes en ejercicio de su
autonomía privada definen las cuentas del mismo, precisan el estado en que
quedaron las prestaciones –créditos y deudas recíprocas- y se obligan a lo
estipulado en el documento que se suscribe y la contiene.
Igualmente, atendiendo a la naturaleza y a la finalidad de la liquidación del contrato,
ha sido criterio inveterado de la Corporación que si se realiza la liquidación
bilateral, esto es, por mutuo acuerdo entre la administración y su contratista, y no
se deja salvedad en relación con reclamaciones que tenga cualquiera de las partes
en el acta en la que se vierte el negocio jurídico que extingue el contrato, no es
posible que luego prospere una demanda judicial de pago de prestaciones surgidas
del contrato.34
Así, sobre los efectos que se desprenden del acta de liquidación de un contrato
suscrita por acuerdo entre las partes, la Sala también se ha pronunciado en los
siguientes términos:
“...El acta que se suscribe sin manifestación de inconformidad sobre
cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un
negocio jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad
en los términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de
cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Así tiene que ser. Se
debe tener, con fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración
32 Al respecto, debe recordarse que el acto de liquidación es la terminación auténtica de la relación contractual,
la expresión final de la autonomía de la voluntad de las partes que bien pueden disponer de sus derechos y
obligaciones; se trata entonces de un balance de las cuentas pendientes entre las partes, quienes acogen de
manera conjunta las determinaciones allí establecidas, por tanto, esta modalidad participa de una naturaleza
eminentemente negocial o convencional, lo cual indica que las obligaciones contenidas en ella son vinculantes
para quienes la suscriben. Teniendo esta clase de acuerdos una naturaleza negocial, las disposiciones allí
acogida constituyen ley para las partes, en aplicación del principio pacta sun servanda, de manera que las
obligaciones recogidas son susceptibles de ejecución, salvo que se declarare la nulidad del acuerdo (…) (se
destaca) en Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2008, expediente 23363
[fundamento jurídico 3], C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 32.666, C.P. Ruth
Stella Correa Palacio. Al respecto también se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, auto de 30 de julio de 2008, expediente 28.346, C.P. Mauricio Fajardo Gómez;
de la Subsección A, auto de 30 de enero de 2013, expediente 44.679, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera;
de la Subsección B, sentencia de 9 de marzo de 2020, expediente 44.458, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de la
Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2019, expediente 61614, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
34 Original de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, entre otras sentencias se citan las siguientes:
Sentencias de 25 de noviembre de 1999, Exp. 10893; de 6 de mayo de 1992; exp. 6661, de 6 de diciembre de
1990, Exp. 5165, de 30 de mayo de 1991, Exp. 6665, de 19 de julio de 1995, Exp. 7882; de 22 de mayo de
1996, Exp. 9208.
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contenida en un acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se
demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que
se dicen en él... ”35.
Por consiguiente, no puede entenderse como una regla absoluta para determinar la
existencia de un título ejecutivo que, cuando el título base de ejecución se origina
en un contrato estatal, este siempre tenga el carácter de complejo, ya que la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que
para determinar la existencia de un título ejecutivo, se debe analizar en cada caso
si se integró o no en debida forma el título base de recaudo –que puede ser simple
o complejo– conforme a la documentación de la demanda36.
21. En esa medida, la Sala evidencia que la parte ejecutante allegó el acta de
liquidación bilateral del contrato No. 001 de 201237, la cual –se reitera– constituye
un título ejecutivo en sí misma, y, de su texto, no se advierte alguna salvedad de las
partes intervinientes. En su contenido se señaló (transcripción literal): «según las
condiciones contractuales, el Contratista ejecutó el Contrato sin Anticipo por lo que
el Contratante [ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad]
adeuda al Contratista [Consultaría y Construcciones S.A.S.] el valor de
QUINIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN — MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 19/100 ML ($514,371,828,19)» (se
precisa fuera del original).
Por otra parte, en las «declaraciones» de dicha acta se consignó lo siguiente
(transcripción literal):
Como Consecuencia, de lo expuesto Las Partes declaran:
PRIMERO: Que la INTERVENTORÍA certifica que el CONTRATISTA ha ejecutado
en su totalidad el objeto del Contrato.
SEGUNDO: Que Las Partes proceden a la liquidación, de conformidad con lo
establecido en la Ley y dentro de los términos legales.
TERCERO: Que una vez le sea cancelado al Contratista la suma de QUINIENTOS
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN — MIL OCHOCIENTOS
35 Original de cita: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de junio 22
de 1995; Exp. No. 9965.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 22 de mayo de 2008, expediente 35020 [fundamento jurídico
2] C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Criterio reiterado por la Subsección A de la Sección Tercera, en sentencia
de 4 de noviembre de 2022, expediente 68441 [fundamento jurídico 5.2] C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, y
por la Subsección C de la misma Sección, en auto del 17 de junio de 2024, expediente 71168 [fundamento
jurídico 6].
37 Cfr. SAMAI, índice 14 de primera instancia. Archivo «12_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_
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VEINTIOCHO PESOS CON 19/100 ML ($514,371,828,19)., cesarán todas las
obligaciones pactadas en virtud del Contrato y se declaran a paz y salvo -Las
Partes-, por todo concepto.
CUARTA: Que el CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier reclamación judicial
o extrajudicial sobre el contenido del Contrato objeto de liquidación, por estar
satisfechas todas sus demandas y expectativas sobre este negocio contractual.
QUINTA: Que la INTERVENTORÍA certifica que el CONTRATISTA cumplió los
pagos de aportes al régimen de seguridad social y parafiscales durante el periodo
de ejecución del Contrato.
SEXTA: Que el CONTRATISTA declarará a paz y salvo al CONTRATANTE una
vez reciba a satisfacción el pago total del saldo adeudado detallado en esta
liquidación.
Además, se adjuntó el referido contrato de obra No. 001 de 201238, y todos los
documentos fueron aportados en copia auténtica, de lo cual da cuenta la notaría
séptima del círculo de Barranquilla, al señalar con sello y rúbrica que «la presente
copia (fotocopia) corresponde con el original que he tenido a la vista», en
concordancia con el artículo 1 de la Ley 29 de 197339.
22. En lo que respecta a esta última circunstancia, esta Corporación40 ha señalado
que todos los documentos que constituyan el título ejecutivo deben ser aportados
en original o en copia auténtica, de acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del artículo
21541 del CPACA, el cual precisa que la valoración de las copias simples no se
aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que
los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley.
Adicionalmente, resulta oportuno traer a colación la sentencia de 28 de agosto de
201342, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado 43,
38 Ibidem. Documento «1. Primer Cuaderno». Págs. 19 a 32.
39 Por la cual se crea el Fondo Nacional del Notariado y se dictan otras disposiciones. Artículo 1. El Notariado
es un servicio público que se presta por los Notarios e implica el ejercicio de la fe notarial.
La fe pública o notarial otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el Notario y a lo que éste
exprese respeto de los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos
que la ley establece. Expresión subrayada declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-741
del 2 de diciembre de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto de 18 de
mayo de 2017, expediente 53.240, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Criterio reiterado recientemente por la
Subsección A en auto de 19 de marzo de 2021, expediente 66.285.
41 ARTÍCULO 215. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que
las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto
seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los
documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley” (el inciso 1° de esta norma
que se resaltó fue derogado por el artículo 626 del CGP).
42 Expediente 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
43 Esto se expuso en la aludida sentencia de unificación: No quiere significar en modo alguno, que la Sala
desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente
el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán
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por medio de la cual se unificó el criterio de reconocerle valor probatorio a los
documentos aportados en copia simple en los procesos ordinarios, salvo en lo que
concierne a los procesos ejecutivos, cuyo respectivo título base de recaudo, bien
sea simple o complejo, deberá allegarse en original o en copia auténtica.
23. Por consiguiente, bajo estas consideraciones, la Subsección concluye que se
encuentra debidamente integrado el título base de ejecución, el cual lo constituye el
acta de liquidación bilateral del contrato No. 001 de 201244, como se señaló.
24. Ahora, en relación con la supuesta indebida suscripción del acta de liquidación
bilateral, resulta importante destacar que, del material probatorio obrante en el
expediente, el mencionado contrato de obra No. 001 fue firmado el 16 de octubre
de 2012, por:
Firmas del contrato No. 001 de 2012 – Pág. 32, Documento «1. Primer Cuaderno».
Por su parte, el acta de inicio de la obra del 13 de noviembre de 2012 se firmó por:
escenarios -como los procesos ejecutivos en los cuales será indispensable que el demandante aporte
el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el
original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el
criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos
ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación
han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud
de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del
derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias
auténticas como por ejemplo el artículo 141 del C.C.A., norma reproducida en el artículo 167 de la ley 1437 de
2011 -nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- (se destaca).
44 Cfr. SAMAI, índice 14 de primera instancia. Archivo «12_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_
080012333000201601(.zip)». Documento «1. Primer Cuaderno». Págs. 57 a 62.
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Firmas del acta de inicio del contrato No. 001 de 2012 – Pág. 42, Documento «1. Primer Cuaderno».
De igual forma, en el acta de liquidación bilateral del contrato de obra No. 001 de
2012, presentado como título base de ejecución, dicho documento fue suscrito por:
Firmas del acta de liquidación del contrato No. 001 de 2012 – Pág. 62, Documento «1. Primer Cuaderno».
25. Por lo anterior, es claro que en todos los anteriores documentos actuaron como
partes contratante y contratista, la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela
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Metropolitana de Soledad y Consultoría y Construcciones S.A.S., respectivamente,
por intermedio de sus representantes legales. Así, lo afirmado por la recurrente,
sobre la supuesta indebida suscripción del acta por parte de la ESE, no cuenta con
fundamento alguno, tal como se evidencia de las imágenes presentadas en
precedencia.
Asimismo, dicho argumento desconoce el principio pacta sunt servanda,
consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, el cual prevé que «Todo contrato
[o negocio jurídico] legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales» (se
precisa). Incluso, lo formulado por la parte ejecutada en el recurso de apelación
implica ir en contra del principio de respeto por los propios actos –venire contra
factum proprium non valet–45, toda vez que ello atenta contra la buena fe que debe
imperar en todas las relaciones negociales y específicamente en los contratos46.
26. En ese orden de ideas, ya que ninguno de los argumentos del recurso de
apelación tuvo vocación de prosperidad, la Sala confirmará la sentencia del 16 de
junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró no
probada la excepción denominada «indebida integración del título ejecutivo
complejo» y ordenó seguir adelante con la ejecución.
V. Costas
27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP. A su turno, en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se establece que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, de modo que, según el numeral 3
siguiente, «[e]n la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de
primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda»; además,
el numeral 8 prevé que sólo se reconocerán «cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación».
45 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de enero de 2011. Exp. 2001-00457-01.
M.P Pedro Octavio Munar Cadena. También se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, expediente 39249, C.P. José Roberto Sáchica Méndez;
Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, expediente 65041.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 15935,
C.P. Danilo Rojas Betancourth; Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, expediente 65041.
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De acuerdo con el artículo 361 del CGP, las costas «están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho», estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada instancia por
las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, que,
para este asunto, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 201647.
28. En el caso, se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico,
en los términos de la ley, de modo que correspondería condenar en costas en la
segunda instancia a la parte que formuló el recurso de apelación. No obstante, se
resalta que no se comprobó la causación de expensas ni de agencias, en cuanto el
ejecutante no presentó oposición al recurso de apelación, no se decretaron pruebas
ni se solicitaron en el término de ejecutoria del auto admisorio y no hubo etapa de
alegatos de conclusión en esta instancia, en los términos del numeral 5 del artículo
247 de CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, por lo que la
Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de junio de 2022, por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró no probada la excepción
denominada «indebida integración del título ejecutivo complejo» y ordenó seguir
adelante con la ejecución, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de la presente providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
(continúa hoja de firmas 69306)
47 Dado que la demanda se presentó el 25 de noviembre de 2016, le resulta aplicable el Acuerdo PSAA16-
10554, ya que fue expedido y publicado el 5 de agosto de 2016, y entró a regir para los procesos judiciales
iniciados a partir de su publicación, lo cual ocurre en el este asunto.
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(hoja de firmas sentencia 69306)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
PRESIDENTE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE48
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
ACS/MAR/VF
48 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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