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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01462-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-01462-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio1 y Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla

Tema: sanción moratoria cesantías definitivas docente. Subtema 1: leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006. Subtema 2: extremo temporal de la sanción moratoria

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia proferida el 25
de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la cual que se
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor Manuel Valencia Castro solicitó la nulidad del Oficio núm. 09431 del 23 de
junio de 2016, expedido por la Secretaría de Educación de Barranquilla, mediante
el cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, con ocasión del pago tardío de sus cesantías definitivas.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto
declaró la nulidad del acto acusado; ordenó al Fomag reconocer y pagar la
indemnización moratoria, equivalente a un día de salario por cada día de retardo,
causada entre el 2 de octubre de 2013 y el 3 de junio de 2015, con base en el último
salario devengado; y se abstuvo de condenar en costas.

Esta Subsección modificará la decisión de primera instancia, para disponer que la
sanción moratoria debe liquidarse desde el 2 de octubre de 2013 hasta el día en

1 En adelante Fomag.

Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

que los dineros correspondientes a la cesantía reclamada se hayan dejado a
disposición del beneficiario en la entidad bancaria.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El señor Manuel Valencia Castro mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y el distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de
derecho que a continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte demandante formuló como pretensiones las siguientes:

• Declarar la nulidad del Oficio núm. 09431 del 23 de junio de 2016, expedido
por la Secretaría de Educación de Barranquilla, mediante el cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

• A título de restablecimiento del derecho, ordenar a las entidades
demandadas a reconocer y pagar la indemnización moratoria por el no pago
oportuno de la cesantía definitiva reconocida mediante la Resolución núm. 06171
del 21 de octubre de 2013, de conformidad con lo previsto en las leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006, así como en las demás disposiciones concordantes.

• Condenar a las accionadas en costas y agencias en derecho.

• Disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192
al 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo3

2.1.2. Hechos

3. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así4:

• El señor Manuel Valencia Castro prestó sus servicios como docente oficial al
distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla.

2 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 001, folios 3 al 17.
3 En adelante CPACA.
4Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 001, folios 3 al 17.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

• Solicitó el 20 de junio de 2013 mediante radicado 2013-CES-022169 ante el
ente territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.

• Agregó que la Secretaría de Educación de Barranquilla, en representación
del Fomag, reconoció y ordenó el pago del auxilio a través de la Resolución núm.
06171 del 21 de octubre de 2013, notificada personalmente el 6 de noviembre del
mismo año. Asimismo, indicó que la entidad tardó noventa y tres (93) días hábiles
en resolver su solicitud.

• Refirió que el Fomag efectuó el pago del auxilio el 4 de junio de 2015, luego
de un término de trescientos setenta y cinco (375) días hábiles. Debido a ello, el 22
de junio de 2016 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria; no
obstante, mediante Oficio núm. 0943 de 23 de junio de 2016, la entidad negó tal
petición.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. El demandante citó como vulneradas la Constitución Política, artículos 23 y
53; del CPACA, artículos 5, 6 y 9; la Ley 244 de 1995, artículos 1 y 2; y la Ley 1071
de 2006, artículos 4 y 5.

5. Adujo que, conforme a la normativa aplicable a la sanción moratoria, resulta
claro que la parte demandada incurrió en mora injustificada en el pago de sus
cesantías definitivas. Afirmó que, una vez presentada la solicitud para el
reconocimiento y pago de su auxilio, la entidad disponía de 15 días para expedir el
acto administrativo y 45 días para realizar el pago. Sostuvo que:

«la petición se efectuó el 20 de junio de 2013 y lo notificaron el 06 de noviembre de
2013 del acto administrativo del reconocimiento de la cesantía, dicho termino se
venció el 12 de julio de 2013 de conformidad con el artículo 1 de la Ley 244 de 1995
y en concordancia con el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, por lo tanto, la parte
demandada incurrió en mora de 116 días contados a partir del 13 de julio al 5 de
noviembre de 2013.
[…]
Respecto al pago, se efectuó el día 04 de junio de 2015 incurriendo en mora desde
el 29 de enero de 2014 al 03 de junio de 2015 para un total de 491 […]»

6. Aunado a lo expuesto, concluyó que es procedente que se declare la nulidad
absoluta del Oficio 0943 del 23 de junio de 2016 y se le restablezca su derecho con
el reconocimiento y pago de 607 días de mora, de conformidad con lo previsto en
los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071
de 2006.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

2.2. Contestación de la demanda

7. El Fomag presentó escrito de contestación de la demanda5. Se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. Expuso que, de conformidad con el Decreto 2831
de 2005, el trámite de las prestaciones sociales a cargo de dicha entidad debe
adelantarse por conducto de las secretarías de educación de las entidades
territoriales.

8. A su vez, destacó que la Ley 91 de 1989, en concordancia con el decreto
referido, estableció un régimen especial para la gestión y pago de las prestaciones
sociales del personal docente afiliado al Fomag. En este sentido, afirmó que no
resulta aplicable el régimen previsto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, por tratarse de una normativa de carácter general que no se ajusta
a las particularidades del sistema del magisterio.

9. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no es posible extender a los
afiliados del magisterio sanciones previstas en disposiciones generales, como la
sanción moratoria por el presunto pago tardío de las cesantías. Por tal razón, no
hay lugar al reconocimiento de suma alguna por mora ni a la indexación solicitada .

10. Propuso como excepciones: (i) inexistencia del derecho por errónea
interpretación de la norma; (ii) pago; (iii) cobro de lo no debido; (iv) compensación;
(v) genérica; y (vi) buena fe.

11. El ente territorial accionado, no contestó la demanda.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia el 25 de marzo de
20226 en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y dispuso:

PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del Oficio No. 09431 del 23 de junio de 2016,
proferido por la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla, mediante la
cual se negó al actor el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, de
conformidad con las explicaciones precedentes.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la NACIÓN -
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -DISTRITO DE BARRANQUILLA,
de acuerdo con sus competencias legales, a reconocer y pagar a favor del señor
MANUEL VALENCIA CASTRO la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías definitivas reconocidas mediante Resolución No. 06171 de 21 de octubre
de 2013, en los términos que prevé la Ley 244 de 1995, equivalente a un día de
salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías, desde el 02 de octubre
de 2013 hasta el 03 de junio de 2015, liquidados conforme al último salario básico
devengado.

5 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 001, folios 65 al 77.
6 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 021. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA.

4

Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

Tercero: Sin costas.

[…]7

13. Como fundamento de la decisión, el Tribunal argumentó que se acreditó que
el demandante presentó el 20 de junio de 2013 solicitud de liquidación de sus
cesantías definitivas ante la Secretaría de Educación Distrital, las cuales fueron
reconocidas mediante Resolución núm. 06171 de 21 de octubre de 2013, notificada
el 6 de noviembre de ese mismo año, y pagadas el 4 de junio de 2015

14. Asimismo, que el 22 de junio de 2016 el actor solicitó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria que le fue negada a través del Oficio núm. 09431 de
23 de junio de 2016.

15. Destacó que, conforme a la sentencia de unificación de 18 de julio de 2018
de esta Corporación, cuando el reconocimiento de las cesantías se produce por
fuera del término legal, o no se profiere decisión, la sanción moratoria se causa una
vez transcurridos setenta (70) días hábiles desde la radicación de la solicitud,
correspondientes a quince (15) días para decidir, diez (10) de ejecutoria y cuarenta
y cinco (45) para efectuar el pago.

16. Con base en el acervo probatorio concluyó que la solicitud se radicó el 20 de
junio de 2013, por lo cual la entidad contaba con quince (15) días para expedir el
acto administrativo, término que vencía el 12 de julio de ese año. No obstante, la
Resolución núm. 06174 de 2013 se expidió el 21 de octubre de 2013 y fue notificada
el 6 de noviembre siguiente, por fuera del plazo legal.

17. A su vez, refirió que el término para efectuar el pago vencía el 1 de octubre
de 2013; sin embargo, este se realizó solo hasta el 4 de junio de 2015.

18. En consecuencia, determinó que se configuró un período de mora
comprendido entre el 2 de octubre de 2013 y el 3 de junio de 2015, razón por la cual
reconoció el derecho al pago de la sanción moratoria.

19. En relación con el fenómeno de la prescripción citó las sentencias de
unificación CE-SUJ004 de 2016 del 25 de agosto de 2016 y del 18 de junio de 2018,
que trascribió:

“Artículo 151.-Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años que se contaran desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible. El simple reclamo escrito por el trabajador, recibido por el
patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la
prescripción, pero solo por un lapso igual

7 Se transcribe con errores de texto.

5

Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo
consagrado en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 19698, previamente citados,
consiste en que ales decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí
establecida, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los
cuales no figura la sanción moratoria, pues para la época de su expedición, la
sanción aludida no hacía parte del ordenamiento legal, la que solo fue creada a partir
de la consagración del régimen anualizado de las cesantías, en virtud de la Ley 50
de 1990…”

20. En esa línea, el juez de primera instancia sustentó que, entre la fecha de
causación de la sanción moratoria, esto es, el 2 de octubre de 2013, y la solicitud
de reconocimiento de la indemnización, presentada el 22 de junio de 2016, no
transcurrió un término superior a tres (3) años; por tanto, no operó la prescripción.

21. De igual forma, ordenó a las entidades demandadas reconocer y pagar en
favor del actor la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías
definitivas, en los términos de la Ley 244 de 1995, causada entre el 2 de octubre de
2013 y el 3 de junio de 2015, liquidada con base en el último salario básico
devengado.

2.4. Recurso de apelación

22. El Fomag, al interponer el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia 9, argumentó que, en materia de sanción moratoria, esta
Corporación mediante sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018, estableció
que, cuando la administración resuelve de manera tardía la solicitud de cesantías
parciales o definitivas:

«[…] el término para la sanción moratoria empezará a contarse a partir de la
radicación de la petición correspondiente, de manera que se contaran 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo del reconocimiento, esto
según el artículo 4 de la Ley 1071/2006, 10 días del término de ejecutoria de
la decisión según lo establecido en los artículos 76 y 87 de la ley 1437 de
2011 y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución,
por lo que al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en
precedencia, se causara la sanción por mora de la que trata el artículo 5 de
la Ley 1071 de 2006». (sic)

23. En este sentido, consideró que el fallador de primera instancia se equivocó
al momento de realizar la valoración de las pruebas documentales aportadas en el
plenario, específicamente la Resolución núm. 6171 del 22 de mayo de 2015 así

8 Normas aplicadas para efecto de prescripción, entre otras en sentencias de 21 de noviembre de 2013,
Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez ( E) , radicación número: 08001-23-31-000-2011-00254-01
(0800-2013) y de 17 de abril de 2013, Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación
número: 08001-23-31-000-2007-00210-01 (2664-11)
9 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 023. APELACIÓN SENTENCIA

6

Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

como el certificado de pago de las cesantías expedido por la Fiduprevisora S.A.
igualmente, relacionó lo siguiente:

Demandante Solicitud de Término Causación de Fecha de pago
cesantías CPACA la mora de cesantías
Manuel 20/06/2013 01/10/2013 02/10/2013 22/05/2015
Valencia
Castro
Tabla tomada del recurso presentado.

24. En consecuencia, a su juicio, se presentó un desfase en el conteo de los días
de mora, lo cual demuestra una interpretación errónea de las pruebas documentales
por parte del juez de primera instancia, en detrimento de los intereses de su
representada.

25. Añadió que el Tribunal, tomó como fecha de pago el 29 de enero de 2019,
pues, según el certificado de pago de cesantías expedido por el banco BBVA, los
recursos estuvieron disponibles para su retiro desde el 17 de enero de 2019 (sic).
No obstante, precisó que, en todo caso, la eventual condena debía calcularse
teniendo en cuenta como fecha de pago el 22 de mayo de 2015.

26. Igualmente, citó la sentencia del 22 de julio de 202110, proferida por esta
Corporación, mediante la cual se dispuso que: «[…] era el actor quien tenía el deber
procesal de demostrar que había adelantado toda la gestión para el cobro de su
prestación y que, a pesar de ello, la entidad se abstuvo de pagarle o incurrió en
mora, circunstancia que no ocurrió en este caso, sino que, según las pruebas
allegadas, el dinero estuvo disponible para pago y al no ser retirado, se reprogramó
para una fecha posterior. […]». Por lo tanto, precisó que la contabilización de la
mora debe realizarse hasta el momento en que la entidad deja a disposición los
dineros; en consecuencia, el período de mora se extiende desde el 2 de octubre de
2013 hasta el 21 de mayo de 2015, esto es, el día anterior a la puesta a disposición
de las cesantías a favor del demandante.

27. De igual forma, el recurrente se pronunció sobre la indexación de las
condenas y señaló que, aunque el juez de primera instancia no la ordenó, resulta
pertinente precisar que el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación de
18 de julio de 2018, estableció la incompatibilidad entre la indexación y la sanción
moratoria.

28. Asimismo, refirió que la condena en costas no resulta procedente en el
presente asunto, en atención a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General
del Proceso, según el cual su reconocimiento exige la demostración de su
causación.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. núm. 05001-23-33-000-2017-02996-01 (659-

2020).

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

29. Mediante auto del 26 de octubre 202311, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por el Fomag contra la sentencia de primera
instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes, por no
existir pruebas por decretar en segunda instancia.

30. Posteriormente, mediante providencia del 14 de mayo de 202612, el despacho
adoptó medidas de saneamiento del proceso y advirtió que en primera instancia se
practicó actividad probatoria suficiente, circunstancia aceptada por el Fomag, que
no aportó oportunamente la certificación que pretende hacer valer en sede de
apelación. De igual forma, advirtió que el recurrente no cuestionó los medios de
prueba ni solicitó otros adicionales orientados a precisar la fecha de pago, pues se
limitó a una manifestación general sobre el cumplimiento de sus obligaciones. En
consecuencia, negó la solicitud probatoria.

31. Se advierte que no hubo pronunciamiento por parte del Ministerio Público, en
esta instancia.
3. Consideraciones

3.1. Competencia

32. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

33. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag contra la
sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, corresponde a la Sala definir lo siguiente:

34. ¿Debe modificarse el extremo temporal fijado para la liquidación de la
sanción moratoria en la sentencia de primera instancia?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006

35. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se

11 Samai, índice 004.
12 Samai, índice 014.

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Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo
2° se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad
pública obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el
pago efectivo de aquellas13.

36. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la
liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de
manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración
expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción,
favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.

37. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la
resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en
los artículos 4 y 5, así:

ARTÍCULO 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el
acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales
del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo
establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que

13 «PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada

reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».

9

Radicación: 08001-23-33-000-2016-01462-01 (3353-2023)
Demandante: Manuel Valencia Castro
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este.

38. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación
de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento.
En el evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario
para que la subsane. A su vez, tendrá como plazo máximo cuarenta y cinco (45)
días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad
obligada debe reconocer y pagar al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.

3.3.2. Reglas jurisprudenciales. Sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018

39. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia en mención,
definió que a los docentes oficiales les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, que establecen la sanción por mora en el reconocimiento y pago tardío de
las cesantías, toda vez que integran la categoría de servidores públicos, «en
atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y
a su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado, y
la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y
retiro del servicio».

40. Así, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la
sanción por mora, desarrolló las siguientes reglas jurisprudenciales:

3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la
Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por
el pago tardío de sus cesantías.

3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento,
término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de
ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto
no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse

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Demandante: Manuel Valencia Castro
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Barranquilla

el término dispuesto en la ley14 para que la entidad intentara notificarlo
personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5
días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de
reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno
de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.

3.4. Hechos probados

3.4.1. Respecto al reconocimiento de las cesantías definitivas

41. Mediante Resolución núm. 06171 del 21 de octubre de 201315, expedida por
la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla, se constató que el señor
Manuel Valencia Castro solicitó el 20 de junio de 201316, el reconocimiento y pago
de sus cesantías definitivas por los servicios prestados como docente con
vinculación nacional situado fiscal. Asimismo, se demostró que el tiempo laborado
por el actor comprendió el periodo el periodo entre el 06 de marzo de 1997 hasta el
11 de abril de 2013.

42. Igualmente, que los valores por concepto de cesantías reportadas para la
liquidación fueron los siguientes:

Años Valor reporte de cesantías
Cesantías 1997
$294.429.00
Cesantías 1998 $472.317.00
Cesantías 1999 $535.053.00
Cesantías 2000 $621.743.00
Cesantías 2001 $722.327.00
Cesantías 2002 $879.431.00
Cesantías 2003 $934.624.00
Cesantías 2004 $988.301.00
Cesantías 2005 $1.036.554.00
Cesantías 2006 $1.135.463.00
Cesantías 2007 $1.256.213.00
Cesantías 2008 $1.326.645.00
Cesantías 2009 $1.428.294.00

14 Artículos 68 y 69 CPACA.
15 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf. 001, folios 18 al 20.
16 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf. 015.ACTUACION ADMTVA.

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Cesantías 2010 $1.552.571.00
Cesantías 2011 $1.598.481.00
Cesantías 2012 $1.678.405.00
Total Cesantías $16.460.851.00
Tabla tomada de la Resolución núm. 06171 del 21 de octubre de 2013.

43. De igual manera, se comprobó que el valor reconocido por concepto de
cesantías definitivas fue la suma de $16.460.851, cuyo pago quedó a cargo del
Fomag, a través de la entidad Fiduciaria.

44. El referido acto administrativo fue notificado personalmente el 6 de noviembre
de 201317.

3.4.2. De la reclamación administrativa y del acto administrativo acusado

45. El actor en escrito que radicó ante la Secretaría de Educación del Distrito de
Barranquilla, Fomag, requirió expresamente18:

[…]
1. Que se reconozca y ordene el pago de la Indemnización moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías definitivas a favor de mi poderdante, desde el 13 de
julio al 05 de noviembre de 2013 y del 29 de enero de 2014 al 04 de junio de
2015 fecha de pago de dicha prestación, a razón de un (1) día de salario por
cada día de retardo, tomando como base el salario acreditado, de conformidad
con las leyes 1071 de 2006 y 91 de 1989, y demás normas concordantes y
complementarias.

2. Que como consecuencia de la pretensión anterior indexar la cesantía reconocida
con la Resolución No. 06171 del 21 de octubre de 2013. teniendo en cuenta la
fecha de solicitud y la fecha de pago.

[…]19

46. A su turno, la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, mediante Oficio
núm. 09431 del 23 de junio de 2016, negó lo solicitado por el demandante y para ello
precisó20:

[…]
Ahora bien, la Ley 1071 de 2006 por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley
244 de 1995. se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los
servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación, ha dispuesto en el artículo 4o: ‘'Dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas

17 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf. 001, folio 20.
18 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 001, folios 21 al 24.
19 Se transcribe con errores de texto.
20 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 001, folios 25 al 27.

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o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga
a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

El artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 expresa: "La entidad pública pagadora tendrá
un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en
firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social sin perjuicio de
lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.”

Teniendo en cuenta las normas señaladas anteriormente, se tiene que Fiduprevisora
S.A., es la entidad competente para efectuar el pago de la prestación reconocida al
Docente MANUEL VALENCIA CASTRO.

En este orden de ideas, se extrae del expediente que ésta Secretaría expidió la
Resolución 06171 el día 21 de octubre de 2013, mediante la cual se reconoció a al
Docente en mención, el pago de una cesantía definitiva en calidad de empleado de
nuestra planta Docente y Directivo Docente.

[…]21

47. También obra en el plenario recibo de pago emitido por el Banco BBVA22, en el
que se observa fecha de la operación 4 de junio de 2015 y valor del depósito por la
suma de $ 16.024.982.

3.5. Análisis de la Sala

48. El presente asunto se centra en determinar si el extremo temporal fijado por
el Tribunal para la liquidación de la sanción moratoria derivada del pago tardío de
las cesantías definitivas es el correcto.

49. El juez de primera instancia consideró que, al haberse presentado la solicitud
el 20 de junio de 2013, la administración disponía de quince (15) días para expedir
el acto de reconocimiento, conforme al artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, plazo que
vencía el 12 de julio de 2013. Sin embargo, la Resolución núm. 06174 se expidió el
21 de octubre de 2013 y fue notificada el 6 de noviembre siguiente.

50. De igual forma, concluyó que la entidad contaba hasta el 1 de octubre de
2013 para efectuar el pago del auxilio; no obstante, este se realizó el 4 de junio de
2015. En consecuencia, consideró que el período de mora se extendió desde el 2
de octubre de 2013 hasta el 3 de junio de 2015, razón por la cual reconoció la
procedencia de la sanción moratoria.

51. Posteriormente, el FOMAG, al sustentar el recurso de apelación, afirmó que,
a partir del material probatorio obrante en el expediente, en particular la Resolución

21 Se transcribe con errores de texto.
22 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 020. Recibo de pago.

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núm. 6171 de 22 de mayo de 2015 y el certificado de pago expedido por la
Fiduprevisora S.A., se concluye lo siguiente:

«[…] se evidencia claramente una errada interpretación por parte del Despacho de
las pruebas documentales que reposan en el expediente lo que significa que atenta
contra los intereses de mi representada.
Se debe observar cuidadosamente que el despacho establece como fecha de pago
el 29 de enero de 2019, situación que es ajena de la realidad, pues como se
evidencia en el certificado de pago de cesantías, los dineros se pusieron a
disposición el día 17 de enero de 2019 (sic)23»

52. La Sala advierte que lo expuesto por el recurrente carece de sustento, en
tanto que en el acervo probatorio valorado por el Tribunal no obra el certificado de
pago expedido por la Fiduprevisora S.A. al que hace referencia. Además, se
constata que los datos expuestos no corresponden a los estudiados por el juez de
primera instancia para fijar el extremo temporal de la sanción, quien tomó como
fecha de pago el 4 de junio de 2015, conforme al comprobante expedido por la
entidad bancaria24, y no la indicada por el apelante.

53. Adicionalmente, el recurrente sostuvo que, aun cuando resultaba procedente
imponer condena, esta debía calcularse con base en la fecha de pago de 22 de
mayo de 2015, y señaló que el período de mora se extendía entre el 2 de octubre
de 2013 y el 21 de mayo de 2015. Para el efecto, allegó certificado de pago expedido
el 29 de junio de 2022, esto es, con posterioridad a la fecha en que se emitió la
sentencia recurrida.

54. Ahora bien, al descender el caso concreto, en atención al problema jurídico
planteado y a la valoración integral del acervo probatorio, la Sala destaca que,
dentro de los documentos aportados al plenario, incluido el expediente
administrativo del actor25, no obra el certificado de pago expedido por la
Fiduprevisora S.A. con anterioridad al que fue aportado junto con el recurso de
apelación. A ello se suma que dicho documento tiene como fecha de emisión el 29
de junio de 2022, con posterioridad a la sentencia objeto de revisión, lo cual permite
establecer que su incorporación se produjo únicamente con la interposición del
recurso.

55. En consecuencia, resulta claro que la finalidad del apelante consiste en
introducir el referido certificado con el propósito de modificar el extremo temporal de
la mora fijado en la decisión de primera instancia. Sin embargo, esa pretensión ya
fue objeto de análisis mediante providencia de 14 de mayo del presente año, en la
cual se negó su incorporación, dado que en el trámite surtido ante el Tribunal se
decretaron y practicaron pruebas suficientes para las resultas del asunto. A su vez,
se verificó que el Fomag no allegó oportunamente dicho documento ni formuló

23 Se transcribe con errores de texto.

24 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 020. Recibo de pago.
25 Samai, índice 002, ED_ONEDRIVE_20230427(.zip), pdf 015. Actuación administrativa.

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objeción alguna respecto del material probatorio existente; por consiguiente,
pretende incorporar dicho documento pese a que es extemporáneo.

56. De otra parte, en lo atinente al argumento del recurrente según el cual le
corresponde al actor acreditar las gestiones adelantadas para el cobro del auxilio,
la Sala considera que dicha postura no resulta de recibo. En efecto, no obra en el
expediente prueba que permita establecer que los recursos fueron puestos a
disposición el 22 de mayo de 2015, como se pretende hacer ver en la alzada. Por
el contrario, tal circunstancia solo se sustenta en un documento allegado de manera
extemporánea, cuyo valor probatorio no puede ser considerado en esta instancia,
conforme a las reglas procesales aplicables.

57. La Sala, sin perjuicio de lo anterior, considera oportuno precisar que el límite
temporal de la sanción moratoria no puede fijarse en una fecha distinta de aquella
en la que los dineros correspondientes a las cesantías reclamadas fueron
efectivamente puestos a disposición del interesado. Por tal razón, se modificará la
sentencia de primera instancia para ordenar que el reconocimiento de dicha sanción
procede desde el 2 de octubre de 2013 hasta la fecha en que efectivamente se haya
consignado el valor de la cesantía en la cuenta bancaria suministrada por el
interesado.

58. Finalmente, en lo atinente a los argumentos expuestos por el recurrente en
relación con la indexación y a la procedencia de la condena en costas, conviene
resaltar que, si bien dichos planteamientos fueron formulados en el recurso de
apelación, no fueron objeto de análisis ni de decisión en la providencia materia de
estudio. En consecuencia, al no hacer parte del pronunciamiento de la instancia
anterior, tales aspectos exceden el ámbito de competencia de esta Corporación,
razón por la cual la Sala se abstiene de emitir consideración alguna al respecto.

3.6. Conclusión

59. En atención a lo consignado, la Sala modificará la sentencia dictada el 25 de
marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, frente al extremo final
que se debe atender por la entidad demandada para el reconocimiento de la sanción
moratoria.

4. Costas

60. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario26 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la

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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 25 de marzo de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, para disponer que la sanción moratoria debe liquidarse
desde el 2 de octubre de 2013 hasta el día en que se haya dejado a disposición del
beneficiario en la entidad bancaria, los dineros correspondientes a la cesantía
reclamada, conforme a las consideraciones de la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Confirmar en lo demás la providencia apelada.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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