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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-90070-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-90070-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 5 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Sección oral, Sección B, que accedió en forma parcial a las pretensiones de la demanda presentada por Dagoberto Berdugo Rodríguez contra el municipio de Sabanalarga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. – Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2016-90070-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez
Demandado: Municipio de Sabanalarga (Atlántico)

Tema: Prescripción extintiva de la sanción moratoria prevista en la Ley
50 de 1990

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 5 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Dagoberto Berdugo Rodríguez presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio administrativo
frente a la petición presentada ante el municipio de Sabanalarga (Atlántico) el 18 de

1 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «ED_DEMANDA_ATLANTICO0800123330(.rar)
NroActua 2», archivo 001demanda.pdf
2 En lo sucesivo CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

noviembre de 2014, por la cual reclamó la sanción moratoria por la consignación
inoportuna de las cesantías anualizadas desde el año de 1999 y hasta el 2011.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que i) se ordenara el reconocimiento de la sanción moratoria entre los años de 1999
y 2011; ii) se pagaran los intereses corrientes y moratorios derivados de la condena;
iii) se repararan los perjuicios ocasionados con ocasión de la consignación tardía de
las cesantías; iv) se ajustara la suma que resultara como condena con base en el
artículo 187 del CPACA; y iv) se cumpliera la sentencia en los términos del artículo
192 ibidem.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Dagoberto Berdugo Rodríguez ingresó al municipio de Sabanalarga (Atlántico), en
el cargo de servicios generales desde 1999 y a la fecha de presentación de la
demanda se le «[…] cancelaron de manera extemporánea las cesantías de 1999 […] «[a]
2011 […]», de modo que se generó la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990 por disposición de la Ley 344 de 1996.

• Con fundamento en ello elevó una reclamación ante la entidad territorial el 18 de
febrero de 2015 y respecto de aquella se causó el silencio administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se invocaron como tales los artículos 1, 13, 29, 53, 80, 90, 209 y
211 de la Constitución Política; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; la Ley 344 de
1996; 13 de la Ley 1258 de 2009; 138, 152, 162, 166 y ss. del CPACA; y los decretos
1582 de 1998 y 1716 de 2009.

En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:

• La omisión de la entidad le vulneró los derechos laborales y desconoció los
mandatos constitucionales que salvaguardan los derechos fundamentales e
irrenunciables de los trabajadores, así como la Ley 50 de 1990, por medio de la cual
el legislador penalizó el pago extemporáneo de las cesantías, aplicable en su caso
por disposición de la Ley 344 de 1996. Igualmente, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre los derechos adquiridos3.

3 Al respecto citó la sentencia C-789 de 2002.

2

Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Sabanalarga se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones4:

• Las cesantías anualizadas fueron «[…] canceladas oportunamente, tal como aparece
en certificación adjunta a la demanda [ya que] año por año fueron consignadas en el fondo
donde se encontraba afiliado el demandante […]».

• Los intereses corrientes reclamados son incompatibles con la sanción moratoria,
de acuerdo con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia5.

• Como excepciones formuló las de i) «indebido agotamiento de la vía gubernativa»
porque en la petición no identificó los años respecto de los que se configuró la
sanción moratoria, pese a que sí los discriminó en la demanda; ii) prescripción de
los derechos porque se excedió el término de los 3 años a partir de su exigibilidad
para reclamarlos6; iii) «imposibilidad de cancelar la sanción moratoria debido a que las
acreencias no fueron presentadas en el contexto de la admisión a la promoción de un
acuerdo de reestructuración de pasivos – Ley 550 de 1990- del municipio de Sabanalarga
[…]».; y iv) «inaplicabilidad del artículo 99 de la Ley 50 de 1990», comoquiera que con la
entrada en vigor de la Ley 1328 de 2009, el legislador previó que en los casos en
que las entidades de orden público debieran pagar algún tipo de sanción moratoria
por incumplimiento de sus obligaciones, la cuantía de la penalidad no podía superar
el doble del interés bancario corriente vigente al momento de la fecha establecida
legalmente para el cumplimiento de la obligación (artículo 88).

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión, Sección B en sentencia
proferida 5 de marzo de 20217 declaró la nulidad parcial del acto ficto derivado del
silencio administrativo negativo y condenó al municipio de Sabanalarga al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria equivalente a un día de salario
básico de 2011 por cada día de retardo, desde el 15 de febrero al 16 de abril de
2012, debido a que se configuró la prescripción de aquella causada por las
cesantías de 1999 a 2010.

4 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «ED_DEMANDA_ATLANTICO0800123330(.rar)
NroActua 2», archivo 012contestacióndemanda.pdf
5 No citó una sentencia en forma concreta.
6 Según los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 151 del Código Procesal del Trabajo y de la

Seguridad Social y 488 del Código Procesal del Trabajo.
7 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «ED_DEMANDA_ATLANTICO0800123330(.rar)

NroActua 2», archivo 033sentencia.pdf.

3

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Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:

• Dagoberto Berdugo Rodríguez ingresó al servicio de la entidad territorial el 3 de
febrero de 1999, por ende, le era aplicable el régimen anualizado de cesantías por
disposición de la Ley 344 de 1996.

• Así, en lo concerniente a las cesantías por las anualidades reclamadas, se observó
lo siguiente:

i) las causadas hasta el año 2009 fueron consignadas en el fondo administrador al
cual se encontraba afiliado, por la suma de $9.218.453.

ii) desde el año 2010 y hasta el 2013 se efectuaron consignaciones individuales así:

«[…]

Concepto Egreso # Fecha Valor
Provisión para prestaciones sociales 9847 16/01/2013 $9.218.453
(cesantías retroactivas) hasta diciembre de
2009
Cesantías retroactiva 2010 8505 24/04/2012 $669.024
Cesantías retroactiva 2011 8448 17/04/2012 $669.024
Cesantías retroactiva 2012 9970 02/02/2013 $666.965
Cesantías retroactiva 2013 11872 13/02/2014 $689.909

[…]».

• Es así como se demostró que el ente demandado no consignó las cesantías entre
1999 y 2011 al fondo administrador seleccionado por el demandante dentro del
plazo anual previsto en la ley, por lo que en principio se causaría la sanción
moratoria pretendida.

• Sin embargo, en consideración a que la petición se radicó el 18 de noviembre de
2014, se configuró la prescripción parcial de acuerdo con la sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ004 del 25 de agosto de 20168, con excepción de la sanción
moratoria derivada de las cesantías del año 2011 causada entre el 15 de febrero y
el 16 de abril de 2012, fecha anterior a la consignación por concepto de la prestación
social.

• En lo concerniente al proceso de reestructuración de pasivos alegado por el
municipio demandado con base en la Ley 550 de 1999, ello no constituía un

8 Dentro del proceso con radicación 08001-23-31-000-2011-00628-02(0528-14).

4

Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

impedimento para que el empleado público concurriera a reclamar los derechos que
considerara vulnerados, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado9.

1.4. El recurso de apelación

Dagoberto Berdugo Rodríguez manifestó su desacuerdo frente a la declaratoria de
la prescripción10 al considerar que:

• El a quo reconoció que le asistía el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria, empero declaró probado aquel medio exceptivo con fundamento en la
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ004 de 2016 proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, bajo el argumento concerniente a la
extinción por el transcurso de los 3 años para el reclamo de la sanción moratoria a
partir de la exigibilidad de cada periodo.

• La citada providencia de unificación es posterior a los fundamentos fácticos que
dieron origen a la demanda, luego se aplicó en forma retroactiva pese a que ello
conllevaba la lesión de la cláusula de Estado Social de Derecho y garantías
fundamentales tales como la confianza legítima, la primacía del derecho sustancial,
la buena fe y la seguridad jurídica, así como los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y favorabilidad11. Igualmente desconoció principios
como el de justicia rogada y la naturaleza dispositiva del proceso contencioso-
administrativo.

• Adicional a ello, el tribunal lo hizo «[…] de oficio, pues bien el municipio de Sabanalarga
alegó la excepción de prescripción no la invocó, sino que sus argumentos fueron expuestos
en forma genérica y sin citas jurisprudenciales […]».

• Contrario a lo anterior, la sentencia impugnada debió acoger el precedente judicial
aplicable al momento de los hechos de la demanda, por la cual se previó que el
término de prescripción era computable desde la finalización de la relación legal y
reglamentaria, de modo que no operó en el caso concreto.

• Sobre el particular, se refirió a una sentencia del Consejo de Estado proferida el
22 de enero de 201512 en la que consideró que «[…] respecto de la prescripción de la

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 25 de marzo de 2010, 27 de enero y 1.º de

febrero de 2011, sin que señalara el número de radicación.
10 Samai, índice 2, expediente digital, archivo «ED_DEMANDA_ATLANTICO0800123330(.rar)

NroActua 2», archivo 036recursodeapelacion.pdf.
11 Al respecto citó la sentencia C-836 de 2001.
12 En el proceso con radicado 08001-23-31-000-2012-00388-01. En igual sentido sentencia del 9 de

mayo de 2013, expediente 1219-12 y del 26 de octubre de 2012 con radicación 11001-03-15-000-
2012-01834-00.

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, si bien la obligación
de consignar surge para el empleador antes del 15 de febrero de cada año, la posibilidad
de demandar nace desde el momento en que la administración al retiro del servidor no hace
entrega de la suma correspondiente a este concepto, es decir omite el cumplimiento de su
obligación […]».

• El desconocimiento del precedente judicial vigente también vulneró los derechos
del debido proceso, igualdad y buena fe, según lo expuesto por la Corte
Constitucional13. De ahí que, si bien el juez puede innovar las interpretaciones del
derecho, debe hacerlo sin que ello conlleve la afectación de derechos
fundamentales.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Por auto del 19 de agosto de 202214 se admitió el recurso de apelación, sin que
fuera necesario el decreto de pruebas de conformidad con el numeral 3 del artículo
247 del CPACA, por ende, no hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se
confirmara la sentencia de primera instancia15, pues la oportunidad para interponer
la reclamación por concepto de sanción moratoria no depende del arbitrio del
empleado durante la relación laboral. Es por esa razón que en la sentencia de
unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016 la Sección Segunda de esta
Corporación hubiese dispuesto que el cómputo del término de la prescripción por
sanción moratoria era de 3 años contados desde la fecha del incumplimiento y no a
partir de la finalización del vínculo laboral, lo que se ajustó a las garantías procesales
en materia sancionatoria, pues aquella surge con el vencimiento del plazo legal para
la consignación, esto es el 15 de febrero del año siguiente a aquel en que se causó
la prestación social.

Lo anterior fue expuesto por el Consejo de Estado en un caso en que el apelante
manifestó su desacuerdo frente al cambio de jurisprudencia en materia de
prescripción de sanción moratoria, en razón que varió respecto de la vigente al

13 En las sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y C-634 de 2011.
14 Samai, índice 4.
15 Samai, índice 9.

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Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

momento de radicación de la demanda y por consiguiente, pretendía que según la
conveniencia del interesado, se aplicara el precedente anterior16.

En el caso bajo examen, la solicitud administrativa que perseguía el pago de la
sanción moratoria fue presentada el 18 de octubre de 2014, por lo que, en los
términos indicados, la prescripción trienal se configuró para el año 2010; no
obstante, frente al del 2011 aquella se causó el 15 de febrero de 2012 hasta el 16
de abril igual anualidad, por lo que frente a este período era procedente su
reconocimiento, tal como lo determinó el a quo en el fallo objeto de apelación.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se contrae a determinar
¿si se configuró la prescripción extintiva de la sanción moratoria causada en favor
de Dagoberto Berdugo Rodríguez causada por la consignación tardía de las
cesantías de los años 1999 a 2011?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la prescripción de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías anualizadas

En la sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 agosto de 201617, el Consejo de
Estado analizó en primer lugar la naturaleza jurídica del auxilio de cesantías como
un derecho prestacional establecido en virtud de la Ley 6 de 1945, artículo 12,
ordinal f)18, en favor de los trabajadores oficiales y a cargo del empleador a razón
de un mes de salario por cada año de trabajo y proporcionalmente por las fracciones
de año.

16 Sobre el particular citó: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda. Sentencia del 21 de octubre de 2021 dentro del proceso con radicado 08001-23-33-000-
2015-90112-01 (0861-20).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia CE-SUJ2-

004-16, radicación 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14).
18 Ley 6 de 1945 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo,

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.
ARTÍCULO 12.- Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las
siguientes indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros:
[…]
f) Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones de año, en caso
de despido que no sea originado por mala conducta o por incumplimiento del contrato.»

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

El análisis de la providencia se delimitó al sistema de liquidación de aquel
emolumento regulado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 199019
extendido al sector público con ocasión del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 20 y
luego previsto por disposición del Decreto reglamentario 1582 de 199821 como regla
general para los empleados públicos del nivel territorial en caso de afiliación a los
fondos privados. En cuanto a la eventual extinción de esta prestación social por
prescripción señaló:

«[…] diferentes tesis se han planteado en relación con la extinción del derecho a las
cesantías, así: i) según la cual, mientras la relación laboral se encuentre vigente, no
se produce la extinción de las mismas, sino que el término prescriptivo empieza a
correr a partir de la ruptura del vínculo laboral; ii) la que predica que se aplica la
prescripción extintiva del derecho al transcurrir 3 años sin hacer la reclamación, sin
consideración a la terminación de la relación laboral, y iii) la que sostiene que se
trata de un derecho imprescriptible.

Los distintos enfoques sobre la materia, hacen necesaria la definición de una
postura unificada, previo el siguiente análisis:

[…] con la modificación que surgió con el cambio de liquidación de esa
prestación, a ser realizada en forma anual, al empleador le corresponde
liquidar las cesantías cada año con corte a 31 de diciembre, y efectuar la
consignación de las sumas producto de esa liquidación en el fondo que el
empleado elija, a más tardar, el 15 de febrero del año siguiente22. A partir de
ese momento, las sumas liquidadas y consignadas por concepto de cesantías,
ingresan al patrimonio del empleado, pues son destinadas a la cuenta
individual que a nombre del empleado se ha creado en el fondo administrador
de cesantías que este haya elegido.

Así las cosas, ha de concluirse que respecto de las cesantías anualizadas, en el
marco de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, pues la
obligación de su consignación en una fecha determinada surge de pleno derecho,
en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término
perentorio para realizar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el
empleado y la omisión en el cumplimiento de ese término no puede redundar en la
afectación de los derechos del empleado.

No obstante, cuando se trata de la consignación de las cesantías definitivas, si la
mora no se produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al
empleado, sí procede el fenómeno prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este
último en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago,
no puede constituir un beneficio a su favor.

19 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones»
20 Reglamentado por el Decreto 1582 de 1998.
21 «Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432

de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones
en esta materia».
22 Artículo 99, numeral 3 de la Ley 50 de 1990.

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

En los anteriores términos se precisa que las cesantías anualizadas no están
sometidas al fenómeno prescriptivo, mientras que las definitivas sí están sujetas a
ese fenómeno» [Se resalta]

Por lo anterior, se fijó la primera regla jurisprudencial en los siguientes términos:

«[…] 1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las
cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción […]».

En segundo lugar, la Sección Segunda abordó el tema relativo a la sanción
moratoria, y al efecto señaló que estaba a cargo del empleador que incumpliera la
obligación de consignar las cesantías dentro de la oportunidad legal, de manera que
no era accesoria a la prestación social «cesantías», ya que se causaba de manera
excepcional y en razón a que hacía parte del derecho sancionador, estaba sometida
a la prescripción pese a que la normativa que la previó no determinara un término
especial para su reclamación.

Sobre este particular acogió el plazo establecido en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social23 y no el previsto en los decretos 3135
de 1968 y 1848 de 196924 con fundamento en su independencia respecto de las
cesantías, así:

«[…] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del
empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la
ley concede, no son accesorios25 a la prestación “cesantías”.

Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y
deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador,
están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe
efectuar la consignación de esa prestación.

23 «Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres

años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo
escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.»

24 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se

regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
«Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.»

25 Tal indemnización no tiene el carácter de accesoria a las cesantías, como pasa a precisarse en

esta providencia, a pesar de que en diversas providencias, se le haya dado tal connotación; ver,
entre otras, el auto de 21 de enero de 2016, radicación número: 27001-23-33-000-2013-00166-
01(0593-14).

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

Como hacen parte del derecho sancionador26 y a pesar de que las disposiciones que
introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de
prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que
una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones
imprescriptibles.

Siendo así y comoquiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal
en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna
sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de
invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral,
artículo 151, que es del siguiente tenor literal:

“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero
sólo por un lapso igual.”

La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado
en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 196927, previamente citados, consiste en que
tales decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se
refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura
la sanción moratoria, pues para la época de su expedición, la sanción aludida no
hacía parte del ordenamiento legal, la que solo fue creada a partir de la
consagración del régimen anualizado de las cesantías, en virtud de la Ley 50 de
1990» [Se resalta].

Expuesto ello, la Sala señaló que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 99 de la
Ley 50 de 199028, el legislador impuso al empleador una fecha precisa para que
consignara las cesantías anualizadas de sus empleados, esto es el 15 de febrero
del año siguiente a aquel en que se causaron y precisó que «[…] el empleador que
incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo […]». Por
consiguiente, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo, se originaba el

26 En sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional consideró que esta sanción “busca penalizar

económicamente a las entidades que incurran en mora…”
27 Normas aplicadas para efecto de prescripción, entre otras en sentencias de 21 de noviembre de

2013, Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), radicación número: 08001-23-31-000-
2011-00254-01(0800-13) y de 17 de abril de 2013, Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, radicación número: 08001-23-31-000-2007-00210-01(2664-11).

28 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones
(…)
ARTÍCULO 99.- Reglamentado por el Decreto 1176 de 1991. El nuevo régimen especial de auxilio
de cesantía, tendrá las siguientes características:
(…)
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija.
El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.»

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

incumplimiento y surgía la sanción moratoria, así como la posibilidad de reclamarla
ante la administración, de manera que, si se solicitaba luego de transcurridos más
de 3 años, se configuraba el fenómeno de prescripción. Con base en estas
consideraciones la Corporación fijó la segunda y tercera reglas jurisprudenciales, a
saber:

«[…] 2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la
mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que
se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar
el pago. […]»

La cuarta regla se relacionó con el límite final de la sanción moratoria debido a que
la norma tampoco lo previó de manera expresa, por ende, interpretó que en principio
está constituido por la fecha en que se hacía efectiva la consignación de las
cesantías anualizadas o el pago que directamente se hacía al empleado. Sin
embargo, la Sala consideró aquellos eventos en los que la mora se extendiera
durante días, meses, años e inclusive, hasta que finalizara la relación laboral. En
ese caso, sería el retiro del servicio del empleado el límite de la sanción producto
de la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, pues una vez finalizado
el vínculo laboral le correspondía al empleado solicitar las definitivas, cuyo plazo
para el reconocimiento y pago también se encuentra debidamente reglado en la ley.

En consecuencia, la Sección Segunda consideró que, debido a la imposibilidad de
simultaneidad de una doble sanción, «[…] [l]a fecha hasta la cual corre la mora, producto
del incumplimiento en la consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se
produce la desvinculación del servicio […]», términos en los que fijó la cuarta regla
jurisprudencial.

Luego de ello analizó lo relativo al salario base de liquidación de la sanción moratoria
y concluyó que sería el devengado por el empleado en el año en que se ocasionara
la mora, pero si se extendía en el tiempo, a medida que surgiera el derecho a la
consignación de una nueva anualidad incumplida, aquel cambiaría sucesivamente.
A partir de allí, se fijó la siguiente regla jurisprudencial:

«[…] 5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el
que devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando
concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener
en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo
periodo de mora, en los términos previamente descritos […]».

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

En definitiva, en la aludida sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 agosto de
2016 se determinó que la sanción por mora está sometida al fenómeno de
prescripción previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social29, esto es, que la petición del empleado deberá presentarse dentro
de los tres años siguientes a la fecha de exigibilidad de la obligación.

Lo anterior, debido a que el nacimiento de la sanción por mora no está condicionada
al reconocimiento de la cesantía, sino que se origina por el incumplimiento de la
consignación de parte del empleador del término legal, por lo que la terminación de
la relación laboral no es el factor determinante para su exigibilidad.

Ahora bien, las reglas de unificación atinentes a la prescripción fueron objeto de
aclaración por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia CE-SUJ-
SII-022-2020, a saber:

«[…] i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es
desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los
tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por
cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15
de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por
la anualidad correspondiente, so pena de su extinción […]» [Se resalta]

Para ello reiteró que la causación de la sanción por mora la hace exigible para su
beneficiario y por tanto activa en su contra los términos de ley para que el paso del
tiempo, eventualmente puedan extinguir la obligación con independencia de la
prestación social.

Por último, señaló que la aplicación de las reglas jurisprudenciales sería en forma
«[…] retrospectiva a todos los casos pendientes de decisión tanto en vía administrativa
como en vía judicial, dejando a salvo por cosa juzgada los conflictos decididos con
antelación […]». Como excepción a ello, indicó que esta Corporación ha defendido la
prospectividad del precedente cuando: «[…] i) las partes en un litigio hayan fundado sus
pretensiones o defensa, según el caso, única y exclusivamente en el precedente vigente al
momento de su actuación ante la jurisdicción; ii) el fundamento de dicho precedente no

29 «Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres

años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo
escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.»

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

haya sido cuestionado en el trámite del proceso; y iii) el cambio opere en un estadio procesal
en el que resulte imposible reconducir las pretensiones o replantear la defensa pues, en
esas circunstancias, la aplicación de la nueva regla jurisprudencial no solo sorprendería a
las partes sino que, de facto y sin posibilidades de reformular los términos del litigio, dejaría
sin sustento la posición jurídica defendida por una de ellas30 […]».

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Dagoberto Berdugo Rodríguez fue nombrado en «[…] el cargo de servicios generales
adscrito a la Secretaría de Obras Públicas mediante Resolución 03 de febrero 26 de 1999,
posesionado mediante Acta 113 de marzo 30 de 1999, [el cual] ocupa en la actualidad.
[…]», según el certificado 298 del 9 de noviembre de 2015 expedido por un
profesional con funciones de personal de la Alcaldía de Sabanalarga31.

• De acuerdo con la certificación proferida el 20 de noviembre de 201532 por el
secretario de hacienda y el tesorero de la entidad territorial demandada, las
consignaciones por concepto de las cesantías causadas de 1999 a 2011 se
realizaron al fondo administrador Porvenir, así:

Período o anualidad Fecha Valor
Hasta diciembre de 2009 16/01/2013 $9.218.453
2010 24/04/2012 $669.024
2011 17/04/2012 $669.024

• El 18 de noviembre de 201433 solicitó al municipio de Sabanalarga el
reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 porque a la
fecha no se había realizado la consignación de sus cesantías en el correspondiente
fondo administrador. Al respecto se configuró el silencio administrativo negativo, de
acuerdo con el artículo 83 del CPACA.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
radicación 08001233300020130044-01, auto del 25 de septiembre de 2017.
31
Samai, índice 2, expediente digital, archivo «ED_DEMANDA_ATLANTICO0800123330(.rar)
NroActua 2», archivo 04anexos.pdf, folio 1.
32
Ibidem, folio 2.
33
Samai, índice 2, expediente digital, archivo «ED_DEMANDA_ATLANTICO0800123330(.rar)
NroActua 2», archivo 03agotamientoviagubermativa.pdf.

13

Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

El tribunal de primera instancia declaró la nulidad parcial del acto acusado y a título
de restablecimiento del derecho condenó a la entidad demandada al pago de la
sanción moratoria «[…] [en] razón de un día de salario básico de 2011, por cada día de
retardo desde el 15 de febrero de 2012 y hasta el 16 de abril de 2012 […]» y declaró
probada la prescripción respecto de aquella originada con ocasión del
incumplimiento en la consignación de las cesantías de los años 1999 a 2010.

El demandante manifestó su desacuerdo frente a la prescripción por aplicación
retrospectiva «[…] de oficio […]» de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-
SUJ004 de 2016, pese a que se profirió con posterioridad a los hechos que dieron
origen a la demanda, pues el criterio vigente era el relativo a que aquel fenómeno
extintivo solo podía contabilizarse a partir de la finalización del vínculo legal y
reglamentario, lo que no ha ocurrido en el caso concreto y por ende tampoco aquella
excepción.

De acuerdo con los elementos de convicción aportados se acreditó que la entidad
territorial incurrió en la mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la
falta de consignación oportuna de las cesantías anuales causadas desde el año de
1999 al 2011 y que dio lugar al presente litigio.

Como se expuso en el acápite precedente, en el presente caso es aplicable la
sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 agosto de 2016 aclarada por la CE-SUJ-
SII-022 del 6 de agosto 2020, cuyos efectos son vinculantes a todos los casos
pendientes de decisión tanto en la vía administrativa como judicial, de modo que la
excepción estaba limitada a aquellos dotados de cosa juzgada, sin que ello implicara
la vulneración de garantías fundamentales.

Esto, debido a que si bien en el presente caso el demandante alegó que el a quo
debía aplicar la sentencia proferida por Consejo de Estado del 22 de enero de
201534 en la que se consideró que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990 solo era exigible a partir del retiro del empleado del servicio, lo cierto es que
este constituye un pronunciamiento que se apartó del criterio pacífico de la Sección
Segunda y que en todo caso conllevó a que la Corporación emitiera la sentencia de
unificación CE-SUJ004 del 25 agosto de 2016, en aras de establecer que las
cesantías son una prestación imprescriptible, mientras que la sanción que de ella
se deriva no lo es, por lo que debía reclamarse dentro de los 3 años siguientes a su
exigibilidad -15 de febrero- y no a la terminación de la relación laboral.

34 En el proceso con radicado 08001-23-31-000-2012-00388-01. En igual sentido sentencia del 9 de

mayo de 2013, expediente 1219-12 y del 26 de octubre de 2012 con radicación 11001-03-15-000-
2012-01834-00.

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

En esas condiciones, debido a que en el sub judice se acumularon anualidades
sucesivas de mora en la consignación de cesantías anualizadas, el término
prescriptivo establecido en la Ley 50 de 1990 debe contabilizarse de manera
independiente por cada año, como lo señaló el Ministerio Público, es decir que
Dagoberto Berdugo Rodríguez disponía de 3 años contados a partir del 15 de
febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por la
anualidad correspondiente.

Así las cosas, comoquiera que la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías anualizadas dentro del término
legal se presentó el 18 de noviembre de 2014. En ese orden, los términos de la
prescripción extintiva transcurrieron así:

Período de cesantías Fecha en la que surgió la Fecha en que se extinguió el
debido mora y el derecho a derecho por prescripción
reclamar la indemnización
1999 15 de febrero de 2000 15 de febrero de 2003
2000 15 de febrero de 2001 15 de febrero de 2004
2001 15 de febrero de 2002 15 de febrero de 2005
2002 15 de febrero de 2003 15 de febrero de 2006
2003 15 de febrero de 2004 15 de febrero de 2007
2004 15 de febrero de 2005 15 de febrero de 2008
2005 15 de febrero de 2006 15 de febrero de 2009
2006 15 de febrero de 2007 15 de febrero de 2010
2007 15 de febrero de 2008 15 de febrero de 2011
2008 15 de febrero de 2009 15 de febrero de 2012
2009 15 de febrero de 2010 15 de febrero de 2013
2010 15 de febrero de 2011 15 de febrero de 2014
2011 15 de febrero de 2012 15 de febrero de 2015

Por lo anterior, en el presente asunto se configuró la prescripción extintiva de la
sanción moratoria causada desde el año de 1999 al del 2010, con excepción de la
correspondiente al 2011 que se hizo exigible el 15 de febrero de 2012 y fue
interrumpida con la reclamación efectuada el 18 de noviembre de 2014.

En esas condiciones, en consideración a que el argumento del apelante no tiene
vocación de prosperidad en tanto se configuró la prescripción de la sanción
moratoria causada entre los años 1999 y 2010, solo había lugar al pago de aquella
por el 2011, equivalente a un día de salario por cada día de retardo entre el 15 de
febrero y el 16 de abril de 2012 [día anterior a la consignación], la Sala confirmará

15

Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

la sentencia de primera instancia que accedió en forma parcial a las pretensiones
de la demanda.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que se configuró la prescripción
extintiva de la sanción moratoria causada entre los años 1999 y 2010, de modo que

35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 08001-23-33-000-2016-90070-01 (3627-2022)
Demandante: Dagoberto Berdugo Rodríguez

solo había lugar al pago de aquella por el 2011, equivalente a un día de salario por
cada día de retardo entre el 15 de febrero y el 16 de abril de 2012 [día anterior a la
consignación], la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió en
forma parcial a las pretensiones de la demanda

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. – Confirmar la sentencia proferida el 5 de marzo de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Sección oral, Sección B, que accedió en forma
parcial a las pretensiones de la demanda presentada por Dagoberto Berdugo
Rodríguez contra el municipio de Sabanalarga, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. – Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JNFG

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