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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00029-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00029-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. 38 Ver folio 20. 39 Ver sello de radicación a folio 16. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 08001-23-33-000-2017-00029-01 (2481-2018) TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, y como apoderada sustituta a la abogada Evelyn María Molina Padilla, portadora de la tarjeta profesional 338.949, ello conforme a los poderes que se observan en el índice 59 de SAMAI. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-00029-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00029-01 (2481-2018)
Demandante: Julieth Villanueva Jiménez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente con tiempos de
servicio del orden territorial. Análisis para la configuración de una
mala conducta. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el dos (2) de febrero de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora JULIETH VILLANUEVA JIMÉNEZ instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 048579 del 20 de noviembre
de 2015, (ii) RDP 012723 del 22 de marzo de 2016, y (iii) RDP 013432 del 29 de
marzo de 2016, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión
gracia a favor de la demandante, y se confirmó tal decisión respectivamente al
resolver los recursos de reposición y apelación respectivamente.

1 Folios 7 a 9.

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Que, a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa conforme a las previsiones de la Ley
114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos durante el año
anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el retroactivo debidamente
actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto, con los respectivos
intereses moratorios.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la demandante nació el 28 de octubre de 1957. Que durante su vida laboral se
desempeñó inicialmente al servicio del departamento del Atlántico como docente
oficial en el Colegio de Bachillerato Mixto San Antonio de Piojó, nombrada en virtud
del Decreto 0035 del 20 de marzo de 1978, ello desde 21 de febrero del mismo año,
hasta el 23 de abril de 1980. Que luego, la accionante fue vinculada mediante el
Decreto 12 del 25 de junio de 1997 como educadora directamente por parte del
municipio de Piojó, desde el 1.º de julio de 1997 hasta el 15 de noviembre de 2017.

Que, el 31 de julio de 2015, la señora Villanueva Jiménez radicó ante la UGPP una
solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber
laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio.

Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP
048579 del 20 de noviembre de 2015, aduciendo que la docente no demostró una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980. Por esta razón, aquella interpuso
recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos negativamente a
través de las Resoluciones RDP 012723 del 22 de marzo de 2016 y RDP 013432
del 29 de marzo de 2016, ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa asegura que con los actos administrativos demandados se
transgreden los artículos: 48, 53, 83, 85, 113 y 209 de la Constitución Política; así
como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 141 de 1961, 33 y 62 de 1985, 71 de
1988, 91 de 1989, 812 de 2003; e igualmente los Decretos 1045 de 1978, 2277 de
1979 y 3752 de 2003; y el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 13, 16 y
267.

Que la entidad accionada al negar la pensión gracia reclamada por la demandante
transgredió la normativa mencionada, pues no tuvo en cuenta que esta es maestra

2 Folios 2 a 7.
3 Folios 9 a 13.

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del nivel primario del departamento del Atlántico, y por tanto hacía parte de la planta
única de la secretaria de educación de dicha entidad territorial, con el
reconocimiento y pago de su salario por parte del Sistema General de
Participaciones en virtud de una vinculación de carácter departamental, tal como lo
previó la Ley 91 de 1989.

Que, además, la relación legal y reglamentaria de la actora se inició en propiedad
desde el 21 de febrero de 1978, por lo que de acuerdo con los artículos 1 de la Ley
33 de 1985, 3.° de la Ley 37 de 1933, literal a) del numeral 2.° del articulo 15 de la
Ley 91 de 1989, debe aplicarse a su caso el principio de favorabilidad a fin de
reconocer a su favor la prerrogativa en litigio.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 7 de marzo de 2017,4 y notificada a la
UGPP5, quien presentó memorial de contestación6 con el que se opuso a las
pretensiones de la parte activa, para lo cual señaló que, la señora Julieth Villanueva
Jiménez no demostró cumplir con los requisitos que la Ley 114 de 1913 exige para
el reconocimiento de la pensión gracia pues se requiere que haya estado vinculada
antes del 31 de diciembre de 1980 como docente departamental, distrital, municipal
o nacionalizada, pero lo cierto es que la accionante no acreditó este hecho, toda vez
que existen inconsistencias entre la información suministrada por aquella y la base
de datos del FOMAG, en la cual la docente figura como tal solo a partir del 01 de
Julio de 1997.

Que, adicionalmente, la reclamante tampoco cumple con el presupuesto de la buena
conducta, toda vez que se acreditó que esta fue declarada insubsistente mediante
Decreto 109 del 23 de abril de 1980 luego de haber incurrido en acto reprochable,
razón por la cual debe negarse el derecho solicitado.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de las obligaciones
reclamadas, (ii) cobro de lo no debido, (iii) buena fe, (iv) prescripción de mesadas,
y (v) genérica o innominada.

En la audiencia inicial7 se indicó que no había excepciones previas pendientes de
resolver, por lo que seguidamente se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la
demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló
que no existía ánimo conciliatorio, y se efectuó el decreto de pruebas conforme al
artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

4 Folios 70 a 71.
5 Folios 76 a 77.
6 Folios 80 a 93.
7 Folios 128 a 132.

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Luego, una vez recaudados todos los medios de convicción, mediante auto del 15
de enero de 20188 se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia escrita el 2 de febrero de
2018, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de
declarar la nulidad de los actos reprochados y ordenar a la UGPP que reconociera
a favor de la accionante la pensión gracia efectiva desde el 21 de abril de 2015 en
cuantía del 75% de los factores salariales percibidos durante el año anterior a la
adquisición del estatus.

Como fundamento de lo anterior expuso que, frente al tipo de vinculación de la
accionante en virtud del nombramiento efectuado con los Decretos 0035 de 1978 y
12 del 25 de junio de 1997, resulta claro que dichos actos fueron suscritos por el
gobernador del departamento del Atlántico y por el alcalde el municipio de Piojó
respectivamente, por lo que existe claridad en que la relación legal y reglamentaria
durante el periodo comprendido entre el 21 de febrero de 1978 al 23 de abril de
1980, así como el de 1 de julio de 1997 en adelante, fue del orden territorial.

Que esto se corrobora en la medida en que las referidas autoridades que expidieron
tales decisiones eran de la misma naturaleza, y además la plaza ocupada por la
reclamante pertenecía a la planta de personal del departamento y del municipio, por
lo que no existe duda de que el origen de los recursos con los que fue cancelada su
remuneración también fue territorial, lo que descarta el carácter nacional alegado
por la parte demandada.

Que con base esta afirmación, la señora Villanueva Jiménez habría superado el
requisito referente al tiempo de servicio (20 años) el 21 de abril de 2015, ello en
planteles del orden territorial y nacionalizados, tal como lo exige la ley para acceder
a la pensión gracia, lo cual debe sumarse al hecho de que su vínculo inicial se surtió
con antelación al 31 de diciembre de 1980.

Que en lo que respecta al requisito de haber desempeñado la profesión docente
observando buena conducta, se advierte que de conformidad con la sentencia del
Consejo de Estado del 25 de septiembre de 1997 (15734), tal análisis no se contrae
a un hecho aislado con consecuencias desfavorables para el infractor, ya que, por
el contrario, el mal proceder con la virtualidad de impedir el acceso a la pensión
gracia, se configura solo cuando el educador realiza un hecho objeto de reproche
durante ejercicio de su labor, y en segundo lugar, siempre que tal acto sea
susceptible de ser valorado como grave.

8 Folio 153.
9 Folios 171 a 193.

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Que el Decreto 128 de 1977, contentivo del estatuto de personal docente vigente
para la fecha de la vinculación inicial de la señora Julieth Villanueva Jiménez al
servicio (21 de febrero de 1978), en su artículo 7.° realizaba una diferenciación entre
personal docente y personal aspirante, definiendo al segundo de dichos calificativos
como el personal encargado de desempeñar la labor de educador sin encontrarse
inscrito en el escalafón.

Que, en el caso concreto, se evidencia que la señora Villanueva Jiménez mediante
Decreto 0109 de 1980 expedido por el gobernador del departamento del Atlántico
fue declarada insubsistente en el ejercicio de su cargo de docente por carecer de
escalafón en bachillerato o secundaria. Que como se observa, ello no aconteció
como consecuencia de su exclusión del escalafón, sino por su falta de inscripción,
lo que corresponde a dos eventos diferentes, pues el primero se deriva de una
sanción disciplinaria, mientras que el segundo no tiene la misma consecuencia.

Que frente a esta situación no se advierte prueba que evidencie que se adelantó
algún proceso en contra de la demandante por haber incurrido en una causal de
mala conducta, por lo que la mencionada declaratoria de insubsistencia no se trató
del resultado de una actuación reprochable, sino del ejercicio de una potestad del
nominador para retirar del cargo la actora por razones del servicio, lo cual no se
encuentra en discusión, al punto de permitir conceder el derecho reclamado.

EL RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia a fin de que se nieguen las pretensiones del
reclamante. Para ello adujo que, no es posible tener en cuenta los tiempos de
servicio comprendidos entre el 21 de febrero de 1978 y el 23 de abril de 1980, por
cuanto la interesada fue declarada insubsistente por carecer de escalafón, razón
por la cual debe considerarse como incursa en una causal de mala conducta que
no la hace merecedora de la pensión gracia.

Que, por otro lado, debe tenerse en cuenta que la señora Villanueva Jiménez no
demostró cumplir con los requisitos que la Ley 114 de 1913 exige para el
reconocimiento de la pensión gracia pues se requiere que haya estado vinculada
antes del 31 de diciembre de 1980 como docente departamental, distrital, municipal
o nacionalizado, lo cual aquella no acreditó, toda vez que existen inconsistencias
entre la información suministrada en la demanda respecto de la base de datos del
FOMAG en la que se indica que la docente solo tuvo una relación legal y
reglamentaria del orden territorial a partir del 1.º de julio de 1997.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

10 Folio 209 a 215.

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El recurso de apelación fue admitido el 28 de junio de 2018,11 y posteriormente,
mediante auto del 3 de octubre de 201812 se corrió traslado a las partes para alegar.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante radicó alegatos13 en los que reiteró los argumentos de su
demanda, puntualmente en lo relativo a la demostración efectiva del cumplimiento
de cada uno de los requisitos para acceder a la pensión gracia.

La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO14

El Ministerio Público radicó concepto en el presente caso con el fin de solicitar que
se confirme el fallo apelado, para lo cual argumentó que, el tiempo de servicios de
la actora comprendido entre 21 de febrero de 1978 y el 23 de abril de 1980, contrario
a lo sostenido por el apoderado de la UGPP, sí debe ser tenido en cuenta para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no solo su
comportamiento no constituyó una mala conducta, sino además porque la docente
fue nombrada en un plantel educativo de carácter territorial, por medio de actos
suscritos por el gobernador del departamento del Atlántico y el alcalde del municipio
de Piojó, ostentando en consecuencia la calidad de docente territorial, tal y como se
consignó en el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral
del FOMAG.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante todo el tiempo de servicio, y en particular una con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, así como verificar si cumplió o no con la
exigencia de observar buena conducta en el ejercicio de su cargo como educadora
oficial, bajo el entendido de que fue declarado insubsistente su nombramiento por
carecer de inscripción en el escalafón docente.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación

11 Folio 232.
12 Folio 238.
13 Folios 243 a 247.
14 Folios 252 a 259.

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de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

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iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Ahora bien, sobre esta última exigencia puede destacarse que, en principio, tanto la
calificación como la cualificación del debido comportamiento del educador en razón
de sus funciones, fue prevista normativamente en el artículo 46 del Decreto 2277
de 1979,15 a través del cual se fijaron una serie de supuestos que podrían configurar
lo que podría entenderse como un indebido ejercicio del empleo, a saber:

«[…] ARTICULO 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos
debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:

a). La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la
toxicomanía;
b). El homosexualismo16 o la práctica de aberraciones sexuales.
c). La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos;
d). El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos
públicos.
e). La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f). El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las
prohibiciones:
g). El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h). El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascensos en el
Escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i). La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político;
j). El abandono del cargo. […]».

Sin embargo, para efectos prestacionales y de reconocimiento de dádivas como la
pensión gracia, debe tenerse en cuenta que jurisprudencialmente, el concepto de la
buena o mala conducta ha superado solo el análisis exegético y subjetivo de esta
norma, para impedir que la definición de esta figura se haga por parte del operador
de manera arbitraria, atendiendo sus convicciones éticas personales.

Por ello, en diferentes providencias, el estudio del comportamiento del empleado
como requisito para adquirir una prerrogativa, se ha intentado concretar bajo
criterios de objetividad. Por ejemplo, en su momento la Corte Constitucional en
sentencia C-371 de 2002 sostuvo que:

«[…] Los conceptos de buena conducta o de buen comportamiento tienen distintos
ámbitos de aplicación y han sido ampliamente utilizados por el legislador. (…).
Cuando son empleados por el legislador tienen, por lo general, el carácter de lo que
la doctrina conoce como conceptos jurídicos indeterminados, esto es, aquellos
conceptos de valor o de experiencia utilizados por las leyes y por virtud de los cuales

15 Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
16 Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-481 de 1998 del 9

de septiembre de 1998, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.

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éstas refieren “... una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados
en su enunciado.”

Lo propio de este tipo de conceptos es que, no obstante su indeterminación, los
mismos deben ser precisados en el momento de su aplicación. Y tal concreción no
responde a una apreciación discrecional del operador jurídico, sino que se encuadra
dentro de los parámetros de valor o de experiencia que han sido incorporados al
ordenamiento jurídico y de los cuales el operador jurídico no puede apartarse.

[…] No obstante que, como se ha dicho, por definición, el concepto de buena conducta
contenido en una disposición legal, es un concepto jurídico y como tal su
determinación no permite, ni mucho menos impone, la referencia directa a
apreciaciones morales y éticas, en la medida en que el operador jurídico no puede
apartarse de la manera como tales consideraciones de valor hayan sido plasmadas
en el ordenamiento, ello exige, precisamente, que el propio ordenamiento suministre
los parámetros para la determinación del concepto. […]» (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el Consejo de Estado también17 ha desarrollado este concepto,
específicamente en casos como el particular, donde se discute el cumplimiento o no
de la exigencia en comento, en orden de acceder a la pensión gracia, tal como se
abordó en sentencia del 13 de agosto de 2018 en el siguiente sentido:

«[…] Respecto del cumplimiento del aludido requisito, la sección segunda
(subsecciones A y B) de esta Corporación ha sido reiterativa en advertir:

[…] si bien el num. (sic) 4º del art. 4º de la ley 114 de 1913 exige que el servidor
docente observe buena conducta durante su ejercicio profesional, ello no significa
que una sola conducta considerada aisladamente como reprochable pueda tenerse
en cuenta como impedimento para el reconocimiento de la pensión gracia pues,
como se ha dicho en otras oportunidades, el comportamiento censurable debe ser
continuo durante el ejercicio profesional del docente o de tal gravedad que, así sea
aislado, amerite la sanción de pérdida de la pensión. […] No resultaría equitativo
que a un docente que ha demostrado que durante un lapso mayor al exigido para
adquirir su derecho pensional ha observado buena conducta se le tome en cuenta
sólo un hecho desfavorable para negarle la prestación18.

[…] En oportunidad reciente, esta subsección estableció una serie de condiciones
para la configuración del incumplimiento del requisito consistente en haber
observado buena conducta para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia. Así
se discurrió:

Incumplimiento del requisito consistente en haber observado buena
conducta.

En primer lugar, para hacer nugatorio el derecho a la pensión gracia por el
incumplimiento del requisito de observar buena conducta (artículo 4, numeral 4, de
la Ley 114 de 1913), se requiere:

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del

13 de agosto de 2018. Radicado: 73001-23-33-000-2014-00645-01(4493-15).
18 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24

de abril de 2003, radicación 15001-23-31-000-1999-1454-01 (4251-02), M. P. Jesús María Lemos Bustamante.
En el mismo sentido, también se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, subsección A, sentencia de 10 de julio de 2014, radicación 41001-23-31-000-2011-00083-01
(3330-13), M. P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-00029-01 (2481-2018)

i) Que el proceder reprochable tenga ocurrencia durante el lapso en que el infractor
se encuentre al servicio oficial docente.

ii) Que el comportamiento inadecuado que se imputa esté descrito en el
ordenamiento como causal de mala conducta.

iii) Que en tal virtud, la autoridad competente adelante un procedimiento de carácter
administrativo que culmine necesariamente con una sanción disciplinaria19.

iv) Que no obstante la sanción impuesta, se debe hacer un análisis objetivo acerca
de la gravedad o levedad de la falta.

v) Que la infracción censurable no sea de aquellas que la jurisprudencia estima
como un «hecho aislado», esto es, que una sola conducta considerada
aisladamente como reprochable no puede tenerse en cuenta como impedimento
para el reconocimiento de la pensión gracia. Y

vi) Que la actuación objeto de reproche se haya reiterado en el tiempo o que,
habiéndose consumado en una sola ocasión, afecte gravemente otros derechos y
libertades de la comunidad educativa20.21 […]».

De conformidad con lo anterior, la mala conducta en litigios como el presente debe
entenderse de la siguiente forma: son aquellos actos del docente que sean
reprochables en el ejercicio de la labor educativa, esto es, los señalados en el
artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, siempre que hayan sido objeto de sanción
disciplinaria con garantía del debido proceso, pero que, además, sean reiterados,
persistentes o habituales a lo largo de la vinculación.

En todo caso, lo propio también se configura cuando ocurran una sola vez y tengan
el impacto de gravedad y afectación suficiente para perturbar negativamente las
garantías del ambiente escolar, y que, por tanto, pueda ser criterio exclusivo y
justificado para la pérdida de una prerrogativa como la pensión gracia.

De hecho, en razón a que la pensión gracia surgió como una acción afirmativa del
Gobierno Nacional para eliminar en su momento el trato diferencial e inequitativo en
materia salarial y prestacional que sufrían los docentes territoriales y nacionalizados
frente a los nacionales, resultaría poco garantista sostener que el educador que
haya incurrido por una sola ocasión en alguna causal leve de mala conducta, debe
perder automáticamente este derecho, pues sin un análisis objetivo e integral del
caso concreto, tal decisión no sería una consecuencia directamente proporcional a
la naturaleza jurídica de la dádiva en comento.

19 Sobre este particular, se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección

segunda, subsección B, sentencia de 1º de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2014-00105-01
(383-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Frente a los numerales iv), v) y vi) se puede consultar: Consejo de Estado, sala de lo contencioso

administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-000-
2011-00406-01 (4555-2014); y Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda,
subsección B, sentencia de 9 de marzo de 2017, radicación 52001-23-33-000-2012-00044-01 (3982-2013);
ambas con ponencias del consejero Carmelo Perdomo Cuéter.
21 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 24

de marzo de 2017, radicación 08001-23-33-000-2013-00676-01 (1324-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la señora Julieth Villanueva Jiménez nació el 28 de octubre
de 1957,22 de modo que cumplió los 50 años el 28 de octubre de 2007.

El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial.

• Del 21 de febrero de 1978 al 23 de abril de 1980

Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido el 15 de noviembre de 2017 por la Secretaría de Educación Departamental
del Atlántico,23 efectivamente se tiene demostrado que la demandante laboró como
docente durante el período bajo estudio mediante una vinculación que, según dicho
documento, se asegura que fue territorial.

Pues bien, sobre el punto se destaca que en el expediente reposa el Decreto 0035
del 20 de enero de 1978,24 por medio del cual el gobernador del departamento del
Atlántico nombró a la accionante en el cargo de directora de grupo en el Colegio de
Bachillerato Mixto “San Antonio” de Piojó, del que tomó posesión con efectos
retroactivos desde el 21 de febrero de 1978.25

En el referido acto se aprecia que la decisión fue adoptada sin la intervención directa
del Ministerio de Educación Nacional, ni aval de este para que, en virtud de la
desconcentración, la mencionada autoridad departamental en representación de la
Nación efectuara la designación en comento, así como tampoco se verifica que se
haya presentado autorización de financiamiento por parte del delegado de dicha
cartera gubernamental ante el FER, tal como se aprecia de las siguientes imágenes:

22 Según copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 26.
23 Folios 146 a 147.
24 Folio 202.
25 Folio 203.

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A partir de estos medios probatorios, se extrae con claridad que el nombramiento
de la actora en este caso tuvo lugar por decisión autónoma y directa del gobernador
del departamento del Atlántico, lo que indica que tal vínculo lo fue en calidad de
docente territorial, toda vez que en la parte motiva del acto en mención no se
señala que esta plaza se hubiese creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10
de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud
del cual los recursos para atender el proceso de nacionalización serían
administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a los
planes que en su momento debía establecer el Ministerio de Educación,
intervención que tampoco se encuentra en el decreto referido previamente.

De hecho, en ningún momento se extrae que el cargo ejercido por la reclamante
haya sido de aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese
sido vinculada por la autoridad territorial como representante de la mencionada
cartera en virtud de una autorización legal, por lo que se descarta que la relación
legal y reglamentaria haya sido del orden nacional, más aún cuando tal situación se
ajusta a la interpretación que se desarrolló en la sentencia de unificación CE-SUJ2-
011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de forma
exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos se
cubran con cargo a su propio presupuesto, tal como se corroboró para este lapso.

Ahora, según el certificado de tiempo de servicio del 6 de diciembre de 2017 emitido
por la coordinadora de la Oficina de Hoja de Vida de la Secretaría de Educación

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Departamental del Atlántico,26 la relación legal y reglamentaria de la accionante
entre el 21 de febrero de 1978 y el 23 de abril de 1980 cuando fue declarada
insubsistente en el ejercicio de su cargo, tenía una naturaleza jurídica nacionalizada.

Sin embargo, en ninguna de las pruebas se menciona que la plaza ocupada haya
sido creada, financiada o avalada por parte del representante del FER con recursos
del Sistema General de Participaciones, sino que, por el contrario, del acto
administrativo de nombramiento y del formato de historia laboral se concluye que el
vínculo siempre tuvo un carácter territorial, tanto así que en la Resolución 000994
del 9 de diciembre de 201527 por medio de la cual el FOMAG le reconoció una
pensión ordinaria de jubilación a la actora, la referida entidad adujo que el lapso bajo
estudio se concretó en calidad de educadora municipal.

Por consiguiente, el tiempo de labor oficial de la demandante como maestra estatal
territorial del 21 de febrero de 1978 al 23 de abril de 1980 (2 años, 2 meses y 2
días), puede computarse para cumplir la exigencia de 20 años de servicio
necesarios para acceder a la prerrogativa solicitada.

• Del 1.º de julio de 1997 al 15 de noviembre de 2017

Conforme al referido Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 15 de noviembre de 2017 por la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico,28 resulta demostrado que la actora laboró como
docente durante el período bajo estudio en virtud de una relación legal y
reglamentaria que, según dicho documento, era territorial.

Pues bien, sobre el punto se destaca que en el expediente reposa el Decreto 12 del
25 de junio de 1997,29 por medio del cual el alcalde del municipio de Piojó nombró
a la accionante en el cargo de maestra de la Escuela Nueva de Villa Lata, del que
tomó posesión desde el 1.º de julio de 1997,30 tal como se aprecia de las siguientes
imágenes:

26 Folios 149 a 150.
27 Folios 28 a 31.
28 Folios 146 a 147.
29 Folio 207.
30 Folio 208.

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Como se observa de estas pruebas y bajo la misma argumentación planteada en el
análisis del primer interregno estudiado, se llega a la clara conclusión de que este
otro tiempo de servicio de la demandante también fue consolidado mediante un
vínculo del orden territorial, pues no se aprecia indicación alguna de que la plaza
hubiese sido creada o modificada en virtud de los artículos 6.º y 10 de la Ley 43 de
1975, más aún cuando no se reporta intervención en ninguna etapa del delegado
del Ministerio de Educación ante el FER para avalar el cofinanciamiento de las
acreencias laborales de la educadora.

De hecho, lo anterior se ratifica en la medida en que, las mismas certificaciones
indicadas para el período anterior al 31 de diciembre de 1980 corroboran que la
señora Villanueva Jiménez era maestra municipal, tanto así que la propia entidad
demandada reconoció lo propio en la Resolución RDP 048579 del 20 de noviembre
de 201531 por medio de la cual se negó el derecho en litigio, pues expresamente
indicó lo siguiente:

31 Folios 20 a 21.

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En consecuencia, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la demandante como docente territorial durante el lapso transcurrido
entre el 1.º de julio de 1997 al 15 de noviembre de 2017 (20 años, 4 meses y 14
meses), sumando el período anterior que también es computable, se logra
determinar que la reclamante sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al
servicio educativo como maestra oficial.

Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin
dificultad del hecho de que la actora efectivamente se desempeñó como tal al
servicio del departamento del Atlántico, nombrada mediante el Decreto 0035 del 20
de enero de 1978, bajo una relación legal y reglamentaria territorial desde el 21 de
febrero de 1978 hasta el 23 de abril de 1980, es decir, en un período anterior a la
primera data en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto de
análisis.

En cuanto al cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la buena
conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con honradez y
consagración, se resalta que este aspecto es uno de los puntos de discusión en
esta instancia, ya que fue una de las exigencias que la UGPP encontró no probadas
en vía administrativa.

Al respecto, es de precisar que mediante Oficio 6746-2017 LM del 2 de marzo de
2018,32 el departamento del Atlántico dio respuesta a una de las pruebas decretadas
en primera instancia relacionadas, entre otras, con la solicitud de allegar el Decreto
0109 del 23 de abril de 1980 a través del cual dicha entidad territorial declaró
insubsistente el nombramiento de la demandante en el cargo de docente que venía
desempeñando desde el 21 de febrero de 1978.

Ahora, tales medios de convicción documentales fueron allegados con posterioridad
a la sentencia de primera instancia dictada el 2 de febrero de 2018, por lo que, al no
haber podido ser practicados ante el juez de origen, este Despacho por medio del
auto del 9 de abril de 202433 ordenó incorporar tales pruebas y darles traslado a las
partes para garantizar la respectiva contradicción, a fin de darles pleno valor dentro
de la actuación.

En tal sentido, una vez culminado el referido trámite procesal que permite analizar
en esta instancia dichos documentos, la Sala observa que, en efecto, según el
Decreto 0109 del 23 de abril de 1980,34 la mencionada autoridad departamental
declaró insubsistente la vinculación de la señora Villanueva Jiménez, la cual se

32 Folio 201.
33 Índice 53 de SAMAI.
34 Folio 206.

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había originado por medio del Decreto 0035 del 20 de enero de 1978.

Pues bien, a partir del primer acto en mención se extrae que, la única motivación
para adoptar dicha decisión fue el hecho de que la reclamante carecía de inscripción
en el escalafón docente, pero en ningún momento se señaló que la maestra hubiese
sido sancionada con la exclusión de este método de clasificación como resultado
de algún procedimiento disciplinario. Por su parte, la UGPP en su recurso de
apelación aseguró que, la referida situación es equivalente a un acto reprochable
por parte de la actora que tiene la capacidad suficiente de impedirle acceder al
derecho a la pensión gracia.

Con estas precisiones, resulta necesario analizar aquel planteamiento con base en
los postulados del criterio objetivo desarrollado jurisprudencialmente en la sentencia
del Consejo de Estado del 13 de agosto de 2018, tal como se adujo en el marco
jurídico aplicable al presente caso.

Para ello debe tenerse en cuenta que, efectivamente, (i)35 el primer elemento de
juicio indispensable para verificar si el suceso en comento corresponde a un acto
de mala conducta, consiste en establecer si este se encuentra debidamente
tipificado como tal dentro del ordenamiento jurídico aplicable al caso de la
reclamante, es decir, en el Estatuto Docente vigente para la época (1980),
particularmente en el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979 que consagra lo
siguiente:

«[…] ARTICULO 46. CAUSALES DE MALA CONDUCTA. Los siguientes hechos
debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta:

a). La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la
toxicomanía;
b). El homosexualismo36 o la práctica de aberraciones sexuales.
c). La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos;
d). El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos
públicos.
e). La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f). El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las
prohibiciones:
g). El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h). El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascensos en el
Escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i). La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político;
j). El abandono del cargo. […]».

Como se deduce de esta norma, en ningún momento la falta de inscripción en el

35 Este punto corresponde al numeral (ii) de la estructura de análisis de la sentencia del Consejo de Estado del

13 de agosto de 2018, el cual fue invertido para dar un mejor orden en la argumentación expuesta en el presente
proceso.
36 Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-481 de 1998 del 9

de septiembre de 1998, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.

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escalafón docente ha sido considerada como una mala conducta de un educador
oficial, pues evidentemente dicha omisión no está descrita como tal.

Por consiguiente, dado que la tipicidad es uno de los componentes esenciales del
principio de legalidad en el marco de los procedimientos sancionatorios, entendido
como la manifestación explícita, previa y descriptiva del supuesto de hecho
censurable en la normativa aplicable al investigado,37 resultaría necesario concluir
que, al no figurar cierto comportamiento como reprochable e imputable a
determinado sujeto (en este caso a un maestro estatal), sería abiertamente ilegal
que, la misma administración sin ningún tipo de competencia, le atribuyera un
carácter negativo o vulneratorio a una situación que el mismo ordenamiento no lo
contempla así.

De hecho, si bien la ausencia de inscripción en el escalafón para un educador sí
tiene una consecuencia jurídica prevista en el aludido Decreto 2277 de 1979,
específicamente en el artículo 68, aquella de ninguna manera obedece a una
sanción por la comisión de una mala conducta, sino a una de las causas justificadas
para que el empleador retire del servicio al servidor mediante la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento, tal como se deriva de dicha norma cuando señala
lo siguiente:

«[…] Artículo 68. RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio implica la cesación
en el ejercicio de las funciones de docente y se produce por renuncia,
por invalidez absoluta, por edad, por destitución o por insubsistencia del
nombramiento, cuando se trate de personal sin escalafón, o del caso previsto en el
artículo 7º de este decreto. […]». (Líneas de la Sala).

Contrario a lo expuesto, lo que sí podría conllevar una actuación deshonrosa en el
ejercicio de la labor educativa sería la exclusión del escalafón que termina con la
destitución del cargo, pues si esta se configura, necesariamente ello se soporta en
el entendido de que el docente incurrió en uno de los supuestos constitutivos de
mala conducta señalados en el artículo 46 del decreto en mención, ya que así se
extrae del artículo 49 ibidem:

«[…] Artículo 49. SANCIONES POR MALA CONDUCTA. Los docentes que incurran
en las causales de mala conducta establecidas en este decreto se harán acreedores
a las siguientes sanciones:

1. Aplazamiento del ascenso en el escalafón por un término de seis (6) a doce
(12) meses;

2. Suspensión en el escalafón hasta por seis (6) meses que ocasiona la pérdida de
los derechos y garantías de la carrera docente por el término de la suspensión, y la
pérdida del tiempo de suspensión para los efectos de ascenso en el escalafón;

37 Esta noción se deriva de la línea jurisprudencial y doctrinal que se ha desarrollado en el Consejo de Estado,

por ejemplo, en las sentencias del 28 de julio de 2022 (1954-2020), del 1.º de septiembre de 2022 (5288-2018)
y del 23 de noviembre de 2023 (0287-2012).

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3. Exclusión del escalafón que determina la destitución del cargo.

PARAGRAFO. Las sanciones establecidas en el presente artículo serán impuestas
por la respectiva junta seccional de escalafón, la cual dará aviso inmediato a la
autoridad nominadora para que dicte la providencia correspondiente. […]»
(Subrayado intencional).

Con todo, lo que se observa en este caso particular es que, la declaratoria de
insubsistencia de la accionante ocurrió por una causal de retiro del servicio
correspondiente a la ausencia de inscripción en el escalafón, situación que en
ningún apartado del Estatuto Docente está catalogada, o mejor, tipificada como una
mala conducta.

Contrario a esta afirmación, lo que eventualmente sí habría podido considerarse
como un acto reprochable, sería la causal h) del artículo 46 del Decreto 2277 de
1979, relacionada con el aporte de documentos o información falsa para la
inscripción o ascenso en el aludido mecanismo de clasificación del magisterio, toda
vez que según el artículo 49 ibidem, en caso de que hipotéticamente la accionante
hubiese incurrido en tal comportamiento, aquella podría haber sido sancionada con
la respectiva exclusión del escalafón, en el cual, en todo caso, nunca estuvo
incluida.

Ahora, lo cierto es que este último supuesto no se advierte que haya sucedido en el
asunto bajo estudio, porque la parte demandada no lo aseguró ni lo demostró en
vía administrativa, y mucho menos en esta causa judicial. En atención a lo anterior,
para el asunto bajo examen solo debe entenderse que la terminación del vínculo de
la reclamante en 1980 se dio por un retiro ordinario del servicio, mas no por la
comisión de un hecho censurable.

Por consiguiente, ante el incumplimiento de este solo elemento analizado, es
evidente que no hay una actuación cuestionable en el caso de la reclamante que le
impida cumplir el requisito de demostrar un buen actuar en el desempeño de su
cargo, lo que hace innecesario entrar a verificar la configuración o no de los demás
criterios objetivos previstos para el efecto en la sentencia del 13 de agosto de 2018.

En tal sentido, deberá presumirse la buena fe de la demandante a lo largo de su
vinculación como educadora, tanto en el primer como en el segundo período, de
manera que se tendrá por cumplido el requisito bajo estudio. Ello convalida entonces
la tesis del Ministerio Público en su concepto, relativa a que debe accederse a las
pretensiones de la demanda, de suerte que se confirmará la sentencia recurrida.

Igualmente se confirmará el fallo respecto del análisis de la prescripción, pues
teniendo en cuenta que la fecha de exigibilidad del derecho de la señora Villanueva
Jiménez tuvo lugar el 21 de abril de 2015 como lo estimó el juez de origen, y aquella

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radicó la petición de reconocimiento pensional el 31 de julio de 2015,38 y la demanda
el 17 de enero de 2017,39 es claro que no transcurrieron los 3 años siguientes a la
interrupción de dicho fenómeno para ejercer las acciones respectivas, por lo que,
en efecto, no se configuró dicha excepción.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentado por la parte demandada, no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F AL L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de
la demanda.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según
lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

38 Ver folio 20.
39 Ver sello de radicación a folio 16.

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TERCERO: RECONOCER PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP a
la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, y como
apoderada sustituta a la abogada Evelyn María Molina Padilla, portadora de la
tarjeta profesional 338.949, ello conforme a los poderes que se observan en el
índice 59 de SAMAI.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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