Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00108-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00108-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-00108-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00108-01 (4132-2019)
Demandante: Gerardo José González Llinás
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Temas: Declaratoria de insubsistencia. Empleado de libre nombramiento
y remoción que pasó a ser provisional como consecuencia de lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C101 de
2013, que modificó la naturaleza de los cargos de procurador
judicial. No goza de fuero de estabilidad de prepensionable por
solo faltarle el requisito de la edad a la fecha de la desvinculación.
CONFIRMA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
Gerardo José González Llinás instauró demanda contra la Procuraduría General de
la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad parcial del Oficio SG 4385 del 12 de agosto de 2016, por
medio del cual el secretario general de la Procuraduría General de la Nación «dio
por terminada la vinculación laboral» del demandante como procurador 43 judicial
II penal de Barranquilla.
Que en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00108-01 (4132-2019)
Procuraduría General de la Nación a: i) reintegrarlo al empleo que venía
desempeñando como procurador judicial II penal de Barranquilla, si a la fecha de la
sentencia no se le hubiere reconocido el derecho a una pensión de jubilación; ii)
pagarle los emolumentos dejados de percibir como consecuencia de su
desvinculación y hasta cuando sea efectivamente reintegrado al cargo o hasta que
se le haya reconocido el derecho pensional; iii) reconocerle y cancelarle los
perjuicios morales subjetivos padecidos por el retiro del servicio en el equivalente a
100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de la
sentencia; iv) que se le dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el 26 de abril de 2012 se vinculó a la Procuraduría General de la Nación como
procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, destacado ante la Jurisdicción Especial
para la Justicia y la Paz, según el Decreto 1218 de la misma fecha.
Que el 24 de septiembre de 2015 informó al procurador general de la Nación sobre
su «calidad de sujeto de protección especial». En su escrito explicó que el 11 de
octubre de 2016 cumpliría la edad de 62 años y, con ello, alcanzaría el derecho a
gozar de una pensión de jubilación.
Que el 11 de julio de 2016 se expidió la Resolución 357 que estableció la lista de
elegibles para proveer los cargos de procuradores judiciales II código 3PJ-EC,
adscritos a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales,
sin excluir el empleo que venía desempeñando el peticionario. Este acto fue
aclarado por la Resolución 358 del 12 de julio del mismo año.
Que el 12 de agosto de 2016 el secretario general de la Procuraduría General de la
Nación suscribió el Oficio SG 4385, por el cual le informó al actor que una vez se
posesionara el señor Borys Gutiérrez Stand, quien superó el concurso de méritos,
en el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, culminaría su vinculación
con la entidad.
Que el 19 de agosto de 2016 la secretaria general de la Procuraduría General de la
Nación, mediante Oficio SG-004607, le manifestó al demandante que la entidad no
le reconocería la condición de sujeto de especial protección, pues «no es posible
desplazar los derechos de quien gana un concurso por los de provisional que ocupe
el empleo, así esté en situación de estabilidad reforzada».
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Que el señor Gerardo José González Llinás se vio afectado anímicamente, pues
tuvo sentimientos de congoja por la decisión de su retiro de la Procuraduría General
de la Nación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto de 21 de marzo de 2017, notificada a la
Procuraduría General de la Nación, la cual contestó oponiéndose a las pretensiones
e indicando que el cargo desempeñado por el demandante era de libre
nombramiento y remoción hasta que la Corte Constitucional en sentencia C101 de
2013 modificó su naturaleza y ordenó a la entidad iniciar concurso abierto de méritos
para la provisión de esos cargos. Que el 20 de enero de 2015 se dio cumplimiento
a la orden constitucional y se convocó a proceso de selección de 744 empleos de
procurador judicial I y II.
Que el demandante se presentó en igualdad de condiciones con el resto de los
participantes; sin embargo, no alcanzó a obtener el puntaje mínimo aprobatorio y se
procedió a nombrar en reemplazo del actor al señor Borys Gutiérrez Stand, quien
superó las etapas del proceso de selección.
Que su retiro no se produjo como capricho o mera liberalidad de la entidad. Por el
contrario, obedeció al cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional. Dicho
mandato no quedó sujeto a ninguna condición o restricción que le permitiera al
órgano de control abstenerse de proveer los cargos de prepensionados.
Que de proceder como lo pide el demandante, se estaría desconociendo lo resuelto
por la Corte Constitucional, en la sentencia C101 de 2013.
Que según lo expuesto por la sentencia SU446 de 2011, los tres grupos de
población de que trata el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 deben ser protegidos
frente a cualquier circunstancia que amenace su estabilidad laboral. Sin embargo,
también precisó que las medidas de amparo deben encaminarse a que esas
personas sean las últimas en ser desvinculadas, lo que no impone su permanencia
indefinida. Así pues, en caso de tensión entre los derechos de los mencionados
sujetos y los de carrera administrativa, prevalecen estos últimos.
Propuso las excepciones que denominó: «Innominada o genérica» y la de «falta de
integración del litisconsocio necesario» respecto del señor Borys Gutiérrez Stand,
quien fue nombrado en reemplazo del demandante.
El señor Borys Gutiérrez Stand se notificó del auto admisorio de la demanda como
tercero interesado y contestó expresando que no es cierto que el cargo de
procurador 43 judicial II penal de Barranquilla se hubiera asignado única y
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exclusivamente a la Justicia Transicional creada con la Ley 975 de 2005, en tanto
esta también interviene ante la jurisdicción ordinaria. Tal empleo, agregó, también
fue ofertado en la Convocatoria 004 de 2015, que incluyó a todos los procuradores
judiciales I y II, sin excepción alguna.
Que no se tiene conocimiento de si el señor Gerardo José González Llinás demandó
el Decreto 3728 del 8 de agosto de 2016, que nombró al señor Borys Gutiérrez
Stand en su reemplazo. Así las cosas, en caso de que se ordenara el reintegro del
demandante al cargo del que fue desvinculado, el señor Gutiérrez Stand, quien se
encuentra inscrito en el Registro Único de Carrera Judicial de la Procuraduría
General de la Nación, quedaría desempleado. Con ello se afectarían sus derechos
adquiridos, la confianza legítima, la buena fe fundada en la seguridad jurídica y del
mérito como eje definitorio de la Constitución Política. Igualmente, se vulneraría su
derecho al mínimo vital y móvil y el de su familia, porque tuvo que renunciar al cargo
que venía desempeñando como juez de ejecución de penas para posesionarse
como procurador judicial II.
Que de acuerdo con el auto del 15 de marzo de 20171, quienes superaron el periodo
de prueba y están inscritos en la carrera de la Procuraduría General de la Nación
no pueden verse afectados por el cumplimiento de un fallo judicial, porque ya tienen
consolidada una situación jurídica particular y concreta.
Mediante auto del 23 de julio de 2018 se determinó fecha para la audiencia inicial,
la cual se llevó a cabo el 1.° de agosto de 2018, en la que se dispuso no resolver
en dicha etapa procesal las excepciones propuestas, se fijó el litigio, se incorporaron
las pruebas allegadas por las partes y se estableció como fecha para la audiencia
de pruebas el 29 de agosto de 2018; en esta última se practicaron las pruebas
decretadas. Mediante auto del 22 de enero de 2019 se corrió traslado para presentar
alegatos de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 2 de mayo de 2019,
denegó las pretensiones de la demanda, considerando que la Corte Constitucional,
mediante sentencia C101 de 2013, declaró la inexequibilidad de la expresión
«Procurador Judicial» contenida en el numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley
262 de 2000. Con ello, la naturaleza de libre nombramiento y remoción del
mencionado cargo cambió por la de carrera, motivo por el cual dichos cargos deben
ser provistos a través del sistema de concurso de méritos.
Que en acatamiento a la decisión de la Corte Constitucional, el procurador general
de la Nación, por medio de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, reglamentó
1 Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 15 de marzo de 2017, radicación:
110010325000201500366 00(0740-2015), magistrado ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
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la convocatoria para proveer 744 cargos de carrera de procuradores judiciales I y II
de la entidad. Entre ellos, se incluyeron 11 cargos de procuradores judiciales II
delegados en asuntos penales, existentes en la sede de Barranquilla.
Que en ese contexto, la entidad actuó con justa causa al desvincular al solicitante
del cargo de procurador judicial II, en tanto que dicho cargo lo ostentó en
provisionalidad. Decisión que sustentó, además, en decisiones de la Corte
Constitucional SU-691 de 2017, según la cual, la desvinculación de personas
nombradas en provisionalidad ha de estar motivada en una justa causa, entre las
cuales se encuentra la provisión del cargo por concurso de méritos.
Que en el caso de personas con estabilidad laboral reforzada, particularmente para
el caso de los prepensionados, la Corte Constitucional ha sostenido que estas
personas gozan de una estabilidad relativa, en tanto que la provisionalidad exige a
la administración motivar el acto de insubsistencia, en el que se exponen las
razones del retiro, con lo que se garantiza el debido proceso y la publicidad, y que
no basta ostentar dicha condición, sino que se requiere verificar si hubo afectación
de los derechos fundamentales.
Que en el proceso se acreditó que para la fecha del retiro el demandante ya tenía
la calidad de pensionado (11 de octubre de 2014), de modo que no se demostró
que el acto demandado hubiese incurrido en la causal de falsa motivación que se le
increpa a él endilgada.
Frente al argumento según el cual el actor no podía ser desvinculado porque su
cargo no había sido ofertado en el concurso de méritos, al pertenecer a la
jurisdicción de Justicia y Paz, resaltó que el de procurador 43 judicial II Penal de
Barranquilla, que detentó el demandante, era preexistente por cuanto su creación
obedeció a la planta de personal de la PGN, establecida en el Decreto 265 de 2000,
y que fue organizada mediante Resolución 211 del 13 de junio de ese mismo año.
Que a partir de las funciones del cargo, se podía establecer que este tenía el deber
de intervenir ante la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, entre otras,
a partir de lo cual debía entenderse que también tenía como función la intervención
ante la jurisdicción de Justicia y Paz.
RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
expresando que la sentencia incurrió en una indebida valoración probatoria al haber
considerado que había adquirido el estatus pensional el 11 de octubre de 2014, sin
percatarse que el actor había manifestado a la entidad su condición de
prepensionado el 24 de septiembre de 2015.
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Que Colpensiones solo le reconoció el derecho a la pensión el 9 de diciembre de
2016, es decir, cuando habían transcurrido más de dos «años» de haber sido
desvinculado de la Procuraduría General de la Nación.
Que quedó cesante, sin recibir ningún tipo de ingreso, por espacio de tres meses,
lo que afectó su derecho al mínimo vital, aspecto del cual dieron cuenta los testigos,
quienes además señalaron que la decisión de la entidad había afectado su estado
anímico, así como el hecho de que le tuvieron que prestar dinero, lo cual puso de
presente que la desvinculación puso en riesgo sus derechos fundamentales.
Que el precedente jurisprudencial en el cual se sustentó la sentencia sostiene que
la condición de prepensionado es aplicable siempre que el servidor público este
próximo a pensionarse (le falten tres o menos años para reunir los requisitos de
edad y tiempo de servicios o semanas de cotización para obtener el disfrute de la
pensión), pero que quien ya tenga consolidado su estatus pensional no se encuentra
en dicha situación.
Que para la fecha de retiro del servicio (1.° de septiembre de 2016) el demandante
no tenía consolidado el estatus pensional, de modo que las pretensiones de la
demanda deben prosperar.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada2 y el tercero interesado3 alegaron de conclusión, solicitando
confirmar la decisión de primera instancia.
La parte demandante y el Ministerio Público no intervinieron en el trámite de
segunda instancia.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá resolver si la resolución demandada, por la cual se declaró la
insubsistencia del nombramiento del demandante como procurador judicial II, se
encuentra viciada de nulidad por falsa motivación y desconocimiento de las normas
en que debió fundarse, al no tener en cuenta su condición de prepensionado.
Marco normativo y jurisprudencial
2 Documento obrante a índices 9 y 14 de la plataforma Samai.
3 Documento obrante a índice 15 de la plataforma Samai.
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El artículo 125 de la Constitución Política dispuso que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera con excepción de los de elección popular, libre
nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación goza de un régimen especial, 4
regulado por el Decreto 262 de 2000, en el cual se implementó el sistema de carrera
administrativa con el fin de garantizar que las personas más idóneas ingresen a la
función pública, así como otorgar estabilidad e igualdad de oportunidades para el
acceso al servicio público.
En ese sentido, el artículo 182 del Decreto 262 de 2000, que modificó la estructura
y la organización de la Procuraduría General de la Nación, clasificó los cargos de la
entidad en (i) de carrera administrativa; (ii) de libre nombramiento y remoción; y (iii)
de periodo fijo. En ese sentido, la norma en cita clasificó como de libre
nombramiento y remoción, entre otros, el de procurador judicial.
«ARTÍCULO 182. Clasificación de los empleos. Los empleos, de acuerdo con su
naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción
de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
[…]
• Procurador Judicial
[…]
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.»
No obstante, la Corte Constitucional en sentencia C101 de 2013 declaró la
inexequibilidad de la expresión “procurador judicial” contenida en el numeral 2 del
artículo 182 del Decreto 262 de 2000, al considerar que esta disposición vulneraba
el artículo 280 de la Constitución Política de Colombia que prevé:
«ARTICULO 280. Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades,
categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de
mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo.»
4 Ver artículo 279 de la Constitución Política de Colombia, así como las sentencias C-391 de 1993 y C-356 de
1994, proferidas por la Corte Constitucional.
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En ese orden de ideas, el cargo de procurador judicial modificó su naturaleza de
libre nombramiento y remoción a uno de carrera especial de la Procuraduría General
de la Nación, razón por la cual, en la misma sentencia de constitucionalidad se
ordenó a la entidad convocar a concurso de méritos para la provisión en propiedad
de los cargos de procurador judicial5.
Frente a la estabilidad laboral reforzada, la Sala advierte que con la expedición de
la Ley 790 de 20026 se buscó renovar y modernizar la estructura de la Rama
Ejecutiva del orden nacional y por ello se ordenó la liquidación o fusión de algunas
entidades públicas, situación que ocasionó la modificación de las plantas de
personal de las distintas entidades y el retiro de servidores públicos. Por tal razón,
la norma creó una «protección especial» para aquellos que se encontraran en una
situación diferencial. En tal sentido se señaló:
«Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que
establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo
del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de
familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o
auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y
tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término
de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley.»
De la transcripción se destaca la especial protección conferida a los denominados
prepensionados, esto es, aquellos servidores a los que les falten 3 años o menos
para cumplir los requisitos de acceso a la pensión de jubilación o vejez, contados
«desde el momento en que se concreta la necesidad de suprimir el cargo».7 En
efecto, dichos empleados no podían ser retirados del servicio, puesto que debía
protegerse su derecho pensional.
Aunque el retén social fue concebido para casos en los que las entidades públicas
se encontraban en reestructuración, la jurisprudencia8 ha manifestado que respecto
de los prepensionados esta es solo una de las situaciones en las que debe ser
aplicado, puesto que tal prerrogativa no se origina en un mandato legal, sino que
tiene su fundamento en la Constitución Política de 1991. Al respecto, se expresó9:
«Bajo tal entendimiento, la Corte Constitucional ha precisado que el fundamento del
reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de los “prepensionados” no es un
asunto que dependa de un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene
5 En la parte resolutiva dispuso lo siguiente: Segundo.- ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que
en un término máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a un concurso
público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial, que deberá culminar a más tardar
en un año desde la notificación de esta sentencia.
6 «Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública
y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República»
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-897 de 2012.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, radicado 05001 23
33 000 2012 00285 01 (3685-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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raigambre constitucional, es decir, “opera para la satisfacción de los derechos
fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían gravemente
interferidos por el retiro del empleo público”; así las cosas, sostuvo que la
mencionada estabilidad no solo es aplicable en los casos que el retiro del
cargo se sustenta en su supresión ante la liquidación de la entidad, o en el
marco de los procesos de restructuración de la Administración Pública (retén
social), siendo estos casos, apenas una especie de mecanismo, dentro de los
múltiples que pueden considerarse para garantizar los derechos
fundamentales involucrados por la permanencia en el empleo público de los
servidores próximos a pensionarse.» [Resalta la Sala].
Esta corporación ha definido las siguientes reglas para la aplicación del retén social:
i) la condición de prepensionado la tienen los funcionarios a quienes les falten 3
años o menos para reunir los requisitos de acceso a la pensión; ii) esta condición
también se predica del servidor de libre nombramiento y remoción, pero no excluye
el ejercicio de la facultad discrecional del nominador, teniendo en cuenta que la
decisión de retiro debe consultar, en cada caso concreto, la afectación de los
derechos fundamentales del funcionario; y iii) la protección de estabilidad laboral de
prepensionado no se aplica a quien tiene cumplidos los requisitos para adquirir la
pensión10.
La Corte Constitucional en sentencia SU003 de 2018 señaló que el retén social y la
prepensión son figuras diferentes, en tanto que la primera se sustenta en el proceso
de renovación, reestructuración o liquidación de entidades públicas, mientras que la
segunda se considera una protección para todas las personas vinculadas
laboralmente, ya sea en el sector público o en el privado, que estén próximas a
acreditar los requisitos necesarios para obtener la pensión de vejez, esto es, en un
término no superior a tres años para consolidar el derecho.
Finalmente, la Corte Constitucional ha expresado que la mera condición de
prepensionado no es suficiente para ordenar el reintegro de un trabajador sino que
es necesario evidenciar en cada caso concreto que la desvinculación pone en riesgo
su mínimo vital, teniendo en cuenta que la edad «es un indicador [de] la falta de
probabilidades de integrarse al mercado laboral que debe apreciarse junto con el
hecho de que el salario sea la única fuente de ingresos de este o, en todo caso, que
los ingresos por otros conceptos sean insuficientes para garantizar una vida en
condiciones dignas ante la ausencia del primero»11.
Caso concreto
Frente al motivo de apelación relacionado con la indebida valoración probatoria del
tribunal de la condición de prepensionado, la Sala considera que en el presente
caso el demandante no tendría dicha calidad en atención a que la Corte
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016, radicado: 05001-
23-33-000-2012-00285-01 (3685-2013).
11 Corte Constitucional, Sentencia T-357 de 2016.
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Constitucional en la sentencia SU003 de 2018 resolvió unificar su jurisprudencia
relacionada con el fuero reclamado, en el sentido de que aquellas personas a
quienes solo les falte el requisito de edad para acceder a la pensión de vejez, en
tanto se acredita el número de semanas de cotización, no pueden ser considerados
como beneficiarios de estabilidad laboral reforzada como prepensionables.
«[…] considera la Sala Plena que cuando el único requisito faltante para acceder a la
pensión de vejez sea el de edad, dado que se acredita el cumplimiento del número
mínimo de semanas de cotización, no hay lugar a considerar que la persona sea
beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el
requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o sin
vinculación laboral vigente. En estos casos, considera la Corte que no se frustra el
acceso a la pensión de vejez.»
La providencia en cita considera que la estabilidad laboral reforzada protegida con
la figura de la «prepensión», es aquella que «protege la expectativa del trabajador
de obtener su pensión de vejez», de modo que si se tienen suficientemente
acreditados los tiempos de servicio o semanas de cotización para ser beneficiario
de la prestación ya existe una expectativa legítima para el afiliado de obtener el
derecho, quedando únicamente a la espera de completar el requisito de edad,
concluyendo que al solo quedar pendiente el cumplimiento del este requisito no se
frustra el acceso a la pensión de vejez, puesto que este «puede ser cumplido de
manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente».
La Sala advierte en el caso concreto que si bien el demandante al 1.° de septiembre
de 2016 (fecha en que fue retirado del servicio por declaratoria de insubsistencia)
no había cumplido la edad necesaria para acceder a su derecho pensional, puesto
que los 62 años de edad los cumplió el 11 de octubre de 2016, dicha situación no le
generaba la estabilidad laboral reclamada, toda vez que para cuando fue
desvinculado tenía más de 1800 semanas de cotización, de modo que superaba
ampliamente el número mínimo de semanas para ser acreedor de la pensión de
vejez12.
En consecuencia, cuando fue retirado del servicio tenía el tiempo de servicio o
semanas de cotización suficientes para ser acreedor a la pensión de vejez,
faltándole solamente el requisito de edad para consolidar su derecho y, en todo
caso, le restaban menos de 2 meses para cumplir el requisito de edad, razón por la
cual, en los términos expuestos por la Corte Constitucional no tendría la condición
de prepensionado y, por consiguiente, no estaría cobijado por la protección
constitucional reforzada por él reclamada.
Respecto del motivo de apelación relacionado con que la prueba testimonial permite
advertir la vulneración de sus derechos fundamentales, la Sala considera que estos
12 Tenía un total de 1881 semanas cotizadas requiriendo un mínimo de 1300.
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tampoco llevarían a modificar la decisión, en tanto que (i) los testigos fueron citados
para declarar sobre los perjuicios morales ocasionados al actor con ocasión de su
declaratoria de insubsistencia; (ii) las circunstancias descritas en el recurso de
apelación no acreditan una vulneración de derechos fundamentales del señor
Gutiérrez Llinás, pues si bien es cierto entre su desvinculación y el reconocimiento
pensional pudo haber una afectación a su derecho al mínimo vital, se reitera que la
ausencia de remuneración es una consecuencia razonable y aceptada con ocasión
de la desvinculación laboral, para la cual la misma ley ha previsto mecanismos
jurídicos para proteger a la persona que es retirada del trabajo (v.gr. el auxilio de
cesantías); y (iii) el tiempo transcurrido entre la declaratoria de insubsistencia y el
pago de la prestación no permite inferir la ocurrencia de un perjuicio irremediable
ocasionado al demandante.
En conclusión, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia que negó las
pretensiones del demandante, toda vez que este no tenía la calidad de
prepensionado, toda vez que para la fecha de desvinculación ya tenía más del
número mínimo de semanas exigido por la Ley para acceder al derecho pensional,
quedando pendiente únicamente de cumplir el requisito de edad.
De la condena en costas
Conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso,13 la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte
demandante, por cuanto se resolvió desfavorablemente el recurso de apelación por
él interpuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 2 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Gerardo José Gutiérrez Llinás contra la Procuraduría
General de la Nación.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas por el tribunal.
En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
13 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
11
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00108-01 (4132-2019)
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Los consejeros,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
12
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