Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00435-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00435-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-00435-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2017-00435-01 (762-2022)
Demandante : Nivia Cecilia Ovalle Leiva
Demandada : Municipio de Soledad (Atlántico)
Tema : Reconocimiento de diferencias salariales
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 15 de enero de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 9 y 68 a 71). La señora Nivia Cecilia Ovalle Leiva,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Soledad
(Atlántico), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio (sin fecha), expedido por la
jefe de la oficina asesora jurídica de Soledad, por el cual se dio respuesta a la
petición de 19 de agosto de 2016, en el sentido de negar «[…] la nivelación
salarial […] que corresponde al cargo de inspector del [m]unicipio […]».
A título de restablecimiento del derecho, se ordene al accionado el
reconocimiento de «[…] de las diferencias de sueldo que existen entre la
asignación mensual que corresponde al cargo de inspector de [S]oledad y los
salarios fijados según los Decretos: 1) […] 0840 de 2012; 2) […] 1015 de 2013;
3) […] 0185 de 2014; 4) […] 1096 de 2015; y 5) […] 0225 de 2016, expedidos
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y los que le ha
pagado el [m]unicipio […] desde enero de 2012 hasta la actualidad» (sic).
Asimismo, «[…] se reliquiden todas las prestaciones sociales que ha
devengado, primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, sanción
moratoria generada por consignación incompleta del auxilio de cesantías,
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Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad (Atlántico)
bonificaciones, y aumento[s] derivados de acuerdos colectivos de trabajo y
demás emolumentos salariales y prestacionales causados y que se llegaren a
causar, con base en el salario que por ley le corresponde […]», sumas que
deberán ser indexadas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que «[…] labora en el
MUNICIPIO DE SOLEDAD, [como auxiliar, código 470, grado 011,] cargo
que ejerció a cabalidad sin interrupción ni traumatismo […]» (sic); empero,
«[…] no le incrementaron el salario en el mismo porcentaje que le fue
incrementado al señor [a]lcalde [m]unicipal, a los señores [c]oncejales y al
señor [p]ersonero [m]unicipal […] lo que consecuencialmente ha generado una
desigualdad entre funcionarios del mismo ente territorial, la cual se pretende
reclamar en la presente demanda […]».
Que, con Decretos 840 de 2012, 1015 de 2013, 185 de 2014, 1096 de 2015 y
225 de 2016, se fijaron los límites máximos salariales de los gobernadores,
alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales, para los años 2012
a 2016.
Afirma que, por medio de escrito presentado el 19 de agosto de 2016 ante la
alcaldía de Soledad, solicitó la nivelación de sus salarios desde 2012, con base
en los decretos expedidos por Gobierno nacional, lo que le fue negado con oficio
(sin fecha), recibido el 23 de septiembre siguiente.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 1, 2, 26, 53 y 122 de la
Constitución Política; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 13 de la Ley 1285
de 2009; 13 de la Ley 1755 de 2015; y 138, 152, 162 y 166 del CPACA. De
igual modo, las Leyes 4ª de 1972 y 344 de 1996 y los Decretos 1716 de 2009,
840 de 2012, 1015 de 2013, 185 de 2014, 1096 de 2015 y 225 de 2016.
Arguye que «[…] la Administración […] durante el período comprendido entre
los años 2012 […] [y] 2016, no realizó el incremento en los mismos porcentajes
[…] pues a[l] [a]lcalde […], a los [c]oncejales […] y al [p]ersonero […] le
aplicaron el tope máximo de los decretos identificados […] y […] le
incrementaron con un porcentaje muy inferior, generándose un desequilibrio o
desigualdad en el incremento de [su] salario […]» (sic).
1
Al respecto, se destaca que en el libelo introductorio, la actora indicó que su cargo era de inspectora municipal,
sin embargo, de la certificación emitida por el ente territorial (f. 222) se evidencia que el empleo en realidad
corresponde al de auxiliar, código 470, grado 01. Además, en el acto administrativo acusado se hace la precisión
de que ella «[…] no especifica el cargo que a su juicio tiene un trato discriminatorio o desigual […]» (f. 19).
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Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad (Atlántico)
Que «[…] el acto administrativo emanado de la administración municipal, por
medio del cual se niega el pago de la NIVELACIÓN SALARIAL, vulnera de
manera directa [sus] derechos laborales adquiridos […] desconociendo los
preceptos [c]onstitucionales que salvaguardan los derechos fundamentales e
irrenunciables de los trabajadores, de igual manera la administración del ente
territorial hace a un lado los criterios que al respecto ha emitido la Corte
Constitucional […]» (sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 104 a 121). El accionado contestó el libelo
introductorio con oposición a sus pretensiones; respecto de los hechos dice que
algunos son ciertos, otros no y los demás no le constan, por lo que deben
probarse; y formula las excepciones denominadas (i) inepta demanda y
caducidad por no dirigir la demanda contra los actos que resolvieron de manera
definitiva la situación jurídica de la demandante, (ii) inepta demanda por falta
de equivalencia entre los hechos que la sustentan y la realidad fáctica y jurídica
del asunto, (iii) falta de legitimación en la causa por activa, (iv) inexistencia de
la obligación, (v) prescripción y (vi) compensación.
Asevera que «[…] de conformidad con los Decretos 0840 de 2012, 1015 de
2013, 0185 de 2014, 1096 de 2015 y 225 de 2016 citados por la actora como
fundamento de sus pretensiones, la categorización de cada municipio es un
parámetro que solo se encuentra contemplado para definir las escalas y topes
máximos de las asignaciones salariales de los [a]lcaldes, [g]obernadores,
[p]ersoneros y [c]ontralores [t]erritoriales, por lo que carece de asidero
jurídico la acusación formulada, cuando señala que sólo al [a]lcalde, al
[p]ersonero y a los miembros del [c]oncejo se les niveló o ajustó la escala
salarial, cuando el municipio de Soledad fue catalogado como de primera
categoría. […] Además, el resultado de la categorización de las entidades
territoriales no es criterio único para determinar la asignación salarial de sus
empleados, para ello hay que evaluar aspectos tales como las condiciones
financieras de las entidades y la naturaleza, cargo y grado, de los empleos a
desempeñar. Todo ello fue y es tenido en cuenta por el [c]oncejo [m]unicipal al
momento de fijar anualmente las asignaciones salariales de los empleados del
ente territorial» (sic).
1.6 La providencia apelada (ff. 227 a 231 vuelto). El Tribunal Administrativo
del Atlántico, mediante sentencia de 15 de enero de 2021, negó las súplicas de
la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] las entidades
territoriales deben adoptar los salarios de los empleados teniendo en cuenta
las condiciones previstas tanto por la ley como los decretos reglamentarios,
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Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad (Atlántico)
que la labor por parte del Gobierno [n]acional es fijar un límite para su
determinación; pero no puede considerarse que el monto del tope máximo
fijado sea la suma que las entidades deberán reconocer y pagar». De igual
modo, «[…] los aumentos en las asignaciones estarán condicionados a los
ingresos que obtenga la entidad en la vigencia anterior, los cuales podrán
permitir que los aumentos salariales correspondan a una suma semejante al
límite máximo fijado por el gobierno o puede que los aumentos sean en una
suma inferior teniendo en cuenta los ingresos corrientes que fueron obtenidos,
cuestiones que, en todo caso, son a discreción de la corporación pública y del
ordenador del gasto (alcalde). Adicionalmente, se observa que los aumentos
salariales a favor de [la] demandante desde el año 2012 [hasta el] […] 2016,
estuvieron conforme con las disposiciones normativas vigentes para su
reconocimiento, teniendo en cuenta los decretos expedidos para esas
vigencias».
1.7 El recurso de apelación (ff. 241 a 244). La actora, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] esta demanda
tiene como fundamento primario el derecho a la igualdad […]», desconocido
por el ente accionado y por el a quo. Además, no «[…] se hace un estudio
detallado sobre si el MUNICIPIO DE SOLEDAD actuó en derecho al
establecer un porcentaje de incremento salarial distinto entre sus servidores
públicos […]» (sic), en particular entre ella y el alcalde, personero y concejales
municipales.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 28 de octubre de 2021 (f.
247) y admitido por esta Corporación a través de providencia de 5 de mayo de
2022 (f. 251), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2; y en virtud de lo
establecido en el numeral 4 ibidem, la accionada presentó escrito de alegatos de
conclusión3, para insistir en sus argumentos de defensa, mientras que el
correspondiente agente del Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad (Atlántico)
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala (i) determinar si la demandante, quien labora como
auxiliar, código 470, grado 01, en el municipio de Soledad (Atlántico), tiene
derecho a que se le pague su sueldo con base en los topes salariales consignados
en los Decretos 840 de 2012, 1015 de 2013, 185 de 2014, 1096 de 2015 y 225
de 2016; y (ii) en caso afirmativo, establecer si hay lugar a que se le reliquiden
las prestaciones sociales que ha devengado desde el año 2012.
3.3 Marco jurídico. En punto a precisar si la sentencia proferida por el a quo
se encuentra ajustada a derecho, procede la Sala a realizar el correspondiente
análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
El artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política determina que
corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en
ellas los objetivos y principios que debe seguir el Gobierno nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, mientras que los
artículos 313 (numeral 6) y 315 (numeral 7) ibidem prevén que compete a los
concejos y alcaldes municipales, en su orden, establecer las escalas de
remuneración de las distintas categorías de empleos pertenecientes a la estructura
de la administración territorial y asignar sus emolumentos, con arreglo a los
correspondientes acuerdos.
En desarrollo de lo anterior, el Congreso expidió la Ley 4ª de 19924, mediante la
cual estableció los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
la Rama Judicial, el Congreso de la República y los entes de control; y respecto
de los empleados públicos del orden territorial, preceptúa en su artículo 12 que el
régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales debe
ser fijado por el Gobierno nacional, que también ha de señalar el límite máximo
salarial de estos servidores.
En ese orden, se tiene que las competencias para fijar el régimen salarial de los
empleados públicos de los entes territoriales han sido consagradas por la
Constitución Política y la ley de manera concurrente, por cuanto corresponde (i)
al Congreso señalar los objetivos y principios que ha de tener en cuenta el
4
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la
República y de la fuerza pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se
dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de
la Constitución Política.
5
Expediente: 08001-23-33-000-2017-00435 01 (762-2022)
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Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad (Atlántico)
Gobierno para fijar dicho régimen; (ii) al Gobierno nacional decretar el límite
máximo de sus salarios; (iii) a los concejos municipales o distritales concretar los
anteriores mandatos, con la adopción de las escalas salariales de los empleos de
sus dependencias, según su categoría; y (iv) al respectivo alcalde adoptar las
asignaciones básicas y emolumentos salariales para cada cargo, sin exceder los
límites previstos para cada año.
Al respecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-402 de 20135, precisó
que dicha distribución de competencias se justifica en: «(i) la necesidad de
reconocer la vigencia del principio de Estado unitario, que impone que sea el
Congreso y el Gobierno los que fijen las reglas generales en materia de régimen
salarial de los servidores públicos; y (ii) la imposibilidad de vaciar las
competencias constitucionales de las entidades territoriales sobre la
determinación de las escalas salariales y los emolumentos de sus servidores
estatales que integran la Rama Ejecutiva en ese ámbito local».
En el mismo sentido, el Consejo de Estado, en fallo proferido el 27 de febrero de
20136, indicó que «[…] existe una competencia concurrente respecto a la fijación
de la remuneración que como contra prestación de los servicios deben recibir los
empleados públicos del ente territorial, por cuanto si bien se respeta la
autonomía otorgada a las autoridades del orden territorial esta se encuentra
enmarcada por: i) Los principios y parámetros generales del régimen salarial
establecidas por el órgano legislativo; ii) Los límites máximos que fija el
Gobierno Nacional; iii) Las escalas de remuneración de los cargos a nivel
territorial, aprobada por las asambleas departamentales o concejos municipales,
según sea el caso en las ordenanzas o los acuerdos correspondientes».
Por consiguiente, se concluye que la competencia de las entidades territoriales
respecto del régimen salarial de sus empleados públicos comprende la adopción
de las escalas y grados correspondientes a cada uno de los empleos de sus plantas
de personal y la fijación de las respectivas asignaciones básicas, sin exceder los
límites que el Gobierno nacional impone para cada anualidad.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Escrito de 19 de agosto de 2016 (ff. 13 a 15), con el cual la demandante
5
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Sección segunda, subsección B, sentencia de 27 de febrero de 2013, expediente 73001-23-31-000-2009-
00102-01 (224-10).
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Expediente: 08001-23-33-000-2017-00435 01 (762-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad (Atlántico)
reclama del ente territorial accionado «[…] la nivelación salarial (incremento
del salario en el mismo porcentaje), que el aumento del salario sea en la misma
proporción con respecto al incremento del salario realizado al [a]lcalde, los
[c]oncejales y el [p]ersonero [m]unicipal de Soledad».
b) Certificación de 16 de septiembre de 2016 (ff. 22 y 23), suscrita por la
secretaria de talento humano del demandado, conforme a la cual la accionante
es una funcionaria adscrita a la planta global de la alcaldía; además, se
especifican los incrementos salariales en las anualidades y su porcentaje, según
los niveles de los cargos, así:
Anualidad/nivel del cargo Directivo Profesional Técnico Asistencial
2012 5% 5% 5% 5%
2013 2% 4% 5% 8%
2014 5% 10% 13% 16%
2015 4% 8% 10% 15%
2016 3% 7% 7% 7%
c) Oficio (sin número) [ff. 17 a 21], recibido el 23 de septiembre de 2016 por la
actora (f. 87), con el que la jefe de la oficina asesora jurídica de Soledad, negó
la petición formulada por la actora.
d) Certificación de 10 de diciembre de 2020 (f. 222), expedida por la
subsecretaria de talento humano del accionado, que da cuenta de que la
demandante laboró «[…] en el cargo de [a]uxiliar, [c]ódigo 470, [g]rado 01,
nombrada en provisionalidad, mediante Decreto No. 011 de febrero 1 de 2.000
y acta de posesión [de esa fecha] […] hasta el 22 de [o]ctubre de 2020, cuando
mediante Decreto No. 268 de fecha 31 de [a]gosto de 2020, se dio por terminado
su [n]ombramiento [p]rovisional, con una asignación mensual actual de: [d]os
[m]illones [d]oscientos [c]incuenta y [u]n [m]il [d]oscientos [o]chenta y [s]eis
[p]esos ($2.251.286) y por anualidad de:
Año Salario Año Salario
2.012 874.777 2.014 1.166.948
2.013 977.259 2.015 1.341.990
2.016 1.446.263
[…]» (sic).
De las pruebas anteriormente enunciadas, se desprende que la accionante (i)
prestó sus servicios al municipio de Soledad desde el 1º. de febrero de 2000
hasta el 22 de octubre de 2020, en el cargo denominado auxiliar, código 470,
grado 01, de la planta global de su alcaldía; (ii) por medio de escrito de 19 de
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Expediente: 08001-23-33-000-2017-00435 01 (762-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad (Atlántico)
agosto de 2019, pidió del ente demandado «[…] la nivelación salarial
(incremento del salario en el mismo porcentaje), que el aumento del salario sea
en la misma proporción con respecto al incremento del salario realizado al
[a]lcalde, los [c]oncejales y el [p]ersonero [m]unicipal de Soledad»; y (iii)
mediante el oficio acusado, el aludido municipio negó el pago de esa nivelación
salarial con fundamento en que «[…] los incrementos salariales desde el 2012
se han venido realizando en el marco de negociaciones colectivas», y dicha
nivelación «[…] no puede predicarse entre empleos de naturaleza disímil, y el
incremento salarial de empleados del nivel territorial obedece a criterios
objetivos, y no a la sola intención de fijar los topes máximos salariales».
Con el fin de resolver el asunto litigioso, en atención a que la nivelación salarial
reclamada tiene su soporte en que, a juicio de la actora, se desconocieron los topes
fijados por los Decretos 840 de 2012, 1015 de 2013, 185 de 2014, 1096 de 2015
y 225 de 2016, expedidos por el Gobierno nacional, partir del año 2012, se
advierte que, por medio de fallo de 29 de agosto de 20197, esta subsección
discurrió:
En efecto, la fijación de un límite máximo para los salarios, como lo
sostuvo esta Corporación […], obedece a la necesidad de dar
cumplimiento “(…) a la economía, eficiencia y eficacia en el gasto
público. Principio que tiene sustento constitucional y que impone a las
autoridades el deber de hacer un uso adecuado de los recursos
aportados por la comunidad, en aras de lograr los objetivos sociales
que imperan en un Estado Social de Derecho, como el nuestro. (…)”.
Por tal motivo, un municipio indistintamente de que ascienda o
descienda de categoría, debe tener en cuenta además de los topes
salariales fijados por el Gobierno Nacional, las finanzas y el
presupuesto, de manera que no comprometa su equilibrio y
sostenibilidad financiera, pues de lo contrario sería un ente insostenible
y quizás inviable.
En otras palabras, el hecho de que el Gobierno Nacional establezca
anualmente unos topes salariales para los empleados del orden
territorial, no significa que el Concejo […] al determinar la escala
salarial del respectivo municipio, esté en la obligación de estipular como
remuneración para cada una de las categorías de empleos de la entidad,
el límite máximo fijado, sino que debe tener en cuenta es que no exceda
tales márgenes.
7
Consejo de Estado (sección segunda, subsección B), sentencia de 29 de agosto de 2019, expediente 63001-
23-33-000-2017-00309-01(4136-18).
8
Expediente: 08001-23-33-000-2017-00435 01 (762-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad (Atlántico)
Entonces, no es posible equiparar el salario de la demandante […], con
el establecido por el Gobierno Nacional para los empleos de los entes
territoriales, toda vez que, el Concejo del Municipio […] tiene la
autonomía para la fijación de este, siendo limitante el máximo fijado por
el Gobierno a través de sus decretos nacionales y, por supuesto, las
finanzas y el presupuesto. Vale la pena citar un antecedente similar al
aquí debatido y en el que se concluyó […]:
“(…) En ese orden de ideas, es evidente que en el sub-
examine la Asamblea podía fijar la escala de remuneración
de los empleos del nivel Departamental, entre los cuales se
encuentran los de la Contraloría, sin sobrepasar el límite que
estableció el Gobierno Nacional. Por tanto, no tiene
fundamento la petición dla actora, por cuanto no es posible
sostener que se debe aplicar las mismas escalas salariales
que hayan establecido en el orden Nacional o en especial en
la Contraloría General de la República (…)”.
Bajo ese contexto, si bien es cierto, es positivo para el Municipio […]
haber ascendido de categoría, ello no implica per se que se deban
incrementar los salarios de todos los empleados que laboran para el ente
territorial, pues ese superávit en relación con los ingresos corrientes de
libre destinación debe ser designado a satisfacer todas las necesidades
básicas de las personas más desprotegidas dentro de la sociedad, esto es,
gasto social.
En ese contexto, de acuerdo con los documentos allegados por la accionante, el
alcalde del ente territorial demandado profirió las siguientes decisiones:
Acto
Asunto Folios
administrativo
Adopta el Decreto 840 de 25 de abril de 2012 del
Gobierno nacional, mediante el cual se fijaron los
límites a los empleados públicos de las entidades
Decreto (sin
territoriales, para sufragar a los servidores de la planta 24
identificar)
global de la administración central, con retroactividad
a partir del 1º. de enero de 2012, y un incremento del
5% mensual
Adopta el Decreto 1015 de 2013 del Gobierno nacional,
con el que se fijan los límites a los precitados
Decreto 182
empleados, con retroactividad desde el 1º. de enero de 28 y
de 21 de
2013, y un incremento del 3.44% mensual, más 29
mayo de 2013
subsidio de alimento por valor de $46.192 a los
servidores que devenguen menos de $1.295.383
Decreto 46 de Adopta el Decreto 185 de 2014, a través del cual se fijan
36 y
27 de febrero los mismos límites, con retroactividad a partir del 1º. de
37
de 2014 enero de 2014, y un incremento del 2.94% mensual,
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Expediente: 08001-23-33-000-2017-00435 01 (762-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad (Atlántico)
más subsidio de alimento por valor de $47.551 a
quienes reciben menos de $1.295.383
Decreto 91 de Fija la escala salarial para la vigencia 2014 de los
38 a
8 de mayo de servidores públicos que integran la planta global de
41
2014 personal de la administración central de Soledad
Decreto 101 Se ajusta la escala salarial de 2015 de los servidores
42 a
de 28 de abril públicos que conforman la planta global de personal de
45
de 2015 la administración central de Soledad
Ahora bien, cuestiona la accionante que el porcentaje en que se incrementaron
sus salarios de 2012 a 2016 no corresponde al mismo de los cargos de alcalde,
personero y concejales de ese municipio, por lo que, en virtud del derecho a la
igualdad, pide su nivelación salarial.
Al respecto, la Sala evidencia que la génesis del reproche está contenida en los
actos administrativos descritos en el anterior cuadro, que comportan decisiones
amparadas por la presunción de legalidad, por lo que al momento de
incrementar año a año el salario de la accionante, constituyeron el soporte de la
Administración y, por ende, el sustento legal para la emisión del oficio acusado.
Entonces, si su inconformidad radicaba en los porcentajes en que se aumentaron
anualmente los sueldos de los servidores del municipio, le correspondía iniciar
la respectiva acción judicial contra aquellos.
Sumado a lo anterior, al proceso no fueron arrimadas las pruebas que acrediten
la alegada trasgresión a la igualdad, si se tiene en cuenta que esta garantía
implica una proporcionalidad equivalente entre dos o más sujetos, según el
principio de reciprocidad y, como derecho fundamental, aquel inherente a la
persona que constituye el fundamento de legitimidad del orden jurídico justo,
en cuanto es consustancial a la dignidad y al valor de la persona.
De lo anterior se colige que el derecho a la igualdad es la facultad que tiene todo
ser humano y, en general, toda persona, natural o jurídica, de recibir un trato no
discriminatorio por parte de la sociedad civil y del Estado, de acuerdo con el
merecimiento común, esto es, racionalidad y dignidad, como los méritos
particulares en cada caso concreto y con respeto a la diferencia existente entre
los congéneres.
En ese entendido, la igualdad en su esencia se concreta en cuatro mandatos, a
saber: un trato (i) idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias
semejantes; (ii) enteramente diferenciado a personas cuyas situaciones no
compartan ningún elemento en común; (iii) paritario a quienes cuyas
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situaciones presenten similitudes y diferencias, pero que aquellas sean más
relevantes que estas, es decir, un trato igual, a pesar de la distinción; y (iv)
diferenciado a destinatarios que se hallen también en una posición en parte
idéntica y en otra diversa, sin embargo, cuyas diferencias sean más relevantes
que las similitudes, esto es, un trato igual, pese a la disimilitud.
Frente a los mencionados mandatos, la Corte Constitucional8 precisó:
3.1 El derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la
Constitución, se traduce en la identidad de trato que debe darse a
aquellas personas que se encuentren en una misma situación de igualdad
y en la divergencia de trato respecto de las que presenten características
diferentes9. El legislador debe tratar con identidad a las personas que se
encuentren en una misma situación fáctica y dar un trato divergente a
quienes se encuentren en situaciones diversas.
No obstante, el anterior enunciado puede presentar variables que por sí
mismas no hacen que una norma sea discriminatoria. Así, el legislador
puede dar un trato distinto a personas que, respecto de un cierto factor,
se encuentren en un mismo plano de igualdad, pero que desde otra óptica
fáctica o jurídica, sean en realidad desiguales. Así mismo, la igualdad
no excluye la posibilidad de que se procure un tratamiento diferente para
sujetos y hechos que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis,
pero siempre y cuando exista una razón objetiva, suficiente y clara que
lo justifique10.
En tal sentido, el trato diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no
constituye una discriminación, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones: que (i) los hechos sean distintos, esto es, que las personas se
encuentren efectivamente en diferente situación de hecho; (ii) la decisión de
tratarlos de manera disímil esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente;
y (iii) la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y,
además, adecuada.
Por consiguiente, para la Sala (se insiste, sin perjuicio de que los porcentajes en
que se incrementaron los salarios están contenidos en actos administrativos
cuya legalidad no es discutida en este proceso), no se observa una condición
igualitaria entre el cargo de auxiliar, código 470, grado 01, de la actora frente a
8
Sentencia C-229 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9
«Sobre el tema de la igualdad se ha pronunciado la Corte en múltiples sentencias, entre las cuales se pueden
consultar la T-597 de 1993; C-461 de 1995; C-230 1994; C-101 de 2003 (sobre regímenes especiales)».
10
«Al respecto se ha pronunciado la Corte en las sentencias C-445 del 4 de octubre de 1995 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), C-590 del 7 de diciembre de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y T-173 del 29 de
abril de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz)».
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los de alcalde, personero y concejales municipales, que conlleve la aludida
trasgresión de su derecho a la igualdad. Además, si se analizan los porcentajes
de los incrementos salariales de 2012 a 2016 (letra b de la relación de pruebas
que precede), no existe duda de que el nivel directivo tuvo porcentajes inferiores
a los niveles profesional, técnico y asistencial, incluso, este último presentó un
alza del 16% en 2014 frente al directivo que fue del 5%.
En tales condiciones, no resulta viable ordenar la nivelación salarial perseguida
por la actora, por cuanto el oficio acusado está fundamentado en actos
administrativos que establecieron escalas salariales o porcentajes de incremento
salarial para las anualidades 2012 a 2016, cuya presunción está incólume;
además, el ente accionado ha fijado las asignaciones de sus funcionarios con
sustento en las competencias que la Constitución y la ley le otorgan, sin exceder
los topes determinados por el Gobierno nacional para cada anualidad; y no fue
expuesta una situación de desigualdad entre cargos o empleos homólogos o de
la misma categoría, grado o nivel, que pudiera derivar en una distinción
negativa injustificada hacia la interesada.
En otras palabras, el hecho de que el Gobierno nacional disponga anualmente
unos topes salariales para los empleados del orden territorial, no significa que
el concejo de Soledad, al determinar la escala salarial del respectivo municipio,
esté en la obligación de estipular, como remuneración para cada una de las
categorías de empleos de la entidad, el límite máximo fijado, sino que debe tener
en cuenta que no exceda tales márgenes.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las súplicas de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 15 de enero de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda incoada
por la señora Nivia Cecilia Ovalle Leiva contra el municipio de Soledad, de
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acuerdo con lo consignado en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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