Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00442-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00442-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-00442-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00442-01 (0582-2025)
Demandante: José Luis Maldonado Sarmiento y otros
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otros
Tema: Sanción disciplinaria. Artículo 34.9 de la Ley 1015 de 2006
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 2 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección B, Sala de Decisión Oral, Despacho 3, que negó las pretensiones
de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. José Luis Maldonado Sarmiento y otros1 presentaron demanda2 en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -
Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de i) los actos sancionatorios
expedidos a) el 26 de agosto de 2015, en primera instancia, por medio del cual la
Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla,
le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer función
pública por el término de 10 años; y b) el 5 de agosto de 2016, en segunda instancia,
por medio del cual, la Inspección Delegada Región 8 confirmó la decisión anterior;
y ii) la Resolución 05582 del 31 de agosto de 2016, por medio de la cual el Ministerio
de Defensa Nacional dispuso su retiro del servicio activo de la Policía Nacional.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reintegro al servicio activo de
la Policía Nacional al cargo y grado que desempeñaba o a otro de superior categoría
1 Wendy Yohanna García Villamizar, Joswen Maldonado García.
2 Samai tribunales, índice 2, documento 3, páginas 1 a 12.
3 En adelante CPACA.
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con los respectivos cursos de ascensos y «demás requisitos»; ii) el pago de los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir; y iii) el cumplimiento de la
sentencia en los términos señalados en el CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. En la demanda se narraron los siguientes hechos4:
3.1. José Luis Maldonado Sarmiento se desempeñaba como patrullero de la Policía
Nacional, adscrito al CAI Metropolitano desde el 1 de diciembre de 2013.
3.2. El 12 de julio de 2014 se presentó una confrontación en el barrio Santo Domingo
de Guzmán de Barranquilla, en inmediaciones de las viviendas ubicadas en las
carreras 2C 80-39 y 2B 80-38, en la que intervinieron varios miembros de la Policía
Nacional y residentes del sector.
3.3. Con ocasión de esos acontecimientos, Yoiner Luis Cabarcas Rentería puso en
conocimiento de la Policía Nacional presuntas irregularidades relacionadas con la
actuación de varios uniformados y, el 19 de septiembre de 2014, se registró en el
sistema institucional la queja 176117-20140919.
3.4. Mediante auto del 24 de enero de 2015, la Inspección Delegada Región 8
dispuso la apertura de la indagación preliminar P-REGI8-2015-10, con el propósito
de esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables.
3.5. Mediante auto del 20 de abril de 2015, la Inspección Delegada Región 8, remitió
la actuación a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana
de Barranquilla.
3.6. A través de auto del 23 de abril de 2015, la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla avocó conocimiento de la
indagación preliminar P-REGI8-2015-10.
3.7. Mediante auto del 15 de mayo de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno
dispuso vincular a José Luis Maldonado Sarmiento « en calidad de disciplinado» a la
indagación preliminar P-REGI8-2015-10, al considerar que los elementos
recaudados daban cuenta de su posible participación en los hechos investigados.
3.8. Con auto del 24 de julio de 2015, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla, le atribuyó provisionalmente, la
falta gravísima prevista en el artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006,
integrada con el delito de violación de habitación ajena por servidor público, previsto
en el artículo 190 del Código Penal.
3.9. El
18 de agosto de 2015 se instaló la audiencia disciplinaria dentro de la
actuación MEBAR-2015-65; se abrió el período probatorio; y se declaró cerrada
dicha etapa.
4 Para mayor comprensión y claridad, los hechos fueron complementados con lo señalado por el
demandante en el escrito de la demanda y lo registrado en las pruebas obrantes en el expediente.
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3.10. El 24 de agosto de 2015 se reanudó la audiencia disciplinaria, se corrió
traslado para los alegatos de conclusión y se anunció que procedería a adoptar la
decisión correspondiente.
3.11. El 26 de agosto de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Barranquilla profirió acto sancionatorio de primera instancia,
mediante el cual declaró disciplinariamente responsable a José Luis Maldonado
Sarmiento por la falta prevista en el artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006,
integrada con el delito de violación de habitación ajena por servidor público previsto
en el artículo 190 del Código Penal, y le impuso sanción de destitución e inhabilidad
general por el término de 10 años.
3.12.Contra el acto sancionatorio de primera instancia, el actor interpuso recurso
de apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo.
3.13. Mediante decisión del 5 de agosto de 2016, el inspector delegado Región 8
confirmó el acto sancionatorio de primera instancia. Para ello, descartó las
irregularidades procesales alegadas y consideró acreditado que José Luis
Maldonado Sarmiento, mientras se encontraba en ejercicio de sus funciones como
integrante de una patrulla de vigilancia, ingresó sin autorización a una de las
viviendas involucradas en los hechos objeto de reproche.
3.13.1. La autoridad de segunda instancia mantuvo la adecuación de la conducta a la
falta gravísima prevista en el artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006,
integrada con el artículo 190 del Código Penal, así como la imputación a título de
dolo, al considerar que el investigado conocía los límites derivados de su condición
de servidor público y, pese a ello, ejecutó voluntariamente la conducta reprochada.
3.14.Finalmente, mediante la Resolución 05582 del 31 de agosto de 2016, el
Ministerio de Defensa Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta a José Luis
Maldonado Sarmiento.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Se citaron como tales los artículos 2, 6,13, 21, 25, 29, 53, 95, 218, 220 y 230 de
la Constitución Política; 138 del «CCA»; 3, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 18, 19, 27 y 33 de la
Ley 1015 de 2006; 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 33, 90, 91, 92, 95, 128, 133 y 178
de la Ley 734 de 2002; y los decretos 1791 de 2001 y 1800 de 2000.
5. En cuanto al concepto de violación, sostuvo que los actos demandados se
expidieron de forma irregular, vulneraron los derechos al debido proceso, de
audiencia, defensa y contradicción, y los principios de la investigación integral y de
instrumentalidad de las formas, porque la sanción se sustentó en pruebas
testimoniales y documentales recaudadas de forma irregular durante la indagación
preliminar sin la intervención de un funcionario competente. No existieron elementos
suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia ni demostrar una conducta
disciplinariamente reprochable, pues los antecedentes laborales y profesionales
daban cuenta de un adecuado desempeño. La destitución resultó desproporcionada
y afectó sus derechos a la honra, al buen nombre y al trabajo, debido a las
consecuencias personales, profesionales y económicas derivadas de la sanción.
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1.2. Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente5:
6.1. En la demanda no se identificó de manera concreta cuáles actuaciones
desconocieron las garantías fundamentales ni se explicó de qué forma se configuró
la vulneración alegada. El control judicial de los actos disciplinarios no constituía
una tercera instancia y aunque el juez contencioso administrativo ejercía un control
integral sobre estos actos, no podía sustituir sin fundamento la valoración probatoria
efectuada por la autoridad disciplinaria.
6.2. Los actos acusados se profirieron con respeto al debido proceso, el derecho de
defensa, las garantías procesales y las reglas propias del régimen disciplinario. El
actor tuvo la oportunidad de intervenir y controvertir las pruebas recaudadas; de tal
manera que la sanción se profirió con fundamento en las pruebas obrantes en el
expediente y conforme con las leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006, actuación en la
que se desvirtuó la presunción de inocencia del disciplinado.
6.3. En el evento de declararse la nulidad y ordenarse el reintegro, debían
considerarse los ingresos percibidos por el demandante durante el período de
desvinculación, límites desarrollados por la Corte Constitucional en la sentencia Su-
556 de 2014 porque el restablecimiento del derecho no podía generar un
enriquecimiento sin causa.
6.4. Propuso la excepción de inexistencia de nulidad de los actos administrativos,
porque se expidieron con competencia, mediante el procedimiento establecido y con
fundamento en las pruebas documentales y testimoniales legalmente recaudadas y
valoradas, respecto de las cuales, el demandante tuvo la oportunidad de controvertir
y solicitar las que estimara pertinentes.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, Sala de Decisión Oral,
Despacho 3, profirió sentencia el 2 de agosto de 20246, en virtud de la cual negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Para tal efecto, expuso lo
siguiente:
7.1. El proceso disciplinario se originó en una queja presentada el 15 de julio de
2014 por Yoiner Luis Cabarcas Marquez por hechos ocurridos el 12 de julio de 2014,
relacionados con la actuación de varios miembros de la Policía Nacional que
habrían arremetido con piedras y perdigones contra civiles e ingresado a una
vivienda, lo que ocasionó lesiones a varias personas. Durante la indagación
preliminar se recibieron declaraciones que permitieron identificar e individualizar a
José Luis Maldonado Sarmiento como uno de los patrulleros presuntamente
involucrados, razón por la cual fue vinculado a la actuación y posteriormente citado
a audiencia por la posible comisión de una falta gravísima.
5 Expediente digital. Documento «023_23_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_013CONTESTACIONDE».
6 Samai tribunales, índice 28.
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7.2. No se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del
demandante, pues su vinculación a la actuación le fue notificada personalmente,
tuvo acceso al expediente y conoció las pruebas recaudadas durante la indagación
preliminar, de manera que contó con la posibilidad de solicitar su ampliación o
reiteración y controvertirlas antes de la citación a audiencia. Asimismo, rindió
versión libre, decidió ejercer directamente su defensa y tuvo a su disposición las
facultades reconocidas a los sujetos procesales por el artículo 92 de la Ley 734 de
2002.
7.3. La circunstancia de que algunas pruebas hubieran sido recaudadas durante la
indagación preliminar tampoco generaron la nulidad de la actuación. Esta etapa
tenía por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si podía constituir
falta disciplinaria e identificar a sus posibles autores, sin que fuera obligatoria la
participación del disciplinado desde su inicio. En el caso concreto, la indagación
resultó necesaria porque la denuncia inicial no permitía individualizar plenamente a
los patrulleros involucrados, identificación que se logró a partir de las pruebas
recaudadas.
7.4. La autoridad disciplinaria efectuó una valoración conjunta de las pruebas
conforme con las reglas de la sana crítica; los testimonios de la denunciante y de
los demás declarantes acreditaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
los hechos y fueron corroborados por otros elementos, entre ellos, la queja, la
denuncia penal, el informe pericial de clínica forense, el registro fotográfico y los
certificados laborales. Este material permitió establecer que ingresó sin autorización
a la vivienda de los quejosos y aprovechó su condición de miembro de la Policía
Nacional, sin que el demandante desplegara actividad probatoria suficiente para
desvirtuar tales elementos.
7.5. En consecuencia, la actuación administrativa respetó las garantías del debido
proceso, defensa y contradicción; y se acreditó la conducta disciplinaria, pues el
comportamiento del demandante afectó de manera sustancial el deber funcional y
comprometió gravemente la imagen, credibilidad y confianza de la Policía Nacional.
1.4. El recurso de apelación
8. José Luis Maldonado Sarmiento interpuso recurso de apelación al considerar que
en el proceso disciplinario se presentaron irregularidades sustanciales que
vulneraron sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Al efecto,
señaló lo siguiente7:
8.1. La queja que dio origen al proceso disciplinario no estaba suscrita por el quejoso
y durante la diligencia de ratificación este manifestó que se ratificaba «en todo»
menos respecto del contenido «obrante en el folio 2 del expediente», que, correspondía
a la queja que dio origen a la investigación; y los testimonios que sustentaron la
sanción fueron recaudados durante la indagación preliminar, es decir, antes de su
vinculación formal al proceso, y una vez vinculado, no se dispuso el decreto ni la
práctica de estos. Aunado a ello, la autoridad disciplinaria no dio cumplimiento a lo
dispuesto en el auto del 15 de mayo de 2015, mediante el cual ordenó ponerle de
7 Samai tribunales, índice 32.
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presente las pruebas obrantes en el expediente para que pudieran ser ampliadas o
reiteradas en los aspectos que estimara pertinentes, pues, no obraba constancia de
actuación alguna dirigida a materializar esa posibilidad.
8.2. En esas condiciones, no tuvo la oportunidad de intervenir en la práctica de las
pruebas para garantizar su contradicción efectiva ni siquiera de solicitar su
ampliación, prerrogativas reconocidas en los artículos 90 y 92 de la Ley 734 de
2002. En consecuencia, tales pruebas debían tenerse por inexistentes al ser
recaudadas sin el lleno de las formalidades sustanciales conforme con lo señalado
en el artículo 140 ejusdem.
8.3. También se presentaron irregularidades una vez la actuación fue remitida por
competencia a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana
de Barranquilla, pues, pese a que esta avocó conocimiento el 23 de abril de 2015,
el 11 de mayo siguiente recibió la declaración de Jair Romero Márquez sin que
mediara auto que decretara dicha prueba. Asimismo, la actuación continuó bajo el
radicado P-REGI8-2015-10 y solo el 24 de julio de 2015 se le asignó el radicado
MEBAR 2015-65, sin que se le hubiera notificado formalmente su vinculación a la
actuación identificada con este último radicado.
8.4. La Inspección Delegada Región 8, en la cual se inició la indagación preliminar
P-REGI8-2015-10 el 24 de enero de 2015 y se recaudaron varias de las pruebas
que posteriormente sustentaron la sanción, fue también la dependencia que profirió
el fallo de segunda instancia del 5 de agosto de 2016. Por esta razón, el funcionario
que resolvió la apelación, al haber tenido conocimiento previo de la actuación, debió
declararse impedido, de modo que su intervención desconoció el deber de
imparcialidad y configuró una irregularidad que afectaba la actuación disciplinaria.
8.5. No se demostró su participación en los hechos investigados porque, de un lado,
los testimonios no permitían establecer con certeza que hubiera estado presente el
día de los hechos, pues ciertos declarantes hicieron referencia a la presencia de
«algunos uniformados», además de existir contradicciones entre estos y la queja
presentada; de otro, los documentos relacionados con el servicio policial, en
especial el Oficio 1025 del 1 de febrero de 2015, demostraban que, en ese
momento, se encontraba asignado al CAI Metropolitano y no al CAI Santa María
ubicado en la jurisdicción del lugar de los hechos. Además, no se investigó a Camilo
Arturo Laverde Cifuentes ni se le recibió declaración, pese a que algunos elementos
lo señalaron como uno de los uniformados que intervino en el procedimiento
cuestionado.
8.6. En consecuencia, el material probatorio no permitía establecer con certeza su
participación en el ingreso a la vivienda del quejoso ubicada en la carrera 2C, 80-39
del Barrio Santo Domingo de Guzmán de Barranquilla (Atlántico) ni en las
agresiones atribuidas a los uniformados.
8.7. Por lo tanto, las irregularidades procedimentales y probatorias descritas,
aunadas a la falta de certeza sobre su participación en los hechos, impedían
atribuirle responsabilidad disciplinaria.
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1.5. Trámite de la segunda instancia
9. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia9.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos».
2.2. Problemas jurídicos
12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación que
delimitan la competencia del juez en segunda instancia10, y en atención a la
necesidad de examinar las categorías dogmáticas de la responsabilidad
disciplinaria para resolver el problema jurídico planteado, los problemas jurídicos se
circunscriben a establecer:
12.1. ¿si durante el trámite de la actuación disciplinaria se presentaron
irregularidades procesales que vulneraron los derechos al debido proceso, defensa
y contradicción de José Luis Maldonado Sarmiento y si tenían la entidad suficiente
para afectar la validez de la actuación?
12.2. ¿si la autoridad disciplinaria realizó una incorrecta adecuación típica de la
8 Tal y como se indicó en el auto del 30 de abril de 2025. Índice 4 de Samai.
9 Así se desprende del informe secretarial del 11 de junio de 2025. Índice 8 de Samai.
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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conducta atribuida a José Luis Maldonado Sarmiento?
12.3. ¿si
el material probatorio recaudado en la actuación disciplinaria permitía
establecer que José Luis Maldonado Sarmiento incurrió en la conducta por la cual
fue sancionado?; y
12.4. ¿si con la conducta atribuida a José Luis Maldonado Sarmiento se configuró la
ilicitud sustancial exigida para atribuirle responsabilidad disciplinaria?
12.5. ¿si la conducta atribuida a José Luis Maldonado Sarmiento podía imputársele
a título de culpa grave, de acuerdo con las circunstancias acreditadas en la
actuación disciplinaria?
13. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará el debido
proceso y las garantías de defensa y contradicción en la actuación disciplinaria; la
tipicidad de la conducta; y finalmente, la valoración probatoria, la ilicitud sustancial
y la culpabilidad. Con ese propósito, expondrá respecto de cada uno de estos
aspectos el marco normativo y jurisprudencial aplicable y, enseguida, se efectuará
el análisis del caso concreto.
2.3. Análisis de la Sala
2.3.1. El debido proceso en las actuaciones disciplinarias y la procedencia de
la declaración de nulidades dentro del proceso
2.3.1.1. Marco normativo y jurisprudencial
14. El artículo 29 de la Constitución Política prevé que el debido proceso se deberá
aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Además, que i)
nadie podrá ser juzgado sino conforme con las leyes preexistentes al acto que se
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio; y ii) quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y
a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho.
15. A su turno, el artículo 6 de la Ley 734 de 2002 previó que el sujeto disciplinable
«deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de
las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la
ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público».
16. En relación con el contenido de esta garantía en materia disciplinaria, la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha precisado11:
«Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la
garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y
formales de obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 11 de agosto de 2022, radicado 25000-23-42-000-2015-03893-01 (1914-2020), C. P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: José Luis Maldonado Sarmiento y otros
constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas,
en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e impugnar las
decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el
juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las decisiones
adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación del debido
proceso».
17. Asimismo, esta corporación ha destacado que el control judicial de las
actuaciones disciplinarias debe orientarse a la protección de las garantías básicas
cuando estas no fueron debidamente salvaguardadas en sede administrativa. En
ese sentido, ha señalado:
«Todo lo anterior implica que en la sede Contenciosa Administrativa, el debate discurre
en torno a la protección de las garantías básicas, cuando quiera que el proceso
disciplinario mismo ha fracasado en esa tarea, es decir, cuando el trámite impreso a la
actividad correccional resulta intolerable frente a los valores constitucionales más
preciados, como el debido proceso, el derecho de defensa, la competencia del
funcionario y de modo singular, si el Decreto y la práctica de las pruebas se hizo
atendiendo estrictamente las reglas señaladas en la Constitución y en la ley12».
18. No obstante, la Sección también ha precisado que no toda irregularidad
procesal tiene entidad suficiente para afectar la validez de la actuación disciplinaria,
pues:
«No cualquier defecto procesal está llamado a quebrar la presunción de acierto que
blinda los actos de la Administración, cuando ella se expresa en el ejercicio de la
facultad disciplinaria13».
19. En cuanto a las garantías procedimentales, estas se relacionan con la
observancia de las formas propias de cada juicio, particularmente, con las etapas y
términos establecidos para el desarrollo de la actuación. En materia disciplinaria, la
Ley 734 de 2002 reguló las distintas fases que integran el procedimiento, entre ellas,
la indagación preliminar, la investigación disciplinaria, la formulación del pliego de
cargos y término de descargos, la etapa probatoria y la decisión sancionatoria.
20. Por su parte, las garantías sustanciales comprenden entre otros aspectos, la
legalidad de la falta y sanción disciplinaria, el derecho de defensa, la publicidad y
contradicción de la actuación y la posibilidad de solicitar y controvertir las pruebas14.
Pero, también atañen a aquellas relacionadas con « la legalidad de la sanción, del
debate y los medios probatorios, el juez natural; la favorabilidad y ultractividad de la ley, la
presunción de inocencia; la proscripción de la responsabilidad objetiva, la defensa material
y técnica, la publicidad, celeridad, contradicción, el non bis in ídem y la prohibición de la
reformatio in pejus»15.
21. Con el propósito de salvaguardar las garantías descritas, el legislador estableció
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de marzo de 2011, radicado 05001-23-31-000-1998-02823-01 (2060-10), C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila.
13 Ibidem.
14 Ver entre otras: Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia proferida el 6 de octubre de 2016.
Demandante: Piedad Córdoba. Demandado: Procuraduría General de la Nación. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00681-00 (2362-2012)
15 Ver: Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de
marzo de 2017, radicado 110010325000201100519 00 (2009-2011) y Sentencia C-292 de 2008.
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las nulidades procesales, como mecanismos destinados a corregir las
irregularidades sustanciales que puedan afectar la validez de la actuación
disciplinaria.
22.En el proceso disciplinario, la Ley 734 de 2002 determinó en su artículo 143
como causales de nulidad «1. La falta de competencia del funcionario para proferir el
fallo. 2. La violación del derecho de defensa del investigado. 3. La existencia de
irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso». Asimismo, en su parágrafo
regló que «[l]os principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación,
consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento».
23. El procedimiento penal está reglado en la Ley 600 de 2000 para el trámite del
juicio de los delitos cometidos con anterioridad al 1 de enero de 2005 y permanece
vigente también para los procesos penales adelantados en contra de los altos
funcionarios del Estado descritos en el numeral 3 del artículo 235, con
independencia de la fecha en que se cometió la conducta punible16; y por la Ley 906
de 2004 para las ejecutadas en fecha posterior.
24. La primera de las normas mencionadas [Ley 600 de 2000] regló en su artículo
310 los principios de instrumentalidad, trascendencia, protección, convalidación,
residualidad y taxatividad que deben tenerse en cuenta al resolverse las nulidades.
La disposición los describió, en su orden, de la siguiente manera:
«[…] Artículo 310. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su
convalidación.
1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual
estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa.
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta
garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la
instrucción y el juzgamiento.
3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con su
conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa
técnica.
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado,
siempre que se observen las garantías constitucionales.
5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la
irregularidad sustancial.
Cuando la resolución de acusación se funde en la prueba necesaria exigida como
requisito sustancial para su proferimiento, no habrá lugar a declaratoria de nulidad si
la prueba que no se practicó y se califica como fundamental puede ser recaudada en
la etapa del juicio; en cambio procederá cuando aquella prueba fuese imprescindible
para el ejercicio del derecho de defensa o cuando se impartió confirmación a las
resoluciones que negaban su práctica, a pesar de su evidente procedencia.
6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas en este
capítulo […]».
25. A los anteriores principios se suma el de «acreditación», según el cual «quien la
alega [la nulidad] debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho
y de derecho en los que se apoya»17. La aplicación de tales principios pretende limitar
que las causales de nulidad sean usadas con el único fin de invalidar las
actuaciones y busca limitar que ello ocurra por la sola existencia de
16 Artículo 533 Ley 906 de 2004. Sobre la vigencia de la Ley 600 de 2000 se puede revisar la
siguiente providencia: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 5 de
octubre de 2020, expediente 11001 02 30 000 2020 00661 00, aprobado acta 31.
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de abril de 2017, AP2399-
2017 Radicación 48965 aprobado en Acta 102 del 5 de abril de 2017.
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irregularidades18.
26. La Ley 906 de 2004 regló las causales de nulidad y su trámite en los artículos
455 a 458, pero dentro de su regulación no estableció los principios incluidos en la
Ley 600 de 2000. No obstante, la jurisprudencia ha indicado que al resolver las
nulidades el juez debe guiarse por ellos, puesto que la decisión sobre la ineficacia
de los actos procesales no es libre y debe orientarse por tales mandatos. Al respecto
la Corte Suprema de Justicia precisó lo siguiente19:
«[…] la Sala tiene precisado que los motivos de ineficacia de los actos procesales -a
que se alude en el Libro III, Título VI, artículos 455 y siguientes de la Ley 906 de 2004,
no son de postulación libre, sino que, por el contrario, se hallan sometidos al
cumplimiento de precisos principios que los hacen operantes.
En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que de acuerdo con dichos principios,
solamente es posible alegar las nulidades expresamente previstas en la ley
(taxatividad); no puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado
lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo el caso de ausencia de defensa
técnica, (protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse
con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser
observadas las garantías fundamentales (convalidación); quien alegue la nulidad está
en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías
constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de
la investigación y/o el juzgamiento (trascendencia); no se declarará la invalidez de un
acto cuando cumpla la finalidad a que estaba destinado, pues lo importante no es que
el acto procesal se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley
para su producción, sino que a pesar de no cumplirlas estrictamente, en últimas se
haya alcanzado la finalidad para la cual está destinado (instrumentalidad) y; además,
que no existe otro remedio procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que
se advierte (residualidad) [...]».
27. Comoquiera que el parágrafo del artículo 143 de la Ley 734 de 2002 ordenó que
para el estudio de las nulidades dentro del proceso disciplinario se acudiera a los
principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación previstos en el
Código de Procedimiento Penal ya analizados, es claro que deben ser tenidos en
cuenta para tales efectos, máxime cuando también la Ley 600 de 2000 mantiene su
vigencia en este aspecto. De esta manera, para decretar la nulidad debe verificarse
el cumplimiento de los supuestos que prevé el artículo 310 de la Ley 600 de 2000
que los contiene.
28. Ahora bien, el artículo 144 del CDU señaló que la nulidad podía declararse de
oficio si el funcionario advierte la configuración de alguna de las causales regladas
en el artículo 143 ibidem. A su turno, el artículo 146 prescribió que la nulidad podía
formularse «antes de proferirse el fallo definitivo» con la indicación concreta de la
causal y sus fundamentos de hecho y de derecho.
29. En tal virtud, se debe determinar si el disciplinado al no alegar la nulidad
coadyuvó con la materialización del acto irregular o si con su actuación lo convalidó.
De ser así no es posible su decreto, salvo que se afecte la defensa técnica o las
garantías constitucionales de acuerdo con los principios de trascendencia,
protección y convalidación [numerales 2, 3 y 4, artículo 310 Ley 600 de 2000].
18 Ibidem.
19Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 26 de octubre de 2011,
Radicado 321143 aprobado en Acta 382. En igual sentido ver la sentencia de esa sala del 5 de
septiembre de 2018, Radicado 51853 aprobado en Acta 304.
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30. Asimismo, conviene precisar que esta Sección ha señalado que no cualquier
irregularidad en el procedimiento administrativo conlleva a la declaratoria de nulidad
de los actos20. Al respecto, se puntualizó que «no toda irregularidad acaecida en el
curso de un procedimiento administrativo o inobservancia de requisitos formales por parte
de la administración pública constituye por sí sola, un motivo para declarar la nulidad de los
actos administrativos producto de una actuación administrativa»21.
31. En ese orden, solo cuando se transgredan las garantías fundamentales o se
presenten falencias sustanciales procederá la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos definitivos22. Premisa que coincide con el principio de trascendencia
indicado en el numeral 2 del artículo 310 de la Ley 600 de 2000.
32. En suma, en cada caso se deberá verificar cuáles fueron las irregularidades
presentadas en el proceso disciplinario y si quebrantaron los derechos del
investigado o tienen tal magnitud para declarar la nulidad del acto administrativo
que impuso la sanción, esto es, se debe determinar si la irregularidad fue de una
naturaleza tal y de tanta trascendencia que de no haber sucedido hubiese cambiado
el resultado del proceso23, pues de ser así, se concluirá que fue expedido
irregularmente al quebrantar las formas propias del juicio.
2.3.1.2. Las formas de iniciar la actuación disciplinaria
33. De conformidad con los artículos 68 y 69 de la Ley 734 de 2002, la acción
disciplinaria es de naturaleza pública; y puede iniciarse y adelantarse de oficio «por
información proveniente de [un] servidor público o de otro medio que amerite credibilidad,
o por queja formulada por cualquier persona». En concordancia con lo anterior, el
artículo 70 ejusdem establece que «el servidor público que tenga conocimiento de un
hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará
inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento
de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere».
34. De esta manera, el legislador previó diferentes mecanismos a través de los
cuales la autoridad disciplinaria puede tener conocimiento de hechos con eventual
relevancia disciplinaria e iniciar la acción correspondiente.
35. Ahora bien, respecto de la queja como una de las formas de poner en
20 Expediente 2202-28, C.P. César Palomino Cortés.
21 Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2019, radicación 76001-23-33-000-2014-00576-
01(1010-19).
22 En iguales términos esta subsección manifestó que «[u]na irregularidad acaecida en el curso de
un procedimiento administrativo se considera sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que
culmina con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado,
es decir, que de no haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación
jurídica debatida hubiese tenido un sentido sustancialmente distinto. Por el contrario, las
irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto discutido, esto es, que de no haber
ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la relevancia para generar la
nulidad del mismo, pues, esto no desconoce la finalidad del debido proceso administrativo, es decir,
la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.» Subsección B, sentencia del 2 de
octubre de 2019, radicación 76001-23-33-000-2014-00576-01(1010-19).
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Segunda. Subsección A. sentencia
del 10 de marzo de 2016. Radicación: 11001-03-25-000-2011-00615-00(2368-11). Ver también la
sentencia, del mismo el 25 de febrero de 2016. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00148-00(0639-12) y
sentencia del 4 de febrero de 2016 de la Subsección B con radicado 11001-03-25-000-2012-00146-
00(0627-12).
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conocimiento de la autoridad la posible comisión de una falta disciplinaria, el artículo
69 de la Ley 734 de 2002 establece una regla particular frente a los anónimos, al
disponer que la acción disciplinaria no procederá con fundamento en estos, salvo
cuando cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los artículos 38 de la
Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992.
36. Sobre este aspecto, el artículo 27, numeral 1, de la Ley 24 de 1992 dispone la
inadmisión de las quejas anónimas o carentes de fundamento. A su vez, el artículo
38 de la Ley 190 de 1995 para asuntos disciplinarios, señala una excepción a dicha
regla cuando «existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o
infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio». De este modo, la
información anónima no habilita, por sí sola, el inicio de la acción disciplinaria, pues
se requiere de la existencia de elementos probatorios suficientes que permitan a la
autoridad adelantarla de oficio.
37.En esa línea, al interpretar el alcance de esta excepción, la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado24 ha precisado que, «la acción disciplinaria se
puede iniciar por anónimo, cuanto éste contenga los fundamentos mínimos que permitan al
operador deducir una situación fáctica que afecte el adecuado funcionamiento de la
administración», sin que ello desconozca la prohibición prevista en la ley, en tanto « la
potestad disciplinaria se puede ejercer de oficio, dada la naturaleza pública de esta acción».
38. Asimismo, aclaró que «la queja anónima, por sí misma, no se puede erigir como
prueba de lo que en ella se consigne»; sin embargo, ello no impide que « sirva como
referente respecto de la comisión de una falta disciplinaria», pues la autoridad
disciplinaria, en ejercicio de su facultad oficiosa, puede determinar si la conducta
puesta en su conocimiento constituye una falta de esa naturaleza.
39. Finalmente, el parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 de 2002 delimita la
participación del quejoso «únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad
del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo
y el fallo absolutorio».
2.3.1.3. La indagación preliminar y la práctica de pruebas durante esta etapa
40. De conformidad con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, la indagación
preliminar tiene como propósito «verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión
de la responsabilidad». Esta procede «en caso de duda sobre la procedencia de la
investigación» o «sobre la identificación o individualización del autor de una falta
disciplinaria». Para el cumplimiento de tales fines, el funcionario competente podrá
«ha[cer] uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y […] oír en exposición libre
al disciplinado».
41. De esta manera, la indagación preliminar constituye una etapa previa a la
investigación disciplinaria, dirigida a establecer si existen elementos que justifiquen
su apertura, sin que su carácter preliminar impida el recaudo de las pruebas
necesarias para cumplir con los fines previstos para esa etapa.
24Al respecto se puede consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2021, radicado 11001-03-25-000-
2015-00474-00 (1172-15), C.P. César Palomino Cortés.
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42. En concordancia con lo anterior, el artículo 152 dispone que «cuando, con
fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación preliminar, se
identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el funcionario iniciará la
investigación disciplinaria». Por consiguiente, los elementos probatorios recaudados
durante la indagación preliminar pueden servir de fundamento para determinar la
procedencia de la investigación disciplinaria y disponer su apertura.
43. Ahora bien, respecto de las garantías que enmarcan las pruebas recaudadas
durante la indagación preliminar, el artículo 91 de la Ley 734 de 2002 dispone que
la calidad de investigado «se adquiere a partir de la apertura de la investigación o de la
orden de vinculación, según el caso». A partir de ese momento, el investigado, en su
condición de sujeto procesal, puede «[s]olicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e
intervenir en su práctica», de conformidad con el artículo 92, numeral 4 ejusdem. A su
vez, el artículo 138 establece que «[l]os sujetos procesales podrán controvertir las
pruebas a partir del momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria».
44. De manera particular, el artículo 91 señala que «[e]l trámite de la notificación
personal no suspende en ningún caso la actuación probatoria encaminada a demostrar la
existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado […] aquellas pruebas que se
hayan practicado sin la presencia del implicado, en tanto se surtía dicho trámite de
notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el disciplinado».
45. Sobre este asunto, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado25
ha precisado que la vinculación a la actuación habilita al investigado para ejercer el
derecho de contradicción respecto de las pruebas recaudadas durante la indagación
preliminar. Así, a partir de ese momento, puede conocer el material probatorio y
ejercer las facultades correspondientes, porque «una vez […] vinculado, p[uede] sobre
ellas pedir su ampliación, interrogar y contrainterrogar o inclusive objetarlas».
2.3.1.4. El decreto y la práctica de pruebas en la actuación disciplinaria
46.La Ley 734 de 2002 regula la actividad probatoria a partir del principio de
necesidad de la prueba, en ese sentido, el artículo 128 dispone que « toda decisión
interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y
aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa», y
atribuye al Estado la carga de la prueba. A su vez, el artículo 129 faculta al
funcionario para decretar pruebas de oficio, con el propósito de establecer «la verdad
real» y esclarecer tanto las circunstancias que comprometan la responsabilidad del
investigado como aquellas que conduzcan a eximirlo de esta.
47. En cuanto a los medios probatorios, el artículo 130 ejusdem reconoce, entre
otros, el testimonio y dispone que su práctica debe sujetarse a las normas del
Código de Procedimiento Penal, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza
y las reglas del derecho disciplinario. Por su parte, el artículo 132 faculta a los
sujetos procesales para aportar y solicitar las pruebas que estimen conducentes y
pertinentes y establece que «no se atenderán las practicadas ilegalmente».
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de marzo de 2015, radicado 11001-03-25-000-2012-00320-00 (1282-12), C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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48. Asimismo, cuando la práctica de una prueba se encomienda a otro servidor
público, el artículo 133 permite al funcionario competente comisionarlo para tal
efecto y exige que «en la decisión que ordene la comisión se deben establecer las
diligencias objeto de la misma y el término para practicarlas». El comisionado, a su vez,
se encuentra facultado para practicar las pruebas que «surjan directamente de las que
son objeto de la comisión», siempre que esa posibilidad no le haya sido expresamente
prohibida.
49. Finalmente, el artículo 140 de la Ley 734 de 2002 establece la consecuencia
aplicable a la prueba recaudada con desconocimiento de las garantías esenciales,
al disponer que «la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con
desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, se tendrá como
inexistente».
2.3.1.5. La vinculación y notificación del investigado en la actuación
disciplinaria
50. La notificación de las decisiones proferidas dentro de la actuación disciplinaria
constituye una manifestación del principio de publicidad, en cuanto permite ponerlas
en conocimiento del investigado para que pueda ejercer los derechos y garantías
que le reconoce el ordenamiento. En ese sentido, los artículos 100 y 101 de la Ley
734 de 2002 prevén las distintas formas de notificación y establecen, en particular,
que el auto de apertura de investigación debe notificarse personalmente26.
51. En concordancia con lo anterior, el artículo 155 ibidem dispone que, iniciada la
investigación disciplinaria, «se notificará al investigado y se dejará constancia en el
expediente respectivo» y que, en la comunicación correspondiente, se le informará
sobre su derecho a designar defensor.
52. En cuanto a la vinculación del investigado en la actuación disciplinaria, el
artículo 154 de la Ley 734 de 2002 establece que la decisión de apertura debe
contener, entre otros aspectos, la identidad del posible autor o autores y « la orden
de informar y de comunicar esta decisión, de conformidad con lo señalado en este código».
53. A su vez, el artículo 107 dispone que cuando el auto de apertura de
investigación no pueda notificarse personalmente, se citará al disciplinado « por un
medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida
o a la que aparezca en el proceso disciplinario», de cuyo envío deberá dejarse
constancia en el expediente. Si transcurren 8 días desde el envío de la citación sin
que comparezca, la providencia se notificará mediante edicto.
2.3.1.6. La imparcialidad de la autoridad disciplinaria y el régimen de
impedimentos
54. La Ley 734 de 2002 estableció la imparcialidad como uno de los principios que
orientan la actuación disciplinaria, al respecto, el artículo 94 dispone que esta «se
desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la presente ley y en el
artículo 3 del Código Contencioso Administrativo» y que, asimismo, se observarán
26Al respecto, se puede consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2025, radicado 17001-23-33-
000-2018-00119-01 (2373-2024), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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«los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad,
publicidad y contradicción».
55. Como garantía de ese principio, el artículo 84 establece las causales por las
cuales el servidor público que ejerza la acción disciplinaria debe declararse impedido.
Entre ellas, establece «haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser
cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la
providencia».
56. A su vez, el artículo 85 establece que el servidor público en quien concurra
cualquiera de las causales previstas en la disposición anterior «debe declararse
inmediatamente impedido, una vez la advierta», mediante escrito en el que exprese
las razones, señale la causal y, cuando resulte posible, aporte las pruebas pertinentes.
57. Por su parte, el artículo 86 permite a cualquiera de los sujetos procesales recusar
al servidor público que conozca de la actuación disciplinaria cuando concurra alguna
de las causales de impedimento previstas en el artículo 84. En tal evento, la recusación
debe formularse con indicación de la causal invocada y de los hechos en que se
sustenta.
2.3.1.7. Análisis del caso concreto
58. El demandante alegó en el recurso de apelación que la autoridad disciplinaria
vulneró sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción, debido a diversos
defectos procedimentales presentados durante la actuación disciplinaria que culminó
con la imposición de la sanción.
59. En esas condiciones, para resolver dicho cargo, corresponde determinar si las
irregularidades invocadas por el demandante efectivamente se presentaron y, de ser
así, si tuvieron carácter sustancial o la entidad suficiente para afectar los derechos al
debido proceso, defensa y contradicción y, por lo tanto, dar lugar a la nulidad de los
actos administrativos sancionatorios.
60. Para efectos metodológicos, comoquiera que uno de los reproches formulados por
el recurrente se refiere a la falta de suscripción de la queja que dio origen a la actuación
disciplinaria y otro, a la manifestación efectuada por el quejoso durante la diligencia de
ratificación respecto del folio 2 del expediente, en el cual aquella se encontraba
consignada, y su resolución no exige examinar el desarrollo posterior del
procedimiento, la Sala abordará inicialmente el estudio de ambos aspectos de manera
independiente.
61. Resuelto lo anterior, se abordará el análisis de la actuación disciplinaria desde la
apertura de la indagación preliminar hasta la decisión que resolvió el recurso de
apelación, con especial referencia a las actuaciones relevantes de cara al caso
concreto para posteriormente estudiar los restantes reproches formulados por el
recurrente, relacionados con i) el recaudo y contradicción de las declaraciones
practicadas durante la indagación preliminar; ii) la declaración recibida con
posterioridad a la remisión del expediente por competencia; iii) el cambio de radicación
y la falta de notificación; y iv) la imparcialidad de la autoridad que resolvió el recurso
de apelación.
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62. En torno a la falta de suscripción y ratificación de la queja
62.1. El actor alegó que la queja que dio origen a la actuación disciplinaria no se
encontraba suscrita por el quejoso y que, pese a ello, la autoridad disciplinaria la tuvo
en cuenta para iniciar el procedimiento y sustentar la actuación adelantada en su
contra.
62.2. Sobre el particular, conviene señalar que el proceso disciplinario adelantado
contra José Luis Maldonado Sarmiento surgió con ocasión de la queja 176117-
20140919, radicada en el sistema de la Policía Nacional el 19 de septiembre de
201427, relacionada con los hechos ocurridos el 12 de julio de 2014 en el barrio Santo
Domingo de Guzmán de Barranquilla.
62.3. En cuanto a la suscripción, se advierte que en la parte inferior del formato de
recepción de PQRS obra una firma manuscrita bajo el acápite denominado «Firma,
PQRS firma peticionario y datos de la unidad policial receptora y funcionario», seguido de la
identificación de Yoiner Luis Cabarcas Rentería (quejoso) y su número de documento.
Ahora bien, al contrastar dicha rúbrica con la firma que el quejoso plasmó en la
denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación el 15 de julio de 201428, en
el espacio expresamente destinado a la «Firma del Denunciante», se advierte presentan
rasgos gráficos ostensiblemente diferentes. Sin embargo, esta sola circunstancia no
permite concluir que la firma incorporada en el formato de recepción de PQRS no
corresponda a Yoiner Luis Cabarcas Rentería.
62.4. El apelante también cuestionó la validez de la queja porque, durante la diligencia
de ratificación y ampliación practicada el 17 de marzo de 2015, Yoiner Luis Cabarcas
Rentería manifestó que la reconocía y se ratificaba en ella, salvo respecto del
contenido obrante en el folio 2 del expediente, el cual correspondía al formato de
recepción de PQRS en el que se encontraba consignada la queja que dio origen a la
actuación disciplinaria.
62.5. Revisada dicha diligencia, se advierte que, luego de ponerle de presente los folios
2 a 26 del expediente y preguntarle si reconocía la queja y se ratificaba total o
parcialmente en su contenido, el quejoso respondió: «[s]í la reconozco, y me ratifico de
ella en todo, menos en […] el folio No. 2 obrante en el expediente». A continuación, explicó
que dicho folio «para firmarlo nunca se lo dieron, pero del resto sí me ratifico». Acto seguido,
al solicitarle que precisara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos,
relató nuevamente los acontecimientos ocurridos el 12 de julio de 2014, identificó a
José Luis Maldonado Sarmiento como uno de los policías que intervino y describió las
circunstancias en las que, según su versión, ingresó a la vivienda.
62.6. Así las cosas, aunque le asiste razón al apelante en cuanto sostiene que Yoiner
Luis Cabarca Rentería manifestó no haber suscrito el formato de recepción de PQRS
que dio origen a la actuación disciplinaria, esta circunstancia no determina, por sí sola,
la invalidez de la actuación. Esto es así, toda vez que la manifestación efectuada
durante la diligencia de ratificación respecto del folio 2 debía valorarse junto con la
explicación que ofreció inmediatamente después, pues indicó que dicho folio no le
27 Expediente digital, documento 43, página 3.
28 Expediente digital, documento 43, página 6.
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había sido entregado para firmarlo y, acto seguido, relató nuevamente las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos allí señalados, e identificó al
demandante como uno de los uniformados que intervino.
62.7. En este punto, valga recordar que, tal como se expuso en el marco normativo, la
acción disciplinaria puede iniciarse de oficio cuando la autoridad tiene conocimiento,
por un medio que amerite credibilidad, de hechos que puedan constituir una falta
disciplinaria. De tal manera que, si bien la queja constituye uno de los mecanismos
para ponerlos en conocimiento de la autoridad, en todo caso, no es un presupuesto
indispensable para el ejercicio de la potestad disciplinaria.
62.8. De otra parte, la identidad del quejoso se encontraba determinada, pues en el
formato de recepción de PQRS se consignaron el nombre, el número de identificación
y los datos de contacto, además del relato de los hechos puestos en conocimiento de
la autoridad. A ello se sumó que Yoiner Luis Cabarcas Rentería compareció
personalmente ante la autoridad disciplinaria el 17 de marzo de 2015 y rindió
declaración sobre los hechos objeto de investigación. En consecuencia, la falta de
suscripción del documento y la manifestación efectuada por el quejoso respecto del
folio 2 al momento de la ratificación no impedían a la autoridad valorar la información
suministrada y, de encontrar mérito para ello, ejercer de oficio la acción disciplinaria.
62.9. En consecuencia, si bien se encuentra acreditado que la queja no fue suscrita por
el quejoso y que, durante la diligencia de ratificación, este manifestó que se ratificaba
en ella «en todo» menos respecto del folio 2, tal afirmación no podía valorarse
aisladamente, pues inmediatamente explicó que dicho folio no le había sido entregado
para firmarlo y, en la misma diligencia, relató nuevamente los hechos que dieron origen
a la actuación. Por tanto, estas circunstancias no tenían la entidad suficiente para
afectar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del demandante,
máxime cuando la falta de suscripción de la queja no impedía el ejercicio oficioso de
la acción disciplinaria. Así las cosas, este reproche no tiene vocación de prosperidad.
63. Desarrollo de la actuación disciplinaria
63.1. Mediante auto del 24 de enero de 2015, la Inspección Delegada Región 8 dispuso
la apertura de la indagación preliminar P-REGI8-2015-1029 y decretó la práctica de
diversas pruebas. En lo que atañe a este reproche, ordenó recibir las declaraciones
de Yoiner Luis Cabarcas, en diligencia de ratificación y ampliación de la queja, así
como de Yureine Hoyer Palacios y Yirina del Carmen Cabarcas Márquez; y designó
al intendente Edison Enrique Arroyo Deches «funcionario de primera instancia de la
Inspección Delegada Región 8», para la práctica de estas pruebas.
63.2. Para el efecto, mediante comunicación del 9 de marzo de 201530, dicha inspección
citó a Yoiner Luis Cabarcas Rentería para que compareciera el 17 de marzo de 2015,
con el fin de recibirle la diligencia de ratificación y ampliación de la queja. Asimismo,
citó a Yureine Hoyer Palacios y Yirina del Carmen Cabarcas Márquez para que
comparecieran en esa fecha, con el propósito de ser escuchadas como testigos de los
hechos.
29 Expediente digital, documento 43, páginas 28 a 31.
30 Expediente digital, documento 43, página 53.
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63.3. Los citados comparecieron en la fecha señalada31. A Yoiner Luis Cabarcas
Márquez se le recibió diligencia de ratificación y ampliación de la queja; Yureine Hoyer
Palacios y Yirina del Carmen Cabarcas Márquez rindieron declaración jurada sobre
los hechos ocurridos el 12 de julio de 2014. La primera diligencia fue recibida por el
patrullero Nicanor Velásquez Valdez (sustanciador disciplinario), y las declaraciones
de Yureine Hoyer Palacios y Yirina del Carmen Cabarcas Márquez fueron practicadas
por el intendente Edinson Enrique Arroyo Deches, funcionario designado para la
práctica de las pruebas.
63.4. Posteriormente, mediante auto del 20 de abril de 201532, el teniente coronel
Nelson Enrique Calderón Páez, inspector delegado Región 8, consideró que los
elementos recaudados hasta ese momento permitían descartar preliminarmente la
participación directa del subteniente Laverde y que, la posible participación en los
hechos recaía sobre integrantes del nivel ejecutivo, entre ellos José Luis Maldonado
Sarmiento. Por tal razón, estimó que la competencia para continuar con la actuación
correspondía al jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Barranquilla y ordenó remitir la indagación preliminar P-REGI8-2015-
10 a dicha dependencia para que continuara con las actuaciones correspondientes.
63.5. En cumplimiento de lo anterior, mediante Oficio 0438 S-2015 INSGE-INDER8-
29.27 del 21 de abril de 201533, el inspector delegado Región 8 remitió al jefe de la
Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla el
expediente correspondiente a la indagación preliminar P-REGI8-2015-10.
63.6.Mediante auto del 23 de abril de 201534, el jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla, luego de recibir la
indagación preliminar P-REGI8-2015-10 remitida por la Inspección Delegada Región
8, avocó su conocimiento y ordenó recibir declaración jurada a Jair Romero,
mencionado como testigo de los hechos denunciados por las demás personas que
habían declarado. Para la práctica de esta prueba comisionó al patrullero Millán Arturo
Rojas Arroyave.
63.7. En cumplimiento de la comisión, mediante comunicación S-2015-028213 del 7
de mayo de 2015, el patrullero Millán Arturo Rojas Arroyave citó a Jair Romero para
que compareciera el 11 de mayo de 2015, ante la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla, con el propósito de ser escuchado
en declaración juramentada dentro de la indagación preliminar P-REGI8-2015-1035.
63.8. El 11 de mayo de 201536, Jair Alberto Romero Márquez compareció ante la
Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla y
rindió declaración juramentada ante el patrullero Millán Arturo Rojas Arroyave. En
relación con la participación de José Luis Maldonado Sarmiento en los hechos objeto
de investigación manifestó que lo conocía porque patrullaba en el sector y que lo
observó ingresar a una de las viviendas y lanzar una piedra que impactó a Yirina del
Carmen Cabarcas Márquez. Asimismo, indicó que aquel ingresó a la vivienda ubicada
31 Expediente digital, documento 43, páginas 54 a 66.
32 Expediente digital, documento 43, páginas 67 a 69.
33 Expediente digital, documento 43, página 70.
34 Expediente digital, documento 43, página 71.
35 Expediente digital, documento 43, página 72.
36 Expediente digital, documento 43, páginas 73 y 74.
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en la carrera 2C 80-39 y posteriormente salió para lanzar piedras hacia otra residencia.
La diligencia aparece suscrita por el declarante y por el funcionario comisionado.
63.9. Mediante auto del 15 de mayo de 201537, el jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla dispuso vincular a José
Luis Maldonado Sarmiento en «calidad de disciplinado […] a la indagación preliminar» P-
REGI8-2015-10, al considerar que los elementos recaudados hasta ese momento
daban cuenta de su posible participación en los hechos investigados. En dicha
providencia ordenó notificar personalmente al investigado, escucharlo en diligencia de
versión libre. Asimismo, en el ordinal 4 dispuso y «[p]óngansele de presente y correrle
traslado de las pruebas que hasta el momento obran en el expediente al señor patrullero
MALDONADO SARMIENTO JOSE LUIS […] para que sean ampliadas o reiteradas en los
puntos que él estime conveniente» (sic).
63.10. Posteriormente, José Luis Maldonado Sarmiento se notificó personalmente38 del
auto del 15 de mayo de 2015, mediante diligencia en la que se reprodujo el contenido
de dicha providencia, incluido el ordinal 4, relativo al traslado de las pruebas obrantes
en el expediente para que fueran ampliadas o reiteradas en los aspectos que estimara
pertinentes. En dicha actuación se le informó respecto de los derechos que le asistían
como investigado, entre ellos, acceder a la investigación, designar defensor, solicitar
o aportar pruebas, controvertirlas e intervenir en su práctica, rendir descargos e
impugnar las decisiones cuando a ello hubiere lugar. Asimismo, se le entregó copia
del auto de vinculación, compuesto por 2 folios.
63.11. Mediante auto del 24 de julio de 201539, el jefe de la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla dispuso tramitar la
actuación por el procedimiento verbal previsto en la Ley 734 de 2002 y citar a José
Luis Maldonado Sarmiento a audiencia pública para el 18 de agosto de 2015.
Asimismo, indicó que la actuación se encontraba registrada en el libro de
investigaciones disciplinarias de esa dependencia con el radicado MEBAR-2015-65.
63.11.1. En dicha providencia se le atribuyó al investigado la posible comisión de la
conducta prevista en el artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006, en
concordancia con el artículo 190 de la Ley 599 de 2000, relacionada con su presunto
ingreso, en ejercicio de sus funciones y sin autorización a una vivienda ubicada en el
barrio Santo Domingo de Guzmán de Barranquilla durante los hechos ocurridos el 12
de julio de 2014. La conducta fue imputada provisionalmente a título de dolo.
63.11.2. Para sustentar la imputación, la autoridad disciplinaria efectuó una valoración
individual y conjunta de las pruebas obrantes en el expediente. Entre las documentales
relacionó la queja presentada por Yoiner Luis Cabarcas Rentería, la comunicación del
1 de febrero de 2015 mediante la cual se certificó la condición de miembro activo de
la Policía Nacional de José Luis Maldonado Sarmiento y la minuta de vigilancia
correspondiente al 12 de julio de 2014.
63.11.3. Como pruebas testimoniales, valoró expresamente la diligencia de ratificación
y ampliación de la queja rendida por Yoiner Luis Cabarcas Márquez y las
declaraciones juramentadas de Yureine Hoyer Palacios, Yirina del Carmen Cabarcas
37 Expediente digital, documento 43, páginas 75 y 76.
38 Expediente digital, documento 43, página 77.
39 Expediente digital, documento 43, páginas 79 a 89.
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Márquez y Jair Alberto Romero Márquez. A partir de estos elementos, la autoridad
consideró que existían elementos suficientes para inferir provisionalmente la
participación de José Luis Maldonado Sarmiento en los hechos investigados.
63.11.4. En relación con la intervención del investigado durante la etapa anterior, en la
providencia se dejó constancia de que «hasta este momento procesal no reporta[ba]
en el expediente la versión libre del investigado». Finalmente, ordenó notificarle la
decisión, comunicarla a la Procuraduría Provincial de Barranquilla y dejar las
diligencias a su disposición en el despacho de la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
63.12. Con posterioridad, mediante correo electrónico del 26 de julio de 201540, la
Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla
solicitó al comandante de la Estación de Policía Ciudadela gestionar la presentación
de José Luis Maldonado Sarmiento ante dicha oficina el 28 de julio de 2015, con el fin
de notificarle una diligencia de carácter disciplinario.
63.12.1. El28 de julio de 201541, José Luis Maldonado Sarmiento se notificó
personalmente del auto del 24 de julio de 2015, mediante el cual se dispuso tramitar
la actuación por el procedimiento verbal y citarlo a audiencia pública dentro del
radicado MEBAR-2015-65, fijada para el 18 de agosto de 2015. En la diligencia se le
informó que podía acudir a la audiencia solo o asistido por abogado, rendir su versión
sobre los hechos, aportar y solicitar pruebas, las cuales serían practicadas durante la
audiencia, y se dejó constancia de la entrega de una copia del auto de citación,
compuesto por 11 folios, así como de copia del folio 1 al 77 de la investigación.
63.13. El 18 de agosto de 201542, a las 8:00 a.m., se instaló la audiencia disciplinaria
dentro de la actuación MEBAR-2015-65. La autoridad dejó constancia de que José
Luis Maldonado Sarmiento había sido previamente notificado de su realización y que
no compareció a la hora señalada, razón por la cual dispuso un receso de 60 minutos
con el propósito de garantizar sus derechos de defensa y contradicción.
63.13.1. A las 8:30 a. m., el investigado compareció a la Oficina de Control Disciplinario
Interno y rindió versión libre. Previamente se le informó su derecho a designar
abogado, frente a lo cual manifestó que asumiría personalmente su defensa material
y que, si posteriormente resultaba necesario, nombraría un apoderado. En su
intervención negó haber ingresado a algún inmueble ajeno y sostuvo, entre otros
aspectos, que había acudido al lugar como apoyo cuando la situación ya había
terminado y que no patrullaba ese sector.
63.13.2. Concluida la versión libre, la autoridad le concedió el uso de la palabra para que
presentara sus descargos respecto de la imputación formulada en el auto del 24 de
julio de 2015. Posteriormente declaró abierto el período probatorio y le corrió traslado
para que solicitara o aportara las pruebas que estimara necesarias para su defensa.
El investigado manifestó que no tenía pruebas para solicitar ni aportar, ante lo cual el
despacho le indicó que tendría en cuenta las que ya obraban en el expediente y, al no
advertir otras por practicar, declaró cerrada la etapa probatoria.
40 Expediente digital, documento 43, página 90.
41 Expediente digital, documento 43, página 91.
42 Expediente digital, documento 43, páginas 93 a 96.
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63.13.3. Finalmente, la autoridad anunció que procedería a proferir decisión de primera
instancia y suspendió la audiencia para que el investigado presentara sus alegatos de
conclusión, para lo cual fijó su continuación el 24 de agosto de 2015. La diligencia fue
suscrita, entre otros, por José Luis Maldonado Sarmiento.
63.14. El24 de agosto de 201543, se reanudó la audiencia disciplinaria, en esa
oportunidad, la autoridad dejó constancia de que José Luis Maldonado Sarmiento no
había comparecido a la diligencia, pese a haber sido previamente notificado, de tal
manera que dispuso un receso de 60 minutos con el propósito de garantizar sus
derechos de defensa y contradicción. Ante la persistencia de la inasistencia del
investigado, la autoridad continuó la audiencia y dejó constancia de que no presentó
alegatos de conclusión. En consecuencia, declaró agotada esa etapa procesal y
anunció que procedería a proferir la decisión de primera instancia, para lo cual decretó
un receso y fijó la continuación de la audiencia para el 26 de agosto de 2015.
63.15. Mediante Oficio S-2015-028213 / INSDER8 – CODIN – MEBAR -41.8 del 25 de
agosto de 201544, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana
de Barranquilla le comunicó personalmente a José Luis Maldonado Sarmiento que la
continuación de la audiencia disciplinaria, destinada a la lectura de la decisión de
primera instancia, se realizaría el 26 de agosto de 2015; asimismo, le indicó que la
comunicación tenía por finalidad garantizar el ejercicio de su derecho de defensa y el
debido proceso dentro de la actuación MEBAR-2015-65. En el documento obra
constancia de recibido por el investigado en la fecha del oficio.
63.16. El 26 de agosto de 201545, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Barranquilla continuó con la audiencia disciplinaria, profirió decisión
de primera instancia, en la que declaró responsable disciplinariamente a José Luis
Maldonado Sarmiento por la falta prevista en el artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015
de 2006, integrada con el delito de violación de habitación ajena por servidor público
previsto en el artículo 190 del Código Penal, y le impuso sanción de destitución e
inhabilidad general por 10 años. Para sustentar la responsabilidad, valoró, entre otras
pruebas, las declaraciones de Yoiner Luis Cabarcas Rentería, Yureine Hoyer Palacios,
Yirina del Carmen Cabarcas Márquez y Jair Alberto Romero Márquez, recaudadas
durante la indagación preliminar.
63.17. Contra esa decisión, José Luis Maldonado Sarmiento interpuso recurso de
apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo46. En consecuencia, mediante
Oficio del 26 de agosto de 2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Barranquilla remitió el expediente MEBAR-2015-65 a la Inspección
Delegada Región 8 para que resolviera el recurso47.
63.18. Recibido el expediente en segunda instancia, mediante auto del 23 de mayo de
201648, el teniente coronel Nelson Enrique Calderón Páez, inspector delegado región
8, dispuso correr traslado a José Luis Maldonado Sarmiento para que presentara
alegatos de conclusión, previo a resolver el recurso de apelación.
43 Expediente digital, documento 43, página 101.
44 Expediente digital, documento 43, página 102.
45 Expediente digital, documento 43, páginas 103 a 116.
46 Expediente digital, documento 43, páginas 103 a 116.
47 Expediente digital, documento 43, páginas 103 a 116.
48 Expediente digital, documento 43, página 119.
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63.19. Mediante decisión del 5 de agosto de 201649, el teniente coronel Alexander
Collazos Díaz, inspector delegado región 8, confirmó el acto sancionatorio de primera
instancia. Descartó las irregularidades procesales alegadas relacionadas con la falta
de suscripción de la queja y el recaudo de declaraciones durante la indagación
preliminar, al considerar que, una vez vinculado, el investigado tuvo la oportunidad de
solicitar su ampliación o reiteración y de controvertirlas. Asimismo, encontró
acreditado, a partir del material probatorio recaudado, que el disciplinado ingresó sin
autorización a una de las viviendas involucradas en los hechos y estimó que la
valoración probatoria efectuada en primera instancia no desconoció las garantías del
debido proceso.
64. Expuesto el desarrollo de la actuación disciplinaria y precisadas las principales
actuaciones surtidas desde la apertura de la indagación preliminar hasta la decisión
de segunda instancia, la Sala procederá a examinar los reproches procesales
restantes formulados por el recurrente.
65. Respecto del recaudo y contradicción de las declaraciones practicadas
durante la indagación preliminar
65.1. Elactor cuestionó que las declaraciones recaudadas durante la indagación
preliminar fueran valoradas para sustentar la sanción, pese a que, una vez vinculado
a la actuación, la autoridad disciplinaria no dispuso su ampliación o reiteración, lo que
le impidió ejercer los derechos de contradicción y defensa.
65.2. Para la Sala, el hecho de que las declaraciones de Yoiner Luis Cabarcas
Rentería, Yureine Hoyer Palacios, Yirina del Carmen Cabarcas Márquez y Jair Alberto
Romero Márquez fueran recaudadas con anterioridad a la vinculación formal de José
Luis Maldonado Sarmiento a la actuación disciplinaria no comporta, por sí mismo, una
irregularidad. Como se expuso en el marco normativo, durante la indagación preliminar
la autoridad disciplinaria se encontraba facultada para hacer uso de los medios de
prueba legalmente reconocidos con el propósito de verificar la ocurrencia de la
conducta, establecer su eventual relevancia disciplinaria e identificar o individualizar a
su posible autor.
65.3. Tampoco resultaba exigible que José Luis Maldonado Sarmiento interviniera en
la práctica de aquellas declaraciones cuando aún no había sido vinculado a la
actuación, pues, de conformidad con los artículos 91, 92 y 138 de la Ley 734 de 2002,
la calidad de investigado y las facultades inherentes a su condición de sujeto procesal
se adquieren a partir de la apertura de la investigación o de la orden de vinculación.
Lo relevante, entonces, consiste en establecer si, una vez vinculado, tuvo una
oportunidad de conocer y controvertir el material probatorio recaudado con
anterioridad.
65.4. En este caso, mediante auto del 15 de mayo de 2015, la autoridad disciplinaria
no solo dispuso la vinculación del investigado, sino que ordenó expresamente ponerle
de presente las pruebas obrantes en el expediente y correrle traslado de estas «para
que [fueran] ampliadas o reiteradas en los puntos que él estim[ara] conveniente». De esta
actuación, se notificó personalmente, recibió copia del auto y fue informado de sus
49 Expediente digital, documento 43, páginas 132 a 152.
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derechos a acceder a la actuación, solicitar y aportar pruebas, controvertirlas e
intervenir en su práctica.
65.5. Si bien no obra una actuación posterior en la que la autoridad disciplinaria
hubiera ordenado de oficio la ampliación o reiteración de las declaraciones
recaudadas durante la indagación preliminar, esta circunstancia no permite concluir
que se desconoció el derecho de contradicción del investigado, pues, la orden
contenida en el auto de vinculación le otorgó expresamente la posibilidad de solicitar
la ampliación o reiteración de los testimonios en aquellos aspectos que estimara
pertinentes, sin que se advierta una petición en tal sentido o que la autoridad
disciplinaria le hubiera impedido ejercer esa facultad.
65.6. Por el contrario, las actuaciones posteriores evidencian que contó con
oportunidades adicionales para ejercer la contradicción, así, por ejemplo, al notificarse
del auto del 24 de julio de 2015 recibió copia de los folios 1 a 77 de la investigación,
dentro de los cuales se encontraban las declaraciones recaudadas hasta ese
momento. Posteriormente, en la audiencia del 18 de agosto de 2015, rindió versión
libre, presentó sus descargos y, una vez abierto el período probatorio, se le concedió
expresamente la oportunidad de solicitar o aportar las pruebas que estimara
necesarias para su defensa, frente a lo cual manifestó que no tenía pruebas para
solicitar ni aportar.
65.7. En esas condiciones, las declaraciones recaudadas durante la indagación
preliminar fueron valoradas para sustentar la decisión sancionatoria, y una vez
vinculado José Luis Maldonado Sarmiento, se le garantizó el conocimiento del material
probatorio y la posibilidad de solicitar su ampliación o reiteración, controvertirlo y pedir
las pruebas que estimara pertinentes para su defensa. De tal manera que no es
posible calificarlas de inexistentes en los términos del artículo 140 de la Ley 734 de
2002. Esto es así porque la práctica durante aquella etapa se encontraba legalmente
permitida y el investigado contó posteriormente, con oportunidades para ejercer su
derecho de contradicción.
65.8. En consecuencia, no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiera privado al
demandante de una oportunidad real y efectiva para controvertir las declaraciones
recaudadas antes de su vinculación. Por el contrario, pese a las distintas
oportunidades procesales que tuvo para ejercer esa facultad, no solicitó su ampliación
o reiteración ni requirió la comparecencia de los declarantes con ese propósito. Así las
cosas, no se configuró la vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción alegada por el recurrente y, por lo tanto, este reproche no tiene vocación
de prosperidad.
66. En relación con la declaración recibida con posterioridad a la remisión del
expediente por competencia
66.1. El actor tachó de irregular la recepción de una declaración después de que el
expediente había sido remitido por competencia a la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sin que mediara auto que
decretara su práctica.
66.2. Al respecto, la Sala advierte que si bien mediante auto del 20 de abril de 2015 la
Inspección Delegada Región 8 dispuso remitir la indagación preliminar P-REGI8-2015-
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10 a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Barranquilla y dicha remisión se materializó el 21 de abril siguiente, una vez recibido
el expediente, el jefe de esta última dependencia avocó su conocimiento mediante
auto del 23 de abril de 2015 y ordenó expresamente recibir declaración a Jair Romero,
para cuya práctica comisionó al patrullero Millán Arturo Rojas Arroyave.
66.3. En cumplimiento de esa determinación, mediante comunicación del 7 de mayo de
2015, el funcionario comisionado citó a Jair Romero para que compareciera el 11 de
mayo siguiente ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Barranquilla, fecha en la que rindió declaración juramentada dentro
de la indagación preliminar.
66.4. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el recurrente, la declaración cuestionada
no fue recibida sin que mediara providencia que ordenara su práctica, pues fue
expresamente decretada por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Barranquilla mediante el auto del 23 de abril de 2015, esto es, por la
autoridad que había asumido el conocimiento de la actuación luego de su remisión por
competencia. Además, su práctica estuvo a cargo del funcionario expresamente
comisionado para tal efecto. En consecuencia, no se acreditó la irregularidad alegada
y, por tanto, este reproche no tiene vocación de prosperidad.
67. En lo atinente al cambio de radicación del proceso disciplinario
67.1. El demandante cuestionó el cambio de radicado de la actuación, en tanto, inició
con el radicado P-REGI8-2015-10 y posteriormente se le asignó el MEBAR 2015-65,
sin que se le notificara formalmente su vinculación a la actuación identificada con este
último.
67.2. Al respecto, la Sala advierte que el cambio de radicación no correspondió al inicio
de una actuación disciplinaria distinta ni implicó una nueva vinculación del
demandante. Como quedó expuesto, mediante auto del 20 de abril de 2015, la
Inspección Delegada Región 8 remitió la indagación preliminar P-REGI8-2015-10 a la
Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla,
dependencia que avocó su conocimiento el 23 de abril siguiente y continuó con el
trámite sobre los hechos ya identificados y con fundamento en el material probatorio
que integraba el expediente.
67.3. Fue precisamente dentro de esa actuación que, mediante auto del 15 de mayo de
2015, la Oficina de Control Disciplinario Interno dispuso vincular a José Luis
Maldonado Sarmiento en calidad de investigado a la indagación preliminar P-REGI8-
2015-10, decisión de la cual se notificó personalmente. Posteriormente, al disponer el
trámite por el procedimiento verbal mediante auto del 24 de julio de 2015, esa
dependencia dejó constancia de que la actuación se encontraba registrada en su libro
de investigaciones disciplinarias con el radicado MEBAR-2015-65.
67.4. El 28 de julio de 2015, José Luis Maldonado Sarmiento se notificó personalmente
de esta última providencia, en la que ya se identificaba la actuación con el radicado
MEBAR-2015-65; recibió copia del auto y de los folios 1 a 77 de la investigación y fue
informado de la posibilidad de acudir a la audiencia, rendir versión libre y solicitar y
aportar pruebas. Posteriormente compareció a la audiencia disciplinaria del 18 de
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agosto de 2015 y ejerció su defensa dentro de la actuación identificada con dicho
radicado.
67.5. En esas condiciones, no se advierte que la asignación del radicado MEBAR-2015-
65 hubiera comportado la apertura de un procedimiento diferente respecto del cual
resultara necesaria una nueva vinculación; y no se acreditó que esa circunstancia
hubiera impedido al demandante conocer el trámite adelantado en su contra o ejercer
sus derechos de defensa y contradicción. En consecuencia, no se configuró la
irregularidad alegada, por lo tanto, este reproche no tiene vocación de prosperidad.
68. En torno a la imparcialidad de la autoridad que resolvió el recurso de apelación
68.1. Finalmente, en cuanto a los aspectos procesales alegados, el apelante sostuvo
que se desconoció el principio de imparcialidad porque la Inspección Delegada Región
8, que adelantó la indagación preliminar y recaudó parte de las pruebas
posteriormente valoradas para sustentar la sanción, fue la dependencia que resolvió
el recurso de apelación, de tal manera que el funcionario que adoptó esa decisión
debió declararse impedido.
68.2. Al respecto, la Sala encuentra que la participación referida dentro del
procedimiento disciplinario no configura, por sí sola, una causal de impedimento, pues
resulta necesario establecer si respecto del funcionario que adoptó la decisión
concurría alguna de las circunstancias previstas legalmente para separarlo de su
conocimiento, en tanto, como se expuso en el marco normativo, la garantía de
imparcialidad exige que la autoridad disciplinaria adopte sus decisiones sin intereses
particulares en el resultado de la actuación ni condicionamientos derivados de una
intervención previa que comprometa objetivamente su criterio.
68.3. Sin embargo, en el sub judice, si bien la Inspección Delegada Región 8 intervino
durante la indagación preliminar y posteriormente ejerció la competencia funcional
para resolver el recurso de apelación, esa circunstancia no permite concluir, por sí
sola, el desconocimiento de la garantía de imparcialidad. En efecto, la actuación
adelantada durante la indagación preliminar estuvo a cargo del teniente coronel
Nelson Enrique Calderón Páez, quien mediante auto del 20 de abril de 2015 examinó
las pruebas recaudadas y dispuso remitir la actuación por competencia a la Oficina de
Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Por su parte,
la decisión de segunda instancia del 5 de agosto de 2016 fue adoptada por el teniente
coronel Alexander Collazos Díaz, funcionario distinto de aquel que intervino en la
etapa preliminar.
68.4. Además, la valoración efectuada por la Inspección Delegada Región 8 durante la
indagación preliminar tuvo como propósito establecer el curso de la actuación y la
autoridad competente para continuarla, pues, si bien en el auto del 20 de abril de 2015
se examinó el material recaudado, dicha determinación no comportó un juicio definitivo
sobre la responsabilidad disciplinaria de José Luis Maldonado Sarmiento, sino la
necesidad de su remisión a la autoridad competente para que continuara el trámite y
adoptara las decisiones correspondientes. De ahí que la intervención inicial de la
Inspección Delegada Región 8 y el posterior ejercicio de la competencia de segunda
instancia no implicó que Alexander Collazos Díaz hubiera anticipado su criterio sobre
la responsabilidad del investigado, sino que se trató de una valoración a partir de su
falta de competencia para conocer el proceso en primera instancia, por no estar
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comprometida preliminarmente la responsabilidad del oficial subalterno, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1015 de 2006 en torno a la facultad para
ejercer la atribución disciplinaria.
68.5. En esas condiciones, no se acreditó una intervención personal previa de
Alexander Collazos Díaz que comprometiera objetivamente su imparcialidad ni alguna
otra circunstancia que ameritara su separación del conocimiento del asunto en sede
del recurso de apelación. Por lo tanto, no se configuró la vulneración del derecho al
debido proceso alegado por el recurrente y este reproche tampoco tiene vocación de
prosperidad.
69. En suma, los reproches relacionados con los aspectos procesales antes
examinados no tienen vocación de prosperidad, pues no se acreditó que las
irregularidades alegadas hubieran vulnerado los derechos al debido proceso, defensa
y contradicción de José Luis Maldonado Sarmiento. Por el contrario, se advierte que
la actuación disciplinaria se adelantó con observancia de las garantías propias del
procedimiento, en particular, aquellas relacionadas con el conocimiento de la
actuación, el acceso y contradicción respecto del material probatorio y el ejercicio del
derecho de defensa. En consecuencia, la Sala continuará con el análisis de los demás
aspectos relacionados con la legalidad de la sanción disciplinaria impuesta al
demandante.
2.3.2. La tipicidad en el derecho disciplinario
2.3.2.1. Marco normativo y jurisprudencial
70. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional50. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.
71. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme con leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su
turno, la Ley 734 de 2002 establece que el servidor público y el particular solo serían
investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran
descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.
72. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido
proceso»51, así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó
solo al legislador para que estableciera qué conductas constituían una infracción de
carácter disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento
que considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede
duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»52.
73. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
50 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
51 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00
(2388-2010).
52 Sentencia C-135 de 2016.
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sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de
la falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador « definir de forma
abstracta y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio
de funciones públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del
servicio que le ha sido encomendado o por el abuso de su ejercicio53»54.
74. Es decir que este principio comprende dos garantías55: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual
podrá hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados
los elementos estructurales de la conducta antijurídica»56.
75. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar
un servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente57:
«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la
relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la
efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una relación de
contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones
públicas y el deber presuntamente incumplido.
El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la autoridad
cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se encuentra en el
derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar descritos los comportamientos
disciplinariamente reprochables tiene una mayor flexibilidad al concebido en materia
criminal, ante la dificultad de que la ley haga un listado detallado de absolutamente todas
las conductas constitutivas de falta58; como consecuencia de ello se ha avalado, desde
un punto de vista constitucional59, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y
la formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una amplitud
tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se encuentren consagrados
los deberes, las funciones o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo,
y que exigen un proceso de hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma
congruente cómo la conducta investigada se subsume en la descrita por la ley».
76.En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada
apuntó a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas
siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los
comportamientos censurables», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador
53 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
54 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
55 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
56 Ibidem.
57 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
58 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las conductas
reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos
disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en
materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad», posición reiterada en sentencias C-818 de 2005
y C-030 de 2012.
59 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-393 de
2006.
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disciplinario establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el
principio de legalidad previsto en el artículo 29 superior.
77.De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco,
también explicó esta Sección60:
«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818 de
200561, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son “aquellas infracciones
disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado
de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento
normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren deberes,
mandatos y prohibiciones que resulten aplicables a los servidores públicos. Así, la
tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina por la lectura sistemática de la
norma que establece la función, la orden o la prohibición y aquella otra que de manera
genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones
constituye una infracción disciplinaria”.
En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que apunta
a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su sentido62 bajo
la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas precedentes que
definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos aspectos de los que
adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al campo disciplinario, según
lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.
No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar que
los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su alcance63,
mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto, como lo ha definido
su creador, es aquel en el cual el legislador no ha determinado de manera completa la
materia de la prohibición, correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición
no está descrita en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”64, afirma
Hans Welzel»65. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal66, mientras que los abiertos ingresan en la división
según su contenido67».
78. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de forma precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación entre la conducta y
la sanción.
2.3.1.2. Análisis sustancial frente al caso concreto
79. En el presente asunto, aunque la parte demandante no formuló un reparo
específico frente a la tipicidad de la conducta por la cual fue sancionada,
corresponde verificar, como presupuesto de la responsabilidad disciplinaria, si los
hechos atribuidos se adecuaron a la falta disciplinaria por la que se le impuso la
sanción.
60 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
61 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.
62 Ver la sentencia 404 de 2001.
63 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad Externado
de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
64 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,
Depalma, 1979, p.6.
65 Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
66 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
67 Ibidem p.118.
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80.En ese sentido, deberá establecerse si la conducta atribuida al demandante se
encuentra prevista como falta disciplinaria en la Ley 1015 de 2006 y si los hechos
que fueron objeto de reproche se subsumían en sus elementos estructurales.
81. Pues bien, mediante auto del 24 de julio de 201568, el jefe de la Oficina de
Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Barranquilla dispuso
tramitar la actuación por el procedimiento verbal y atribuyó provisionalmente a José
Luis Maldonado Sarmiento la falta prevista en el artículo 34, numeral 9, de la Ley
1015 de 2006, conforme con el cual constituye falta gravísima: «[r]ealizar una
conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con
ocasión o como consecuencia de la función o cargo».
82. Para efectuar la adecuación típica, la autoridad disciplinaria integró esa
disposición con el artículo 190 de la Ley 599 de 2000, que tipifica el delito de
violación de habitación ajena por servidor público y la define como aquella por la
que «[e]l servidor público que abusando de sus funciones se introduzca en habitación
ajena, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público».
83. Como sustento de la adecuación típica, la autoridad disciplinaria explicó que el
artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006 contenía un tipo disciplinario en
blanco, en cuanto exigía acudir a la ley penal para determinar la conducta descrita
como delito que habría realizado el investigado. En ese sentido, integró dicha
disposición con el artículo 190 del Código Penal y examinó algunos de los
elementos que estructuran el delito de «violación de habitación ajena por servidor
público»; en particular, la calidad del sujeto activo, la acción de introducirse en
habitación ajena y el abuso de las funciones.
84. En relación con los verbos rectores, la autoridad disciplinaria indicó que la
conducta prevista en el artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006 se concretaba
en «realizar», entendido como efectuar, llevar a cabo o ejecutar una acción, mientras
que el artículo 190 del Código Penal, utilizado para complementar el tipo
disciplinario, contenía el verbo «introducir», entendido como entrar en un lugar.
Asimismo, que este último se encontraba acompañado de la expresión « abusando»
de sus funciones, que relacionó con el uso indebido de estas.
85. A partir de ello, consideró que José Luis Maldonado Sarmiento incurrió en la
conducta descrita como «violación de habitación ajena por servidor público», pues
mientras se encontraba en ejercicio de sus funciones como integrante de una
patrulla de vigilancia, aprovechó su investidura como funcionario público para
ingresar a 2 viviendas ubicadas en el barrio Santo Domingo de Guzmán de
Barranquilla, sin permiso, sin mediar orden judicial de allanamiento y sin que, hasta
ese momento procesal, se hubiera establecido la existencia de un caso de
flagrancia.
86. En cuanto a la relación de la conducta con la función o cargo, la autoridad
disciplinaria tuvo en cuenta que para la fecha de los hechos el investigado se
encontraba en servicio como integrante de una patrulla de vigilancia adscrita a la
Estación de Policía Ciudadela. A partir de ello, consideró que la conducta se cometió
68 Expediente digital, documento 43, páginas 79 a 89.
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en razón del cargo, pues el investigado se encontraba en ejercicio de sus funciones
y, presuntamente, se valió de su condición de servidor público para ingresar a la
vivienda sin permiso.
87. En cuanto a la modalidad de culpabilidad, la autoridad disciplinaria imputó la
conducta a título de dolo, pues consideró que el investigado, por su condición de
servidor público y miembro activo de la Policía Nacional, conocía los derechos
fundamentales de los habitantes y sabía que la conducta atribuida constituía un
delito. Pese a ello, ingresó a una habitación ajena en abuso de sus funciones. Así,
encontró acreditado el elemento subjetivo exigido por el artículo 34, numeral 9, de
la Ley 1015 de 2006.
88. La adecuación típica efectuada en el auto de citación a audiencia fue mantenida
en el acto sancionatorio de primera instancia del 26 de agosto de 2015 69. En esa
decisión, la autoridad disciplinaria reiteró que la conducta atribuida se subsumía en
la falta gravísima prevista en la norma referida, integrada con el delito de violación
de habitación ajena por servidor público previsto en el artículo 190 del Código Penal,
y examinó la correspondencia entre los hechos que consideró acreditados y los
elementos que integraron ambas disposiciones.
89. En particular, la autoridad disciplinaria consideró que José Luis Maldonado
Sarmiento tenía la condición de servidor público y se encontraba en servicio como
integrante de una patrulla de vigilancia; que, en ejercicio de sus funciones, ingresó
sin autorización a una de las viviendas involucradas en los hechos y que esa
conducta se produjo en razón del cargo que desempeñó. Asimismo, mantuvo la
imputación a título de dolo, al considerar que el investigado conocía los límites de
sus funciones y, pese a ello, realizó voluntariamente la conducta reprochada.
90. En la decisión de segunda instancia del 5 de agosto de 2016 70, la autoridad
disciplinaria mantuvo la adecuación típica efectuada en el acto sancionatorio de
primera instancia, esto es, la falta gravísima señalada en el artículo 34, numeral 9,
de la Ley 1015 de 2006, integrada con el delito de violación de habitación ajena por
servidor público consagrado en el artículo 190 del Código Penal.
91. Al respecto, encontró acreditado que José Luis Maldonado Sarmiento, mientras
se encontraba en ejercicio de sus funciones como integrante de una patrulla de
vigilancia, ingresó a una de las residencias involucradas en los hechos sin
autorización, circunstancia suficiente para mantener la adecuación de la conducta
al tipo disciplinario imputado. Asimismo, mantuvo la atribución a título de dolo,
porque él conocía los límites derivados de su condición de servidor público y pese
a ello ejecutó la conducta reprochada.
92. Ahora bien, conforme con el marco normativo expuesto, el artículo 34, numeral
9, de la Ley 1015 de 2006 contiene un tipo disciplinario que requiere ser
complementado con la disposición legal que describe la conducta constitutiva de
delito. Por ello, para establecer la tipicidad del comportamiento atribuido al
demandante no basta con constatar la existencia de una conducta prevista en la
legislación penal, sino que debe verificarse que esta corresponda a los elementos
del tipo utilizado como complemento normativo, que haya sido realizada a título de
69 Expediente digital, documento 43, páginas 109 a 116.
70 Expediente digital, documento 43, páginas 132 a 152.
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dolo y que guarde relación con la función o cargo, en alguna de las modalidades
expresamente previstas por la norma disciplinaria.
93. En este caso, el complemento normativo utilizado fue el artículo 190 del Código
Penal, de tal manera que la adecuación típica exigía establecer que el
comportamiento atribuido correspondiera al ingreso de un servidor público a una
habitación ajena, con abuso de sus funciones. A ello se adicionan las exigencias
propias del artículo 34, numeral 9, de la Ley 1015 de 2006, relativas a que la
conducta fuera realizada a título de dolo; y en razón, con ocasión o como
consecuencia de la función o cargo.
94. Desde esa perspectiva, la conducta objeto de imputación era susceptible de
adecuarse a las disposiciones referidas, porque José Luis Maldonado Sarmiento
ostentaba la calidad de servidor público y para la fecha de los hechos, se encontraba
en servicio como integrante de una patrulla de vigilancia. A su vez, el
comportamiento que le fue atribuido consistió en ingresar sin autorización a una
vivienda ajena, circunstancia que, de encontrarse acreditada, correspondía
objetivamente a la acción descrita en el artículo 190 del Código Penal.
95. De igual manera, la imputación comprendió el elemento funcional previsto en
ambas disposiciones, pues no se atribuyó al demandante un comportamiento
desarrollado en un ámbito estrictamente privado o desvinculado de sus funciones,
sino una actuación que habría ejecutado mientras prestaba el servicio policial y con
ocasión de la intervención de la patrulla a la que pertenecía. La presencia de los
uniformados en el sector tuvo origen en una riña entre particulares que generó una
alteración en el lugar y motivó la intervención policial.
96. En desarrollo de esos acontecimientos, una de las personas involucradas ingresó
a una vivienda, circunstancia a partir de la cual se produjo el ingreso atribuido a
José Luis Maldonado Sarmiento. Si bien la atención de la situación se encontraba
inicialmente vinculada al ejercicio de las funciones propias del servicio de policía,
esta circunstancia no lo habilitaba, por sí sola, para ingresar al inmueble. Así, el
abuso funcional atribuido consistió en que, en desarrollo de ese procedimiento y
prevalido de su condición de integrante de la Policía Nacional, habría ingresado a
la vivienda sin autorización de sus moradores, sin orden judicial y sin que se hubiera
establecido una situación de flagrancia que habilitara dicha actuación.
97. En ese contexto, el eventual ingreso a una vivienda sin autorización de sus
moradores y sin una circunstancia que jurídicamente lo habilitara resultaba
susceptible de satisfacer el elemento consistente en el abuso de las funciones
previsto en el artículo 190 ejusdem y correlativamente la exigencia del artículo 34,
numeral 9, de la Ley 1015 de 2006 relativa a que la conducta se cometiera en razón,
con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.
98. En consecuencia, la Sala concluye que la conducta atribuida al demandante se
adecuó, desde el punto de vista normativo, a la falta prevista en el artículo 34,
numeral 9, de la Ley 1015 de 2006, integrada con el artículo 190 del Código Penal.
Ahora bien, la primera de dichas disposiciones exige expresamente que la conducta
descrita en la ley como delito sea realizada «a título de dolo», de manera que dicho
elemento integra la descripción típica de la falta y debe ser objeto de verificación en
el juicio de adecuación. En el presente asunto, la autoridad disciplinaria le atribuyó
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a José Luis Maldonado Sarmiento haber actuado de manera consciente y voluntaria,
pues consideró que conocía los límites propios de sus funciones como miembro de
la Policía Nacional y que, pese a ello, ingresó a una vivienda ajena sin autorización
de sus moradores y sin que mediara una circunstancia que jurídicamente lo
habilitara para hacerlo.
99. Esta conclusión se limita al juicio de tipicidad, que comprende la verificación del
dolo como elemento expresamente exigido por el tipo disciplinario, y no implica tener
por demostrada la conducta atribuida ni anticipar el análisis de los demás elementos
de la responsabilidad disciplinaria, aspectos que serán examinados posteriormente.
2.3.3. La valoración probatoria en los procesos disciplinarios
2.3.3.1. Marco normativo y jurisprudencial
100. La Ley 1015 de 2006 «[p]or medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para
la Policía Nacional» previó que los autos interlocutorios y los fallos proferidos dentro
del proceso disciplinario deberán estar debidamente motivados, en atención a los
principios de razonabilidad y congruencia [art. 18] y que, en lo no previsto, se
aplicarían «los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por
Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo,
Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que [fuera]
compatible con la naturaleza del derecho disciplinario» [art. 20].
101. A su turno, la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, dispuso lo siguiente:
101.1. Artículo 128: toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario debe fundarse
en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado.
101.2. Artículo 129: el funcionario debe buscar la verdad real. Para ello es obligatorio
investigar con igual rigor todos los hechos y circunstancias que demuestren la
existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que
tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto,
puede decretar pruebas de oficio.
101.3. Artículo 141: las pruebas deben apreciarse conjuntamente de acuerdo con
las reglas de la sana crítica. En toda decisión motivada debe exponerse
razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.
102. Es así como al juez le corresponde verificar el grado de solidez de las
inferencias probatorias de la autoridad disciplinaria para constatar si las
conclusiones que fundamentaron la sanción se ajustaron a la realidad y si esta se
estructuró a la luz de los postulados de la sana crítica.
103. Esta Sección ha señalado que aquella —la sana crítica— como criterio de
valoración probatoria, «está edificada con los criterios de la lógica, el uso de la ciencia y
de la técnica, y las reglas de la experiencia»71. Igualmente, precisó lo que sigue72:
71 Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 11001-03-25-000-2011-00718-
00(2720-11).
72 Ibidem.
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«En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y
dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la
experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser construidas
por conocimientos públicos y privados.73 Una regla de la experiencia plena es la que
tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo público.74 Estas pueden acreditarse por
cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba o cierta
formalidad.75».
Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse un
hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en diferentes
medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que ocurrió, lo cual
requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de ecuanimidad y rectitud
de juicio».
104. De acuerdo con lo anterior, las pruebas deben analizarse conjuntamente, de
conformidad con las reglas de la sana crítica, las cuales harán parte de la motivación
del acto sancionador; para ello, es imprescindible que la autoridad señale y haga un
examen crítico de los documentos, testimonios y demás elementos aportados a la
investigación. Dicho de otro modo, no es «dable emitir un fallo sancionatorio en el que
no obre prueba en el proceso que conduzca a la certeza en cuanto a la existencia de la falta
y responsabilidad del investigado»76.
105. En lo que respecta específicamente a la prueba testimonial, la jurisprudencia ha
indicado que para su valoración racional debe aplicarse con mayor rigor las reglas
de la sana critica, específicamente, a partir del examen de 4 parámetros que facilitan
tal apreciación. Así, se ha señalado que debe analizarse77:
105.1. La coherencia de lo declarado, es decir que no presente contradicciones, sin
que este punto por sí solo defina la veracidad de la prueba porque pueden existir
fallas por asuntos de memoria o porque el testigo falso estructure lo manifestado de
manera lógica y cronológica;
105.2.La contextualización del relato, que implica que el testigo describa el entorno
espacial y temporal en el que ocurrieron los hechos;
105.3. Las corroboraciones periféricas que aluden a que lo aseverado por el testigo
pueda constatarse con otros medios de prueba aportados al proceso que de manera
indirecta den veracidad a lo narrado, como puede ser la coincidencia con lo
declarado por otros testigos sobre un hecho igual;
105.4. La existencia de detalles oportunistas a favor del declarante, es decir, que
con datos innecesarios busque favorecerse o a una parte. Tales apreciaciones
reflejan falta de objetividad del testigo.
73 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN
LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
74 Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 15001-23-33-000-2015-00502-
01(4235-17).
75 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.
Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.
76 Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicación 11001-03-25-000-2011-00367-
00 (1380-2011).
77 Sobre el particular ver la sentencia del 29 de agosto de 2019 de la Sección Segunda, Subsección
A, radicado 08001-23-33-000-2014-01034-01(4422-16).
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2.3.3.2. Análisis sustancial frente al caso concreto
106. El demandante sostuvo que el material probatorio recaudado durante la
actuación disciplinaria no permitía establecer con certeza su participación en los
hechos investigados porque, de un lado, los testimonios no acreditaron su presencia
el día de los hechos, pues algunos declarantes únicamente hicieron referencia a la
presencia de «algunos uniformados» y, además, existían contradicciones entre las
declaraciones y la queja presentada. De otro, los documentos relacionados con el
servicio policial, en especial el Oficio 1025 del 1 de febrero de 2015, demostraron
que para ese momento se encontraba asignado al CAI Metropolitano y no al CAI
Santa María, este último, ubicado en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos. En
consecuencia, no existía certeza sobre su participación en el ingreso a la vivienda
del quejoso ni en las agresiones atribuidas a los uniformados.
107. Asimismo, extrañó que no se hubiera investigado ni recibido declaración a
Camilo Arturo Laverde Cifuentes, pese a que algunos testimonios lo señalaban
como uno de los uniformados que intervino en el procedimiento cuestionado.
108. En esas condiciones, corresponde establecer, en primer lugar, si la autoridad
disciplinaria valoró de manera integral y conforme con las reglas de la sana crítica
los testimonios, documentos y demás elementos de convicción recaudados durante
la actuación, particularmente en lo relacionado con la presencia del demandante en
el lugar de los hechos y la participación en los sucesos investigados. En segundo
lugar, deberá determinarse si, a partir de la valoración conjunta de dicho material
probatorio, existía certeza sobre su intervención en el procedimiento cuestionado y,
por lo tanto, fundamento suficiente para atribuirle responsabilidad disciplinaria.
109. Para resolver este aspecto, la Sala advierte que la autoridad disciplinaria
sustentó la atribución de responsabilidad, principalmente, en la queja que dio origen
a la actuación; la documentación relacionada con la vinculación y lugar de
prestación del servicio del disciplinado; la minuta de vigilancia correspondiente al 12
de julio de 2014; y las declaraciones de Yoiner Luis Cabarcas Márquez, Yureine
Hoyer Palacios, Yirina del Carmen Cabarcas Márquez y Jair Alberto Romero
Márquez.
110. Por lo tanto, para resolver el cuestionamiento, resulta necesario examinar, en
primer término, las pruebas que fueron valoradas por la autoridad disciplinaria para
establecer la presencia y participación de José Luis Maldonado Sarmiento en el
lugar de los hechos ocurridos el 12 de julio de 2014.
111. En cuanto a la situación funcional del demandante, mediante oficio del 27 de
enero de 201578, el comandante de la Estación Ciudadela informó que en el CAI
Santa María no se llevaba libro de servicio y, por ello, remitió copia de la minuta de
servicio de la Estación de Policía Ciudadela, en la que se registraban los turnos
prestados por las patrullas de los CAI adscritos a esa unidad durante el 12 de julio
de 2014, así como copia de los folios 1 y 106 del Libro de Población del CAI Santa
María. En dichas minutas, José Luis Maldonado Sarmiento aparecía relacionado en
78 Expediente digital, documento 43, página 43.
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el segundo turno de vigilancia, en el folio 260, y en el cuarto turno de vigilancia, en
el folio 26479.
112. A su vez, la denuncia80 presentada ante la Fiscalía General de la Nación ubicó
los hechos investigados el 12 de julio de 2014 a las 12:00, mientras que la minuta
de servicio correspondiente a esa fecha registró al actor en el segundo y cuarto
turno de vigilancia. De esta manera, la prueba documental permitía establecer la
coincidencia entre la fecha de los hechos y aquella en la que el demandante se
encontraba registrado en el servicio de vigilancia, circunstancia que, valorada
conjuntamente con las declaraciones que lo ubicaron en el procedimiento ocurrido
ese día, constituía un elemento adicional de corroboración de la presencia en el
lugar de los hechos.
113. De otra parte, mediante Oficio 1025 del 1 de febrero de 201581, la jefe de Talento
Humano de la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que José Luis
Maldonado Sarmiento figuraba laborando en el CAI Metropolitano desde el 1 de
diciembre de 2013 y que para el 12 de julio de 2014 se encontraba adscrito a esa
unidad. Esta información, sin embargo, no resultaba incompatible con la minuta de
servicio antes referida, pues mientras aquella daba cuenta de la unidad a la cual se
encontraba administrativamente adscrito el demandante, esta última contenía el
registro específico de los turnos de vigilancia para el día de los hechos, en los cuales
aparecía relacionado. En consecuencia, su adscripción al CAI Metropolitano no
desvirtuaba, por sí sola, el registro operativo contenido en la minuta de servicio de
la Estación Ciudadela.
114. En esas condiciones, la Sala concluye que la circunstancia de que José Luis
Maldonado Sarmiento se encontrara adscrito al Cai Metropolitano para el 12 de julio
de 2014 no desvirtuaba el contenido de la minuta de servicio de la Estación
Ciudadela, en la cual aparecía registrado en dos turnos de vigilancia
correspondientes a esa fecha. En efecto, ambos documentos daban cuenta de
aspectos distintos de su situación funcional, el primero acreditó la unidad a la cual
se encontraba adscrito, mientras que el segundo registró el servicio de vigilancia
programado para el día de los hechos. Por consiguiente, la adscripción al Cai
Metropolitano no permitía concluir, por sí sola, que el demandante no hubiera
prestado servicio en la jurisdicción de la Estación Ciudadela el 12 de julio de 2014.
115. Establecido lo anterior, corresponde examinar las declaraciones de quienes
afirmaron haber presenciado directamente los acontecimientos. En primer lugar,
Yoiner Luis Cabarcas, al ratificar y ampliar la queja82, individualizó a José Luis
Maldonado Sarmiento como uno de los uniformados que ingresó a la vivienda. Al
ser interrogado concretamente sobre cuál de los policías había ingresado primero,
respondió: «[s]í, el primero que ingresó fue JOSE LUIS MALDONADO». Asimismo, indicó
que posteriormente «MALDONADO venía detrás de mí» cuando se dirigieron hacia la
otra vivienda.
116. Esa declaración, si bien presentó algunas precisiones y correcciones durante el
interrogatorio acerca de la secuencia en que observó al ciudadano perseguido por
79 Expediente digital, documento 43, páginas 47 y 51.
80 Expediente digital, documento 43, página 6.
81 Expediente digital, documento 43, páginas 33 y 34.
82 Expediente digital, documento 43, páginas 54 a 56.
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los policías, mantuvo de manera expresa la identificación del actor como uno de los
uniformados que ingresó a la vivienda. Incluso, ante la contradicción que le fue
puesta de presente por el funcionario que recibió la diligencia, explicó las
circunstancias en las cuales había percibido los acontecimientos y reiteró que el
demandante fue el primero que ingresó.
117. En segundo lugar, Yureine Hoyer Palacios relató83 que, cuando ingresó a una
de las viviendas, encontró a un policía dentro de ella y lo identificó de manera
expresa «ya había un policía adentro de la casa quien se llama MALDONADO»; y que
desde el patio observó que José Luis Maldonado Sarmiento salió de la vivienda y,
al preguntársele cuáles policías habían ingresado, respondió: « Maldonado nada más
y otro más que no sé quién era».
118. La identificación efectuada por Yureine Hoyer Palacios no se sustentó
únicamente en el apellido visible en el uniforme, pues explicó que él era alto, moreno
y grueso, que supo que era él «por la […] cosita del apellido» y que lo había visto con
anterioridad en el sector. Además, distinguió entre José Luis Maldonado Sarmiento
y otros uniformados, entre ellos «Toro» y el subteniente «De Laverde», de manera
que su relato no atribuyó de forma indiscriminada a todos los policías idénticas
actuaciones.
119. Por su parte, Yirina del Carmen Cabarcas Márquez84 también individualizó a
José Luis Maldonado Sarmiento y fue particularmente concreta respecto de su
ingreso a la vivienda. Al preguntársele ¿qué policías ingresaron?, respondió: «[e]l
único que ingresó fue Maldonado». Asimismo, manifestó que ya lo conocía de vista y
lo distinguía porque los uniformados patrullaban por el sector.
120. La declarante, además, diferenció la conducta que atribuyó a José Luis
Maldonado Sarmiento de la participación de otros uniformados, pues reconoció a
«Toro» y «De la Rosa», y específicamente señaló que quien ingresó a la vivienda fue
el demandante. De este modo, su declaración no se limitó a situarlo genéricamente
dentro de un grupo de policías, sino que le atribuyó de manera directa la conducta
que fue objeto de reproche disciplinario.
121. A su turno, Jair Alberto Romero Márquez85 manifestó que se encontraba en el
sector y describió la actuación de los uniformados. Respecto de José Luis
Maldonado Sarmiento afirmó expresamente que « el patrullero MALDONADO ingresó
a la vivienda» y que aquel lanzó una piedra que impactó a Yirina Cabarcas Márquez;
que lo conocía porque «siempre patrulla por ese lugar», razón por la cual pudo
individualizarlo entre los policías que participaron en los hechos.
122. Así las cosas, contrario a lo sostenido por el recurrente, la identificación no se
derivó únicamente de referencias indeterminadas a «algunos policías» o «los
uniformados». Yoiner Luis Cabarcas, Yureine Hoyer Palacios, Yirina del Carmen
Cabarcas Márquez y Jair Alberto Romero Márquez mencionaron expresamente a
«Maldonado» y lo ubicaron en el desarrollo de los acontecimientos; además, varios
de ellos le atribuyeron directamente el ingreso a una de las viviendas.
83 Expediente digital, documento 43, páginas 57 a 60.
84 Expediente digital, documento 43, páginas 57 a 65.
85 Expediente digital, documento 43, páginas 73 y 74.
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123. Desde el punto de vista de la coherencia, si bien las declaraciones no fueron
idénticas en cuanto a todos los detalles de la confrontación, mantuvieron
correspondencia en los aspectos relevantes para la conducta investigada, como la
intervención de varios miembros de la Policía Nacional, la presencia de José Luis
Maldonado Sarmiento en el lugar y su ingreso a una de las viviendas. Las
diferencias relacionadas con la secuencia de determinados acontecimientos, el
número o la actuación de otros uniformados o los daños producidos no desvirtuaron
la coincidencia existente respecto de la intervención atribuida al demandante.
124. En cuanto a la contextualización, los declarantes no efectuaron afirmaciones
abstractas o desvinculadas de la forma en que ocurrieron los hechos. Por el
contrario, describieron el sector, las viviendas involucradas, los desplazamientos de
las personas entre estas y el patio, la presencia de los policías y los momentos en
que observaron a José Luis Maldonado Sarmiento. Incluso, algunas de las
diligencias estuvieron acompañadas de representaciones gráficas del lugar, lo que
permitió advertir desde qué espacios fueron percibidos los distintos
acontecimientos.
125. Respecto de las corroboraciones periféricas, las declaraciones se apoyaban
recíprocamente en aspectos relevantes. Así, por ejemplo, mientras Yoiner Luis
Cabarcas indicó que el actor fue el primero que ingresó, Yureine Hoyer Palacios
afirmó haberlo encontrado dentro de la vivienda y visto salir de esta, Yirina del
Carmen Cabarcas sostuvo que fue el único policía que ingresó y Jair Alberto
Romero manifestó haber observado directamente dicho ingreso. Si bien los relatos
no fueron coincidentes en cuanto al número de uniformados que ingresaron a la
vivienda, pues Yureine Hoyer Palacios afirmó que lo hicieron José Luis Maldonado
Sarmiento y otro policía que no pudo identificar, mientras que Yirina del Carmen
Cabarcas señaló que aquel fue el único que ingresó, esa diferencia no recayó sobre
la individualización del demandante, a quien ambos lo ubicaron dentro del inmueble.
La convergencia entre estos relatos radicó, entonces, en que, desde distintas
posiciones y respecto de diferentes momentos de los acontecimientos, coincidieron
en ubicar al demandante dentro de la vivienda o en señalar directamente su ingreso
a esta.
126. A ello se sumaba la prueba documental relacionada con el servicio policial.
Como se expuso, las minutas correspondientes al 12 de julio de 2014 relacionaron
a José Luis Maldonado Sarmiento en el segundo y cuarto turno de vigilancia,
circunstancia que resultó compatible con las declaraciones que lo ubicaron en los
hechos investigados en ejercicio de sus funciones como integrante de una patrulla
de vigilancia.
127. Ahora bien, la Sala advierte que la comunicación de Talento Humano ubicó
administrativamente al demandante en el CAI Metropolitano, mientras algunos
declarantes hicieron referencia al CAI Santa María al explicar de dónde conocían a
determinados policías. Sin embargo, esa diferencia no resultaba suficiente para
descartar los testimonios sobre la presencia y el ingreso del demandante en una de
las viviendas, pues la certificación acreditó su unidad de adscripción, pero no
demostró que estuviera imposibilitado para prestar servicio en otro sector, mientras
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que la minuta correspondiente al día de los hechos sí lo relacionó dentro del
personal de vigilancia.
128. Frente a la explicación de José Luis Maldonado Sarmiento acerca de su
presencia en el sector, se advierte que, durante la versión libre, manifestó que había
llegado al lugar en apoyo de los uniformados que atendían la situación y que, para
ese momento, dicho apoyo ya había terminado. Esta afirmación resulta relevante
porque ofrece una explicación compatible con la circunstancia de que estuviera
administrativamente adscrito al CAI Metropolitano y, al mismo tiempo, apareciera
relacionado en la minuta de servicio de la Estación Ciudadela para el día de los
hechos. Sin embargo, la circunstancia de haber acudido al sector en apoyo de otros
uniformados no permite establecer, por sí sola, cuál fue su actuación una vez se
encontraba en el lugar ni desvirtúa las declaraciones de quienes afirmaron haberlo
observado durante el procedimiento y le atribuyeron el ingreso a una de las
viviendas.
129. Ahora bien, en lo relevante para la identificación y el ingreso atribuido al
demandante, tampoco se advierten detalles oportunistas que permitan concluir que
los declarantes acomodaron sus relatos con el propósito exclusivo de atribuirle
responsabilidad. Por el contrario, varios de ellos reconocieron expresamente los
límites de aquello que pudieron observar y distinguieron entre las conductas de José
Luis Maldonado Sarmiento y las de los demás uniformados. Así, por ejemplo,
Yureine Hoyer Palacios indicó que no podía identificar a todos los policías que
lanzaron piedras porque no les veía el rostro, mientras que Yirina del Carmen
Cabarcas manifestó no poder precisar cuál uniformado había agredido a su
hermano.
130. Tales manifestaciones resultan relevantes para valorar la credibilidad de los
testimonios, pues evidencian que los declarantes no atribuyeron
indiscriminadamente al actor todos los hechos ocurridos durante la confrontación,
sino que diferenciaron aquellas circunstancias que afirmaron haber percibido
directamente de aquellas respecto de las cuales no podían identificar a su autor.
131. En ese contexto, la ausencia de declaración de Camilo Arturo Laverde Cifuentes
tampoco conducía a la inexistencia de certeza sobre la participación de José Luis
Maldonado Sarmiento. En efecto, aunque algunos declarantes mencionaron al
subteniente «Laverde» y le atribuyeron presencia o funciones de mando durante los
acontecimientos, la responsabilidad del demandante no se sustentó en una
declaración que aquel hubiera debido corroborar necesariamente, sino en diversos
medios de prueba que individualizaron al actor y describieron directamente su
actuación. Además, contrario a lo sostenido por el recurrente, la posible intervención
de Camilo Arturo Laverde Cifuentes sí fue objeto de valoración durante la actuación
disciplinaria. A esa convergencia testimonial se sumaba la prueba documental antes
examinada, pues la denuncia situó los hechos el 12 de julio de 2014 a las 12:00 y
la minuta de servicio registró a José Luis Maldonado Sarmiento en los turnos de
vigilancia correspondientes a esa fecha.
132. En efecto, mediante auto del 20 de abril de 201586, la Inspección Delegada
Región 8 examinó el material probatorio recaudado durante la indagación preliminar
86 Expediente digital, documento 43, páginas 67 a 69.
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y consideró que este «descarta[ba] preliminarmente la participación directa del Oficial
Subalterno en los hechos» y que, por el contrario, permitía advertir, de manera
preliminar, la posible intervención de integrantes del nivel ejecutivo en los hechos
investigados, entre quienes se encontraba José Luis Maldonado Sarmiento, de
acuerdo con la ratificación y ampliación de la queja y las declaraciones recaudadas
hasta ese momento. Con fundamento en esa apreciación inicial, efectuada para
determinar la autoridad competente para continuar la actuación, dispuso remitir la
actuación a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de
Barranquilla para que continuara el trámite respecto de los patrulleros, por ser la
autoridad competente para conocer de las faltas atribuidas al personal del nivel
ejecutivo.
133. Por lo tanto, no se advierte que Camilo Arturo Laverde Cifuentes hubiera sido
simplemente omitido en la actuación, como lo planteó el apelante. Su posible
participación directa en los hechos fue descartada preliminarmente, con fundamento
en los elementos recaudados hasta ese momento. Esta determinación, además,
guardó correspondencia con las declaraciones que diferenciaron la actuación de
ambos uniformados; en efecto, Yoiner Luis Cabarcas indicó que «Laverde»
permaneció afuera mientras otros policías ingresaron; Yirina del Carmen Cabarcas
relató que «Laverde» se encontraba apartado de las residencias; y las declaraciones
que atribuyeron el ingreso a José Luis Maldonado Sarmiento no hicieron depender
esa identificación de una actuación previa o simultánea del subteniente. En esas
condiciones, la falta de vinculación y de declaración de Camilo Arturo Laverde
Cifuentes no desvirtuó, por sí sola, los elementos de convicción que individualizaron
la conducta atribuida al demandante.
134. Así las cosas, la Sala encuentra que la autoridad disciplinaria contó con un
conjunto probatorio que, valorado de manera integral, permitió establecer la
presencia de José Luis Maldonado Sarmiento en el lugar de los hechos y su ingreso
a una de las viviendas. Esta conclusión no se sustentó en un único testimonio ni en
una inferencia derivada exclusivamente de su condición de policía, sino en varias
declaraciones coincidentes en ese aspecto, acompañadas de la documentación que
acreditó que se encontraba relacionado dentro del servicio de vigilancia del 12 de
julio de 2014, corroboradas por la documentación que registró que se encontraba
en servicio de vigilancia el mismo 12 de julio de 2014, fecha en la cual la denuncia
situó los hechos investigados a las 12:00.
135. Por consiguiente, las diferencias advertidas entre algunos detalles de las
declaraciones no tienen entidad suficiente para desvirtuar las coincidencias
existentes sobre los aspectos centrales de la conducta investigada, así que la
autoridad disciplinaria podía, conforme con las reglas de la sana crítica, otorgar
mérito a aquellos apartes que resultaban coherentes entre sí y estaban
corroborados por otros elementos de convicción, sin que fuera exigible una
identidad absoluta entre los relatos.
136. De esta manera, no se advierte que la conclusión acerca de la participación del
demandante hubiera obedecido a una valoración fragmentaria, arbitraria o carente
de soporte probatorio. Por el contrario, existían elementos convergentes que
permitían alcanzar el grado de certeza exigido respecto de su presencia en los
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hechos y del ingreso a una de las viviendas, conducta por la cual finalmente fue
declarado responsable disciplinariamente.
137. En consecuencia, la Sala concluye que la autoridad disciplinaria realizó una
valoración integral y razonada del material probatorio conforme con las reglas de la
sana crítica. Asimismo, las inferencias fácticas que sustentaron la sanción
encontraron respaldo en las pruebas testimoniales y documentales recaudadas y
apreciadas de manera conjunta, las cuales permitieron tener por acreditada la
presencia de José Luis Maldonado Sarmiento en el lugar de los hechos y su ingreso
a una de las viviendas. Por lo tanto, las diferencias señaladas por el recurrente entre
las declaraciones, así como sus cuestionamientos relacionados con la falta de
vinculación y de declaración de Camilo Arturo Laverde Cifuentes, no desvirtuaron la
certeza alcanzada sobre la participación del demandante, máxime cuando la posible
intervención de aquel fue examinada durante la indagación preliminar y descartada
preliminarmente por la autoridad disciplinaria con fundamento en el material
probatorio recaudado hasta ese momento. Por esta razón, el cargo de apelación no
tiene vocación de prosperidad.
2.3.4. La ilicitud sustancial
2.3.4.1. Marco normativo y jurisprudencial
138. El artículo 5 de la Ley 734 de 2002 previó que la falta será antijurídica cuando
afecte el deber funcional sin justificación alguna. En términos de esta corporación, para
que una conducta típica sea antijurídica se requiere una afectación injustificada al
deber funcional «como bien jurídico del Estado protegido por el derecho disciplinario»87, a lo
cual se agrega el adjetivo sustancial, es decir que «la actuación u omisión del servidor
público debe desembocar en una afectación material, real y efectiva del buen funcionamiento
del Estado y por tanto del servicio público».
139. Sobre el particular, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el derecho
disciplinario está integrado por todas las normas que exigen a los servidores públicos
un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En esa línea, las
normas que lo rigen buscan «encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas
mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos
fines y funciones estatales»88. Asimismo:
«Las conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general, son
aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público.
En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia ha señalado que se encuentra
integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación
de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación
del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si
se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas
dimensiones. El incumplimiento al deber funcional es lo que configura la ilicitud sustancial
que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas
disciplinarias.»
140. Lo anterior impide que las faltas se remitan a conductas que cuestionan la
actuación del servidor público sin que se precisen los deberes funcionales que le
incumben, «como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria
87 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017,
88 Corte Constitucional, sentencia C-948 de 2002.
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que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta»89
que, se reitera, se materializa en la inobservancia del deber funcional que perturba el
correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines.
141. Dicho en términos de la jurisprudencia de esta corporación, para que exista una
falta disciplinaria es ineludible que la acción u omisión «conlleve una verdadera afectación
de la función pública encomendada al disciplinado, lo que significa que si la ilicitud sustancial
no fue “sustancial” no es posible declarar la responsabilidad disciplinaria»90.
2.3.4.2. Análisis sustancial del caso concreto
142. Una vez establecida la ocurrencia de la conducta atribuida al demandante y su
adecuación al tipo disciplinario por el cual fue sancionado, corresponde determinar
si aquella comportó una afectación sustancial e injustificada del deber funcional,
presupuesto necesario para establecer la existencia de responsabilidad
disciplinaria.
143. Aunque el demandante no formuló un reparo autónomo frente a la ilicitud
sustancial, su análisis resulta necesario para establecer si la conducta acreditada
tuvo relevancia disciplinaria. En particular, deberá determinarse si el
comportamiento atribuido trascendió la mera infracción del ordenamiento jurídico y
afectó los deberes funcionales que le eran exigibles en su condición de miembro
activo de la Policía Nacional.
144. Al respecto, en el acto sancionatorio de primera instancia91, la autoridad
disciplinaria examinó expresamente la ilicitud sustancial al momento de
fundamentar la calificación de la falta. Para ello, partió de que la conducta atribuida
no podía analizarse únicamente desde su correspondencia con el tipo disciplinario,
sino que debía establecerse si comportaba una afectación del deber funcional. En
ese contexto, consideró que el actor, como miembro de la Policía Nacional, se
encontraba sometido al cumplimiento de los deberes propios de la función pública
y, en particular, a ejercer sus atribuciones con sujeción a la Constitución y la ley.
145. En particular, la primera instancia relacionó esa afectación con las
circunstancias en las cuales se produjo el ingreso a la vivienda. Consideró que el
investigado se encontraba en ejercicio de sus funciones como integrante de una
patrulla de vigilancia y que, prevalido de su condición de miembro de la Policía
Nacional, ingresó a una vivienda sin autorización, sin que mediara orden judicial de
allanamiento ni se hubiera establecido una situación de flagrancia que habilitara el
acceso. A partir de esas circunstancias, concluyó que el comportamiento excedió
los límites dentro de los cuales debía ejercer la función policial.
146. Por su parte, la autoridad disciplinaria de segunda instancia 92, mantuvo esa
conclusión al considerar que la conducta atribuida al demandante no correspondía
al ejercicio legítimo de sus funciones como integrante de la Policía Nacional, porque
en su condición de servidor público, estaba obligado a proteger los derechos
89 Ibidem.
90 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014,
radicación: 11001-03-25-000-2012-00167-00(0728-12).
91 Expediente digital, documento 43, páginas 103 a116.
92 Expediente digital, documento 43, páginas 132 a 152.
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fundamentales de los habitantes y a ejercer sus atribuciones con sujeción a la
Constitución y la ley, deberes que resultaron afectados al ingresar a una vivienda
sin autorización y prevalido de su condición de policía. Que dicho comportamiento
trascendió la mera adecuación formal al tipo disciplinario, en tanto comportó una
extralimitación en el ejercicio de la función y afectó el deber funcional que le
correspondía observar.
147. Ahora bien, para la Sala, el razonamiento de las autoridades disciplinarias
permite establecer una afectación sustancial del deber funcional, porque la
conducta sancionada no se produjo en un ámbito ajeno al servicio ni correspondió
a un comportamiento estrictamente privado del demandante. Por el contrario, existió
una relación directa entre el comportamiento reprochado y el ejercicio de la función
policial, pues el actor se encontraba prestando servicio como integrante de una
patrulla de vigilancia cuando ocurrieron los hechos.
148. Esa circunstancia resulta relevante porque la condición de miembro de la Policía
Nacional no le otorgaba, por sí misma, la facultad de ingresar a una habitación
ajena. El ejercicio de las funciones policiales debía sujetarse a los límites
establecidos por la Constitución y la ley, de manera que el uso de la investidura
funcional para acceder a una vivienda sin que concurriera alguno de los
presupuestos jurídicos que lo permitieran comportó un ejercicio indebido de la
autoridad conferida.
149. Por lo tanto, la afectación del deber funcional no se derivó simplemente de que
la conducta atribuida coincidiera con un comportamiento descrito en la ley penal,
sino de las circunstancias funcionales en las cuales fue ejecutada. Como se
estableció en los acápites anteriores, intervino en los hechos en ejercicio de la
función policial y fue precisamente en ese contexto en el que ingresó a la vivienda
sin autorización, comportamiento que desconoció los límites constitucionales y
legales dentro de los cuales debía ejercer sus atribuciones.
150. De esta manera, el comportamiento tuvo incidencia directa en el adecuado
ejercicio de la función pública, pues el deber funcional comprometido exigía que el
demandante ejerciera las facultades derivadas de su condición de miembro de la
Policía Nacional dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. El
desconocimiento de esos límites mediante el ejercicio indebido de la investidura
policial trascendió la mera infracción formal de una norma y comprometió
sustancialmente la forma en que debía desarrollarse la función que le había sido
encomendada.
151. Tampoco se acreditó una circunstancia que justificara el comportamiento, en la
medida en que, conforme con los hechos que las autoridades disciplinarias tuvieron
por demostrados, el ingreso a la vivienda no estuvo precedido de autorización ni de
orden judicial de allanamiento y tampoco se estableció la existencia de una situación
de flagrancia que habilitara el acceso en las condiciones en que se produjo.
Precisamente, tales circunstancias fueron valoradas desde la primera instancia para
establecer que el investigado había excedido las facultades derivadas del ejercicio
de la función policial.
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152. En esas condiciones, se encuentra acreditada la necesaria correspondencia
entre el comportamiento sancionado y el menoscabo del deber funcional, pues José
Luis Maldonado Sarmiento no solo incurrió en una conducta jurídicamente
reprochable, sino que lo hizo en ejercicio de sus funciones y mediante un uso
indebido de las facultades derivadas de su condición de miembro de la Policía
Nacional, circunstancia que comprometió de manera directa el correcto ejercicio de
la función pública.
153. En consecuencia, la Sala concluye que la conducta atribuida a José Luis
Maldonado Sarmiento comportó una afectación real, sustancial e injustificada del
deber funcional, en tanto desconoció los límites constitucionales y legales que
regían el ejercicio de la función policial. Así las cosas, se encontraba satisfecho el
presupuesto de ilicitud sustancial necesario para atribuir responsabilidad
disciplinaria.
2.3.4. La culpabilidad
2.3.4.1. Marco normativo y jurisprudencial
154.El artículo 13 de la Ley 734 de 2002, en relación con el principio de culpabilidad,
dispuso que «[e]n materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».
155. Esta corporación, en sentencia del 24 de enero de 2019 93, precisó que la
culpabilidad exige examinar la conducta del disciplinado desde una perspectiva
subjetiva, con el propósito de establecer «el grado de voluntad y conocimiento que tenía
aquel respecto de la acción u omisión que se le atribuye y reprocha». Asimismo, explicó
que el citado artículo 13 estructura la culpabilidad a partir de la prohibición de
responsabilidad objetiva y de las modalidades de imputación subjetiva, esto es, el
dolo y la culpa.
156. Asimismo, en sentencia del 30 de septiembre de 202194, reiteró que la
culpabilidad comporta un examen subjetivo de la conducta y, específicamente frente
al dolo disciplinario, precisó que «debe estar conformado por los siguientes elementos;
el conocimiento de los hechos, el conocimiento de la ilicitud y la voluntad».
157. Así las cosas, para declarar la responsabilidad disciplinaria no basta con
demostrar la realización objetiva de la conducta y su ilicitud sustancial, sino que
también debe establecerse la forma en que aquella puede atribuirse subjetivamente
al disciplinado. En ese sentido, la autoridad disciplinaria debe acreditar los
elementos que permitan concluir si la conducta fue ejecutada con dolo o con culpa,
según la modalidad de imputación formulada en cada caso, pues el principio de
culpabilidad proscribe toda forma de responsabilidad objetiva y exige verificar el
grado de conocimiento, voluntad o descuido con el que actuó el servidor público.
2.3.4.2. Análisis sustancial del caso concreto
93 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de enero de 2019, radicado
11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012).
94 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021,
radicado 27001-23-33-000-2013-00307-01 (2118-2015).
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158. Aunque la culpabilidad no fue cuestionada de forma expresa en el recurso de
apelación, la Sala considera necesario efectuar algunas precisiones sobre este
aspecto, en la medida en que la responsabilidad disciplinaria exige establecer no
solo la realización objetiva de la conducta y su ilicitud sustancial, sino también su
atribución subjetiva al disciplinado. En consecuencia, corresponde verificar si la
conducta atribuida a José Luis Maldonado Sarmiento podía imputársele a título de
dolo y, para el efecto, si conocía de los hechos constitutivos de la falta y su ilicitud
y si tuvo además la voluntad de realizar el comportamiento reprochado.
159. En cuanto al conocimiento de los hechos, la Sala advierte que este se encuentra
acreditado porque, tal como se estableció en el acápite precedente, José Luis
Maldonado Sarmiento se encontraba prestando el servicio de vigilancia el 12 de julio
de 2014 y, en desarrollo de este, intervino en los acontecimientos ocurridos en el
barrio Santo Domingo de Guzmán de Barranquilla e ingresó a una de las viviendas.
Esta conclusión se sustentó en las declaraciones que lo individualizaron de manera
directa y en la documentación del servicio correspondiente a esa fecha.
160. De esta manera, no se trató de una circunstancia ajena al conocimiento de José
Luis Maldonado Sarmiento ni de un resultado producido al margen de su actuación,
pues fue él quien, mientras se encontraba en servicio y en ejercicio de sus funciones
como miembro de la Policía Nacional, ingresó a una vivienda ajena. Así, las
circunstancias fácticas que integraron la conducta eran necesariamente conocidas
por quien la ejecutó.
161. También se encuentra acreditado el conocimiento de la ilicitud en la medida en
que José Luis Maldonado Sarmiento, en su condición de miembro activo de la
Policía Nacional, conocía los límites que regían el ejercicio de sus funciones y, en
particular, que su investidura como servidor público no lo facultaba para ingresar,
por esa sola condición, a una vivienda ajena. Precisamente, la autoridad
disciplinaria tuvo por demostrado que el demandante se encontraba en ejercicio de
sus funciones y que ingresó sin autorización a una de las viviendas, sin que mediara
orden judicial de allanamiento ni se hubiera establecido una situación de flagrancia
que legitimara su actuación.
162. En esas condiciones, el conocimiento de la ilicitud no se derivó exclusivamente
de su condición de servidor público, sino de las circunstancias concretas en las
cuales desplegó la conducta. En efecto, José Luis Maldonado Sarmiento conocía
que se encontraba en ejercicio de funciones policiales y, pese a ello, ingresó a una
vivienda ajena sin contar con autorización para hacerlo, de manera que podía
comprender que su comportamiento excedía los límites propios de la función que
ejercía.
163. Finalmente, respecto de la voluntad, tampoco se advierte que el ingreso a la
vivienda hubiera obedecido a un comportamiento accidental, involuntario o ajeno al
dominio de José Luis Maldonado Sarmiento. Por el contrario, las pruebas valoradas
en el acápite precedente permitieron establecer que ingresó materialmente al
inmueble, circunstancia respecto de la cual coincidieron varios de los declarantes
que presenciaron directamente los acontecimientos. En particular, Yirina del
Carmen Cabarcas Márquez manifestó que «[e]l único que ingresó fue Maldonado»,
mientras que Jair Alberto Romero Márquez afirmó que «el patrullero MALDONADO
ingresó a la vivienda».
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164. De lo anterior se desprende que el ingreso a la vivienda correspondió a una
actuación consciente y voluntaria de José Luis Maldonado Sarmiento, conocía las
circunstancias en las que actuaba y, aun así, decidió ejecutar la conducta. En ese
sentido, no se advierte la existencia de circunstancia alguna que permita concluir
que su actuación fue producto de un error, accidente o situación de fuerza mayor
que excluyera su capacidad de determinarse conforme con el deber funcional.
165. Así las cosas, la Sala encuentra acreditados los componentes de la imputación
subjetiva efectuada por la autoridad disciplinaria, esto es, el conocimiento de los
hechos, de la ilicitud y la voluntad de realizar la conducta. En consecuencia, la
atribución de responsabilidad a título de dolo no se sustentó en una forma de
responsabilidad objetiva derivada exclusivamente de la condición de servidor
público de José Luis Maldonado Sarmiento, sino en las circunstancias concretas en
las que ejecutó el comportamiento reprochado.
166. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 2 de agosto de
2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, Sala de Decisión Oral,
Despacho 3, que negó las pretensiones de la demanda presentada por José Luis
Maldonado Sarmiento y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional.
2.4. Costas
167. La condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo está
prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
168. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
169. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma95.
170. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
95En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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171. No evidencia la Sala que en esta instancia la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se condenará en costas en esta instancia.
2. Conclusión
172. Por las razones expuestas en precedencia, se confirmará la sentencia que negó
las pretensiones de la demanda al no prosperar los cargos de la apelación, en la
medida en que se acreditó que la actuación disciplinaria se adelantó con
observancia de las garantías del debido proceso, defensa y contradicción, sin que
las circunstancias alegadas respecto de la falta de suscripción y ratificación de la
queja, el recaudo y contradicción de las declaraciones practicadas durante la
indagación preliminar, la declaración recibida con posterioridad a la remisión por
competencia, el cambio de radicación y la imparcialidad de la autoridad que resolvió
el recurso de apelación tuvieran entidad suficiente para afectar la validez de la
actuación.
173. Asimismo, se estableció que la conducta atribuida a José Luis Maldonado
Sarmiento se adecuó a la falta gravísima prevista en el artículo 34, numeral 9, de la
Ley 1015 de 2006, integrada con el delito de violación de habitación ajena por
servidor público previsto en el artículo 190 del Código Penal; y que las pruebas
legalmente recaudadas y valoradas de manera integral conforme con las reglas de
la sana crítica permitieron acreditar su presencia en el lugar de los hechos y el
ingreso sin autorización a una de las viviendas mientras se encontraba en ejercicio
de sus funciones como integrante de una patrulla de vigilancia.
174. Finalmente, se acreditó que la conducta era atribuible a José Luis Maldonado
Sarmiento a título de dolo, pues conocía los hechos constitutivos de la falta y su
ilicitud y, pese a ello, orientó su voluntad a la realización del comportamiento
reprochado. A su vez, dicho comportamiento comportó una afectación real e
injustificada del deber funcional inherente a su condición de miembro de la Policía
Nacional, pues excedió los límites constitucionales y legales dentro de los cuales
debía ejercer la función policial, sin que se acreditara circunstancia alguna que
justificara su actuación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B, Sala de Decisión Oral, Despacho 3, que
negó las pretensiones de la demanda presentada por José Luis Maldonado
Sarmiento y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: José Luis Maldonado Sarmiento y otros
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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