Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00764-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00764-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-00764-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Temas: Pensión especial de alto riesgo. Bombero
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 2 de septiembre del 2019 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico por medio de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Manuel Esteban Viloria Castillo formuló
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se
declare la nulidad de las Resoluciones GNR 142576 del 16 de mayo; GNR 249449
del 24 de agosto; y VPB 40106 del 21 de octubre del 2016, proferidas por la
Administradora Colombiana de Pensiones, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento del derecho pensional y se resolvieron los recursos de reposición y
apelación, respectivamente.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones que reconozca y
pague una pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, desde el 18 de
octubre del 2010, momento para el cual cumplió la totalidad de requisitos legales,
en cuantía del 90 % del ingreso base de liquidación; (ii) disponer el pago del
retroactivo pensional causado desde el momento en que adquirió el estatus de
pensionado, con la respectiva indexación e intereses [sic]; (iii) condenar a la parte
demandada al pago de costas y agencias en derecho; y (iv) que el cumplimiento
de la sentencia se dé en los términos de los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo [sic].
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, la apoderada de la parte demandante señaló los
siguientes:
i) El señor Manuel Esteban Viloria Castillo laboró para el cuerpo de bomberos
adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla de
forma ininterrumpida durante 25 años, 1 mes y 29 días, comprendidos entre el 1
de septiembre de 1989 y el 30 de octubre del 2014.
2
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
ii) El 20 de enero del 2016, el señor Viloria Castillo solicitó el reconocimiento de la
pensión de vejez de alto riesgo ante Colpensiones, que le fue negada por medio
de la Resolución GNR 142576 del 16 de mayo de esa anualidad, por el supuesto
incumplimiento en el pago de la cotización especial de que trata el Decreto 2090
del 2003.
iii) El 8 de julio del 2016, interpuso recurso de reposición, y en subsidio apelación,
contra la negativa emitida por Colpensiones, los cuales fueron desatados
desfavorablemente por medio de las Resoluciones GNR 249449 del 24 de agosto y
VPB 40106 del 21 de octubre del 2016, respectivamente.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violados los artículos 25, 48
y 53 de la Constitución Política de 1991; y los Decretos 1068 de 1995 y 2090 del
2003. En desarrollo del concepto de la violación, la parte demandante expuso los
siguientes argumentos:1
i) Los Decretos 1068 de 1995 y 2090 del 2003 establecen que el monto de
cotización al sistema general de pensiones de aquellos trabajadores que realicen
actividades de alto riesgo es el contemplado en la Ley 100 de 1993 más 10 puntos
adicionales, los cuales estarán a cargo del empleador.
1 Folios 3 al 11.
3
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
ii) Sobre los requisitos para el reconocimiento de la mesada pensional de alto
riesgo, el artículo 3 del Decreto 1281 de 1994 establece que es necesario que el
beneficiario cuente con un mínimo de 1.000 semanas cotizadas y 55 años de
edad, exigencia que se reducirá en 1 año por cada 60 semanas adicionales a las
primeras 1.000, sin que pueda llegar a ser inferior a 50 años.
iii) El Decreto 2090 del 2003 contempla el reconocimiento de una mesada
pensional especial para aquellas personas que desarrollan labores de alto riesgo
que puede disminuir la expectativa de vida o las condiciones de salud. Dichos
empleos imponen el deber en el empleador de efectuar una serie de cotizaciones
adicionales, ante cuyo incumplimiento no se pueden afectar los intereses
prestacionales del beneficiario.
iv) Según ha indicado la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de agosto
del 2013, dictada dentro del proceso con radicado 44996, «si está demostrado en
el proceso que la actividad cumplida por el trabajador corresponde a las
catalogadas como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido con el deber
de esa cotización adicional no puede ser el afiliado quien corra con las
consecuencias negativas de tal omisión, por lo que la administradora de pensiones
una vez satisfechos los demás requisitos legales, debe reconocer la pensión
especial de vejez».
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Colpensiones
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Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
La Administradora Colombiana de Pensiones, por medio de apoderado judicial,
contestó la demanda de conformidad con el memorial que reposa en los folios 67
al 75 del expediente, en donde se opuso a la prosperidad de las pretensiones, de
acuerdo con las siguientes razones:
i) Los actos administrativos demandados fueron expedidos con plena observancia
de las normas vigentes y aplicables al caso concreto, pues el señor Manuel
Esteban Viloria Castillo no cumple los requisitos legales establecidos en el Decreto
2090 del 2003 para el reconocimiento de una pensión especial de vejez de alto
riesgo, toda vez que no está acreditado que haya desempeñado el cargo de
bombero ni que haya actuado en operaciones de extinción de incendios.
ii) El demandante no cumple con el requisito de edad dispuesto en la Ley 797 del
2003 ni con el número mínimo de semanas cotizadas para el reconocimiento de
esta clase de mesadas, que es de 1.300 semanas, toda vez que el señor Viloria
Castillo acredita apenas un total de 1.194 semanas de aportes; además, no está
claro que el accionante cumpliera funciones de alto riesgo.
iii) El interesado tampoco es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, en tanto que para la fecha de su entrada en vigencia no contaba ni con
15 años de servicio ni con 40 años de edad, lo que quiere decir que su derecho
pensional debe atender los presupuestos del régimen general de seguridad social
y no a las condiciones especiales consignadas en el Decreto 2090 del 2003.
iv) Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de
causa para demandar, inepta demanda, prescripción, buena fe, compensación y la
genérica e innominada.
5
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
1.2.2. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
El Distrito de Barranquilla, que fue vinculado al proceso por medio de auto del 5 de
septiembre del 2017, se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la
demanda en el siguiente sentido:2
i) El señor Manuel Esteban Viloria Castillo estuvo vinculado al Distrito Especial,
Industrial y portuario de Barranquilla desde el 22 de septiembre de 1989 hasta el
31 de octubre del 2014, en donde desempeñó los cargos de; bombero TEC 4 del
Cuerpo de Bomberos de Barranquilla; operador 4 de la División del Cuerpo de
Bomberos de la Secretaría de Gobierno; bombero de la División del Cuerpo de
Bomberos de la Secretaría de Gobierno; bombero de la Dirección Operativa de la
Secretaría de Gobierno; bombero código 635 grado 4; bombero código 475 grado
03; y bombero código 475 grado 2.
ii) El Distrito de Barranquilla realizó oportunamente todos los aportes a seguridad
social a favor del señor Viloria Castillo, especialmente las cotizaciones al riesgo de
vejez, discutidas en esta oportunidad, hecho que puede corroborarse con los
formatos 1, 2 y 3b, expedidos por la Gerencia de Talento Humano de esa entidad
territorial y confirmados por Colpensiones.
iii) Del análisis de la hoja de vida del demandante se puede establecer: (a) que no
cumple ninguno de los 2 requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993; (b) que no acredita el número mínimo de 1.300 semanas de cotización
2 Folios 79 al 86.
6
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
necesarias para adquirir el derecho pensional a la luz de la Ley 797 del 2003, toda
vez que solo cuenta con 1.194; y (c) que no está probado el cumplimiento de la
totalidad de exigencias legales para acceder a una mesada especial de alto
riesgo.
iv) El Distrito de Barranquilla no participó en la expedición de los actos
administrativos demandados y cumplió con el deber de realizar las cotizaciones
legales respectivas, razón por la que no hay lugar a emitir condena alguna en su
contra, dada la configuración de la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.
1.3 La sentencia apelada
El 2 de septiembre del 2019, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió
sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia, en el sentido
de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. En consecuencia,
ordenó a Colpensiones reconocer, en beneficio del demandante, una pensión
mensual vitalicia de vejez de alto riesgo en los siguientes términos y por las
razones que pasan a explicarse:3
i) El señor Manuel Esteban Viloria no es beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, pues para la fecha de entrada en vigencia de esa norma no
contaba ni con los 40 años de edad ni con los 15 años de servicio que exige el
artículo 36 ibidem. De conformidad con el Decreto 691 de 1994, a partir de la
implementación del sistema general de seguridad social, y sin perjuicio de las
3 Folios 184 al 207.
7
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
prerrogativas transicionales, no se reconocerán pensiones especiales distintas a
las previstas en el Decreto 1835 de 1994 y en el régimen general de actividades
de alto riesgo.
ii) A pesar de lo anterior, el demandante sí es beneficiario del régimen de
transición del Decreto 2090 del 2003, toda vez que, para la fecha de su entrada en
vigencia, 28 de julio de ese año, acreditaba más de 13 años de servicio, es decir,
que superaba la exigencia de 500 semanas establecidas en el artículo 9 de dicha
norma, en tanto en el expediente está probado que para esa data le figuraban un
total de 715,428 semanas cotizadas.
iii) Sobre la necesidad de que el servidor de alto riesgo, para ser beneficiario de la
transición descrita en el Decreto 2090 del 2003, deba acreditar, además de los
requisitos allí establecidos, los fijados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
Consejo de Estado4 ha indicado que ello no es procedente, a la luz del principio de
favorabilidad y que «como quiera que la disposición jurídica establece requisitos
para la transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser
beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que más favorece
al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación
preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su
pensión especial de vejez».
iv) En virtud del régimen de transición del Decreto 2090 del 2003, el señor Viloria
Castillo es titular de la pensión especial de vejez descrita en el Decreto 1835 de
4Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio del 2017.
Radicado 08001 23 33 000 2012 00082 01.
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Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
1994, en tanto cuenta con un total de 1.240 semanas cotizadas en el desempeño
de actividades de alto riesgo descritas en el numeral 5 del artículo 2 ibidem, es
decir, la atinente a la extinción de incendios, tal como puede corroborarse de la
certificación visible en los folios 292 al 294 del expediente.
v) Además de lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1835 de 1994 establece que
para acceder a la prestación discutida es necesario cumplir 1.000 semanas de
cotización especial y 55 años de edad, que se reducirán en 1 año por cada 60
semanas adicionales a las primeras 1.000, sin que pueda ser inferior a 50 años.
Entonces, en atención a que el accionante cuenta con un total de 1.240 semanas
cotizadas, tiene derecho a que el requisito de la edad le sea reducido en 4 años, lo
que implica que causó su derecho el 18 de octubre del [2006], momento para el
cual cumplió 51 años de edad y ya acreditaba el número mínimo de cotizaciones.
Sin embargo, debido a que el retiro del servicio tuvo lugar el 31 de octubre del
2014, según renuncia aceptada por medio del Decreto 729 del 23 de octubre de
ese año, el disfrute de la mesada solo tendría lugar a partir del 1 de [noviembre]
de esa anualidad.
vi) No puede perderse de vista que para el momento de la expedición de la
sentencia de primera instancia, el señor Manuel Esteban Viloria Castillo
devengaba una asignación pensional de alto riesgo de carácter provisional que le
fue reconocida por el Distrito de Barranquilla por conducto de la Resolución 1643
del 2014, lo que significa que, a partir de la orden de reconocimiento pensional
impuesta a Colpensiones, cesará la obligación de pago de aquella entidad
territorial pero solo hasta que se compruebe el reconocimiento e inclusión en
nómina de pensionados por parte de la autoridad condenada, con la salvedad de
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Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
que el reconocimiento «se ceñirá exclusivamente a la diferencia que exista entre la
mesada pensional que venía percibiendo y la que se establezca producto del
restablecimiento ordenado en esta sentencia, si es que existiese un mayor valor
frente al que se estableció inicialmente por el D.E.I.P. de Barranquilla».
vii) Respecto de las condiciones de la mesada, el artículo 13 del Decreto 1385 de
1994 remite al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual deberá ser tendido para
efectos de calcular el monto de la mesada.5 Ahora, en cuanto al argumento de
Colpensiones, según el cual el empleador incumplió con el pago oportuno o
completo de los aportes, «el incumplimiento del patrono […] no es óbice para
proceder con el reconocimiento del derecho, en tanto no puede asignar al
trabajador una consecuencia adversa de tal magnitud».
En ese sentido, la administradora de pensiones tiene la facultad de efectuar los
cobros a los empleadores en caso de que hayan incurrido en mora en el pago de
los aportes, por disposición del artículo 2 de la Ley 33 de 1985, pues así lo ha
considerado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25
de enero del 2011, dictada dentro del proceso con radicado 37846.
viii) Finalmente, determinó que no se configuraba el fenómeno prescriptivo de las
mesadas en atención a que la efectividad de la pensión debe entenderse desde el
1 de septiembre del 2014, la solicitud de reconocimiento fue elevada el 20 de
enero del 2016 y el medio de control fue radicado el 8 de junio del 2017, es decir,
que no transcurrieron más de 3 años entre los citados momentos.
5 No se hicieron más precisiones sobre el particular.
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Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
1.4. El recurso de apelación
La Administradora Colombiana de Pensiones, a través de memorial visible en los
folios 222 al 224, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, de acuerdo con lo citado a continuación:
i) Está en cabeza del empleador cumplir con la obligación de efectuar cotizaciones
al sistema general de pensiones de acuerdo con el salario efectivamente
devengado por el trabajador, dentro de los plazos y condiciones establecidos en la
norma, lo que quiere decir que, en caso de acceder a las pretensiones de la
demanda, Colpensiones se vería obligado a realizar el respectivo calculo actuarial
[sic].
ii) La obligación del empleador de realizar las cotizaciones adicionales por
empleos de alto riesgo solo es procedente en aquellos casos en los que se
desarrollan las actividades descritas en el artículo 2 del Decreto 1835 de 1994,
que se refiere al ejercicio de los cargos de capitanes, tenientes, subtenientes,
sargentos I, sargentos II, cabos y bomberos que dentro de sus funciones tengan la
extinción de incendios [sic].
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Ninguna de las partes alegó de conclusión, según puede observarse en
constancia que reposa en el folio 267 del cuaderno principal.
1.6. El Ministerio Público
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Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
El agente del ministerio público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación, el presente asunto se
circunscribe a determinar si la falta de cotizaciones especiales por parte del
empleador justificaría el no reconocimiento de la pensión especial de alto riesgo que
fue ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia de primera
instancia.
2.2. Marco normativo
El régimen especial de alto riesgo del personal de los Cuerpos de Bomberos
El presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas
en el numeral 2.º del artículo 176 de la Ley 797 de 2003, que reformó «algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
adoptó algunas disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
6 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República
de facultades extraordinarias para:
[…]
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las
tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar
el equilibrio financiero del sistema».
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Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
especiales», expidió el Decreto 2090 de 2003, «por el cual se definen las
actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las
condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores
que laboran en dichas actividades»,7 que, en lo pertinente, preceptúa:
Artículo 1º. Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos
los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades
de alto riesgo aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de
la expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que
ejecuta, con ocasión de su trabajo.
Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en
subterráneos.
2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los
valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud
ocupacional.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.
4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus
veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de
tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas
vigentes.
6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función
específica de actuar en operaciones de extinción de incendios. [resaltado de la
Sala]
7 Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.
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Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión
carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que
labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con
excepción de aquellos administrados por la fuerza pública.
Por su parte, respecto de las pensiones especiales de vejez y las condiciones de
su reconocimiento, el citado Decreto dispone lo siguiente:
Artículo 3º. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media
con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el
número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo
menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la
pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo
siguiente.
Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9o de la Ley 797 de 2003[8].
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el
Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50)
años.
Artículo 5º. Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para
las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10)
puntos adicionales a cargo del empleador.
8 «Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del
1º. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año
2015».
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Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
De la norma trascrita se concluye que la actividad del personal perteneciente a los
cuerpos de bomberos, con funciones específicas de extinción de incendios, tienen
el carácter de alto riesgo; por tanto, dichos servidores públicos gozan del régimen
pensional establecido por el aludido Decreto 2090 de 2003.
Sin embargo, la norma citada estableció un régimen de transición consistente en
que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas 1000 semanas cotizadas, 9 la pensión
de jubilación les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las
normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo. Esto señala la
norma:
Artículo 6. Régimen de transición. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible>10
Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado
cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez
cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder
a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las
normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.
De la lectura inicial de la norma transcrita, se extrae que para ser beneficiario del
régimen de transición del Decreto 2090 del 2003 es necesario acreditar un mínimo
9 Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
10 En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, declaró este artículo
exequible condicionalmente “…en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también
se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido
calificada jurídicamente como de alto riesgo”.
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Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
de 500 semanas de cotización especial, antes del 28 de julio del 2008, y, además,
cumplir las condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. No
obstante, esta Corporación se mostró en desacuerdo con la segunda exigencia11 y
en sentencia el 12 de junio del 2014 indicó lo siguiente:12
En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen especial
de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090 de
2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso
del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple
con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional
bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos similares
al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el
parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación desventajosa,
en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba próximo a cumplir los
requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del
Decreto 1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido
los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.
“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas de
los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de salvaguardar las
aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad
con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o
modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los
asociados, especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de
armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un régimen de
transición”13
11 La relativa al cumplimiento de los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
12 Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23 31
000 2012 00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015
proferida dentro del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-663 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
16
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella establecido
cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la
transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición general, la interpretación que más favorece al demandante es la que
permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez.
[…]
De otra parte, y respecto del requisito previsto en el mencionado inciso primero del artículo
6 del Decreto 2090 de 2003 sobre la cotización especial cuando menos de 500 semanas, la
Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007 declaró la exequibilidad condicionada de
dicho artículo, acogiendo la interpretación más favorable a los trabajadores “que es
aquella que les permite acreditar el número de semanas de cotización para
mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes
regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas
como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al
momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”.
Y, frente a la coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 y
el que establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003..resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100 de
1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable al
trabajador…En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación concreta
un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el
del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para
una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte
más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones
pensionales”.
Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del
demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho en
las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de
inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un
régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de
transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en
el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y
entender que el actor es beneficiario del régimen especial de transición por haber
acreditado 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de
2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003. [Resalta la Sala].
Ahora, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 797 del 2003 se entiende que el
derecho pensional en los términos del régimen de transición del Decreto 2090 de
ese mismo año, requiere el cumplimiento de un mínimo de 1000 semanas de
17
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
cotización en cualquier tiempo hasta el 31 de diciembre de 2004, y que a partir del
1.º de enero de 2005, el número mínimo de semanas requeridas para acceder a la
pensión de vejez aumentaría en 50 y, posteriormente, a partir del 1.º de enero de
2006, dicho requisito aumentaría anualmente en 25 semanas hasta completar un
total de 1300 en el año 2015.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.º del artículo 9 de la
Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y a partir de la
interpretación que de la norma ha realizado esta Corporación y la Corte
Constitucional, el requisito de las 1000 semanas de cotización es una condición
necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no un requisito para
acceder al derecho pensional. Así lo ha explicado la Corporación:14
La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición
especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del
régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia
del Decreto 2090 de 200315, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas en cualquier
actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii) estas personas
deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000 semanas, como lo establece el numeral
2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este mínimo de 1000 semanas de cotización
debe entenderse como requisito necesario para ser beneficiario de la transición y no
como un requisito para acceder al derecho pensional; iii) una vez cumplido el número
mínimo de mil semanas de cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el
Decreto 1835 de 1994, artículo 6º. [Resalta la Sala].
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado
08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
15 Publicación en el Diario Oficial 45.262
18
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
Ahora, en secuencia con lo transcrito, el Decreto 2090 del 2003 dispuso un
régimen de transición según el cual, quienes a 28 de julio de 2003 hubieren
cotizado al menos 500 semanas, tendrán derecho a que la pensión de vejez les
sea reconocida en iguales condiciones a las previstas en las normas que regulan
las actividades de alto riesgo, es decir el Decreto 1835 de 1994, que únicamente
prevé la necesidad de cotizar 1000 semanas, sin que aplique el aumento
estipulado en la Ley 797 del 2003.
Además, para acreditar el requisito de las 500 semanas, basta con demostrar que
en tal cantidad de semanas se desempeñaron actividades de alto riesgo previa
entrada en vigencia del Decreto 2090 del 2003, en cualquier tiempo y sin
necesidad de probar que se realizaron «cotizaciones especiales», dada la
declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma que dispuso la Corte
Constitucional en Sentencia C-663 de 2007,16 según la cual, tal exigencia puede
interpretarse como «semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que
hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo», sin más disquisiciones.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del proceso, se
establece lo siguiente:
16 «Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 6º del Decreto Ley
2090 de 2003, por los cargos de la
demanda, en el entendido de que para el cómputo de las "500 semanas de cotización especial", se
podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido
calificada jurídicamente como de alto riesgo.»
19
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
i) El señor Manuel Esteban Viloria Castillo nació el 18 de octubre de 1955.17
ii) El 6 de diciembre de 1993, el señor Manuel Esteban Villoria fue inscrito en
carrera administrativa, en el cargo de bombero de la Secretaría de Gobierno de la
Alcaldía de Barranquilla.18
iii) El demandante cuenta con los siguientes tiempos de servicio:
Entidad Desde Hasta Cargo Folio
Comisariato vivero 16 de noviembre de 31 de diciembre de Sin especificar 23 reverso
1984 1984
Distrito de Barranquilla 01 de septiembre de 11 de abril de 1990 Bombero Tec. IV. 180 del cuaderno
1989 Cuerpo de Bomberos principal
de Barranquilla
Distrito de Barranquilla 12 de abril de 1990 30 de diciembre de Operador IV – 180 del cuaderno
1992 Sección Operativa- principal
División Cuerpo de
Bomberos
Distrito de Barranquilla 01 de enero de 1993 30 de diciembre de Bombero 180 del cuaderno
1993 Departamento principal
operativo del Cuerpo
de Bomberos
Secretaría de
Gobierno Municipal
Distrito de Barranquilla 01 de enero de 1994 13 de septiembre del Bombero División 180 del cuaderno
2011 Operativa – Unidad principal
del Cuerpo de
Bomberos Secretaría
de Gobierno Distrital
Distrito de Barranquilla 14 de septiembre del 08 de agosto del Bombero, Código y 180 del cuaderno
2001 2004 grado 635-04 [sic] principal
División Operativa –
Departamento del
Cuerpo de Bomberos
Distrito de Barranquilla 09 de agosto del 30 de diciembre del Bombero, Código y 180 del cuaderno
2004 2005 grado 635-04 [sic] principal
División Operativa –
Departamento del
Cuerpo de
Bomberos.
Distrito de Barranquilla 01 de enero del 30 de diciembre del Bombero Código y 180 del cuaderno
2006 2008 grado 475-03 [sic] principal
Subcomandancia
Operativa de
17 Folios 2 y del cuaderno administrativo.
18 Folio 162
20
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
Servicios
Bomberiles, Oficina
del Cuerpo Oficial de
Bomberos del
Distrito de
Barranquilla,
Secretaría del
Interior y
Participación
Ciudadana.
Distrito de Barranquilla 01 de enero de 2009 31 de octubre del Bombero Código y 152 del cuaderno
2014 grado 475-02 [sic] de administrativo y 33
la Alcaldía de reverso del cuaderno
Barranquilla principal
iv) El 23 de octubre del 2014, la Alcaldía Distrital de Barranquilla expidió el Decreto
729, por medio del cual aceptó la renuncia al cargo de bombero, código y grado
745-02, manifestada por el señor Manuel Esteban Viloria Castillo. En el
documento no se indica la fecha de radicación de la renuncia ni la data a partir de
la cual tendría efectos dicha aceptación; sin embargo, según la certificación
expedida por el empleador y la información consignada en los actos demandados,
el accionante laboró hasta el 31 de octubre de esa anualidad.19
v) El 20 de enero del 2016, el demandante interpuso una solicitud ante la
Administradora Colombiana de Pensiones, en la que pretendía que se le
reconociera una pensión especial de alto riesgo.20
vi) El 16 de mayo del 2016, Colpensiones negó el reconocimiento pedido por el
accionante, a través de la Resolución GNR 142576, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:21
19 Folios 152 y 153 del cuaderno principal.
20 Folios 16 y 17 del cuaderno principal.
21 Folios 23 al 27.
21
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
El interesado acredita un total de 8.363 días laborados, correspondientes a 1.194
semanas.
[…]
Revisada la historia laboral del peticionario se evidencia que este no cumple con el
requisito mínimo de semanas para el reconocimiento de la pensión especial de
vejez por actividad de alto riesgo, el cual exige el cumplimiento del número mínimo
de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, las cuales
son 1300 semanas de cotización y en este caso el señor VILORIA CASTILLO
MANUEL ESTEBAN tan solo acredita 1.194 semanas de cotización, razón por la
cual no es posible acceder a la solicitud de reconocimiento de la prestación bajo
los parámetros de una vejez de alto riesgo.
[..]
En aras de salvaguardar los derechos del peticionario […] se procede a realizar el
estudio de la prestación bajo los parámetros del Sistema General de Pensiones
consagrado en la Ley 100 de 1993.
[…]
Que en ese orden de ideas, solo las personas que a la entrada en vigencia del
sistema general de pensiones acrediten 15 años o más de servicios o 35 años si
es mujer o 40 años si es hombre.
Que el asegurado al 1 de abril de 1994 no acredita 15 años de servicio, pues tan
solo acredita 1.698 días que corresponden a 4 años y 8 meses, 243 semanas de
cotización [sic], como tampoco contaba con más de 40 años de edad, pues tenía
38 años, razón por la cual no es beneficiario del régimen de transición.
[…]
Que en consideración a lo anterior, el peticionario no acredita el tiempo necesario
(1300 semanas) para acceder a la pensión de vejez, como tampoco logra acreditar
los requisitos de edad (62 años hombre), razón por la cual se niega la prestación
solicitada.
vii) El 8 de julio de 2016, el demandante interpuso recurso de reposición, y en
subsidio de apelación, contra el anterior acto administrativo, en el que sostuvo lo
siguiente:22
no se me puede aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, porque se estarían
vulnerando mis derechos por haber trabajado en actividades de alto riesgo,
quienes tenemos derecho a trato especial en cuanto a adquirir la pensión antes de
la edad establecida para los trabajadores y su liquidación es totalmente diferente a
la pensión de vejez común, ya que adquirió el derecho desde el año 2010 cuando
22 Folios 28 al 30.
22
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
cumplí los 55 años de edad y en ese tiempo solo se requería un total de 1175
semanas y no 1300.
Además, [vengo] laborando en forma continua e ininterrumpida laborando en
actividad de alto riesgo con el cuerpo de bomberos de Barranquilla desde el 1 de
septiembre de 1989 hasta el 31 de octubre del 2014 un total [sic] de 25 años 2
meses más 46 días que labore en comisariato vivero; para un total de 1302
semanas.
viii) El 24 de agosto del 2016, Colpensiones profirió la Resolución GNR 249449, en
la que resolvió, desfavorablemente, el recurso de reposición interpuesto por el
accionante. Las razones fueron las siguientes:23
Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 8.363 días laborados,
correspondientes a 1.194 semanas.
Que nació el 18 de octubre de 1955 y actualmente cuenta con 60 años de edad.
Que al consultar el expediente pensional del solicitante se encontró que allegó
formatos CLEPS en los cuales se certifica el ciclo comprendido entre el 01 de julio
de 1995 y el 28 de febrero de 1966, laborado en el Distrito Especial de
Barranquilla, en los cuales indica que los aportes a pensión fueron realizados al
ISS.
[...]
Que revisado el expediente administrativo se observa certificación expedida por la
Gerencia de Gestión Humana de la Alcaldía de Barranquilla, de fecha 19 de enero
del 2016, la cual certifica que:
[…]
El monto de la cotización especial adicional es la del sistema general de pensiones
+ 10 puntos a partir de 28 de julio del 2003 a la fecha.
[…]
Que el afiliado en la actualidad tiene una edad de 60 años, por lo cual, para que
exista lugar a la disminución de la edad el Decreto 2090 de 2003, indicando con
antelación, es menester que existan un total de 1300 semanas con cotización de
las cuales 700 deben ser con cotización especial de alto riesgo, requisito que no
cumple el afiliado, toda vez que verificada la historia laboral, existen cotizadas
válidamente un total de 1.194 semanas.
[…]
23 Folios 33 al 37 reverso
23
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
Que el asegurado no cumple los requisitos que establece el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 […]
Que en consideración a lo anterior, el peticionario no logra acreditar el requisito
mínimo d edad y semanas para acceder al reconocimiento de una pensión de
vejez de conformidad con la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 del 2003,
que requiere 1300 semanas cotizadas y 62 años de edad […].
ix) El 21 de octubre del 2016, Colpensiones resolvió el recurso subsidiario de
apelación a través de a Resolución VPB 40106, en la que confirmó la decisión
adoptada, de acuerdo con lo siguiente:24
el interesado acredita un total de 8.363 días laborados, correspondientes a 1.194
semanas.
[…]
Que mediante Decreto 2090 del 2003, se definen las actividades de alto riesgo
para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y
beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades.
[…]
Que a la fecha el señor VILORIA CASTILLO MANUEL ESTEBAN cuenta con 61
años de edad y un cúmulo de 1.194 semanas cotización ordinaria [sic], siendo
requisito sine qua non que para la edad que ostenta tenga como mínimo 1.300
semanas de cotización ordinaria y 700 semanas de cotización especial, razón por
la cual el peticionario no acredita los requisitos mínimos de semanas.
[…]
[…] se evidencia que desempeñó el cargo de bombero, contrario a esto el mismo
no es claro ya que tal como lo menciona el Decreto 3090 del 2003, debe
desempeñar la función específica de actuar en operaciones de extinción de
incendios.
[…]
que es pertinente indicarle al peticionario el [sic] Decreto 758 de 1990 es aplicable
para aquellas personas que cumplan con el régimen de transición al 1 de abril de
1994 de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pro tal como se
evidencia con el estudio efectuado no acredita la edad y semanas exigidas por el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para ser beneficiario del régimen de transición.
[…]
el peticionario no logra acreditar el requisito mínimo de edad y semanas para
24 Folios 40 al 45 reverso
24
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
acceder al reconocimiento de una pensión de vejez de conformidad con la Ley 100
de 1993, modificada por la Ley 797 del 2003, que requiere 1300 semanas
cotizadas y 62 años de edad
x) Según certificación del 1 de agosto del 2019, expedida por la Secretaría Distrital
de Gestión Humana de la Alcaldía de Barranquilla, las funciones desempeñadas
por el señor Manuel Esteban Viloria Castillo, en el cargo de bombero del Distrito
de Barranquilla, eran, entre otras, la de «intervenir activamente en incendios y
demás calamidades públicas […]».25
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Pues bien, para resolver el problema jurídico planteado, resulta necesario recordar
que el señor Manuel Esteban Viloria Castillo interpuso el presente medio de
control con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos
por medio de los cuales Colpensiones le negó el reconocimiento de una pensión
especial de alto riesgo y que, como consecuencia de ello, se le concediera el
aludido derecho.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 2 de septiembre del 2019
accedió a las pretensiones de la demanda, en tanto ordenó a la parte demandada
que reconociera una mesada pensional en los términos del Decreto 1835 de 1994,
por considerar que el señor Viloria Castillo es beneficiario del régimen de
transición del Decreto 2090 del 2003 y cumple las exigencias para que le sea
concedida una mesada pensional de alto riesgo.
25 Folio 182 del cuaderno principal.
25
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
Visto lo anterior, resulta importante precisar que el recurso de apelación propuesto
por Colpensiones se centró, únicamente, en asegurar que no hay lugar al pago de
ningún tipo de prestación social por parte de esa entidad, y en favor del
demandante, en atención a que el Distrito de Barranquilla, empleador del señor
Manuel Esteban Viloria, incumplió en el pago de los aportes por el riesgo de vejez,
específicamente, en lo atinente a las cotizaciones especiales propias de las
actividades de alto riesgo.
En ese sentido, cabe indicar que la entidad recurrente no ha discutido las demás
conclusiones a las que arribó el a quo, en tanto no manifestó inconformismo
alguno con las apreciaciones sobre el régimen de transición del Decreto 2090 del
2003 ni con la aplicación de las condiciones pensionales especiales del Decreto
1835 de 1994 al accionante. Así, en virtud del principio de congruencia, el análisis
del presente asunto se centrará en el estricto disentimiento manifestado por el
apelante único.
Pues bien, sobre el presunto incumplimiento en el pago de los aportes a seguridad
social en pensión, específicamente lo relacionado con el aporte especial por alto
riesgo, debe decirse que dicho aporte adicional fue creado por medio del Decreto
2090 del 2003, que en su artículo 5 dice lo siguiente:
Artículo 5.Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial
para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez
(10) puntos adicionales a cargo del empleador.
Lo anterior quiere decir que aquellos empleadores que cuenten con trabajadores
que desarrollen funciones de alto riesgo, las cuales se encuentran descritas en el
artículo 2 ibidem, tienen la obligación de efectuar un aporte adicional de 10 puntos,
26
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
sumado al porcentaje ya establecido en la Ley 100 de 1993. En ese sentido, la
actividad bomberil, como la desempeñada por el señor Viloria Castillo, imponía en
su empleador, el Distrito de Barranquilla, el deber de efectuar un pago al riesgo de
vejez superior, en comparación con los demás servidores públicos de su planta,
en atención a que el servicio desempeñado por el demandante se encuentra
descrito en el aludido artículo.
De ese modo, al haberse establecido que el señor Viloria Castillo realizó
actividades de extinción de incendios, conclusión a la que se arribó en la sentencia
de primera instancia, a partir de la certificación del 1 de agosto del 2019, citada en
el hecho probado número X, y que no fue discutida por Colpensiones, es cierto
que el Distrito de Barranquilla tenía el deber de efectuar una serie de aportes
adicionales para cubrir el riesgo de vejez del afiliado, el cual, según el apelante, ha
sido incumplido.
A pesar de lo anterior, la Sala considera que dicha circunstancia no impide que se
reconozca el derecho pensional del que el señor Manuel Esteban Viloria es titular.
En otras palabras, el hecho de que el Distrito de Barranquilla no haya cumplido
con el deber de efectuar los aportes adicionales al sistema pensional por la calidad
de empleado con desempeño de actividades de alto riesgo del demandante no es
una circunstancia que deba soportar el empleado, pues, de conformidad con el
artículo 22 de la Ley 100 de 1993, efectuar los aportes al sistema pensional es una
obligación en cabeza del patrono, cuyo incumplimiento resulta ser ajeno al
servidor.
27
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
Lo anterior es así porque nada impide que la administradora de pensiones solicite
al empleador el traslado de los aportes no efectuados o que ejerza el recobro por
el pago deficitario de las cotizaciones a pensión, en ejercicio de las facultades que
le otorga el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, tal como la misma administradora
de pensiones lo expuso en el recurso de apelación al afirmar que en caso de
acceder a las pretensiones de la demanda, se vería en la obligación de realizar el
correspondiente calculo actuarial sobre las sumas adeudadas.
Sobre este aspecto en particular, es decir, el argumento de Colpensiones, según
el cual, al acceder a las pretensiones de la demanda, se vería obligado a realizar
el cálculo actuarial sobre los aportes adicionales no pagados por el Distrito de
Barranquilla, la Sala estima que tal apreciación no comporta, en sí mismo, un
inconformismo con la sentencia de primera instancia, sino, incluso, una solución a
la supuesta mora en la que incurrió el empleador sobre las cotizaciones especiales
del demandante.
En ese sentido, Colpensiones es conocedor de los mecanismos administrativos
con los que cuenta para lograr el pago de las cifras que por concepto de aportes a
pensión se le adeuden, razón adicional para concluir que no existe motivo
jurídicamente válido para impedir, por asuntos meramente administrativos entre el
emperador y la administradora de pensiones, el reconocimiento del derecho
prestacional que le asiste al interesado, quien resulta ser la parte débil de la
mencionada pugna entre las entidades.
Así las cosas, el argumento de apelación propuesto por Colpensiones no tiene
vocación de prosperidad; por tal razón, al existir mecanismos administrativos
menos gravosos para el pensionado con el que la demandada puede lograr el
28
Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
pago de las cifras en mora por parte de la Distrito de Barranquilla, se confirmará la
sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.
2.5 De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201626, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso27 y a pesar de que la alzada será
resuelta desfavorablemente, la Sala se abstendrá de condenar en costas, puesto
que no resultaron probadas al no existir intervención alguna de la contraparte.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia y en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio, la Sala estima
que el incumplimiento del empleador en el pago oportuno y completo de los
aportes a seguridad social en salud no es óbice para impedir el reconocimiento
pensional del señor Manuel Esteban Viloria Castillo, mas aún si se tiene en cuenta
que Colpensiones cuenta con mecanismos administrativos para lograr el pago de
los saldos en mora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
27 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Radicado: 08001 23 33 000 2017 00764 01 (4290-2021)
Demandante: Manuel Esteban Viloria Castillo
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 2 de septiembre del 2019 proferida
por el Tribual Administrativo del Atlántico dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por el señor Manuel Esteban Viloria Castillo
en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que
accedió a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las razones esbozadas
en la parte considerativa de esta decisión.
Segundo. No condenar en costas de segunda instancia
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente28
LBC
28 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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