Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00765-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00765-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-00765-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00765-01 (0602-2021)
Demandante: Ángela Matilde Mejía de Mercado
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social 1.
Temas: Pensión gracia. Tipo de vinculación. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la demandante contra la sentencia del 27 de marzo de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó
las súplicas de la demanda de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda. 2
Ángela Matilde Mejía de Mercado , por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 036298
1 En adelante UGPP.
2 Folios 64 y 65 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 08001-23-33-000-2017-00765-01
Demandante: Ángela Matilde Mejía de Mercado
del 7 de septiembre y RDP 051043 del 1 de diciembre, amabas del
2015, proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP, por medio de las cuales negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia y confirmó la decisión, respectivamente.
Como restablecimiento del derecho, pidió que se ordene a la UGPP (i)
concederle la pensión gracia a partir del 12 de octubre de 2011 fecha
en que adquirió el estatus pensional ; (ii) resarcimiento de daños
morales; (iii) reajustar las sumas reconocidas de acuerdo con el IPC ;
y (iv) pago de intereses moratorios .
1.2. Hechos que fundamentan la demanda.
La demandante relató que nació el 9 de diciembre de 1953 , razón por
la cual cumplió los 50 años de edad el 9 de diciembre de 2003. Así
mismo, que prestó servicio docente en el departamento del Atlántico ,
de la siguiente manera:
Fechas
Actos de nombramiento Desde Hasta
Decreto 0287 del 22 de 22 de agosto de 1977 19 de febrero de
agosto de 1977 1979
(Nacionalizada)
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Demandante: Ángela Matilde Mejía de Mercado
Contrato pr estación de 1 de febrero de 1993 a 30 de junio de 1993
servicios 034 del 1 de
febrero de 1993
Contrato pr estación de 12 de julio de 1993 12 de diciembr e de
servicios 042 del 12 de 1993
julio de 1993
Contrato de prestación de 7 de febrero de 1994 17 de noviembre de
servicios del 7 de febrero 1994
de 1994
Decreto 143 del 8 de 18 de noviembre de Vigente a la fecha de
noviembre de 1994 1994 radicación de la
(Nacionalizada) demanda
Precisó que, habiendo cumplido todos los requisitos necesarios, radicó
reclamación para el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Socia l – UGPP, la cual
fue resuelta de manera negativa con las Resoluciones RDP 036298
del 7 de septiembre y RDP 051043 del 1 de diciembre, amabas del
2015.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.
La demandante, como concepto de violación, argumentó que la entidad
demandada inaplicó las siguientes disposiciones normativas: artículos
2, 6, 23, 25, 29, 58 y 128 de la Constitución Política de Colombia;
artículo 10 del Código Civil; artículo 5 de la Ley 57 de 1987; artículo 4
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Demandante: Ángela Matilde Mejía de Mercado
de la Ley 4 de 1966; artículo 5 del Decreto Reglamentario 1743 de
1966; artículo 178 del Decreto 01 de 1984; artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de
la Ley 114 de 1913; artículo 3 de la Ley 37 de 1933; artículo s 1, 2 y15
de la Ley 91 de 1989 ; artículo 19 de la Ley 4 de 1992; Decreto 224 de
1972; Decreto 2277 de 1979; Decreto 088 de 1976; Decreto 378 de
1970; Decreto 428 de 1986 y Ley 71 de 1988.
Sostuvo que la entidad demandada incurrió en un desconocimiento de
las normas que regulan la pensión gracia, pues, pese a que demostró
que cumplió todos los requisitos para hacerse beneficiaria de la
pensión gracia, le fue negado el derecho.
1.4. Contestación de la demanda.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP señaló
que la demandante no cumplió con los requisitos para beneficiarse de
la prestación reclamada por cuanto ostentó la calidad de docente
nacional y sus salarios fueron financiados con recursos del situado
fisca, hoy sistema general de participaciones y no logró demostrar una
vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de
1980.
Finalmente, propuso las excepciones denominadas: (i) inexistencia de
las obligaciones reclamadas; (ii) cobro de lo no debido; (iii) buena fe;
y (iv) prescripción.
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1.5. Trámite en primera instancia.
El 20 de junio de 2019 , el Tribunal Administrativo del Atlántico 3, en
acatamiento al artículo 180 del CPACA, celebró audiencia inicial, en la
cual fijó el litigio de la siguiente manera:
«[ …] De acuer do con el Desp acho, y de conf or m idad con los hechos
de la dem anda y la cont est ación opor t una de la m ism a que hizo la
par t e dem andada, el lit ig io se c ir cunscr i be a det er m inar si h ay lugar
o no a declar ar la nulid ad de las Resolu ciones Nos. RDP 036298 de
7 de sept iem br e de 2015 " Por la cual se niega el r econoci m ient o y
pago de un a pens i ón m ensual v it al ici a gr acia" , exped id a por la
Subdir ect or a de Det er m inación de D er echos Pensio nales - U nidad de
G est ión Pensional y Par af iscales ( UGPP) ; RDP 051043 de 1 de
diciem br e de 2015 " Por la cual se r esuel ve un r ecur so de r eposici ón
en cont r a de la r esoluci ón 36298 del 7 de sept iem br e de 2015" ,
em it ida por la Dir ect or a de Pensiones U nidad de G est ión Pe nsiona l
y Par af iscales UG PP, y en el evento de haber m ér it o par a la
anulac ión de l as m ism as, si la señor a ANG ELA M ATI LDE M EJI A DE
M ERCADO t iene der echo o no al r econocim ient o y pago de la pensión
gr acia con la t ot alid ad de f act or es salar iales devengad os en el últ im o
año de ser vicio ant e r ior al st at us de pensionada. Y, se est ablezca si
t iene der echo o no a la r epar ació n de per j uicios que hub ier e r ecibi do.
I gualm ent e, si t iene der echo o no a que se le paguen las dif er encias
ent r e lo que r ecibió y lo que habr í a debido r ecibir por su pensión
desde la adqu is ició n de su st at us j urídico hast a el m om ent o de
inclus ión de nóm ina de la pensi ón m ensual vit a lic ia de j ub ilac ión
gr acia con la t ot alid ad de los f act or es salar ia les dem andad o s. [ …] ».
3 Fo l ios 18 3 d e l ex pe d i en t e
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1.6. Decisión de primera instancia objeto de apelación 4
El Tribunal Administrativo del Atlántico , por medio de la sentencia del
27 de marzo de 2020 , negó las pretensiones de la demanda al
considerar que, si bien la actora cumplió con el requisito de tener una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, lo cierto es que, desde
el 18 de noviembre de 1994 hasta el 1 de enero de 2019, su vinculación
fue de carácter nacional, de conformidad con el certificado de historia
laboral expedido por el Fomag.
En ese orden de ideas, expuso que la señora Ángela Matilde Mejía de
Mercado, no cumplió con los 20 años de servicio requeridos, pues
únicamente acreditó con 3 años, 1 mes y 27 días como docente
territorial.
1.7. Recurso de apelación 5
La señora Ángela Matilde Mejía de Mercado apeló la decisión de
primera instancia, reiteró los argumentos de la demanda y sostuvo que
el Tribunal Administrativo del Atlántico desconoció que el Ministerio de
Educación Nacional a través de la Resolución 9103 del 23 de
noviembre de 2009, entregó al departamento del Atlántico la
administración del sector educativo del municipio de Malambo .
4 Folios 174 al 181.
5 Folios 202 al 206.
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En ese orden de ideas, manifestó que el Tribunal al momento de
realizar el análisis probatorio, limitó su d ecisión a las certificaciones
emitidas por la entidad, dejando de lado la verificación de la plaza que
ocupó al momento de su nombramiento y posesión, así como el análisis
del cambio de administración educativa departamental al municipio de
Malambo.
1.8. Trámite correspondiente a la segunda instancia
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
manifestó que la pensión gracia únicamente se puede otorgar a los
docentes que prestaron sus servicios en planteles municipales,
distritales o departamentales por lo que no tienen derechos los que
prestaron sus servicios en centros educativos de carácter nacional
como es el caso de la aquí demandante , ya que sus vinculaciones
anteriores al 31 de diciembre de 1980, fueron de naturaleza nacional .
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto, de acuerdo con el artículo 150 del Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6. De
igual manera, es relevante destacar que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 7, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante, por lo que, en el caso de la
referencia, la competencia se encuentra limitada a lo señalado en el
recurso interpuesto por la demandante.
2.2. Problema jurídico
Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior decisión
debe centrarse en establecer lo siguiente:
¿La señora Ángela Matilde Mejía de Mercado , en su calidad
de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento y pago de
la pensión gracia?
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114
de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
6 «ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20
años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a
su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De
manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas
épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y
la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
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Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los sigui e nt es
t ér m inos t endr án el alcance indic ado a c ont inuaci ón de cada uno
de ellos:
Per sonal naci onal . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal n aci onal i zado. Son l os do cent es vincu la dos por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al ant es del 1 de enero de
1976 y los v incu lado s a par t ir de est a f echa, de conf or m idad con
lo dispuest o por la L ey 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los doc ent es vincu lados por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al, a par t ir del 1 de enero de
1976, sin el cum p lim ient o del r equ isit o e st ablecido en el ar t í culo
10 de la Ley 43 de 1975. » [ Negr il las f uer a de t ext o] .
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:
«A rt í cul o 15. A par t ir de la v igenc ia de la pr esent e Le y el
per sonal doce nt e na ciona l y naci onal iza do y el que s e vincu l e con
post er ior idad al 1. de ener o de 1990 ser á r egido por las
sigui ent es dispos ici ones:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y dem ás nor m as que las hubier an desar r oll a do o
m odif icado, t uviese n o ll egar en a t ener der echo a la pensi ón de
gr acia, se les r eco nocer á siem pr e y cuando cum plan co n la
t ot alidad de los r equ isit os . Est a pens ión seguir á r econoc iénd ose
por la Caj a Nac iona l de pr evisi ón Soc ial conf or m e al Decr et o 081
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de 1976 y ser á com pat ible con la pens ión or dinar ia de j ubilac i ón,
aún en el ev ent o de est ar ést a a car go t ot al o par cia l de la na ción.
[ …] »
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido
que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla
con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes,
esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado,
es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el
particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699
del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón g raci a
no quedan i ncl ui dos l os doce nt es naci onal es sino,
exclusiv am ent e, los naciona liz ados que, com o dice la Ley 9 1 de
1989, adem ás de haber est ado vinculados hast a el 3 1 de
diciem br e de 1980 “ t uviesen o llegar e n a t ener der echo a la
pensión de gr acia ( …) siem pr e y cuando cum plan con la t otalid ad
de r equisit os” . [ …] . » 8
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o na turaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Esta do en sentencia de unificaci ón
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 9 previó las siguientes
pautas jurisprudenciales:
8Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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«i) Los r ecur sos del si t uado fi scal que ot r or a t r ansf erí a o cedí a
la Nació n a las ent id ades t er r it or iales, en vigencia de la Car t a de
1886 y hast a cuand o per m anecier on en vigor en la Const it ución
de 1991, no obst ant e su or igen o f uent e nacional, una vez se
incor por aban a los pr esupuest os loca les pasaban a ser de
pr opiedad excl usiv a de los r ef er idos ent es en calidad de
r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it o r iales son los t it ular es dir ect os o pr opiet ar ios
de los r ecur sos qu e les gir a la Nació n, pr ovenient es de l si st ema
general de part i ci paci ones , por asignación dir ect a del ar t ículo
356 de la Car t a Polí t ica de 1991.
ii i) La f inanc iac ión de los gast os qu e gener aban los f ondos
educat i vos regi onal es no solo depen dí a de los r ecur sos que
gir aba la Naci ón a las ent ida des t e r r it or iales por conc ept o
del si t uado f i scal , sino que t am bié n c or r espondí a a los e nt es
local es dest inar p ar t e de su pr esup uest o par a at ende r al
sost enim ient o de los r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í culos 29 del
Decr et o 3157 de 1968; y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 198 8) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener ab an los ser vic ios edu cat ivos de los doce nt es
nacion a les y nacion aliza dos 1 2 , r esult a f act ible col egir de m aner a
r azonada que lo pr o pio acont ecí a con al gunas de las er ogac i ones
salar ia les or ig inad as por el ser vici o que pr est aban los
educador es t er r it or iales, ya que l os r ecur sos dest inados pa r a t al
f in pr oven í an t ant o de la Nac ión —si t uado f i scal — com o de las
ent idades t er r it or ial es, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so
de esos r ecur sos le per t enecí a de f or ma exclusiva a los e nt es
local es dado que ingr esaban a sus pr esupuest os en calida d de
r ent as exógena s y endógenas.
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los d ocent es t er r it or iales y/ o
naciona liz ados se convier t en en edu cador es nacion ales ( i)
cuando en el act o de su vinculación int er viene, adem ás del
r epr esent ant e legal de la ent id ad t er r it or ial, el de le g ado
per m anent e del M in i st er io de Educ ación Nacion al com o m ie m br o
de la j unt a admi ni st radora del r espect ivo f ondo educ at i vo
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regi onal , así , est e últ im o, cer t if ique la vacancia de l car go junt o
con la disponib il ida d pr esupuest al 1 3 ; y ( ii) por el ar gum ento de
que los r ecur sos dest inados par a su sost enim ient o t iene n su
or igen o f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i dad de docent e t erri t ori al . Se r equier e copia
de los act os a dm ini st r at ivos donde con st e el ví nculo, en lo s que
adem ás se pueda es t ablecer con suf ic ie nt e clar idad q ue la p laza
a ocupar sea de aquel las que el leg i slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect iva cer t if icaci ón de la a ut or idad no m inador a que dé cu e nt a
de m aner a inequí v oca que el t ipo de vincul ación al cua l se
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, fr ent e al r econocim ient o de la pensión
gr acia, es la acr edit ación de l a plaza a ocupar , est o es, que sea
de car áct er t err it orial o nac iona lizad a , pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sala en esta pr ovidencia, en lo que
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r espec t iva
local idad, o de las exógenas —si t uado f i scal — cuando se
suf r agaban los ga st os a t r avés de los f ondos educat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene que v er con los educad or es
naciona liz ados, las er ogaciones que est os gener aban se
enm ar can en los recur sos del si t uado f i scal , hoy si stema
general de part i ci paci ones . »
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la interpretación del
artículo 15, numeral 2, lite ral a, de la Ley 91 de 1989, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia, que:
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«Los docent es pu e den acceder a la pensión gr acia a nt es y
después del 29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando acr edit en
una vinculac ión t er r it or ial o nacional izad a con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os lega lm ent e
est ablec id os par a su r econocim ient o». 10
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron
que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son
de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de
resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la
labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales,
departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como
normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente
nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y
otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y
demuestre cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114
de 1913.
2.4 Caso concreto
10Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-00765-01
Demandante: Ángela Matilde Mejía de Mercado
En atención a las anteriores p recisiones, la Sa la procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si a
la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente a
los tiempos de servicios acreditados.
2.4.1. Actuación administrativa
El 27 de ab ril de 2015 la señora Ángela Matilde Mejía de Mercado
solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la UGPP.
La anterior petició n fue negada por medio de la Resolución RDP
036298 del 7 de septiembre de 2015 , al indicar que de los tiempos
de servicio aporta dos fueron con nombramiento del orden nacional y
en consecuencia no le asiste el derecho que reclama.
La demandante interpuso recurso de apelación el cual f ue resuelto de
forma negativa por la UGPP a través de las Resolución RDP 051043
del 1 de diciembre de 2015 , al concluir que la señora Mejía de
Mercado laboró al servicio oficial desde el 1 abril de 1979 al 18 de
abril de 2004 , con vinculación del ord en nacional.
2.5 Análisis del caso concreto
Resulta necesario precisar que para acceder a la pensión gracia, la
interesada debe cumplir la totalidad de los requisitos, a saber: (i)
tener 50 años de edad o más; (ii) acreditar una vinculación territorial
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Demandante: Ángela Matilde Mejía de Mercado
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980; (iii) haber
servido en el magisterio como docente oficial un por un término no
menor a 20 años con una naturaleza jurídica del vínculo territorial o
nacionalizado; (iv) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta.
Así las cosas, revisado el expediente y con el objeto de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala encuentra como probado lo
siguiente:
2.5.1 Edad
La señora Ángela Matilde Mejía de Mercado , nació el 9 de diciembre
de 1953, por lo que el 9 de diciembre de 2003 cumplió 50 años.
2.5.2. Tiempo de servicio
2.5.2.1. Vinculación a partir del 22 de agosto de 1977 al 19 de
febrero de 1979 11.
Se observa que la señora Ángela Matilde Mejía de mercado fue
nombrada como profesora en el Colegio de Comercio de Palmar de
Varela a través del Decreto 0287 del 22 de agosto de 1977 expedido
por el gobernador del departamento del Atlántico , de conformidad con
11 Ex tr e mo t e mp or a l c er ti f ic a d o p or l a g o ber n a c i ón de l At l án t ic o , v is i b le a fo l i o 1 6
de l ex p ed i e nt e.
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lo siguiente:
Sobre el particular , obra certificación suscrita por la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico 12, que dispuso lo siguiente :
12 Fo l io 16 d e l ex p ed i en t e.
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Por su parte, obra en el expediente certificación de periodos de
vinculación laboral para Bonos Pensionales y Pensiones 13, en el que
se observa lo siguiente:
13 Fo l io 38 d e l ex p ed i en t e.
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Ahora bien, del decreto de nombramiento se destaca que la docente
fue vinculada para cumplir la labor docente en el Colegio de Comercio
de Palmar de Valera , nombrada por el gobernador del Atlántico, esto
es, el representante de la entidad territorial. Adicionalmente, se
observa que no hubo ninguna intervención por parte del Ministerio de
Educación Nacional ni de alguno de los representantes o delegados
del Gobierno nacional.
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Asimismo, se encuentra que la designación de la aquí demandante
para el período objeto de análisis tuvo lugar con posterio ridad a la
nacionalización desarrollada por la Ley 43 de 1975 , sin que se
evidencie que la plaza ocupada haya sido objeto de ese proceso de
nacionalización.
Ahora, resulta relevante destacar que esta Sala 14 ha precisado que « El
carácter nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son
nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vincu lados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de
1975». En similar sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia
C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son «los
vinculados antes del 31 de diciembre de 1 980, por las entidades
territoriales».
En consonancia con lo expuesto, se observa que la Ley 91 de 1989 en
el artículo 1.° efectuó la diferenciación entre el personal nacional,
nacionalizado y territorial, así:
i) Personal nacional . Son los docentes vi nculados por nombramiento
del Gobierno nacional.
14 V e r
entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 2023. Radicado: 81001-23-
33-000-2013-00128-01 (1518-2015).
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ii) Personal nacionalizado . Son los docentes vin culados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal te rritorial . Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1.º de enero de 1976,
sin el cumplimient o del requisito est ablecido en el artí culo 10 de la
Ley 43 de 1975.
Lo anterior permite reafirmar que la aquí demandante para la
vinculación entre el 22 de agosto de 1977 y el 19 de febrero de 1979 ,
ostentó una naturaleza jurídica del vínculo territorial, dado que la
designación la realizó el representante del ente local c on posterioridad
al 1.° de enero de 1976 sin el cumplimiento del requisito previsto en el
artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que conforme con la interpretación
que se efectuó en la sentencia de unificación CE-S UJ2-011-18 del
21 de junio de 2018, significa que la plaza a ocupar haya sido creada
de forma exclusiva por la entidad territorial y los gastos que esta
genere se cubran con cargo a su propio presupuesto.
Todo lo anterior, permite tener la convicción de q ue el período
comprendido entre el 22 de agosto de 1977 y el 19 de febrero de
1979, prestado por la demandante fue de carácter territorial y
resultará válido como tiempo de servicio docente para reconocer la
pensión gracia, siendo, además, prueba de la vinculación previa al 31
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de diciembre de 1980 .
2.5.2.2. Vinculación entre el 1 de febrero de 1993 y el 17 de
noviembre de 199 4 (de forma interrumpida) 15.
Sobre el particula r, se t iene que alcalde municipal de Malambo ,
vinculó a la demandante al servicio docente en la Escuela Pública
Municipal, con ca rgo al presupuesto del municipio , a través de
contratos de prestación de servicios , para los periodos comprendido s
entre 1 de febrero al 30 de junio de 1993, 12 de julio a l 12 de
diciembre de 1993 y del 7 de febrero al 17 de noviembre de 1994 .
Los tiempos relacionados en precedencia, fueron certificados el 28 de
noviembre de 2013, municipio de Malambo, de conformidad con lo
siguiente:
15 Co n tra tos de pr es tac i ón de s erv ic i os v is i b le s a f o l ios d e l ex pe d i en te .
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Sobre el particula r, l a Sala precisa que a efectos de la pensión gracia,
lo que se debe acreditar a través de los contratos es el objeto de los
mismos, es decir, que efectivamente se haya vinculado a la
accionante para prestar el servicio do cente por cuanto , la Ley 114 de
1913 lo que está permitiendo es la retribución a quien haya ejercido
la labor docente, por lo tanto, los servicios prestados por los docentes
vinculados a través de contratos u órdenes de prestación de servicios,
para reconocer la pensión que se reclama, deben ser ten idos en
cuenta para el cómputo del reconocimiento de dicha prestación, toda
vez que durante el lapso laborado mediante esta modalidad, se
entienden configurados los elementos de la relación laboral que son
inherentes a la actividad realizada por los maestr os.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación 16 ha sido clara en
señalar que el tiempo de servicio prestado por los docentes mediante
órdenes o contratos de prestación de servicios, sí result a computable
para efectos de acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia en
el nivel te rrito rial o nacionalizado requeridos para ser b eneficiario del
derecho pensional reclamado. Así, por ejemplo, en reciente
providencia se sostuvo:
16 V e r
entre otras sentencias del: 15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007
91356 01 (1465-09); 10 de marzo de 2016, radicado 52001 -23-33-000-2013-
00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad: 25000234200020150003201
(2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001 -23-33-000-2016- 00499-
01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001 -23-33-000-2013-00457-01
(3598-14).
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«[ …] En est os cas os, dada la nat ur aleza de la f unción docent e, el
pr incip io de l a pr im ací a de la r eal idad sobr e las f or m alida des cobr a
especia l r eleva ncia, habida cu ent a de que la labor desem peñada a
t r avés de cont r at os u ór denes de pr est ación de ser vicios desent r aña
una v er dader a r elación de t r abaj o sobr e la apar iencia que haya
quer ido ocult ar l a, com oquier a que los m aest r os vinculados baj o esa
m odalida d de cont r a t ación, se ins ist e, cum plen sim i lar es f u nciones a
los de plant a que est án suj et os a un especí f ico r égim en legal y
r eglam ent ar io y, adem ás, deben acr edit ar igual es cond ici ones de
f or m ación y exper iencia.
De igua l f or m a, en lo que r espect a a est e t ipo de vincul ación, en
par t icular cuando se t r at a de m aest r os, la Cor t e Const it ucional es del
cr it er io que la «[ …] pr im a cí a de la r ealida d sobr e las f or m alidade s
est ablecid as por los suj et os de las relaci ones labor al es , es un
pr incip io const it ucio nal [ …] » 17, y si el intér pr et e j udicial, «[ …] en un
caso concr et o, decide, por que lo encuent r a pr obado, ot or gar le a un
docent e cont r at ist a el car áct er de t r aba j ador al ser vici o de l Est ado,
puede hacer lo con b ase en el ar t í culo 53 de la CP [ …] » 18.
En est os casos, dada la nat ur aleza d e la f unción docent e, el pr incip io
de la pr im ací a de la r ealidad sobr e las f orm alidades cobr a especia l
r elevanci a, puest o que la l abor desem pe ñada a t r avés de ór denes de
pr est ación de ser vic ios desent r aña una ver dader a r elació n d e t r abaj o
sobr e la apar ie ncia que haya quer id o o cult ar la, com oquier a que los
m aest r os vinculados baj o esa m odalidad de cont r at ac ión, se insist e,
cum plen sim il ar es f unciones a los de p lant a que est án suj et os a un
especí f ico r égim en l egal y r eglam ent ar i o y, adem ás, deben acr edit ar
igua les cond icio nes de f or m ación y ex per ienci a. Por t ant o, la Sa la
valid a el t iem po labor ado por el acci onant e com o docent e m ediant e
cont r at os de pr est ación de ser vicios, para que sea cont abiliz ado con
el ej er cido en pr op ie dad, cir cunst ancia q ue le per m it e, pr evi o est udio
17 S e n t e n c i a C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
18 I b i d e m .
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de su caso part icula r , acceder al r econocim ient o de la pensi ón gr acia.
. [ …] » 19
En conclusión, para efectos de acceder a la pensión gracia y en aras
de acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia requeridos por la
Ley 114 de 1913, deben tenerse en cuenta los servicios prestados por
los docentes vinculados a través de contratos u órdenes de prestación
de servicios, en razón a que ejercen las mismas funciones que los
vinculados en propiedad mediante un acto legal y regla mentario. En
este punto, lo relevante es que el docente , al reclamar el derecho ,
haya prestado esos servicios en un establecimiento del nivel territorial
o nacionalizado , situación que fue acreditada mediante los contratos
allegados, por lo que dichos tiempos deben incluirse en el cálculo
para acceder a la pensión gracia.
En esos té rminos, no cabe duda para esta Sala que dichas
vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios son
computables para acceder a la pensión gracia al dar cuenta de que
la demandante fue vinculad a al servicio del municipio de Malambo ,
como docente en l os períodos referido s, labor que como se dijo,
resulta ser efect iva para acceder al beneficio de la pensión gracia,
pues las leyes que regulan la materia la concibieron como una
19 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, sentencia de 30 de septiembre de 2021,
radicación número: 70001-23-33-000-2016-00191-01(0728-18).
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compensación o retribución a favor de los maestros que laboraran e n
el nivel territorial sin exigir una calida d de vinculación específica 20.
En ese orden de ideas, se concluye que la docente Ángela Matilde
Mejía de Mercado a través de los contratos de prestación de servicios,
señalados en los acápites del 2.5.2. 2, tuvo una vinculación con
carácter municipal por cuanto los recursos con los que fueron
cancelados se hicieron con cargo al municipio y no se observa ninguna
intervención por parte del gobierno Nacional.
Todo lo anterior, quiere decir que los tiempos de servicios prestados
por la demandante entre el 1 de febrero al 30 de junio de 1993, 12
de julio al 12 de diciembre de 1993 y del 7 de febrero al 17 de
noviembre de 1994 , resultarían válidos para acceder a la pensión
gracia por tratarse de una vinculación del orden territorial
(municipal).
2.5.2.3. Vinculación en tre el 18 de noviembre de 19 94 y el 24 de
julio de 2019 21.
Al respecto, se encuentra que mediante Decreto 143 del 8 de
20 E n
igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección
Segunda Subsección A del 27 de junio de 2018, radicado interno 3597-2015, y
más recientemente en sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado interno
4868-2015. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
21 Fecha de la última certificación de historia laboral expedida por el FOMAG, visible a folios del
204 al 206 del expediente.
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noviembre de 1994 , la señora Ángela Matilde Mejía de Mercado fue
nombrada en propiedad por el alcalde del municipio de Malambo,
como maestra en la escuela pública municipal , a saber:
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De la vinculación referenciada , la actora tomó posesión del cargo el
18 de noviembre de 1994 , a saber:
Del nombramiento de la referencia , la Secretaría de Educación
Municipal de Mala mbo , el 6 de agosto de 2013 y 12 de julio de 2016 ,
emitió las siguientes certificaciones :
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Sobre la vinculación de la señora Mejía de Mercado, obra en el
proceso certificado d e historia laboral expedido por el FOMAG el 24
de julio de 2019 , en el que se indicó que el régimen de pensiones de
la demandante fue de carácter Nacional.
Así las cosas , se observa que el Decreto 143 de no del 8 de no viembre
de 1994, fue proferido por el representante del ente territorial (alcalde
del municipio de Malambo), con el fin de incorporar a la señora Ángela
Matilde de Mercado para ejerciera la labor de maestra en la escuela
pública municipal de Malambo.
Ahora bien, en el de creto analizado se advierte que el alcalde
municipal de Ipiales invocó las atribu ciones conferidas por el artículo
9 de la Ley 29 de 1.989 y los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989
y el artículo sexto parágrafo 1 de la Ley 60 de 1993 . En ese sentido,
se tiene que la autoridad territorial señaló que el nombramiento lo
efectuaba en ejercicio de las facultade s conferidas por dichas normas,
las cuales disponen:
Ley 29 de 1989 «A rt í cul o 9º . - El ar t ículo 54 quedar á así : Se
asi gna al A lcal de M ayor del D ist r it o Esp ecial d e Bogot á, y a l os
al cal des muni ci pales, l as f unci ones de nombrar , tr asladar ,
r em over , cont r olar y, en gener al adm inist r ar el personal docent e
y adm inist r at ivo de los est abl eci mi ent os educat i vos naci onal es
o naci onal i zados , plazas of ic ia les de coleg ios coop er at i vos,
pr ivados, j or nadas adici onal es, t eniend o en cuent a las nor m as
del Est at ut o Docente y la Carr er a Adm inist r at iva vigent es y que
expidan en adel an t e el Congr eso y el G obier no Nacional,
aj ust ándose a los ca r go s vacant es de las plant as de per sona l que
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apr uebe el G obi er no Nacio nal y las d ispon ibi li d ades
pr esupuest ales cor r espondie nt es.
[ …]
Parágraf o 1º . - Los sal ari os y prest aciones soci al es de est e
personal , cont i nuarán a cargo de l a Naci ón y de l as ent i dades
t erri t ori al es que l as crearon .
Parágraf o 2º . - La Nación no asum e r esponsabi li dad alguna por
los nom br am ient os que excedan las plant as de personal
apr obadas por el G obier no Nacion al par a la r espect iva
j ur isdicción m un icip al y par a la j ur isd i cció n de l a I sla de San
Andr és, ni naciona li zar á el per sonal así designado. Ver art ícul o
6 Ley 60 de 1993 L ey 91 de 198 9 y ar t í cul o 176 Ley 115 de
1994.
Los nom br am ient os y dem ás novedad es de per sona l qu e se
lleg asen a pr oducir por f uer a de las r espect ivas plant as de
per sonal o cont r aviniendo las nor m as del Est at ut o Docent e y de
la Car r er a Adm inist r at iva y las dispon i bil idades pr esup ues t ales
cor r espondient es, ser án de exclusiva r esponsabil idad del
m unicip io o ent ida d t er r it or ial que los h i cier e, y suyas las ca r gas
civi les, adm inist r at i vas y labor ales que de t ales act uacion es se
despr endan. El f unc ionar io que pr oduj er e el nom br am ient o o la
novedad de per sonal, incur r ir á en causal de m ala conduct a, y
r esponder á solid ar ia m ent e con la ent idad que dicho f uncion ar io
r epr esent e. Ver art ícul o 106 Ley 115 d e 1994 .
[ …] »
Por su parte, el Decreto 2277 de 197 9 establece el régimen especial
para regular las condiciones de ingreso y demás situaciones
administrativas sobre el ejercicio de la profesión docente; y el Decreto
1706 de 1989 reglamentó los artículos 7, 10 y 18 de la Ley 29 de
1989.
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Sobre el particular, se precisa que el nombramiento en uso de las
facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no significa
per se que la vincu lación sea nacional o nacionalizada, puesto que en
virtud de esa disposición normativa se asignaro n a los alcaldes
municipales las funciones de nombrar, trasladar, remo ver, controlar
y, en general, administrar e l personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacional es o nacionalizados. Sin
embargo, lo que sí se desvirtúa es que la vinculación tenga carácter
de territorial.
Nótese entonces que, en casos como el presente, en los que el
alcalde ejerce las funciones de nombrar el personal docente con
fundamento en las atribuciones legales de la Ley 29 de 1989, deberán
analizarse integralmente todos los elementos probatorios que obren
en el plenario para llegar a la convicción de la naturaleza jurídica del
vínculo del educador, pues tal como se ant icipó el legislador en la
referida norma otorgó atribuciones a los representantes de las
entidades territoriales para administrar y encargarse de las
situaciones administrativas en general que se presentaran con
profesores tanto nacionales como nacionaliza dos.
Por su parte el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993,
establecía lo siguiente:
«Los docentes temporales vinculados por contrato a los servicios
educat ivos estatales antes del 30 de junio de 1993 que llenen los
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requisit os de la carr era d ocente, serán incorporados a las plantas de
personal de los departamentos o de los distritos en donde vienen
prestando sus servicios, previo estudio de necesidades y am pliación
de la planta de personal. La vinculación de los docentes temporales
será gradua l, pero deberá efectuar se de conformidad con un plan de
incorporación que será propor cional al incremento anual del situado
fiscal y con recursos propios de las ent idades terr itoriales y en un
término no mayor a los seis años contados a partir de la public ación
de la presente Ley 22».
Del acto administrativo analizado , se colige que los pagos de las
prestaciones de la demandante se hicieron con cargo al Fondo
Educativo Regional, cuya administración, conforme a la Ley 24 de
1989, estaba a cargo del representante legal de la entidad territorial y
la financiación de los gastos que generaban los FER de pendía de los
recursos que la Na ción y las entidades territoriales de stinaban para
el funcionamiento, dineros que debían manejarse de manera separada
en los términos del inciso 2.° del artículo 60 ejusdem.
Así, se tiene que el FER, tal como se aclaró en la sentencia de
unificación del 2018, atendía los gastos que generaban los servicios
educativos de los docentes nacionales y nacionalizados.
Lo anterior, no permite establecer con suficiente clarida d que la plaza
a ocupar sea nacional o nacionalizada, toda vez que como se advirtió
22 Pa rá gr af o d ec l ar a d o i nex e qu i b le p or l a s en t enc i a C - 5 55 d el 6 d e d ic i e m bre de
19 9 4; n o obs t an te , s e enc o ntr a ba v i g e nt e al mo m e nt o de l a ex pe d i c i ón d e l D ec r et o
14 3 de l 8 de n ov ie m br e d e 19 9 4, p or me d io de l c u al s e r e al iz ó l a i nc or p or ac i ó n de
l a de m a nd a nt e.
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las disposiciones legales invocadas (Ley 29 de 1989) y el origen de
los recursos para e l pago de salarios de la demandante (FER, situado
fiscal, hoy sistema general de particip aciones), no conduce a concluir
la naturaleza jurídica del vínculo, por tanto, en ca sos como este, en
los términos que se previó en la sentencia de unificación SUJ-11S2
del 21 de junio de 2018 , cobra relevancia la certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca del tipo
de vinculación al que se encuentra sometido la docente oficial.
En este punto, no se puede desconocer que esta incorporación se hizo
con el fin de mantener la continuidad de los docentes que venían
vinculados por contratos, como lo es el caso de la actora, quien
ostentaba una vinculación territorial con el municipio de Malambo en
virtud de la modalidad contractual, por ende, se evidencia una
continuidad en la prestación del servicio al departamento .
Bajo esa línea, queda claro que las condiciones de la vinculación inicial
de la docente no se modificaron a pesar de la incorporación a la planta
departamental y municipal, pues el último nombramiento del que fue
objeto se efectuó por parte del alcalde municipal de Malambo en el año
1994, la cual se mantuvo incólume en tanto que no hubo solución de
continuidad.
En ese orden de ideas, el análisis integral del acto administrativo de
nombramiento y de las pruebas obrantes en el proceso, permite
concluir que el tiempo de servicio prestado por la demandante entre
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el 18 de noviembre de 1994 y el 24 de julio de 2019 (fecha de la
última certificació n expedida por el FOMAG ), resulta válido para
concederle el reconocimiento de la pensión gracia, ya que fueron del
orden territorial .
Por consiguiente, los tiempos de servicios de la señora Ángela Matilde
Mejía de Mercado , fueron prestado s en los siguientes extremos
temporales:
Fechas
Actos de Desde Hasta Total
nombramiento
y tipo de
vinculación
Decreto 0287 22 de agosto de 1977 19 de febrero de 1 año, 5
del 22 de 1979 meses y 28
agosto de días
1977
Contrato 1 de febrero de 1993 30 de junio de 1993 4 meses y
prestación de 29 días
servicios 034
del 1 de
febrero de
1993
Contrato 12 de julio de 1993 12 de diciem bre de 5 meses
prestación de 1993
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servicios 042
del 12 de julio
de 1993
Contrato de 7 de febrero de 1994 17 de noviembre de 9 meses y
prestación de 1994 11 días
servicios del
7 de febr ero
de 1994
Decreto 143 18 de noviembre de 24 de julio de 2019 24 años, 8
del 8 de 1994 meses y 7
noviembre de días
1994
Así las cosas, los servicios presta dos por la demandante como
docente territorial entre 22 de agosto de 1977 y el 19 de febrero de
1979; los servicios prestados a través de contratos de prestación de
servicios desde 1 de febrero de 199 3 y el 30 de junio de 1993; 12
de julio de 1993 y el 12 de diciembre de 1993 ; el 7 de febrero de
1994 y el 17 de noviembre de 1994 , de manera interrumpida , y el
tiempo laborado como docente territorial entre el 18 de noviembre de
1994 y el 24 de julio de 2019 , resulta válido para efectos de
contabilización del tiempo de 20 años para hacerse beneficiaria de la
pensión gracia. Para un total de 27 años , 9 meses y 10 días.
De conformidad con lo anterior, se advierte que el 12 de octubre de
2011 la señora Ángela Matilde Mejía de Mercado cumplió 20 años de
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servicio y consolidó el estatus pensional, por cuanto para ese momento
ya contaba con más de 50 años de edad y no está en discusión el
desempeño en los empleos con honradez, consagración y buena
conducta.
• Conclusión
De acuerdo con el material probatorio, la Sala encuentra que la señora
Ángela Matilde Mejía de Mercado cumple con todos los requisitos
exigidos para el reconocimiento y pago de una pensión gracia, en la
medida que no existen reproch es sobre su buena conducta como
docente oficial, cumplió veinte años de servicio como docente
territorial 12 de octubre de 2011, fecha en la que adquirió su estatus
pensional y cumplió 50 años de edad el 9 de diciembre de 2003 .
• De la prescripción
Teniendo en cuenta que procede el reconocimiento de la prestación
reclamada, es necesario determinar si se configura la prescripción,
para lo cual se t iene presente que la demandante consolidó su
derecho de pensión el 12 de octubre de 2011 con el acreditamiento
de los 20 años de servicio, presentó la reclamación el 2 7 de abril de
2015, y la demanda fue radicada el 28 de octubre de 2016 .
En ese orden de ideas, es claro que se configuró el fenómeno jurídico
de la prescripción, por cuant o, si bien entre la fecha de la reclamación
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y de la demanda no se superó el tiempo de tres años, lo cierto es que
entre la fecha de la consolidación del estatus pensional ( 12 de octubre
de 2011) y la reclamación ( 27 de abril de 2015 ) sí transcurrieron más
de tres años.
Es de anotar que dicho fenómeno opera en materia pensional sobre
las mesadas que hubiese lugar a reconocer y no sobre el derecho en
sí mismo, por lo que, siendo la interesada aún titular de la prerrogativa
jurídica reclamada ante la UGPP, la prescripción debe co ntarse desde
el momento en que se radicó la recla mación (27 de abril de 2015), de
modo que hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 27 de abril de 2012.
En consecuencia, se d eclarará la nulidad de las Resoluciones RDP
036298 del 7 de septiembre y RDP 051043 del 1 de diciembre,
ambas del 2015, a través de las cuales se negó el reconocimiento de
la pensión gracia de la demandante.
A título de restablecimiento del derecho, se condenará a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a reconocer y pagar la
pensión gracia a favor de la señora Ángela Matilde Mejía de Mercado,
a partir del 27 de abril del 2012, liquidada con el 75% del promedio de
todos los factores devengados en el último año previo a la adquisición
del estatus pensional, comprendido entre el 12 de octubre de 2011 y
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el 12 de octubre de 2012 , según certificación que deberá expedir la
entidad territorial.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior será ajustada a
valor presente, en los términos del artículo 187 del CPACA, en
aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh Índice Final
Índice Inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valo r
histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la parte demandante
por concepto de mesada pensional, hasta la fecha de ejecutoria de
esta providencia, p or el número que resulta de dividir el índice final de
precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha
en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la par te motiva de
este proveído.
La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Conforme con lo expuesto hasta este punto, la Sa la de Subsección
revocará la sentencia apelada por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, accederá al reconocimiento
de la prestación reclamada.
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Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios, se advierte que el
demandante solicita el reconocimiento y pago conforme al Código
Contencioso Administrativo, por lo que para la Sala es claro que el
actor se refiere a lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, en cuanto
establece que las cantidades liquidas reconocidas en pr ovidencias que
impongan una condena devengarán intereses moratorios, de manera
que en efecto corresponde ordenar el estricto cumplimiento de la
sentencia bajo los términos del mencionado artículo.
2.6. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas a la UGPP, comoquiera que si bien en anteriores oportunidades
esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para
determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es que
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en
esos términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo
análisis, de la revisión del recurso de apelación, no puede observarse
dicha situación, contrario a ello, en el recurso se sustentaron las
razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se
condenará en costas.
2.7. Otras determinaciones
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Según consta en el aplicativo SAMAI, mediante memorial visib le en el
índice 29, fue allegado poder otorgado por la entidad demandada al
abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa, identificado con cédula de
ciudadanía 1.136.883.951 y portador de la tarjeta profes ional 291.382
del Consejo Superior de la Judicatura, mediante escritura pública 733
del 17 de febrero de 2023 de la Notaría 73 de Bogotá, por lo que, al
acreditar los requisitos legales, le será reconocida personería para
actuar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 27 de marzo de2020, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las súplicas de
la demanda dentro del proceso de la referencia. En su lugar:
SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP
036298 del 7 de septiembre y RDP 051043 del 1 de diciembre,
ambas del 2015, por medio de las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP negó a la señora Ángela Matilde Mejía el
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reconocimiento y pago de una pensión gracia.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título
de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP– reconocer y pagar la pensión gracia a favor
de la señora Ángela Matilde Mejía , identificado con cédula de
ciudadanía 22.671.988, a partir del 27 de abril de 2012 , en cuantía
equivalente al 75% del promedio de los factores salaria les
devengados durante el año previo a la adquisición d el estatus
pensional, comprendido entre el 12 de octubre de 2011 y el 12 de
octubre de 2012, según certificación que deberá expedir la entidad
territorial.
CUARTO. Declara r la p rescripción de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 27 de abril de 2012 , de acuerdo con lo
precisado en esta sentencia.
QUINTO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de
Contribuciones Parafiscales de la P rotección Social - UGPP deberá
cumplir lo dispuesto en este fallo conforme a lo señalado en el artículo
192 del CPACA.
SEXTO. No condenar en costas en ambas instancias.
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SÉPTIMO: Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos
Espinosa, identificado con cédula de ciudadanía 1.136.883.951 y
portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y de Contribuciones Par afiscales de la Protección
Social - UGPP.
OCTAVO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”,
y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023 ).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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