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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00862-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-00862-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 22 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el departamento del Atlántico y el municipio de Manatí. Segundo: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto. Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-00862-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

9 de junio de 2022

Radicación: 08001-23-33-000-2017-00862-01 (0221-2020)
Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2017-00862-01 (0221-2020)
Demandante: MINERVA ROSA BARCASNEGRA FONTALVO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,
Y OTROS

Tema: Cesantías anualizadas y sanción moratoria por incumplimiento en
la consignación del auxilio (docentes).

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el
22 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las
pretensiones.

DEMANDA

La señora Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones1

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

i) actos presuntos derivados del silencio administrativo negativo, producto de la no
respuesta a las peticiones formuladas el 13 de noviembre de 2014 ante el municipio
de Manatí (Atlántico) y el 6 de septiembre de 2016 ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
el retardo en la consignación y no pago oportuno de las cesantías correspondientes a
los años 1995 a 2002 y sus intereses moratorios o en su defecto de las cesantías
retroactivas;

ii) Oficio 2016ER167415 del 23 de septiembre de 2016, mediante el cual el Ministerio
de Educación Nacional informó a la demandante que remitió su reclamación del 6 de
septiembre de 2016 a la Secretaría de Educación del Atlántico por competencia y;

1 Folios 1 y 2.

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1

Radicación: 08001-23-33-000-2017-00862-01 (0221-2020)
Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

iii) Oficio 2433 del 31 de octubre de 2016, expedido por la Secretaría de Educación del
departamento del Atlántico, por medio del cual negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, por el retardo en la consignación y el no pago oportuno de las
cesantías y sus intereses.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, ordenar
a las demandadas a pagar a la docente Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo las
cesantías «parciales» correspondientes a los años 1995 a 2002, como los intereses
de las mismas, si fuere el caso o, en su defecto, las cesantías retroactivas. Así mismo,
al pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995, modificada por la
Ley 1071 de 2006 y la Ley 50 de 1990.

3. Ordenar a las entidades demandadas pagar la condena con la respectiva
actualización, dar estricto cumplimiento a la sentencia; así como el reconocimiento de
intereses comerciales a la tasa más alta permitida en virtud de los artículos 187 y 192
del CPACA, y las costas procesales conforme al artículo 188 ibidem.

Fundamentos fácticos relevantes2

1. La señora Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo fue nombrada como docente del
municipio de Manatí, Atlántico, mediante Decreto 021 del 13 de febrero de 1995 y
financiada con recursos propios del ente territorial.

2. A la demandante no le fueron transferidos al Fomag los recursos de su pasivo
prestacional causado en los años 1995 a 2002, fondo que solo responde por el
pago de las cesantías causadas desde el año 2003, fecha en que fue legalizada
por el Ministerio de Educación en los términos de la Ley 715 de 2001.

3. La libelista presentó reclamación administrativa el 13 de noviembre de 2014 ante
el municipio de Manatí y el 6 de septiembre de 2016 ante el Ministerio de
Educación, entidades que guardaron silencio respecto a su solicitud.

4. Así mismo, el 6 de septiembre de 2016 reclamó ante el Ministerio de Educación
Nacional, quien a través del Oficio 2016ER167415 del 23 de septiembre de 2016,
informó a la peticionaria que su solicitud la remitió a la Secretaría de Educación del
Atlántico, sin que hubiese resuelto la misma.

5. Igualmente, el 9 de septiembre de 2016 elevó petición ante el departamento del
Atlántico, entidad que por Oficio 2433 del 31 de octubre de 2016 negó su solicitud.

DECISIONES RELEVANTES EN LA PRIMERA INSTANCIA

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función
de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta
etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de
la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el
juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial
en el presente caso, a modo de antecedentes:

2 Folios 58 y 59.

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Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

Fecha de la audiencia inicial: 7 de agosto de 20183.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] En el presente caso, las entidades demandadas propusieron las excepciones de
prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva, las cuales serán analizadas de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 180 del CPACA.
• FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.
Frente a este medio de defensa, el despacho considera que para dilucidar sobre si la
entidad demandada debe responder por las pretensiones de la demanda, se requiere de un
profundo y complejo examen de las normas que se dicen violadas con el objeto de poder
desatacar o confirmar los cuestionamientos del libelo, lo cual, es labor propia de la
sentencia. Por lo tanto, la excepción se estudiará en la sentencia, en caso de llegar a esa
instancia.
• PRESCRIPCIÓN
Con relación a esta excepción es pertinente anotar que el Consejo de Estado, en varios
pronunciamientos, […] ha señalado que la excepción de prescripción debe ser resuelta en
la sentencia y no en la audiencia inicial, dada su característica de atacar el derecho
sustancial, y no el procedimiento formal de la demanda. Por lo tanto, este Tribunal siguiendo
los lineamientos del Consejo de Estado, postergará el estudio de esta excepción hasta la
sentencia en caso de llegar a esta instancia. […]»

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«Determinar si la señora MINERVA ROSA BARCASNEGRA FONTALVO en su calidad de
docente, perteneciente a la planta de personal del Municipio (sic) de Manatí, tiene derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 344 de 1996, sus
decretos reglamentarios y demás normas concordantes, por la omisión en la consignación
de las cesantías correspondientes a las anualidades 1995 a 2002, al fondo administrador
de cesantías al cual se encuentra afiliada y la sanción moratoria contemplada en la Ley 244
de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, por el no pago de sus cesantías. E igualmente,
determinar en caso de acceder a la pretensión de la demanda quién debe asumir la
condena».

Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA4

El a quo profirió sentencia el 22 de julio de 2019, en la que negó las súplicas de la
demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El tribunal indicó que la demandante fue vinculada en propiedad a la planta de
docentes del municipio de Manatí, y que, pese a que su nombramiento fue expedido
3 Folios 177 a 187.
4 Folios 245 a 267.

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Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

por el alcalde, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
su vinculación fue con posterioridad al 1.° de enero de 1990, por lo tanto, su
nombramiento no puede asimilarse al de un docente territorial.

En virtud de lo anterior, precisó que no le es dable el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que dicha
penalidad solo fue extendida por el artículo 1.° del Decreto 1582 de 1998 a los
servidores públicos de nivel territorial, vinculado a partir del 31 de diciembre de 1996
y afiliados a fondos privados de cesantías.

Así las cosas, indicó que el Fomag, por ser el fondo al cual se encuentra afiliada la
docente, se encuentra exceptuado del régimen fijado en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, aplicable al sector público en virtud de la Ley 344 de 1996.

En ese sentido, concluyó que la indemnización moratoria pretendida por los años 1995
a 2002 no es posible, dado que la libelista no cumple con los requisitos para acceder
a la sanción pretendida, toda vez que, en primer lugar, según la fecha de su vinculación
el régimen prestacional que la cobija está regulado por las normas de los empleados
públicos de orden nacional y, en segundo lugar, porque no se encuentra afiliada a un
fondo privado administrador de cesantías.

RECURSO DE APELACIÓN5

La señora Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo, inconforme con la decisión, interpuso
recurso de apelación al considerar que el a quo efectuó una indebida interpretación de
las Leyes 244 de 1995, 1071 de 2006 y 50 de 1990, como del actuar de todas las
partes demandadas, en especial, del municipio de Manatí, entidad que no intervino en
el proceso sin que le fuere exigida su presencia, y frente al cual existe material
probatorio idóneo que lo responsabiliza del pago de las cesantías correspondientes a
los años 1995 a 2002, con sus respectivos intereses, tales como el acto de
nombramiento y posesión, la petición que le fue radicada, el extracto del Fomag y la
Fiduprevisora, entre otros.

En ese entendido, requirió la comparecencia del municipio de Manatí para exigirle de
cumplimiento del convenio interadministrativo y traslade al Fomag el pasivo
prestacional a su favor, correspondiente al auxilio de cesantías de los años 1995 a
2002 más los intereses anuales, pues no hay certeza respecto al pago del auxilio de
las cesantías que reclama.

Atendiendo las anteriores consideraciones solicitó, de conformidad con lo normado en
la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y lo dispuesto en la sentencia
de unificación 336 del 18 de mayo de 2017, revocar el fallo y declarar la nulidad del
acto presunto producto de la no respuesta a la petición formulada el 8 de abril de 2015
al municipio de Manatí, relacionado con el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y/o definitivas de los años deprecados, los intereses anuales de las mismas
y la correspondiente mora.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público6 solicitó se mantenga la negativa a las
pretensiones de la demanda y su absolución de toda responsabilidad, para lo cual,

5 Folios 279 a 286.
6 Memorial allegado vía correo electrónico, adjunto a SAMAI, visible a índice 13.

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reiteró que las pretensiones de la demanda no resultan oponibles a esa cartera
ministerial, teniendo en cuenta que no existe solidaridad, así como ninguna figura
jurídica con alcance entre las partes.

La parte demandante7 reafirmó lo expuesto en la demanda y en el recurso de
apelación. Además, agregó que el Consejo de Estado admitió que los docentes tienen
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de
1990, a través de la sentencia de unificación «SU-SE-SUJ-SII-012-2018-18 de julio de
2018», y que en similar sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en las
sentencias SU-336 de 2017, SU-098 de 2018, T-053 de 2014, T-008 de 2015 y T-705
de 2012.

El departamento del Atlántico8 señaló que la demandante pretende con los
argumentos de la demanda establecer la existencia de una responsabilidad solidaria
por parte del departamento del Atlántico respecto de las condenas y declaraciones,
formuladas en contra del Fomag. No obstante, precisó que el departamento del
Atlántico y la Secretaría de Educación Departamental carecen de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto no podrían entrar a satisfacer o responder ante una
eventual condena, dado que en el marco de competencias de las Leyes 91 de 1989 y
962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005 se establece que al departamento le
corresponde el ejercicio de algunas facultades en materia de la recepción y tramites
de solitudes efectuadas por el personal docente relacionada con las prestaciones
sociales, pero el pago de las mismas es competencia exclusiva del Fomag.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal, según consta en el
informe secretarial visible a folio 302.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada.

Cuestión previa

La subsección debe precisar que, si bien la demandante en el recurso de apelación
hace referencia a la sanción moratoria contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006 y que con la demanda aporto copia de contrato de reparación de vivienda
suscrito el 29 de mayo de 2015 (ff. 48 y 49), no se advierte otra documentación de la
cual se pueda inferir que la libelista radicó solicitud para el retiro parcial de sus
cesantías.

De otro lado, del estudio integral de la demanda y los argumentos expuestos en la
alzada y en los alegatos de conclusión de ambas instancias se puede colegir que la
indemnización deprecada obedece a la no consignación de las cesantías anuales
causadas entre los años 1995 a 2002 y, bajo ese entendido, el estudio del caso se

7 Memorial allegado vía correo electrónico, adjunto a SAMAI, visible a índice 14.
8
Memorial allegado vía correo electrónico, adjunto a SAMAI, visible a índice 15.

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hará de conformidad con las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de
1998.

Problemas jurídicos

De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia de primera instancia
y de los recursos de alzada, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se
resumen en las siguientes preguntas:

1. ¿Procede el estudio de fondo respecto del reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas causadas por la señora Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo,
correspondiente a las anualidades 1995 a 2002, con sus respectivos intereses?

2. ¿Les asiste derecho a los docentes oficiales a reclamar el pago de la sanción
moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
por la consignación tardía de las cesantías anualizadas?

3. ¿Se encuentra acreditada en el sub lite la causación de la sanción moratoria
respecto de las cesantías anualizadas causada en las anualidades 1995 a 2002?

4. En caso afirmativo ¿operó el fenómeno de la prescripción sobre la sanción
moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
respecto de las cesantías anualizadas de la demandante, causadas en las
anualidades 1995 a 2002?

Primer problema jurídico

¿Procede el estudio de fondo respecto del reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas causadas por la señora Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo,
correspondiente a las anualidades 1995 a 2002 con sus respectivos intereses?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: No es procedente adelantar el estudio
respecto al reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas por la
señora Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo en las anualidades 1995 a 2002, con sus
respectivos intereses, como se expone a continuación:

En el sub examine se advierte que la señora Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo
ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que
se condene a las entidades demandadas a pagar a su favor las cesantías
correspondientes a los años 1995 a 2002, como los intereses de las mismos o en su
defecto las cesantías retroactivas; así como de sanción moratoria consagrada en las
Leyes 244 de 1995, 1071 de 2006 y 50 de 1990.

Por otro lado, en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, celebrada
el 7 de agosto de 2018, el litigio se fijó en determinar si la demandante, en su calidad
de docente, perteneciente a la planta de personal del municipio de Manatí, tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 344
de 1996, sus decreto reglamentarios y demás normas concordantes, por la omisión en
la consignación de las cesantías correspondientes a las anualidades 1995 a 2002, al
fondo administrador de cesantías al cual se encuentra afiliada y la sanción moratoria
contemplada en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, por el no
pago de sus cesantías.

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En ese orden de ideas, el recuento anterior le permite a esta Subsección inferir que el
recurso de apelación, no respeta el principio de congruencia cuando de los
argumentos planteados se refiere al derecho que tiene la señora Barcasnegra
Fontalvo de exigirle al municipio de Manatí que le sea transferido al Fomag, el pasivo
prestacional a su favor, correspondiente al auxilio de cesantías causadas en las
anualidades 1995 a 2002, con sus respectivos intereses anuales y que aún le son
adeudados.

Es del caso resaltar que el litigio a resolver fue avalado por las partes y, por lo mismo,
el debate del sub judice analizado por el tribunal se limitó al estudio de la sanción
moratoria deprecada. Así las cosas, los fundamentos de la apelación sobre el
reconocimiento de la referida prestación son extraños al debate por no corresponder a
los mismos hechos analizados por el a quo, lo cual impide que en esta instancia se
analice de fondo lo que ahora depreca en la apelación. Lo anterior materializa el debido
proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el ad quem
necesariamente debe guardar congruencia con la controversia aceptada por las partes
y resuelta por el juez de primera instancia.

En conclusión: No es procedente el estudio de fondo respecto del reconocimiento de
las cesantías anualizadas causadas por la señora Minerva Rosa Barcasnegra
Fontalvo, correspondiente a las anualidades 1995 a 2002 con sus respectivos
intereses, como quiera que el debate de litigio en primera instancia solo se
circunscribió a la sanción moratoria contemplada en las Leyes 244 de 1995, 1071 de
2006 y 50 de 1990.

Segundo problema jurídico

¿Les asiste derecho a los docentes oficiales a reclamar el pago de la sanción moratoria
prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, por la
consignación tardía de las cesantías anualizadas?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: en virtud del principio de favorabilidad,
es viable aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en
materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías
anuales, de manera que para estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre
de cada año por concepto de la aludida prestación, también les debe ser consignado
en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de
febrero del año siguiente a su causación.

El régimen normativo que regula el pago de las cesantías anualizadas y la
sanción por la mora en su consignación, para los servidores públicos

La Ley 50 de 1990 por medio de la cual se introdujeron reformas al Código Sustantivo
del Trabajo, previó en su artículo 99 la forma de liquidar las cesantías en los términos
que a continuación se citan:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

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2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se
liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del
año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el
mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario
por cada retardo.

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador
que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los
intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma
naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se
autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el Gobierno
Nacional, en orden a:

a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el
territorio nacional;

b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el
financiamiento de actividades productivas.

7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán
regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía.

Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación
de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades
Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional
podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras
con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades
Administradoras de Fondos de Cesantía.» (Subrayas y negrita de la Sala)

Ahora, pese a que la norma transcrita se encontraba destinada específicamente a los
trabajadores cobijados por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, la
expedición de la Ley 344 de 1996 hizo extensivas a los servidores públicos las
disposiciones concernientes a las cesantías. En efecto, la Ley 344 de 1996 definió el
régimen anualizado de liquidación de cesantías para los servidores públicos que se
vincularan a partir de su vigencia, y puntualmente en su artículo 13 previó lo siguiente:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de
1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los
Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Parágrafo. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.» (Subrayas de la
Subsección)

Por su parte, el Decreto 1582 de 1998, que reglamentó parcialmente los
artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, dispuso en su artículo
1.° que: «El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del
nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos
privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas
concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se
afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998. […].» (Subrayas de la Subsección)

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, previó la causación de
una penalidad a cargo del empleador, a título de sanción, por la tardanza en la
consignación del auxilio de cesantías al fondo al que el empleado se encuentre
afiliado, para lo cual estimó la fecha en la que la obligación se haría exigible en los
términos que a continuación se señala:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
[…]

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del
año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el
mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario
por cada retardo.

[…].» (Subrayas de la Sala)

De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, es claro que el
alcance de las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1991 amparan
el auxilio de cesantías a que tienen derecho los servidores públicos, bajo los preceptos
de la Ley 344 de 1996 y del Decreto 1582 de 1998, de modo que frente a la mora en
la consignación de dicha prestación resulta procedente el pago de una sanción
correspondiente a un día de salario por cada día de retardo. De tal suerte, si al 15 de
febrero de la siguiente anualidad no se verifica el depósito del monto correspondiente
en el fondo de cesantías al que el empleado se encuentre afiliado, el mismo podrá
requerir el reconocimiento y pago de la sanción contemplada en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, antes citado.

Del marco jurídico aplicable a los docentes oficiales en materia de cesantías

En lo que respecta al personal docente, se debe indicar que el artículo 3 de la Ley 91
de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como « una
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin
personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de
economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del

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pago de las prestaciones sociales9 que se causaran a favor del personal docente
nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida norma, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales
son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de
1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y
en el artículo 2 ibidem reguló lo relativo al reconocimiento de sus prestaciones, en los
siguientes términos:

«Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades
territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal
docente, de la siguiente manera:

[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir
del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán
pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades
territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las
entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta
la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las
prestaciones sociales no causadas o no exigibles.» (Subraya la Sala)

En lo que tiene que ver con el reconocimiento de las cesantías, el artículo 15 ibidem
prescribió lo siguiente:

«3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes
de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre
el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1.° de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las
cesantías generadas a partir del 1.° de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas
cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio
de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. (Subraya la Sala).»

Ahora bien, la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo
2003-2006, en su artículo 81 señaló que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público
educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

Con fundamento en lo anterior y con el objeto de lograr la afiliación de los docentes
territoriales al aludido fondo, con el Decreto Nacional 3752 de 2003 se dispuso:

9 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.

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Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

«Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas
de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de
2004.
Parágrafo 1°.- La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad territorial nominadora por
la totalidad de las prestaciones sociales que correspondan, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, fiscales y disciplinarias a que haya lugar.

Parágrafo 2°.- Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su nombramiento provisional.

Artículo 5°. Trámite de la afiliación del personal de las entidades territoriales. Presentada la
solicitud de afiliación por parte de la entidad territorial, dentro de los sesenta (60) días
siguientes, se adelantará el siguiente procedimiento:

1. Elaboración del cálculo actuarial que determine el total del pasivo prestacional,
presentando de manera separada cesantías y pensiones, del personal docente que se
pretende afiliar y, por tanto, el valor de la deuda de la entidad territorial con el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Tal cálculo será elaborado, con cargo a los recursos del Fondo, por parte de la sociedad
fiduciaria encargada del manejo de sus recursos y la respectiva entidad territorial de
conformidad con los parámetros que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para el efecto.

2. Definido el monto total de la deuda, previa revisión del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, este será comunicado a la entidad territorial por parte de la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos del Fondo. Tal comunicado deberá indicar,
adicionalmente, el plazo y la forma de pago que deberá ajustarse, en todo caso, a lo
establecido en el artículo 1° de la Ley 549 de 1999. El monto a pagar por vigencia se cubrirá
con los recursos que traslade el FONPET al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Si estos recursos no fueren suficientes, la entidad territorial aportará de sus
recursos hasta cubrir la totalidad de las obligaciones corrientes que correspondan.

3. El Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de fideicomitente de la fiducia
mercantil por medio de la cual se administran los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ejercerá la interventoría del mismo.» (Subrayas de
la Sala)

En armonía con el marco normativo reseñado en precedencia, la Subsección había
sostenido la tesis de que los docentes oficiales, si bien servidores públicos en toda
regla, no están amparados por las disposiciones de liquidación anual de las cesantías
consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales previsiones
con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996, en cuyo artículo
13 les hizo extensivas las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la
salvedad de que ello era «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989», lo que se
traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.

Esa postura también había sido desarrollada por la Corte Constitucional, al estudiar el
ajuste del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 a los postulados de la Carta, pues en

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sentencia C-928 de 200610 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las
cesantías a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio no era igual al dispuesto en la Ley 50 de 1990. En aquella ocasión,
puntualizó además que ello redundaba en una violación del derecho a la igualdad
porque «simplemente la manera como se liquidan y pagan aquellos11 es distinta a la regulada
en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se configure discriminación alguna».

Sin embargo, por vía de acción de tutela, tanto la Corte Constitucional como el Consejo
de Estado12 han considerado que en virtud del principio de favorabilidad, es viable
aplicar a los docentes las disposiciones que contiene la Ley 50 de 1990, en materia de
sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales, de
manera que para estos, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año
por concepto de la aludida prestación, también les debe ser consignado en el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del
año siguiente a su causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un día
de salario por cada día de retraso.

En efecto, sobre ese particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-098 de 201813
sostuvo que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos
aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un beneficio,
caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado,
pues ésta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política».

De igual manera, en la sentencia en cita, la Corte señaló que aunque los jueces han
adoptado una postura jurídicamente razonable y justificada al negar el derecho a la
sanción moratoria, esta excluye otra posible interpretación, en virtud de la cual sí los
ampara la sanción moratoria por la no consignación de cesantías de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la cual es « más
favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales», máxime cuando «el
ámbito de aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se extiende a todos los
empleados públicos. Así lo establece el Decreto 1252 de 2000». Y finalmente, concluyó:

«[…] Realizada la anterior aclaración, esta Corporación considera que, en el régimen
anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es lógico
que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la consignación
es la manera de garantizar el acceso a la prestación. Sin duda, este sistema solo
puede ser equitativo si las personas pueden contar con su pago de forma oportuna
para poder disponer de la prestación en cualquiera de los eventos en que se permite,
esto es, ante el desempleo, para financiar la educación propia, de compañeros
permanentes, de los hijos o dependientes y para la adquisición, construcción, mejora
o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda.

Adicionalmente, cabe anotar que, como quedó visto, una interpretación restrictiva de la
aplicación de la sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes
frente a otros trabajadores del Estado que gozan de la sanción como garantía de la
prestación. Esta distinción viola el derecho a la igualdad toda vez que los docentes
tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro de los
trabajadores estatales, lo cual no constituye un motivo valido en sí mismo para negar
su acceso.

10 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
11 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.
12 Ver, entre otras, sentencias del Consejo de Estado, del 17 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-2018-04617-

01, Sección Tercera, M.P. y del 28 de junio de 2019, A.C. 11001-03-15-000-2018-04679-01, Sección Primera, M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
13 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

[…]
Como se advirtió, los docentes se encuentran en la categoría de los empleados
públicos y no existe razón que justifique que en su calidad de trabajadores no tengan
derecho, de la misma forma que los demás servidores públicos, a que sus
prestaciones sociales sean canceladas en tiempo. Una interpretación contraria no
protegería a estas personas en la misma forma que a otros servidores públicos, lo cual
tendría como consecuencia la restricción de su posibilidad de gozar de la garantía del pago
oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se
derivan de esa prestación.
[…]
Sumado a lo anterior, el régimen especial al que está sometido el actor no contempla
la sanción que solicita, situación distinta sería que su régimen lo contemplara o que,
en su lugar, se estableciera otro tipo de beneficios o sanciones, lo cual, en este caso
no se evidencia. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
hipótesis como las que ahora se encuentran bajo estudio pueden desconocer el
derecho a la igualdad.
[…]
De conformidad con todo lo expuesto, en consonancia con el principio de favorabilidad
procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 ya
que la Ley 91 de 1989 no contempla de manera expresa sanción por la no
consignación de las cesantías en el FOMAG. […]» (Resalta la Subsección)

Recientemente, en sentencia SU-332 de 201914 esa Corporación también concluyó
que:

«[…] 52. En síntesis, con base en la jurisprudencia constitucional, es posible concluir
que (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores,
protegida por la Constitución; (ii) los miembros del Magisterio gozan de un régimen
prestacional especial, en razón de la labor que desarrollan y su vinculación con el Estado;
(iii) los docentes oficiales se pueden catalogar como empleados públicos, en razón de las
funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran sometidos y la
vinculación mediante nombramiento, que da lugar a una relación legal y reglamentaria; (iv)
los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. […]»
(Negrillas de la Sala)

Bajo el anterior derrotero, la Subsección ha considerado viable acoger el criterio de
favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias
relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990. Por ende, se aplicará el anterior criterio a fin de determinar si la
demandante es beneficiaria de la sanción pretendida en la demanda, en los términos
del segundo problema jurídico planteado al inicio de estas consideraciones.

Tercer y Cuarto problema jurídico

¿Se encuentra acreditada en el sub lite la causación de la sanción moratoria respecto
de las cesantías anualizadas causadas en los años 1995 a 2002?

¿Operó el fenómeno de la prescripción sobre la sanción moratoria prevista en las
Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, respecto de las cesantías
anualizadas de la demandante, causadas en las anualidades 1995 a 2002?

14 Corte Constitucional, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: se acreditó la causación de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 respecto del auxilio de cesantías de la
demandante en los años 1995 a 2002, comoquiera que demostró los supuestos
fácticos para ser beneficiaria de la indemnización que reclama. Ahora bien, de
conformidad con los elementos probatorios que obran en el plenario, y a la luz de la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 25
de agosto de 2016, aclarada a través de sentencia de unificación del 6 de agosto de
2020, la sanción por mora en la consignación del auxilio de cesantías reclamada en
el sub lite se encuentra prescrita.

La postura adoptada en la sentencia unificación del 25 de agosto de 2016,
aclarada a través de sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020

En lo que atañe a la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva frente a la
sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de las cesantías anualizadas,
la Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio jurisprudencial a través de
la sentencia del 25 de agosto de 201615, aclarada en providencia, también de
unificación, del 6 de agosto de 202016. En dicha oportunidad, señaló que la penalidad
en comento está sometida a la prescripción trienal y que el momento a partir del cual
procede la reclamación de la misma corresponde al día en que se configura la mora
respecto de la obligación originaria, esto es, desde el 15 de febrero del año en que se
debió realizar la consignación de las cesantías anualizadas.

De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma expresa que
contemple un término de prescripción para la penalidad ante la tardanza en el depósito
de las cesantías anualizadas a que tiene derecho el trabajador, sobre las mismas
opera el fenómeno de prescripción trienal, como se indica a continuación:

«[…] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del
empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley
concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y
deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador,
están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe
efectuar la consignación de esa prestación.

Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que
introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de
prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que
una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones
imprescriptibles.

Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal
en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna
sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar
para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151,
que es del siguiente tenor literal:

“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán
en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).

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prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso
igual.”
La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, previamente citados, consiste en que tales
decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los
derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria,
pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento
legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las
cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990. […].» (Negrillas del texto, subrayas propias).

Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3, del artículo 99 de la Ley 50 de
1991, la providencia de unificación de fecha 06 de agosto de 2016, sentó la siguiente
regla jurisprudencial: «[…] la reclamación de la indemnización por la mora en la
consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en
que se causa la mora, so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las
porciones de sanción no reclamadas oportunamente. […]»

Línea interpretativa que tuvo como fundamento los siguientes planteamientos:

«[…] De acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el
legislador impuso al empleador una fecha precisa para que consigne las cesantías
anualizadas de sus empleados, esto es, el 15 de febrero del año siguiente a aquél en que
se causaron, y precisa que “el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un
día de salario por cada retardo”.

Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y
prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en esa consignación,
implica que la indemnización moratoria que surge como una nueva obligación a cargo del
empleador, empieza a correr desde el momento mismo en que se produce el
incumplimiento.

Por ende, es a partir de que se causa la obligación -sanción moratoria- cuando se hace
exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la
administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años
desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea
en forma parcial.
La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de conformidad con
lo previsto en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe entregar
al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de
diciembre de cada año, y teniendo en consideración que los Fondos administradores de
cesantías están en la obligación de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.

Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si el empleado conoce la liquidación
anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso es
concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la consignación anualizada o la
omisión de la misma por parte de su empleador, lo que implica que tiene conocimiento de
que este ha incurrido en mora y por tal motivo se impone a su cargo la obligación de
reclamarla oportunamente, so pena de que se aplique en su contra el fenómeno de la
prescripción. […]» (Subraya la Subsección)

De los apartes transcritos se desprende de manera inequívoca que la sanción por
mora, prevista ante la eventualidad del retardo o la no consignación del auxilio de
cesantías por parte del empleador al empleado, se encuentra sometida al
acaecimiento del fenómeno de la prescripción extintiva, para lo cual el término a tener
en cuenta es el previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
Asimismo, se concluye que el momento que determina el surgimiento del derecho a
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reclamar el reconocimiento y pago de la sanción por mora, es aquel en el cual se hace
exigible la obligación de dar, en este caso de depositar el valor de las cesantías, cuya
procedencia opera de pleno derecho al encontrarse dicha obligación sometida al plazo
previsto en la ley, esto es, desde el 15 de febrero del año siguiente al de la causación
de las cesantías.

Para el efecto, cabe señalar que, la aclaración realizada mediante la sentencia de
unificación del 6 de agosto de 2020 surgió en razón a la dicotomía que se dio al aplicar
la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, dado que en unas ocasiones se
contabilizó el término prescriptivo trienal desde el día en que la obligación se hizo
exigible en adelante y en otras desde el momento en que se realizó la respectiva
reclamación administrativa hacia atrás. Por tal motivo fue que la clarificación consistió
principalmente en indicar que la penalidad en mención prescribe a los tres años desde
que surgió la obligación. Por lo anterior, con dicha providencia aclaratoria una de las
reglas de unificación jurisprudenciales que allí se fijaron fue la siguiente:

«[…] (i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de la Ley 50 de 1990-, es desde su causación y exigibilidad, es decir, 15
de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá
presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción
extintiva. […]»

Vale mencionar que al proferirse la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020
se le dio efectos retrospectivos, es decir, que se aplica a todos los casos pendientes
de resolverse tanto en sede administrativa como en sede judicial.

El caso concreto

Como se expuso en precedencia, la Subsección ha considerado viable acoger el
criterio de favorabilidad aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias
relacionadas con el reconocimiento de sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.

En el caso que nos ocupa, la demandante persigue el pago de la sanción moratoria
correspondiente a las anualidades 1995 a 2002. El municipio de Manatí no realizó
manifestación alguna, ni allegó documento alguno tendiente a controvertir la anterior
afirmación. A su vez, el departamento del Atlántico sostuvo en el escrito de
contestación de la demanda que no le asiste obligación de pagar las prestaciones
reclamadas pues ha acatado lo establecido en la Ley 91 de 1989 y demás normas
propias del régimen especial del magisterio, del cual no se desprende sanción
moratoria por el no pago de cesantías parciales y la sanción moratoria contemplada
en las disposiciones generales no se hace extensivo a los docentes del sector público.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que no tiene
obligación laboral con la libelista, ni tampoco existe relación, causa o efecto con los
actos acusados; agregó que es el municipio de Manatí el responsable del
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del personal docente, causadas
con antelación a la afiliación al Fomag.

Ahora bien, a fin de establecer si la demandante es beneficiaria de la sanción
pretendida en la demanda, se tiene probado en el expediente lo siguiente:

A folio 45 del expediente obra el Decreto 021 del 13 de febrero de 1995, expedido por
el Alcalde Municipal de Manatí (Atlántico), por medio del cual se nombró a la

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Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

demandante docente en el Colegio Jardín María Auxiliadora, cargo que entró a ocupar
en la misma fecha, según el acta de posesión a folio 46, de manera que se encontraba
cobijada por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 344 de 1996 y el
Decreto 1582 de 1998, y por ende, la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 se hace extensiva a su situación particular, en los términos
ampliamente explicados en las consideraciones que anteceden.

También obra a folio 204, Oficio 1136-18 del 29 de octubre de 2018, mediante el cual
el Profesional Especializado de la Oficina Jurídica del departamento del Atlántico
manifestó:

«[…] que a partir del año 2003, el Departamento del Atlántico en virtud de lo establecido
en la Ley 715 de 20001, asumió la dirección y administración de los docentes que había
sido nombrados por los entes territoriales, como es el caso de concreto del municipio de
Manatí.
Así las cosas, a partir del año 2003 el Departamento del Atlántico ha venido reportando las
cesantías de la demandante al Fomag de manera oportuna, conforme a los lineamientos
dados por la Fiduciaria la Previsora.
De igual manera les comunicó, que las anualidades correspondientes a los años 1995 a
2002, son pasivos prestacionales a cargo del municipio de Manatí por lo cual debe
consultarse a ese municipio por las consignaciones a las cesantías de esas anualidades.»

Igualmente se cuenta con certificación visible a folio 205, en la que el Profesional
Universitario del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de la Secretaría de
Educación del departamento del Atlántico da fe que la libelista registra giros e
intereses a las cesantías desde el año 2003 hasta la fecha de su expedición -30 de
octubre de 2018-, por sus prestaciones como docente de vinculación Municipal-
recursos propios.

Bajo ese entendido le correspondía al municipio de Manatí demostrar que las
cesantías correspondientes a los períodos 1995 a 2002 se hubieren consignando en
la oportunidad legal en el fondo en el que la libelista se encontraba afiliada para ese
entonces, pues fue solo a partir del año 2003 que el departamento del Atlántico asumió
la dirección y administración de los docentes que había sido nombrados por los entes
territoriales, como es el caso de la señora Barcasnegra Fontalvo.

En esa medida, el plazo con el que contaba el municipio de Manatí para consignar a
la demandante el auxilio de cesantías vencía el 14 de febrero del año siguiente al de
la causación de las cesantías, según los términos señalados por el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, de manera que la mora o retardo para el efecto comenzaba a contar
desde el día siguiente, 15 de febrero siguiente.

Según el extracto de intereses a las cesantías del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio Fiduprevisora S.A., de fecha 29 de mayo de 2012, visible a folio 206, se
advierte de los giros e intereses a las cesantías correspondientes a la señora
Barcasnegra Fontalvo en los años 2003 a 2011. Tal documento no contiene novedad
alguna respecto de los años1995 a 2002.

En virtud de lo anterior, como no se acreditó que las cesantías de la demandante en
los años 1995 a 2002 hubieren sido consignadas, la mora o retardo para el efecto
comenzaba a contar desde el 15 de febrero de cada período de liquidación anual y así
mismo ocurría para el comienzo del cómputo del término de prescripción extintiva para
su reclamación, según se indicó en la tesis de unificación expuesta en precedencia.
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Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

Ahora bien, tal como se afirma en la demanda y se constata en la documentación
aportada al plenario (folios 24 y 25), el 13 de noviembre de 2014 radicó ante el
municipio de Manatí la solicitud de pago de la indemnización moratoria por el no giro
oportuno de las cesantías causadas en los años 1995 a 2002, de manera que, para
los precisos efectos de este proceso, la última anualidad causada corresponde a la
del año 2002.

En esa medida, el plazo con el que contaba la entidad demandada para consignar a
la demandante el auxilio de cesantías causado en el años 2002 vencía el 14 de febrero
de 2003 y, en consecuencia, la mora o retardo para el efecto comenzaba a contar
desde el día siguiente, 15 de febrero de 2003, por lo tanto, la prescripción trienal frente
a dicho concepto se configuró el 15 de febrero de 2006, lo que resulta imperioso
concluir que el derecho que le asistía a la demandante para reclamar la sanción
moratoria de las cesantías para el año 2002, y por fuerza las que le antecedieron, se
encuentra extinto.

En ese orden de ideas, esta Subsección encuentra acreditados los elementos de juicio
necesarios para declarar probada la excepción de prescripción propuesta por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, respecto de la sanción moratoria por la
consignación tardía del auxilio de cesantías correspondiente a los años 1995 a 2002.

Dicha conclusión implica, de suyo, que el fallo objeto de la alzada amerita ser
confirmado, pero por los motivos aquí expuestos.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, por lo motivos expuestos en precedencia.

De la condena en costas

En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por esta
subsección en providencias del 7 de abril de 201617, en esta oportunidad resulta
necesario tener presente que la reclamación que se adelantó por la parte demandante
es anterior a la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, en la que se aclararon
las reglas de prescripción frente a la pretensión de reconocimiento de sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas, razón por la
cual se estima que, al haber actuado de buena fe y al amparo de la confianza legítima
surgida con ocasión del planteamiento de las reglas que jurisprudencialmente se
trazaron por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no
se debe imponer condena en costas a la parte demandante, pues ello sería
consecuencia del cambio de criterio de la Sala Plena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

17 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, Demandante: María del Rosario Mendoza

Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Radicación: 08001-23-33-000-2017-00862-01 (0221-2020)
Demandante: Minerva Rosa Barcasnegra Fontalvo

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 22 de julio de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda interpuesta en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por Minerva
Rosa Barcasnegra Fontalvo contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el departamento del Atlántico y el municipio de Manatí.

Segundo: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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