Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2017-00913-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2017-00913-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2017-00913-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de marzo de 2023
Radicado: 08001-23-33-000-2017-00913-01 (26719)
Demandante: Silvia Isabel Reyes Cepeda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad
Radicación 08001-23-33-000-2017-00913-01 (26719)
Demandante SILVIA ISABEL REYES CEPEDA
Demandado DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA Y DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Temas Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de Atención
del Departamento del Atlántico. Estampilla Pro Desarrollo.
Competencia para modificar los procedimientos y las sanciones
previstas en el Estatuto Tributario Nacional. Reproducción de actos
anulados. Intervención de funcionarios del orden territorial en el
documento gravado. Base gravable. Ordenanzas Nro. 253 y Nro.
287 de 2015. Acuerdo Nro. 13 de 2015.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Departamento del
Atlántico y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (en adelante
Distrito de Barranquilla) contra la sentencia del 13 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, que decidió:
«PRIMERO: Declárase la nulidad literales (sic) b) y d) del artículo 132, literales b) y d) del
artículo 133, literales c) y d) del artículo 134, el inciso 1° del artículo 138, y el artículo 139 en
su integridad y 141 en el fragmento que indica “… o a las personas que desempeñan tales
funciones en virtud de disposición legal vigente” de la Ordenanza No. 000253 del 23 de enero
de 2015, igualmente el artículo 11 de la Ordenanza No. 000287 del 15 de octubre de 2015
(sic), y de los artículos 3, 4, 5, 6 y 12 inciso 4° del Acuerdo No. 00013 del 10 de noviembre de
2015 del Concejo Distrital de Barranquilla, conforme lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.
(…)»1.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Asamblea Departamental del Atlántico profirió la Ordenanza Nro. 253 del 23 de
enero de 2015 que reguló la Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel
de Atención del Departamento del Atlántico (artículos 132, 133, 134 y 135) y la
Estampilla Pro Desarrollo del Departamento del Atlántico (artículos 132, 133, 134,
138, 139 y 141).
Además, esa misma autoridad profirió la Ordenanza Nro. 287 del 15 de octubre de
2015, que reguló la Estampilla Pro-Hospitales de Primer y Segundo Nivel de
Atención en el Distrito de Barranquilla (artículos 5 y 11). A su vez, este tributo fue
objeto de regulación en el Acuerdo Nro. 13 del 10 de noviembre del mismo año,
proferido por el Concejo Distrital de Barranquilla (artículos 3, 4, 5, 6 y 12).
1 Expediente físico. Cuaderno 2. Folio 280.
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Demandante: Silvia Isabel Reyes Cepeda.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), Silvia Isabel Reyes Cepeda formuló las siguientes pretensiones:
«Se solicitan respecto de tres impuestos de estampilla, así:
1. Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de Atención de municipios
del Atlántico distintos al Distrito de Barranquilla:
1.1. Que es Nulo el literal b) del artículo 132 de la Ordenanza N° 253 de 23 de enero de
2015 de la Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se expide el Estatuto
Tributario del Departamento del Atlántico” cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 132: Hechos generadores. El hecho generador de las estampillas está
constituido por los documentos, actos y operaciones relacionados a continuación:
(…)
“b) Paz y salvo municipal del impuesto predial. Genera la Estampilla Pro Hospitales de
Primer y Segundo nivel de atención, la expedición del paz y salvo del impuesto predial
por parte de las alcaldías municipales para efectos del otorgamiento y autorización de la
escritura pública en Notarías sobre actos u operaciones de transferencia o adquisición
del dominio de inmuebles, ubicados éstos en jurisdicción del Departamento del Atlántico,
con exclusión del Distrito de Barranquilla, de acuerdo con la Ley 14 de 1983 y demás
normas concordantes”.
1.2. Que es Nulo el literal b) del artículo 133 de la Ordenanza N° 253 de 23 de enero de
2015 de la Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se expide el Estatuto
Tributario del Departamento del Atlántico” cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 133: Causación. Las estampillas relacionadas en el artículo anterior para cada
hecho generador, se causan en los siguientes momentos:
(…)
b) Paz y salvo municipal del impuesto predial. La Estampilla Pro Hospitales de Primer y
Segundo nivel de atención, se causa con la presentación del paz y salvo predial ante el
notario para ser protocolizado en la escritura pública sobre actos u operaciones de
transferencia o adquisición del dominio de inmuebles ubicados en los municipios del
Departamento del Atlántico, con exclusión del Distrito de Barranquilla”.
1.3. Que es Nulo el literal c) del artículo 134 de la Ordenanza N° 253 de 23 de enero de
2015 de la Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se expide el Estatuto
Tributario del Departamento del Atlántico” cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 134: Sujetos pasivos, liquidación y pago. Se determinan a continuación,
según el hecho generador de que se trate:
(…)
“c) Paz y salvo municipal del impuesto predial. Son sujetos pasivos de la Estampilla Pro
Hospitales de Primer y Segundo nivel de atención, los particulares intervinientes en los
actos u operaciones de transferencia o adquisición del dominio de inmuebles ubicados
éstos en jurisdicción del Departamento del Atlántico, con exclusión del Distrito de
Barranquilla. Las partes intervinientes pagarán la estampilla por partes iguales o según
lo acuerden”.
1.4. Que es Nulo el artículo 138, inciso 1°, de la Ordenanza N° 253 de 23 de enero de 215
de la Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se expide el Estatuto Tributario
del Departamento del Atlántico” cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 138. Base gravable y tarifa de la estampilla Pro Hospitales de Primer y
Segundo nivel de atención en el Departamento del Atlántico. Cuando el hecho
generador sea el paz y salvo del impuesto predial municipal, la base gravable está
constituida por el valor del avalúo registrado en dicho documento, correspondiente al
inmueble objeto del acto u operación de transferencia o adquisición de dominio. La tarifa
aplicable es del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre la base gravable”.
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2. Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de Atención en el Distrito de
Barranquilla: 2.1. Que es Nulo el artículo 5° de la Ordenanza N° 287 de 15 de Octubre de 2015 de la
Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se ordena la emisión de una estampilla
pro hospitales de primer y segundo nivel de atención en el distrito especial, industrial y
portuario de Barranquilla y se dictan otras disposiciones”, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 5°. Características. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la
Ley 663 de 2001, las características de la estampilla sobre las que se aplicarán los
elementos del gravamen, son toda actividad u operación que realicen las personas
naturales o jurídicas y sociedades de hecho ante la alcaldía del Distrito de Barranquilla”. 2.2. Que es Nulo el artículo 11° de la Ordenanza N° 287 de 15 de Octubre de 2015 de la
Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se ordena la emisión de una estampilla
pro hospitales de primer y segundo nivel de atención en el distrito especial, industrial y
portuario de Barranquilla y se dictan otras disposiciones”, cuyo texto es el siguiente:
“ARTÍCULO 11°. Reglamentación. En ejercicio de su autonomía administrativa, el
Distrito de Barranquilla reglamentará, acorde con la ley, los procedimientos y todo
aspecto necesario para la aplicación, implementación, recaudo, control, sanción y cobro
de la estampilla, en relación con la actividad u operación que determine que deba estar
sujeta al gravamen”. 2.3. Que, por conformar una unidad normativa con la Ordenanza N° 287 antes citada, son
Nulos los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 12 del Acuerdo N° 13 de 10 de noviembre de 2015
del Concejo Distrital de Barranquilla, “Por el cual se hace obligatorio la emisión de la
estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo nivel de atención en el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y se reglamenta su aplicación”, y cuyos textos son
los siguientes:
“Artículo 3. Determinación de la operación administrativa gravada con la estampilla
en el Distrito. En los términos del artículo 5° y 11° de la Ordenanza Nro. 287 de 2015,
se tendrá como operación gravada con la Estampilla en el Distrito de Barranquilla la
solicitud y expedición del paz y salvo y/o estado de cuenta de liquidación y pago del
Impuesto Predial, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 27 de la Ley 14 de 1983
y el artículo 46 del Decreto Reglamentario 3496 de 1983”.
“Artículo 4. Sujeto pasivo. Constituyen Sujeto Pasivo en los términos del artículo 5° de
la Ordenanza N° 287 de 2015, las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho
que lleven a cabo ante la administración el trámite de solicitud y expedición del estado de
cuenta y/o paz y salvo de liquidación y pago del Impuesto Predial en el Distrito de
Barranquilla, en los términos del artículo 27 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 46 del
Decreto Reglamentario 3496 de 1983”.
“Artículo 5. Tarifa y Base Gravable. En los términos del artículo 6° de la Ordenanza N°
287 de 2015, la tarifa será del 1,5% del valor del inmueble consignado en la solicitud y
expedición del estado de cuenta y/o paz y salvo de liquidación y pago del Impuesto
Predial para el año en el que se emite el mismo, en los términos del artículo 27 de la ley
14 de 1983 y el artículo 46 del Decreto Reglamentario 3496 de 1983”. Parágrafo: La tarifa para las viviendas de los estratos 1 y 2 incluidas las viviendas de
interés social, será del 0,75%”.
“Artículo 6. Causación. La Estampilla se causará en el momento en que se emita el
estado de cuenta y/o paz y salvo por la Administración Distrital de Barranquilla del
respectivo bien inmueble, en los términos del artículo 27 de la Ley 14 de 1983 y el artículo
46 del Decreto Reglamentario 3496 de 1983”.
“Artículo 7. Intervención de funcionarios.
La obligación de imponer la Estampilla queda
a cargo de la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Distrito
de Barranquilla y/o quien haga sus veces al emitirse la expedición del estado de cuenta
y/o paz y salvo del Impuesto Predial, en los términos del artículo 27 de la Ley 14 de 1983
y el artículo 46 del Decreto Reglamentario 3496 de 1983”.
“Artículo 12. Formulario y control de la Estampilla. Para la imposición de la Estampilla
y control de la misma, la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda
deberá adoptar e implementar un formulario único con carácter gratuito para tramitar la
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solicitud de estado de cuenta y/o paz y salvo, su expedición y el formato de emisión de la
Estampilla. Este formulario de solicitud del estado de cuenta o paz y salvo se podrá
acompañar o realizar en el mismo formato de declaración privada de la Estampilla, que
reglamente en aplicación la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda o quien haga sus veces.
En los términos del artículo 46 del Decreto Reglamentario 3496 de 1983, el formato de
solicitud de estado de cuenta y/o paz y salvo del Impuesto Predial y/o la declaración
privada de la estampilla contendrá el valor del avalúo catastral o avalúo del predio en el
año en el que se emite, y el timbre de la estampilla, lo cual obviará al particular la solicitud
del certificado catastral. Para los casos en que el inmueble no tenga avalúo catastral aun
determinado, se identificará como avalúo del predio el autoavalúo señalado por el
contribuyente para la liquidación del impuesto predial en el año en el que se adelanta la
solicitud y se emite la paz y salvo.
La Gerencia e Ingresos del Distrito como Administración Tributaria Distrital, establecerá
los mecanismos de control de pago de la Estampilla en los Contribuyentes, Notarías y
Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos (Sic) y para ello usará las potestades de
control contenidas en el Estatuto Tributario Nacional y de la Regulación Procedimental
Tributaria del Distrito de Barranquilla. Quienes incumplan su obligación de declarar y
pagar la Estampilla se les emitirá acto de liquidación oficial, dentro de los cinco años
siguientes a la fecha de causación del tributo con los respectivos intereses de mora desde
la causación de la estampilla.
Para efectos de aplicación del Régimen Procedimental y Sancionatorio se aplicará el
Régimen Procedimental y Sancionatorio previsto para el Impuesto de Industria y
Comercio”.
3. Estampilla Pro Desarrollo Departamental del Atlántico:
3.3. (sic) Que es Nulo el literal d) del artículo 132 de la Ordenanza N° 253 de 23 de enero
de 2015 de la Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se expide el Estatuto
Tributario del Departamento del Atlántico”, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 132: Hechos generadores. El hecho generador de las estampillas está
constituido por los documentos, actos y operaciones relacionados a continuación:
(…)
“d) Actos o documentos que deban registrarse en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos. Generan la Estampilla Pro-Desarrollo Departamental, los
documentos que contengan actos, providencias, contratos o negocios jurídicos sujetos al
impuesto de registro”.
3.4. Que es Nulo el literal d) del artículo 133 de la Ordenanza N° 253 de 23 de enero de
2015 de la Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se expide el Estatuto
Tributario del Departamento del Atlántico” cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 133: Causación. Las estampillas relacionadas en el artículo anterior para cada
hecho generador, se causan en los siguientes momentos:
(…)
“d) Actos o documentos que deban registrarse en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos. La estampilla pro desarrollo departamental se causa sobre
instrumentos autorizados por los notarios y sobre los actos, providencias, contratos o
negocios jurídicos perfeccionados o ejecutoriados, que estén sometidos a la solemnidad
del registro ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos localizadas en el
Departamento del Atlántico”.
3.5. Que es Nulo el literal d) del artículo 134 de la Ordenanza N° 253 de 23 de enero de
2015 de la Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se expide el Estatuto
Tributario del Departamento del Atlántico” cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 134: Sujetos pasivos, liquidación y pago. Se determinan a continuación,
según el hecho generador de que se trate:
(…)
“d) Actos o documentos que deban registrarse en las Oficinas de Registro de
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Instrumentos Públicos. Son sujetos pasivos de la estampilla pro desarrollo los
particulares que intervienen en actos, contratos, negocios jurídicos o providencias
sometidos a registro. Los sujetos pasivos pagarán la estampilla por partes iguales, salvo
manifestación expresa de los mismos en otro sentido.
El sujeto pasivo liquidará y pagará la estampilla en la Secretaría de Hacienda
Departamental o en la entidad con la cual tenga convenio para el recaudo”.
3.6. Que es Nulo el artículo 139 de la Ordenanza N° 253 de 23 de enero de 2015 de la
Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se expide el Estatuto Tributario del
Departamento del Atlántico” cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 139. Base gravable y tarifa de la estampilla pro desarrollo sobre actos o
documentos que deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos. La base gravable aplicable a la estampilla está definida en las normas que
regulan el impuesto de registro, tanto para los actos con cuantía como para los
denominados sin cuantía, entendiendo que el acto, providencia, contrato o negocio
jurídico será sin cuantía cuando no incorporan derechos apreciables económicamente a
favor de los particulares y que deben ser registrados ante la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.
“Las tarifas serán del cero punto cinco por ciento (0.5%) aplicada sobre el valor del acto,
providencia, contrato o negocio jurídico, considerados como actos con cuantía; si se trata
de actos sin cuantía, la tarifa será de dos (2) salarios mínimos legales diarios vigentes
cuando sea hasta diez inscripciones contenidas en el mismo instrumento público; cuando
impliquen más de (10) y hasta (20) inscripciones contenidas en un mismo instrumento
público, la tarifa es de un (1) salario mínimo legal vigente y si es superior a veinte (20)
inscripciones en un mismo instrumento público, la tarifa es de medio salario mínimo diario
legal vigente.
“Parágrafo 1. Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro,
la estampilla se liquidará sobre cada uno de ellos, aplicando la base gravable y tarifa
establecidas en el presente Estatuto, o de las normas que la modifiquen”.
“Parágrafo 2. Cuando el acto, providencia, contrato o negocio jurídico se refiera a bienes
inmuebles, el valor de la base gravable para liquidación de la estampilla, no podrá ser
inferior al del avalúo del impuesto predial, del catastral, del autoavalúo, del valor del
remato o de la adjudicación, según el caso”.
3.7. Que es nulo el artículo 141 in fine de la Ordenanza N° 253 de 23 de enero de 2015 de
la Asamblea Departamental del Atlántico, “por la cual se expide el Estatuto Tributario del
Departamento del Atlántico” cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 141. Responsabilidad en la adhesión y anulación de las estampillas. La
responsabilidad de exigir a los contribuyentes la presentación de las estampillas que se
generen por cada acto o documento gravado, así como la de adherir y anularlas,
corresponde a los funcionarios públicos que intervengan en la ejecución del hecho
gravado o a las personas que desempeñan tales funciones en virtud de disposición
legal vigente”»2.
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 6, 13, 95-9, 121, 122,
287, 300, 313 y 338 de la Constitución Política; los artículos 62, 71 y 175 del Decreto
Ley 1222 de 1986; el artículo 32 de la Ley 136 de 1994; los artículos 3, 4 y 6 de la
Ley 663 de 2001; el artículo 59 de la Ley 788 de 2002; parágrafo 2° del artículo 15
de la Ley 1579 de 2012 y el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
La demandante aseguró que, en este caso, se configuraron las causales de nulidad
de falta de competencia y de infracción de las normas superiores que, por estar
íntimamente relacionados entre sí, serán expuestos de forma conjunta frente a cada
cuerpo normativo objeto de controversia, así:
2 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 1 a 6.
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Demandante: Silvia Isabel Reyes Cepeda.
1. Falta de competencia e infracción de las normas superiores con relación
a la Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de Atención en
el Departamento del Atlántico.
La demandante expuso la regulación de los artículos 95, 150, 287, 300, 313 y 338
de la Constitución; así como de los artículos 62 y 71 del Decreto Ley 1222 de 1986
y del artículo 32 de la Ley 136 de 1994. Con base en lo anterior, aseguró que los
actos acusados fueron expedidos con extralimitación de funciones porque
establecieron tributos por fuera de los límites fijados por el legislador.
Aseguró que los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 663 de 2001 autorizaron a la Asamblea
Departamental del Atlántico para ordenar la emisión de la Estampilla Pro Hospitales
de Primer y Segundo Nivel de Atención en el Departamento del Atlántico, para lo
cual debe determinar los actos y operaciones gravados en los que intervengan
funcionarios públicos departamentales y municipales.
Sostuvo que, pese a lo anterior, los apartes acusados de los artículos 132, 133, 134
y 138 de la Ordenanza Nro. 253 dispusieron que está gravada con esta estampilla
la expedición de paz y salvo del impuesto predial por las alcaldías municipales
(diferentes al Distrito de Barranquilla) para el otorgamiento y autorización de la
escritura pública en las notarías; y que la base gravable será el avalúo del inmueble.
De esta forma, a su juicio, en realidad el tributo recae sobre las escrituras públicas
que contienen el acto de transferencia del dominio sobre inmuebles, en las cuales
no intervienen funcionarios departamentales ni municipales.
Manifestó que, en todo caso, aun si se acepta la literalidad de la norma, el tributo
es exorbitante y desconoce los principios de justicia y equidad porque recae sobre
la simple expedición de un paz y salvo del impuesto predial.
Aseguró que el Consejo de Estado analizó la autorización contenida en la Ley 663
de 2001 en la sentencia del 28 de febrero de 20133 y destacó que la suscripción de
escrituras públicas no puede estar gravada por la Estampilla Pro Hospitales porque
los notarios no son funcionarios distritales, tampoco municipales y que la base
gravable no se puede determinar sobre el valor total de enajenación del inmueble
por la falta de autorización legal para ello.
De igual forma, en la sentencia del 6 de agosto de 20144 se indicó que debe existir
correspondencia entre el hecho generado y la base gravable. En consecuencia, si
el hecho generador es el estado de cuenta o documento que acredite el pago del
impuesto predial, la base gravable de la estampilla no puede ser el valor incorporado
en el acto de transferencia del derecho de dominio del inmueble.
Dijo que, la Asamblea Departamental del Atlántico desconoció el artículo 237 de la
Ley 1437 de 2011 al reproducir el contenido material de la Ordenanza Nro. 70 de
2009, la cual fue declarada nula por la sentencia del 6 de agosto de 2014.
2. Falta de competencia e infracción de las normas superiores con relación
a la Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de Atención en
el Distrito de Barranquilla.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-
2007-00286-01. Sentencia del 28 de febrero de 2013. CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-
2010-00031-01 (20678). Sentencia del 6 de agosto de 2014. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Silvia Isabel Reyes Cepeda.
Destacó que los artículos 5 y 11 de la Ordenanza 287 indicaron que está gravada
toda actividad u operación que realicen las personas naturales o jurídicas y
sociedades de hecho ante la alcaldía de ese distrito, de tal modo que la Asamblea
Departamental del Atlántico no cumplió su obligación de determinar las
características y el uso obligatorio de la estampilla, tal como lo ordena el artículo 3
de la Ley 663 de 2001, sino que delegó esta función al Distrito.
De acuerdo con lo anterior, señaló que los artículos 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo 13 de
2015, proferido por el Concejo Distrital de Barranquilla, establecieron como hecho
generador del tributo la solicitud y expedición de paz y salvo o estado de cuenta de
liquidación y pago del impuesto predial, lo que para la actora significa que realmente
está gravada la suscripción de escrituras públicas, en atención a lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 46 del Decreto 3496 de 1983.
Frente al artículo 12 del Acuerdo Nro. 13, afirmó que estableció un formulario para
tramitar la solicitud o un formato de declaración privada de la estampilla, lo que a su
juicio supone un método sustitutivo a la adhesión o anulación de la estampilla física,
opción que había sido contemplada en el parágrafo del artículo 3 y en los artículos
4 y 6 de la Ley 663 de 2001 que fue declarada inexequible por la Sentencia C-538
de 2002. Así mismo, este artículo dispuso que sería aplicado el procedimiento
fiscalizador y sancionatorio previsto para el impuesto de industria y comercio, lo que
viola el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, que prevé la aplicación de los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para los impuestos
del orden departamental y municipal.
Para finalizar este punto, sostuvo que el Concejo Distrital de Barranquilla también
violó el artículo 237 de la Ley 1437 de 2011 porque el Acuerdo 13 de 2015 reprodujo
el contenido del Acuerdo 10 de 2006, el cual fue declarado nulo por la sentencia del
28 de febrero de 2013.
3. Falta de competencia e infracción de las normas superiores con relación
a la Estampilla Pro Desarrollo Departamental del Atlántico.
Expuso que el artículo 32 de la Ley 3 de 1986 autorizó a las asambleas
departamentales para ordenar la emisión de la Estampilla Pro Desarrollo del
Departamento del Atlántico. Esta norma fue modificada por el Decreto Ley 1222 de
1986, que en el artículo 170 dispuso que la tarifa no podrá exceder el 2% del valor
del documento gravado y el artículo 175 estableció que la obligación de adherir y
anular la estampilla es del funcionario departamental que intervenga en el acto. Así
las cosas, al igual que con las estampillas antes analizadas, concluyó que este
tributo es de carácter documental y solo son susceptibles de ser gravados actos en
los que intervienen funcionarios departamentales o municipales.
Adujo que, pese a lo anterior, los apartes acusados de los artículos 123, 133, 134,
139 y 141 de la Ordenanza Nro. 253 dispusieron que i) esta estampilla grava los
documentos que contengan actos, providencias, contratos o negocios jurídicos
sujetos al impuesto de registro; ii) que se causa sobre instrumentos autorizados por
los notarios y que estén sometidos a la solemnidad del registro ante la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos; iii) que los sujetos pasivos son los particulares
que intervienen en actos, contratos, negocios jurídicos o providencias sometidos a
registro; iv) que la base gravable es la definida por las normas que regulan el
impuesto de registro; v) que la tarifa será el 0,5% del valor del acto, providencia,
contrato o negocio jurídico, el cual no puede ser inferior al avalúo del impuesto
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catastral o predial; y vi) que están delegados para adherir y anular la estampilla
personas que no son funcionarios departamentales.
La actora insistió en que los artículos acusados impusieron un gravamen sobre
instrumentos notariales en los que no intervienen funcionarios públicos del orden
departamental, lo que llevó a que la sentencia del 28 de febrero de 2013 declarara
la nulidad del Acuerdo 10 de 2006 que regulaba la Estampilla Pro Hospitales de
Primer y Segundo Nivel de Atención en el Distrito de Barranquilla.
Además, indicó que se establece un impuesto departamental sobre otro de ese
orden, ya que se gravan los actos sujetos al impuesto de registro, de tal modo que
existe una doble tributación que desconoce los principios de justicia y equidad
tributaria, como el principio de igualdad, porque impone una carga pública que
duplica el valor con relación al resto del país.
Aseguró que, en caso de que fuera procedente el hecho gravable, la base y la tarifa
no son proporcionales con la simple adhesión o anulación de una estampilla.
4. Prohibición legal aplicable a las estampillas demandadas.
Señaló que los actos acusados desconocen el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley
1579 de 2012, que prohíbe gravar con tributos del orden territorial, diferentes al
impuesto de registro, a los actos notariales o de registro.
Oposiciones a la demanda
1. Oposición del Departamento del Atlántico.
El Departamento controvirtió las pretensiones de la demandante con los siguientes
argumentos:
1.1. Sobre la Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de
Atención en el Departamento del Atlántico.
Realizó consideraciones generales sobre el poder tributario del Estado, el principio
de reserva de ley y el reparto de competencias de los artículos 287 y 338 de la
Constitución. Luego, dijo que el artículo 3 de la Ley 663 de 2001 autorizó a la
Asamblea Departamental del Atlántico para determinar todos los asuntos referentes
al uso obligatorio de la estampilla en las actividades, obras y operaciones que se
realicen en el departamento o municipios, lo que delimitó el hecho generador del
tributo.
De acuerdo con lo anterior, sostuvo que se expidió la Ordenanza Nro. 253, en la
que dispuso que el hecho generador de la estampilla es la expedición del paz y
salvo del impuesto predial por las alcaldías municipales (excluyendo al Distrito de
Barranquilla). También dijo que dicho documento es proferido por los funcionarios
de los municipios «con el fin exclusivo de otorgamiento y autorización de la escritura pública en
notarías sobre actos de transferencia de dominio» 5. De esta forma concluyó que el literal b)
del artículo 132, el literal b) del artículo 133 y el literal c) del artículo 134 de la
Ordenanza Nro. 253 son acordes con las normas superiores.
Aseguró que no se desconoció el artículo 6 de la Ley 663 de 2001 ni el parágrafo 2
5 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 167.
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del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 porque el hecho generador no está
conformado por la escritura pública que contiene los actos de transferencia del
dominio sobre inmuebles ni se impuso a los notarios la obligación de adherir y anular
la estampilla. Así, insistió en que el hecho generador lo conforma la expedición del
paz y salvo del impuesto predial por funcionarios de los municipios.
Señaló que tampoco fue violado el numeral 5 del artículo 71 del Decreto Ley 1222
de 1986, que prohíbe a las asambleas departamentales imponer gravámenes sobre
objetos o industrias gravados por la ley, puesto que el paz y salvo del impuesto
predial no es objeto de ningún tributo del orden nacional ni del impuesto predial, tal
como lo señaló la sentencia del 6 de agosto de 2014.
El Departamento demandado manifestó que los demás elementos del tributo
tampoco violan las normas invocadas por la demandante porque los sujetos pasivos
son los «particulares que intervienen en las operaciones de transferencia, entendiendo esto último
como que son los obligados a tener un paz y salvo de predial para efectos de protocolizarlo en la
escritura en los términos que establecen las normas registrales» 6. Así mismo, señaló que los
paz y salvo obtenidos para fines distintos a los previstos en la ordenanza no causan
la estampilla, lo que se confirma en que «si la estampilla que adquiere el interesado en
protocolizarla en una escritura para fines de transferencia de dominio no la utiliza, puede solicitar la
devolución de lo pagado ante el Departamento, para lo cual debe seguir el procedimiento previsto
para tal fin, adjuntando a su solicitud la estampilla en original» 7.
Sobre el artículo 138 de la Ordenanza Nro. 253, dijo que la sentencia que anuló la
Ordenanza Nro. 70, se fundamentó en que no era congruente el hecho gravado con
la base gravable, situación que no se presenta en este caso porque la base gravable
vigente se corresponde al paz y salvo del impuesto predial. Así, la norma
controvertida no viola el artículo 95 constitucional, el artículo 6 de la Ley 663 de
2001, ni el artículo 15 de la Ley 1579 de 2012.
Para finalizar, aseguró que, si se anulan las disposiciones acusadas, la entidad
dejará de percibir 40.000’000.000 y se afectarían los servicios hospitalarios
destinados a la población más vulnerable.
1.2. Sobre la Estampilla Pro Desarrollo del Departamento del Atlántico.
Manifestó que no está viciado de nulidad el literal d) del artículo 132, el literal d) del
artículo 133, el literal d) del artículo 134, el artículo 139 ni la expresión acusada del
artículo 141 de la Ordenanza Nro. 253 porque el legislador determinó como hecho
gravable de este tributo a todas las operaciones que se lleven a cabo en el
departamento, lo que constituye el elemento espacial del tributo, y autorizó a las
asambleas departamentales para definir los demás elementos de la estampilla.
Luego, transcribió las consideraciones sobre los principios de autonomía y de
unidad del Estado Colombiano de la Sentencia C-873 de 2002. Así, sostuvo que,
según dicha sentencia, el artículo 338 de la Constitución, la Ley 3 de 1986 y el
Decreto Ley 1222 de 1986, la Asamblea Departamental del Atlántico tiene un amplio
margen para configurar la estampilla bajo estudio.
Aseguró que no se desconoció el artículo 32 de la Ley 3 de 1986, tampoco los
artículos 170 y 175 del Decreto Ley 1222 porque el legislador no estipuló todos los
6 Expediente físico. Cuaderno 1. Folios 167 reverso a 168.
7 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 168.
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elementos del tributo, pues esta tarea fue encargada a las asambleas
departamentales. En concordancia, sostuvo que «el acto en el que deben intervenir
funcionarios públicos departamentales en relación con la obligación de adherir y anular la
Estampilla no podría confundirse con el hecho generador del tributo, toda vez que el legislador no
determinó este elemento, ni ningún otro en la norma que lo autoriza» 8 (negrilla y subrayado del
original). Entonces, a su juicio, la obligación de adherir y anular la estampilla por
funcionarios departamentales tiene como objetivo establecer un procedimiento
especial de control, que no tiene relación con la determinación de los sujetos
pasivos ni el hecho gravable.
A continuación, sostuvo que el Decreto Ley 1222 de 1986 «ha señalado expresamente
que sólo pueden adherir y anular las estampillas los funcionarios departamentales que intervengan
en los actos gravados, claramente está circunscribiendo el alcance de la obligación tributaria a
aquellos documentos que son otorgados por funcionarios públicos departamentales o con su
intervención»9. Para la entidad demandada, este requisito se cumple en este caso
porque el acto gravado se expide con la intervención de los funcionarios de la
Secretaría de Hacienda Departamental, que son los encargados de adherir y anular
la Estampilla Pro Desarrollo, obligación que no está atribuida a los notarios.
Luego, con fundamento en la sentencia del 18 de marzo de 201010, dijo que la
expedición física de la estampilla no solo puede darse en papel timbrado de filatelia,
sino también en papel común debidamente impreso; y que la adhesión puede
realizarse por un método de goma, sticker o engrapado. Afirmó que la Real
Academia Española (RAE) define anular como dejar sin efecto una norma, un acto
o un contrato. Así, la anulación de estampillas consiste en dejarla sin efecto para
que no pueda ser utilizada de nuevo, evitando actos de corrupción.
Consideró que la sentencia invocada por la actora, que anuló algunas disposiciones
relacionadas con la Estampilla Pro Hospitales, no es aplicable en este caso, en el
que se analiza la legalidad de la ordenanza que regula la Estampilla Pro Desarrollo,
porque, la Ley 3 de 1986 y el Decreto Ley 1222 del mismo año no establecen que
el hecho generador deba estar vinculado al procedimiento de control de la adhesión
y anulación de la estampilla.
Adujo que no se violó el artículo 95 constitucional, porque según las Sentencias C-
538 y C-873 de 2002, las leyes que autorizan la creación de tributos territoriales no
vulneran per se el principio de equidad tributaria. Además, la estampilla no grava
los mismos eventos que el impuesto de registro, pues ambas cargas fiscales tienen
un hecho generador diferente.
Así consideró, que no se violó la prohibición del parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley
1579 de 2012. Asimismo, como lo expuso la Sentencia C-260 de 2015, esta norma
no constituye una exención o exoneración frente a los tributos territoriales y, luego
de analizar las leyes que rigen estos tributos, dijo que la Estampilla Pro Desarrollo
no grava los actos notariales y de registro.
Finalmente, reiteró que no fue desconocida la prohibición del numeral 5 del artículo
71 del Decreto Ley 1222 de 1986.
8 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 171.
9 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 171 reverso.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-
2006-00693-02 (17420). Sentencia del 18 de marzo de 2010. CP: William Giraldo Giraldo.
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2. Oposición del Distrito de Barranquilla.
El distrito demandando también controvirtió las pretensiones de la actora, así:
2.1. Sobre la Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de
Atención en el Departamento del Atlántico.
Sostuvo que no se configuró el cargo de nulidad de falta de competencia porque la
Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel fue creada por la Ley 663 de
2001, así la Asamblea Departamental del Atlántico y el Concejo Distrital de
Barranquilla, actuaron dentro de las facultades atribuidas por el legislador.
Expuso que el literal b) del artículo 132 de la Ordenanza Nro. 253 establece que el
hecho gravable es la expedición del paz y salvo del impuesto predial por las
alcaldías municipales, por lo que no le asiste razón a la demandante cuando afirma
que se grava la escritura pública, pues son actos distintos, el paz y salvo es un
requisito legal para la suscripción de escrituras públicas.
Afirmó que la sentencia del 28 de febrero de 2013, invocada por la actora, no es
aplicable en este caso porque en esa ocasión se anuló el Acuerdo Nro. 10 de 2006
en cuanto estableció como hecho generador la suscripción de escrituras públicas,
que no es similar al supuesto actualmente gravado.
De otro lado, la Ordenanza Nro. 253 fijó una tarifa del 1,5%, cumpliendo con el
artículo 5 de la Ley 663 de 2001, según el cual la tarifa no podía exceder el 2% del
valor del acto, actividad, obra u operación sujeto al gravamen.
2.2. Sobre la Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de
Atención en el Distrito de Barranquilla.
La entidad territorial resumió la regulación contenida en la Ordenanza Nro. 287 y
concluyó que es acorde con el precedente de la sentencia del 28 de febrero de
2013, invocada por la demandante, donde se consideró que el Concejo Distrital de
Barranquilla fue autorizado por la Ley 663 de 2001 para establecer el tributo
conforme con los parámetros mínimos fijados en las normas superiores. Así las
cosas, aseguró que no está probada la falta de competencia del Distrito.
Luego, elaboró un cuadro comparativo de los artículos 1, 3 y 5 de la Ley 663 de
2001; los artículos 1, 5, 7 y 6 de la Ordenanza Nro. 287 citada; y los artículos 1, 3,
5 y 7 del Acuerdo Nro. 13 de 2015 y señaló que el hecho de que se esté gravando
la expedición del paz y salvo o del estado de cuenta de liquidación y pago del
impuesto predial demuestra que no tiene el mismo hecho gravable que el impuesto
de registro. Además, señaló que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda
Distrital son los encargados de imponer la estampilla y que la base gravable está
conformada por el valor del inmueble. De esta forma, sostuvo que la actora cometió
un error al indicar que se está gravando la protocolización del derecho de dominio
de inmuebles.
Indicó que la expedición del paz y salvo o del estado de cuenta de liquidación y pago
del impuesto predial es una operación administrativa, pues se trata de la ejecución
o el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 14 de 1983 y del artículo
46 del Decreto Reglamentario 3496 del mismo año. A su vez, los ciudadanos que
solicitan el paz y salvo del impuesto predial, son los que «requieren hacer el trámite de
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protocolizar actos de transferencia»11, documento que permite identificar el valor catastral
del inmueble y el número predial, de tal modo que se cumple con el requisito de
congruencia entre el hecho gravable y la base gravable.
Adujo que la estampilla es una tasa parafiscal dado que su imposición se hace sobre
actos concretos (paz y salvo del impuesto predial), a cargo de determinado sector
de la sociedad (propietarios de inmuebles) y cuyo recaudo tiene una destinación
específica (suplir necesidades presupuestarias en el sector salud).
De otro lado, añadió que el artículo 12 del Acuerdo Nro. 13 no viola normas
superiores por establecer que el paz y salvo del impuesto predial se solicitaría
mediante un formato, pues no existe prohibición legal para adoptar mecanismos que
permitan determinar los tributos y, con dicho formato, no se reemplaza la imposición
de la estampilla. También, es válido que ese artículo estableciera que son aplicables
los procedimientos y las sanciones del impuesto de industria y comercio porque el
artículo 59 de la Ley 788 de 2002 admite que se realicen ajustes para atender las
necesidades de cada entidad territorial.
Finalmente, indicó que las normas acusadas no reproducen actos declarados nulos
porque, a diferencia de lo que ocurrió con la Ordenanza Nro. 70 de 2009, no se
cedió la facultad de la Asamblea Departamental del Atlántico al Concejo Distrital de
Barranquilla, no se gravaron las escrituras públicas y el tributo no se causa con la
suscripción de este tipo de actos.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, con base en las siguientes consideraciones:
Señaló que los primeros tres incisos del artículo 12 del Acuerdo Nro. 13 de 2015 no
modificaron el sistema de imposición de la estampilla (adhesión y anulación), sino
que se limitaron a establecer un formulario para solicitar el trámite previsto en las
normas superiores. En cambio, el inciso final es contrario a las normas superiores,
concretamente al artículo 59 de la Ley 788 de 2002, porque dispuso que son
aplicables los procedimientos y las sanciones del impuesto de industria y comercio
y no los del Estatuto Tributario Nacional.
En cuanto al artículo 5 de la Ordenanza Nro. 287 de 2015, observó que establece
que la estampilla grava cualquier actividad u operación ante la autoridad, sin
precisar que debe intervenir un funcionario de la entidad territorial. Empero, no se
configura alguna de las causales de nulidad invocadas por la actora porque el
artículo 7 ibidem prevé que la estampilla debe ser adherida y anulada por un
funcionario de la entidad, de tal modo que el reparo formulado es inocuo.
Frente al artículo 11 de la Ordenanza Nro. 287, afirmó que el artículo 3 de la Ley
663 de 2001 autorizó a la Asamblea Departamental del Atlántico para determinar
las características de la estampilla, por lo que debió fijar con precisión el hecho
gravable y no delegar esta potestad al Concejo Distrital de Barranquilla. En
consecuencia, concluyó que procede su nulidad.
Respecto de la expresión «o a las personas que desempeñan tales funciones en virtud de
disposición legal vigente» del artículo 141 de la Ordenanza Nro. 253 de 2015, indicó que
11 Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 188 reverso.
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la Ley 663 de 2001 y el ordenamiento jurídico no autorizan la delegación de
funciones tributarias a los particulares, de tal modo que debe declararse nula.
Para el inciso 1° del artículo 138 de la Ordenanza Nro. 253 de 2015 y los artículos
3, 4, 5 y 6 del Acuerdo Nro. 13 del mismo año, aseguró que son una reproducción
teleológica de los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Ordenanza Nro. 70 de 200912, así como
de los artículos 4, 5, 7, 8 y 9 del Acuerdo Nro. 10 de 200613 y los artículos 1, 2 y 3
del Decreto Distrital Nro. 10 de 200614, que fueron anulados por las sentencias del
28 de febrero de 201315 y del 6 de agosto de 201416 del Consejo de Estado, por lo
que aseguró que procede su nulidad.
Sobre los literales b) y d) del artículo 132; los literales b) y d) del artículo 133; los
literales c) y d) del artículo 134 y el artículo 139 de la Ordenanza Nro. 253, destacó
que no reproducen las normas anuladas por las sentencias antes referidas, pero
que esto no obsta para extender sus consideraciones a este caso. Afirmó que estos
artículos son nulos en la medida que, por un lado, establecen como gravados actos
en los que no participan funcionarios de la entidad territorial, pues en últimas se
grava la expedición de escrituras públicas y la inscripción en las Oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos. Y, por el otro lado, existe una desproporción entre el
hecho generador y la base gravable porque en la Estampilla Pro Hospitales de
Primer y Segundo Nivel de Atención la base gravable no puede ser menor al avalúo
catastral de inmueble por obtener un paz y salvo del pago del impuesto predial; y
para la Estampilla Pro Desarrollo la base gravable es el valor del acto, contrato o
providencia inscrita a pesar de que no existe un servicio o intervención de un
funcionario de la entidad territorial.
Recursos de apelación
El Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla, mediante escritos
separados, interpusieron la apelación señalando que no están de acuerdo con la
sentencia de primera instancia en cuanto que, por un lado, afirmó que en la
expedición de los actos gravados no interviene un funcionario distrital o
departamental, y por el otro, sostuvo que existe una incongruencia entre el hecho
generador y la base gravable del tributo.
Para sustentar estas afirmaciones, procedieron a reiterar de forma extensa los
argumentos de defensa propuestos en sus memoriales de oposición a la demanda,
los cuales ya fueron expuestos. En todo caso, se destaca que en ellos se señaló
que los actos acusados no desconocen el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 ni
reprodujeron un acto declarado nulo, además sostuvieron que los actos gravados
con las estampillas son aquellos en los que interviene un funcionario distrital o
departamental y que el hecho generador gravado es congruente con la base
gravable del tributo.
12 Que regulaban el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable, la tarifa y la causación
de la estampilla.
13 Que reglamentaron el sujeto pasivo, el hecho generador, la tarifa, la causación y la delegación al Alcalde
para que estableciera las disposiciones necesarias para que los notarios verificaran el cumplimiento de las
obligaciones tributarias relacionadas con las estampillas.
14 Que regularon la obligación de los notarios de verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-
2007-00286-01. Sentencia del 28 de febrero de 2013. CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-
2010-00031-01 (20678). Sentencia del 6 de agosto de 2014. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Además, se destaca que las demandadas presentaron adición al recurso de
apelación un solo memorial del 1° de marzo de 2022, pero fue rechazado por
extemporáneo mediante auto del 25 de agosto del mismo año. Como esta decisión
se encuentra en firme, no serán analizados los argumentos allí propuestos.
Oposición a los recursos de apelación
La demandante, dentro del plazo previsto en el numeral 4 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó un
memorial en el que solicitó que se rechazara por extemporánea la adición de
apelación. Además, se destaca que dicho memorial no propuso objeción a las
apelaciones iniciales.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Delimitación del problema jurídico.
La Sala precisa que la sentencia apelada negó la nulidad de los primeros tres incisos
del artículo 12 del Acuerdo Nro. 13 de 2015, proferido por el Concejo Distrital de
Barranquilla, y del artículo 5 de la Ordenanza Nro. 287 de 2015 del mismo año,
expedida por la Asamblea Departamental del Atlántico. Empero, la demandante no
interpuso recurso de apelación, por lo que estas disposiciones no serán objeto de
análisis.
De otro lado, se observa que la sentencia de primera instancia declaró nula la
expresión «o a las personas que desempeñan tales funciones en virtud de disposición legal
vigente» del artículo 141 de la Ordenanza Nro. 253 porque, según el Tribunal, el
ordenamiento jurídico no autoriza la delegación de funciones tributarias a los
particulares, sin embargo, las apelaciones interpuestas no propusieron motivo de
inconformidad frente a este argumento, de tal modo que este punto tampoco será
objeto de análisis. Así mismo ocurrió frente al artículo 11 de la Ordenanza Nro. 287
de 2015, que fue declarado nulo porque, para el a quo, la Asamblea Departamental
del Atlántico no cumplió con su labor de fijar directamente el hecho gravable de la
Estampilla Pro Hospitales, sino que la delegó al Concejo Distrital de Barranquilla,
aspecto que tampoco fue objeto de reparos por los recursos de apelación.
Con base en las anteriores precisiones, corresponde a la Sala decidir sobre la
legalidad de los literales b) y d) del artículo 132, los literales b) y d) del artículo 133,
los literales c) y d) del artículo 134, el inciso 1° del artículo 138, y el artículo 139 de
la Ordenanza Nro. 253 de 2015, proferido por la Asamblea Departamental del
Atlántico. De igual forma se estudiará la legalidad de los artículos 3, 4, 5 y 6 y del
inciso 4 del artículo 12 del Acuerdo Nro. 13 de 2015 proferido por el Concejo Distrital
de Barranquilla.
Para el efecto, la Sala atenderá la metodología de estudio que fue utilizada por el
Tribunal, por lo que agrupará las disposiciones acusadas. Y, en concordancia con
la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, verificará si los actos
acusados desconocen el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, si reprodujeron un acto
declarado nulo, si establecieron como actos gravados con las estampillas aquellos
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en los que interviene un funcionario distrital o departamental y si el hecho generador
gravado es congruente con la base gravable del tributo.
2. Sobre la legalidad del inciso 4° del artículo 12 del Acuerdo Nro. 13 de
2015.
El Distrito de Barranquilla, aseguró que esta disposición es válida porque el artículo
59 de la Ley 788 de 2002 admite que se realicen ajustes a los procedimientos y las
sanciones del Estatuto Tributario Nacional para atender las necesidades de cada
entidad territorial.
Al respecto, la norma en mención prevé que los departamentos y municipios
aplicarán los procedimientos previstos en el Estatuto Tributario Nacional para la
administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen
sancionatorio. Y, además, indica que «El monto de las sanciones y el término de la aplicación
de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus
tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos».
Con base en lo anterior, esta Sección destacó que la norma transcrita tiene el
propósito de unificar los procedimientos tributarios aplicables por las entidades
territoriales y precisó que los municipios, aunque están obligados a aplicar los
procedimientos contenidos en el Estatuto Tributario Nacional, el legislador «dio la
posibilidad a los entes territoriales, entre otras cosas, para modificar y simplificar los términos de los
procedimientos en materia tributaria y sanciones, siempre que no resulten más gravosos que lo
establecido en el Estatuto Tributario Nacional»17. (Subraya la Sala)
Se destaca que el Tribunal no anuló esta disposición porque encontrara que
establece un procedimiento más gravoso que el Estatuto Tributario Nacional, sino
porque «dispone que el régimen procedimental y sancionatorio sería el previsto para el Impuesto
de Industria y Comercio, lo cual a la luz del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, lo cual, (sic), si
resultaría desajustado pues claramente la norma superior mismo (sic) indica que estos
procedimientos, en el caso de los entes territoriales deben adecuarse al Estatuto Tributario
Nacional»18.
Sobre este punto, se observa que el inciso final del artículo 12 del Acuerdo Nro. 13
de 2015 dispuso que «Para efectos de aplicación del Régimen Procedimental y Sancionatorio
se aplicará el Régimen Procedimental y Sancionatorio previsto para el Impuesto de Industria y
Comercio»19.
Ahora bien, el solo hecho que la norma acusada establezca que se aplicará el
régimen procedimental y sancionatorio del impuesto de industria y comercio no
supone una violación del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, en la medida que, se
insiste, en ella se autoriza a las entidades territoriales para modificar y simplificar
los procedimientos y las sanciones previstas en el Estatuto Tributario Nacional
según la naturaleza del tributo del orden territorial. Así las cosas, la sola mención
de un tributo en específico no prueba que el acto demandado viole lo dispuesto en
la Ley 788 de 2002.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 20001-23-39-000-
2016-00064-02 (25149). Sentencia del 7 de octubre de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Arguello. En este
fallo se reitera la postura asumida en las siguientes providencias: i) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 17596. Sentencia del 6 de diciembre de 2012. CP:
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Proceso: 20953. Sentencia del 6 de septiembre de 2017. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
18 Expediente físico. Cuaderno 2. Folio 276.
19 Expediente físico. Cuaderno 1. CD del folio 35. PDF denominado «gaceta_414-3 acuerdo 13-15». Página 6.
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-00913-01 (26719)
Demandante: Silvia Isabel Reyes Cepeda.
Por lo expuesto, prospera este cargo de la apelación
3. Sobre el inciso 1° del artículo 138 de la Ordenanza Nro. 253 de 2015 y los
artículos 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo Nro. 13 del mismo año.
La sentencia apelada sostuvo que estas normas son nulas porque reproducen las
disposiciones de los artículos 4°, 5°, 7°, 8° y 9° del Acuerdo Nro. 10 de 2006 y de
los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Ordenanza Nro. 70 de 2009, que fueron declarados
nulos por el Consejo de Estado, mediante las sentencias del 28 de febrero de 201320
y del 6 de agosto de 201421, respectivamente. Según el Distrito de Barranquilla, esta
conclusión es errónea porque las normas actualmente vigentes no establecen que
la suscripción de escrituras públicas es el hecho gravable de la Estampilla Pro
Hospitales de Primer y Segundo Nivel de Atención en el Distrito de Barranquilla.
Respecto de los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Ordenanza Nro. 70 de 2009, es útil tener
presente la siguiente comparación con el inciso 1° del artículo 138 de la Ordenanza
Nro. 253 de 2015 (subraya la Sala):
Artículos anulados Artículos controvertidos
Ordenanza Nro. 70 de 2009 Ordenanza Nro. 253 de 2015
«ARTÍCULO 3°: SUJETOS DEL TRIBUTO.
Determinase como SUJETO ACTIVO del tributo que
por esta ordenanza se autoriza, al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla; y como
SUJETO PASIVO, a todas las personas naturales o
jurídicas y sociedades de hecho que para acreditar
el pago del impuesto predial en el Distrito de
Barranquilla, para efectos de la protocolización de
actos u operaciones sobre bienes inmuebles que
impliquen la transferencia de dominio en los
términos del Código Civil Colombiano y el artículo 27
de la Ley 14 de 1983, obtengan la expedición del
estado de Cuenta o documento que acredite dicho
pago por parte de las autoridades distritales.
(…)
ARTÍCULO 5º: BASE GRAVABLE. Constituye
BASE GRAVABLE de la obligación de pagar la «Artículo 138. Base gravable y tarifa de la estampilla
Estampilla Pro-Hospitales de primer y segundo nivel Pro Hospitales de primer y segundo nivel de
de atención del Departamento del Atlántico en el atención en el Departamento del Atlántico. Cuando
Distrito Especial, Industrial y Portuario de el hecho generador sea el paz y salvo del impuesto
Barranquilla, el valor incorporado en el acto de predial municipal, la base gravable está constituida
transferencia de dominio de los bienes inmuebles por el valor del avalúo registrado en dicho
que para su protocolización requieren del estado de documento, correspondiente al inmueble objeto del
Cuenta o documento que acredite el pago del acto u operación de transferencia o adquisición del
impuesto predial, sobre el cual se impone la dominio. La tarifa aplicable es del uno punto cinco
Estampilla. por ciento (1.5%) sobre la base gravable.
Este valor no podrá ser inferior al avalúo catastral o (…)».
al autoavalúo vigente en el año de expedición del
estado de cuenta o documento que acredite el pago
del impuesto predial, al valor del remate o de la
adjudicación, según el caso.
ARTÍCULO 6º: TARIFA. La tarifa aplicable al cobro
de la Estampilla que por esta Ordenanza se emite y
se autoriza será de UNO PUNTO CINCO POR
CIENTO (1.5%) del valor incorporado en el acto de
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-
2007-00286-01 (18949). Sentencia del 28 de febrero de 2013. CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-
2010-00031-01 (20678). Sentencia del 6 de agosto de 2014. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Silvia Isabel Reyes Cepeda.
Artículos anulados Artículos controvertidos
Ordenanza Nro. 70 de 2009 Ordenanza Nro. 253 de 2015
transferencia de dominio de los bienes que para su
protocolización requieren del estado de Cuenta o
documento que acredite el pago del impuesto
predial, sobre el cual se impone la Estampilla en los
términos del artículo cuarto de la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 7°: CAUSACIÓN. La Estampilla Pro-
Hospital de primer y segundo nivel de atención que
por esta Ordenanza se emite y autoriza se causará,
de manera instantánea, con la expedición del estado
de Cuenta o documento que acredita el pago del
impuesto Predial en el Distrito de Barranquilla para
efectos de la protocolización de todo acto u
operación sobre bienes inmuebles que implique la
transferencia de dominio en los términos del Código
Civil Colombiana y del artículo 27 de la Ley 14 de
1983, en cumplimiento del procedimiento
administrativo de solicitud, declaración, registro,
validación y liquidación que reclame la Secretaría de
Hacienda Distrital».
Ahora bien, se destaca que la sentencia del 6 de agosto de 2014 anuló los artículos
transcritos de la Ordenanza Nro. 70 de 2009 porque consideró que no existía una
congruencia entre el hecho generador y la base gravable. Para llegar a esta
conclusión, expuso lo siguiente:
«3.9 Si el hecho generador es el estado de cuenta que acredita el pago del impuesto predial,
la base gravable de la estampilla no puede ser el valor incorporado en el acto de transferencia
de dominio de los bienes inmuebles, ni, por defecto, el avalúo catastral o al autoavalúo vigente
en el año de expedición del estado de cuenta o documento que acredite el pago del impuesto
predial, del valor del remate o de la adjudicación, según el caso, como lo dice la norma
acusada.
Esto (i) rompe con la sensata correspondencia que debe existir entre el hecho imponible y la
base gravable y (ii) toma como base gravable, por defecto, el avalúo catastral o el autoavalúo,
circunstancia que además de guardar similitud con la base gravable prevista en el artículo 3
de la Ley 44 de 1990, para el caso del impuesto predial, no guarda correspondencia con el
estado de cuenta de dicho gravamen, que es el hecho gravable» (subraya la Sala).
Como se observa del anterior cuadro comparativo, el inciso 1° del artículo 138 de la
Ordenanza Nro. 253 de 2015 reprodujo el contenido de los artículos 5 y 6 de la
Ordenanza Nro. 70 de 2009, que fueron declarados nulos, porque también
establece por defecto que la base gravable del tributo será el avalúo catastral o
autoavalúo del inmueble. Esto, según lo señaló la sentencia del 6 de agosto de
2014, supone una incongruencia entre el hecho gravable y la base del tributo.
En cuanto a los artículos 4°, 5°, 7°, 8° y 9° del Acuerdo Nro. 10 de 2006, es útil la
siguiente comparación con los artículos 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo Nro. 13 de 2015
(subraya la Sala):
Artículos anulados Artículos controvertidos
Acuerdo Nro. 10 de 2006 Acuerdo Nro. 13 de 2015
«ARTÍCULO CUARTO: SUJETO PASIVO: Son «ARTÍCULO 4. SUJETO PASIVO. Constituyen
sujetos pasivos de la estampilla “pro-hospitales de Sujeto Pasivo en los términos del artículo 5° de la
I y II nivel de atención del Departamento del Ordenanza Nro. 287 de 2015, las personas naturales
Atlántico” las personas naturales, jurídicas o o jurídicas y sociedades de hecho que lleven a cabo
sociedades de hecho que enajenan inmuebles ante la administración el trámite de solicitud y
situados en el Distrito de Barranquilla». expedición del estado de cuenta y/o paz y salvo de
liquidación y pago del Impuesto Predial en el Distrito
de Barranquilla, en los términos del Artículo 27 de la
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Artículos anulados Artículos controvertidos
Acuerdo Nro. 10 de 2006 Acuerdo Nro. 13 de 2015
Ley 14 de 1983 y el Artículo 46 del Decreto
Reglamentario 3496 de 1983»
«ARTÍCULO QUINTO: HECHO GENERADOR: «ARTÍCULO 3. DETERMINACIÓN DE LA
Constituye hecho generador de la obligación de OPERACIÓN ADMINISTRATIVA GRAVADA CON
pagar la estampilla “pro-hospitales de I y II nivel de LA ESTAMPILLA EN EL DISTRITO. En los términos
atención del Departamento del Atlántico”, la del Artículo 5° y 11° (sic) de la Ordenanza No. 287 de
suscripción de escritura pública de enajenación de 2015, se tendrá como operación gravada con la
inmuebles situados en la jurisdicción del Distrito de Estampilla en el Distrito de Barranquilla la solicitud y
Barranquilla». expedición del paz y salvo y/o estado de cuenta de
liquidación y pago del Impuesto Predial, en
cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 27 de la
Ley 14 de 1983 y del Artículo 46 del Decreto
Reglamentario 3496 de 1983»
«ARTÍCULO SÉPTIMO: TARIFA: La tarifa «ARTÍCULO 5°. TARIFA Y BASE GRAVABLE. En los
aplicable será del uno coma cinco por ciento (1.5%) términos del Artículo 6° de la Ordenanza No. 287 de
del valor de enajenación del inmueble establecido 2013, la Tarifa será del 1,5% del valor del inmueble
en la respectiva escritura pública». consignado en la solicitud y expedición del estado de
cuenta y/o paz y salvo del Impuesto Predial para el
año en el que se emite el mismo, en los términos del
Artículo 27 de la Ley 14 de 1983 y del artículo 46 del
Decreto 3496 de 1983»
«ARTÍCULO OCTAVO: CAUSACIÓN: La «ARTÍCULO 6°. CAUSACIÓN. La Estampilla se
estampilla “pro-hospitales I y II nivel de atención del causará en el momento en que se emita el estado de
Departamento del Atlántico” se causa en el cuenta y/o paz y salvo por la Administración Distrital
momento que se suscriba la respectiva escritura de Barranquilla del respectivo bien inmueble, en los
pública de enajenación del inmueble situado en la términos del Artículo 27 de la Ley 14 de 1983 y del
jurisdicción del Distrito de Barranquilla». artículo 46 del Decreto 3496 de 1983»
«ARTÍCULO NOVENO: Corresponde a los Sin artículo comparable.
respectivos notarios ante quien se realiza el hecho
generador, la coordinación y verificación del pago
en cumplimiento del presente acuerdo, de
conformidad con la reglamentación que establezca
el señor Alcalde Distrital para tales efectos»
Debe destacarse que la sentencia del 28 de febrero de 2013 expuso que la Ley 663
de 2001, en concordancia con la Sentencia C-538 de 2002, establece que el hecho
generador de la estampilla tiene dos elementos. El primero, objetivo, corresponde a
la existencia de un acto documental que instrumente actividades, obras y
operaciones que impliquen la circulación de riqueza o la obtención de un servicio a
cargo del Estado. El segundo, subjetivo, es la intervención de funcionarios
distritales. Así las cosas, concluyó que los artículos 4°, 5°, 7°, 8° y 9° del Acuerdo
Nro. 10 de 2006 son nulos porque «la suscripción de escrituras públicas de enajenación de
inmuebles, no puede ser objeto de la estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel de atención
en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, porque en su expedición no intervienen
funcionarios distritales, como lo exige el hecho generador dispuesto en la Ordenanza No. 16 de 2004,
en concordancia con lo previsto en la Ley 663 de 2001».
Presente lo anterior, se advierte que los artículos 3, 4, 5 y 6 del Acuerdo Nro. 13 de
2015 no están reproduciendo el contenido de normas anuladas pues, como lo indicó
el Distrito de Barranquilla, no relacionó el hecho gravable, la causación, los sujetos
pasivos ni la base gravable con la suscripción de escrituras públicas.
Ahora, lo anterior no es suficiente para revocar la sentencia de primera instancia
respecto a estas disposiciones porque el Tribunal no analizó los demás cargos de
nulidad propuestos por la demandante, los cuales serán analizados a continuación
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para garantizar los principios de congruencia y de igualdad de partes, pues la actora
no tenía legitimación para apelar una sentencia que le fue favorable22.
La demandante dijo que las normas acusadas del Acuerdo Nro. 13 de 2015
desconocen el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, según el cual un
acto notarial o de registro no podrá ser gravado con impuestos, tasas o
contribuciones municipales o distritales, con excepción del impuesto de registro. No
obstante, las disposiciones demandadas no establecen que el gravamen recaiga
sobre un acto notarial o de registro, puesto que se gravó la expedición de la cuenta
de cobro o de paz y salvo del impuesto predial. En consecuencia, este cargo de la
demanda no prospera.
De otro lado, la actora sostuvo que la base gravable prevista en el Acuerdo Nro. 13
de 2015, que consiste en el valor del inmueble consignado en el documento
gravado, es exorbitante y, como sustento de esta afirmación, transcribió los apartes
de la sentencia del 6 de agosto de 2014 en los que se consideró que la base
gravable de esta estampilla no puede ser el valor incorporado en el acto de
transferencia de dominio ni, por defecto, el avalúo catastral o autoavalúo. Este cargo
de nulidad no controvierte la legalidad de los artículos 3, 4 y 6 del Acuerdo Nro. 13,
pues en ellos no se dispuso nada relacionado con la base gravable, solo discute el
artículo 5, en el que se establece que la base gravable de la estampilla será el «valor
del inmueble consignado en la solicitud y expedición del estado de cuenta y/o paz y salvo del
Impuesto Predial para el año en el que se emite el mismo, en los términos del Artículo 27 de la Ley
14 de 1983 y del artículo 46 del Decreto 3496 de 1983».
Ahora, al igual que ocurrió con los artículos 5 y 6 de la Ordenanza Nro. 70 de 2009
y con el inciso 1° del artículo 138 de la Ordenanza Nro. 253 de 2015, el hecho de
que se prevea que la base gravable de la estampilla será el valor del inmueble en
los términos del artículo 46 del Decreto 3496 de 1983 (que regula el certificado
catastral y paz y salvo para efectos de protocolizar actos de transferencia de
inmuebles) supone que, por defecto, equivaldrá siempre al valor del acto de
transferencia de dominio o del avalúo catastral o autoavalúo del inmueble. Esta
situación, como se expuso en la sentencia del 6 de agosto de 2014, invocada por la
actora, da lugar a una incongruencia entre el hecho gravable y la base gravable que
vicia de nulidad la disposición acusada.
Por lo expuesto, este cargo de la apelación prospera solo parcialmente frente a los
artículos 3, 4 y 6 del Acuerdo Nro. 13 de 2015, de tal modo que se confirma la
nulidad del artículo 5 ibidem y del inciso 1° del artículo 138 de la Ordenanza Nro.
253 de 2015.
4. Sobre el literal b) del artículo 132, el literal b) del artículo 133 y el literal c)
del artículo 134 de la Ordenanza Nro. 253 de 2015.
El a quo declaró la nulidad de estas disposiciones porque consideró que establecen
como gravados actos en los que no intervienen funcionarios departamentales ni
municipales para su expedición y porque no existe una proporción entre el hecho
generador y la base gravable del tributo. En contraposición, el Departamento del
Atlántico sostuvo que estas conclusiones son erradas porque el hecho gravable en
las normas acusadas consiste en la expedición del paz y salvo del impuesto predial
22 En este sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
25000-23-37-000-2014-01110-01 (23305). Sentencia del 18 de febrero de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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por las alcaldías municipales y porque la base gravable del tributo es congruente en
la medida que el valor del inmueble se puede constatar en ese documento.
Sobre este punto, es necesario tener presente que las disposiciones analizadas en
este acápite regularon la Estampilla Pro Hospitales de Primer y Segundo Nivel de
Atención en el Departamento del Atlántico, la cual fue objeto de análisis en las
sentencias del 28 de febrero de 2013 y del 6 de agosto de 2014, expuestas en el
acápite anterior, así como en la sentencia del 25 de noviembre de 2021 23. En
consecuencia, las consideraciones expuestas en esas providencias serán
reiteradas en cuanto antecedentes relevantes para este caso.
La sentencia del 25 de noviembre de 2021, expuso que la autorización para regular
la estampilla está contenida en la Ley 663 de 2001 y destacó que se causa por las
actividades, obras y operaciones que deban realizarse en el departamento y en los
municipios de este, en los que intervengan los funcionarios departamentales o
municipales.
La sentencia del 28 de febrero de 2013 dijo que el hecho generador de la estampilla
tiene dos elementos: i) el objetivo, que corresponde a la existencia de un acto
documental que instrumente actividades, obras y operaciones que impliquen la
circulación de riqueza o la obtención de un servicio a cargo del Estado; y ii) el
subjetivo, en el que se indica que es obligatoria la intervención de funcionarios de
la entidad territorial en el documento objeto del gravamen.
De otro lado, la sentencia del 6 de agosto de 2014 sostuvo que la base gravable del
tributo es la magnitud o la medición del hecho gravado, por lo que debe existir
correspondencia entre uno y otro. Así, concluyó que si el hecho generador consiste
en la expedición de un paz y salvo del impuesto predial, no es posible que la base
gravable se defina por el valor del acto o contrato de transferencia del dominio sobre
un inmueble ni su avalúo catastral o autoavalúo.
Ahora, se observa que las normas acusadas prevén lo siguiente:
• El literal b) del artículo 132 establece que el hecho generador de la Estampilla
es «la expedición del paz y salvo del impuesto predial por parte de las alcaldías
municipales para efectos del otorgamiento y autorización de la escritura pública en
Notarías sobre actos u operaciones de transferencia o adquisición del dominio de
inmuebles, ubicados éstos en jurisdicción del Departamento del Atlántico, con exclusión
del Distrito de Barranquilla, de acuerdo con la Ley 14 de 1983 y demás normas
concordantes»24.
• El literal b) del artículo 133 dispone que el tributo «se causa con la presentación
del paz y salvo predial ante el notario para ser protocolizado en la escritura pública sobre
actos u operaciones de transferencia o adquisición del dominio de inmuebles ubicados en
los municipios del Departamento del Atlántico, con exclusión del Distrito de
Barranquilla»25.
• El literal c) del artículo 134 indica que son sujetos pasivos de esta estampilla «los
particulares intervinientes en los actos u operaciones de transferencia o adquisición del
dominio de inmuebles ubicados éstos en jurisdicción del Departamento del Atlántico, con
exclusión del Distrito de Barranquilla».
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-33-000-
2015-00073-02 (25452). Sentencia del 25 de noviembre de 2021. CP: Milton Chaves García.
24 Expediente físico. Cuaderno 1. CD del folio 35. PDF denominado «gaceta8036-15 Ordza 253». Página 66.
25 Ibidem. Páginas 71 a 72.
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Según lo expuesto, el literal b) del artículo 132 establece un hecho gravable que se
ajusta a los criterios definidos por la Ley 663 de 2001, decantados por la
jurisprudencia de esta Sección, puesto que los paz y salvo del impuesto predial son
documentos expedidos por las autoridades municipales, por lo que se cumplen los
elementos objetivo y subjetivo delimitados en la sentencia del 28 de febrero de 2013.
No obstante, esto no ocurre frente al literal b) del artículo 133 ni al literal c) del
artículo 134, en la medida que definen la causación y los sujetos pasivos del tributo
a partir del trámite adelantado ante las notarías para transferir el derecho de dominio
sobre los inmuebles. En efecto, se reitera que la causación del tributo corresponde
a la «presentación del paz y salvo predial ante el notario» y los sujetos pasivos son los
particulares que intervienen en los «actos u operaciones de transferencia o adquisición del
dominio de inmuebles». Así las cosas, la Sala concluye que la causación y los sujetos
pasivos definidos en estas normas no tienen relación alguna con el hecho gravable
tampoco con los criterios fijados por el legislador, pues no tienen relación alguna
con la expedición del paz y salvo por las alcaldías municipales.
En este orden de ideas, el recurso de apelación sobre este punto prospera
parcialmente, con relación al literal b) del artículo 132, por lo que se confirma la
nulidad del literal b) del artículo 133 y el literal c) del artículo 134.
5. Sobre el literal d) del artículo 132, el literal d) del artículo 133, el literal d)
del artículo 134 y el artículo 139 de la Ordenanza Nro. 253 de 2015.
De forma similar a lo expuesto en el acápite anterior, el a quo declaró la nulidad de
esos artículos, que regulan la Estampilla Pro Desarrollo Departamental del Atlántico,
porque consideró que establecen como gravados actos en los que no intervienen
funcionarios departamentales ni municipales para su expedición y porque tampoco
existe una proporción entre el hecho generador y la base gravable del tributo. El
Departamento demandado, en su apelación, sostuvo que el hecho gravable previsto
en dichas disposiciones no es la suscripción de escrituras públicas y la base
gravable del tributo es congruente.
La sentencia del 25 de noviembre de 2021, que también analizó este tributo, indicó
que el artículo 170 del Decreto Ley 1222 de 1986 (Código de Régimen
Departamental) autorizó a las asambleas departamentales para crear la estampilla
Pro Desarrollo departamental en su jurisdicción, que sería destinada a la
construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva. Y, en concordancia,
el artículo 175 dispuso que la obligación de adherir y anular la estampilla queda a
cargo de los funcionarios departamentales que intervengan en el acto. Destacó que,
de acuerdo con la norma que autorizó la creación de esta estampilla, solo puede ser
objeto de gravamen las actividades y las operaciones efectuadas en el
departamento y que no sean realizadas por entidades del orden municipal o distrital.
Además, precisó que, como se ha indicado en otras ocasiones por esta Sección26,
para que se configure el hecho generador de la Estampilla Pro Desarrollo es
26 Al respecto citó las siguientes providencias: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 18744. Sentencia del 12 de marzo de 2012. CP: Martha Teresa Briceño de
Valencia; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 18660.
Sentencia del 4 de abril de 2013. CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; iii) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 19398. Sentencia del 18 de julio de 2013. CP: Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez; iv) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Proceso: 22802. Sentencia del 14 de agosto de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; v) Consejo de
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necesario que los actos gravados se realicen en el territorio del departamento y que
el funcionario departamental intervenga directamente en la operación gravada con
la estampilla. Así, manifestó que «la intervención de la autoridad departamental no obedece
a su calidad de sujeto activo de la relación jurídica tributaria, sino de su intervención real y efectiva
en la operación gravada, pues, de lo contrario, “se gravaría cualquier actividad generada dentro del
departamento sin distinción del sujeto, finalidad que no posee el presente tributo”».
En este caso, se observa que las disposiciones acusadas establecen lo siguiente:
• El literal d) del artículo 132 dispone que el hecho gravable de la Estampilla Pro
Desarrollo consiste en «los documentos que contengan actos, providencias, contratos
o negocios jurídicos sujetos al impuesto de registro»27.
• El literal d) del artículo 133 indica que el tributo «se causa sobre instrumentos
autorizados por los notarios y sobre los actos, providencias, contratos o negocios jurídicos
perfeccionados o ejecutoriados, que estén sometidos a la solemnidad del registro ante las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos localizadas en el Departamento del Atlántico» 28.
• El literal d) del artículo 134 establece que son sujetos pasivos de esta
estampilla «los particulares que intervienen en actos, contratos, negocios jurídicos o providencias
sometidos a registro»29.
• El artículo 139 prevé que la base gravable aplicable a esta estampilla «está
definida en las normas que regulan el impuesto de registro, tanto para los actos con cuantía
como para los denominados sin cuantía, (…)». Además, determina que las tarifas
serán del 0,5% del valor del acto, providencia, contrato o negocio jurídico con
cuantía, de 2 salarios mínimos legales diarios vigentes cuando sea sin cuantía
y se realicen hasta 10 inscripciones con el mismo instrumento público, de 1
salario mínimo legal diario vigente cuando se realicen más de 10 y hasta 20
inscripciones, y de medio salario mínimo legal diario vigente cuando sean más
de 20 inscripciones.
Como se evidencia de lo anterior, en este caso, el literal d) del artículo 132 establece
un hecho generador que no corresponde a un documento expedido por alguna
autoridad departamental. Por el contrario, dispone que son los mismos documentos
objeto del impuesto de registro que, según el artículo 226 de la Ley 223 de 1995
son los «actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o
beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse
en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio».
La anterior conclusión se refuerza en que la sentencia del 12 de mayo de 2022 30,
en que esta Sección decidió un caso similar con relación a la Estampilla Pro
Desarrollo Departamental, se indicó que «en el otorgamiento de los actos, negocios o
contratos, con o sin cuantía, sujetos a registro en la oficina de registro o en las cámaras de comercio,
no interviene un funcionario departamental y no existe tal intervención cuando el departamento actúa
como sujeto activo del tributo, como lo alega el apelante (…)».
Además, esta irregularidad también se presenta en el literal d) del artículo 133 y el
literal d) del artículo 134, puesto que definen la causación y el sujeto pasivo del
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 23333. Sentencia del 28 de mayo
de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto; y vi) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 24996. Sentencia del 20 de agosto de 2020. CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto.
27 Expediente físico. Cuaderno 1. CD del folio 35. PDF denominado « gaceta8036-15 Ordza 253». Página 66.
28 Ibidem. Página 72.
29 Ibidem. Página 73.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 66001-23-33-000-
2015-00457-02 (25349). Sentencia del 12 de mayo de 2022. CP: Milton Chaves García.
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Radicado: 08001-23-33-000-2017-00913-01 (26719)
Demandante: Silvia Isabel Reyes Cepeda.
tributo a través de los actos que deben someterse a inscripción en las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos, lo cual, se insiste, no es una labor en la que
deba intervenir algún funcionario del Departamento del Atlántico.
Y, finalmente, el artículo 139 contraría las normas superiores al indicar que la base
gravable será el mismo que el previsto para el impuesto de registro en cuanto que,
se reitera, esto no cumple con los criterios fijados por el legislador.
Por lo expuesto, este cargo de la apelación no prospera.
6. Sobre la condena en costas.
No se impondrá condena en costas porque se ventiló un asunto de interés público,
tal como lo prevé el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
7. Conclusión.
Las apelaciones prosperaron solo parcialmente, por lo que la Sala modificará el
ordinal primero de la sentencia de primera instancia, para precisar que solo procede
la nulidad del literal d) del artículo 132, los literales b) y d) del artículo 133, los
literales c) y d) del artículo 134, el inciso 1° del artículo 138, el artículo 139 y la
expresión «o a las personas que desempeñan tales funciones en virtud de disposición legal
vigente» del artículo 141de la Ordenanza Nro. 253 de 2015; del artículo 11 de la
Ordenanza Nro. 287 de 2015, ambos actos proferidos por la Asamblea
Departamental del Atlántico; y del artículo 5 del Acuerdo Nro. 13 de 2015 proferido
por el Concejo Distrital de Barranquilla.
Finalmente, se confirmará en lo demás la providencia impugnada y no se impondrá
condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal primero de la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, el 13 de septiembre de
2021, el cual quedará así:
«PRIMERO: Declarar la nulidad del literal d) del artículo 132, los literales b) y d) del
artículo 133, los literales c) y d) del artículo 134, el inciso 1° del artículo 138, el artículo
139 y la expresión “o a las personas que desempeñan tales funciones en virtud de
disposición legal vigente” del artículo 141de la Ordenanza Nro. 253 de 2015, así como
del artículo 11 de la Ordenanza Nro. 287 de 2015, ambos actos proferidos por la
Asamblea Departamental del Atlántico. De igual modo, declarar la nulidad del artículo
5 del Acuerdo Nro. 13 de 2015 proferido por el Concejo Distrital de Barranquilla».
2. Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
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Demandante: Silvia Isabel Reyes Cepeda.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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