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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01111-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01111-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 21 de julio del 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió la pretensión de reconocimiento y pago de la prima de antigüedad solicitada por la señora Ana Etilvia Silva Andrade frente a la Universidad del Atlántico. En su lugar se dispone DECLARAR fundada de oficio la excepción de acto no susceptible de control judicial frente a las pretensiones de reintegro y reconocimiento y pago de la prima de antigüedad. SEGUNDO. CONFIRMAR la negativa de la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con base en los argumentos planteados en la parte motiva. TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico. CUARTO. RECONOCER personería al abogado Carlos Arturo Padilla Sundheim, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 72.178.592, portador de la Tarjeta Profesional nro. 169.63820 del C.S de la J., como apoderado de la demandante, conforme al poder obrante en índice 33 de la plataforma SAMAI. QUINTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-01111-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 08001-23-33-000-2017-01111-01 (7830-2023).
Demandante: Ana Etilvia Silva Andrade.
Demandado: Universidad del Atlántico.
Tema: Supresión del cargo - reintegro por orden judicial anterior. Las
pretensiones relacionadas con este asunto integran los actos
de ejecución y no son susceptibles de control judicial.
Decisión: Revocar sentencia apelada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverán los recursos de apelación presentados por las
partes demandante y demandada contra la sentencia del 21 de julio del 2023, a
través de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Con la demanda se solicitó la nulidad del acto administrativo ficto
de contenido negativo emanado de la falta de respuesta a la petición elevada el 4
de noviembre de 2015.

3. Como restablecimiento del derecho se pidió que la actora fuera incorporada como
técnico administrativo de la planta general de la universidad —que fue el empleo
que en virtud del proceso de reestructuración reemplazó al que ella ejercía antes de
ser retirada de la institución (secretaria ejecutiva)—, el pago de la diferencia salarial
y prestacional existente entre ambos cargos, el reconocimiento de la sanción
moratoria causada entre los años 2007 y 2014 y el pago de la prima de antigüedad
y los intereses corrientes y moratorios.

4. Hechos. Se señalaron como tales los siguientes:

5. La demandante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Universidad del Atlántico —expediente nro. 08-001-33-31-705-2007-
00126-00— con la finalidad de obtener la nulidad del acto administrativo que

1 Ver archivo denominado «6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_08001233300020170111.pdf», el
cual puede ser descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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Demandantes: Ana Etilvia Silva Andrade

suprimió el empleo de secretaria ejecutiva de la Universidad del Atlántico y la retiró
del servicio.

6. Mediante sentencia del 30 de enero de 2014 el Juzgado Quinto Administrativo de
Descongestión de Barranquilla concedió las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, ordenó su reintegro al cargo en mención y/o a otro de superior
categoría en la institución educativa.

7. La aludida orden fue cumplida por la universidad a través de la Resolución nro.
002806 del 10 de abril de 2015, en la que se ordenó su reincorporación como
secretaría ejecutiva de la «planta judicial» —nómina paralela en la que se ubican
los empleados incorporados por orden judicial—.

8. Aseguró que debió ser reintegrada a la planta general de la entidad, pues en la
«planta judicial» los salarios y prestaciones sociales son más bajos a los percibidos
por los servidores de la planta general. Prueba de ello es que el ingreso mensual
del cargo de secretaria ejecutiva es inferior al del empleo de técnico administrativo
—este último fue el que reemplazó a aquel luego del proceso de reestructuración
administrativa adelantado en el año 2007—.

9. Por tal motivo, el 4 de noviembre de 2015 solicitó: i) su vinculación a la planta
general en el referido cargo de técnico administrativo o en uno de superior categoría;
ii) el reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de pago de las cesantías
correspondientes al período comprendido entre los años 2007 a 2014 y; iii) el pago
de la prima de antigüedad establecida en los acuerdos sindicales.

10. Que dicha petición nunca fue respondida por la entidad accionada, lo que dio
lugar al nacimiento del acto ficto negativo demandado en esta oportunidad.

11. Reiteró que la demandada incumplió la orden judicial, pues la ubicó en la
«planta judicial» y no en la planta general donde laboraba antes de su
desvinculación, situación que le ha ocasionado un detrimento salarial y prestacional
respecto de los funcionarios que ocupan cargos equivalentes en la planta ordinaria.

12. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 13, 25, 29, 53, 123, 209 y 299, de la
Constitución Política; artículos 22, 23, 24, 37, 43, 45, 47, 55, 56, 138, 152, 162, 166
y ss, del CPACA; artículo 13 de la ley 1285 de 2009 y el Decreto Reglamentario
1716 de 2009; artículo 13 de la Ley 344 de 1996; artículos 99, 102 y 104 de la Ley
50 de 1990; artículo 1.° del Decreto 1582 de 1998; artículo 45 del Decreto Ley 1045
de 1978; artículo 56 del Decreto Ley 1222 de 1986; artículo 1.° del Decreto 2567 de
1946. Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que:

13. La actuación de la Universidad del Atlántico vulneró sus derechos adquiridos,
protegidos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia, particularmente los
principios de estabilidad laboral, igualdad, respeto por los derechos adquiridos y
protección efectiva de los derechos de los trabajadores.

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14. Aunque una sentencia judicial ordenó su reintegro al cargo que desempeñaba
o a otro de igual o superior categoría, la accionada cumplió parcialmente con dicha
decisión, pues la incorporó a la «planta judicial» y no a la planta general de la
institución, con lo que la privó de las condiciones salariales y prestacionales
correspondientes a un cargo equivalente dentro de la planta ordinaria.

15. Como consecuencia de esta actuación, se le causó un detrimento salarial y
prestacional, al no serle reconocidos los beneficios propios de la planta general, así
como el pago de la sanción moratoria derivada de la falta de consignación oportuna
de cesantías durante los años 2007 a 2014 y de la prima de antigüedad
correspondiente a los años en que permaneció desvinculada y posteriormente
reintegrada.

16. El acto cuestionado desconoció los derechos adquiridos reconocidos por la
jurisprudencia constitucional como situaciones jurídicas consolidadas que hacen
parte del patrimonio de las personas, así como las disposiciones legales que regulan
el pago de cesantías y las sanciones por su incumplimiento.

17. Se le vulneró su derecho a la igualdad, toda vez que la prima de antigüedad
continúa siendo reconocida a otros funcionarios de la universidad, por lo que
considera que reúne los requisitos para acceder a dicho beneficio en virtud de los
acuerdos sindicales que lo establecieron.

18. Contestación de la demanda2. Alegó que la actora fue reintegrada al cargo
que desempeñaba antes de su desvinculación —secretaria ejecutiva—, en estricto
cumplimiento de las sentencias judiciales que así lo ordenaron.

19. Aseguró que la demandante no puede ser vinculada al empleo de técnico
administrativo dentro de la planta global universitaria, pues no cumple los requisitos
legales exigidos para ello, particularmente la aprobación del correspondiente
concurso de méritos.

20. Señaló que las condiciones salariales y prestacionales reconocidas a la
accionante son las mismas que tenía antes de su retiro del servicio, en observancia
de lo dispuesto en las respectivas decisiones judiciales.

21. Sentencia de primera instancia3. Es la dictada el 21 de julio de 2023, a través
de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda. Con tales fines concluyó que:

22. En cumplimiento de las sentencias judiciales del 30 de enero de 2014 —dictada
por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Barranquilla— y 12 de
diciembre de ese mismo año —proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico—, la Universidad del Atlántico emitió la Resolución nro. 002806 del 10 de

2 Ver folio 114 del archivo denominado
«6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_08001233300020170111.pdf», ejusdem.
3 Ver archivo denominado «12_SENTENCIA.pdf» inserto en la plataforma SAMAI de primera instancia.

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abril de 2015, a través de la cual reintegró a la demandante al empleo de secretaria
ejecutiva que desempeñaba antes de ser retirada del servicio.

23. Por tanto, esa resolución constituye un típico acto de ejecución no susceptible
de control judicial, pues no desconoció los alcances de los fallos en cita, no creó
una situación jurídica nueva ni contrarió las ordenes impartidas en las aludidas
providencias judiciales.

24. Así las cosas, las inconformidades que la parte actora tiene frente a la
satisfacción de las obligaciones insertas en dichos fallos debió ventilarlas a través
de la acción ejecutiva y no a través del actual medio de control, por lo que tal
pretensión amerita ser negada.

25. Por otro lado, tildó de improcedente la reclamación de la sanción moratoria,
pues el derecho a las cesantías del periodo comprendido entre los años 2007 y 2014
—tiempo en el que la actora permaneció por fuera de la institución educativa— fue
reconocido en las sentencias judiciales de marras y, por tanto, los tiempos para su
reconocimiento y pago no son los previstos en las Leyes 244 de 1995 y 344 de
1996, sino en el Código Contencioso Administrativo, por ser las disposiciones bajo
las cuales aquellas fueron emitidas.

26. En consecuencia, consideró improcedente aplicar por analogía las reglas
previstas en las citadas leyes cuando se trata de obligaciones contenidas en una
sentencia judicial, dado que se trata de supuestos jurídicos diferentes, amén de que
las normas sancionatorias son de interpretación restrictiva.

27. Finalmente, y en lo que respecta a la prima de antigüedad, encontró acreditado
que la demandante fue reintegrada a su antiguo empleo sin solución de continuidad.
Asimismo, concluyó que ese emolumento le venía siendo reconocido a la actora
antes de la supresión de su cargo, por lo que radicaba en ella el derecho adquirido
a seguirla recibiendo.

28. Por consiguiente, y en atención a que al momento de liquidar las sumas debidas
con ocasión a las sentencias que anularon el acto administrativo que suprimió el
cargo de la accionante la universidad no incluyó la aludida prima, declaró la nulidad
parcial de la decisión cuestionada en esta oportunidad y, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y
prestaciones sociales derivadas de dicho emolumento a partir del mes de enero de
2007 y hasta la fecha en que se acredite su inclusión efectiva.

29. Recursos de apelación4. Inconformes con la decisión, las partes demandante
y demandada la recurrieron en apelación.

4 Índice 16 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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Demandantes: Ana Etilvia Silva Andrade

30. Parte demandante. Sostuvo que el tribunal erró al concluir que la pretensión
de reintegro al cargo de técnico administrativo concebido en la planta general de la
Universidad del Atlántico debió ventilarse a través de la acción ejecutiva.

31. Lo anterior, por cuanto desde el 24 de agosto de 2006 el ente accionado se
encuentra inmerso en el proceso de reestructuración de pasivos previsto en la Ley
Leyes 550 de 1999, que prohíbe que durante la negociación y ejecución de ese tipo
de acuerdos se presenten acciones ejecutivas contra la entidad intervenida, amén
de que impide la operatividad de la caducidad de las acciones crediticias que
puedan adelantarse en contra de aquella.

32. Por tanto, estimó que la acción ejecutiva no es idónea para obtener la
satisfacción de sus pretensiones, pues no puede someterse a una espera indefinida
sujeta a la terminación del aludido proceso de reestructuración, cuando tiene a la
mano el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

33. Adicionalmente, el a quo también erró al concluir que el acto de ejecución no
era pasible de control judicial, pues la decisión ficta demandada desconoció los
alcances de los fallos judiciales dictados en torno al proceso de supresión y, por
demás, creó una situación jurídica nueva frente a la realidad laboral de la
demandante.

34. En efecto, en dichas decisiones judiciales se ordenó el reintegro de la
accionante al mismo empleo que venía ejerciendo o a otro de superior categoría.
Esto último no fue cumplido, pues la actora fue vinculada a su cargo en la «planta
judicial» de la universidad y no en el empleo de técnico administrativo de la planta
general, el cual tiene un salario mayor al de aquel.

35. Por ende, con la negativa que ahora se demanda se desconocen los derechos
laborales de la demandante.

36. Por otro lado, reiteró que la actora tiene derecho a la sanción moratoria
reclamada, pues si en la demanda se afirmó que la universidad no pagó
oportunamente las cesantías causadas durante el periodo que aquella estuvo fuera
del servicio, era la demandada la que tenía que demostrar lo contrario, esto es, que
si pagó esa prestación en el tiempo legal. Sin embargo, como ello no tuvo lugar,
surge la citada obligación.

37. Parte demandada. Cuando el legislador integró el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos con el sistema salarial y prestacional de los
empleados universitarios no incluyó la prima de antigüedad. Por tanto, tal
emolumento no puede ser considerado como un derecho adquirido de la parte
actora. Además, su inclusión al interior de la universidad se realizó a través de
mecanismos convencionales y asociativos que desconocieron las reglas de
competencia legales para concebir ese tipo de estipendios.

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38. Con fundamento en estas razones solicitó revocar la condena impuesta frente
a la citada prima de antigüedad.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

39. La admisión de los recursos. Mediante auto de 4 de marzo de 20245 se
admitieron los recursos de apelación. Dentro de la oportunidad de ley solo intervino
el apoderado de la demandante6 quien solicitó no acceder a lo expuesto en la
impugnación formulada por la entidad demandada.

40. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

41. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, esta Sala de
Subsección es competente para resolver los recursos de apelación.

42. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados en los
escritos de apelación, la Sala debe definir si:

43. ¿La pretensión de reintegro al cargo de técnico administrativo de la planta
general de la Universidad del Atlántico pertenece al ámbito de ejecución de las
decisiones judiciales adoptadas en el proceso ordinario que resolvieron sobre la
legalidad del acto administrativo que suprimió el empleo ejercido por la actora y, por
tanto, no era pasible de control judicial?

44. ¿La accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
reclamada en la demanda por la demora de la Universidad del Atlántico en cumplir
con la obligación judicial de pago de las cesantías causadas en el periodo en que
aquella estuvo fuera del servicio?

45. ¿Se debe revocar la condena impuesta en relación con la prima de antigüedad
porque en el sistema legal salarial y prestacional de los empleados universitarios
ella no se encuentra concebida?

46. Caso concreto – resolución del primer interrogante planteado: ¿la
pretensión de reintegro al cargo de técnico administrativo de la planta general de la
Universidad del Atlántico pertenece al ámbito de ejecución de las decisiones

5 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
6
Actuación visible en el índice 13 ib.
7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «[a]gotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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judiciales adoptadas en el proceso ordinario que resolvieron sobre la legalidad del
acto administrativo que suprimió el empleo ejercido por la actora y, por tanto, no era
pasible de control judicial?

47. Los actos administrativos de ejecución y su control en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.

48. Para esta corporación9, un «acto administrativo» constituye toda manifestación
unilateral de la voluntad de una institución pública y/o de un particular investido de
funciones de esa naturaleza que tiene la capacidad de producir efectos jurídicos. A
partir de esa definición, se ha pregonado que este tipo de decisiones ostenta las
siguientes características10:

i) Enmarca una declaración unilateral de la voluntad;
ii) Emitida por una autoridad pública y/o por un particular investido de función
pública, que;
iii) Produce efectos jurídicos traducidos en;
iv) La creación, modificación o extinción de una situación general y/o
particular.

49. Con sustento en lo indicado, este tribunal ha sostenido que solo los actos
administrativos definitivos —entendidos por tales aquellos que, según lo establecido
en el artículo 43 del C.P.A.C.A., «[…] decidan directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación»— son susceptibles de control
judicial. Lo anterior, en razón a que, al provenir de la autonomía de la administración
ostentan los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad que los hace obligatorios
frente a sus destinatarios, de manera que requieren ser verificados en su
legalidad11.

50. Por el contrario, cuando tales decisiones no son fruto de esa autonomía, sino
que surgen en cumplimiento de otra determinación —ya sea judicial o
administrativa—, esta corporación ha indicado que no son pasibles de control
jurisdiccional, pues a través de ellas no se crea, modifica o extingue una
determinada situación jurídica12.

51. Sin embargo, excepcionalmente se ha permitido el control judicial de este tipo
actos cuando se advierte que a través de él se desconocen los alcances de la
decisión que afirma cumplir y/o cuando se crean, modifican o extinguen situaciones

9 Con tales fines se pueden consultar: Sección Primera, sentencia del 26 de agosto de 2004, expediente nro.

2000-0057-01, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sección Segunda, Subsección “A”, auto del 14 de mayo
de 2020, expediente nro. 25000-23-42-000-2017-06031-01(5554-18), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
Sección Cuarta, auto del 26 de septiembre de 2013, expediente nro. 68001-23-33-000-2013-00296-01(20212),
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Sección Primera, sentencia del 10 de abril de 2008, expediente nro. 25000-2324-000-2002-00583-01, C.P.

Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
11 Sección Segunda, Subsección “A”, auto del 14 de mayo de 2020, expediente nro. 25000-23-42-000-2017-

06031-01(5554-18), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
12 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 9 de abril de 2014, expediente nro. 73001-23-31-000-2008-

00510-01(1350-13), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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jurídicas. En sentencia del 18 de octubre de 202313, esta Subsección pregonó que:

«[…] Sobre los actos de ejecución, la jurisprudencia de esta Corporación es pacífica
en cuanto a que, por regla general, no pueden ser objeto de control judicial; sin
embargo, existen casos determinados donde es posible aplicar excepciones a la
regla. Por ejemplo, esta Subsección ha sostenido que «[…] es procedente el estudio
de los actos de ejecución de sentencias de forma excepcional cuando: i) la decisión
de la administración va más allá de lo ordenado por el juez, y ii) crea, modifica o
extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue
objeto de debate judicial»14. De igual forma, la Sección Primera ha señalado que la
regla general «se exceptúa cuando se advierte que a partir del acto surge una
situación jurídica nueva, diferente a la dispuesta en la sentencia o en el acto
ejecutado»15.»

52. A manera de conclusión se dirá que las decisiones que contienen una
manifestación de la voluntad de la autoridad con capacidad de definir una
determinada situación jurídica, así como aquellos actos de trámite que hacen
imposible continuar una actuación administrativa son susceptibles de control por
parte de esta jurisdicción.

53. Por el contrario, están excluidos de ese examen los actos de ejecución de las
decisiones judiciales y administrativas, en tanto materializan una orden previamente
impartida y, por tanto, no crean, modifican ni extinguen situaciones jurídicas.
Empero, cuando su contenido excede el alcance de la decisión que dice ejecutar o
introduce determinaciones nuevas no contempladas en aquella, tales decisiones sí
pueden ser controladas en su legalidad.

54. Descendiendo al caso concreto y tal como quedó reseñado en los antecedentes
de este asunto, se destaca que la parte actora presentó primeramente una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad el Atlántico en la
que exigió la anulación del acto administrativo que suprimió su empleo y, por
consecuencia, la retiró del servicio.

55. Ese proceso culminó con la sentencia de primera instancia dictada el 30 de
enero de 2014 por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito
de Barranquilla, decisión que fue confirmada íntegramente por el Tribunal
Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 12 de diciembre de ese mismo
año.

56. En dichas providencias se accedió a las pretensiones de la demanda y, a título
de restablecimiento del derecho se ordenó el reintegro de la señora Ana Etilvia Silva
Andrade al cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación o a otro de
igual o superior categoría, con el reconocimiento de los salarios y prestaciones

13 Expediente nro. 20001-23-33-000-2014-00336-01 (2285-2019), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
14 Auto del 27 de octubre de 2022, proferido en el proceso con radicación 68001233300020170133201 (2782-

2018). Nancy Fabiola Zúñiga Monsalve contra el Departamento de Santander – Asamblea departamental.
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
15 Ver auto del 1.° de febrero de 2023, proferido en proceso con radicación 11001032400020210035200.

Frigosinú S.A. vs Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. Consejero ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.

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sociales causados durante el tiempo cesante16. En la parte resolutiva de la decisión
de primer grado se puede leer:

«1°. - Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. 000005 del 15 de enero de
2007, "Por medio de la cual se suprimen los cargos de la planta de personal de la
Universidad del Atlántico", a través del cual la rectora de la Universidad del Atlántico
desvinculó por supresión del cargo a la señora ANA ETILVIA SILVA ANDRADE de
esa institución.

2°. Ordenase a la Universidad del Atlántico, que a título de restablecimiento del
derecho, reintegre a la señora ANA ETILVIA SILVA ANDRADE, al cargo que
desempeñaba como Secretaria Ejecutiva en la Universidad o a otro de igual o
superior categoría, teniendo en cuenta sus condiciones profesionales.

3°. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la Universidad del
Atlántico a pagarle, si no lo hubiere hecho ya, a la señora ANA ETILVIA SILVA
ANDRADE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.790.160 de Barranquilla,
todos los sueldos y demás prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha
de su desvinculación hasta que se haga efectivo su reintegro, entendiéndose que
no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio durante ese
lapso.

4°. Indexar las sumas indicadas en el numeral anterior, de conformidad con la
formula actuarial señalada por la Jurisprudencia de la Sección 2a del Consejo de
Estado.

5°. Deducir de las sumas indicadas en los ordinales anteriores, el valor de los
aportes pensionales a que haya lugar, y efectuar los pagos a los fondos de seguridad
social correspondientes desde la fecha del retiro hasta cuando sea efectivamente
reintegrada.

6°. Declarar, para todos los efectos legales, y en especial para los relacionados con
el cómputo del tiempo de servicios necesario para el reconocimiento y pago de
pensiones jubilatorias, que no ha existido solución de continuidad en los servicios
prestados por la señora ANA ETILVIA SILVA ANDRADE a la Universidad del
Atlántico.

7°. Dese cumplimiento a la sentencia en la forma y condiciones establecidos en los
artículos 176 y 177 del C.C.A.». (Las subrayas son nuestras).

57. En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Universidad del Atlántico expidió
la Resolución nro. 002806 del 10 de abril de 2015 en la que dispuso17:

«ARTÍCULO PRIMERO: Acatar lo dispuesto en la sentencia emanada del Juzgado
Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Barranquilla, adiada treinta
(30) de enero de 2014, confirmada por el Tribunal Administrativo, mediante
sentencia de fecha doce (12) de diciembre de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión, se ordena
reintegrar a la señora ANA ETILVIA SILVA ANDRADE, quien se identifica con
la cédula de ciudadanía No. 32.790.160, al cargo SECRETARIA EJECUTIVA,

16
Ver archivo denominado «6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_08001233300020170111.pdf»
folios 23-68, el cual puede ser descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de
primera instancia.
17
Ver archivo denominado «5_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_ANEXOCDF95.pdf» folios 233-235,
el cual puede ser descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de primera
instancia.

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Demandantes: Ana Etilvia Silva Andrade

teniendo en cuenta su condición de madre cabeza de familia, de conformidad con lo
establecido en el fallo acatado.

ARTÍCULO TERCERO: Declarar, para todos los efectos, que no ha existido solución
de continuidad en la prestación de los servicios por parte de la señora ANA ETILVIA
SILVA ANDRADE.

ARTÍCULO CUARTO: Reconocer y cancelar a la señora ANA ETILVIA SILVA
ANDRADE, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 32.790.160, los
salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar desde su desvinculación hasta
que se haga efectivo su reintegro, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 177
del C.C.A., sumas que deberán ser indexadas de conformidad con la formula
actuarial señalada por la Jurisprudencia de la sección 2a del Consejo de Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el fallo acatado. La liquidación de los salarios y
prestaciones sociales será realizada por el Departamento de Gestión de Talento
Humano.

ARTÍCULO QUINTO: Descontar de las sumas que resulten de la liquidación
mencionada en el artículo anterior, el valor de los aportes pensionales a que haya
lugar y efectuar los pagos correspondientes.

ARTÍCULO SEXTO: Efectuar los correspondientes descuentos de ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido de la presente
Resolución la señora ANA ETILVIA SILVA ANDRADE, quien se identifica con la
cédula de ciudadanía No. 32.790.160, dentro del término de Ley, o en su defecto,
se notificará por aviso de conformidad con lo establecido por el artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
Reposición, conforme a lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…». (Subrayas intensionales).

58. Posteriormente, el 4 de noviembre siguiente la demandante formuló una petición
encaminada a obtener el cabal cumplimiento de esas sentencias, solicitud de la que
no obtuvo ninguna respuesta. En el acápite pertinente de esa reclamación consignó
lo siguiente18:

«PRIMERO: Que se ordene de manera inmediata a quien corresponda vincular a mi
mandante a la planta general de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO en el cargo
que reemplazo al de secretaria ejecutiva después de la restructuración de
2007, con el salario que ese cargo tiene o en uno mejor categoría que
legalmente le corresponde a la señora ANA SILVA ANDRADE, pues de esa
forma fue que lo ordeno el Juez en las sentencias.

SEGUNDO: Solicito que se le reconozcan y paguen a mi cliente los dineros
correspondientes a la sanción moratoria que se están generando de los años 2007,
2008, 2009. 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, que se generan por el no pago de las
cesantías en la fecha estipulada por la Ley 344 de 1996 la cual fue reglamentada
por el Decreto 1582 de 1998, norma que remite y se complementa con lo dispuesto
en los artículos 99, 102, 104 y subsiguientes de la Ley 50 de 1990.

18
Ver archivo denominado «6_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_08001233300020170111.pdf»
folios 15-18, el cual puede ser descargado en la pestaña «Visualizar expediente» de la plataforma SAMAI de
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TERCERO: Solicito que se le reconozcan y paguen a mi cliente los dineros
correspondientes a la prima de antigüedad la cual fue ordenada por acuerdo sindical
y a la que mi mandante tiene todo el derecho legal.

CUARTO: Sírvase expedir certificación donde se detallen las consignaciones del
auxilio de cesantías que ha realizado la UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO al fondo
de cesantías donde se encuentra afiliada mi mandante.

QUINTO: Sírvase expedir certificación donde conste los salarios que ganan los
funcionarios en el cargo de secretaria ejecutiva en la planta judicial y el que gana el
técnico administrativo que fue el nombre que se le dio en la reestructuración del año
2007 al cargo de secretaria ejecutiva en la planta general de la universidad».
(Subrayas intensionales).

59. Pues bien, aunque la decisión que ahora se cuestiona fue producto del silencio
de la administración ante la anterior solicitud, la Sala advierte que esta controversia
debe analizarse a partir del contenido material de aquella petición.

60. En efecto, es claro que a través de la mentada solicitud la accionante, antes que
pretender el reconocimiento de un derecho autónomo y/o la definición de una nueva
situación jurídica, persiguió el cumplimiento de las sentencias judiciales que
ordenaron su reintegro ante la anulación del acto que suprimió su cargo, además
del reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales causados durante el
periodo que estuvo cesante.

61. En consecuencia, la ausencia de respuesta por parte de la administración no
conduce a que el acto ficto negativo que ahora se demanda sea susceptible de
control judicial pues, se insiste, la verdadera finalidad de esa reclamación fue
obtener el cumplimiento de las aludidas sentencias —en los términos que la parte
actora considera más favorable a sus intereses—.

62. Por lo que sigue, para esta Subsección le asistió razón al tribunal cuando
concluyó que esta pretensión, al estar vinculada a un acto de ejecución de una orden
judicial no era pasible de control jurisdiccional, pues, si la accionante estaba
inconforme con el empleo al que había sido reintegrada, debió presentar la acción
ejecutiva dirigida a lograr la incorporación en el cargo que estimara pertinente, antes
que promover una nueva reclamación administrativa y judicial.

63. Y es que la decisión contenida en la citada resolución no se alejó de la orden
judicial que afirmó cumplir —el reintegro de la actora al cargo que ejercía con
anterioridad a su retiro del servicio y/o a otro de superior categoría—, antes, por el
contrario, le dio pleno cumplimiento, toda vez que la accionante fue nuevamente
incorporada al empleo de secretaria ejecutiva que desempeñaba en aquel entonces.

64. Lo dicho, para destacar que la discusión que ahora formula la parte actora está
íntimamente ligada al cumplimiento de las referidas decisiones judiciales, pues
mientras la universidad la vinculó al empleo que ella ejercía antes de ser retirada
del servicio —conforme le fue ordenado—, la demandante pretende ser reintegrada
a un cargo de superior categoría.

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65. Ahora bien, en relación a las afirmaciones vertidas en la alzada, según las
cuales a través del acto ficto demandado la universidad desconoció los alcances de
aquellos fallos y, además, creó una situación jurídica nueva, esta Sala dirá que, si
en gracia de discusión se avala esa teoría, es evidente que tales situaciones no se
materializaron con aquel, sino con la Resolución nro. 002806 del 10 de abril de 2015,
que cumplió con las órdenes judiciales. Por lo que la decisión que eventualmente
debió ser sometida a control judicial era esta y no aquella.

66. En este orden de cosas, y definido que la actora debió promover la acción
ejecutiva frente a la pretensión de reintegro al cargo ordenado en las sentencias de
marras, la Sala responde el otro cuestionamiento formulado en la apelación,
relacionado con la idoneidad de ese instrumento judicial.

67. Para ello, se recuerda que la demandante cuestionó la aptitud de ese
mecanismo para satisfacer sus aspiraciones, pues adujo que desde el año 2006 la
Universidad del Atlántico estaba inmersa en un proceso de reestructuración de
pasivos que impide el inicio de ese tipo de procesos y, además, se desconoce la
fecha en que tal reestructuración tendría final, por lo que no puede ser sometida a
una espera indefinida al respecto.

68. Sobre el particular, la Subsección dirá que, aunque la Ley 550 de 1999 impide
que durante la negociación y ejecución de un acuerdo de reestructuración de
pasivos se presenten demandas ejecutivas, tal limitante no habilita a los acreedores
a soslayar el uso de ese instrumento judicial, so pretexto de hacer valer sus
derechos.

69. Es decir, esa normativa no introduce excepciones al respecto que permitan
acudir, por ejemplo, al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
ante la imposibilidad de activar la vía que legalmente corresponde para lograr la
satisfacción de las obligaciones reconocidas judicialmente.

70. Admitir lo contrario implica, sin más, avalar la presentación desmedida e
interminable de demandas siempre que sea imposible obtener, por vía ejecutiva, el
cumplimiento de créditos judicialmente reconocidos frente a entidades sometidas a
procesos de reestructuración de pasivos y, por demás, hacer de la excepción de
control jurisdiccional de los actos de ejecución, la regla general.

71. Con sustento en todo lo expresado, el cargo actual no prospera.

72. La solución del segundo interrogante planteado: ¿la accionante tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada en la demanda
por la demora de la Universidad del Atlántico en cumplir con la obligación judicial de
pago de las cesantías causadas en el periodo en que aquella estuvo fuera del
servicio?

73. La parte actora solicita el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías correspondientes a los años 2007 a 2014. Sin embargo,

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revisadas las pretensiones formuladas dentro del proceso que culminó con la
sentencia del 30 de enero de 2014, no se advierte que allí se hubiera reclamado
dicho emolumento.

74. En todo caso, se reitera que la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, no se extiende a aquellos eventos en los que
la administración tarda en cumplir con las ordenes impartidas en una sentencia
judicial pues, se recuerda, en esta materia es la misma ley procesal —ora el C.C.A.,
ora el C.P.A.C.A.— la que define esos plazos y las consecuencias que emanan de
su incumplimiento.

75. En sentencia del 21 de abril de 201619, esta Subsección concluyó que:

«[…] No obstante, y a pesar de que la condena anteriormente citada tenga por objeto
el pago de las sumas que conciernen a salarios y prestaciones sociales dejados de
recibir a causa de la terminación de la relación laboral, ello no implica que por
corresponder a obligaciones de esa naturaleza, deban ser reconocidos y pagados
en los términos que la ley dispone para ese tipo de obligaciones dentro del devenir
de la relación laboral, pues es evidente que al haberse reconocido tales conceptos
dentro de una orden judicial, el pago y acatamiento de la sentencia e incluso las
sanciones por incumplimiento o mora, están sometidos a los términos que la ley
dispone para el cumplimiento de la sentencia.

[…]

Con las consideraciones expuestas, es evidente que la sanción moratoria
consagrada en la Ley 244 de 1995, en modo alguno es aplicable a la demora en que
incurra la administración, con ocasión del pago de cesantías ordenadas por
sentencia judicial, no sólo porque el literal de la norma no permite hacer extensiva
la sanción a esas situaciones, sino porque el cumplimiento de las sentencias
judiciales, tiene en la ley términos y sanciones que en forma especial lo rigen.»

76. De cara a lo manifestado, la Sala responde que la parte actora no tiene derecho
a la sanción moratoria reclamada, por lo que este cargo tampoco prospera.

77. La resolución del tercer interrogante planteado: ¿se debe revocar la
condena impuesta en relación con la prima de antigüedad porque en el sistema legal
salarial y prestacional de los empleados universitarios ella no se encuentra
concebida?

78. La parte demandada censuró el reconocimiento que en primera instancia se
hizo de la prima de antigüedad, bajo la consideración de que tal emolumento no
integra el régimen salarial ni prestacional de los empleados universitarios.

79. Pues bien, advierte la Sala que revocará tal condena, pero por razones distintas
a las invocadas por la Universidad del Atlántico.

80. Al igual que lo acontecido en relación con la pretensión de reintegro arriba
resuelta, la Subsección estima que la presente súplica también integra la ejecución

19 Expediente nro. 19001-23-31-000-2010-00200-01(3988-13), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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de las sentencias judiciales que aquí han sido citadas. En efecto, y como arriba
quedó plasmado, luego de anular el acto administrativo que suprimió el cargo
desempeñado por la accionante, las autoridades judiciales ordenaron, a título de
restablecimiento del derecho, que se pagaran a la actora los salarios y prestaciones
sociales causados durante el tiempo que estuvo cesante.

81. Entonces, dado que con anterioridad al retiro del servicio la señora Silva
Andrade recibía la referida prima de antigüedad —pues así lo certificó el ente
universitario—, su falta de reconocimiento al momento de ser reintegrada al empleo
es un aspecto que concierne a la ejecución de aquellas determinaciones y, por
ende, tal insatisfacción también se adentra en el campo de la acción ejecutiva. En
consecuencia, era improcedente que el tribunal resolviera esta pretensión, pues al
hacer parte de la ejecución de unas providencias judiciales, su discusión debió
ventilarse a través del proceso ejecutivo.

82. Por tal razón, se impone revocar la condena impuesta sobre el particular en la
sentencia apelada y, en su lugar, declarar fundada de oficio la excepción de acto no
susceptible de control jurisdiccional frente a las súplicas de reintegro al cargo y
reconocimiento y pago de la prima de antigüedad. Así mismo se confirmará la
negativa de la pretensión relacionada con la sanción moratoria.

83. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

84. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso. En tal
virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

85. En consecuencia, se condenará en costas en ambas instancias a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

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86. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 21 de julio del 2023, a través de la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico concedió la pretensión de reconocimiento y
pago de la prima de antigüedad solicitada por la señora Ana Etilvia Silva Andrade
frente a la Universidad del Atlántico. En su lugar se dispone DECLARAR fundada
de oficio la excepción de acto no susceptible de control judicial frente a las
pretensiones de reintegro y reconocimiento y pago de la prima de antigüedad.

SEGUNDO. CONFIRMAR la negativa de la pretensión de reconocimiento y pago
de la sanción moratoria, con base en los argumentos planteados en la parte motiva.

TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

CUARTO. RECONOCER personería al abogado Carlos Arturo Padilla Sundheim,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 72.178.592, portador de la Tarjeta
Profesional nro. 169.63820 del C.S de la J., como apoderado de la demandante,
conforme al poder obrante en índice 33 de la plataforma SAMAI.

QUINTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

20 Certificado de vigencia nro. 655288.

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