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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2017-01193-01

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2017-01193-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte actora en favor de la parte demandada, las cuales serán tasadas de manera concentrada por el tribunal de primera instancia TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2017-01193-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

15 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 08001-23-33-000-2017-01193-01 (70021)
Demandante: Lucía Gutiérrez Uribe
Demandados: Distrito Especial de Barranquilla, Empresa Triple A S.A. ESP y
Sociedad Portuaria del Norte S.A.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que denegó las pretensiones de la demanda. La Sala es
competente para proferir esta providencia porque resuelve la apelación interpuesta
contra la sentencia dictada por el Tribunal, el cual conoció el proceso en primera
instancia, en razón de la naturaleza del asunto y de la cuantía estimada en la
demanda1.

SÍNTESIS2

Lucía Gutiérrez Uribe solicita que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Distrito Especial de Barranquilla (en adelante, el “Distrito”), de la
Empresa Triple A S.A. ESP (en adelante, la “Triple A”) y de la Sociedad Portuaria del
Norte S.A. (en adelante, la “Sociedad Portuaria”) por la destrucción de unas bodegas
de su propiedad ocurrida en el marco de la repavimentación de una vía pública y el
relleno de una cancha de futbol. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se acreditó el nexo causal entre el daño y una conducta imputable
a las demandadas, pues no se demostró que hayan realizado las obras de
repavimentación o el relleno de la cancha deportiva. La Sala confirmará la decisión de
primera instancia porque los reparos del recurso de apelación son insuficientes para
lograr su revocación.

1 Según el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, antes de la reforma de la Ley 2080 de 2021, los

Tribunales Administrativos conocen en primera instancia las demandas de reparación directa cuya cuantía exceda
los 500 SMLMV, lo que ascendía a $368.858.500 para el momento de presentación de la demanda. La cuantía
estimada de la demanda fue de $2.492.925.000.
2 Tema: Daños por obra pública – insuficiencia de reparos contra la decisión apelada.

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01193-01 (70021)
Demandante: Lucía Gutiérrez Uribe

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. La señora Lucía Gutiérrez Uribe presentó demanda, el 25 de septiembre de 2017,
en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra del Distrito, la Triple
A y la Sociedad Portuaria, de acuerdo con las siguientes pretensiones:

1.1. Que se declaren administrativamente responsables al MUNICIPIO DE
BARRANQUILLA [...], a LA EMPRESA TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. [...] y a la
SOCIEDAD PORTUARIA DEL NORTE S.A. [...] de los DAÑOS Y PERJUICIOS
morales subjetivos y materiales causados a los inmuebles de propiedad de mi
patrocinada ubicados en la CARRERA 42 No. 2B 35 sector de Barranquillita, Barrio
Villanueva, identificada con la Matricula inmobiliaria número 040-34436, ya que
con ocasión a los trabajos de relleno de la cancha de futbol que pertenece al municipio
de Barranquilla, colindante del predio de propiedad de mi representada, relleno que
colocaron y por ende subieron a media altura de la pared medianera adosada, sin
ningún mecanismo de filtración y contención dada la diferencia de altura que se
estaba creando; y a la repavimentación de la vía pública ocasionando un daño
antijurídico grave e irreparable deterioros al mencionado bien inmueble por el
represamiento e inundación de todo el sector, incluidas las bodegas (…) de propiedad
de la señora LUCÍA GUTIERREZ URIBE, con aguas provenientes del régimen de
luvias debido a la alteración y desvío del curso natural de las aguas de escorrentía
superficial.
1.2. Que como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados por parte de los
aquí demandados se ordene la REPARACION INTEGRAL DE LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS y por lo tanto se CONDENEN A LOS AQUÍ DEMANDADOS y a favor
de mi representada por concepto de perjuicios morales subjetivos a favor de la
accionada el equivalente a cien (100) salarios mínimos.
1.3. Que se condene a las entidades demandadas a pagar a favor de mi
representada los perjuicios de orden material a título de daño emergente la suma de
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS M/L COLOMBIANA ($2.492.925.000) que corresponde
al valor actual y comercial de las Bodegas.
1.4. La anterior cifra debe actualizarse según la variación porcentual del índice de
precios al consumidor existente desde la fecha de ocurrencia del daño antijurídico y
el que exista cuando se produzca el fallo condenatorio.
1.5. Se apliquen las fórmulas matemáticas financieras aceptadas por el Honorable
Consejo de estado, teniendo en cuenta la indemnización debida consolidada y la
futura.
1.6. Las entidades demandadas darán cumplimiento a la sentencia en los términos
consagrados en el artículo 192 del CPACA en vigor. El valor del salario mínimo legal
mensual aplicable en este asunto será el que estuviese vigente para el momento de
proferida la sentencia.
1.7. Que se condene a las entidades demandadas al pago de las Costas del proceso
y honorarios de abogado.3 (Mayúscula y negrilla del original)

2. La parte demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo siguiente:

2.1.La señora Lucía Gutiérrez Uribe es propietaria del inmueble ubicado en la carrera
42 No. 2B-35 de Barranquilla, identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-34436.
La demandante adquirió el inmueble mediante Escritura Pública 2661 del 29 de

3 Transcritas según memorial de reforma de la demanda. Páginas 192 a 203 archivo
“75_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_08001233300020170119.pdf ”, índice 52 Samai Tribunal.
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Demandante: Lucía Gutiérrez Uribe

noviembre de 2003, y posteriormente, registró la construcción de dos bodegas,
mediante Escritura Pública No. 0578 del 19 de marzo de 2005, las cuales explotaba
comercialmente a través de contratos de arrendamiento.

2.2. En horas de la madrugada del 2 de septiembre de 2016, con ocasión de la ola
invernal en la región Caribe, se inundaron y destruyeron las dos bodegas del inmueble.
El daño se imputó a la ejecución irregular de unas obras públicas (repavimentación de
una vía pública y el relleno de una cancha de futbol de propiedad del Distrito) en los
siguientes términos:

En razón a la Ola invernal que azotó nuestra región Caribe para inicios del año 2016,
comenzaron los problemas en las 2 BODEGAS de propiedad de mi representada,
ubicadas en la CARRERA 42 No. 2B - 35 sector de Barranquillita, Barrio
Villanueva, identificada con la Matrícula inmobiliaria número 040-34436, en
razón a que la obra realizada por el municipio de Barranquilla al repavimentar la vía
a un nivel más alto del que naturalmente se encontraban las bodegas ubicada en el
sector de Barranquillita y con el relleno realizado en la Cancha que colinda con las
Bodegas de mi mandante, Cancha a la cual le hicieron un relleno levantando los
niveles y por ende subieron a media altura de la pared medianera, sin ningún
mecanismo de filtración y contención dada la diferencia de altura que se estaba
creando provocaron el represamiento e inundación de todo el sector con las aguas
provenientes del régimen de lluvias, ya que dicha alteración y por consiguiente desvío
del curso natural de las aguas de escorrentía superficial provocaron el represamiento
de dichas aguas INUNDANDO LAS BODEGAS de doña LUCIA GUTIERREZ
destruyéndolas, al menoscabar desde sus bases los cimientos que sostenían las
paredes o cerramientos de los mencionados inmuebles, impidiendo dichos daños por
ser estructurales que se volvieran a- entregar en arrendamiento a las empresas
interesadas en arrendarlas las referidas BODEGAS, ocasionando así las entidades
demandadas quienes conociendo la situación que enfrentaba el sector no han
intervenido la zona ni mucho menos corregido la situación, razón por la cual su
negligencia ha ocasionado graves e irreparables perjuicios, siendo menester poner
en conocimiento de los Señores Magistrados que el actuar de la Administración
compromete la Responsabilidad Patrimonial de la Administración pública.
Ya que debido al peso y represamiento de las aguas tuvo lugar la caída del techo de
una de las BODEGAS y la pared medianera que colinda con la cancha de Fútbol del
Municipio de Barranquilla, motivo por el cual el patrimonio de mi representada se ha
visto gravemente afectado, razón por la los cual deben ser pagados y resarcidos los
perjuicios ocasionados por parte de las entidades aquí demandadas4 (mayúsculas y
negrillas del original),

B. Posición de la parte demandada

3. La Sociedad Portuaria propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva porque no tenía relación con los hechos de la demanda, pues no participó
en la construcción de las obras públicas que se estimaron como causantes del daño.5

4. El Distrito señaló que la demandante no demostró el daño ni el nexo causal de
este con alguna actuación de la entidad. Agregó que el presunto daño se derivó, según

4 Páginas 195 y 196, archivo “75_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_08001233300020170119.pdf ”, índice 52

Samai Tribunal.
5 Páginas 251 a 255, archivo “75_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_08001233300020170119.pdf ”, índice 52

Samai Tribunal.
3

Radicado: 08001-23-33-000-2017-01193-01 (70021)
Demandante: Lucía Gutiérrez Uribe

la demanda, de la ejecución de obras públicas, esto es, de una actividad lícita del
Estado que la ciudadanía está llamada a soportar6.

5. La Triple A indicó que no participó directa ni indirectamente en los hechos, pues
no ejecutó trabajos de construcción de vías ni rellenos en la zona. Precisó que su
responsabilidad se limita al sistema de alcantarillado de aguas residuales, pero no es
operador ni responsable del alcantarillado pluvial7.

C. Sentencia recurrida

6. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 11 de noviembre de 2022,
denegó las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las siguientes
consideraciones8:

6.1. Encontró acreditado el daño consistente en que el 2 de septiembre de 2016 se
derrumbaron las bodegas del inmueble ubicado en la carrera 42 No. 28 —35 de la
ciudad de Barranquilla, identificado con matrícula inmobiliaria número 040-34436, y de
propiedad de la demandante.

6.2. Precisó que el dictamen pericial practicado en el curso del proceso concluía que
el derrumbe en el inmueble se presentó por la falta de estudio e implementación de un
plan de manejo pluvial en el sector, así como el relleno en la cancha de futbol contigua
al inmueble, ya que actuaba como muro de contención e impedía la evacuación de las
aguas pluviales.

6.3. Sin embargo, determinó que no se acreditó que alguna de las demandadas
tuviera a su cargo las obras de repavimentación que ocasionaron el represamiento de
aguas lluvias, circunstancia que resultaba necesaria para establecer si al momento del
derrumbe las obras aún se encontraban en ejecución y, de ese modo, el daño les fuera
imputable. Agregó que tampoco se acreditó que la cancha de fútbol contigua
perteneciera al Distrito, ni que su relleno fuera ejecutado por la entidad territorial.

6.4. Por lo anterior, concluyó que no se demostró el nexo causal entre el daño y
alguna acción u omisión de las demandadas, por lo que procedía el rechazo de las
pretensiones de la demanda.

D. Recurso de apelación

7. La parte demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia
con fundamento en los siguientes reparos9:

6 Páginas 275 a 285, archivo “75_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_08001233300020170119.pdf”, índice 52

Samai Tribunal.
7 Páginas 286 a 294, archivo “75_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_08001233300020170119.pdf ”, índice 52

Samai Tribunal.
8 Índice 59 Samai Tribunal.
9 Índice 62 Samai Tribunal.

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01193-01 (70021)
Demandante: Lucía Gutiérrez Uribe

7.1. La obra de repavimentación fue ejecutada en el marco de un proyecto vial
liderado por el Distrito, con participación de la Triple A y de la Sociedad Portuaria,
intervención que elevó el nivel de la vía y que, sumada a obras de alcantarillado y a
rellenos en predios colindantes, ocasionó el represamiento de aguas lluvias que
produjo la destrucción de las bodegas.

7.2. El aumento del nivel de la vía causó que el resto de los predios colindantes
quedaran “enterrados”, lo que conllevó a que los moradores del sector rellenaran los
inmuebles para nivelarlos, incluida la cancha de fútbol contigua a las bodegas,
situación que generó el represamiento de aguas lluvias y ocasionó la inundación.

7.3. Aunque en el plenario no obran pruebas directas que acrediten la intervención
específica de las accionadas en la producción del daño, dicha ausencia probatoria
obedece a la falta de información oficial por parte del Distrito sobre las obras
ejecutadas, lo que impidió identificar plenamente a los responsables.

7.4. Se configuró un daño especial por la ruptura del principio de igualdad ante las
cargas públicas, al imponerse a la demandante un sacrificio superior al normal
originado en la legítima y legal actuación de la Administración, contrato
interinstitucional celebrado entre las entidades demandadas “AUNQUE EN EL
EXPEDIENTE NO SE ENCUENTREN LAS PRUEBAS DOCUMENTALES”10
(mayúsculas sostenidas dentro del texto).

E. Trámite en segunda instancia

8. El recurso de apelación fue admitido en vigencia de la Ley 2080 de 2021 mediante
auto del 28 de noviembre de 2023.11 El Ministerio Público emitió concepto en el que
solicitó la confirmación de la decisión de primera instancia12. Las partes guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES

F. Aspectos procesales

9. La señora Lucía Gutiérrez Uribe está legitimada en la causa por activa, puesto que
demostró su derecho de propiedad respecto del inmueble por el cual solicita
indemnización de perjuicios. Con la demanda se allegó el certificado de libertad y
tradición del inmueble ubicado en la carrera 42 No. 2B-35 de Barranquilla (Atlántico),
identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-34436, en el que en la anotación 9
consta la inscripción de la compraventa efectuada a su favor mediante Escritura
Pública 2661 del 29 de noviembre de 2003 de la Notaría Tercera del Círculo de
Barranquilla y, en la anotación 10, el registro de la construcción de dos bodegas
mediante Escritura Pública 0578 del 19 de marzo de 2005 de la Notaría Tercera del

10
Ibidem
11 Índice 05 Samai Consejo de Estado.
12 Índice 11 Samai Consejo de Estado.

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01193-01 (70021)
Demandante: Lucía Gutiérrez Uribe

Círculo de Barranquilla13. Al respecto, se advierte que, según jurisprudencia unificada
de esta Sección, el certificado del registro de instrumentos públicos constituye plena
prueba del derecho de propiedad sobre inmuebles14.

10. La Sala estudiará de fondo las pretensiones porque la demanda se presentó dentro
de los dos (2) años contados desde el acaecimiento del hecho dañoso. El derrumbe
en las bodegas del inmueble de la demandante ocurrió el 2 de septiembre de 2016 y
la demanda se presentó el 25 de septiembre de 201715.

G. Sentido de la decisión

11. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones
de la demanda, habida cuenta de que los reparos que la demandante formuló en contra
de la decisión resultan insuficientes para lograr su revocación.

H. Insuficiencia de los reparos de la parte demandante para controvertir la
decisión de primera instancia

12. El juez de segunda instancia solo tiene competencia para pronunciarse sobre los
reparos concretos formulados en contra de la decisión recurrida, en virtud de los
artículos 32016 y 32817 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (en
adelante “CGP”).

13. En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que la carga de
sustentación del recurso se satisface cuestionando las razones específicas que
fundaron la decisión del juez de primera instancia. En efecto:

A partir del contenido de los citados artículos, resulta diáfano que la carga de
sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la
simple manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la
solicitud de que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la
parte inconforme o mucho menos, con la mera reiteración o remisión de las razones
expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la
contestación. Ello es así, en tanto lo que la ley determina, bajo la garantía de la doble
instancia, es que se ataquen o cuestionen los fundamentos de hecho y/o de derecho
que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable,
no solo porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino
porque exista de por medio un juicio, una razón o una ponderación que conduzca a
considerar que lo definido en primera instancia no corresponde, en derecho, a una

13 Páginas 59 y 60, archivo “75_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_08001233300020170119.pdf ”, índice 52

Samai Tribunal.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 13 de mayo de 2014, expediente 76001-23-31-

000-1996-05208-01 (23128), CP Mauricio Fajardo Gómez.
15 El trámite de la conciliación prejudicial se efectuó entre el 31 de marzo y el 24 de mayo de 2017 (Página 138,

archivo “75_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_08001233300020170119.pdf”, índice 52 Samai Tribunal.).
16 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión

decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión. (…)”
17 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…)”
6

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Demandante: Lucía Gutiérrez Uribe

decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco al que debe sujetarse el juez
al revisar la sentencia recurrida. (…).18.

14. En el caso concreto, el juez de primera instancia tuvo por acreditado el daño,
consistente en la destrucción de las bodegas; sin embargo, denegó las pretensiones
porque no se probó que el daño haya derivado de alguna actuación de las entidades
demandadas, habida cuenta de que no se demostró que las demandadas ejecutaron
las obras de repavimentación en el sector o el relleno de la cancha deportiva.

15. La demandante solicita la revocatoria de la decisión para lo cual plantea que las
obras de repavimentación ejecutadas por las entidades demandadas elevaron el nivel
de la vía, lo cual, sumado, al relleno de la cancha deportiva por habitantes del sector,
generó el represamiento de aguas lluvias causante del daño. No obstante, acepta que,
debido a la renuencia probatoria del Distrito, no obran pruebas en el proceso que
permitan determinar con precisión las obras públicas ejecutadas; sostiene que dicha
circunstancia no impide declarar la responsabilidad estatal a título de daño especial.

16. La Sala considera que los reparos que plantea la demandante son insuficientes para
lograr la revocatoria de la sentencia de primera instancia por las siguientes razones:

16.1. La parte demandante no controvierte en el recurso el fundamento de la decisión
de primera instancia, consistente en la inexistencia de nexo causal entre el daño y
alguna actuación imputable a las entidades demandadas. Por el contrario, la parte
demandante acepta que en el proceso no obran pruebas que demuestren cuales
fueron las obras públicas que se ejecutaron en el sector y la entidad a su cargo,
aspecto sobre el cual señaló:

Es igualmente cierto que no se encuentran dentro del plenario pruebas de la
intervención de las entidades accionadas en la producción del resultado dañoso, sea
por su actuar imprudente, arbitrario o negligente, en descuido de las medidas
necesarias de repavimentación de la vía pública, en razón a que la parte que
represento NO ENCONTRO información disponible, ni en las oficinas de Planeación
de la Alcaldía de Barranquilla, ni en internet acerca de la obra del Proyecto de
repavimentación de la vía principal hacia Barranquillita, ni mucho menos quienes
fueron las entidades que realizaron la obra de repavimentación, ni los contratistas que
ganaron la licitación o el contrato de repavimentación.19

16.2. En consecuencia, la parte demandante no controvirtió la conclusión del juez de
primera instancia, y aunque adujo que la ausencia probatoria se debió a la falta de
colaboración probatoria del Distrito, lo cierto es que no se demostró tal circunstancia.
En efecto, con la demanda no se allegó ni solicitó prueba alguna con la que se
pretendiera demostrar la renuencia del ente territorial a brindar información a la parte
demandante20; mucho menos, solicitaron pruebas en segunda instancia para acreditar
tal afirmación.

18 Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente: 68001-23-31-000-2012-

00368-01(52711), CP José Roberto Sáchica Méndez.
19 Índice 62 Samai Tribunal.
20 Con la demanda se aportaron, entre otros documentos, las escrituras públicas y el certificado de tradición del

inmueble, informes técnicos, avalúos, planos, fotografías y facturas de mantenimiento; copia de un proceso de
7

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Demandante: Lucía Gutiérrez Uribe

16.3. Por otro lado, la parte demandante sostiene que el relleno de la cancha deportiva
contigua al inmueble obedeció a actuaciones de los habitantes del sector. Dicho
planteamiento no constituye un reparo concreto contra la decisión de primera instancia
y, además, implica una modificación de la causa petendi, pues en la demanda se
afirmó que el relleno de la cancha deportiva se derivó de la ejecución de una obra
pública.

16.4. Finalmente, el argumento según el cual la ausencia de medios de prueba no
impide atribuir el daño a las entidades demandadas a título de daño especial
desconoce que la declaratoria de responsabilidad Estatal, en los términos del artículo
90 constitucional21, supone determinar con precisión la autoridad pública cuya acción
u omisión causó el daño.

16.5. En efecto, esta Sección ha señalado que la imputación del daño a una autoridad
pública es uno de los elementos de la responsabilidad del Estado sin importar el título
de imputación bajo el cual se estudie:

Bajo la égida del artículo 90 de la Constitución Política se incorporaron todos los
regímenes tradicionales de responsabilidad patrimonial del Estado, conforme a la
evolución jurisprudencial de esta Corporación, desde aquellos que exigen la prueba
de la culpa (falla del servicio), como otros en que la ruptura de la igualdad ante las
cargas públicas se atribuye sin falta, o sea por responsabilidad objetiva. Es decir, el
canon constitucional comprende aquellos factores con fundamento en los cuales el
Estado responde por los daños que cause de manera directa con ocasión o con nexo
con el servicio, bien como consecuencia de una falla en la prestación de los servicios
que le corresponde cumplir, ora en ejercicio de una acción legítima (daño especial) o
por los daños que constituyan la materialización de riesgos creados por el mismo
Estado (riesgo excepcional). Del contenido de la norma constitucional, se advierte
(…) que, para que se configure la responsabilidad administrativa es necesaria la
concurrencia de tres presupuestos a saber: un daño antijurídico o lesión, una
actuación u omisión imputable al Estado y una relación de causalidad22.

17. En consecuencia, no es posible declarar la responsabilidad Estatal sin una
atribución de responsabilidad específica. Para predicar la falla en el servicio (título de
imputación invocado en la demanda) era necesario precisar la obra pública de la que
se derivó el daño y que esta fue ejecutada de manera irregular por alguna de las
demandadas. Del mismo modo, para declarar la responsabilidad con fundamento en
el daño especial (título de imputación cuya aplicación se solicita en el recurso) debía
determinarse la obra pública de la que de manera legitima y lícita se derivó el daño y
la entidad a su cargo. No obstante, tales circunstancias no aparecen demostradas en
el plenario, como lo reconoce la parte demandante.

restitución de inmueble arrendado; recibos de pago del impuesto predial. Además, se solicitó la práctica de pruebas
testimoniales y una inspección judicial. Páginas 192 a 203 archivo
“75_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_INCORPORA_08001233300020170119.pdf ”, índice 52 Samai Tribunal.
21 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados

por la acción o la omisión de las autoridades públicas. (…)”.
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 05001-23-31-000-
1995-00124-01 (16391), CP Ruth Stella Correa Palacio

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Radicado: 08001-23-33-000-2017-01193-01 (70021)
Demandante: Lucía Gutiérrez Uribe

I. Costas

18. Como el recurso de apelación no prosperó, la parte apelante debe ser condenada
en costas y agencias en derecho de segunda instancia, de conformidad con lo
ordenado en el artículo 188 del CPACA, las cuales serán tasadas y liquidadas por el
tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte actora en favor
de la parte demandada, las cuales serán tasadas de manera concentrada por el
tribunal de primera instancia

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

9

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