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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01265-02

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01265-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Nueve (09) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”, mediante la cual, se 19 Número Interno: 3288-2025 Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ordenó seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: Por SECRETARÍA, ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-01265-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C. Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 08-001-23-33-000-2017-01265-02 (3288-2025)
Demandante: Analida del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla
Medio de Ejecutivo
Control:
Tema: Excepción de compensación
Decisión: Sentencia - Segunda Instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada,
contra la sentencia del Nueve (09) de septiembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral “A”, que dispuso seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda1

1.1 Pretensiones

1. La señora Analida del Rosario Pedroza Zúñiga, por conducto de
apoderado judicial, acudió a la jurisdicción, promovió proceso ejecutivo en
contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el
propósito de obtener el pago de la condena impuesta en la Sentencia del
Veintiuno (21) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), corregida mediante auto
de Tres (03) de febrero de Dos Mil Veintidós (2022), proferida en segunda
instancia por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Segunda – Subsección B, mediante la cual, se revocó la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral de Decisión A,

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SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 02DemandaAnexos.pdf.

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Número Interno: 3288-2025
Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

del Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08-001-23-33-
000-2017-01265-00.

2. Solicitó librar mandamiento de pago por concepto de capital
correspondiente a prestaciones sociales, por los años 2013 a 2015, indexación
e intereses moratorios, y condenar en costas a la parte ejecutada.

1.1.2. Hechos

3. La señora Analida del Rosario Pedroza Zúñiga, promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, con el objeto de
obtener la nulidad del acto administrativo expedido por el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla de Barranquilla, mediante el cual, le negó
la existencia de una relación laboral.

4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, profirió sentencia el Veinticuatro
(24) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), negando las pretensiones de
la demanda.

5. En segunda instancia, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda -Subsección B, revocó la decisión de primera
instancia, mediante sentencia del Veintiuno (21) de octubre de Dos Mil
Veintiuno (2021), la cual, fue notificada por estados el Dos de noviembre (2)
de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021), y, posteriormente corregida,
mediante auto del Tres (03) de febrero de Dos Mil Veintidós (2022).

6. La señora Pedroza Zúñiga, en virtud de lo establecido en el Inciso 5º
del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, dentro de los 3 meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, esto es, el Veinticuatro (24) de junio de Dos Mil
Veintidós (2022), solicitó a la entidad demandada, el oportuno cumplimiento
de la condena.

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Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

7. El Diecisiete (17) de abril de Dos Mil Veintitrés (2023), se venció el plazo
máximo de 10 meses establecido en la norma, y la entidad demandada no dio
cumplimiento a la sentencia condenatoria.

1.2. Mandamiento de pago2

8. Por auto de Diez (10) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala A, libró mandamiento de pago en los
siguientes términos:

«PRIMERO: Librar mandamiento de pago por vía ejecutiva contra del D.E.I.P.
de Barranquilla, por la obligación contenida en la sentencia de fecha 21 de
octubre de 2021, corregida mediante auto de 3 de febrero de 2022, proferidas
en segunda instancia por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda – Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo
Cuéter, por la cual se revocó la sentencia proferida por este Tribunal de fecha
24 de septiembre de 2018, por la suma de Quince Millones Ochocientos
Ochenta Mil Quinientos Ochenta y Siete con veintiséis centavos
(15.880.587.26), los cuales se discriminan así:

Capital indexado adeudado $10.201.873.08
Intereses $5.678.714.18
Saldo $15.880.587.26
(…)»

9. En sustento de su decisión, el A – quo señaló que, una vez liquidado el
crédito por la Corporación, existen sumas pendientes de pago, y habiéndose
superado el plazo fijado en la ley, había lugar al mandamiento ejecutivo
deprecado por la señora Pedroza Zúñiga.

2. Contestación de la demanda3

10. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se opuso a las
pretensiones de la demanda, aduciendo que, carecen de sustento fáctico y
jurídico para su prosperidad.

2
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 15AutoLibraMandamientoDePago.pdf.
3
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00036 – 34_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
201701265EXCEPCION(.pdf) NroActua 36.pdf.

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Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

11. De otro lado, propuso como excepción la de compensación, contenida
en el artículo 1714 del Código Civil y siguientes, sosteniendo que, la señora
Analida del Rosario Pedroza Zúñiga, adeuda al distrito el valor del impuesto
predial, por los años 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2025,
así como, el impuesto de valorización por el año 2012, en virtud de su derecho
de propiedad, sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
No. 040-261947.

12. Con fundamento en lo anterior, consideró que, por cumplirse con los
presupuestos de ley, había lugar disponer la compensación, hasta la
concurrencia de los valores.

3. Sentencia de primera instancia4

13. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”,
mediante Sentencia del Nueve (09) de septiembre de Dos Mil Veinticinco
(2025), declaró no probada la excepción propuesta por la entidad demandada,
ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con el mandamiento
ejecutivo, dispuso la práctica de la liquidación del crédito, de conformidad con
el artículo 446 del Código General del Proceso y, se abstuvo de condenar en
costas procesales.

14. Consideró aplicables las normas civiles en materia de compensación,
por no existir norma especial, frente a obligaciones derivadas de sentencias
judiciales exhibidas para su recaudo; no obstante, el A-quo, concluyó que, si
bien la entidad ejecutada, señaló que entre ella y el extremo activo existen
deudas recíprocas, las cuales, tienen por objeto dinero o cosas fungibles o
indeterminadas de igual género y calidad, no existe certeza, con las pruebas
allegadas al proceso, que las presuntas deudas de la señora Pedroza Zúñiga,
por concepto de impuesto predial unificado y valorización, que gravan al
inmueble ubicado en la Carrera 55 No. 50-43-47, sean actualmente exigibles,
incumpliendo con uno de los requisitos dispuestos en el artículo 1715 del
Código Civil.

15. Sostuvo que, no se allegó acto administrativo mediante el cual, se
consolide la obligación, aclarando que, no basta que el saldo esté liquidado en

4
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00040.

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Número Interno: 3288-2025
Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

una declaración tributaria, pues, debe agotarse el procedimiento previsto en la
normativa tributaria y consolidarse la deuda, sin que se acredite que, la
ejecutada haya iniciado procesos de cobro coactivo en contra de la ejecutante,
lo que sugiere duda, sobre los atributos de la obligación que el ente ejecutado
pretende sea objeto de compensación, es decir, si se trata de una obligación
clara, expresa y exigible.

16. Además, señaló que, la demandante no es la única persona que figura
como propietaria del predio en cuestión, puesto que, el bien fue adquirido
mediante compraventa realizada por el señor Freddy Marrugo Cortés y la
señora Pedroza Zúñiga, por lo tanto, no existe claridad sobre el monto de la
obligación en cabeza de la demandante.

17. Finalmente, concluyó que, la entidad demandada no ha realizado actos
efectivos que demuestren el cumplimiento de la obligación que se ejecuta, y,
la señora Pedroza Zúñiga ha perseguido su cumplimiento por la vía judicial
dentro de la oportunidad correspondiente, por lo tanto, ordenó seguir adelante
con la ejecución.

4. Recurso de apelación5

18. El extremo demandado se opuso a la decisión de primera instancia,
indicando que, los documentos aportados demuestran que, existe una deuda
de parte de la demandante con el Distrito de Barranquilla, por concepto de
impuestos distritales, sin que logre entenderse que el A – quo manifieste que,
no se acredita la exigibilidad de la obligación.

19. Sostuvo que, no es necesario aportar acto administrativo alguno, ni la
existencia de un proceso de cobro coactivo, para demostrar la existencia de la
deuda, porque no existe norma que así lo establezca, considerando que, los
documentos aportados con el escrito de excepciones, son suficientes para
demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación.

5
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00043.

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Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
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20. Adujo que, si existen dos o más propietarios, debe declararse probada
la excepción de compensación, con relación a su participación en la propiedad
del inmueble, pero no concluir que la obligación no es clara.

21. Por lo tanto, solicitó revocar la providencia apelada, y en su lugar,
declarar probada la excepción de compensación.

5. Trámite de segunda instancia

22. Con auto de Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)6, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA y, al no existir
pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para
fallo.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

23. La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción,
según lo previsto en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA7, en
concordancia con lo previsto en el artículo 15 del reglamento de esta
Corporación8.

24. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3289 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 . Problema jurídico

6
Expediente digital- Samai – Índice 00004.
7
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
8
Contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

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Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

25. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

i) De acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, ¿se
configura la excepción de compensación, dada la calidad de
deudores recíprocos entre las partes demandante y demandada,
ante la presunta falta de pago del impuesto predial por parte de la
ejecutante, sobre un inmueble de su propiedad?

26. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco jurídico; 2.4. material probatorio; 2.5. Caso
concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3. Marco jurídico
2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo

27. El proceso ejecutivo, busca «asegurar que el titular de una relación jurídica
que crea obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el
cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su
cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios
patrimoniales que su inobservancia ocasionó»10.

28. El instrumento que sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo,
se denomina título ejecutivo, que se define como el «documento que
representa una declaración de la voluntad del juez o de las partes, es aquél
que trae aparejada la ejecución, o sea, en virtud del cual cabe proceder
sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a fin de
satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y costos»11.

29. Pues bien, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo establece que, constituyen título ejecutivo,
las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, mediante las cuales, se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias; entre otros.

10
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores.
11
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch.

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30. A su vez, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil establece
que, se «pueden demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras
y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su
causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o
de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de
las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía
aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia
(…)»

31. De esta norma se desprenden, por un lado, las características de la
obligación, esto es que sea clara, expresa y exigible, por otro, que debe estar
consignada en un documento y, finalmente, que además de los documentos
que provengan del deudor o causante, las sentencias de condena o cualquier
otra providencia judicial con fuerza ejecutiva, son títulos ejecutivos.

32. En cuanto a los atributos del título ejecutivo tenemos que, la obligación
es expresa, si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de
una presunción legal o una interpretación normativa. Es clara, cuando sus
elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, y es exigible, cuando no depende
del cumplimiento de un plazo o condición, o cuando dependiendo de ellos, ya
se han cumplido12.

33. Asimismo, esta Subsección en providencia del Treinta (30) de mayo de
Dos Mil Veinticuatro (2024)13, dispuso que «cuando se pretende el
cumplimiento de una obligación a cargo del Estado, el título ejecutivo se
constituye exclusivamente en la sentencia, no solo porque el artículo 297 del
CPACA no condicionó su integración con el acto administrativo de
cumplimiento, sino además porque no se cumplen con los requisitos para que
pueda ser catalogado como título complejo, pues no existe una relación
inescindible entre estos para determinar su claridad y exigibilidad».

12
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
13
C.E. Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 30 de mayo de 2024, C.P. JUAN ENRIQUE BEDOYA
ESCOBAR, Radicación: 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022)

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34. En ese contexto, una vez se allegan los documentos correspondientes
y antes de dar inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez verificar, si el
título ejecutivo cumple con los requisitos legales, esto es, contiene una
obligación clara, expresa y exigible a cargo del demandado.

2.3.2. De la excepción de compensación de la obligación.

35. De conformidad con el artículo 442 de la Ley 1564 de 2012, el ejecutado
cuenta con 10 días para proponer excepciones de mérito, las cuales, deben
sustentarse en hechos y material probatorio que las sustente, siendo
procedentes exclusivamente, las de «pago, compensación, confusión, novación,
remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a
la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.»

36. Frente a la compensación, el Código Civil, en el numeral quinto de su
artículo 1625, la consagra como uno de los modos de extinción de las
obligaciones

37. Por su parte, el título XVII de la norma civil, regula la figura, fijando
procedencia y requisitos, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 1714. <COMPENSACIÓN>. Cuando dos personas son deudoras
una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas
deudas, del modo y en los casos que van a explicarse.

ARTÍCULO 1715. <OPERANCIA DE LA COMPENSACIÓN>. La
compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento
de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la
concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las
calidades siguientes:

1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual
género y calidad.

2.) Que ambas deudas sean líquidas; y

3.) Que ambas sean actualmente exigibles.

Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta
disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su
deudor.

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Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

ARTÍCULO 1716. <REQUISITO DE LA COMPENSACIÓN>. Para que haya
lugar a la compensación es preciso que las dos partes sean recíprocamente
deudoras.

Así, el deudor principal no puede oponer a su acreedor, por vía de
compensación, lo que el acreedor deba al fiador.

Ni requerido el deudor de un pupilo por el tutor o curador, puede oponerle por
vía de compensación lo que el tutor o curador le deba a él.

Ni requerido uno de varios deudores solidarios pueden compensar su deuda
con los créditos de sus codeudores contra el mismo acreedor; salvo que éstos
se los hayan cedido.

(…)»

38. De acuerdo con las normas relacionadas, a efectos que opere la
compensación, es necesario que, las dos personas sean deudoras entre sí,
figura aplicable por ministerio de la ley y aun sin el conocimiento de sus
deudores, siendo requisitos, que se trate de dinero o de cosas fungibles o
indeterminadas de igual género y calidad, que sean deudas líquidas y
actualmente exigibles.

39. Frente a los requisitos fijados en el artículo 1715 del Código Civil, el
Tratado de las Obligaciones14, de Fernando Hinestrosa, ilustra:

« 668. LIQUIDEZ Y EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES

Una obligación es líquida cuando de manera explícita manifiesta qué, cómo y
cuánto se debe. Si la prestación ha de ser concretada, si el pago debe aguardar
a una liquidación previa, la deuda no puede entrar en compensación. El art. 491
[2] c. de p. c. trae una definición de liquidez: "Entiéndese por cantidad líquida la
expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por simple
operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas", y en tal
sentido de tiempo atrás se han solido ofrecer como ejemplos de deudas de fácil
liquidación: la de cantidades periódicas o la pagadera por cuotas, la de
intereses, en donde lo que está pendiente es hacer una o varias multiplicaciones
y sumas. Y, a este propósito, por analogía legis (art. 1650 c. c.), pienso que el
juez podría declarar la compensación en cuanto a "la parte no disputada", es
decir, a aquella parte que eventualmente sea líquida.

La deuda es exigible, ante todo, cuando es cierta y está definida, y por lo mismo,
cuando ha llegado la oportunidad de hacer el pago, y el acreedor puede
demandarlo porque ya no tiene nada que esperar para un procedimiento
ejecutivo (art. 488 c. de p. c.)39. Con la anotación complementaria de que, por

14
Hinestrosa Fernando. Tratado de las Obligaciones. (2007). Bogotá D.C. Universidad Externado de Colombia. Pag
822 a 824.

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expresa previsión normativa (art. 1715 in fine c. c.), "Las esperas concedidas al
deudor impiden la compensación; pero esta disposición no se aplica al plazo de
gracia concedido por un acreedor a su deudor". En fin, de plano no sería
compensable una obligación litigiosa, por carecer de ambos requisitos objetivos.

La jurisprudencia francesa, como se anotó, ha atemperado algunas exigencias
o rigideces de los requisitos de la compensación legal (art. 1291 [I] code civil),
así, "prescindió de las condiciones de exigibilidad y liquidez cuando las deudas
son conexas, es decir, nacieron de una misma relación jurídica". Esta referencia
de derecho comparado es útil, en cuanto, sobre la base de textos idénticos (art.
1715 [2.° y 3.°] c. c.), bien cabría esperar entre nosotros un giro jurisprudencial
análogo. De entrada ha de indicarse que si la deuda a cargo de quien propone
la compensación no es exigible aún por plazo pendiente, tal actitud de su deudor
implicaría una prescindencia del resto del término, la haría de suyo exigible y,
por lo mismo, compensable; es la denominada desde DELVINCOURT
"compensación facultativa". Lo que importa allá, no es la naturaleza de la
relación generadora de las obligaciones, sino que el interés de la compensación
obedezca a la función de garantía inherente a ella, a lo que sólo se opondría la
destrucción del sinalagma en los contratos de prestaciones co-relativas. En
otras palabras, no podrían compensarse las obligaciones básicas de aquellos,
que si fuera a darse la compensación -que sería voluntaria o negocial- antes
que pensar en dicha figura lo que habría sería un destrate o negocio disolutorio;
pero sí entre obligaciones secundarias o derivadas de ellos, y por supuesto,
entre el equivalente pecuniario de la prestación y el precio, en el evento de
nulidad, resolución, rescisión. Es ejemplo de aquellas compensaciones de
obligaciones no exigibles la que se produce entre la obligación de resarcir los
daños sufridos por el arrendatario por falta de reparaciones, con la de este de
pagar el precio o renta; la Corte de casación francesa acogió la compensación
de una deuda por no pago de trabajos con un crédito a cargo del acreedor de
él por sustracción de objetos perpetrada por sus dependientes.»

40. En síntesis, a efectos de establecer si se configura o no la excepción de
compensación de la obligación, le corresponde al juez del proceso ejecutivo,
verificar: i) las obligaciones sean dinerarias o, de igual género y calidad; ii) que
el ejecutado la alegue iii) se respalde en hechos ocurridos con posterioridad a
la ejecutoria de la providencia objeto de ejecución, iv) sean líquidas, v)
actualmente exigibles.

2.4 Material probatorio

41. En el plenario, reposan los siguientes medios de prueba, relevantes
para la resolución del caso concreto.

• Copia de la Sentencia del Veintiuno (21) de octubre de Dos Mil
Veintiuno (2021), proferida por el Consejo de Estado Sala de Lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda - Subsección B,

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Número Interno: 3288-2025
Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

mediante la cual, se revocó la sentencia del Veinticuatro (24) de
septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), del Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala Oral de Decisión A, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por la señora Pedroza Zúñiga contra el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y ordenó la nulidad del
oficio QUILLA-17-001036 del Cuatro (04) de enero de Dos Mil Catorce
(2014), declarando la existencia de la relación laboral entre la
demandante y la demandada, desde el Veinticuatro (24) de agosto de
Dos Mil Ocho (2008) hasta el Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil
Quince (2015), salvo sus tres interrupciones y ordenando el pago por
concepto de prestaciones sociales15.

• Auto del tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022), proferido por
el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección
Segunda Subsección B, mediante el cual, se corrigió la Sentencia del
veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021)16.

• Reclamación de la señora Pedroza Zúñiga ante la alcaldía de
Barranquilla Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
mediante la cual, solicitó dar cumplimiento sentencia condenatoria17.

• Captura de pantalla, de las solicitudes de cumplimiento de la
sentencia, presentadas por la demandante ante la demandada, el
Veinticuatro (24) de junio 24 de Dos Mil Veintidós (2022)18, Ocho (08)
de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023)19, y Cuatro (04) de agosto de Dos
Mil Veintitrés (2023)20.

• Certificado de deuda de Impuesto Predial y Contribución de
Valorización, del Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025),
emitido por la Secretaría de Hacienda Distrital, Gerencia de Gestión de

15
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 02DemandaAnexos.pdf – Folios 9 – 32.
16
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 02DemandaAnexos.pdf – Folios 64– 66.
17
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 02DemandaAnexos.pdf – Folios 38 – 39.
18
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 02DemandaAnexos.pdf – Folio 74.
19 19
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 02DemandaAnexos.pdf – Folio 104.
20
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 02DemandaAnexos.pdf – Folio 106.

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Número Interno: 3288-2025
Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Gastos, por los años 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
y 202521.

• Certificado del Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), de
la deuda de contribución de valorización por la vigencia 2012, emitido
por la Secretaría de Hacienda Distrital, Gerencia de Gestión de
Gastos22.

• Documento de la ventanilla única de registro, frente al estado jurídico
del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 040-26194723.

2.4. Caso concreto

42. En el sub lite, no está en discusión el título base de ejecución,
constitutivo de la sentencia proferida por esta corporación el Veintiuno (21) de
octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), corregida mediante auto de Tres (03) de
febrero de Dos Mil Veintidós (2022), proferida en segunda instancia, mediante
las cuales, se declaró la existencia de una relación laboral entre la señora
Analida del Rosario Pedroza Zúñiga y el distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla, ni la condena al pago de prestaciones sociales.

43. La oposición de la entidad demandada, frente a la decisión de segunda
instancia en el presente proceso judicial, mediante la cual, se ordenó seguir
adelante con la ejecución del mandamiento de pago y liquidar el crédito, radica
en que, en criterio del recurrente, el A-quo erró al considerar que, no estaba
acreditada la exigibilidad de la obligación a favor del ente territorial, lo que
impedía tener por demostrada la excepción de compensación, pese a estar
debidamente acreditada, con los documentos allegados junto a la contestación
de la demanda.

21
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00036 – 34_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
201701265EXCEPCION(.pdf) NroActua 36.pdf – Folio 23.
22
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00036 – 34_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
201701265EXCEPCION(.pdf) NroActua 36.pdf – Folios 23-25.
23
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00036 – 34_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
201701265EXCEPCION(.pdf) NroActua 36.pdf – Folios 26-28.

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Número Interno: 3288-2025
Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

44. Adicionalmente, controvirtió la sentencia de primera instancia, por
considerar que, no le era exigible un acto administrativo, o, demostrar la
existencia de un proceso de cobro coactivo, al no existir clausulado legal que
así lo establezca.

45. Finamente, refirió que, al existir dos o más propietarios del inmueble
sobre el que recae la deuda que se pretende compensar, debe declararse la
excepción, frente al grado de participación de la hoy ejecutante en dicha
propiedad, mas no, concluir que, la obligación no es cara.

46. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta
que, tal como lo concluyó el A – quo, en el presente asunto, no se cumple con
los requisitos establecidos por el Código Civil, para considerar configurada la
excepción de compensación, comoquiera que, con el material probatorio
allegado al plenario, no es posible tener por acreditada la exigibilidad de la
obligación en favor del ente territorial.

47. Tal como quedó establecido en el marco normativo, para que se
configure la excepción de compensación, como un modo de extinguir la
obligación, el juez del proceso ejecutivo debe verificar que: i) las obligaciones
sean dinerarias o, de igual género y calidad; ii) que el ejecutado la alegue iii)
se respalde en hechos ocurridos con posterioridad a la ejecutoria de la
providencia que funge como título ejecutivo, iv) sean líquidas, v) actualmente
exigibles.

48. En criterio de la Sala, el requisito relativo a que, las obligaciones a
compensar sean dinerarias, o de igual género y calidad, se encuentra
demostrado, comoquiera que, la señora Pedroza Zúñiga pretende el pago de
las prestaciones sociales, fruto de la relación laboral con el distrito de
Barranquilla, mientras que, la ejecutada aduce una deuda en su favor, por la
falta de pago del impuesto predial, sobre el inmueble ubicado en la Carrera 55
No. 50-43-47, de propiedad de la demandante; es decir, ambas obligaciones
son dinerarias.

49. Adicionalmente, de la sola lectura de la contestación de la demanda, es
verificable para la Sala que, en dicho momento procesal, el distrito de

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Número Interno: 3288-2025
Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Barranquilla propuso la excepción de compensación, es decir, fue alegada por
la parte ejecutada.

50. En lo relativo a que, la excepción de compensación se respalde en
hechos ocurridos con posterioridad a la ejecutoria de la providencia que sirve
de título ejecutivo, la Sala debe señalar que, la sentencia proferida en segunda
instancia por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Segunda – Subsección B, mediante la cual, se reconocieron los
derechos y se ordenó el pago aquí ejecutado, data del Veintiuno (21) de
octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), siendo corregida mediante auto de Tres
(03) de febrero de Dos Mil Veintidós (2022).

51. De conformidad con los anexos de la demanda, la sentencia
referenciada, cobró ejecutoria el Diecisiete (17) de junio de Dos Mil Veintidós24.

52. En ese orden de ideas, por expresa disposición legal, no podrían ser
objeto de compensación, las deudas por dichos tributos, correspondientes a
los años 2012 a 2021, por ser causadas con anterioridad a la ejecutoria de la
sentencia base de ejecución; es decir que, solamente cumplirían tal
presupuesto, las vigencias relativas a los años 2022 y 2025, relativas al
impuesto predial, sobre las cuales, la Sala analizará los demás requisitos y los
argumentos de la apelación.

53. Frente a los requisitos de liquidez y exigibilidad de la obligación que se
pretende compensar, por el impuesto predial de los años 2022 y 2025, la Sala
considera que, no se encuentran acreditados en cabal forma al interior del
proceso, como pasa a exponerse.

54. Tal como lo refirió el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el dossier
procesal, reposa una certificación emanada de la Secretaría de Hacienda
Distrital, en la que25 se relacionan entre otras, las anualidades 2022 y 2025,
correspondientes al impuesto predial, dicho documento, no tiene la virtud de
constituir título ejecutivo.

24
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 02DemandaAnexos.pdf. folio 33.

25
SAMAI- Gestión en otros despachos - Índice 00023 – One Drive – 02DemandaAnexos.pdf.

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55. La conclusión de la Sala, en razón que, en materia tributaria, el artículo
828 del Estatuto Tributario, establece que prestan mérito ejecutivo, los
siguientes títulos:

«ARTICULO 828. TITULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias
presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente ejecutoriados, en los
cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional.

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las
obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el
incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las
demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e
intereses que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales <1>.

PARAGRAFO. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la
certificación del Administrador de Impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de
las liquidaciones privadas u oficiales.

Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el
funcionario competente.»

56. Por su parte, la Ley 1819 de 2016, en su artículo 354, consagra lo
siguiente:

«ARTÍCULO 354. Modifíquese el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006,
modificado por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010, el cual quedará así:

Artículo 69. Determinación oficial de los tributos territoriales por el
sistema de facturación. Sin perjuicio de la utilización del sistema de
declaración, para la determinación oficial del impuesto predial unificado, del
impuesto sobre vehículos automotores y el de circulación y tránsito, las
entidades territoriales podrán establecer sistemas de facturación que
constituyan determinación oficial del tributo y presten mérito ejecutivo.

(…)» (Negrillas de la Sala)

57. A partir de la regulación normativa en la materia, los títulos ejecutivos
que, acreditan la obligación relativa al impuesto predial, lo constituyen los

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Número Interno: 3288-2025
Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
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actos administrativos o las facturas que, lo liquiden, debiendo acreditarse su
debida notificación.

58. Vistas así las cosas, aunque el extremo procesal pasivo considera que,
la decisión de primera instancia, le impuso requisitos adicionales a los
consagrados en las normas que regulan la compensación, para la Sala es
diáfano que, lo requerido por el Tribunal del Atlántico fue, el sustento de la
exigibilidad de la obligación, esto es o el acto administrativo, o la factura de la
liquidación del impuesto predial por los años 2022 y 2025, o, en su defecto, la
constancia de haber librado mandamiento ejecutivo en el proceso de cobro
coactivo al interior de la entidad.

59. En ausencia de tales medios de convicción, y toda vez que, no le
corresponde al juez del proceso ejecutivo, la carga procesal de acopiar los
elementos que, permitan tener por cumplidos la totalidad de los requisitos para
la compensación de la obligación, la Sala se persuade que, le asiste razón al
A-quo al tener por no acreditada la excepción de compensación y ordenar
seguir adelante con la ejecución.

60. Aunque las razones hasta aquí expuestas serían suficientes para
confirmar la decisión de primera instancia, dado que, entre los argumentos de
apelación, la parte ejecutada también plantea que, siendo dos los propietarios
del inmueble respecto del cual, se adeuda el impuesto predial, la
compensación procedería frente al porcentaje de participación; la Sala
abordará dicho aspecto.

61. No obstante, el extremo procesal pasivo, no allegó documento idóneo
que acredite la titularidad del derecho de dominio de la demandante, y del que,
se pueda extraer su participación, no pierde de vista la Sala que, la ejecutante,
al descorrer traslado de las excepciones, allegó certificado de libertad y
tradición sobre el inmueble ubicado en la Carrera 55 No. 50-43-47, y, aceptó
su titularidad sobre el 50 %.

62. Sin embargo, verificado en detalle el documento que milita en el
informativo, en la anotación 009, se consigna una medida cautelar dentro de
un proceso declarativo de pertenencia, seguido ante el Juzgado Noveno Civil
Municipal de Barranquilla, cuyo registro data del Veinticinco (25) de septiembre

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de Dos Mil Catorce (2014), sin que exista registro de levantamiento de la
aludida medida provisional.

63. Vistas así las cosas, para la Sala es absolutamente claro que, estando
en discusión la titularidad del derecho de dominio, sobre el inmueble que
genera el impuesto predial que se pretende sea compensado con la deuda
aquí cobrada, no es factible jurídicamente que, bajo esta cuerda procesal,
tener por satisfecha la exigibilidad de la obligación, ni siquiera a prorrata de los
derechos que se aducen en cabeza de la ejecutante.

64. Siendo así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia que
ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con el mandamiento
ejecutivo y la consecuente liquidación del crédito.

2.5 Condena en costas

65. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

2.6. Conclusión

66. Al no acreditarse los requisitos para la procedencia de la excepción de
compensación, es del caso confirmar la decisión de primera instancia que
ordenó seguir adelante con la ejecución.

67. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Nueve (09) de
septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”, mediante la cual, se

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Demandante: Analida Del Rosario Pedroza Zúñiga
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ordenó seguir adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: Por SECRETARÍA, ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo, previas las anotaciones
y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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