Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01271-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01271-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-01271-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08-001-23-33-000-2017-01271-01 (1009-2023)
Demandante: Rafael Esquivel Di Filipo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
Tema: Reliquidación pensión de jubilación régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Decisión: Revocar sentencia que concedió parcialmente las
pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia del 25 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que concedió parcialmente las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Rafael Esquivel Di Filipo, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de la
Resolución UGM 003986 del 12 de agosto de 2011, por medio de la cual la UGPP
negó la reliquidación de la pensión de jubilación y el pago de las diferencias entre
el mayor valor reliquidado y la pensión que ahora devenga, a partir del 1.° de abril
de 2005, incluidas las mesadas adicionales, debidamente indexada a partir de la
primera mesada e intereses moratorios legales más altos fijados por la
Superintendencia Financiera.
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, solicitó se condene a la entidad demandada a pagar las diferencias
1 Archivo “001 DEMANDA” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-01271-00
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA.
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Demandante: Rafael Esquivel Di Filippo
existentes entre los valores sufragados mensualmente por concepto de pensión y
los que corresponden por concepto de la misma a partir del 1. ° de abril de 2005.
4. Asimismo, pretende que se ordene que dicha reliquidación debe ser indexada
desde la primera mesada con el pago de los intereses moratorios más altos
conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
2.1.2. Hechos
5. La parte demandante señaló como fundamentos fácticos relevantes que el señor
Rafael Esquivel Di Filippo prestó sus servicios al departamento del Atlántico-
Secretaría de Salud desde el 4 de marzo de 1971 hasta el 30 de marzo de 2005 y
que adquirió su estatus pensional el 1. ° de abril de 2005, cuando cumplió con el
requisito de la edad, pues para esa fecha contaba con más de 20 años de servicios.
6. Indicó que, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 el demandante tenía
más de 15 años de servicios, razón por la cual, es beneficiario del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de dicha disposición.
7. Mediante Resolución No. 5812 de 27 de octubre del año 2008, le fue reconocida
la mesada pensional en la suma de $2.149.203.44. Sin embargo, para liquidar la
pensión, la entidad no tuvo en cuenta todos los factores que constituyen salario,
devengados por el demandante durante el último año de servicios.
8. El 28 de julio de 2010, el demandante solicitó a la entidad demandada la
reliquidación de su pensión de vejez, que fue resulta a través de Resolución UGM
003986 de 12 de agosto de 2011, en la que se negó dicha reliquidación.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
9.Como normas vulneradas citó; los artículos 138, 155 y ss., 159, 162 y ss. y 171
y 172 la Ley 1437 de 2011; 36 y 141; 36 de la Ley 100 de 1993; 99 de la Ley 270
de 1996 y demás normas concordantes.
10. Así mismo, señaló que el acto demandado desconoce los artículos 1. ° del Acto
legislativo 01 de 2005; 48 de la Constitución Política; 1. ° de la Ley 33 de 1985; 7.
° de la Ley 71 de 1988 y los precedentes jurisprudenciales sobre indexación
proferidos por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
11.En el concepto de violación explicó que la Resolución objeto de censura
desconoce el régimen aplicable al demandante quien por ser beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho
a que se reliquide su pensión de vejez de conformidad a lo contemplado en la Ley
33 de 1985, es decir, con un monto del 75% del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicios y con inclusión de todos factores
salariales percibidos durante dicho periodo.
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2.2. Contestación de la demanda
12.La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP)3, por intermedio de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que
el ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido al régimen de transición,
por lo que se debe atender a las reglas contenidas en el inciso 3.° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de los salarios sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento pensional.
13. En ese sentido, agregó que, en cuanto a los factores salariales, al momento de
liquidar el IBL se tendrán en cuenta los contemplados en el Decreto 1158 de 1994,
siempre que sobre los mismos se hubieren efectuado los respectivos aportes al
Sistema General de Pensiones.
14. Propuso las excepciones denominadas (i) cobro de lo no debido, (ii)
compensación y (iii) buena fe.
2.3. La sentencia apelada.
15. El Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la sentencia de 25 de marzo
de 20224, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
16. Como fundamento de su decisión precisó que según el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado contenido en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, se entiende que al aplicar el
régimen pensional anterior, se deben respetar los requisitos de edad, tiempo y tasa
de remplazo, y en cuanto al IBL se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, dependiendo del tiempo que le hiciere falta al beneficiario para
adquirir su derecho, a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones.
17. Así mismo, indicó que, de acuerdo con las reglas fijadas por la sentencia de
unificación, los factores que hacen parte del ingreso base de liquidación son
aquellos que se encuentran señalados de manera taxativa en el Decreto 1158 de
1994 y sobre los cuales el trabajador realizó aportes al sistema de pensiones
18. Advirtió que, en los actos demandados CAJANAL, al momento de reconocer la
pensión de jubilación al demandante, lo hizo teniendo en cuenta el 75% del salario
promedio de los nueve 9 años y 8 meses, incluyendo como base de liquidación la
asignación básica y la bonificación por año de servicios; sin embargo, el
demandante además de los factores señalados percibió como factor salarial prima
técnica, que se encuentra enlistado en la Ley 33 de 1985, para liquidar el ingreso
base de la liquidación pensional, y que además de conformidad con lo probado en
el expediente, sirvió como base de liquidación para la cotización de la pensión,
3 Archivo “009ContestaciónDemanda” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-01271-00
4 Archivo “04Sentencia de primera instancia” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-01271-00
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desde el año 1991 hasta el mes de diciembre de 2005.
19. Le asiste derecho al señor Rafael Esquivel Di Filippo, de que se le reliquide la
pensión de jubilación que le fue reconocida por CAJANAL, a través de la Resolución
No. 31990 de 11 de octubre de 2005, y en consecuencia se incluya además de los
factores salariales denominados: asignación básica y bonificación por servicios
prestados, la prima técnica, la cual se encuentra enlistada dentro de los factores
salariales que sirven de base para la liquidación pensional, y sobre la que se hizo
aporte a la cotización pensional, y en ese sentido declaró la nulidad del acto
acusado y ordenó la reliquidación de la pensión es estos términos.
20. Finalmente, estimó que en el presente asuntó operó la prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 10 de octubre de 2014, lo anterior,
atendiendo a que la solicitud de reliquidación se presentó el 28 de julio 2010 y la
demanda se radicó el 10 de octubre de 2017, es decir, más de 6 años después de
que se había presentado la petición. No condenó en costas.
2.5. Recurso de apelación5
21. La parte demandada, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que el
demandante no tiene derecho a la reliquidación en los términos ordenados por el
juez de primera instancia.
22. Señaló que lo decidido en la sentencia de primera instancia no guarda relación
con lo que fue objeto de reclamo en sede administrativa, ya que las peticiones
estaban encaminadas a que se reliquidara la pensión teniendo en cuenta lo
devengado por el demandante durante el último año de servicios, en aplicación a
lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.
23. Indicó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es rogada y por ello
la decisión debió limitarse a lo que se reclamó en sede administrativa y en la
demanda en aplicación del principio de congruencia y en ese sentido, debe ser
revocada.
24. Sostuvo que, en sede administrativa la demandante no cumplió con la carga de
allegar los documentos para que se efectuara su reliquidación en los formatos
establecidos por el Ministerio de Hacienda para acreditar el tiempo laborado y lo
devengado, por lo que el acto demandado se encuentra ajustado a derecho.
25. Sostuvo que la prima técnica no debió ser incluida para efectos de liquidar IBL
de la pensión del demandante, ya que esta no constituye factor salarial cuando se
asigna con base en la evaluación de desempeño. Para sustentar las anteriores
afirmaciones citó las sentencias de 30 de julio de 2015 del Consejo de Estado y C-
5 Archivo “42Recurso de Apelacion de Sentencia” índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-01271-00
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424 de 2006.
26. Indicó que las pruebas allegadas no permiten acreditar si la prima técnica fue
percibida por el demandante por “evaluación de desempeño, o por formación
avanzada y experiencia altamente calificada” a fin de precisar si puede ser
reconocida bajo el Decreto 1158 de 1994.
27. Finalmente, solicitó que en caso de confirmar la sentencia se ordene el
descuento de los dineros sobre los factores salariales que no fueron objeto de
aporte por parte del empleador.
2.6. Trámite en segunda instancia
28. A través de auto de 14 de julio de 20236, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se ordenó correr traslado al agente del
Ministerio Público para conceptuar en segunda instancia.
29.El agente del Ministerio Público rindió concepto a través de memorial allegado
el 22 de agosto de 20237, y solicitó a la Sala confirmar la sentencia de primera
instancia.
30.Señaló que la providencia recurrida fue proferida de conformidad con los
lineamientos fijados por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 28
de agosto de 2018 y que, si bien las reglas de unificación fueron dictadas con
posterioridad a la causación del estatus pensional del demandante, el Consejo de
Estado ha sido reiterativo en señalar que, dicho precedente se aplica a todos los
casos pendientes por resolver.
31.Finalmente, indicó que la prima técnica debió ser incluida como factor salarial
para liquidar el IBL pues se encuentra estipulada como tal en la Ley 33 de 1985.
32. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33.Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1508 de la Ley 1437 de 2011.
6 Índice 4 de SAMAI.
7 Índice 10 de SAMAI.
8 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto
del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
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3.2. Marco de análisis de la segunda instancia
34.Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas
partes apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
35. En el asunto objeto de estudio, la parte demandada es apelante único, por lo
que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los
argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.
3.3. Problema Jurídico
36. La Sala de Subsección establecerá si el demandante tiene derecho o no a la
reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de la prima técnica, conforme
lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso
3.3.1 Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 - IBL de las pensiones
de jubilación reconocidas en virtud del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
37.El régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de
1993, se previó para proteger a aquellos trabajadores que se encontraban próximos
a pensionarse bajo regímenes pensionales vigentes para ese momento.
38. Respecto a la aplicación del mencionado régimen de transición,
específicamente en cuanto al periodo de liquidación y los emolumentos para
establecer el ingreso base de liquidación, surgieron diferentes interpretaciones,
entre ellas, esta Sección en sentencia de unificación de 04 de agosto de 2010 9
consideró que no era taxativo el listado de factores salariales sobre los cuales se
calcula el IBL de la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, modificada
por la Ley 62 del mismo año, al estimar que debían tenerse en cuenta aquellos que
constituían salario, independientemente de la denominación que recibieran, es
decir, todos los que se cancelaran de manera habitual como retribución directa por
el servicio y no solamente los descritos en dicha normativa.
39. Posteriormente, la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018,
entre otras, concluyó que el ingreso base de liquidación - IBL no fue un aspecto
sometido a la transición y, por ende, debía calcularse de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 36, inciso 3. °, y 21 de la Ley 100 de 1993. Para ello, destacó la
relación de correspondencia que existe entre los aportes que hace el empleado a
lo largo de su vida laboral ante el sistema general de seguridad social y los
9 Sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 25000232500020060750901. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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principios de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
40.Finalmente, en la sentencia de 28 de agosto de 201810, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación, unificó su jurisprudencia en
relación con el ingreso base de liquidación – IBL de las pensiones reconocidas con
fundamento en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Posición que deberá aplicarse con efectos retrospectivos «[…] a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables»11.
41.Pues bien, las reglas y subreglas jurisprudenciales fijadas en dicha providencia
son las siguientes:
«92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
[…]
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
10 Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
11 La anterior decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, donde se
analizaron temas tales como las competencias constitucionales de las Cortes de cierre; los efectos de las sentencias que profiere la Corte
Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad en abstracto y en revisión de las sentencias de tutela; la fuerza vinculante
de la interpretación de la Constitución por vía de autoridad y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como
criterio auxiliar de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional en sede de revisión de tutelas, así como las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017
y SU-023 de 2018. Igualmente se analizaron los alcances y efectos de la sentencia C-258 de 2013 y los efectos de la sentencia de
unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
la inescindibilidad del régimen de transición pensional y los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.
A partir de allí se concluyó que en ese caso que « […] el "régimen de transición" previsto en la Ley 100 de 1993 protegía la expectativa
legítima de la demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una
pensión de jubilación liquidada conforme lo dispuso el artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el "equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio".»
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97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el
principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de
Derecho.
98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica este principio
como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más
débil”.
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella
según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo
los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. Según el Acto Legislativo 01 de 2005 que adiciona el artículo 48, para adquirir el
derecho a la pensión deberá cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de
cotización. Para liquidar las pensiones solo se considerarán los factores sobre los que
cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. (Negrilla de la Sala).
42. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación unificó su criterio en torno al ingreso base de
liquidación - IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes: i) al periodo que
debe tenerse en cuenta para liquidar el ingreso base de liquidación - IBL- de las
mismas, y ii) los factores salariales que deben incluirse para dicho efecto.
43.A manera de conclusión, en cuanto al periodo se dispuso que el ingreso base
de liquidación - IBL, para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia
la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional,
corresponderá al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión;
de lo contrario, esto es, si les faltare menos de 10 años, será: i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo
el tiempo, el que fuere superior.
44. De igual forma, se precisó que los factores salariales que deben incluirse son
únicamente (i) aquellos respecto de los cuales se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones y (ii) que se encuentren consagrados
expresamente en la ley.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De las pruebas
45. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte
como relevantes las siguientes pruebas:
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Demandante: Rafael Esquivel Di Filippo
• El señor Rafael Esquivel Di Filippo nació el 16 de enero de 194812, por lo que
acreditó los 55 años, en el año de 2003.
• Prestó sus servicios al departamento del Atlántico- Secretaría de Salud
desde el 24 de septiembre de marzo de 1971 hasta octubre de 2006, en
donde desempeñó como último cargo el de Profesional Especializado,
Código 335, Grado 10.13
• De conformidad con el certificado expedido por el subsecretario de Talento
Humano del departamento del Atlántico de 20 de octubre de 2006 14 el
demandante, desde el año 1996 hasta 2006 percibió los siguientes
emolumentos:
• Salario
• Bonificación
• vacaciones
• Prima de vacaciones
• Prima técnica
• Prima de servicios
• Prima de navidad
• Gastos de representación
• A través de Resolución 31990 de 11 de octubre de 2005 15 Cajanal le
reconoció la pensión de jubilación al señor Rafael Esquivel Di Filippo, en
cuantía de $587.795,63 a partir del 1. ° de febrero de 2004. Sin embargo,
dicha prestación económica quedó suspendida hasta que el demandante
acreditara el retiro del servicio.
• Mediante Resolución 1389 de 20 de febrero de 2006, Cajanal modificó la
Resolución 91990 de 11 de octubre 2006 y ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación, en cuantía de $2.034.223, efectiva a partir del 1. ° de
abril de 2005.16
• En Resolución 39394 de 10 de agosto de 2008, Cajanal negó la reliquidación
de la pensión de jubilación del demandante por nuevos tiempos de servicio.
17
• Mediante Resolución No. 5812 de 27 de octubre del año 2008, Cajanal
reliquidó la pensión de vejez del demandante con la inclusión de nuevos
12 Folio 1 del archivo “4-Registro Civil” contenido en índice y archivo “5 Fotocopia Cedula” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-
001-33-33-000-2017-01271-00
13 Folio 1 y siguientes del archivo “62Certificado Factores Salariales” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-
01271-00
14 Folio 1 y siguientes del archivo “62Certificado Factores Salariales” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-
01271-00
15 Folio 1 y siguientes del archivo “33Resoluciónque resuelve de fondo la petición” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-
000-2017-01271-00
16 Folio 1 y siguientes del archivo “53-Acto Administrativo” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-01271-00
17 Folio 1 y siguientes del archivo “57Resolución” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-01271-00
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tiempos cotizados en cuantía de $2.149.203.44. Dicha pensión fue liquidada
con el 75% del promedio de los devengados durante 8 años y 9 meses (1997
a 2006) “que se encuentran establecidos en el Decreto 1158 de 1994”.(sic)
18
• El 28 de julio de 2010, el demandante solicitó a la entidad demandada la
reliquidación de su pensión de vejez19, que fue resuelta a través de
Resolución UGM 003986 de 12 de agosto de 2011 en la que se negó dicha
reliquidación.
3.5.2. Análisis de la Sala
46. El caso concreto está encaminado a determinar si al demandante le asiste o no
derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con inclusión de todos los
factores salariales que devengó en el último año de servicios, por ser beneficiario
del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
especialmente la prima técnica, conforme lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994.
47. Para resolver, advierte la Sala que, en efecto, el demandante es beneficiario
del régimen de transición contemplado en el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, comoquiera que, a la entrada en vigencia de dicha norma, esto es, el 30
de junio de 1995, tenía 24 años, 3 meses y 26 días de servicio, y 46 años de edad.
48. En atención a la postura adoptada por esta Corporación en la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, el régimen de transición contenido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite conservar las prerrogativas del régimen
anterior, en cuanto la edad para consolidar el derecho pensional20; el tiempo de
servicios o el número de semanas cotizadas21 y el monto22, pero en lo que atañe
al IBL deberá aplicarse la primera subregla, que establece para los servidores que
se pensionen bajo las condiciones de la Ley 33 de 1985, y que el periodo para
liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello o los 10 últimos años de servicio, cuando le faltaren más de 10 años
para adquirir el estatus.
49. Además de lo anterior, la sentencia de unificación enuncia los factores salariales
que se deben tener en cuenta en la liquidación de la pensión, previstos en el artículo
1º del Decreto 1158 de 1994, y sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones
al Sistema General de Pensiones.
50. Ahora bien, el juez de primera estimó que, en aplicación de la sentencia de
unificación el demandante tenía derecho a que su pensión fuera reliquidada con
una tasa de remplazo del 75 % del promedio de los salarios devengados en los 10
últimos años, para lo cual tuvo en cuenta los factores salariales descritos en el
18 Folio 1 y siguientes del archivo “72ActoAdministrativo” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-01271-00
19 Folio 1 y siguientes del archivo “78Derechos” del índice 13 de SAMAI del expediente 08-001-33-33-000-2017-01271-00
20 55 años.
21 20 años.
22 Correspondiente al 75 %.
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Decreto 1158 de 1994, esto es, la asignación básica y la bonificación por servicios
prestados, y, además, incluyó la prima técnica luego de señalar que sobre esta se
habían realizado aportes a pensión.
51. La parte demandada recurrió la decisión de instancia y señaló que esta no es
congruente con la reclamación realizada en sede administrativa ni con las
pretensiones de la demanda, pues estaban encaminadas a que se reliquidara la
pensión teniendo en cuenta lo devengado por el demandante durante el último año
de servicios, en aplicación a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
52. Al respecto, advierte la Sala que, el juez de primera instancia estimó que
resultaba procedente la reliquidación de la pensión demandada conforme a los
lineamientos de la sentencia del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018 por
ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es decir, de
conformidad con el régimen pensional solicitado.
53. Si bien la reliquidación no se realizó en los términos solicitados por el
demandante, esto es, teniendo en cuenta la totalidad de los factores devengados
durante el último año de servicio, el análisis del a quo obedece al cambio
jurisprudencial establecido en la sentencia de 28 de agosto de 2018 respecto el
ingreso base de liquidación – IBL de las pensiones reconocidas con fundamento en
el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que
resultaba aplicable al demandante por ser beneficiario de dicho régimen.
54. Para la Sala, el criterio establecido en dicha providencia resulta aplicable al sub
lite, pues tal caso estaba pendiente de resolución, esto, teniendo en cuenta que en
su momento, esta Corporación analizó el efecto que debía dar a la providencia de
unificación y concluyó que tendría fuerza vinculante y que su aplicación era
obligatoria en todos los casos pendientes de resolución.23
55. Sumando a lo anterior, se estima necesario precisar que en materia pensional
no aplica el principio de justicia rogada, aunque se discuta la legalidad de actos
administrativos, y por ello, el juez tiene la obligación de aplicar el derecho y de
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme a la norma pensional
que corresponda.24
56. En efecto, el Consejo de Estado ha señalado que cuando se discuten temas
pensionales se debe aplicar, el principio iura novit curia, pues se tratan de derechos
irrenunciables, ciertos e indiscutibles, que procuran una calidad de vida acorde con
la dignidad humana.25
23 Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01 (3138-2020)]
24 Sentencia de 10 de febrero de 2022 de radicado 47001-23-33-000-2014-00396-02 (1318-2020) proferidas por la Sección segunda del
Consejo de Estado.
25 Sentencias CE-SUJ-SII-010-2018 12 de abril de 2018. Radicación número: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) proferida por la
Sección segunda del Consejo de Estado.
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57. De acuerdo con las razones expuestas, la Sala estima que fue acertado el
análisis realizado por el juez de primera instancia en cuanto a la aplicación de las
pautas unificadoras de la sentencia de 28 de agosto de 2018 frente al caso concreto
toda vez que no sobrepasó la pretensión del reconocimiento prestacional
reclamado tanto en sede administrativa como en esta instancia judicial.
58. Además, el recurrente señaló que, en sede administrativa, el demandante no
cumplió con la carga de allegar los documentos para que se efectuara su
reliquidación en los formatos preestablecidos oficialmente para acreditar el tiempo
laborado y los factores devengados, por lo que el acto demandado se encuentra
ajustado a derecho.
59. Al respecto se advierte que, en el acto demandado, la entidad no manifestó que
el demandante hubiese faltado al deber de allegar los documentos necesarios para
que se efectuara su reliquidación; por el contrario, en el mismo se hace referencia
a “la historia laboral aportada por el peticionario” con base en la cual se decidió de
fondo, lo que demuestra que la decisión de negar la reliquidación en sede
administrativa no obedece a falta de pruebas o a un incumplimiento del demandante
en allegarlas, por lo que dicho argumento no está llamado a prosperar.
60. Sin embargo, otra consideración merece la decisión de inclusión de la prima
técnica en el reconocimiento pensional.
61. En efecto, la parte demandada indicó que la prima técnica no debió ser incluida
para efectos de liquidar IBL de la pensión del demandante, ya que esta no
constituye factor salarial cuando se asigna con base en la evaluación de
desempeño y que las pruebas allegadas no permitían acreditar si fue percibida por
el demandante por “evaluación de desempeño, o por formación avanzada y
experiencia altamente calificada” a fin de precisar si podía ser reconocida factor
salarial bajo el criterio previsto en el Decreto 1158 de 1994.
62. En lo pertinente, encuentra la Sala que, para el caso particular del accionante,
la prima técnica no constituye factor salarial por tratarse de un empleado del orden
territorial. Sobre ello, esta Corporación ha señalado: 26
“Al respecto la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia de 19 de
marzo de 1998 declaró la nulidad del citado artículo 13 del Decreto 2164 de 199127, al
estimar que con la disposición acusada “(…) se desbordaron los límites de la potestad
reglamentaria, al hacerse extensivo el otorgamiento del régimen de prima técnica a las
entidades territoriales y a sus entes descentralizados, cuando en realidad de verdad, la
intención de Legislador ordinario, al conferir las potestades extraordinarias, fue
únicamente englobar o comprender a los empleos del sector público del orden
nacional”.
26 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "B" Sentencia de 11 de noviembre de 2021. Rad. 47001-23-33-000-2017-
00411-01(1076-21) consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
27 Magistrado Ponente: Silvio Escudero. Radicado 11955. Actor: Félix Hoyos Lemus.
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Así mismo, la Corporación precisó que el artículo 9 del Decreto 1661 de 1991, al prever
que las entidades descentralizadas de la Rama Ejecutiva deberán tomar las medidas
pertinentes para aplicar el régimen de Prima Técnica, de acuerdo con sus necesidades
específicas y la política de personal que adopten, se refirió a los órganos del orden
nacional.
En consideración a lo anterior, se tiene que la prima técnica fue creada para los
empleados del orden nacional, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia, de manera
que este factor no puede tenerse en cuenta en el ingreso base de liquidación de la
accionante, por ser una empleada del orden territorial.”
63.Así las cosas, el demandante no tiene derecho a que dicho factor sea incluido
para determinar el ingreso base de liquidación por haberse desempeñado como
empleado del departamento del Atlántico, es decir, por ostentar la calidad empleado
del orden territorial.
64. Por ello, la Sala revocará la sentencia de primera de instancia que ordenó la
reliquidación de la pensión del demandante por inclusión de la prima técnica como
factor salarial para efectos de liquidar el IBL y en su lugar, negará las pretensiones
de la demanda.
3.6. De la condena en costas en segunda instancia.
65. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas.
66. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 25 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que concedió parcialmente las pretensiones dentro del
proceso promovido por el señor Rafael Esquivel Di Filippo en contra de la UGPP,
por las razones expuestas en esta providencia y en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
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TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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