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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01323-01

Fecha
3 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01323-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de febrero de 2019, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Manuel Roberto Padilla Sandoval, contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia apelada, por las razones expuestas en la motivación de esta decisión. En consecuencia, se dispone: Tercero. Condenar parcialmente en costas de primera instancia a la entidad demandada, las cuales se deberán liquidar por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. 21 Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020) Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia. Quinto. Remitir copia de esta providencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que se inicien las investigaciones a que haya lugar, en relación con la posible conducta omisiva en que pudieron incurrir las autoridades encargadas del pago de las cesantías definitivas al demandante y que hubiera podido causar detrimento patrimonial del erario. Sexto. Reconocer personería al abogado Álvaro Enrique Pérez Salinas como apoderado del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en los términos del escrito que obra a índice 29 del aplicativo Samai. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2017-01323-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

3 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de sucesora procesal
del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval1
Demandado: Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla

Temas: Sanción moratoria cesantías anualizadas y definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia
proferida el 15 de febrero de 2019, por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Manuel Roberto Padilla Sandoval, en nombre
propio, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de los siguientes
actos administrativos: i) el acto ficto negativo producto de la omisión del Distrito
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla en dar respuesta a la petición
presentada el 4 de noviembre de 2015; ii) la Resolución 1768 del 13 de mayo de

1 Tal y como se dispuso en providencia del 6 de mayo de 2021. Folio 490.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

2015, por medio de la cual se reconoció el pago de las cesantías consolidadas; iii) la
Resolución 2624 del 24 de julio de 2015, por medio del cual se reconoció el pago
de las prestaciones sociales definitivas; y iv) el acto ficto negativo originado en la
interposición de los recursos de reposición y apelación contra el acto anterior, en
tanto le negó el pago de la sanción moratoria causada por cada día de retardo en el
pago de las cesantías.2

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar a la demandada a reconocer y pagar i) las cesantías definitivas liquidadas
con el último salario promedio mensual devengado a la terminación de la relación
laboral, esto es, en el periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de marzo
de 2015, con inclusión de los intereses de cesantías, primas de vacaciones, de
servicios, de navidad, y bonificación por recreación, así como el promedio de las
vacaciones a partir del 4 de diciembre de 2014 hasta el 30 marzo de 2015; ii) las
«cesantías consolidadas» por el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2008
y 30 de diciembre de 2014; iii) la sanción moratoria contada desde los 65 días
hábiles después de haber radicado la solicitud ante la entidad hasta cuando se haga
efectivo el pago; iv) los intereses de mora; y v) las costas y agencias en derecho.
Además, pidió que se ordenara dar cumplimiento al fallo en el término dispuesto en
el artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el demandante señaló los siguientes:

i) El señor Manuel Roberto Padilla Sandoval laboró en el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla (Alcaldía Distrital de Barranquilla) en los cargos de
asesor del despacho del alcalde y secretario de relaciones humanas y laborales (E);
inició labores el 4 de diciembre de 2002 hasta el 31 de marzo de 2015.

2 Tal y como se dispuso en la audiencia inicial celebrada el 20 de noviembre de 2018. Folios 342 a

346.

2

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

ii) El 17 de abril de 2015, el actor le solicitó a la entidad demandada el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales definitivas a que tenía derecho.
Sin embargo, en vista de que la entidad no lo realizó dentro de los 65 días hábiles,
y a pesar de haber transcurrido 6 meses y 18 días, el 4 de noviembre de 2015, pidió
que se tomaran las medidas pertinentes a efectos de ordenar el pago de lo
pretendido junto con «los salarios moratorios causados por cada día de retardo,
según lo establece la Ley 244 de 1995».

iii) Como consecuencia de lo anterior, la jefe de la Oficina de Gestión de Nóminas y
Prestaciones Sociales de la Gerencia de Gestión Humana de la Alcaldía de
Barranquilla expidió la Resolución 1768 del 13 de mayo de 2015, por la cual
reconoció el pago de las cesantías consolidadas, depositadas en Porvenir S.A., por
valor de $ 34.465.007. Además, emitió la Resolución 2624 del 24 de julio de 2015,
mediante la cual reconoció el pago de las prestaciones sociales definitivas por valor
de $ 8.650.865, conformado por los siguientes factores: cesantías definitivas y sus
intereses, bonificación por recreación, vacaciones, primas de vacaciones, de
servicios y de navidad.

iv) El demandante interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación en
contra de las Resoluciones 1768 y 2624 de 2015, con el fin de que se reconozca y
pague la sanción correspondiente a un día de salario por cada día de retardo en el
pago de las cesantías, mas los que se causen hasta que se haga efectivo el pago
total, de conformidad a lo establecido en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 1996.3 Sin embargo, la entidad no se ha pronunciado al respecto.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y 4 y 5 de la Ley
1071 de 2006.

3 De la revisión del material probatorio allegado, en los aludidos recursos, el demandante solicitó el

reconocimiento de la sanción por el pago tardío de las cesantías definitivas y de «las consolidadas
que están depositadas a mi favor en Porvenir».

3

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

Al desarrollar el concepto de violación, el demandante expuso 4 que el
reconocimiento de las cesantías no se efectuó dentro de los 65 días hábiles que
establece la norma, con lo cual se generó el derecho al pago de la sanción
moratoria.

1.2. Contestación de la demanda

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por intermedio de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se
expresan a continuación:5 i) las cesantías anualizadas y las definitivas fueron
reconocidas en la oportunidad correspondiente y consignadas en los términos que
otorga la ley, aun cuando el actor interpuso recurso en contra de esas decisiones; y
ii) la sanción moratoria no emerge en forma automática, pues debe acreditarse la
mala fe en la actuación de la administración para que esta proceda.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, mediante sentencia proferida el
15 de febrero de 2019, declaró la nulidad de los actos fictos originados en la falta
de respuesta a las peticiones presentadas el 4 y 25 de noviembre de 2015 y la
nulidad parcial de la Resolución 2624 del 24 de julio de 2015 por medio de la cual
se reconocieron unas prestaciones sociales definitivas, en tanto negaron el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
definitivas. Además, denegó las demás pretensiones de la demanda.

Como consecuencia de lo anterior, condenó al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla a reconocer y pagar al señor Manuel Roberto Padilla
Sandoval la aludida sanción por el pago tardío de las cesantías definitivas
reconocidas mediante la Resolución 2624 del 24 de julio de 2015, equivalente a un
día de salario por cada día de retardo, desde el 4 de agosto de 2015 hasta el 31 de

4 Folios 1 a 16.
5 Folios 107 a 115.

4

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

marzo de 2016 (en atención a que cumplió con la obligación el 1.º de abril de ese
año) esto es, 240 días de mora, para lo cual se tendría en cuenta que el salario base
estará constituido por la asignación básica diaria vigente en el año 2015.

Para tal efecto, expuso las siguientes consideraciones:6

i) Está demostrado que el actor laboró en la entidad desde el 4 de diciembre de
2002 hasta el 31 de marzo de 2015, y que el 17 de abril de 2015, solicitó el
reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas; de manera que esta
contaba con 15 días para pronunciarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4
de la Ley 1071 de 2006. El plazo venció el 11 de mayo de 2015, sin embargo, la
Resolución 2624 del 24 de julio de 2015 fue notificada el 19 de noviembre de 2015,
esto es, mas de 6 meses después de que feneciera la oportunidad para proferirse.

ii) En atención a la jurisprudencia del Consejo de Estado y en consideración a que
la petición se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se deben computar 70
días hábiles contados a partir de la radicación de la solicitud de cesantías definitivas,
esto es, 15 para expedir el acto, 10 de ejecutoria y 45 para realizar el pago. En tal
sentido, los términos vencieron el 3 de agosto de 2015, empero, este se realizó el
1.º de abril de 2016, de forma que se configuró una mora de 240 días calendario,
toda vez que esta inició a partir del vencimiento del término fijado por la ley para el
reconocimiento y pago de la prestación y no desde la expedición del acto
administrativo.

iii) No opera el fenómeno de la prescripción, comoquiera que el actor tenía hasta el
17 de abril de 2018, para reclamar por vía judicial el pago de la sanción moratoria,
y lo cierto es que presentó la demanda el 18 de agosto de 2017.

iv) En cuanto a las reclamaciones de las cesantías «consolidadas», se advierte lo
siguiente: a. las cesantías reconocidas en la Resolución 1768 del 13 de mayo de

6 Folios 394 a 401.

5

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

2015 y que corresponden a las vigencias 2008 a 2014 son las que anualmente se
deben consignar en el fondo escogido por el actor; b. estas se encuentran
consignadas en el Fondo Porvenir; c. conforme lo disponen las Leyes 50 de 1990 y
344 de 1996, deben consignarse a más tardar el 15 de febrero de la siguiente
anualidad; luego, al dar cumplimiento a la norma no resultaba adecuado proferir un
acto para liquidarlas; d. el hecho de haberse proferido un acto administrativo no
indica que el régimen haya mutado, es decir, que dejaran de ser anualizadas; y
e. las reclamaciones relativas a que debió ordenarse su pago no tienen vocación de
prosperidad, pues corresponde al demandante presentar la solicitud de pago al
fondo respectivo; este trámite es ajeno a la demandada.

v) La figura de la mala fe, alegada por la entidad acusada, es propia de la legislación
entre particulares, tal y como lo demuestra el hecho de que los argumentos y
sentencias citadas como fundamento de la excepción, fueron proferidos por la Corte
Suprema de Justicia y hacen referencia a ese tipo de reclamos. Además, las normas
que regulan el problema jurídico debatido no exigen probar la mala fe, pues, para
este sector, opera de manera automática.

vi) No corresponde condenar en costas a la demandada, toda vez que no aparece
que se hubieran causado en esa instancia, tal y como lo exige el numeral 8 del
artículo 365 del CGP.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. El señor Manuel Roberto Padilla Sandoval, por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación7 y lo sustentó así:

i) Debió condenarse a la entidad desde el 4 de agosto de 2015 hasta cuando el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla ordene a Porvenir, mediante
oficio, efectuar el pago de las cesantías consignadas, pues este último no lo hace

7 Folios 464 a 472.

6

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

hasta tanto el empleador lo ordene; entonces, comoquiera que este no ha proferido
la autorización de pago, el demandante no ha podido disfrutarlas. Ello ocurre en
tanto que la demandada no ha comunicado al Fondo sobre la terminación del
vínculo laboral.

ii) Del certificado aportado por el Fondo de Cesantías Porvenir, se advierte que
«todavía se encuentra afiliado al Fondo […] como si estuviera en servicio activo»,
es decir que la demandada no ha ordenado el pago de las cesantías. Aunado a ello,
de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 «el 31 de diciembre de cada año
se hará la liquidación definitiva de cesantía por la anualidad o por la fracción
correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la
terminación del contrato de trabajo». En tal sentido, no cabe duda de que las
cesantías liquidadas y consignadas por anualidad son también definitivas.

iii) De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
al empleador le corresponde expedir la autorización dirigida al Fondo para que esa
entidad realice el pago de las cesantías que fueron consignadas, so pena de
constituirse en mora. No obstante, la decisión del a quo lo obligaría a acudir a la
acción de tutela a efectos de que el empleador resuelva de fondo sus pretensiones.

iv) Debió condenarse en costas pues se desconocieron los numerales 3 y 4 del
artículo 366 del CGP.

Solicitó que se tengan como prueba en segunda instancia los siguientes documentos:
i) copia de la petición presentada al Distrito Especial Industrial y Portuario de
Barranquilla, Alcaldía Distrital de Barranquilla, para que expida la autorización, dirigida
al fondo de cesantías Porvenir para el pago de las cesantías; ii) certificado del 14 de
marzo de 2019, expedido por el fondo de cesantías Porvenir, a través del cual se
informa los requisitos para el retiro de las cesantías por terminación del contrato o
relación laboral; y iii) copia de la petición del 8 de marzo de 2019, dirigida al fondo de
cesantías Porvenir, mediante la cual pidió los requisitos necesarios para el pago de las
cesantías por el retiro del empleado.

7

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

1.4.2. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación8 y lo sustentó así:

i) La decisión del a quo se torna gravosa para los intereses de la entidad que se
encontraba en reestructuración y recuperación de sus finanzas, que ha actuado en
garantía del debido proceso y la salvaguarda de los derechos laborales de sus
empleados y cumplió con el pago anualizado de las cesantías en los términos de la
ley.

ii) El tribunal no tuvo en cuenta la fecha de notificación del acto que reconoce las
cesantías y desestimó el argumento en cuanto a la buena fe; sin embargo, este
principio debe ser aplicable a todos los campos del derecho.

iii) Las cesantías definitivas corresponden a una obligación de 3 meses con el
demandante, esto es, una pequeña diferencia en comparación con las que fueron
consignadas anualmente. Por el contrario, debe recordarse que la Ley 244 de 1995
no establece la obligación de pagar la sanción moratoria por el pago inoportuno de
una diferencia de las cesantías.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

La señora María Luisa Merlano Quintero guardó silencio según se desprende de la
constancia secretarial del 23 de mayo de 2022.9

1.5.2. La demandada

8 Folios 473 a 475.
9 Folio 498.

8

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por intermedio de su
apoderado, solicitó «confirmar el fallo de fecha 15 de febrero de 2019 proferido por
el Tribunal Administrativo del Atlántico».10

1.6. El ministerio público

El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto.11

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer i) si el demandante puede ser beneficiario del
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
definitivas; ii) el periodo en el cual se causó esa indemnización; y iii) si debió
condenarse al pago de costas en primera instancia.

2.2. Marco normativo

2.2.1. La sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas

En lo que respecta al reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, la Ley
244 de 199512 en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que la
administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido; en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar

10 Índice 29 del aplicativo Samai.
11 Según se desprende de la constancia secretarial del 23 de mayo de 2022.
12 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores

públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».

9

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.

En el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 se determinó que una vez se encuentre en
firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta
con el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar la prestación, so
pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo,
en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma
continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro
de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su
vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como
es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica
del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en
la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de
favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes,
prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga al
trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses,
y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la
entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos
dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún
reconocimiento para el trabajador.13

El artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó lo dispuesto en la Ley 244
de 1995, e hizo extensiva la sanción moratoria a las cesantías parciales así:

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público,

13 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.

10

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo
Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

Desde el 4 de diciembre de 2002 hasta el 31 de marzo de 2015, el señor Manuel
Roberto Padilla Sandoval se vinculó con el Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla, según consta en los respectivos actos de nombramiento, posesión
y retiro14 y tal y como lo señaló la entidad en la Resolución 2624 del 2015.15

El 17 de abril de 2015, el actor solicitó a la Alcaldía de la entidad demandada, el
reconocimiento y pago de sus cesantías y prestaciones sociales.16

El 13 de mayo de 2015, la jefe de Nómina y Prestaciones Sociales de la Gerencia
de Gestión Humana de la Administración Central Distrital expidió la Resolución 1768
por la cual dispuso lo siguiente:17«Reconózcase y ordénese el pago de las cesantías
definitivas (sic) al señor(a) Manuel Roberto Padilla Sandoval […] por el periodo
comprendido desde el 23 de mayo de 2008 hasta el 30 de diciembre de 2014,
por una cuantía de $ 34.465.007». Sobre el particular señaló que esa dependencia
realizó el respectivo acto de liquidación por el periodo aludido y que «se encuentran
consignados en Porvenir conforme a la normatividad vigente para cada caso».
[Resalta la Sala].

14 Folios 17, 20, 24 y 25.
15 Folio 32.
16 Folio 27.
17 Folio 35.

11

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

El 4 de noviembre de 2015, el demandante reclamó al ente territorial que se tomaran
las medidas pertinentes a efectos de ordenar el pago de sus prestaciones sociales
junto con los salarios moratorios causados por cada día de retardo.18

El 24 de julio de 2015, mediante la Resolución 2624 se reconoció y ordenó el pago
al demandante las cesantías definitivas por el periodo comprendido entre el 1.º de
enero y el 30 de abril de 2015, por valor de $ 8.650.865.19

El 19 de noviembre de 2015, el actor se notificó de las resoluciones anteriores.20

El 25 de noviembre de 2015, el señor Padilla Sandoval presentó recursos de
reposición y en subsidio apelación en contra de las Resoluciones 1768 y 2624 de
2015.21 En los aludidos recursos, el demandante solicitó el reconocimiento de la
sanción por el pago tardío de las cesantías definitivas y de «las consolidadas que
están depositadas a mi favor en Porvenir».

El 1.º de abril de 2016, le fueron pagadas al actor las cesantías definitivas
reconocidas en la Resolución 2624 de 2015, tal y como se desprende de la
Certificación de Pago 638.22

De acuerdo con la certificación emitida por Porvenir a nombre del señor Padilla
Sandoval, por concepto de «aporte empleador» se realizaron los siguientes pagos:23

Año Valor
2009 $ 14.144.441
2010 $ 4.799.987
2011 $ 4.974.706
2012 $ 5.223.442

18 Folios 28 y 29.
19 Folio 32.
20 Folios 32 y 35 reverso.
21 Folios 43 y 48.
22 Folios 366 a 380.
23 Folios 351 a 356

12

Radicado: 08001 23 33 000 2017 01323 01 (0868-2020)
Demandante: María Luisa Merlano Quintero, en calidad de
sucesora procesal del señor Manuel Roberto Padilla Sandoval

2013 $ 5.484.614
2014 $ 5.673.833
2015 $ 5.900.218

El 9 de diciembre de 2021, el despacho sustanciador negó el decreto de las pruebas
en segunda instancia, por cuanto no fueron solicitadas por el demandante en la
primera y porque si bien las respuestas a las peticiones que se adjuntaron datan del
8 y 14 de marzo de 2019 (fecha posterior a la oportunidad probatoria de primera
instancia) con tales documentos se informa sobre los requisitos para proceder al
retiro de las cesantías por terminación del contrato, lo que corrobora que estos
documentos no atañen a pruebas sobrevinientes ni se está invocando el
acaecimiento de hechos ocurridos después de vencida la oportunidad para
solicitarlas. En ese orden de ideas, se concluyó que no cumplían con ninguna de
las causales establecidas para su decreto.24

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre el reconocimiento de la sanción por el pago tardío de las cesantías
definitivas y el periodo de mora

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que la controversia se circunscribe a establecer si el demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, producto de la tardanza en
que incurrió la administración territorial de Barranquilla en pagar sus cesantías
definitivas.

De acuerdo con el marco normativo expuesto en líneas anteriores, se advierte que
la entidad contaba con 70 días hábiles para pagarlas, para el caso concreto, en
consideración a los 15 días que tuvo para proferir el acto de reconocimiento, los 10
días de ejecutoria25 y los 45 para realizar el pago, de conformidad con lo dispuesto

24 Folios 493 a 495.
25 En consideración a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 ( CPACA), aplicable al caso

para la época de los hechos.

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en los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995.

Al respecto, se advierte que el demandante optó por solicitar el reconocimiento y
pago de sus cesantías al término de la relación laboral, esto es, cuando se dispuso
su retiro, lo que impone a esta Sala darle trámite de reclamación de cesantías
definitivas por tratarse de los saldos pendientes por pagar por la entidad territorial,
al cesar la relación laboral.

En esa medida, si se tiene en cuenta que la solicitud de pago de las cesantías fue
radicada el 17 de abril de 2015, los 15 días con que contaba la administración para
proferir el acto de reconocimiento se cumplieron el 11 de mayo de 2015 y, a partir
de allí se deben contabilizar los 10 días de la ejecutoria del acto, que transcurrieron
hasta el 26 de mayo de 2015; en consecuencia, si se toma como base esta fecha,
los 45 días para realizar el pago fenecieron el 3 de agosto de 2015, no obstante la
entidad le notificó al demandante la Resolución 2624 (por la cual reconoció las
cesantías definitivas) el 19 de noviembre de 2015 y efectuó el pago hasta el 1.º de
abril de 2016. Este recuento coincide con aquel realizado por el a quo.

2.4.2. Lo atinente a la orden de desembolso de las cesantías consignadas en
Porvenir

No obstante, a juicio del demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al empleador le corresponde expedir la
autorización dirigida al Fondo para que esa entidad realice el pago de las cesantías
que fueron consignadas, so pena de constituirse en mora. Así, a su juicio, la mora
debe ser calculada desde el 4 de agosto de 2015 hasta cuando el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla autorice al Fondo de Cesantías Porvenir S.A.,
efectuar el pago.

Para la Sala tal reproche no tiene vocación de prosperidad en tanto que tal y como
lo señaló el Tribunal en la sentencia apelada, la oposición que exista por parte del
fondo de cesantías a efectos de proceder al pago de la prestación resulta ajeno al

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ente territorial, toda vez que la obligación prevista en el artículo 99 de la aludida Ley
50 de 1990 se limita a ordenarle liquidar y consignar «en la cuenta individual a
nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija», más no le impone
autorizar su retiro, máxime teniendo en cuenta que el pago aludido es producto de
la terminación de la relación laboral.

En efecto, en este evento, el pago de las cesantías materializa el objetivo para el
que fueron creadas y es por ello que para el trabajador surge el derecho de retirarlas
en su totalidad si así lo quiere sin que deba mediar autorización alguna. De forma
que una vez acreditado el cumplimiento del mandato relativo a la consignación en
el fondo respectivo, las diferencias que se presenten entre este y el trabajador
escapan del resorte del derecho que salvaguarda la sanción analizada en el sub
judice, y el hecho de que estas se presenten no implica que la entidad haya
incumplido el imperativo tendiente a su consignación.

Aunado a lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 50 de
1990, el trabajador afiliado a un Fondo de Cesantías sólo podría retirar las sumas
abonadas en su cuenta «cuando termine el contrato de trabajo». Al respecto, el
Decreto 2795 de 199126 señala que «Cuando la terminación del contrato de trabajo
ocurra por cualquiera de las causas previstas en la ley laboral, distintas a la de la
muerte del trabajador, para el retiro de las sumas abonadas a su cuenta en un fondo
de cesantía administrado por una Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y de Cesantía bastará la solicitud de aquí (sic), acompañada de
prueba al menos sumaria sobre la terminación del contrato». [Resalta la Sala].

2.4.3. Sobre la prueba de la mala fe

Ahora bien, tampoco tienen vocación de prosperidad los argumentos expuestos por
la demandada, pues tal y como lo dispuso el a quo, esta Sala27 ha señalado que no

26 «Por el cual se dictan normas en materia del régimen de las Sociedades Administradoras de

Fondos de Pensiones y de Cesantía».
27 Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de octubre

de 2012, radicado 08001 23 31 000 2004 01499 01(1274-10). MP. Gerardo Arenas Monsalve; y

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es relevante la constatación de elementos subjetivos de la entidad encargada del
reconocimiento y pago del auxilio de cesantías en el trámite y liquidación de dicha
prestación, para determinar la causación de la sanción por mora, pues en el derecho
público la mala fe no constituye un requisito para la aplicación de la norma, de
forma que basta con la acreditación del pago inoportuno del auxilio de las cesantías
para que se configure la obligación de pago de la sanción.

Aunado a ello, corresponde precisar que de acuerdo con la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2-012-18,28 la sanción moratoria se causa una vez pasados 70 días
contados a partir de la fecha en que se presentó la reclamación de reconocimiento
y pago de la prestación, y no desde la que la entidad notificó el acto administrativo
que reconoce la obligación. Razón suficiente para despachar desfavorablemente
los argumentos de la apelación de la entidad demandada.

Resta precisar que la circunstancia de que la entidad se encontrara atravesando un
proceso de reestructuración, no la exime de cumplir con la obligación de reconocer
y pagar la prestación dentro de los términos establecidos en la ley. Al respecto, es
importante señalar que esta Sección ha reconocido que «si bien en el proceso de
restructuración se deben supeditar derechos individuales del acreedor, al colectivo
de satisfacer todos los créditos en igualdad de condiciones, también lo es que dicho
sacrificio no puede ser de tal magnitud que conlleve el desconocimiento de derechos
fundamentales que puedan ser trasgredidos por un Acuerdo que cercene créditos
laborales legalmente adquiridos».29

Lo expuesto ha llevado a la Sala a considerar que aunque las entidades territoriales
son susceptibles de someterse a procesos de reestructuración, esto «no puede
servir de excusa para que los entes estatales desconozcan derechos laborales, bajo

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 9 de septiembre de 2021,
radicado 17001 23 33 000 2018 00068 01 (2684-2020); y 28 de octubre de 2021, radicado 76001 23
33 000 2018 00686 01(0396-20) MP. William Hernández Gómez.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de 2018, radicado 73001 23 33

000 2014 00580 01(4961-15) CE-SUJ2-012-18, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, radicado

08001-23-31-000-2011-0062-01, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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el fundamento de dar prevalencia al interés general sobre el particular (continuidad
de la empresa) y atender sus créditos en aparente igualdad de condiciones, por el
contrario, en consonancia con aquellas, dichas prerrogativas imponen su especial
atención, puesto que propenden a garantizar la equidad del acuerdo y evitar el
abuso del deudor en desmedro de los acreedores».30

Aunado a lo anterior, en el sub judice, no existe prueba que permita establecer que
el distrito hubiese adelantado un proceso de reestructuración de pasivos de acuerdo
con la Ley 550 de 1999, ni que el demandante en calidad de acreedor de aquel
hiciera parte del citado proceso que consolidara a su favor un valor por concepto de
las cesantías debidas.31 Con todo, esta Corporación ha señalado32 que, en caso de
insolvencia por parte del empleador, los créditos laborales no pueden
ser desconocidos ni cercenados debido a la crisis económica que afronta.

2.4.4. Sobre la condena en costas en primera instancia

El demandante sostuvo en su recurso que sí debió condenarse al pago de costas
en primera instancia pues se desconocieron los numerales 3 y 4 del artículo 366 del
CGP.

Pues bien, por mandato del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 la imposición de
las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba evaluarse la
conducta de las partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar una
estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron conforme con los
criterios fijados en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, sin que se requiera un
examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de octubre de 2021,
radicado 08001-23-33-000-2015-00086-01(1301-19), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
31 Sobre el particular ver sentencia del 15 de abril de 2021, radicado 08001-23-33-000-2015-00036-

01(3945-17), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2017, radicado

08001-23-31-000-2011-00943-01 (4320 -2013), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Esta Subsección33 ha señalado que el concepto de las costas del proceso está
relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del proceso 34 y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba
pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.

Igualmente, indicó que «el concepto de costas incluye las agencias del derecho que
corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que
el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del
Proceso,35 y que no necesariamente deben corresponder al monto de los
honorarios pagados por dicha parte a su abogado36 los cuales deberán ser fijados
contractualmente entre éstos conforme los criterios previstos en el artículo 28
ordinal 8 de la Ley 1123 de 2007».37

Sobre el particular, en sentencia del 7 de abril de 2016,38 respecto de la condena
en costas en vigencia del CPACA, esta Subsección concluyó que la legislación varió

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 7 de abril de 2016, radicado

13001 23 33 000 2013 00022 01 (1291-2014), y del 12 de agosto de 2021, radicado 25000-23-42-
000-2019-00034-01(1965-20) M.P. William Hernández Gómez.
34 Numeral 4.º del artículo 171 en concordancia con el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011.
35 «[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […] En este sentido, 3. La liquidación incluirá el

valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador
o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación
de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor
excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades
especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado
o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]».
36 Criterio aceptado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-043 de 2004 y C-539 de 1999.
37 Regula la norma como deber de los abogados, el de “…fijar sus honorarios con criterio equitativo,

justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el
efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001 23 33 000 2013 00022 01

(1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.

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del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Ahora bien, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las costas
del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó
vencida en el juicio, y que, «en caso de que prospere parcialmente la demanda, el
juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresado los fundamentos de su decisión».

Al respecto el a quo señaló que se abstendría de condenar en costas a la parte
demandada, «habida cuenta que no aparece de que se hubiesen causado en esta
instancia, tal como lo exige el numeral 8 del artículo 365 del CGP», sin fundamento
adicional, pese a que la norma exige expresar las razones suficientes y verdaderas
de la decisión. No obstante, en el sub judice se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en tal sentido, i) la parte demandada resultó vencida,

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y ii) el señor Padilla Sandoval sí incurrió en gastos del proceso en la medida que así
lo ordenó el Tribunal en las providencias del 22 de noviembre 201739 y 24 de enero
de 201840 y este acreditó el pago con copia del depósito realizado en el Banco
Agrario.41

Por lo tanto, no es de recibo el argumento según el cual no procedía la condena en
costas porque no se encontraron demostradas pues tales argumentos no
corresponden con la realidad del proceso y, en consecuencia, sí podía imponerla a
cargo de la demandada, en primera instancia, en razón a que se accedió
parcialmente a las súplicas presentadas por el actor y se ocasionaron los gastos
ordinarios del proceso.

Así, al dar aplicación al numeral 5.º del artículo 365 del CGP debe imponerse una
condena parcial, que corresponderá a un 30 % de las costas, dado que, de las
pretensiones planteadas solo prosperó una, esto es, la relativa al pago de las
cesantías definitivas. En ese orden se revocará el ordinal cuarto de la sentencia
apelada para, en su lugar, condenar parcialmente en costas a la entidad
demandada.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

Conforme a las reglas expuestas en líneas anteriores, y atendiendo lo dispuesto en
el numeral 8.° del artículo 365 del Código General del Proceso, 42 la Sala se
abstendrá de condenar en costas en esta instancia, teniendo en cuenta que si bien
el recurso de apelación que interpuso el actor fue resuelto en forma parcialmente
favorable debido a que se revocará la decisión en cuanto a las costas en primera
instancia, lo cierto es que en sede de apelación no se demostró su causación.

39 Folio 79.
40 Folios 100 y 101.
41 Folios 105 a 106.
42 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia apelada
toda vez que los reproches formulados en los escritos de apelación no tienen
vocación de prosperidad, salvo en lo que atañe a las costas de primera instancia.

Finalmente, como la condena por la mora frente a las cesantías definitivas por razón
del retiro en el año 2015 puede generar detrimento patrimonial para el erario, se
ordenará remitir copias de las sentencias de primera y segunda instancia, con
destino a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación
y a la Contraloría General de la República, para los efectos a que haya lugar y, en
tal sentido, se adicionará la providencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de febrero de 2019, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, en el proceso promovido por el señor Manuel Roberto Padilla
Sandoval, contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia apelada, por las razones
expuestas en la motivación de esta decisión. En consecuencia, se dispone:

Tercero. Condenar parcialmente en costas de primera instancia a la entidad
demandada, las cuales se deberán liquidar por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

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Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Quinto. Remitir copia de esta providencia a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación, a fin de que se inicien las investigaciones a que
haya lugar, en relación con la posible conducta omisiva en que pudieron incurrir las
autoridades encargadas del pago de las cesantías definitivas al demandante y que
hubiera podido causar detrimento patrimonial del erario.

Sexto. Reconocer personería al abogado Álvaro Enrique Pérez Salinas como
apoderado del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en los
términos del escrito que obra a índice 29 del aplicativo Samai.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

22

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