Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01327-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2017-01327-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01327-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-01327-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
Demandante: Sucesoras procesales de Estela Bolívar de Bustamante 1
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.
Tema: Sustitución pensional. Convivencia en calidad de compañera
permanente. Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Carga de la prueba para
desvirtuar la legalidad del acto que negó reconocimiento pensional.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.
ANTECEDENTES
La señora Estela Bolívar de Bustamante instauró demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución RDP 017065 del 25 de abril de 2017, por
1 El 11 de noviembre de 2021 el Tribunal decretó la sucesión procesal y ordenó tener como sucesoras a las señoras
Beatriz Amparo Bustamante Bolívar y Lucero Bustamante Bolívar. Documento visible en SAMAI, índice 002,
Expediente digital, archivo denominado 12. 2017-01327 - DECRETA SUCESIÓN PROCESAL.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
la que se le negó a la actora el derecho a la pensión de sobrevivientes como
compañera permanente del señor Miguel Ángel Ariza Rebolledo. La nulidad parcial de
la Resolución 22214 del 11 de junio de 2009 por medio de la cual se decidió dejar en
suspenso la prestación económica por encontrarse que habían dos personas pidiendo
el mismo derecho.
Que a título de restablecimiento del derecho se ordene el reconocimiento y pago del
100% de la pensión de sobrevivientes «(…) desde la fecha de su ilegal desvinculación
y hasta que se produzca el restablecimiento del derecho. (…) Que no ha existido
solución de continuidad (…) 2»
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la actora fue compañera permanente del señor Miguel Ángel Ariza Rebolledo
desde 1970 hasta el 2008, por lo que fue afiliada como su beneficiaria, en el Sistema
de Seguridad Social en Salud.
Que el 10 de febrero de 2003 se profirió Resolución 01967 por la que CAJANAL
reconoció una pensión de invalidez al señor Miguel Ángel Ariza Rebolledo, a partir del
1 de septiembre de 1998.
Que al fallecer el señor Ariza Rebolledo, la demandante solicitó la pensión de
sobrevivientes, derecho que fue negado en la Resolución 540055 del 4 de noviembre
de 2008; por lo que interpuso recurso de reposición.
Que en la Resolución 11653 del 24 de marzo de 2009, se reconoció la pensión de
sobrevivientes a favor de la señora Lilia Elvira Borja, en calidad de compañera
permanente del señor Ariza Rebolledo.
Que en la Resolución 22214 del 11 de junio de 2009 CAJANAL ordenó dejar sin
efectos la Resolución 540055 del 4 de noviembre de 2008, por lo que quedó en
suspenso el 100% de la pensión de sobrevivientes, dada la falta de claridad respecto
a la titularidad del derecho pensional de las señoras Lilia Elvira Borja y Estela Bolívar
de Bustamante.
Que el 1 de febrero del 2017 la UGPP solicitó a la demandante el envío de la
documentación que diera cuenta de la convivencia, lo que, si bien se realizó, no se
tuvo en cuenta por la UGPP en la Resolución RDP017065 del 25 de abril de 2017,
puesto que no se aportó el poder. Que dicha resolución no fue notificada en debida
forma, por lo que se instauró acción de tutela que fue concedida.
2 SAMAI, índice 002, Expediente digital, página 5 del archivo 01.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como violados los artículos 2, 6, 13, 23 y 29 de la Constitución Política
de Colombia y 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
En el concepto de la violación manifestó que con el acto administrativo demandado se
transgreden las normas superiores porque al ser la demandante compañera
permanente del causante, tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional
y que, al no habérsele otorgado, se le vulnera el derecho al debido proceso.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 30 de noviembre de 2017 y se notificó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, quien contestó en oportunidad 3.
Indicó que debe probarse la convivencia entre el causante y la demandante porque la
señora Lilia Elvira Borja realizó igual solicitud en sede administrativa. Que el acto
demandado es legal dado que se dio aplicación a los artículos 57 del Decreto 1848 de
1969 y 6 de la Ley 1204 de 2008, en los que se dispone que cuando se presente
controversia entre los pretendidos beneficiarios del seguro, se debe suspender el pago
hasta que se decida judicialmente, tal como se hizo.
Se ordenó vincular a la señora Lilia Elvira Borja. El 30 de marzo de 2023 se decretó
su sucesión procesal 4. Contestó la demanda de forma oportuna por medio de curador 5,
quien se opuso a las pretensiones y solicitó tener como pruebas las aportadas por las
partes.
El 20 de enero de 2022 se llevó a cabo la audiencia inicial, las audiencias de pruebas
se realizaron el 24 de febrero y 24 de marzo de 2022 y luego se corrió traslado para
que las partes presentaran sus alegatos de conclusión 6. Las partes reiteraron sus
argumentos y el Ministerio Público no se pronunció.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El 19 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia en la
que negó las pretensiones porque no encontró acreditado, -para ninguna de las
solicitantes-, el requisito necesario para la declaración del derecho a la pensión de
3 SAMAI, índice 002, Expediente digital, páginas 115 a 126 del archivo 01.
4 SAMAI, índice 002, Expediente digital, archivo denominado: 32. 2017-01327 - DECRETA SUCESIÓN PROCESAL
5 SAMAI, índice 002, Expediente digital, archivo denominado: 41. CONTESTACIÓN DE DEMANDA - CURADOR
2017-01327.
6 SAMAI, índice 002, Expediente digital, archivo denominado: 23. ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
sobrevivientes, relativo a la convivencia durante mínimo 5 años inmediatamente
anteriores al fallecimiento del causante pensionado.
Que, la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable,
permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo
espiritual y físico y camino hacia un destino común, por lo que se excluyen los
encuentros pasajeros, casuales o esporádicos e incluso las relaciones que, a pesar
de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de
vida.
Que, para el caso de la señora Estela Bolívar de Bustamante se había probado que
inició su relación con el causante en el año 1970, no procrearon hijos pues los que
tuvo el causante fueron producto de la relación que sostuvo con la señora Lilia Elvira
Borja, que vivieron juntos hasta el año 2005 puesto que, por diferencias familiares, se
fue a vivir a la casa de la señora Lilia Elvira y, luego, decidió mudarse solo en una
pieza por dos años, lo que fundamentó en las declaraciones dadas por la señora
Anyaneth Ariza Borja a la Fiscalía y por la misma demandante ante la Notaría Única
de Baranoa.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que existe claridad
en el derecho a la pensión de sobrevivientes en cabeza de aquella, porque nunca fue
retirada como beneficiaria del Sistema de Salud. Que vivieron juntos desde 1970 hasta
el 2005, fecha en la cual el causante tuvo inconvenientes con los nietos de la señora
Estella Bolívar de Bustamante, por lo que la comisaría de Familia intervino, pero
resalta que fue de común acuerdo que decidieron vivir separados siendo esa la razón
por la que estuvo viviendo con la señora Lilia Elvira Borja y luego se mudó para una
habitación.
Que pese a la separación nunca dejaron de construir comunidad de vida, puesto que
las diferencias con los nietos no incidieron en la relación y que se desplazaba a visitar
la vivienda del causante.
Que no se tuvo en cuenta la declaración extraprocesal del señor Helder Arturo
Mendoza Santiago, rendida en la Notaría Segunda de Barranquilla, en donde se dio
cuenta sobre la dependencia económica de la demandante al causante.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes guardaron
silencio. El Ministerio Público presentó concepto 7, en el que solicitó desestimar los
7 SAMAI, radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02, índice 008.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
argumentos del recurso de apelación al considerar que no se logra acreditar la
convivencia requerida, pues el reconocimiento del derecho a la pensión de
sobreviviente en el caso de los compañeros permanentes está sujeto a una
comprobación material de la situación de vida afectiva en que vivía el pensionado al
momento de su muerte y cinco años antes.
Que, ese requisito se desvirtuaba al revisarse el testimonio de la demandante y el de
los señores Máximo Castro Hurtado y Misael Bolívar Viloria.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
La Sala debe determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes con ocasión a la muerte del señor Miguel Ángel Ariza
Rebolledo. Es decir, si acreditó el requisito de convivencia previsto en el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para ser
beneficiaria de la sustitución de la pensión de jubilación que en vida ostentaba el
causante.
Sobre la pensión de sobrevivientes
A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el Sistema de Seguridad Social
Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su objetivo fue garantizar
a la población el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez
y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se
determinan en la citada ley.
Así, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador
previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, como unas
prestaciones dirigidas a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en
un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en
normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:
«(…) Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades».
En este punto es relevante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma finalidad,
la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un
pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente
exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la pensión de sobrevivientes es aquella
prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que muere
sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la pensión 8.
De acuerdo con lo anterior, lo aquí debatido es el derecho a la sustitución pensional,
debido a que el causante, al momento de su fallecimiento, ya percibía una pensión de
invalidez.
Beneficiarios de la sustitución pensional
En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección en
diferentes oportunidades 9 ha considerado que las disposiciones aplicables son
aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante. En este sentido, en razón
a que el deceso del causante de la pensión se produjo el 9 de marzo de 200810, resulta
aplicable la Ley 100 de 1.993 que en lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de
2.003 y preceptúa:
«(…) Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte».
8 Corte Constitucional. Sentencia T-564 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.
9 Ver, entre otras, las sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008. Exp.
2638-2014.
10 SAMAI, índice 002, Expediente digital, página 38 del archivo 01.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
Conforme a la normativa en cita, se observa que para que la compañera permanente
o cónyuge supérstite sea beneficiaria de la sustitución pensional, se debe probar, en
este caso, que la aquí demandante hizo vida marital con el causante hasta la fecha de
su deceso, no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte.
El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 2.00311 consideró:
«(…) La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
(…) En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio,
la norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del
sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el
caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo
que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto
de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes» (Subrayas de la Sala)
En este orden de ideas, se observa que la exigencia de ese requisito no es otra cosa
que evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y convivencia que
no tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a sustituir, en forma
vitalicia, una prestación.
Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos inmediatamente
anteriores a la muerte del causante, la Sección Segunda 12 ha señalado que «(…) el
legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello para salvaguardar a los
beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar provecho económico».
Debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por lo tanto, no se tienen
en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales,
esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el fallecido pensionado.
Excepción al requisito de convivencia
11 Corte Constitucional. Sentencia C-1094 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017. Exp.
25000234200020130520101 (0286-2015). C.P. William Hernández Gómez.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
La Corte Constitucional 13 y la Corte Suprema de Justicia 14 al momento de exigir el
aludido requerimiento en los términos que prevé la norma, han asumido una postura
que se fundamenta en la configuración de una justa causa que interrumpe la vida
marital y la convivencia, la cual puede incluir circunstancias como fuerza mayor,
problemas de salud o situaciones no imputables al supérstite, casos en los que resulta
irracional responsabilizar al afectado y además, condenarlo a la pérdida del derecho.
La Sala destaca que, mediante sentencia del 25 de abril de 2017 15, el Tribunal
Constitucional encontró que la razón por la cual los compañeros permanentes no
convivían bajo el mismo techo se debía a situaciones de salud de la pareja, lo que
impedía el cuidado mutuo, circunstancia que no implicó una voluntad de concluir el
vínculo.
«(…) Según narra la accionante en su escrito de tutela, su compañero debía
someterse a sesiones periódicas de diálisis, por lo que requería mayores cuidados
y un acompañante para acudir a los tratamientos y las citas médicas
correspondientes, y que ella, debido a sus propios padecimientos de salud, ya no
tenía la capacidad para prestarle dicho acompañamiento y cuidado, de forma que
consideraron que lo mejor para los dos era vivir cada uno con sus respectivos
hijos, de forma que pudieran ser cuidados por ellos, hasta tanto la situación de
salud del causante mejorara. Sin embargo, según afirma la señora Valencia, el
señor Orrego tuvo una crisis de salud que desencadenó su incapacidad para
moverse y hablar, lo cual imposibilitó que pudieran volver a vivir bajo el mismo
techo y los mantuvo residiendo de forma separada hasta la fecha del fallecimiento
del causante.
Ello, no implicó, sin embargo, que se rompiera el lazo de aprecio entre los
compañeros permanentes, ya que, de acuerdo con lo afirmado por la accionante,
siguió manteniendo el contacto con su compañero y nunca hubo, por ninguno de
los dos, la voluntad de concluir con su vínculo.
Entiende esta Sala que, se trata de una razón justa, amparada en una
circunstancia insalvable, derivada de la imposibilidad de mutua ayuda y cuidado»
Posición que ha sido adoptada por el Consejo de Estado 16, ya que en el contexto
expuesto se ha encontrado que la ausencia de la cohabitación está plenamente
justificada y en ese orden, el alcance que se le da a la norma es distinto. Pues, busca
proteger a aquellas personas que por circunstancias especiales se les imposibilitó
mantener el vínculo.
La necesidad de probar en sede judicial la ilegalidad del acto que negó un
derecho
13 Corte Constitucional. Sentencia T-228 de 2023. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
14 Corte Suprema de Justicia. SL1130-2022. Sentencia del 22 de marzo de 2022. M.P. Cecilia Margarita Durán
Ujueta.
15 Corte Constitucional. Sentencia T 245 de 2017. M.P. José Antonio Cepeda Amarís.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 31
de agosto de 2023. Exp. 13001-23-33-000-2017-00611-01 (2268-2020).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
La necesidad de demostrar o probar en sede judicial la ilegalidad encuentra su
sustento en el principio de la presunción de legalidad consagrada en el artículo 88 de
la Ley 1437, el cual establece que «los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar».
De acuerdo con la norma citada, la presunción de legalidad del acto implica que la
decisión es ajustada al ordenamiento jurídico, sin necesidad de que haya un
pronunciamiento de autoridad judicial que así lo declare, pues basta la sola existencia
del mismo para suponer que se ajusta a la legalidad.
Ahora, la presunción de legalidad como atributo del acto, puede ser controvertida y
desvirtuada y, en ese sentido, quien lo pretenda deberá acreditarlo ante el juez
contencioso administrativo, el cual, a través de la sentencia, podrá declarar o no su
nulidad. Al respecto, esta Corporación 17 ha dicho:
«(…) si bien los actos administrativos, como decisiones unilaterales de la
Administración encaminadas a producir efectos jurídicos, son susceptibles de
judicialización por parte de esta jurisdicción a través de las acciones establecidas
en los artículos 84 y 85 del C. A. A., lo cierto es que se encuentran amparados por
la presunción de legalidad derivada del sometimiento coercitivo de la actividad
administrativa al ordenamiento jurídico, propio de los Estados Sociales de Derecho
y, por lo mismo, su control judicial se encuentra sujeto a una carga procesal
de alegación por parte de quien pretenda desvirtuar la presunción,
demarcando de esa forma tanto el terreno de defensa para el demandado
como el ámbito de análisis para el juez y el alcance de su decisión» (Negrilla
para resaltar).
Resolución al caso concreto
Para determinar la convivencia alegada por la recurrente señora Estela Bolívar de
Bustamante como compañera permanente del señor Miguel Ángel Ariza Rebolledo,
se analizará el material probatorio.
Para el efecto, según el marco normativo aplicable a este caso se recuerda que, toda
persona que se crea con derecho a reclamar el traspaso de titularidad de un derecho
pensional consolidado necesariamente deberá demostrar la convivencia con el
pensionado fallecido, pero no solo con la acreditación de un vínculo formal y la
cohabitación en un mismo lugar de residencia, sino con todos los elementos que
conlleva crear un lazo de unión familiar con vocación de estabilidad.
17 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 7 de noviembre de 2012. Exp. 25000-23-27-000-2009-00056-
01(18414). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
Pues bien, la accionante aportó como pruebas, el Certificado de Afiliación en calidad
de beneficiaria a la Caja Nacional de Previsión Social, lo cual señala que figuraba
como acogida por el causante en el sistema de salud 18, cuatro declaraciones
extrajuicio rendidas por los señores Dionisio Sánchez Padilla, Misael Bolívar Viloria,
Helder Arturo Mendoza Santiago y Máximo Castro Hurtado, quienes afirmaron que
conocieron a la demandante y les consta su vínculo de unión marital de hecho y
también la convivencia sostenida por la pareja desde el año 1969, hasta su deceso,
el día 09 de marzo de 2008. En el mismo sentido expresaron que la actora dependía
económicamente de este, que estuvo afiliada a CAJANAL y sus servicios médicos los
prestaba Saludcoop, en calidad de beneficiaria.
El referido material probatorio no ofrece ninguna certeza ni claridad respecto de los
elementos propios de la convivencia en pareja entre la beneficiaria y el titular fallecido,
tales como serían el apoyo mutuo y constante, la comprensión, la vocación de
estabilidad, el correlativo respeto, y el soporte económico, emocional y espiritual
requeridos para profesar una convivencia, durante los últimos 5 años anteriores a su
fallecimiento.
En efecto, al revisar las declaraciones se generaron una serie de preguntas respecto
de su contenido y la capacidad de demostrar con plena credibilidad lo que allí se
consignó, por ejemplo:
¿Por qué la redacción, palabras y forma de expresión en las manifestaciones de los
declarantes es exactamente igual, sin ninguna variación en los datos o el contenido
de lo afirmado?, ¿los deponentes llevaban dos formatos iguales?, ¿se trata de una
minuta de declaración propia de la notaría?, ¿por qué estos no emitieron su dicho de
manera espontánea y natural, indicando sus conocimientos personales de los hechos,
mas no calcados uno del otro?, ¿algún tercero les dijo expresamente qué debían
declarar?
Como se observa, tales preguntas crean una serie de dudas sobre la idoneidad de los
aludidos medios de convicción y de su capacidad para acreditar la supuesta comunión
de vida del titular del derecho pensional y su reclamante supérstite, pues al no
establecerse la espontaneidad en el dicho de los declarantes, difícilmente podrán
extraerse con total certeza aspectos fundamentales para la acreditación de este
requisito como lo son los elementos objetivos y subjetivos de la convivencia.
Ahora bien, es cierto que las declaraciones extrajudiciales del solicitante y de un
tercero son, en esencia, las pruebas legalmente requeridas en vía administrativa para
demostrar la convivencia; sin embargo, no basta solo con su presentación, sino que,
el contenido de aquellas debe tener la suficiencia estructural para llevar al juez a la
18 SAMAI, índice 002, Expediente digital, páginas 10 a 14 del archivo 01.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
certeza de ese hecho, es decir, que sean idóneas 19.
Dentro del proceso de primera instancia se recibió también la declaración del señor
Máximo Castro Hurtado 20, la cual tuvo que ser suspendida en una primera
oportunidad, dado que «(…) se observa que hay una persona suministrándole las
respuestas al deponente, por lo que, solicita que se le llame la atención al apoderado
de la actora» y, en una segunda oportunidad, el declarante manifestó que si bien eran
compañeros de trabajo en la misma empresa por 13 años, pertenecieron a
dependencias diferentes, y destacó que conoció la relación durante aproximadamente
38 años, pero que no podía ofrecer más información por desconocimiento, puesto que
después de que ambos se pensionaron no siguieron en contacto.21Lo que permite
concluir que no le consta realmente lo ocurrido entre la pareja durante los 5 años
previos al fallecimiento del señor Miguel Ángel Ariza Rebolledo.
Se recibió también la declaración del señor Misael Bolívar Viloria22, quien manifestó
que conoció la pareja de cerca, pero que eventualmente se alejaba. Que observó su
convivencia, pero que desconocía dónde había fallecido y manifestó que, al irse para
su casa, al campo, había perdido contacto, por lo que no tenía más detalles.
En consecuencia, para la Sala los testimonios recibidos en primera instancia tampoco
ofrecen certeza sobre la comunidad de vida que debe acreditarse para materializar el
requisito de convivencia necesario para acceder a la sustitución pensional. Al
contrario, del análisis integral de todas las declaraciones se evidencian aspectos que
llevan a la convicción de un hecho contrario, es decir, que la parte actora y el causante
interrumpieron voluntariamente su convivencia en el año 2005 y que, los últimos años
de su vida, en donde más aflicciones de salud presentó, no contó con el cuidado ni la
compañía de la reclamante.
Se llega a esta conclusión porque la misma demandante, en declaración dada ante la
Notaria Única de Baranoa – Atlántico, manifestó que en el año 2005 se habían
separado por dificultades con sus nietos:
«(…) [En] el año 2005 Miguel tuvo algunos incidentes con mis nietos, e incluso la
Comisaría de familia intervino para limar asperezas y, de común acuerdo entre él
y yo decidimos que para el mes de abril viviría en otra parte y en otra casa, fue así
que mientras conseguimos un apartamento o pieza para que él viviera se fue para
19 Esta posición fue planteada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” en sentencia del 27 de
octubre de 2023, dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-02287-01 (3147-2021), en la que se
puntualizó que: «[…] con el objeto de demostrar la convivencia marital, se advierte que, por regla general, la prueba
es una declaración jurada extra proceso del requirente y una de un tercero, donde conste la convivencia y su
término de duración, conforme así lo ha dispuesto la Corte Constitucional mediante sentencia T-921 de 2010. Sin
embargo, la ley no establece los requisitos ni los restringe, y según lo dicho por la Corte Constitucional, de acuerdo
con una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, se permite cierta libertad probatoria para demostrar
la convivencia, siempre que se verifique la idoneidad en cada caso concreto. […]» (Subrayado fuera de texto).
20 SAMAI, índice 002, Expediente digital, archivo denominado: 21. 2017-01327 - AP - SUSPENDIDA
21 SAMAI, índice 002, Expediente digital, archivo denominado: 23. ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS.
22 SAMAI, índice 002, Expediente digital, archivo denominado: 23. ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
donde la señora Lilia Elvira Borja, luego se mudó para la carrera 33 con calle 17
de Soledad, Atl., y por último se mudó al barrio Juan Mina de Barranquilla, Atl.
Donde vivió muy pocos días debido a que le da un coma diabético y falleció en la
Clínica Medrano de Saludcoop de la ciudad de Barranquilla, el 09 de marzo de
2008»23
También porque ello se desprende de la historia clínica transcrita en las páginas 198
a 205 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla,
donde se consignó que en los últimos días en los que su salud estuvo agravada,
quienes acudían con él al hospital eran vecinos, o asistía por sus propios medios o,
luego de su ingreso, se presentaba una de sus hijas. Nunca se dio cuenta de la
presencia de la solicitante:
«(…) A folio 70 se encuentra historia del 29 de enero de 2008 (…) motivo de
consulta: “no sabe que tiene”, enfermedad actual “paciente lo trae vecino, remitido
verbalmente de puesto de salud por tener la presión alta (…) ingresa con habla
incoherente, intranquilo, se realiza glucometría que reporta 40, se ordena LEV +
insulina, glucometría de control 140, recibió comida, paciente que está solo no
tiene dinero y manifiesta deseos de retirarse, se considera que está en condiciones
para hacerlo, pero por sus condiciones monetarias se decide llamar al servicio al
cliente para tramitar traslado. (…) Ya llegó un familiar del paciente, la hija –
Anyanet Ariza.
(…) A folio 73 se encuentra historia del 31 de enero 2008 (…) Forma de llegada:
Ambulancia. Encontraron mal al paciente, ingresa a urgencias traído sin familiares,
recogido por ambulancia en corregimiento de San Juan Mina, ingresa en mal
estado general, estuporoso, fetidez generalizada, malas condiciones de higiene y
nutricionales, no responde al llamado, es hipertenso y diabético por historia
anterior… 12:41 Paciente quien ingresa en estado de coma, con mal patrón
respiratorio en malas condiciones generales, sin acompañante.
(…) A folio 75 se encuentra evolución clínica (…) familiar: hija, informada del mal
pronóstico del paciente por su condición clínica actual coomorbidades
asociadas»24
Se resalta entonces que, si bien en el recurso se dijo que la pareja se separó de
cuerpos por una dificultad familiar con los nietos de la actora, lo que en principio podría
entenderse como un motivo para no poder convivir bajo el mismo techo, lo cierto es
que del estudio integral de las pruebas no existe certeza de que este suceso haya
impedido la convivencia entre ellos, la cual perfectamente pudo darse en otro lugar o
domicilio, como tampoco que pese a esta situación hayan mantenido una vida en
pareja durante los últimos años de vida del causante, es decir, en la que se observe
el apoyo mutuo, el acompañamiento y solidaridad aspectos propios y característicos
23 SAMAI, índice 002, Expediente digital, página 53 del archivo 01.
24 SAMAI, índice 002, Expediente digital, página 202 del archivo 01.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
en una relación de compañeros o esposos.
Para la Subsección, lo que se concluye de las pruebas allegadas es que el señor
Miguel Ángel Ariza Rebolledo, pese a tener una condición de invalidez razón por la
cual fue pensionado por la UGPP, estuvo viviendo solo los últimos tres años de vida,
de hecho, los días previos a su fallecimiento, la historia clínica allegada al proceso da
cuenta de que su estado era prácticamente en abandono y total descuido.
Por otro lado, de las constancias de afiliación en calidad de beneficiaria al sistema de
salud, tampoco puede predicarse una vida en pareja; pues únicamente puede
extraerse un beneficio prestacional.
En esa medida, para demostrar la convivencia correspondía a la demandante traer a
este proceso todos los medios de prueba para desvirtuar la presunción de legalidad
del acto que negó la sustitución, como la solicitud de testimonios, documentos sobre
los compromisos contraídos por la pareja, fotografías, videos, cartas o cualquier otro
material que permitiera extraer las condiciones de vida en común entre ambos a lo
largo de su vida, -o a lo sumo, durante los últimos 5 años inmediatamente anteriores
al fallecimiento-, lo cual no ocurrió en este caso.
La demandante se limitó a traer unos testimonios que no resultaron útiles en el
proceso judicial y a reiterar las pruebas con las cuales elevó su solicitud pensional en
vía administrativa, aquellas que la entidad consideró insuficientes para generar
certeza respecto a un proyecto común de vida entre la pareja al menos durante los 5
años previos al deceso, desconociendo que conforme al artículo 167 del CGP 25 era
su deber acreditar que cumplía con los requisitos para acceder a la pensión, pues el
acto que le negó el derecho goza de presunción de legalidad y en su momento fue
expedido por advertir que con su reclamación no se encontraron evidencias que
permitieran concluir la existencia del beneficio pensional pretendido.
Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones.
De la condena en costas en segunda instancia
25
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará
en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto
de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron
lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares. […]»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio introducido
por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 26 en el que se indica que
dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera que en el
presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los argumentos
esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta tal
supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por los motivos expuestos.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
26 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 08001-23-33-000-2017-01327-02 (5035-2024)
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.