Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01405-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-01405-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-01405-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
31 de mayo de 2018
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE BONO PENSIONAL - Al ser la parte actora un sujeto de especial protección
¿la acción de tutela es procedente para obtener el reconocimiento, emisión y redención de un bono pensional? (…) [L]a Sala observa que la acción de tutela impetrada por el señor [C.R.A.] se torna procedente, toda vez que para soportar el perjuicio irremediable alegado, se acreditó que se trata una persona de especial protección, de la tercera edad, con un aparente delicado estado de salud (ello no fue desvirtuado), de quien depende su esposa, también de avanzada edad , y de quienes la situación económica es preocupante hasta el punto de poderse ver afectado el mínimo vital.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA - Ampara / SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL BONO PENSIONAL / OMISIÓN EN EL PAGO DE LA CUOTA PARTE A CARGO DEL EMPLEADOR - En cabeza del Ministerio de Defensa Nacional
[La Sala deberá] determinar si: ¿[l]as autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor [C.R.A.] supeditando el reconocimiento de una pensión en su favor, a la emisión y redención de la cuota parte del bono pensional al cual tiene derecho, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional? (…) [L]a Sala concluye que la AFP Porvenir y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a que a la fecha de presentación de la acción de tutela no se había emitido y redimido en favor del señor [C.R.A.] el bono pensional por él pretendido, si han adelantado los trámites administrativos pertinentes; cosa distinta es, que el Ministerio de Defensa Nacional presentara demora en procesar lo pertinente a su cuota parte pensional del referido bono. (…) Y, si bien es cierto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito de 8 de marzo de 2018, informó que mediante Resolución 17582 de 26 de enero de 2018, otorgó cumplimiento a la orden de amparo, el contenido de dicho acto administrativo da cuenta de la emisión y órdenes de pago de varios bonos pensionales Tipo A, sin que se permita tener mayor claridad frente al caso en concreto; razón por la cual, en aras de garantizar los derechos fundamentales del actor, se confirmará la decisión del a quo en lo que respecta a los Ministerios de Defensa Nacional y Hacienda y Crédito Público. (…) [Asimismo, la Sala considera que es] viable ordenarle a AFP Porvenir S.A. que emita una respuesta de fondo respecto a la solicitud del reconocimiento pensional elevada por el actor el 26 de octubre de 2017, bajo radicado 0104710007307600, en tanto ya ha sido superada la problemática respecto a la cuota parte pensional a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, para la emisión y redención del bono pensional pretendido.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 08001-23-33-000-2017-01405-01
Actor: CÉSAR RODRÍGUEZ ARROYO
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por el Ministerio de Defensa Nacional y la AFP Porvenir S.A. contra la sentencia de 15 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que amparó los derechos fundamentales de petición, vida digna, seguridad social y mínimo vital del señor César Rodríguez Arroyo, con ocasión de la no expedición del bono pensional respecto del cual asegura tiene derecho.
EL ESCRITO DE TUTELA
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante en su escrito:
Señala el señor César Rodríguez Arroyo que: i) está afiliado a la AFP Porvenir S.A., ii) su último empleador fue la empresa Temporal (quien lo retiró del servicio por haber cumplido la edad de pensión) , iii) cuenta con 64 años de edad y, iv) a junio de 2017 ha cotizado 1351 semanas al sistema de seguridad social en pensión.
Informa que el 13 de febrero de 2017, solicitó ante AFP Porvenir S.A. el reconocimiento de una pensión de jubilación o la devolución de cotizaciones, quien le informó que no era procedente la última opción en tanto cumplía con los requisitos de una pensión; sin embargo, resalta que a la fecha no le ha sido reconocida la misma.
Asegura que han transcurrido más de 8 meses desde que el fondo de pensiones emitió la respuesta referida y 5 desde que fue despedido, sin ser pensionado, encontrándose sin seguridad social en salud pese al tratamiento médico que requiere, dadas las dolencias que padece en su región lumbar consecuencia de un siniestro de trabajo, lo cual, junto con su avanzada edad, le impide emplearse nuevamente; situación que afecta gravemente su mínimo vital y el de su núcleo familiar (esposa y nietos).
Manifiesta que ante la situación presentada, el 25 de octubre de 2017, insistió ante Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de una pensión, frente a lo cual el fondo mediante oficio 0104710007307600 de 31 del mismo mes y año, desconociendo sus derechos fundamentales, según su dicho, le informa que «no me puede ni siquiera inscribirme en la solicitud de pensión, porque el bono pensional del Ministerio de Defensa en que se cotizó a Colpensiones, no se ha pagado y hasta que no se pague dicho bono no se me puede pensionar».
Pretensión
Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó «[…] amparar mis derechos fundamentales invocados y se proceda a ordenar al Ministerio de Defensa Nacional trasladar el bono pensional a Porvenir y ordenar a Porvenir el reconocimiento y pago de la pensión»
ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto de 11 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Atlántico, en sala unitaria, admitió la acción de tutela de la referencia, por lo que ordenó la notificación de los Ministerios de Defensa Nacional y Hacienda y Crédito Público, a la AFP Porvenir S.A. y, a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, en calidad de demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.
INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El jefe de oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, manifestó que el presente asunto resulta improcedente, ya que lo pretendido por la parte accionante es obtener el reconocimiento, emisión y pago de un bono pensional, derecho que como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser objeto de estudio a través de este mecanismo constitucional
En cuanto a la situación del señor César Rodríguez Arroyo, señaló:
«[…] Se trata de un Bono Pensional tipo A, modalidad 2, en estado PENDIENTE EMISIÓN – REDENCIÓN desde el día 05 de julio de 2017, fecha en la cual la AFP PORVENIR, con base en la autorización dada por el accionante al momento de suscribir en señal de aceptación la liquidación provisional, ingresó la respectiva solicitud en el sistema interactivo de bonos pensionales de esta oficina siendo el emisor del mismos la NACIÓN, con el cupón principal del bono a su cargo y en donde adicionalmente participa como contribuyente el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL con su respectivo cupón a cargo.
La fecha de redención normal del bono Pensional del accionante tuvo lugar el día 17 de octubre de 2015, fecha en la cual el señor CÉSAR RODRÍGUEZ ARROYO alcanzó los 62 años de edad. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el literal a) del Artículo 20 del Decreto 1748/95.
[…]
La AFP PORVENIR en fecha 05 de julio de 2017, ingresó vía magnética, al sistema interactivo que alimenta la base de datos de la Oficina de Bonos Pensionales para liquidar los bonos a cargo de la Nación, solicitud de Emisión y redención del bono pensional del afiliado CÉSAR RODRÍGUEZ ARROYO, solicitud que se encuentra pendiente de procesar por el sistema de bonos pensionales de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, por las razones previamente expuestas.
Adicional a lo anterior, consideramos oportuno informar a los Honorables Magistrados que una vez vencido el término de que trata el parágrafo del Artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, mediante comunicado C2017070088 de fecha 09 de julio de 2017, esta oficina en su calidad de emisor del cupón principal del bono pensional del señor CÉSAR RODRÍGUEZ ARROYO, solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL el reconocimiento y pago de la cuota parte que debe asumir dentro del bono pensional del referido señor, sin que hasta la fecha dicha entidad haya procedido de conformidad con lo solicitado, circunstancia que impide a la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público continuar con el proceso de emisión y redención del bono pensional del señor RODRÍGUEZ ARROYO.
Un beneficiario del Régimen de Ahorro Individual, en los casos que proceda, tiene derecho a un único Bono Pensional Tipo A, que debe ser fiel reflejo de la totalidad de la historia laboral válida para liquidar el mismo; en el momento en que esa historia laboral sea certificada en su totalidad por la entidad responsable de la misma, se puede determinar el valor total correcto del bono pensional.
[…]»
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir SA.
El fondo pensional, actuando a través de la directora de litigios, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, solicitó la desvinculación del asunto, en tanto no existe vulneración alguna que se le pudiere endilgar, y que, por el contrario, el llamado a responder frente al petitum del actor es el Ministerio de Defensa Nacional.
Ministerio de Defensa Nacional
El ente ministerial, mediante escrito de 19 de diciembre de 2017, luego de señalar la improcedencia de la acción de tutela para obviar trámites administrativos en materia pensional, cuya competencia en este caso recae en Porvenir, solicitó negar el amparo invocado al señalar que una vez dicho fondo pensional requiriera la expedición del bono pensional del actor, adelantó el trámite pertinente al respecto.
Más exactamente informó «que el 3 de noviembre fue aprobado el (CPD) No. 92617 para el pago de bonos pensionales y que respecto del accionante la entidad atreves (sic) de la resolución No. 5267 De 14 de Diciembre De 2017, Dispuso reconocer el bono pensional solicitado por la AFP porvenir».
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 15 de enero de 2018, amparó los derechos fundamentales de petición, vida digna, seguridad social y mínimo vital del señor César Rodríguez Arroyave, y dispuso:
«[…] SEGUNDO: ORDENAR al Jefe/Director del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional o a la dependencia autorizada para ello, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo han hecho, adelante las actuaciones administrativas necesarias para que dentro de ese mismo término proceda a la verificación y confirmación de la historia laboral utilizada para liquidar el bono pensional del señor César Rodríguez Arroyo, quien prestara sus servicios en dicha entidad en el periodo comprendido desde el 13/11/1973 hasta 30/10/1975, dirigiendo su respuesta a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cumplido lo anterior y en el término de dos (2) días, el Ministerio de Defensa Nacional – Grupo de Prestaciones Sociales procederá al reconocimiento y pago de la obligación a su cargo (cuota parte financiera), decisión que deberá poner en conocimiento del Ministerio de Hacienda.
TERCERO.- ORDENAR al Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, que una vez verificada y confirmada la historia laboral utilizada para liquidar el bono pensional del señor César Rodríguez Arroyo por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Grupo de Prestaciones Sociales o quien haga sus veces, proceda a emitir – redimir el bono al que tiene derecho el señor César Rodríguez Arroyo, y enviarlo a la AFP Porvenir S.A., sin que dicho trámite supere los tres (3) días siguientes a la data en que se reciba la respuesta (confirmación historia laboral y reconocimiento y pago de la cuota parte financiera).
CUARTO.- ORDENAR al representante legal de la AFP Porvenir S.A., si aún no lo ha hecho que en el término de 48 horas siguientes al cumplimiento de lo decretado en el párrafo anterior, proceda a realizar la liquidación de los aportes de la cuenta de ahorro individual del accionante, y ordene el reconocimiento y pago de la mesada pensional del señor César Rodríguez Arroyo.
[…]»
Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:
«[…], verificándose en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala que el Ministerio de Defensa Nacional, quien participa como contribuyente en el bono pensional del señor César Rodríguez Arroyo, no ha procedido a la verificación y confirmación de la historia laboral del referido accionante, circunstancia que imposibilita que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales pueda darle trámite a la solicitud elevada por la AFP Porvenir S.A.
[…]
De otro lado y a pesar de verificarse que la AFP Porvenir S.A. ha adelantado las actuaciones administrativas tendientes al reconocimiento de la prestación económica (pensión de vejez) reclamada por la accionante, tales gestiones han sido insuficientes para garantizar el acceso a aquella, como quiera que no ha cumplido con su deber de responder de forma oportuna la petición de reconocimiento pensional elevada por el César Rodríguez Arroyo, ello si se tiene en cuenta que desde la data en que se registró la liquidación provisional del bono pensional en el sistema de bonos pensionales de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (05 de julio de 2017) hasta la fecha de elaboración de esta providencia, han transcurrido seis (6) meses y diez (10) días, plazo que dista del señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 975 de 2003, esto es, “seis (6) meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales”.»
LA IMPUGNACIÓN
AFP Porvenir S.A. impugnó la decisión del a quo, al considerar que la misma constituye una vía de hecho al desconocer que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad encargada de reconocer y pagar la garantía mínima de vejez, por lo cual,
Aduce que la orden impuesta de reconocer y pagar una pensión de vejez en favor del señor César Rodríguez Arroyo resulta de imposible cumplimiento, que desconoce las disposiciones del artículo 64 de la Ley 100 de 1993; toda vez que, en el régimen de ahorro individual no existe una pensión preestablecida, «por cuanto el factor determinante es el capital acumulado en la cuenta de ahorro pensional».
Concluye que «ES CLARO QUE EL ACCIONANTE A LA FECHA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA ACCEDER A UNA PENSIÓN DE VEJEZ EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUALCON SOLIDARIDAD, PUES AL TENOR DER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 100 DE 1993 NO CUENTA CON EL CAPITAL QUE LE PERMITA FINANCIAR LA PENSIÓN»; ello sin contar, con que el actor a la fecha no ha desplegado actividad alguna con el fin de obtener un reconocimiento pensional en su favor, pues si bien elevó una solicitud, la misma pese a que fue atendida, no contaba con documento adjunto alguno.
Señala que la acción de tutela debe ser desestimada, en tanto el actor no allegó prueba alguna que demuestre que se encuentra expuesto a sufrir un perjuicio irremediable.
ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
El jefe de la oficina de bonos pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito de 8 de marzo de 2018, informó acerca del presunto cumplimiento otorgado al fallo de tutela, en lo que a este respecta, señalando que mediante Resolución 17582 de 26 de enero de 2018, se ordenó la liquidación y el pago del bono pensional en favor del señor César Rodríguez Arroyave, como prueba de ello adjuntó copia de la misma.
Además, recordó que es AFP Porvenir S.A. la encargada de definir la prestación a la cual tiene derecho el actor de acuerdo con la ley.
CONSIDERACIONES
Con el fin de resolver la presente acción de tutela, en esta providencia se tratarán los siguientes aspectos: competencia, cuestión previa, problema jurídico, procedencia de la acción de tutela, normatividad de los bonos pensionales y, solución al caso concreto.
Competencia:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”, esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 15 de enero de 2018.
Problema Jurídico.
Consiste en determinar si: ¿la acción de tutela es procedente para obtener el reconocimiento, emisión y redención de un bono pensional?
De ser superado el anterior derrotero, determinar si: ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor César Rodríguez Arroyo supeditando el reconocimiento de una pensión en su favor, a la emisión y redención de la cuota parte del bono pensional al cual tiene derecho, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional?
De la procedencia de la tutela.
El artículo 86 constitucional señala que: « […] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:
« […] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. […]»
Como se observa, la acción de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
Lo anterior, no quiere decir que el juez constitucional al momento de decidir acerca de la procedencia de la tutela, se limite a determinar la existencia o no de otros mecanismos de defensa judicial frente a la situación planteada, sino que debe establecer las necesidades y circunstancias propias de cada caso, pues no se debe olvidar que la acción de tutela puede interponerse como mecanismo definitivo o transitorio.
Cuando se trata de acciones de tutela encaminadas a obtener la emisión de bonos pensionales, la Corte Constitucional ha aceptado su procedencia de manera excepcional, pues no se puede desconocer que la dilación en la emisión del bono pensional impide que el interesado acceda al reconocimiento de la pensión de jubilación, lo cual conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, en conexidad con los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana. Más exactamente dijo la Alta Corporación:
«[…] que en aquellos casos en los que la liquidación y remisión de bonos pensionales constituye fundamento para que se consolide y reconozca una pensión de jubilación, procede excepcionalmente la acción de tutela para proteger derechos como la vida, el del mínimo vital y la seguridad social de quien cumpliendo con los requisitos de ley para obtenerla, queda sometido a una prolongada e indefinida espera con ocasión del trámite para la expedición del bono pensional.».
Sin perjuicio de lo anterior, la misma Corporación advirtió que la acción de tutela no puede ser el mecanismo idóneo, para obtener la expedición o pago del bono pensional, cuando se ejerce para omitir el trámite administrativo correspondiente, o cuando se solicita la protección del derecho de petición, sin que el accionante hubiere presentado una solicitud a la entidad encargada de emitir el bono pensional.
En pronunciamiento más reciente, la Corte Construccional consideró:
«[…] En resumen, la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo para el reconocimiento de prestaciones económicas de carácter pensional, tratándose de personas de la tercera edad o que se encuentran afectadas por otras situaciones como su condición económica o su deterioro físico o mental permiten un trato diferenciado y preferente, siempre que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales. El juez constitucional deberá evaluar las circunstancias de cada caso en particular y determinar si procede el amparo constitucional como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, o si someter al actor a la espera de un proceso judicial puede ser aún más lesivo y vulnera sus derechos fundamentales, los que no pueden ser efectivamente protegidos a través de los mecanismos ordinarios.
Ahora bien, entre afiliados, beneficiarios y las administradoras del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, pueden presentarse controversias o trámites que si bien no pretenden el reconocimiento de una prestación económica, resultan vitales para el afiliado y las entidades que comparten la información sobre cotizaciones, capital acumulado, el trámite de bonos pensionales, reservas actuariales, y cuotas partes, que tienen como finalidad la construcción de la historia laboral, documento esencial que sirve de base para el reconocimiento de la pensión, la indemnización sustitutiva, o la devolución de saldos. Estos conflictos entre afiliados o beneficiarios del Sistema General de Pensiones y las entidades administradoras de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son competencia de la jurisdicción del trabajo, razón por la cual, en principio, la acción de tutela resulta improcedente en estos casos.
No obstante lo anterior, la Corte, por ejemplo, en los eventos en los cuales se discute la liquidación o la emisión de un bono pensional, ha señalado que siempre que este trámite constituya un elemento fundamental para que se consolide el derecho a la pensión de vejez o jubilación, y, en consecuencia, un medio para preservar el mínimo vital, la tutela resulta procedente. Para estos casos, el precedente de la Corporación ha desarrollado los criterios de procedencia para el reconocimiento y pago de pensiones a través de acciones de tutela cuando media la exigencia de un bono pensional, señalando:
“(i) La omisión o retardo en la expedición del bono pensional vulnera derechos fundamentales tales como el derecho a la seguridad social y al mínimo vital, cuando se trata de personas de la tercera edad cuyo sustento depende del reconocimiento y pago de la pensión de vejez o de jubilación. (ii) Los trámites administrativos que dilaten de manera injustificada la decisión de fondo sobre el derecho a la pensión de jubilación, constituyen una vía de hecho que puede dar lugar a sanciones disciplinarias de los funcionarios involucrados. Por último (iii) la tutela no debe ser el mecanismo para obtener la expedición o pago del bono pensional cuando se la utiliza para pretermitir el trámite administrativo correspondiente o cuando se solicita la tutela del derecho de petición, sin que el accionante hubiera presentado una solicitud expresa a la entidad encargada de emitir el bono.”
La conclusión a la que se llega es que resulta procedente la acción de tutela frente a las controversias o trámites que resultan fundamentales para el reconocimiento de prestaciones definitivas como la pensión de vejez, la devolución de saldos, o la indemnización sustitutiva, que en consecuencia, vulneran derechos fundamentales en conexidad con el mínimo vital, petición, debido proceso y seguridad social, siempre que del análisis del caso en concreto se demuestren circunstancias especiales respecto de la persona que reclama el amparo, ya sea por su condición económica, física, mental, o porque se trata de un sujeto de especial protección.»
Dicho lo anterior, la Sala observa que la acción de tutela impetrada por el señor César Rodríguez Arroyo se torna procedente, toda vez que para soportar el perjuicio irremediable alegado, se acreditó que se trata una persona de especial protección, de la tercera edad, con un aparente delicado estado de salud (ello no fue desvirtuado), de quien depende su esposa, también de avanzada edad, y de quienes la situación económica es preocupante hasta el punto de poderse ver afectado el mínimo vital.
Además, se recuerda que, de conformidad con las pruebas allegadas al expediente, el actor ya inició el trámite correspondiente ante la AFP Porvenir S.A. sin obtener solución a su problemática, y que determinar la procedencia de la acción de tutela no es sinónimo de que se accederá al amparo invocado, sino, simplemente, que se emitirá una decisión de fondo dada la urgencia demostrada.
Del derecho fundamental a la seguridad social.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio; y, a su turno, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes.
También se considera oportuno resaltar que la consagración del Estado como social y de derecho, en el artículo 1.º de la Carta Fundamental, no es una mera fórmula utilizada por el Constituyente de 1991, sino una forma de organización política garantista de una concepción trascendente de ser humano: dotado de dignidad y titular de un mínimo de condiciones de subsistencia que le permitan el ejercicio, a su turno, de los demás bienes jurídicos amparados por la misma Constitución Política y por las normas que, en general, integran nuestro ordenamiento.
La concepción de un ser humano integral, entonces, ha permitido revaluar la justiciabilidad de los derechos constitucionales, pues, sin sujeción estricta a la clásica división entre derechos con poco y aquellos con amplio contenido prestacional, se ha considerado que hay situaciones especiales susceptibles de amparo e intervención a través de la vía de tutela con el objeto de garantizar el ejercicio del derecho a la vida en condiciones, se reitera, de dignidad.
Así, respecto a la fundamentalidad y la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho a la seguridad social, la Corte Constitucional ha sostenido:
«[…] La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”.
8.-La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social.
[…]
14.- Con todo, la jurisprudencia de la Corte ha establecido, de acuerdo con el principio en mención, que la pretensión de amparo del derecho a la seguridad social por vía de tutela resulta admisible a condición de satisfacer los requisitos de procedibilidad de la acción. Así las cosas, en este tipo de pretensiones es menester que se acredite el cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) en primer lugar, es necesario que la controversia planteada suponga un problema de relevancia constitucional, conclusión a la que arriba el juez de tutela no sólo a partir del análisis del conjunto de condiciones objetivas en las que se encuentre el accionante, sino al adelantar un examen de la cuestión a partir de un prisma constitucional, el cual le permite inferir la necesidad de realizar un pronunciamiento para efectos de garantizar la aplicación de los principios superiores en el caso concreto. (ii) En segundo término, es preciso que el problema constitucional planteado aparezca probado de manera tal que la verificación de la vulneración del derecho fundamental no requiera un esfuerzo probatorio que desborde las facultades y competencias del juez de amparo. (iii) Para terminar, es necesario demostrar que el mecanismo judicial ordinario dispuesto por el ordenamiento resulta insuficiente para proteger, en el caso concreto, la garantía a la seguridad social como instrumento de materialización de la dignidad humana. […]».
Normatividad aplicable a los bonos pensionales.
De conformidad con el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales «constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones». Fueron contemplados por el legislador como una herramienta para solucionar los inconvenientes presentados con el traslado de aportes, ahorros y capitales entre los dos regímenes del Sistema General de Pensiones, de manera que permiten utilizar los aportes para pensión que un afiliado haya realizado a una Administradora del Régimen de prima media con solidaridad, como el Instituto de Seguros Sociales, cajas o fondos del sector público.
Por su parte, el Decreto 1748 de 12 de octubre de 1995, reguló lo pertinente a «la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_0656_1994.htm" \l "inicio" 656, HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1299_1994.htm" \l "1" 1299 y HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/decreto_1314_1994.htm" \l "1" 1314 de 1994, y los artículos HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993_pr003.htm" \l "115" 115, siguientes y concordantes de la Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "1" 100 de 1993»,
En cuanto al procedimiento para la liquidación, expedición, emisión y redención de bonos pensionales, la Corte Constitucional en sentencia T-056 de 2017, señaló:
«[…] Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema. Doctrinalmente han sido definidos como “un valor a favor de un afiliado que se traslada a uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones, el cual representa la deuda pensional causada desde el momento en que el afiliado inició su vida laboral hasta la fecha efectiva del traslado, en razón de las vinculaciones laborales, legales o reglamentarias que tuvo con las diferentes entidades de previsión que asumen el pago de la obligación”.
Los bonos pensionales se pueden clasificar en: 1) de acuerdo con su emisor, 2) dependiendo del régimen al cual se traslada el afiliado: bono tipo A, es el bono que le corresponde a quien se traslada del régimen de pensiones de prestación definida al régimen de ahorro individual. El bono tipo B es cuando el traslado ocurre del régimen de ahorro individual al régimen con prestación definida y 3) los bonos especiales tipo E y C.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso objeto de estudio la agenciada se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, la Sala estudiará los bonos pensionales tipo A, que a su vez, presentan dos modalidades: Modalidad 1, que corresponde a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio de 1992, y la Modalidad 2, que se refiere a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1º de julio de 1992. Los bonos pensionales tipo A, serán expedidos por la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de la selección o traslado al régimen de ahorro individual, siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya sido igual o mayor a 5 años. Cuando el tiempo en la última entidad pagadora de pensiones sea inferior a 5 años, el bono pensional será expedido por la entidad pagadora de pensiones en la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicios.
Por otra parte, el procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A presupone el agotamiento de las siguientes etapas: (i) conformación de la historia laboral del afiliado; (ii) solicitud y realización de la liquidación provisional; (iii) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; (iv) emisión; (v) expedición; (vi) redención y (vii) pago del bono pensional. A continuación se describirán brevemente cada una ellas:
(i) Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP.
(ii) Conformada la historia laboral, la Administradora de Fondos de Pensiones, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional.
(iii) Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9ª del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada.
(iv) Realizada la liquidación provisional, la AFP debe dar a conocer la liquidación provisional al afiliado para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional.
(v) Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar.
(vi) La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada.
(vii) Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario.»
Solución al Caso Concreto.
El señor César Rodríguez Arroyo acude a la acción de tutela con el fin de obtener una solución frente al reconocimiento y pago del bono pensional, respecto de lo cual asegura tiene derecho, con ocasión del tiempo laborado al servicio del Ministerio de Defensa Nacional (13/11/1973 a 30/10/1975), en tanto este resulta necesario para que le sea reconocida la pensión de vejez pretendida.
Para mayor claridad, la Sala realiza un recuento de la información acreditada al expediente, de conformidad con el material probatorio aportado, así:
El actor nació el 17 de octubre de 1953 en la ciudad de Manizales y, actualmente cuenta con más de 64 años de edad, tal como consta en la copia de su cédula de ciudadanía.
• El actor cuenta con 1371 semanas cotizadas, de las cuales 717 días fueron con ocasión de su vínculo laboral con el Ministerio de Defensa Nacional, del 13/11/1973 hasta el 30/10/1975, según historia laboral consolidada a 24 de noviembre de 2017.
Derecho de petición, de 13 de febrero de 2017, a través del cual el actor solicita a AFP Porvenir S.A., «la DEVOLUCIÓN DE SALDOS QUE TENGO EN LA CUENTA DE AHORRO INDIVIDUAL, ya que no quiero seguir ahorrando en esa entidad de conformidad a la Ley 100 de 1993, con sus respectivos rendimientos».
Oficio de 16 de febrero de 2017, a través del cual el fondo de pensiones, luego de citar los artículos 9, 10 y 63 de la Ley 100 de 1993, informa al actor que «la devolución de saldos es una figura prevista únicamente para los casos en que los afiliados no cumplen con los requisitos legales necesarios para acceder a una pensión».
Escrito de 25 de octubre de 2017, con numero de radicación 0104710007307600, a través del cual el señor César Rodríguez Arroyo peticiona ante AFP Porvenir S.A. «el reconocimiento y pago de mi pensión de vejes (sic), por haber cumplido todos los requisitos de cotización y tener la edad, junto con el retroactivo de la mora que ha hecho este despacho en reconocer mi pensión».
Oficio de 31 de octubre de 2017 (acuse de recibido de 24 de noviembre de 2017), a través del cual AFP Porvenir S.A. informa al actor:
«En atención a su comunicación radicada en nuestras dependencias, tenemos conocimiento de su interés para solicitar y obtener su beneficio pensional.
Nos permitimos informar que esta Administradora procedió a solicitar nuevamente y con acción legal el pago correspondiente al reconocimiento de su bono pensional ante el Ministerio de defensa por lo que (sic) cual nos encontramos a la espera de dicho pago y continuar con el proceso al que haya lugar.
Para poder determinar con precisión el beneficio pensional al que usted tiene derecho, es indispensable que Porvenir conozca y obtenga el abono de esos aportes por parte de las otras administradoras. En particular, cuando esos aportes fueron hechos al ISS, Colpensiones o entidades públicas, la suma de dinero que ellos constituyen, se conoce como un bono pensional.
En ese orden de ideas, nuestra primera tarea consiste en obtener el reconocimiento y pago de ese bono pensional. Para lograr esto, trabajaremos en conjunto con usted para asegurarnos que su beneficio pensional incluya el valor de esos aportes. Una vez obtengamos el pago de ese bono, lo invitáremos a formalizar la solicitud de reconocimiento y pago de su beneficio pensional.
Nuestro compromiso es mantenerlo informado del avance en la consecución del pago de su bono pensional y darle prioridad a ese logro. De esa manera, el reconocimiento de su beneficio pensional se convertirá en un proceso ágil y oportuno.
[…]»
De conformidad con todos los supuestos fácticos anteriormente señalados, la Sala concluye que la AFP Porvenir y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a que a la fecha de presentación de la acción de tutela no se había emitido y redimido en favor del señor César Rodríguez Arroyo el bono pensional por él pretendido, si han adelantado los trámites administrativos pertinentes; cosa distinta es, que el Ministerio de Defensa Nacional presentara demora en procesar lo pertinente a su cuota parte pensional del referido bono.
Al respecto, del escrito de oposición a la acción de tutela presentado por el Ministerio de Defensa Nacional, se observa que este no desconoce su responsabilidad frente a la cuota parte pensional en discusión, tan es así, que afirmó «que el 3 de noviembre fue aprobado el (CPD) No. 92617 para el pago de bonos pensionales y que respecto del accionante la entidad atreves (sic) de la resolución No. 5267 De 14 de Diciembre De 2017, dispuso reconocer el bono pensional solicitado por la AFP»; no obstante, tal como lo consideró el a quo, no se allegó prueba de tal decir.
Y, si bien es cierto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito de 8 de marzo de 2018, informó que mediante Resolución 17582 de 26 de enero de 2018, otorgó cumplimiento a la orden de amparo, el contenido de dicho acto administrativo da cuenta de la emisión y órdenes de pago de varios bonos pensionales Tipo A, sin que se permita tener mayor claridad frente al caso en concreto; razón por la cual, en aras de garantizar los derechos fundamentales del actor, se confirmará la decisión del a quo en lo que respecta a los Ministerios de Defensa Nacional y Hacienda y Crédito Público,
Por su parte, AFP Porvenir SA impugnó la decisión de amparo en lo que a ella respecta, al considerar que la orden de reconocer una pensión de jubilación en favor del señor César Rodriguez Arroyave constituye una vía de hecho de imposible cumplimiento, toda vez que no cumple con los requisitos para ello, pues al pertenecer al régimen de ahorro individual, aparte de cumplirse con la edad y el tiempo de cotización respectivo, debe se debe contar con el capital suficiente para ello, en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, que señala:
«ARTÍCULO 64. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste <sic> hubiere lugar.
Cuando a pesar de cumplir los requisitos para acceder a la pensión en los términos del inciso anterior, el trabajador opte por continuar cotizando, el empleador estará obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) años si es mujer y sesenta y dos (62) años de edad si es hombre». (Subrayado por la Sala)
En este punto, al revisar las consideraciones expuestas por el a quo, para ordenar a AFP Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la mesada pensional del señor César RodrIguez Arroyave, una vez efectuada la liquidación de los aportes de su cuenta de ahorro individual, la Sala observa que el único fundamento para ello fue la mora en que se ha incurrido frente a la solicitud de un reconocimiento pensional, de conformidad con los términos establecidos por la Corte Constitucional en la SU-975 de 2003.
Argumento que si bien es válido, no resulta suficiente para ordenar el reconocimiento y pago de una mesada pensional, y más, cuando el peticionario se encuentra afiliado al régimen de ahorro individual, cuyos requisitos, aparte de la edad y semanas cotizadas, debe contarse con el capital necesario que pueda costear la misma, por ello, resulta razonable la respuesta que en su momento el fondo de pensiones brindó al señor César Rodriguez Arroyo, mediante oficio de 31 de octubre de 2017, en atención a su solicitud de reconocimiento pensional, en el que señaló:
« Para poder determinar con precisión el beneficio pensional al que usted tiene derecho, es indispensable que Porvenir conozca y obtenga el abono de esos aportes por parte de las otras administradoras. En particular, cuando esos aportes fueron hechos al ISS, Colpensiones o entidades públicas, la suma de dinero que ellos constituyen, se conoce como un bono pensional.»
Como se observa, en el asunto bajo estudio no le es posible al Juez de tutela ordenar el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en favor del actor, pues se desconoce acerca de si cuenta o no con el capital suficiente para que pueda acceder a la misma, pese a tener más de 64 años de edad y 1351 semanas cotizadas, pues se recuerda, actualmente se encuentra al régimen de ahorro individual con solidaridad.
Sin embargo, si resulta viable ordenarle a AFP Porvenir S.A. que emita una respuesta de fondo respecto a la solicitud del reconocimiento pensional elevada por el actor el 26 de octubre de 2017, bajo radicado 0104710007307600, en tanto ya ha sido superada la problemática respecto a la cuota parte pensional a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, para la emisión y redención del bono pensional pretendido.
Dicho lo anterior, la Sala modificará el numeral cuarto de la sentencia emitida por el a quo en tal sentido, el cual quedará así:
«CUARTO.- ORDENAR al representante legal de la AFP Porvenir S.A., si aún no lo ha hecho, que en el término de 48 horas siguientes al cumplimiento de lo decretado en el párrafo anterior, proceda a realizar la liquidación de los aportes de la cuenta de ahorro individual del accionante, y decida de fondo acerca del reconocimiento pensional solicitado por el señor César Rodríguez Arroyo, mediante escrito de 26 de octubre de 2017, con radicado 0104710007307600.»
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de 15 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que amparó los derechos fundamentales de petición, vida digna, seguridad social y mínimo vital del señor César Rodríguez Arroyo, en la acción de tutela por él presentada en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR EL NUMERAL CUARTO del acápite resolutivo de la sentencia referida anteriormente, el cual queda así:
« CUARTO.- ORDENAR al representante legal de la AFP Porvenir S.A., si aún no lo ha hecho, que en el término de 48 horas siguientes al cumplimiento de lo decretado en el párrafo anterior, proceda a realizar la liquidación de los aportes de la cuenta de ahorro individual del accionante, y decida de fondo acerca del reconocimiento pensional solicitado por el señor César Rodríguez Arroyo, mediante escrito de 26 de octubre de 2017, con radicado 0104710007307600»
TERCERO: LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
CUARTO: En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 30 de abril de 2018.
Ff. 1 a 7.
F. 110 y vto.
Doctor César Augusto Torres Ormaza.
Ff. 136 a 140.
Ff. 153 y 154.
F. 166 y vto.
Ff. 197 a 213.
Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.
Ver sentencia SU-961 de 1999.
Sentencia T – 147 de 2006 y T – 910 de 2006 con ponencia del doctor Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia T-050 de 2004. M.P.: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencias T-671 de 2000 M.P. Alejandro Martínez; T-1103 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1119 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño y, T-1124 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Citas del fallo T-589 de 2004; y Sentencia T-596 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
T-056 de 2017. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
F. 19.
Sentencia T-1061 de 2012.
Artículo 115 de la Ley 100 de 1993.
Problemas Actuales de la Seguridad Social Bonos Pensionales, Fernando Castillo Cadena, Editorial Ibáñez, Universidad Javeriana.
Artículo 118 de la Ley 100 de 1993 Los bonos pensionales serán de tres clases: a) Bonos pensionales expedidos por la Nación; b) Bonos pensionales expedidos por las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional a que se refiere el Capítulo III del presente Título, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora, c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora. Artículo 119 del Decreto Ley 1299 de 1994 : a) por la Nación en los casos de que rata el artículo 16 del presente Decreto, b) por el Instituto de Seguros Sociales en los casos del artículo 17, c) por las Cajas, Fondos o entidades del Sector Público del nivel Nacional, d) por empresas públicas o privadas o por Cajas o Fondos de Previsión Social del Sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y e) por las Cajas, Fondos y entidades territoriales que tengan a su cargo el pago y reconocimiento de pensiones.
Bono tipo A (ley 1299 de 1994), Bono tipo B (Ley 1314 de 1994)
Bonos que se expiden a favor de los trabajadores que se trasladan al régimen de prima media al entonces exceptuado régimen de Ecopetrol. (Decreto 876 de 1998).
Bonos que se expiden a los que se trasladan al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. (Decreto 816 de 2002.)
Artículo 14 Decreto 1299 de 1994.
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
F. 20.
Ff. 8 a 18.
F. 21.
Ff. 22 y 23.
F. 31.
Ff. 32 y 33
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