Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-90230-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2017-90230-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2017-90230-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2017-90230-01 (3693-2019)
Demandante : Rafael Higgins Reyes
Demandado : Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
como sucesor procesal del Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
(Damab)1
Tema : Reconocimiento de bonificación por servicios prestados
como factor salarial en liquidación de prestaciones
sociales y sanción moratoria
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación (parcial) interpuesto por el
actor contra la sentencia de 7 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante la cual accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 1 a 8). El señor Rafael Higgins Reyes, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el entonces
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
(Damab) en Liquidación, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio (sin número) de 3 de octubre
de 2016 del extinguido Damab, por el cual se le negó al accionante la
reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación por
servicios prestados como factor salarial.
1
Mediante auto de 4 de marzo de 2020 (f. 617), el magistrado sustanciador aceptó al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla (Atlántico) como sucesor procesal del Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente de Barranquilla (Damab), toda vez que la liquidación de este culminó el 29 de diciembre de 2017, de
acuerdo con la Resolución 238 de esa fecha y el acta 3 (ordinal 3º) de la junta liquidadora de dicha entidad, según
la cual «[…] la defensa jurídica de los procesos judiciales en los que actúa como demandante y demandado el
DAMAB en Liquidación, sea asumida por el Distrito de Barranquilla […] con apoyo de la DIRECCIÓN
DISTRITAL DE LIQUIDACIONES […]» (sic).
Expediente 08001-23-33-000-2017-90230-01 (3693-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rafael Higgins Reyes contra Barranquilla
A título de restablecimiento del derecho, se ordene al accionado (i) reliquidar
sus prestaciones sociales con inclusión del 35% de la bonificación por servicios
prestados, como factor salarial, para los años 2009 a 2012; (ii) pagar «[…] las
diferencias resultantes [y] […] la indemnización moratoria hasta que se
cumpla con la obligación, por no haber realizado el pago completo […]»,
debidamente indexadas; y (iii) sufragar intereses moratorios. Por último, se le
condene en costas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que «[…] labora para la
[aludida] entidad […] en el cargo de PROFESINAL UNIVERSITARIO GRADO
2» (sic), la que «[…] omitió incluir el 35% de la bonificación como factor
salarial al momento de liquidar sus prestaciones».
Que «[…] present[ó] […] reclamación para […] obtener el reconocimiento por
no incluir en la liquidación final la bonificación del 35% del salario
correspondiente a las vigencias 2009 […] [a] 2012», negado con oficio (sin
número) de 3 de octubre de 2016.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo censurado los artículos 53 de la Constitución
Política, 45 del Decreto 1042 de 1978, 1º del Decreto 1919 de 2002 y 127 del
Código Sustantivo del Trabajo (CST); los Decretos 4150 de 2004 y 22 de 2014
y la Resolución 103 de 2013, expedida por el Damab.
Arguye que, a partir de la entrada en vigor del artículo 1º del Decreto 1919 de
2002, «[…] la bonificación por servicios prestados es un factor salarial que se
debe tener en cuenta al momento de liquidar la anualidad de un trabajador,
Del aparte del artículo 127 del C.S. del T. que entre los factores que se
constituyen en salario se encuentra la bonificación habitual, que es un deber
del empleador incluirla al momento de liquidar, ahora bien en el presupuesto
general de rentas y gastos de la entidad […] en cada una de sus vigencia[s] se
encuentra[n] plasmadas y constituida[s] la[s] bonificaciones por servicios
prestados, siendo habitual y permanente, en cada anualidad […]» (sic); por lo
tanto, le asiste derecho al pago de dicho emolumento.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 56 a 72). El accionado, por conducto de
apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se
refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos son ciertos, otros
no y los demás no le constan, por lo que deben probarse. Formula las
excepciones denominadas (i) la solicitud de reconocimiento y pago de la
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Rafael Higgins Reyes contra Barranquilla
reliquidación de las prestaciones sociales de los años 2009 a 2012 para incluir
el porcentaje correspondiente a la bonificación por año de servicios prestados,
«se encuentran prescritos»; (ii) cobro de lo no debido; (iii) la sanción moratoria
reclamada no tiene cabida jurídica por no cumplir de manera objetiva el fin
jurídico por el que fue creada; (iv) es aplicable el principio de buena fe, por
existir razones atendibles que eximen de sufragar la sanción moratoria; (v) la
entidad ambiental no se encuentra obligada a lo imposible; y (vi) opera el
fenómeno de la prescripción para pedir la sanción moratoria por la consignación
incompleta del auxilio de cesantías de los años 2009 a 2012.
Asevera que «[…] ya realiz[ó] la reliquidación de las prestaciones sociales
incluyendo el porcentaje correspondiente a la bonificación por año de servicios
prestados (derechos prestacionales a los cuales les oper[ó] el fenómeno de la
prescripción para solicitar su pago) y en cuanto al auxilio de cesantías en la
anualidad 2013 el DAMAB hoy en liquidación consign[ó] en el fondo de cada
uno de los empleados el valor adicional por concepto de bonificación por año
de servicio prestado al auxilio de cesantías de los años 2009, 2010 y 2012, con
respecto al año 2011 el porcentaje faltante correspondiente a la bonificación
por año de servicios prestado[s] se incluyó en la liquidación y pago del auxilio
de cesantías del 2014 […], para los años posteriores se siguió incluyendo el
valor de la bonificación en la liquidación de cada una de las prestaciones
sociales, […] es decir que en la actualidad la entidad ambiental no adeuda
valor alguno, bajo ningún concepto al demandante» (sic).
1.6 Providencia apelada (ff. 549 a 562). El Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante sentencia de 7 de febrero de 2019, accedió de manera
parcial a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que
«[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 1042 de
1978 la bonificación por servicios prestados constituye factor salarial, por lo
que al haberse aplicado por parte de la entidad demandada al actor, las normas
del mencionado decreto que crean la bonificación por servicios prestados, debe
entonces, y atendiendo al principio de inescindibilidad de la norma, incluírsele
dicho concepto como factor salarial en el pago de sus prestaciones sociales que
hayan sido generadas durante los años 2009 […] [a] 2012 en el porcentaje [en]
que fue reconocida […] mediante la [R]esolución No. 0103 de 25 de enero de
2013 […]».
Sostiene, «[…] en cuanto a la sanción moratoria reclamada por el demandante,
que […] no le asiste derecho a percibirla, en razón de que para los años 2009
[…] [a] 2012, no se había reconocido dicha bonificación […], por lo que al no
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encontrarse contemplado dicho concepto dentro de los factores de salario
propios de los empleados de ese organismo, no era deber de la demandada
incluirlo como factor computable para la liquidación de los auxilios de
cesantías que por esas anualidades se generaron […]» (sic), de manera que no
«[…] existió pago o consignación incompleta de los auxilios de cesantías antes
mencionados, pues para ese momento la bonificación […] no se encontraba
reconocida y por tal razón no debía incluirse en la liquidación de tal prestación
[…]».
En lo atinente al fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, advierte que
«[…] contados 3 años retrospectivamente desde la fecha en que el [accionante]
presentó solicitud ante el DAMAB a fin de reclamar la reliquidación de sus
prestaciones sociales, vale decir 29 de agosto de 2016, los derechos a
reliquidación de prestaciones sociales que se generaron antes del 29 de agosto
de 2013 se encuentran prescritos» (sic).
1.7 Recurso de apelación (ff. 570 a 575). El actor interpuso recurso de
apelación (parcial), al estimar que «[s]i bien [es] cierto que para los años 2009
[…] [a] 2012 la bonificación por servicios prestados se encontraba suspendida
en acogida de la circular 0034 del 14 de [n]oviembre de 2008, a la entidad
ambiental le asiste el derecho de incluir dicho valor en la liquidación de las
prestaciones sociales, a raíz de la declaración de nulidad de la circular
anteriormente referida, y posteriormente a la expedición de la [R]esolución
0103 del 25 de [e]nero de 2013 que reconoce el valor del 35% de la
bonificación por servicios prestados, siendo esta bonificación un factor salarial
computable para la reliquidación de las prestaciones sociales» (sic).
Que el derecho surge con la citada Resolución 103 de 25 de enero de 2013, que
ordenó el pago de la bonificación por servicios prestados por los años 2009 a
2012, por lo que no operó la prescripción trienal decretada por el a quo.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido mediante proveído de 23 de
mayo de 2019 (ff. 585 a 587) y admitido por esta Corporación a través de auto
de 4 de marzo de 2020 (f. 617), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
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Rafael Higgins Reyes contra Barranquilla
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 8 de septiembre de 2021 (f. 647), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad
aprovechada por las primeras para reiterar sus argumentos de demanda,
apelación y defensa2.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala (i) determinar si, tras haber sido declarada en
primera instancia la nulidad del acto acusado, la reliquidación de las
prestaciones sociales con inclusión del 35% de la bonificación por servicios
prestados durante las vigencias 2009 a 2012 debe ser pagada sin atender a la
prescripción extintiva decretada por el a quo. De igual modo, (ii) establecer si
al accionante le asiste o no derecho al reconocimiento de la sanción moratoria
reclamada por el pago incompleto de tales prestaciones y las cesantías.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
y jurisprudencial a efectos de dilucidar la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
En lo atañedero a la bonificación por servicios prestados, se precisa que el
Decreto 1042 de 19783 creó dicho emolumento para los empleados públicos de
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden
nacional, así:
Artículo 45: A partir de la expedición de este Decreto, créase una
bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere
el artículo 1º.
2
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
3
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan
otras disposiciones».
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Rafael Higgins Reyes contra Barranquilla
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla
un año continuo de labor en una misma entidad oficial.
Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los
enumerados en el artículo 1º de este decreto, el tiempo laborado en el
primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la
bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.
Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha
de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la
asignación básica y no será acumulativa.
Artículo 46: La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho
los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1º
de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor
conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los
gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en
que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una
remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de
representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos ($100.750).
Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los
tres (3) factores de salario señalados en el inciso anterior.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de
servicio.
El artículo 42 del referido estatuto preceptuó que la bonificación por servicios
prestados comporta factor salarial:
De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por
la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del
realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio,
constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a. Los incrementos por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97
de este Decreto.
b. Los gastos de representación.
c. La prima técnica.
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d. El auxilio de transporte.
e. El auxilio de alimentación.
f. La prima de servicio.
g. La bonificación por servicios prestados.
h. Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión [se subraya].
Las anteriores previsiones son aplicables a los servidores públicos descritos en
el artículo 1º del Decreto 1042 de 1978, esto es, los que «[…] desempeñen las
distintas categorías de empleos de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional […]».
Por su parte, el artículo 1º del Decreto 1919 de 20024 establece que «[a] partir
de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o
que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama
Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas
Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías
territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, así
como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas
Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las
Instituciones de Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán
del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional. Las prestaciones
sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los
factores para ellas establecidas».
No obstante, a pesar de que el Decreto 1919 de 2002 extendió a todos los
empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector
central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles departamental,
distrital y municipal, la aplicación del régimen de prestaciones sociales
establecido para los servidores públicos de esa rama del orden nacional,
previstas en los Decretos 1042 y 1045 de 1978, dada la calidad de factor salarial
de la bonificación por servicios, este no puede ampliarse a aquellos, por cuanto
lo único que se extendió para el orden territorial fue el régimen de prestaciones
sociales del nivel nacional.
4
«Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo
prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial».
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En ese contexto, la entonces directora general del Damab, por medio de la
Resolución 103 de 25 de enero de 2013, reconoció «[…] el pago por concepto
de bonificación por servicios prestados a los funcionarios activos e inactivos
del Damab, correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012 y s.s. teniendo
en cuenta lo señalado en el Decreto Ley 1042 de 1978 y la Sentencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, referencia 15001233100020000269801
de 2007 número interno 7528-05, Consejero Ponente H.M. Alejandro Ordoñez
Maldonado […]» (sic), por lo que «[…] es acertado concluir que el
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
(DAMAB), en aplicación de una sentencia de esta Corporación que no le
resultaba aplicable y a iniciativa propia, desconoció que la bonificación por
servicios prestados no la pueden percibir los empleados de los entes
territoriales ya que es un factor salarial que devengan solo los servidores del
orden nacional»5.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Certificación de 22 de febrero de 2016, expedida por la oficina de recursos
humanos del desaparecido Damab, que da cuenta de que el actor fue nombrado
como profesional universitario, código 219, grado 2, el 18 de enero de 2007 (f.
452).
b) Resolución 103 de 25 de enero de 2013, expedida por la directora general del
entonces Damab, «[p]or la cual se reconoce [b]onificación por [s]ervicios
[p]restados para los funcionarios de la [p]lanta de [p]ersonal […]» de esa
entidad (ff. 22 a 24).
c) Oficio de 8 de junio de 2016 (f. 16), proveniente de la subdirección financiera
del otrora Damab, según el cual al accionante se le pagó la bonificación por
servicios prestados, así:
Vigencia Fecha de pago Comprobante Valor
2009 24 de enero de 2013 TRF-07-035 $790.091
2010 7 de febrero de 2013 TRF-07-085 $817.744
5
Sentencia de 27 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2016-00608-01 (4490-2017), C. P. César
Palomino Cortés.
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Expediente 08001-23-33-000-2017-90230-01 (3693-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rafael Higgins Reyes contra Barranquilla
2011 1º de marzo de 2013 TRF-07-137 $850.454
2012 16 de septiembre de 2013 Egreso 02-839 $884.472
2013 17 de enero de 2013 Egreso 02-022 $844.720
2014 29 de enero de 2014 Egreso 02-1355 $928.695
2015 18 de marzo de 2015 Egreso 02-5287 $975.130
d) El 29 de agosto de 2016 el demandante pidió del accionado la reliquidación
de sus prestaciones sociales para las vigencias 2009 a 2012 con inclusión de la
bonificación por servicios prestados y la correspondiente sanción moratoria,
negado a través del acto administrativo cuestionado (ff. 10 a 15).
De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que (i) el actor presta
sus servicios para el Damab desde el 18 de enero de 2007 (no hay evidencia de
la fecha de desvinculación); (iii) respecto de los años 2009 a 2012 se le pagó la
bonificación por servicios prestados, en virtud de la Resolución 103 de 25 de
enero de 2013 de la dirección general; y (iii) el 29 de agosto de 2016 deprecó la
reliquidación de sus prestaciones sociales para tales vigencias, en el sentido de
tener en cuenta el mencionado emolumento, despachada de manera
desfavorable con el oficio acusado.
En atención a la precitada decisión administrativa, el accionante acudió ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el propósito de obtener su
nulidad, lo que logró parcialmente ante el Tribunal de instancia, que consideró
que le asistía el derecho al reajuste de sus prestaciones sociales, pero encontró
configurado el fenómeno jurídico-procesal de la prescripción extintiva de
manera parcial y negó la sanción moratoria.
Estas últimas determinaciones fueron apeladas por el actor con el argumento de
que las prestaciones sí fueron pagadas tardíamente y su reclamación fue
oportuna, por lo que no hay ningún derecho prescrito.
Para resolver el asunto sub examine, esta Sala advierte que, en virtud de lo
previsto en el artículo 3286 del Código General del Proceso (CGP), aplicable
6
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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por remisión expresa del 3067 del CPACA, se limitará únicamente a los
referidos aspectos, para lo cual también tendrá en cuenta el principio de non
reformatio in pejus, según el cual, al ser el actor apelante único, el juez de
segunda instancia no puede hacer más gravosa su situación, puesto que se
entiende que discute la decisión en lo que le resulta desfavorable.
Frente al principio de non reformatio in pejus, esta Corporación8 se ha
pronunciado, así:
Antes de plantear el problema jurídico, debe precisar la Sala que el poder
decisorio del juez de segunda instancia respecto de la providencia
impugnada se encuentra limitado por el principio procesal de la no
reformatio in pejus, por cuanto el demandante, quien resultó favorecido
con el fallo del a quo, en este caso acude como apelante único, lo que
impide cualquier pronunciamiento en detrimento de lo alcanzado en
primera instancia.
En ese sentido, esta Corporación ha manifestado que la competencia
funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de
inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación y no
por el mero acto procesal dispositivo de parte, a través del cual manifiesta,
de manera abstracta, impugnar la respectiva providencia.
Lo anterior significa que las competencias funcionales del juez
de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas,
pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la non
reformatio in pejus (artículo 31 de la Constitución Política y 328
del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo
marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche
esbozados por el apelante, en relación con la situación creada
por el fallo de primera instancia.
Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las
excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de
primer grado que son aceptados por el recurrente, como quiera
que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo
tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por
completo la controversia9.
Por consiguiente, como se anunció, la subsección se centrará en examinar solo
los argumentos de alzada del accionante, con la limitación que impone su
7
«Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo».
8
Sección segunda, subsección A, sentencia de 5 de abril de 2018, expediente: 73001-23-33-000-2014-00282-01
(724-2015), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9
«Sentencia del 2 de junio de 2016. Radicado 2310-2012. Consejero ponente: William Hernández Gómez».
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Expediente 08001-23-33-000-2017-90230-01 (3693-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rafael Higgins Reyes contra Barranquilla
condición de apelante único y en virtud del aludido principio.
De acuerdo con la normativa mencionada en el capítulo anterior, al demandante
no le asiste derecho al reconocimiento de la bonificación por servicios
prestados, a pesar de haber sido otorgada con Resolución 103 de 2013, en la
medida en que el Decreto 1919 de 2002, «[…] si bien extendió el régimen de
prestaciones sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden
nacional a los del orden territorial, resulta que este emolumento, de acuerdo
con el literal g) del artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, tiene el carácter de
factor salarial y, en atención de ello, no existía sustento legal para reconocerlo
a los empleados públicos del nivel territorial»10.
El Consejo de Estado, en un caso de similar al que ahora nos ocupa, discurrió11:
La expresión «del orden nacional» señalada en la citada normativa no
vulnera el derecho a la igualdad pues al haber sido declarada exequible
dicha expresión por la Corte Constitucional, los factores salariales de los
empleados públicos a nivel nacional y territorial no se encuentran en el
mismo plano de igualdad y por lo tanto no se puede admitir un
desconocimiento del artículo 13 de la Constitución Nacional.
No pasa la Sala por alto, que en oportunidades anteriores, esta Corporación
inaplicó la expresión «del orden nacional», y como consecuencia de ello,
reconoció los factores salariales contemplados en el Decreto 1042 de 1978,
a empleados del orden territorial; sin embargo, ello fue con anterioridad a
la expedición de la sentencia C-402 del 3 de julio de 2013, por lo que para
el presente caso, por ser posterior a la sentencia de constitucionalidad
emitida por la Corte Constitucional, el tema ya fue decidido, de tal manera
que no se estaría desconociendo precedente alguno, y por ende no hay lugar
a las mismas.
A pesar de lo anterior, la Sala se mantendrá al margen frente al
reconocimiento de la bonificación por servicios prestados, pero sólo por
respeto y consideración al principio constitucional de la no reformatio in
pejus, teniendo en cuenta que el apelante único es la parte actora y que mal
podría declararse en esta instancia, pues de hacerlo se violaría el derecho
que tiene la parte actora a que sólo se revise de la providencia en lo que le
resultó desfavorable, y es claro que en este aspecto le favoreció, y desde
luego la entidad demandada no lo apeló.
El artículo 282 del Código General del Proceso estableció que cuando el
juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá
10
Sentencia de 27 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2016-00608-01, C. P. César Palomino
Cortés.
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, fallo de 5 de marzo de 2020, expediente 08001-23-33-000-
2016-00726-01 (4968-2017).
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Expediente 08001-23-33-000-2017-90230-01 (3693-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rafael Higgins Reyes contra Barranquilla
reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción,
compensación y nulidad relativa, razón por la que si bien, en principio, el
ad quem puede declarar las excepciones que encuentre probadas, esta
potestad desaparece si en la primera instancia resolvió el tema
favorablemente al apelante único; en este evento el superior no puede
estudiar, de oficio, lo que favoreció al recurrente, porque viola otra garantía
de origen constitucional: la no reformatio in pejus.
Así pues, definido que la parte actora no tenía derecho al reconocimiento
y pago de la bonificación por servicios prestados, pasa la Sala a estudiar
los cargos propuestos por el apelante único relacionados con la
reliquidación de las prestaciones sociales y el pago de la sanción moratoria,
pues si bien el a quo se equivocó al ordenar un reconocimiento del cual no
tenía derecho, no es posible retrotraer las situaciones a su condición inicial
en razón a que, se reitera, ello vulneraría el principio del no reformatio in
pejus.
Para el efecto, es necesario tener en cuenta que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
determinó que la penalidad por mora no es accesoria a la aludida
prerrogativa laboral pues si bien se causan en torno a ella, no dependen
directamente de su reconocimiento o en este caso, de una reliquidación por
la no inclusión de valores reconocidos por concepto de bonificación por
servicios prestados para las vigencias de 2009 a 2012, en razón a que su
origen es excepcional y tiene lugar por disposición de la ley a título de
correctivo pecuniario por la inobservancia de la fecha en que se debe
efectuar la consignación del valor correspondiente al auxilio causado en
cada anualidad, en otras palabras, tiene como finalidad penalizar a las
entidades que incurran en mora, en atención a la importancia de dicho
emolumento, según lo señalado por la Corte Constitucional.
Así las cosas, no hay duda acerca de la improcedencia de la sanción moratoria
por el pago incompleto de las cesantías anualizadas, toda vez que, de
conformidad con la jurisprudencia de esta Colegiatura, una indebida liquidación
de ese auxilio, como lo alega el actor tras no haber sido incluido para los años
2009 a 2012 el factor bonificación por servicios prestados, no determina la
configuración de esa sanción, habida cuenta de que, según lo preceptúa la Ley
50 de 1990, esta se causa solo cuando el empleador incumple su obligación de
realizar el aporte correspondiente al valor liquidado por la anualidad o la
fracción respectiva, antes del 15 de febrero de cada vigencia, circunstancia que
no atañe al caso concreto.
En tal sentido, se reitera que la incorrecta liquidación de las cesantías «[…] no
implica que el empleador haya incurrido en el supuesto de la norma que lo
apremia con una sanción al no haber cancelado dentro de la oportunidad legal
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Expediente 08001-23-33-000-2017-90230-01 (3693-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rafael Higgins Reyes contra Barranquilla
las cesantías anualizadas, pues una cosa es efectuar liquidación y cancelación
de acuerdo con las directrices tomadas por la entidad demandada en su
momento y otra es reconocer fuera del plazo determinado la prestación
aludida»12; por ende, «[…] la sanción reclamada solo procede en los casos en
que la entidad empleadora no cancele a tiempo la prestación13, por lo que
concederla frente a la diferencia en la liquidación del derecho reclamado,
desconoce el principio de legalidad, fundamento del debido proceso, que
enmarca el derecho administrativo sancionador, porque solo la ley puede
describir las conductas constitutivas de infracción, así como su […] sanción; y
dicha norma es clara al estipular que la obligación se cumple con el
desembolso del dinero a favor del trabajador»14.
Por otro lado, en cuanto a la configuración del fenómeno jurídico-procesal de
la prescripción decretado por el a quo, no le asiste razón al recurrente, por
cuanto la contabilización del respectivo término estuvo ajustada a las normas
que regulan la materia y al derrotero que sobre el particular ha fijado esta
Corporación, puesto que «[…] el término de prescripción empieza a correr a
partir de la fecha en que el derecho se haya hecho exigible, y que la
interrupción se presenta en un lapso igual contados desde presentación de la
reclamación administrativa. Es decir, que luego de presentada la petición de
un derecho, el interesado cuenta con 3 años para demandar el reconocimiento
del derecho, en caso de que la entidad requerida sea renuente a dar respuesta
a la misma, so pena de activarse el fenómeno prescriptivo, y de esta manera
evitar la pérdida del derecho a las prestaciones periódicas que se llegaren a
ver afectadas por el transcurso del tiempo […]»15; a ello sumado que pretende
el reconocimiento de una prestación que se causó de 2009 a 2012 y la
reclamación se formuló el 29 de agosto de 2016.
En tales condiciones, a partir de la conclusión inicial de esta providencia, en
principio, al actor no le asiste el derecho al reconocimiento de la bonificación
por servicios prestados, pero como la determinación del Tribunal de instancia
no puede revocarse dada la condición de apelante único, esta Sala, con
fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
12
Ibidem.
13
«Sección segunda, subsección B, sentencias de 17 de octubre de 2017, expediente 080001-23-33-000-2012-
00017-01 (2839 -2014); y 27 de noviembre de 2020, expediente 17001-23-33-000-2018-00047-01 (5452-2019)».
14
Sentencia de 1º de julio de 2021, expediente 17001-23-33-000-2018-00069-01 (5450-2019), C. P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
15
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, fallo de 21 de octubre de 2021, expediente 08001-23-33-000-
2016-01195-01 (2885-2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Expediente 08001-23-33-000-2017-90230-01 (3693-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Rafael Higgins Reyes contra Barranquilla
sobre el particular, confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero por las razones que
anteceden.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 7 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió de manera parcial a las pretensiones
de la demanda incoada por el señor Rafael Higgins Reyes contra el
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla
(Damab) en Liquidación, pero por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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