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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00070-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00070-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 33

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00070-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00070-01 (5954-2022)
Demandante: Héctor Enrique Posada Viana
Demandado: Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena1

Temas: Insubsistencia de empleado de libre nombramiento y remoción

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 14 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Héctor Enrique Posada Viana presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 38 del 13 de febrero de 2016

1 En adelante Cormagdalena
2 La demanda fue presentada el 22 de junio de 2017. Folio 127 del documento «001.
EXP 2018-
0070 HECTOR POSADA FL 1- 149.pdf» del expediente escaneado en el índice 4 de Samai.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2018-00070-01 (5954-2022)
Demandante: Héctor Enrique Posada Viana

proferida por el director ejecutivo (e) de Cormagdalena en la que se le declaró la
insubsistencia del nombramiento como jefe de la Oficina Seccional Barranquilla,
código 0137, grado 18, de esa entidad.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reintegro al cargo que desempeñaba al momento del retiro o a uno de
igual o superior categoría; ii) la declaratoria de que no existió solución de
continuidad; iii) el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de pagar
desde el momento en que ocurrió el retiro hasta la fecha en que ocurra el reintegro;
iv) el reconocimiento de los perjuicios morales en cuantía de 150 salarios mínimos
legales mensuales vigentes; v) las cesantías causadas entre la fecha del retiro y la
del pago de la sentencia, debidamente actualizadas; y vi) la actualización del valor
total de la condena.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Héctor Enrique Posada Viana laboró como jefe de la Oficina Seccional
Barranquilla, código 0137, grado 18, de Cormagdalena, empleo de libre
nombramiento y remoción.

3.2. El 17 de febrero de 2017, Melva Inés Rojas Arcella del Área de Talento Humano
de la Secretaría General de Cormagdalena, ubicada en la ciudad de
Barrancabermeja, fue comisionada únicamente para presentarle un oficio que él
debía firmar. El documento era la renuncia al cargo que estaba desempeñando,
acompañado del acto administrativo por medio del cual se le aceptaría.

3.3. Se negó a firmar la renuncia y cuestionó la irregularidad de dicho trámite. Debido
a una serie de inconvenientes médicos que padecía debió acudir a la unidad de
urgencias cercana en donde se le concedió una incapacidad de 2 días, la cual le fue
comunicada a la citada servidora, quien lo «acosó» y le indicó que llegaría hasta su
lugar de residencia para que rubricara el documento o procedería con la declaratoria
de insubsistencia y reportaría la situación al Ministerio de Transporte para que diera
por terminada la comisión de servicios que le fue concedida para que desempeñara
el empleo en Cormagdalena.

3.4. Comunicó la citada situación por medio de correo electrónico al director ejecutivo

4 Folios 2 al 7 del documento «001.EXP 2018-0070 HECTOR POSADAFL 1- 149.pdf» del expediente

escaneado en el índice 4 de Samai.

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00070-01 (5954-2022)
Demandante: Héctor Enrique Posada Viana

(e), a la subdirectora de Gestión Comercial y al subdirector de Navegación y
Desarrollo Sostenible, pero nunca emitieron pronunciamiento sobre el particular.

3.5. Ante su renuencia, el 17 de febrero de 2017 el director ejecutivo (e) profirió la
Resolución 38 por medio de la cual se le declaró insubsistente el nombramiento,
pero dicho acto administrativo fue irregularmente fechado al 13 de febrero de ese
año. El mismo día [17 de febrero] se envió una copia de ese acto al Ministerio de
Transporte para que diera por finalizada la comisión de servicios, sin antes haberle
sido notificado, lo cual solo ocurrió hasta el 21 de ese mes y año.

3.6. A pesar de que el acto que declaró la insubsistencia del nombramiento fue
notificado el 21 de febrero de 2017, se le retiró de nómina el mismo 17 de febrero,
momento en el que se encontraba incapacitado. Además, la resolución por medio
de la cual se le «aceptaba la renuncia» fue «desaparecida» y «reemplazada» con otra
del mismo número, pero que esta vez declaraba la insubsistencia del nombramiento.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 25, 29, 48 y 53 de la Constitución Política;
127 y 128 de la Ley 270 del 2000; y 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:

5.1. Melva Inés Rojas Arcella, servidora de Cormagdalena, intentó hacerlo firmar una
renuncia previamente elaborada que ya contaba con el acto administrativo de
aceptación, bajo amenaza de declararlo insubsistente si se negaba. Lo anterior se
constituyó en un hecho arbitrario e ilegal que desconoció los principios de
transparencia, debido proceso y libertad del funcionario, pues se tramitó una
renuncia con absoluto desconocimiento de los procedimientos administrativos
establecidos.

5.2. Como consecuencia del mencionado episodio, sufrió una descompensación de
salud relacionada con antecedentes cardíacos que lo llevó a ser incapacitado por 2
días. Pese a conocer dicha incapacidad, la funcionaria insistió en comunicarse con
él por llamadas telefónicas para presionarlo nuevamente a firmar la renuncia,
incluso lo amenazó con notificar al Ministerio de Transporte para finalizar su
comisión de servicios, conducta de hostigamiento que fue reportada a directivos de
la entidad, quienes no emitieron ningún pronunciamiento, lo que refuerza la falta de

5 Folios 4 al 13 del documento «001.EXP 2018-0070 HECTOR POSADAFL 1- 149.pdf» del
expediente escaneado en el índice 4 de Samai.

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00070-01 (5954-2022)
Demandante: Héctor Enrique Posada Viana

garantías al interior de Cormagdalena.

5.3. Cormagdalena expidió una resolución de insubsistencia del nombramiento
fechada irregularmente el 13 de febrero de 2017, a pesar de que en realidad fue
elaborada después del 17 de febrero, día en que ocurrió el «hostigamiento», mientras
que la resolución en la que se le «aceptaba la renuncia» fue desaparecida, pero el
número consecutivo fue reutilizado para emitir el acto de la insubsistencia. La
funcionaria encargada envió la resolución al Ministerio de Transporte incluso antes
de habérsele notificado personalmente y mientras estaba incapacitado, lo cual
vulneró el procedimiento y comportó una causal de nulidad por expedición irregular,
falta de notificación oportuna y manipulación del acto administrativo.

5.4. La insubsistencia no estuvo orientada a mejorar el servicio ni respondió a
criterios de buen funcionamiento administrativo, sino que obedeció a una retaliación
por no haber firmado la renuncia. Esta actuación evidenció la desviación de poder
con la que fue proferido el acto censurado, pues la autoridad utilizó su facultad
discrecional para fines distintos a los previstos por la ley y con el único propósito de
imponer la voluntad del director encargado.

5.5. Se desconocieron sus más de 33 años de trayectoria laboral en hidráulica fluvial
y en labores directamente relacionadas con las funciones del cargo. Su formación y
experiencia técnica eran idóneas para el puesto y su salida abrupta perjudicó el
servicio público, lo que evidenció que la declaratoria de insubsistencia no se basó
en criterios de mérito, idoneidad o mejoramiento del servicio, sino en decisiones
arbitrarias.

5.6. La entidad designó como encargado del empleo a un funcionario que no cumplía
con los requisitos, no residía en la ciudad y tenía menor experiencia profesional, lo
que habría causado un deterioro severo en la prestación del servicio.
Posteriormente fue nombrada otra persona que tampoco superaba su perfil técnico
y profesional. Finalmente, no tenía llamados de atención, sanciones ni anotaciones
negativas en su hoja de vida y siempre desempeñó su cargo con responsabilidad,
transparencia y eficiencia.

1.2. Contestación de la demanda

6. Cormagdalena se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que
se expresan a continuación6:

6 Folios 179 al 183 del documento «001.EXP 2018-0070 HECTOR POSADAFL 1- 149.pdf» del
expediente escaneado en el índice 4 de Samai.

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00070-01 (5954-2022)
Demandante: Héctor Enrique Posada Viana

6.1. La supuesta presión ejercida por una funcionaria para que el demandante firmara
una renuncia no tiene respaldo probatorio. El demandante no aportó evidencia que
demostrara que se le presentó una renuncia no solicitada o que existió un
procedimiento irregular y la sola afirmación no es suficiente para acreditar la
ocurrencia del hecho.

6.2. Tampoco se demostró que la incapacidad médica presentada por el demandante
haya tenido como causa directa los hechos de presión o acoso descritos en la
demanda. Los documentos aportados solo demuestran la existencia de una
incapacidad, pero no su origen ni su relación con los hechos narrados y los
mensajes de WhatsApp y capturas de pantalla de las llamadas no contienen
evidencia de lo alegado. En esa misma línea, no se probó que se hubieran
manipulado fechas, expedido resoluciones simultáneas o reemplazado documentos
con el fin de afectar al funcionario.

6.3. Al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción, la administración no
está obligada a motivar la decisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de
la Ley 909 de 2004, según el cual la declaratoria de insubsistencia es una facultad
discrecional otorgada por la ley para este tipo de empleos. En consecuencia, no
puede predicarse la desviación de poder o irregularidad en la expedición del acto,
pues la motivación no es un requisito legal exigible en este caso.

6.4. La trayectoria profesional, experiencia o calificaciones del actor no constituyen
una garantía de permanencia en un empleo de libre nombramiento y remoción, pues
dichas circunstancias no impiden que la administración ejerza su facultad
discrecional de declarar la insubsistencia del cargo. Así, la valoración de la hoja de
vida del funcionario es irrelevante para el litigio y los señalamientos sobre la
idoneidad de los funcionarios encargados desbordan el marco del debate, pues
ninguno de ellos afecta la validez de un acto discrecional.

6.5. Finalmente propuso como excepciones la inepta demanda por falta de claridad
en las pretensiones, falta de juramento estimatorio y caducidad del medio de control.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección B, en sentencia proferida el 14 de
enero de 20227, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto se pronunció

7Documento «008.SENTENCIA-EXP-000-2018-00070-01 HECTOR POSADA VS
CORMAGDALENA.pdf» del expediente escaneado en el índice 4 de Samai.

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Demandante: Héctor Enrique Posada Viana

en los siguientes términos:

7.1. No hubo controversia respecto de la naturaleza de libre nombramiento y
remoción del cargo de jefe de oficina, código 0137, grado 18, desempeñado por
Héctor Enrique Posada Viana en Cormagdalena. Su designación se produjo en
ejercicio de la potestad discrecional del nominador, razón por la cual el acto que
declaró la insubsistencia del nombramiento gozaba de presunción de legalidad.

7.2. Conforme con el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, los empleos de libre
nombramiento y remoción responden a criterios de confianza y valoración personal
del nominador, quien cuenta con la facultad de disponer de ellos de manera
proporcional y razonable, sin necesidad de motivación específica.

7.3. Las pruebas allegadas al proceso no permitieron acreditar los hechos irregulares
alegados por el demandante, encaminados a demostrar una presunta desviación de
poder. En igual sentido, la funcionaria Melba Inés Rojas Arcella manifestó no
recordar con precisión las circunstancias del retiro debido al elevado número de
servidores de la entidad, lo que impide respaldar la versión del actor.

7.4. Los registros de llamadas entre el demandante y la citada funcionaria no
permiten conocer el contenido de las conversaciones, por lo que carecen de fuerza
demostrativa para acreditar algún tipo de irregularidad. En cuanto a las diferencias
entre la fecha del acto y su notificación, tampoco se configura causal de nulidad,
dado que los actos administrativos son válidos desde su expedición, aunque solo
produzcan efectos a partir de su notificación. Si existió un retiro de nómina en fecha
diversa a la señalada en el acto, ello deberá ser debatido frente al acto de liquidación
salarial, mas no como fundamento para obtener la nulidad del acto que declaró la
insubsistencia ni el consecuente reintegro del actor.

7.5. No se demostró que la persona que luego fue designada en encargo de ese
empleo no cumpliera con los requisitos exigidos ni que la prestación del servicio se
hubiera desmejorado, pues quien reemplazó transitoriamente al actor ya ejercía
como jefe de otra oficina dentro de Cormagdalena. Por lo demás, la experiencia
laboral, el buen desempeño y la ausencia de llamados de atención constituyen el
cumplimiento ordinario de las obligaciones del servidor público y no generan un
fuero de estabilidad que limite la facultad discrecional del nominador.

1.4. El recurso de apelación

8. Héctor Enrique Posada Viana presentó recurso de apelación con base en los

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Demandante: Héctor Enrique Posada Viana

siguientes argumentos8:

8.1. Aunque el empleo de jefe de la Oficina Seccional Barranquilla era de libre
nombramiento y remoción, la facultad discrecional no es absoluta y debió ejercerse
de conformidad con los criterios de racionalidad y proporcionalidad. Las pruebas
demuestran que el retiro no obedeció a razones del buen servicio, sino a móviles
distintos, situación que vicia el acto de insubsistencia por desviación de poder. El
servidor designado como reemplazo no tenía la experiencia específica del actor y,
además, desempeñó las funciones desde Bogotá.

8.2. Ejerció el cargo sin llamados de atención, tenía calificaciones sobresalientes
(995/1000) y era un funcionario con amplia formación técnica y experiencia
específica en el ámbito de hidrología y dragado, labores esenciales para la entidad.
Aunque tales méritos no otorgan estabilidad reforzada en un empleo de estos, sí
evidencia que no existía una razón válida para su retiro.

8.3. La existencia de dos resoluciones, una de aceptación de renuncia y otra de
insubsistencia fechada retroactivamente, constituye un indicio grave de
irregularidad administrativa, además de que el retiro de nómina se produjo incluso
antes de la notificación personal, lo cual evidenciaría un procedimiento apresurado
y contrario a las reglas del debido proceso administrativo.

8.4. La conclusión del tribunal sobre la inexistencia de desviación de poder no se
ajusta al material probatorio, pues la correcta valoración del testimonio rendido por
Melba Inés Rojas Arcella permitiría acreditar la irregularidad en el retiro.

9. La insubsistencia afectó gravemente no solo su estabilidad laboral sino también
el cálculo de su pensión, reconocida con un IBL inferior al que le correspondería de
no haberse producido el retiro irregular, por lo que debe ordenarse el reintegro hasta
la fecha inmediatamente anterior a su inclusión en nómina de pensionados y el pago
de salarios y prestaciones dejados de percibir, así como la corrección de su historia
laboral.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPCA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

8 Documento «013. RECURSO DE APELACION-DTE.pdf» del expediente escaneado en el índice 4

de Samai.
9 Según se indicó en auto del 28 de noviembre de 2022, en el índice 5 de Sanai.

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1.6. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia10.

2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
establecer ¿si la Resolución 38 del 13 de febrero de 2016, a través de la cual se
declaró insubsistente el nombramiento de Héctor Enrique Posada Viana está viciado
de nulidad por desviación de poder porque esta decisión no tuvo como fin mejorar
el servicio?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2. Marco normativo. Aspectos generales de la función pública

2.2.1. Naturaleza jurídica de los empleos públicos

13. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de
vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 12512 que, por

10 Constancia en el índice 11 de Samai.
11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
12 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan

los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los
demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la
ley, serán nombrados por concurso público.

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Demandante: Héctor Enrique Posada Viana

regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

14. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención,
el legislador expidió las leyes 27 de 199213, 443 de 199814 y 909 de 200415, y en el
artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función
pública los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y iv)
los temporales.

15. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación
de los empleos públicos16 en la función pública goza de reserva legal, pues es del
resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con
unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de
cada entidad, tales como el grado de confianza, la responsabilidad que se adquiere
en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si son
meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias exigidas
para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una diferencia
sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se establece la
siguiente clasificación:

16. i)
De carrera. Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la
administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un
empleo de carrera, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección
tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue
elegido».
13 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre

administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras
disposiciones».
14 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
15 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones».
16 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el

núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de
funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas
para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los
fines del Estado».

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talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de
personal tiene como fin principal garantizar la materialización de los principios de
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública17, pues a través de este la
administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que
están a su cargo.

17. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano
mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función
pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio
de sus funciones. En efecto, históricamente18 este mecanismo respondió a la pugna
que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la
administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad
discrecional del nominador19; de manera que, para contrarrestar los excesos
burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los
procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del
trabajador para realizar una labor.

18. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:

«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna».

19. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través
del sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la
estabilidad del empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la
confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria
en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio
de sus funciones observe y cumpla la Constitución, la ley y el reglamento interno,
no será removido de él20. Además, la administración cuenta con la seguridad de que

17 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa.
18 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó

la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten
servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscitario de 1957, la creación de la carrera
administrativa para acceder a la función pública.
19 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.
20 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández

Galindo y Alejandro Martínez Caballero.

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la función pública será prestada acorde con los principios de eficiencia y eficacia.

20. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera
está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto
es, implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.

21. ii) De libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ante la necesidad de contar
con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función
pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una
excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se
encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la
discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán
ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica
una decisión política21, esto es que la naturaleza de las labores que desempeñan
obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda siempre de
plena confianza de sus colaboradores22. La provisión de dichos cargos responde a
la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir, sin sujeción a ciertas
formalidades para su designación.

22. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el de
los ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director de
establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar los
criterios que permitan identificar los cargos en mención, los cuales actualmente se
encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.

23. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y
remoción, la Corte Constitucional23 en reiteradas oportunidades, ha señalado que el
cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener
fundamento legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera;
ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u
orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de
confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a cualquier otro
servidor.

24. Apropósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre
nombramiento y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas, los
cuales se pueden clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual se

21 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
22 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
23 Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C- 161 de 2003, C-312 de 2003, C-

553 de 2010, C-284 de 2011, C-814 de 2014, entre otras.

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ejercen labores de dirección, conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices, es decir, establece lineamientos
institucionales de acción; y b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan
actividades profesionales de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo,
siempre que se encuentren adscritos al servicio directo e inmediato de los altos
funcionarios.

25. Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que «como base para determinar
cuándo un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer
término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede
contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para
producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar,
debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer
excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador
no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma
naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la
Constitución establece y aquellos que determine la ley, (art. 125), siempre y cuando la
función misma, en su desarrollo esencial, exija una confianza plena y total, o implique una
decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder
a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia
y evaluación»24.

26. iii) De período. Por mandato constitucional25 o legal26 son aquellos empleos que
se proveen por un lapso previamente establecido en el ordenamiento jurídico, en
razón a su representación política o democrática o la independencia e imparcialidad
que se predica frente al ejercicio de sus funciones, esto es que a la administración
se ingresa para ejercer la función pública por determinado tiempo, como es el caso
de los contralores, los personeros, el fiscal general de la nación, el registrador
nacional del estado civil, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo,
el auditor general de la nación, los rectores de universidades públicas, miembros de
las Comisiones Reguladoras, magistrados de altas corporaciones, gerentes o
directores de las empresas sociales del Estado, entre otros.

27. Según el periodo para el cual se vincularon con la administración estos se
subdividen en empleos de periodo institucional y empleos de periodo personal.

24 Sentencia C-195 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
25 “Artículo 125. […] PARÁGRAFO. <Artículo 125 […] Parágrafo. Adicionado por el artículo 6º del

A.L. 01 de 2003 así: Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de
elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales
cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual
este fue elegido.
26 A manera de ejemplo ver los: artículos 12 de Decreto Ley 1210 de 1993; 21 de la Ley 143 de 1994;

15, 34, 44, 53,76 de la Ley 270 de 1996; 20 de la Ley 1797 de 2016, entre otros.

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27.1. a) Los de periodo institucional son aquellos sobre los cuales se tiene certeza
de la fecha de iniciación y la de terminación de su periodo, bien porque tales fechas
se encuentren determinadas constitucional o legalmente, o bien porque dichas
fechas sean determinables a la luz de lo previsto en disposiciones de la misma
índole. Dichos cargos se vinculan con la administración como representantes
políticos y democráticos del constituyente primario27.

27.2. b) Los de periodo individual o personal se diferencian de los primeros, toda
vez que las fechas de iniciación y terminación no han sido definidas y tampoco son
determinables; no obstante, la fecha de finalización del empleo público se encuentra
dada por aquella en la que la persona toma posesión del empleo. Asimismo, este
tipo de cargos encuentra sustento en los principios de independencia e
imparcialidad en donde los procedimientos establecidos para la designación son
variados28.

28. iv) Los temporales como una categoría de empleados que se vinculan con la
administración de forma excepcional para cumplir funciones que, por uno u otro
motivo, no realiza el personal de planta, bien porque no forma parte de las
actividades permanentes de la entidad, o también, porque por las necesidades del
servicio lo requiere, como en aquellos casos en los que por hechos excepcionales
existe sobrecarga laboral. Al respecto el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 previó:

«Artículo 21. Empleos de carácter temporal.

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les
aplica la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las
siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos
excepcionales;
d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no
superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza
de la institución.

27 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 12 de marzo de 2012,

expediente 11001-03-06-000-2012-00022-00, M.P. William Zambrano Cetina.
28 Consejo de Estado, Sala de consulta y del Servicio Civil, consulta del 8 de octubre de 2020,

expediente 11001-03-06-000-2020-00158-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.

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2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la
motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal
para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El ingreso a estos empleos se
efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de
carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas.
De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las
capacidades y competencias de los candidatos.

4. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El nombramiento en los empleos temporales se
efectuará mediante acto administrativo en el que se indicará el término de su duración,
al vencimiento del cual quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente.
Sin embargo, antes de cumplirse dicho término, el nominador en ejercicio de la facultad
nominadora podrá declarar la insubsistencia del nombramiento, cuando el servidor no
cumpla las metas del proyecto o actividades que dieron lugar a la creación de los
mismos, de acuerdo con la evaluación que se establezca para el efecto y mediante acto
administrativo motivado; o darlo por terminado, cuando no se cuente con las
disponibilidades y apropiaciones para financiar el empleo de carácter temporal, como
consecuencia de los ajustes a los montos aprobados para su financiación.

De igual manera, el retiro del servicio de los empleados temporales se podrá efectuar
por las causales consagradas en los literales d), h), i), j), k), m) y n) del artículo 41 de la
Ley 909 de 2004».

29. En esas condiciones, la naturaleza jurídica de los empleos públicos está
determinada por las funciones, deberes y responsabilidades asignadas al cargo o
el grado de confianza que ha de depositarse en el servidor público 29, esto es que
guarda relación directa con el modo como se ha estructurado el empleo en la entidad
y las tareas oficiales que se le asignan30; de ahí que exista una diferencia sustancial
entre uno que se exhibe como de carrera y otro de periodo, no solo por las razones
aquí anotadas, sino por el límite en el tiempo para el ejercicio de sus labores; esto
es así, pues el primero exige continuidad y permanencia y las causales de retiro
están expresamente determinadas en la ley, es decir, se rigen por los principios de
especificidad o taxatividad, en tanto que los de periodo tienen una fecha cierta de
inicio y finalización prevista en la Constitución o la ley, o determinable en relación
con la fecha de su posesión, lo que hace que corresponda a un elemento objetivo
del empleo31 y conlleva a que este sea estable y perentorio, es decir, que no se
extiende más allá del lapso fijado para su culminación32.

29 Corte Constitucional, sentencia C-553 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30 Corte Constitucional, sentencia C-408 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2095 del 12 de marzo de 2012,

radicado 11001-03-06-000-2012-00022-00, C.P. William Zambrano Cetina.
32 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1860 del 6 de diciembre de 2007,

C.P. Gustavo Aponte Santos.

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2.2.2. Formas de provisión de los empleos

30. Ahora bien, el legislador definió las formas de ingreso y ascenso al empleo
público, esto es, que las vacancias definitivas y temporales existentes en las
respectivas plantas de personal de las entidades y organismos del Estado deben
proveerse a través de las figuras definidas para el efecto.

31. i) Por nombramiento de carácter ordinario para los empleos cuya naturaleza
jurídica es de libre nombramiento y remoción, tal y como lo disponen los artículos
23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 33.
En todo caso, el servidor debe acreditar los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.

32. ii) En encargo es un derecho preferencial que le asiste a los servidores que
ocupan empleos de carrera. En efecto, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, con las
modificaciones que le introdujo el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019 34, autoriza a
efectuar encargos en empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva,
mientras se surte el proceso de selección. Así las cosas, esta modalidad opera para
quienes a) se encuentren inscritos en el régimen de carrera, b) acrediten los
requisitos de ley para su ejercicio, c) posean aptitudes y habilidades propias del
cargo a acceder, d) no hayan sido sancionados en el último año de servicio; y
e) hayan obtenido una calificación sobresaliente en la última evaluación de
desempeño.

33. En relación con este último requisito, la norma señala que, de no existir
empleados de carrera con evaluación sobresaliente, debe examinarse el personal
de planta que tenga las más altas calificaciones descendiendo del nivel
sobresaliente al satisfactorio; en todo caso, el empleado deberá reunir las
condiciones y requisitos previstos en la ley.

34. De esta manera, la jurisprudencia ha señalado que esta modalidad se constituye
en una medida o mecanismo para garantizar la protección de los derechos del
personal de carrera35.

35. iii) La
provisionalidad es una medida «subsidiaria y excepcional que procede
cuando no fuere posible la provisión de los empleos vacantes en las plantas de personal de

33 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
34 «Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras

disposiciones».
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.

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las entidades públicas, bajo la modalidad de encargo con servidores de carrera
administrativa»36.

36. Al efecto, el Decreto 1227 de 2005 dispuso que mientras se elabore la lista de
elegibles para el cargo vacante, la Comisión Nacional del Servicio Civil puede
autorizar el nombramiento en provisionalidad. Esto señala la norma:

«Artículo 8. Mientras se surte el proceso de selección convocado para la provisión de
los empleos, estos podrán ser provistos mediante encargo a empleados de carrera, de
conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004.

El término de duración del encargo no podrá ser superior a seis (6) meses, salvo
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando el concurso no se hubiere
culminado en el término previsto en el presente decreto, caso en el cual este se
extenderá hasta que se produzca el nombramiento en período de prueba.37

Parágrafo transitorio. [Modificado por el Decreto Nacional 3820 de 2005, Modificado
por el art. 1, Decreto Distrital 1937 de 2007, Modificado por el Decreto Distrital 4968 de
2007] La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos y nombramiento
provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de
reestructuración, fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de
estricta necesidad del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el encargo
o el nombramiento provisional no podrán superar los seis (6) meses, término dentro del
cual se deberá convocar el empleo a concurso. El nombramiento provisional procederá
de manera excepcional cuando no haya personal que cumpla con los requisitos para ser
encargado y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada.

Artículo 9°. De acuerdo con lo establecido en la Ley 909 de 2004, en caso de vacancias
temporales los empleos de carrera podrán ser provistos mediante nombramiento
provisional cuando no fuere posible proveerlos por medio de encargo con servidores
públicos de carrera, por el término que duren las situaciones administrativas que las
originaron.

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.
El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del
cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido
en el presente decreto, mediante acto administrativo expedido por el nominador».

37. De tal manera que la provisionalidad, como forma de proveer un cargo, es una
excepción o una forma de provisión extraordinaria y puede darse mientras se surte
el proceso de selección convocado para la provisión del empleo cuya
naturaleza es de carrera administrativa.

36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicado

11001-03-25-000-2012-00795-00 (2566-2012), M.P. César Palomino Cortés.
37 El texto tachado fue declarado NULO mediante sentencia del 12 de abril de 2012, proferida por la

Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2005-
00215-01(9336-05), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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38. Esta forma de provisión del empleo público ha sido desarrollada en el
ordenamiento jurídico colombiano a través de las siguientes normas: Decreto Ley
2400 de 1968, el Decreto reglamentario 1950 de 1973, las leyes 61 de 1987, 27 de
1992, 443 de 1998, 909 de 2004, en las cuales se previó que ante la imposibilidad
de proveer el cargo de carrera administrativa a través del sistema del mérito, se
garantizaría la continuidad en la prestación del servicio público con personal
vinculado en provisionalidad hasta cuando se pueda realizar tal provisión con uno
de carrera, pues no puede existir solución de continuidad en el servicio por
falta de personal.

39. iv) Por nombramiento en período de prueba, la entidad nominadora, con sumo
respeto del orden de elegibilidad, y en consideración a las normas que informan la
carrera, designa de la lista de elegibles a las personas que superaron las etapas del
respectivo concurso de méritos, con el fin de que aquella pueda «evaluar los méritos
en relación con las condiciones de ingreso a la carrera judicial y con el desempeño de las
funciones»38 del empleado en su capacidad de adaptación, sus competencias,
habilidades y aptitudes para el ejercicio de la función pública. Una vez finalizado
dicho lapso, el servidor será inscrito en el registro público de carrera o en caso
contrario se declarará insubsistente su nombramiento.

40. v) Por nombramiento en propiedad se vincula con la administración a aquellas
personas que, además de cumplir con los requisitos generales y especiales para
desempeñar el cargo, han superado las etapas del concurso de méritos o que
siendo de libre nombramiento y remoción lo «desempeñe en propiedad»39.

2.2.3. Estabilidad laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción

41. La estabilidad laboral es aquella garantía de orden constitucional y legal por la
cual se logra la integración social de los empleados, se cumple con las exigencias
emanadas del principio de solidaridad social y la cláusula del Estado social de
derecho, se protege a aquellos empleados susceptibles de ser discriminados en la
relación laboral y que se concreta en la seguridad de permanecer en el empleo 40, a

38 Corte Constitucional, sentencias C-295 de 2002 y T-488 de 2004.
39 Consejo de Estado, Sala de Consulta y del Servicio Civil, concepto del 12 de diciembre de 2002,

expediente 1477. M.P. Susana Montes de Echeverri.
40 Al respecto, ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del 10 de

julio de 2025 M.P. Dr. Juan Enriqeu Bedoya Escobar, radicado 25000-23-42-000-2022-00310-01
(0185-2024) y del 15 de febrero de 2024 M.P. Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera, radicado
25000-23-42-000-2018-01641-02 (661-2023).

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menos que exista una «justificación o [esté] relacionada con su condición»41.

42. Dicha regla fue incorporada en nuestro ordenamiento colombiano antes de la
expedición de la Constitución de 1991 y acorde con los focos de protección al
trabajador desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo42, entre los
que se encuentran los Convenios 158 de 198243, 159 de 198344 y la Recomendación
166 de 198245, entre otros, según los cuales la terminación de la relación laboral no
debe obedecer a prácticas clientelistas, ni ser producto de la arbitrariedad del
empleador.

43. Posteriormente este principio, encontró sustento normativo en los artículos 1, 13,
25 y 53 de la Constitución Política, que resaltan la obligación constitucional del
Estado de adoptar medidas protectoras a favor de los empleados y especialmente
de aquellos grupos en condiciones de debilidad o vulnerabilidad.

44. Sin embargo, esta garantía constitucional no es absoluta y no se predica de
aquellos empleos de libre nombramiento y remoción, pues frente a estos se
constituye una excepción que se sustenta en la naturaleza de las funciones, pues,
como se explicó en líneas anteriores, exigen plena confianza o implican una
decisión política. De otra parte, con el propósito de que esta facultad discrecional
que ostenta el nominador para la provisión y desvinculación de estos cargos no se
convierta en la regla general, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
señalar que para que un empleo público sea de libre nombramiento y remoción
debe: i) tener fundamento legal, es decir que se encuentre como excepción a la
regla general de carrera; ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de
manejo, conducción u orientación institucional; y iii) las funciones asignadas
deberán tener un alto nivel de confianza, el cual deberá ser superior al que se le
puede exigir a cualquier otro servidor.

45. Al respecto esta Corporación ha señalado que « [l]a declaratoria de insubsistencia
de un empleado de libre nombramiento y remoción, como el demandante, es procedente
de forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones, y goza de presunción de legalidad
tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado46».

41 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-141 del 28 de marzo de 2016. M.P. Alejandro

Linares Cantillo; sentencia T-434 del 1° de octubre de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera; sentencia
SU-087 del 9 de marzo de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
42 En adelante OIT.
43 Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo.
44 Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas invalidas).
45 Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 1º de noviembre de 2007, Expediente No. 250002325000199902672 01 (4249-2004).

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46. Asimismo, la Corte Constitucional, al estudiar la estabilidad laboral de quienes
ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, explicó que, por regla general,
estos servidores no ostentan estabilidad laboral47:

«Según el primer criterio, son de libre nombramiento y remoción los empleos “de
dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de
políticas o directrices” (literal a) o, como los denomina el literal siguiente, “los altos
funcionarios del Estado”. Esta categoría de servidores públicos, en los términos del
artículo 5.2.a de la Ley 909 de 2004, integra a los empleos públicos de más alto nivel
jerárquico al interior de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de los Órganos de Control,
en la administración central y descentralizada del nivel nacional, en la administración
central y órganos de control del nivel territorial, y en la administración descentralizada
del nivel territorial. Dada esta condición, les corresponde la dirección, conducción y
orientación de las entidades estatales de las que hacen parte. En atención a su alta
calidad y elevadas responsabilidades, se trata de los empleos públicos que exigen el
máximo grado de confianza por parte de sus nominadores y, por tanto, de
discrecionalidad en cuanto a su nombramiento y remoción».

47. Ahora bien, en relación con el retiro de estos empleados, el artículo 41 de la Ley
909 de 2003, dispuso:

«Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa
se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de
carrera administrativa;
c) [Literal INEXEQUIBLE]
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) [Literal condicionalmente exequible] Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación
o vejez;
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) [Literal condicionalmente exequible] Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso
de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño
del empleo, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley 190 de 1995, y las normas que
lo adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
PARÁGRAFO 1o. [Parágrafo INEXEQUIBLE]

47 Corte Constitucional, sentencia SU-003 de 2018.

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PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de
conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá
efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.»

48. De la norma en cita se advierte que el legislador diferenció el retiro del servicio
con ocasión de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento cuando se trata
de empleados de libre nombramiento y remoción [literal a], por cuanto estableció
como excepción que esta facultad se efectuaba a través de un acto no motivado.
Sin embargo, su ejercicio, aunque es discrecional, debe adecuarse a «los fines de la
norma, del Estado y de la función administrativa, y ser proporcional a los hechos que le
sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de
manera suficiente, concreta, cierta y concurrente al acto que origina el despido, sin acudir
a razones genéricas o abstractas que no expongan con claridad los hechos48».

2.2.4. Naturaleza del cargo de jefe de Oficina Seccional de Cormagdalena

49. La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena,
Cormagdalena, fue creada a través del artículo 331 de la Constitución Política y fue
«organizada» por medio de la Ley 161 de 1994, en cuyo artículo 1 se indicó que es
«un ente corporativo especial del orden nacional con autonomía administrativa,
presupuestal y financiera» que funciona como «empresa industrial y comercial del
Estado», que tiene como propósito la recuperación de la navegación y de la
actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y
distribución de energía así como el aprovechamiento sostenible y la preservación
del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales
renovables en el territorio de los municipios ribereños del río Magdalena.

50. El domicilio principal se encuentra ubicado en la ciudad de Barrancabermeja por
expresa disposición de la citada norma, pero con ocasión de los múltiples municipios
ribereños, el artículo 5 ibidem dispuso la creación de oficinas seccionales en Neiva,
Honda, Magangué y Barranquilla.

51. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, por regla general,
las personas que prestan sus servicios en empresas industriales y comerciales del
Estado son trabajadores oficiales, a menos que se establezca algo distinto en los
respectivos estatutos en los que también se definirá qué actividades de dirección o
confianza se desempeñaran por empleados públicos.

48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 18 de febrero de 2021,
radicado 68001-23-33-000-2017-00193-01

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52. En esa línea, los artículos 26 y 27 del Decreto 790 de 1995, por medio del cual
se aprobaron los estatutos de Cormagdalena, disponen que quienes se vinculen a
la planta de personal de la entidad tendrán el carácter de «servidores públicos» y que
la Junta Directiva, «por excepción», podrá establecer quiénes serán considerados
trabajadores oficiales «especialmente en la construcción y mantenimiento de obras
públicas».

53. Además, se señaló que los empleos serían de libre nombramiento y remoción y
de carrera administrativa, de acuerdo con lo indicado en las leyes 61 de 1987 y 27
de 1992. Respecto de quienes presentan sus servicios en el sector público
descentralizado del orden nacional, el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, dispuso lo
siguiente:

«Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados
por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de

[…]

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes
criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la
adopción de políticas o directrices así:

[…]

En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:

Presidente, Director o Gerente General o Nacional; Vicepresidente, Subdirector o
Subgerente General o Nacional; Director y Subdirector de Unidad Administrativa
Especial; Superintendente; Superintendente Delegado; Intendente; Director de
Superintendencia; Secretario General; Directores Técnicos, Subdirector Administrativo,
Financiero, Administrativo y Financiero; Director o Gerente Territorial, Regional,
Seccional o Local; Director de Unidad Hospitalaria; Jefes de Oficinas, Jefes de Oficinas
Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o Comunicaciones; Jefes de Control
Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; asesores que se
encuentren adscritos a los despachos del Superintendente Bancario y de los
Superintendentes Delegados y Jefes de División de la Superintendencia Bancaria de
Colombia» [sic]. [se resalta]

54. De acuerdo con la Resolución 000420 del 10 de diciembre de 2016, de
Cormagdalena el empleo de jefe de oficina seccional Barranquilla código 0137,
grado 18 es del nivel directivo y tiene las siguientes funciones:

1. Participar en la preparación y definición de los planes y programas de desarrollo de
las entidades territoriales, regionales o sectoriales comprendidas en la jurisdicción de la

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Seccional Barranquilla, garantizando la coordinación y complementariedad con las
actividades de la Corporación.
2. Identificar los proyectos correspondientes al área de su jurisdicción, de acuerdo a los
parámetros establecidos por la Dirección Ejecutiva y las políticas del sector.
3. Concertar con las diferentes asociaciones, cooperativas y toda clase de agrupaciones
comunitarias de la región, el desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento de los
objetivos de la Corporación.
4. Velar por el buen uso del canal navegable y de las obras que se realicen para la
recuperación de la cuenca del Río Magdalena, en la jurisdicción de la Seccional
Barranquilla, para que cumplan con la finalidad para la cual fueron construidas.
5. Coordinar y supervisar en la jurisdicción de la seccional el cumplimiento de las
Corporaciones Autónomas Regionales CAR's de sus planes ambientales en relación con
el plan de ordenamiento hidrológico y manejo integral del río Magdalena, especialmente
en lo relativo a la reforestación, calidad del agua y restricciones artificiales de caudales.
6. Asesorar, armonizar y coordinar con las entidades públicas y privadas de la
jurisdicción las actividades que incidan en el comportamiento hidrológico de la
7. Coordinar con la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación y la Oficina de
Gestión y Enlace Bogotá, la Supervisión o interventoría a las obras que se ejecuten en
su Jurisdicción tales como dragados, obras hidráulicas y estudios de investigación del
laboratorio de estudios hidráulicos, en cumplimiento de los contratos y/o convenios
aprobados por la Corporación.
8. Monitorear las intervenciones que realice la Corporación en materia de seguridad
fluvial en la zona portuaria de Barranquilla, en especial sobre los trabajos de dragado
que contrate CORMAGADALENA.
9. Coordinar las intervenciones que se realice la Corporación en el Canal del Dique,
alertando sobre los posibles daños ecológicos.
10. Apoyar a la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación, en las actividades
portuarias que se desarrollen en la jurisdicción de la Oficina Seccional Barranquilla, con
el fin de garantizar la coordinación de las políticas institucionales en la materia.
11. Llevar el control del estado de las condiciones de navegabilidad del canal del Dique
y del canal de acceso a las instalaciones portuarias de Barranquilla de acuerdo con las
políticas institucionales de la Corporación.
12. Supervisar el monitoreo de calados en el canal de acceso a las instalaciones
portuarias de Barranquilla.
13. Coordinar con las autoridades marítimas y fluviales las condiciones operativas de los
canales de acceso a las instalaciones portuarias de Barranquilla.
14. Prestar apoyo a la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación en
administración y operación de los equipos de dragado de la Corporación.
15. Coordinar con comunidades y autoridades competentes las actividades necesarias
para la elaboración del plan de restauración ambiental del Canal del Dique.
16. Administrar y responder por el manejo de los recursos financieros, humanos y físicos
asignados a la Oficina Seccional Barranquilla para el cumplimiento de sus funciones.
17. Coordinar la consolidación y preparación de los informes que la Corporación deba
suministrar a otras entidades, en los temas que correspondan a la Oficina Seccional
Barranquilla, en los términos que sean establecidos.
18. Desarrollo las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo para lograr los objetivos
misionales de CORMAGDALENA.

55. Así, resulta clara la forma de provisión del empleo dispuesta por el legislador, en
atención a la trascendencia de la misión institucional otorgada y por el grado de

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confianza en la ejecución de la función pública, toda vez que el cargo, además de
exigir plena confianza, requiere calificación y capacitación para el ejercicio de sus
funciones.

56. Así las cosas, de acuerdo con el marco normativo expuesto, es claro que el cargo
de jefe de oficina seccional que desempeñó Héctor Enrique Posada Viana era un
empleo de libre nombramiento y remoción, frente al cual el director ejecutivo de
Cormagdalena ostentaba la calidad de nominador y, por lo tanto, la facultad de
decidir sobre la designación de ese empleo.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

57. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

57.1. Héctor Enrique Posada Viana fue nombrado como jefe de la Oficina Seccional
Barranquilla de Cormagdalena a través de la Resolución 333 del 6 de octubre de
201549.

57.2. Por medio de Resolución 00038 del 13 de febrero de 2017, proferida por el
director ejecutivo (e) de Cormagdalena, se declaró insubsistente su nombramiento
y se encargó de dicho empleo a Jesús Alberto Flórez Ortiz, quien ya se
desempeñaba como subdirector de Desarrollo Sostenible y Navegación50.

57.3. El demandante aportó copia de una serie de documentos titulados «el alto costo
que tiene la falta de dragado en canal de acceso», «Consejo de Barranquilla realizará
debate sobre canal de acceso», «la entrada al canal de acceso, área crítica», «APP del Río,
en vilo tras escándalo de Odebrecht», «Calado de canal de acceso al puerto de Barranquilla
vuelve y cae a 9.1 metros. Vientos de hasta 60 km/h han empeorado la situación en el
puerto de Barranquilla».

57.4. La IPS Vital Plus, que para el momento prestaba sus servicios a la EPS
Coomeva, le concedió al demandante una incapacidad médica de 2 días
comprendidos entre el 17 y el 18 de febrero de 2017 por enfermedad general,
firmada por el médico Giancarlo Nicollela con registro profesional 72234146 51. El
documento aportado no contiene diagnóstico.

49 Según se extrae de la Resolución 00038 del 13 de febrero de 2017.
50 Folio 33 del documento «001. EXP 2018-0070 HECTOR POSADA FL 1- 149.pdf» del expediente
escaneado en el índice 4 de Samai.
51 Folio 26 del documento «001. EXP 2018-0070 HECTOR POSADA FL 1- 149.pdf» del expediente

escaneado en el índice 4 de Samai.

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57.5. El demandante aportó 2 capturas de pantallas en las que se observa el registro
de llamadas del día 17 de febrero de 2017 con el contacto denominado «Melba»
para un total de 4 llamadas entre las 10:36 a.m. y las 11:58 a.m., 2 salientes y 2
entrantes.

57.6. Melba Rojas, empleada del área de Talento Humano de Cormagdalena, rindió
testimonio dentro del presente asunto, pero señaló no recordar con precisión las
circunstancias que rodearon la declaratoria de insubsistencia del demandante y
afirmó no haber incurrido en irregularidades en la expedición del acto administrativo
demandado52.

2.4. Análisis sustancial

58. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda en
consideración a que el empleo en el que fue designado el demandante era de libre
nombramiento y remoción, de conformidad con la Ley 909 de 2004, sin que se
configuraran las causales de nulidad alegadas, comoquiera que, aun cuando
manifestó haber tenido un excelente desempeño profesional, no se demostró un
desmejoramiento del servicio con ocasión de su retiro ni se llegó a la convicción
sobre la afirmación atinente a que la insubsistencia de su nombramiento hubiese
ocultado fines distintos de aquél.

59. El demandante solicitó que se revocara la decisión adoptada en primera instancia
al considerar que el a quo desconoció los verdaderos motivos de la declaratoria de
insubsistencia, toda vez que la facultad discrecional se ejerció de manera arbitraria
y no por razones del buen servicio, pues lo cierto es que era un servidor ejemplar y
tenía mejores calidades profesionales que la persona que lo reemplazó.

60. Frente a los argumentos de la apelación, la Subsección establece que tal y como
se expuso en el marco normativo de esta providencia, el cargo de jefe de oficina
seccional desempeñado por Héctor Enrique Posada Viana era un empleo de libre
nombramiento y remoción, situación que no fue objeto de reproche por las partes,
por lo que el director ejecutivo de Cormagdalena ostentaba la facultad nominadora
y la declaratoria de insubsistencia procedía de forma inmotivada, sin procedimientos
o condiciones.

61. Lo anterior, en atención a que la especial confianza del nominador en el servidor
público de libre nombramiento y remoción es lo que justifica su permanencia en el

52 Índice 23 del portal Samai.

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cargo y habilita al nominador para disponer de su retiro de manera discrecional, sin
que sea necesario u obligatorio expresar los motivos que lo llevaron a adoptar tal
decisión, en tanto se presume que fue emitida en aras de mejorar el servicio público,
tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado53 y la Corte
Constitucional54.

62. En este punto, resulta necesario resaltar que la estabilidad en este tipo de
empleos es precaria en atención a la naturaleza de las labores que se cumplen, ya
que requieren siempre de la plena confianza del nominador, la cual se enmarca en
la afinidad funcional entre el superior y el trabajador que le permita a aquel definir y
ejecutar de manera mancomunada las políticas elaboradas hacia determinado
propósito. De ahí que la jurisprudencia de esta corporación haya señalado en
reiterados pronunciamientos que «hay eventos en los que la administración requiere
cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de
las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello»55.

63. En ese sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que «un
empleado en tal cargo que no esté en sintonía con el representante y responsable de la
institución pública, al margen de sus capacidades y desempeño, bien puede ser separado
del empleo, ya que en la dinámica administrativa, la facultad discrecional está instituida,
entre otras, para ese tipo de situaciones, sin que ello suponga sanción o juicio de valor a la
actividad laboral»56, situación que impide cuestionar la decisión de quien ha perdido
la confianza en su colaborador.

64. En talsentido, la declaratoria de insubsistencia de un nombramiento de un
empleo de esta categoría no requiere que se adelante un procedimiento
administrativo establecido, comoquiera que quien desempeña un cargo de libre
nombramiento y remoción al no estar amparado por los derechos que confiere la
carrera administrativa ni por algún fuero de estabilidad, se encuentra bajo el imperio
de una potestad discrecional del nominador y, en consecuencia, en una situación de
confianza distinta de la que se advierte en los demás niveles de la administración57.

53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de febrero de 2023,
radicación 2019-01708-01 (2994-2022)
54 Sentencia C-553 de 2010, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
55 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2018, radicación 25000-23-42-

000-2013-01223-02 (4578-16).
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de enero de 2020, radicado

54001-23-33-000-2014-00135-01 (3598-2015) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de octubre y el 30 de

marzo de 2017, radicados: 15001-23-31-000-2009-00058-01 y 81001-23-33-000-2014-00006-02, M.
P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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65. Ahora, si bien estos motivos no se reflejan en forma expresa de la lectura del acto
administrativo acusado, no pueden pasar inadvertidos, aunque no sean presupuesto
para la validez del acto, por cuanto la desviación de poder se dirige a demostrar que
con su actuación el nominador pretendía satisfacer intereses personales o de
terceros que se distanciaban de la prestación eficiente, oportuna y correcta del
servicio, lo que, se insiste, exige al demandante llevar al juez a esa convicción, pues
no puede exigírsele a la entidad que demuestre que su actuar estuvo ajustado a la
legalidad porque, en virtud de la ley, esta se presume.

66. En relación con el argumento según el cual la insubsistencia se habría
materializado con anterioridad a su notificación personal y, por ende, se habría
vulnerado el debido proceso administrativo, la Sala precisa que la notificación del
acto administrativo está relacionada con la eficacia de la decisión, pero no con su
validez, por lo que el hecho de que la comunicación personal sea posterior a la fecha
de expedición del acto no desvirtúa su legalidad.

67. Sin embargo, en cuanto a los actos de insubsistencia dictados en ejercicio de la
potestad discrecional de libre remoción debe indicarse que no están sujetos al deber
de publicación y notificación por ser actos de ejecución. Así lo ha considerado esta
corporación en múltiples pronunciamientos58.

68. Es por ello que en la parte final del inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1437
de 201159, al referirse al campo de aplicación de tal estatuto procesal, fijó
claramente que los procedimientos administrativos regulados en la primera parte
tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción, de
manera que el código proscribe los recursos en forma implícita respecto de tales
actos administrativos.

69. Lo anterior lleva a inferir entonces que no todos los actos administrativos
susceptibles del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se dan
conocer de la misma forma, pues existen actos que sólo se publican, otros que se
notifican y algunos que simplemente se comunican y se ejecutan.

58 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 15 de agosto de 2002, radicado 07001-23-

31-000-1999-00004-01(1635-01); 4 de mayo de 2023, radicado 25000-23-42-000-2018-01625-01
(2490-2021); y 11 de octubre de 2023, radicado 25000-23-42-2017-01522-01 (3813-2022).
59 «ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos

los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y
niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones
administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.
Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su
naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público
en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas.
Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción…»

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70. Tampoco resulta de recibo el planteamiento según el cual la comunicación del
retiro al Ministerio de Transporte constituyó un indicio de desviación de poder o de
irregularidad sustancial. Esta situación [que no está probada en el expediente, pues
no se aportó documento alguno que diera cuenta de ello] respondió a las acciones
de coordinación interinstitucional, orientadas a la actualización de registros y al
cumplimiento de deberes legales y presupuestales, las cuales no tienen la
virtualidad de afectar la validez del acto de insubsistencia ni de desvirtuar la
presunción de legalidad que lo ampara.

71. De otro lado, la alegada existencia de dos actos administrativos [uno de
aceptación de renuncia y otro de insubsistencia] es un hecho no probado, siquiera
sumariamente, por el demandante, deficiencia probatoria que no permite tenerlo por
cierto y, en consecuencia, no es dable concluir que se hubiese configurado una
actuación fraudulenta o contraria al ordenamiento jurídico.

72. Delacervo probatorio no se logra evidenciar que la administración hubiese
pretendido efectuar el retiro mediante una figura distinta ni que se hubieran
producido efectos jurídicos simultáneos o incompatibles, menos aun cuando, como
se ha explicado, el nominador tenía la facultad legal de disponer libremente del
empleo mencionado sin que tuviera que agotar procedimiento administrativo alguno.

73. En suma, los aspectos relativos a la oportunidad de la notificación, a las
comunicaciones administrativas posteriores al retiro o a la coexistencia de actos
administrativos relacionados con la desvinculación del demandante no constituyen,
de manera individual ni conjunta, prueba suficiente de que la facultad discrecional
se hubiera ejercido con fines distintos del buen servicio. Por el contrario, tales
circunstancias se inscriben dentro de las facultades legales de la entidad y no logran
quebrantar la presunción de legalidad del acto acusado ni acreditar la existencia de
móviles ocultos que vicien la declaratoria de insubsistencia.

74. Así, esta Sala no puede inferir que existieron motivos ocultos distintos del buen
servicio y, por lo tanto, la conclusión ha de dirigirse a que Héctor Enrique Posada
Viana, directamente interesado en la declaratoria de nulidad, no logró desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara al acto, carga probatoria que le correspondía
asumir60.

60 Así se ha dispuesto en, por ejemplo, sentencia de esta Subsección del 20 de noviembre de 2025,

radicado 25000-23-42-000-2018-02444-01 (3548-2024).

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75. De otra parte, el demandante sustentó sus pretensiones en el buen desempeño
de sus funciones, sin embargo, esto tampoco desvirtúa la presunción de legalidad
del acto demandado, en la medida en que, como lo ha dicho la jurisprudencia de
esta Corporación, esta situación no le otorga estabilidad en el cargo, sino que se
trata de un presupuesto natural de quien accede a la función pública, esto es, cumplir
con diligencia, eficiencia e imparcialidad las funciones que le sean asignadas.

76. Asimismo, la parte actora alegó que se desmejoró la prestación del servicio, en
razón a que el servidor que lo reemplazó temporalmente no contaba con su misma
o una mejor experiencia para el ejercicio del cargo, puesto que él tenía mejor hoja
de vida respecto de estudios y años de experiencia en el ejercicio del cargo. No
obstante, estos elementos no son suficientes para tener por cierta la desviación de
poder, pues Jesús Alberto Flórez Ortiz era el jefe de otra oficina seccional de
Cormagdalena, es decir que cumplía con las exigencias mínimas del empleo.

77. Con todo, se advierte que dentro del proceso no está probada la desmejora o
afectación del servicio, en tanto el hecho de que la persona que reemplazó al
demandante haya ejercido las funciones de manera remota no implica per se que
las funciones no se hayan desempeñado con idoneidad, menos aun cuando ello
ocurrió de manera temporal mientras se proveía el cargo de manera permanente,
persona de quien no se hizo ningún tipo de salvedad por parte del actor.

78. En todo caso, se resalta que dentro del expediente no se acreditó con elemento
alguno de prueba que, con ocasión de la declaratoria de insubsistencia aquí
atacada, se haya paralizado o ralentizado el servicio de la entidad a nivel regional.

79. En cuanto a las capturas de pantalla, en virtud de las cuales se advierten unas
llamadas telefónicas aportadas por el demandante, la Sala observa que dichos
elementos probatorios únicamente dan cuenta de la existencia de comunicaciones
entre el actor y quien al parecer era una funcionaria del área de talento humano de
Cormagdalena, pero no es posible inferir el contenido de las conversaciones ni
mucho menos que en estas se hubiese ejercido algún tipo de presión, coacción o
amenaza orientada a forzar su renuncia o a justificar su posterior retiro.

80. En ese sentido, tales documentos carecen de la aptitud probatoria necesaria para
acreditar la desviación de poder alegada, en tanto no permiten desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, pues la sola existencia
de llamadas telefónicas no constituye prueba de un ejercicio arbitrario o ilegítimo de
la facultad discrecional del nominador.

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81. De otra parte, el hecho de que el demandante aparentemente haya sido retirado
de la nómina en una fecha distinta de la señalada en el acto administrativo de
insubsistencia es un hecho no probado por el demandante y que, en todo caso, no
tiene la entidad suficiente para afectar la legalidad del acto acusado, toda vez que
se trata de una circunstancia posterior relacionada con su ejecución material y no
con los elementos esenciales del acto administrativo.

82. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que el acto
administrativo tiene como elementos esenciales los de existencia, validez y eficacia.
El primero relativo a la voluntad de la administración manifestado en una decisión,
es decir, al órgano y al contenido61. El segundo «hace alusión a la conformidad que
este tiene con el ordenamiento jurídico consecuencia del respeto a la legalidad o del
sometimiento a las exigencias del derecho vigente»62. El tercero, referente a la
oponibilidad del acto, es decir, aquellas formalidades o procedimientos que permiten
que la decisión surta efectos jurídicos, siempre y cuando se cumplan con las etapas
de publicación y notificación.

83. En relación con este último elemento, la Corte Constitucional en sentencia C-069
de 1995 señaló lo siguiente:

«La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir
efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de
hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento
jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede
constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión
viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el
ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada
oportunamente» [Se resalta].

84. Sobre la ineficacia del acto administrativo por no haber sido notificado, esta
corporación manifestó:63

«Debe recordarse que, como lo ha explicado esta Corporación en abundantes
providencias, la falta de notificación del acto administrativo conlleva su ineficacia,
que se traduce en la imposibilidad de producir los efectos para los que fue proferido, en
la medida en que la publicidad del acto deviene un requisito indispensable para que la
decisión adquiera el carácter de obligatoria.

61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de octubre de 2017, radicado

17001 23 31 000 2004 01043 02 (1563-2010), M.P. César Palomino Cortés.
62 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado 11001 03 25

000 2016 01017 00 (4574-2016). En esta sentencia se citó a Carlos Ariel Sánchez Torres, Acto
administrativo. Teoría general, Editorial Legis. 2004. Pág. 98.
63 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de marzo de 2018, radicado 25000 23 24

000 2011 00097 01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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[…]

Ahora bien, respecto de los actos administrativos de contenido particular, la ausencia o
indebida notificación genera la inoponibilidad a su destinatario, es decir, no le es
exigible, argumento este que encuentra asidero en que nadie puede ser obligado a
cumplir una decisión que desconoce.

En ese orden, se reitera, la publicación del acto no es un requisito para su validez, por
lo tanto, lo que se afecta es la eficacia del mismo, es decir, lo hace inoponible frente a
terceros». [Se resalta].

85. Es decir, el acto administrativo solo tiene la entidad de surtir efectos jurídicos
cuando de su existencia se ha informado en la forma legalmente establecida a quien
se vea afectado por la decisión que allí se adoptó; no obstante, tal circunstancia no
afecta los presupuestos de existencia ni validez de la decisión.

86. Sobre el tema, el demandante afirmó que el acto de retiro le fue notificado hasta
el 21 de febrero de 2017, lo que se justifica por la situación de incapacidad en la
que se encontraba [2 días desde el 17 de febrero de 2017]; de manera que la
decisión fue puesta en su conocimiento luego de que superara el estado de
vulnerabilidad en que se encontraba por su particular situación de salud.

87. Así, pese a que el acto administrativo había sido expedido con anterioridad a la
incapacidad que le fue otorgada al demandante y, en consecuencia, cuando se
produjo el retiro la situación de salud en la que se encontraba era precaria, luego de
superada esa situación de debilidad en la que se hallaba le fue notificada la decisión.
Ahora, vale la pena recordar que, como se explicó previamente, los actos
administrativos que declaran la insubsistencia de un servidor de libre nombramiento
y remoción no requieren ser notificados, pues son actos de ejecución.

88. En tal sentido, no se advierte irregularidad en el hecho de que la entidad le haya
puesto en conocimiento la decisión del retiro varios días después de su expedición
y con posterioridad a la finalización del periodo de incapacidad, lo cual, contrario a
lo sostenido por el actor, resulta ser una actuación más garantista por parte de la
demandada.

89. Con todo, se insiste en que la ineficacia del acto no afecta su validez y, por lo
tanto, el juicio de legalidad que en esta instancia se adelanta impide considerar
ilegal un acto por no ser oponible al demandado sino 2 días después de su
expedición, pues no se advirtió vicio de nulidad alguno en su formación, el que se
constituye en el marco de la competencia del juez en este asunto en particular.

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90. En efecto, cualquier discrepancia en torno a la fecha efectiva de desvinculación
para efectos salariales o prestacionales constituye un asunto de índole económico
que debe ser ventilado a través de la reclamación correspondiente sobre la
liquidación de salarios y prestaciones sociales, mas no mediante el cuestionamiento
de la validez del acto de insubsistencia propiamente dicho. En consecuencia, dicha
situación no permite inferir la existencia de un vicio de legalidad ni mucho menos
una desviación de poder.

91. En relación con la prueba testimonial rendida por Melba Rojas, la Sala advierte
que la testigo señaló que no recordaba las circunstancias que rodearon la
declaratoria de insubsistencia del demandante, en atención al gran número de
empleados con los que contaba la entidad. Así, su declaración no aportó elementos
de convicción suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto
acusado, pues de él no se puede siquiera dilucidar la existencia de presiones
indebidas, desviación de poder o vicios en la formación del acto, en tanto no realizó
precisiones de tiempo, modo o lugar de las que se pudieran dar por probada la
ilegalidad de la decisión adoptada por Cormagdalena.

92. Finalmente, en cuanto al argumento del apelante según el cual el acto de
insubsistencia afectó el cálculo de su pensión, la Sala observa que dicha
circunstancia no constituye un vicio autónomo de legalidad del acto administrativo
demandado. El eventual impacto en la historia laboral o en la liquidación pensional
corresponde a una consecuencia indirecta del retiro del servicio y no a un elemento
determinante para establecer la legalidad del acto de desvinculación.

93. Adicionalmente, el monto de la mesada pensional es una materia propia del
régimen pensional aplicable, circunstancia que es ajena al objeto del presente
proceso, razón por la cual es un asunto que no puede ser analizado en esta
oportunidad. En consecuencia, el argumento propuesto no desvirtúa la legalidad del
acto acusado ni conduce a la prosperidad de las pretensiones.

94. Así las cosas, la Sala encuentra que no se acreditó la desviación del poder en la
Resolución 38 del 13 de febrero de 2016, por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento de Héctor Enrique Posada Viana en el cargo de jefe
de oficina seccional Barranquilla de Cormagdalena, pues obedeció a la facultad
discrecional del nominador, como elemento esencial del empleo de libre
nombramiento y remoción derivado de la naturaleza misma del cargo previsto en la
ley.

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00070-01 (5954-2022)
Demandante: Héctor Enrique Posada Viana

2.5. Costas

95. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.64

65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

66. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

67. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
desviación de poder en la Resolución 38 del 13 de febrero de 2016, por medio de la
cual se declaró insubsistente el nombramiento de Héctor Enrique Posada Viana en
el cargo de jefe de la Oficina Seccional Barranquilla, código 0137, grado 18, de

64En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00070-01 (5954-2022)
Demandante: Héctor Enrique Posada Viana

Cormagdalena, pues obedeció a la facultad discrecional del nominador, como
elemento esencial del empleo de libre nombramiento y remoción derivado de la
naturaleza misma del cargo previsto en la ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de enero de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección B, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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