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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00241-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00241-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A. 2.- Condenar en costas a la entidad demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2018-00241-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00241-01 (30427)
Demandante: CARBONES EL TESORO SA Y TOMÁS ANTONIO LÓPEZ
VERA
Demandada: DIAN
Tema: CREE 2014. Compensaciones. Alcance del recurso de
apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 31 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A, que resolvió1:

Primero: Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 900.003 del 13 de
septiembre de 2016 y la Resolución No. 007061 del 18 de septiembre de 2017, en el sentido
de que no hay lugar a la modificación de la liquidación privada presentada por el
contribuyente demandante Carbones El Tesoro S.A., ni tampoco resultan procedentes las
sanciones impuestas en los actos, según lo considerado en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, la
liquidación privada del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2014,
presentada por el contribuyente demandante Carbones El Tesoro S.A., ante la U.A.E.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, se encuentra en firme, y no hay lugar
a pagar conceptos adicionales de impuestos, anticipos o sanciones.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, no hay
lugar al pago de las sanciones de que trata el artículo 658-1 del E.T. respecto de la
declaración sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2014, por parte de la
demandante Carbones El Tesoro S.A., ni su representante legal Tomas Antonio López Vera.

Cuarto: Sin costas. […].

ANTECEDENTES

El 20 de abril de 2015, Carbones El Tesoro S.A.2 presentó la declaración de CREE
del año gravable 2014, en la que liquidó una base gravable mínima de $0 y un saldo
a favor de $708.608.0003.

1
Documento 055 expediente digital.
2
Su objeto social principal es «1. Prospección, exploración, explotación, producción, beneficio, transformación, adquisición,
enajenación, comercialización y transporte de carbón y cualquiera otra sustancia mineral asociada con el carbón […]».
3
Fl. 158. Tomo 2.

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00241-01 (30427)
Demandante: CARBONES EL TESORO S.A. Y TOMÁS ANTONIO LÓPEZ VERA

El 13 de septiembre de 2016, previo requerimiento especial4 y respuesta a este, la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de
Barranquilla expidió la Liquidación Oficial de Revisión 900.003, en la que modificó la
declaración para desconocer costos por compensaciones ($1.379.613.000), adicionar
la base gravable mínima ($2.095.124.000), liquidar la sobretasa ($64.756.000) e imponer
sanción por inexactitud ($405.307.000), para fijar el saldo a favor en $49.984.000.
Adicionalmente, propuso imponer sanciones al representante legal y al revisor fiscal
por $81.061.0005. Contra este acto se interpusieron los recursos de reconsideración.

El 18 de septiembre de 2017, por medio de la Resolución 007061, la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, modificó
el acto liquidatorio para disminuir la sanción por inexactitud en aplicación del principio
de favorabilidad (100%) y fijarla en $253.317.000, para determinar el saldo a favor en
$201.974.000. Las sanciones al representante legal y al revisor fiscal las estableció en
$50.663.0006.

DEMANDA

Carbones El Tesoro S.A. y Tomás Antonio López Vera, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, formularon las siguientes
pretensiones:
A. Respecto de la Compañía:

1.1. Primera: Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial y de la Resolución del
Recurso, actos que fueron debidamente identificados al inicio de esta demanda.

1.2. Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a
CET, al declarar que la liquidación privada del impuesto sobre la renta del año gravable
2014 ha quedado en firme y no se tiene que realizar ningún pago a la DIAN por concepto
de impuestos, anticipos, sanciones, actualizaciones o intereses moratorios.

B. Respecto del Representante Legal:

1.3. Tercera: Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial y de la Resolución del
Recurso de Reconsideración, actos que fueron debidamente identificados al inicio de
esta demanda.

1.4. Cuarta: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a
Tomás Antonio López Vera, al declarar que no es procedente la imposición de la
sanción prevista en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario por su condición de
Representante Legal de la Compañía.

Invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 29 de la CP; 3 [num. 1] del
CPACA; 176 del CGP; 58, 59, 77, 107, 189 [lit. d], 658-1, 647, 706, 742 y 779 del
Estatuto Tributario; 39 del Decreto 2649 de 1993; 1602, 1618 y 1620 del Código Civil;
22 de la Ley 1607 de 2012; 264 de la Ley 223 de 1995; 20 del Decreto 4048 de 2008;
197 de la Ley 1607 de 2012, y 3 del Decreto 2701 de 2013, modificado por el artículo
6 del Decreto 3048 de 2013. El concepto de la violación se resume, así:

4
Requerimiento Especial 900003 del 19 de diciembre de 2015.
5
Pág. 73 a 91. Tomo I.
6
Pág. 92 a 155. Tomo II.

2
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Demandante: CARBONES EL TESORO S.A. Y TOMÁS ANTONIO LÓPEZ VERA

Las compensaciones originadas en el contrato de gran minería son costos procedentes en la
liquidación del CREE: Del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, reglamentado por el
artículo 3 del Decreto 2701 de 2013, se concluye que los contribuyentes del CREE
pueden solicitar como costos los aceptados para la determinación del impuesto sobre
la renta; las compensaciones pagadas por la actora constituyeron costos bajo las
normas contables y tributarias, toda vez que: (i) se originaron en lo pactado en la
cláusula 17 del contrato de minería, y se trató de un pago requerido por la autoridad
minera para la extracción, explotación, utilización, beneficio y comercialización del
carbón -objeto social de la actora-; (ii) son erogaciones relacionadas con la generación
de ingresos de la sociedad; (iii) se registraron en la cuenta 731596000, hecho
verificado por la DIAN y, (iv) cumplen los requisitos de necesidad, proporcionalidad y
relación de causalidad con la actividad productora de renta conforme al artículo 107
del ET, pues se trató de un pago obligatorio para el desarrollo del objeto social de la
compañía, que se tasó en el 3%.

La DIAN partió de una confusión conceptual al asimilar los conceptos de costos y
deducciones (gastos); por ello, las consideraciones de la resolución del recurso del
CREE, sobre los requisitos para la aceptación de deducciones son impertinentes e
inútiles, pues lo que se discute son costos que cumplen los requisitos previstos en el
Estatuto Tributario para este tipo de erogaciones. Aun así, si las compensaciones
fueran gastos, también son deducibles en el CREE, por acreditar los requisitos del
artículo 107 del ET. Erró la Administración al señalar que no eran deducibles conforme
al numeral 4 del artículo 3 del Decreto 2701 de 2013, toda vez que dicha norma estaba
derogada en el año 2014, y fue modificada por el artículo 6 del Decreto 3048 de 2013,
que remitía expresamente al artículo 107 ib.

El Concepto RG-2017-0055 del 24 de agosto de 2017, emitido por la Defensoría del
Contribuyente y Usuario Aduanero, y lo resuelto en otros casos que involucran a
compañías vinculadas a la actora, como CMU, confirman y reconocen que las
compensaciones son costos procedentes en la depuración de renta y CREE.

Las consideraciones sobre la aplicación del artículo 116 del ET y del Concepto 015766
del 17 de marzo de 2005, son irrelevantes, pues la sociedad no invocó a su favor la
aplicación de esa norma a la deducción de impuestos, regalías y contribuciones, y las
compensaciones son contraprestaciones pactadas contractualmente a favor del
Estado por su concurso en la explotación de recursos naturales no renovables, como
lo ha aceptado la DIAN, y no se trata de una entidad descentralizada.

Como sucedió con el artículo 116 del ET, la DIAN invocó el Concepto 015766 del 17
de marzo de 2005, no aplicable al caso, en cuanto se refiere al tratamiento de las
regalías como costos o deducciones en el impuesto sobre la renta, y fue declarado
nulo por el Consejo de Estado en sentencia 19950, la cual confirmó que la ausencia
de una norma expresa que establezca la procedencia de un costo o deducción no
puede ser motivo de rechazo, pues existen normas generales -artículos 77 y 107 del ET-,
cuya aplicación debe analizarse en cada caso, como ocurre con las compensaciones
que cumplen los requisitos en ellas señalados.

La totalidad de los bienes deben excluirse de la depuración de la base gravable mínima/renta
presuntiva, porque se encuentran directamente vinculados a la explotación de carbón: Aunque
los sistemas presuntivos en CREE y renta se denominan de manera distinta , están
sometidos a las mismas reglas de liquidación previstas en los artículos 189 y 193 del

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ET; teniendo en cuenta que en el año gravable 2014, la compañía presentó pérdida
fiscal, lo cual conllevó a fijar el impuesto a partir de la base gravable mínima conforme
al artículo 189 [a y d] del ET, cuyo resultado fue cero, en cuanto excluyó las acciones
poseídas en sociedades nacionales, y los demás activos de la empresa por estar
relacionados con el desarrollo de la actividad minera.

De dicha depuración, la DIAN aceptó la exclusión del valor de las acciones poseídas
en sociedades nacionales, pero estimó que activos como los inventarios, cuentas por
cobrar, efectivo, dinero en bancos, entre otros bienes, no podían excluirse del cálculo,
por considerar que hacen parte de la actividad comercial y no de la actividad minera
que, a juicio de la Administración, se reduce a la extracción de carbón.

La interpretación de la DIAN es errada, porque la actividad económica de la actora es
la «extracción de hulla (carbón de piedra)» y es titular del contrato de gran minería 132-
97, cuyo objeto es el desarrollo de un proyecto carbonífero de gran minería en sus
etapas de exploración hasta factibilidad, construcción, montaje y explotación
carbonífera en la Jagua de Ibirico, Cesar. Para desarrollar la actividad de explotación
de carbón, la compañía ha suscrito diferentes acuerdos con otras compañías, a través
de los cuales accede a los recursos que requiere para la extracción y comercialización
del carbón.

Para desarrollar sus operaciones de manera más eficiente, suscribió un acuerdo de
uso integrado de infraestructura minera con dos compañías vinculadas (Consorcio
Minero Unido y Carbones de La Jagua), aprobado por Ingeominas mediante Resolución
SFOM-0723, con el objeto de compartir maquinaria, equipos infraestructura y demás
activos de su propiedad, necesarios para la extracción y explotación de carbón en las
áreas contratadas con la autoridad minera, colindantes entre sí.

De manera complementaria, suscribieron un contrato de colaboración empresarial con
la finalidad de unir esfuerzos para la adquisición de bienes y servicios requeridos para
llevar a cabo las operaciones de minería, en el cual se pactó una metodología para la
identificación de los costos compartidos entre las partes y el reparto de las sumas
incurridas.

Frente al registro y reparto de costos, la cláusula cuarta del contrato establece que
cada una de las compañías que lo integran deben registrar en su contabilidad los
costos en los que incurren por cada uno de los conceptos que son objeto del mismo.
Una vez consolidada la información, los costos se reparten entre las partes en
proporción al carbón y mineral estéril (piedra, arena, tierra, etc.) extraídos por cada
compañía y, si resultan ser superiores a los que les corresponde por el respectivo mes,
la compañía debe solicitar el reintegro de ese exceso mediante una factura.

Como el contrato de colaboración no establece un reparto de los costos asociados a
la depreciación de los equipos y maquinaria por su uso para la explotación de carbón,
las partícipes acordaron que la depreciación sería remunerada mensualmente a través
de la facturación de un servicio minero que refleja el uso de esos activos en la actividad
productora de renta de las compañías, lo cual se demuestra con los estados
financieros, la certificación del revisor fiscal de cada una de las sociedades, y las
facturas emitidas por CMU a CET por el servicio minero.

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Por la dinámica contable del contrato de colaboración los rubros -mano de obra,
explosivos, combustibles y mantenimiento, etc.- no quedan discriminados en la
contabilidad de las compañías partícipes, pero ello no significa que no se haya
incurrido en estos y que CET no se benefició de ellos. Contrario a lo afirmado por la
DIAN, la actividad económica de la compañía sí es la extracción y comercialización de
carbón pues, como se desprende de los soportes allegados, los ingresos fiscales
corresponden a ventas de carbón e ingresos por reintegro de costos en virtud del
contrato de colaboración.

Para que proceda el beneficio previsto en el artículo 189 [d] del ET, se deben cumplir
tres requisitos: (i) que exista una empresa, (ii) la cual tenga como objeto social
exclusivo la minería, distinta a la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos y,
(iii) que los bienes estén vinculados directamente a la misma.

Conforme a los artículos 25, 99 y 110 del Código de Comercio, la noción de empresa
alude al único negocio desarrollado por la sociedad, con independencia de que existan
actividades complementarias con una clara y directa relación de medio a fin, como lo
precisó la Superintendencia de Sociedades en el Concepto 220-046968 de 2013.

Para establecer en qué casos una empresa tiene por objeto social exclusivo la minería,
es necesario acudir a las definiciones de «minería» y «explotación (industria minera) 1.
Proceso de extracción y procesamiento de los minerales, así como la actividad orientada a la
preparación y el desarrollo de las áreas que abarca el depósito de mineral. Es la aplicación de
un conjunto de técnicas y normas geológico-mineras y ambientales, para extraer un mineral o
depósito de carácter económico, para su transformación y comercialización», contenidas en
el Decreto 2191 de 2003 -Glosario Técnico Minero-, las cuales clarifican que la actividad
minera por excelencia es la explotación del carbón, la que a su vez comprende la
extracción y comercialización de dicho mineral, actividad desarrollada por la sociedad.

La DIAN parte de una premisa errada al considerar que los únicos bienes que pueden
ser excluidos bajo el artículo 189 [d] del ET, son las máquinas e infraestructura
necesarias para extraer carbón, sin tener en cuenta que esa distinción no está prevista
en la norma, aunado a que «bienes vinculados con la empresa cuyo objeto social exclusivo
sea la minería» alude a la definición de empresa prevista en el derecho comercial, la cual
supone la utilización de distintos bienes con el propósito de mantener una actividad
económica que tiene vocación de permanencia, por lo que todos ellos conforman una
unidad (establecimiento de comercio) y coadyuvan a la realización de los fines del
negocio del empresario; por ello, las cuentas por cobrar, los inventarios, los mobiliarios
y demás activos que la conforman están vinculados directamente con ella, y resultan
necesarios para desarrollar sus fines, mantenerla, obtener ingresos y generar
rentabilidad.

La actividad minera no solo incluye la extracción de carbón, sino el proceso destinado
a su transformación y comercialización; como lo ha sostenido el Consejo de Estado,
una actividad industrial no se realiza para mantener productos almacenados sino para
comercializarlos. A continuación, se demuestra que los bienes en discusión están
vinculados directamente con la actividad minera:

• Efectivo y bancos por $114.446.731: forman parte del capital de trabajo necesario para
que la empresa desarrolle sus actividades, como pagar a sus proveedores, adquirir
bienes y servicios para el proceso extractivo minero y cumplir las demás obligaciones

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que se derivan de este; igualmente, el efectivo es el resultado del mismo ejercicio de
la actividad minera, pues proviene de las ventas de carbón que realiza la compañía con
el propósito de llevar adelante su negocio.

• Cuentas por cobrar por $65.755.409.992: corresponden a: (i) CI Prodeco SA por la venta de
carbón ($47.726.292.425) y Carbones de La Jagua por reintegros bajo el contrato de
colaboración empresarial ($9.705.792.516), (ii) Ingeominas correspondientes a anticipos de
regalías ($2.497.156.558) y (iii) Saldos a favor por declaraciones tributarias ($5.772.528.250)

Las cuentas por cobrar, al igual que el efectivo y los bancos, son el resultado del ejercicio de la
actividad minera y una condición necesaria para desarrollarla, por ello, tienen vinculación directa
con dicha actividad. Además, reúnen la calidad de «bienes» según el artículo 653 del Código
Civil por su condición de incorporales, en tanto corresponden a derechos de crédito en los
términos del artículo 666 ib.

• Inventarios: de carbón ($7.303.702.505) y repuestos y materiales de maquinaria
($1.037.376.316); el primero es el resultado de la actividad minera que se vende para obtener
ingresos, que a su vez está representado en cuentas por cobrar. Los repuestos son activos
necesarios para extraer el carbón, en caso de que existan averías o sea necesario realizar
mantenimientos.

• Activos fijos: las propiedades, planta y equipo corresponden a (i) construcciones en curso, (ii)
maquinaria y equipo, y (iii) vías dentro de la mina; estos activos son indispensables para el
proceso minero, por estar directamente implicados en la exploración y explotación de carbón, o
por ser necesarios para el desarrollo del objeto de la empresa.

• Otros activos: son (i) el título minero, (ii) el derecho de acceso a la red ferroviaria de Fenoco
S.A. para transportar el carbón que extrae e (iii) inversiones en vías, terrenos, restauración de
tierras y construcción de puentes, activos vinculados a la actividad minera.

La DIAN desconoció su propia doctrina pues, aunque en la actuación administrativa se
invocó el Concepto 36268 del 22 de diciembre de 2015, para sustentar que de la base
presuntiva se podían excluir todos los bienes que se encuentren directamente
relacionados con la actividad minera, no la aplicó.

La sentencia del Consejo de Estado del 22 de febrero de 2018, proferida dentro del
expediente 20859, no es pertinente para decidir este asunto, porque los hechos y
supuestos difieren de los aquí debatidos, en tanto el demandante desarrollaba
actividades diferentes a la exploración y explotación minera.

Nulidad por falsa motivación: La DIAN violó el debido proceso en cuanto no demostró
que su decisión se basó en argumentos y elementos probatorios que llevaran al
convencimiento de que la sociedad incumplió sus obligaciones fiscales; utilizó fuentes
no aplicables al caso, e incluso contradictorias, y omitió en varias oportunidades el
análisis de los contratos y de las pruebas aportadas por la compañía.

Improcedencia de la modificación del anticipo de la sobretasa del CREE: No es viable liquidar
un mayor anticipo porque la compañía ya presentó la declaración de CREE del año
gravable 2015.

Las sanciones impuestas a la compañía y al representante legal son improcedentes: La DIAN
vulneró el principio de correspondencia y el debido proceso toda vez que en la
liquidación oficial y en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración,
modificó la manera como la liquidó; en el acto liquidatorio la determinó en el 160% de
la sumatoria del mayor impuesto y del anticipo, y en el acto definitivo en el 100% del
mayor impuesto y del anticipo, por haber aplicado el principio de favorabilidad.
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Sanción por inexactitud: No procede su imposición, porque la sociedad no incurrió en las
conductas descritas en el artículo 647 del ET -entonces vigente-, pues no omitió ingresos
o parte de su patrimonio, y ni incluyó costos inexistentes, por lo que los factores de la
declaración son reales, completos y veraces.

Al margen de lo anterior, existe diferencia de criterios sobre la interpretación del
derecho aplicable; se demostró la procedencia de las compensaciones, pues la
compañía incurrió en estas erogaciones en virtud del contrato de gran minería, y su
exactitud se confirmó con los documentos soporte aportados. Y respecto al cálculo de
la base gravable mínima, se ha afirmado que ésta se realizó en virtud de lo dispuesto
en el artículo 189 [d] del ET, con base en la realidad económica de la compañía, la
cual le suministró a la DIAN los elementos necesarios para acreditarlo, sin que esta
haya cuestionado la veracidad o exactitud de la información.

Sanción al representante legal: La Administración vulneró los derechos de defensa y
debido proceso al incumplir el procedimiento del artículo 658-1 del ET y no adelantar
el proceso sancionatorio de manera individualizada, como lo exige la Corte
Constitucional, en tanto no expidió acto previo o preparatorio a la imposición de la
multa. Además, esa norma solo opera cuando existan casos de evasión o fraude,
circunstancia que no ocurrió en este caso.

La sanción al representante legal se debe levantar, pues no incurrió en las conductas
previstas en el artículo 658-1 del ET, los costos declarados son procedentes y no
existió antijuridicidad, ni culpabilidad.

OPOSICIÓN

La DIAN7 se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:

Rechazo de los costos por compensaciones en el CREE: Las compensaciones no son
costos deducibles según la legislación fiscal, no tienen soporte en el artículo 116 del
ET, y no les es aplicable el Concepto 015766 de 2005, invocado por la demandante.
La Sentencia C-251 de 2003 indicó que tienen carácter sancionatorio, y no existe
sustento jurisprudencial o legal para deducir el pago realizado como contraprestación
contractual por la explotación de recursos naturales no renovables del Estado. Aunque
en el acto liquidatorio se analizó la naturaleza jurídica y los elementos que diferencian
las compensaciones de las regalías, ello no implica el cumplimiento de los requisitos
de los artículos 77 y 107 del ET para su deducibilidad en el CREE del año gravable
2014, porque las mismas no lo son en este impuesto, toda vez que solo procedían las
deducciones establecidas en la Ley 1607 de 2012 y en el Decreto 2701 de 2013.

Se verificaron los soportes de los costos, la cuenta 7315960000, el contrato de gran
minería 132-97 celebrado con Ecocarbón (hoy, Agencia Nacional de Minería ANM), el
contrato de colaboración empresarial del que hace parte la actora, la Sentencia C-251
de 2003 y la cartilla del Departamento Nacional de Planeación, para demostrar que la
compensación fue pactada como una participación económica al Departamento del
Cesar del 3%.

7
Fls. 1115 a 1130 c.p.

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Los formularios para la declaración de producción y liquidación de regalías,
compensaciones y demás contraprestaciones por explotación de minerales, junto con
los comprobantes de pago de los mismos, solo demuestran que se pagaron estos
conceptos, pero no son pruebas idóneas para demostrar su procedencia como costos
en el CREE.

Determinación de la base gravable mínima: La actora no allegó soportes que demostraran
contablemente cómo cada uno de los bienes estaba vinculado directamente a la
actividad de minería; no bastaba con listarlos y señalar que cada uno forma parte del
capital de trabajo necesario para que la empresa desarrolle dicha actividad dado que
corresponden a activos de capital que no son propios de la misma, sino que inciden
indirectamente en la misma por estar asociados a un proceso posterior, por lo que no
se cumple el presupuesto del literal d) del artículo 189 del ET.

Se valoraron las pruebas allegadas al proceso administrativo y se verificó que la actora
no tenía maquinaria, equipos y empleados para la extracción del carbón; y los cálculos
del contrato de colaboración empresarial -facturación y porcentajes de extracción de
carbón y estéril de las compañías vinculadas- no son prueba idónea, suficiente y
conducente para probar la vinculación directa de los bienes con la actividad minera,
sino con la venta de carbón, actividad relacionada con la comercialización, y no con la
extracción.

Se examinó la norma invocada sobre el concepto de minería, en especial, el de minería
a cielo abierto, que es la que desarrolla la actora, encontrándose que son actividades
para la extracción del carbón y colocarlo en condiciones de utilización o venta, por lo
que se concluye que solo se pueden excluir los activos vinculados a la actividad
minera, y no a la comercial.

La doctrina de la Superintendencia de Sociedades citada por la demandante no es
pertinente a este debate, toda vez que se refiere al objeto principal de cualquier
sociedad comercial, no al caso puntual de sociedades que desarrollan una actividad
de minería, tampoco se analiza la aplicación del literal d) del artículo 189 del Estatuto
Tributario.

Sanción por inexactitud: Es procedente su imposición porque en la depuración de la base
gravable mínima la actora restó el valor patrimonial neto de bienes que no se
encontraban vinculados directamente a la actividad minera, lo cual derivó en un menor
saldo a favor. No se presenta la aludida diferencia de criterios porque la actora
desconoció lo dispuesto en el artículo 189 [d] del ET.

Sanción al representante legal: Se configuró el hecho que dio lugar a su imposición
porque se omitió la base gravable mínima, denuncio que fue aprobado con la firma del
representante legal. Y no se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso, pues
se siguió el procedimiento del artículo 658-1 del ET; la sanción impuesta en la
liquidación oficial fue previamente propuesta en el requerimiento especial, acto sobre
el que no existe prueba de una indebida notificación; además se identificaron los
sancionados, las conductas, el fundamento legal y el cálculo de forma separada.

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Demandante: CARBONES EL TESORO S.A. Y TOMÁS ANTONIO LÓPEZ VERA

SENTENCIA APELADA

El a quo anuló los actos acusados, declaró la firmeza de la declaración, y no condenó
en costas, con fundamento en lo siguiente 8:

El pago por compensaciones efectuado por la actora a la ANM ($1.379.613.000),
correspondiente al 3% del contrato suscrito, puede detraerse del CREE pues, si bien
no existe norma expresa, la legislación tributaria no prohíbe tratar esta
contraprestación como un costo por lo que, conforme a las normas generales -artículos
77 y 107 del ET-, puede establecerse que, dada su naturaleza jurídica de ser una
contraprestación de la empresa extractora para la obtención del mineral no renovable
-erogación inescindible de la operación -, puede tratarse como un costo en los términos
del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, siempre que se registre contablemente y
corresponda a la definición legal, por tener asociación directa con la producción del
bien que posteriormente se transporta y comercializa.

En cuanto a la exclusión de la base gravable mínima de los bienes vinculados a la
actividad minera conforme al literal d) del artículo 189 del ET, el órgano de cierre de
esta jurisdicción, en la sentencia del 11 de mayo de 2023, expediente 25935, definió
una regla propia para las empresas mineras que, cumpliendo los demás requisitos del
mencionado artículo 189 del ET, ejecutaran su operación mediante un acuerdo de
apoyo entre empresas afines, poniendo a disposición unas y otras maquinaria y demás
elementos los cuales, una vez monetizados, al igual que las cuentas existentes en los
bancos, puedan ser utilizadas para ser excluidos como activos, advirtiendo así una
vinculación con la actividad minera como lo señala la norma.

De los medios de prueba aportados (contrato de colaboración empresarial suscrito por la actora,
Consorcio Minero Unido y Carbones de la Jagua; anexos I y de liquidación del contrato, actas de costos
incurridos y reparto de estos del año 2014; facturas por reintegro de costos y ventas de carbón emitidas
por la actora en los años 2013 y 2014; estados financieros, certificado del revisor fiscal de los
involucrados en el contrato de colaboración, relación contable de los activos poseídos por cada
compañía para la extracción de carbón; y certificado de matrícula del establecimiento comercial de la
demandante); se puede establecer que la actividad exclusiva de Carbones el Tesoro
S.A., es la “prospección, exploración, explotación, producción, beneficio, transformación,
adquisición, enajenación, comercialización y transporte de carbón y cualquier otra sustancia
mineral asociada con el carbón”. Asimismo, su actividad económica es la 0510 “extracción
de Hulla (carbón de piedra)”, por lo que se cumple, el primero de los requisitos para la
aplicación del literal d) del artículo 189 del ET, aplicable por remisión del artículo 22 de
la Ley 1607 de 2012.

Así, los activos tienen incidencia en el desarrollo del objeto social y la actividad
comercial, y cada uno de ellos se vincula con el ejercicio de la minería, que incluye la
extracción y venta del carbón, entendiéndose que ello se realiza mediante el uso de la
maquinaria de las empresas aliadas a las que se accede mediante un acuerdo
comercial mancomunado, para que, en su totalidad, las tres sociedades puedan hacer
un uso integral de la infraestructura minera, conforme a las necesidades individuales.
En consecuencia, se ajustó a derecho la determinación de excluir de la base gravable
mínima los activos dispuestos, incluidas las cuentas bancarias y las cuentas por
cobrar.

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Documento 05 expediente digital.

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Demandante: CARBONES EL TESORO S.A. Y TOMÁS ANTONIO LÓPEZ VERA

En cuanto al anticipo de la sobretasa se advierte que para la fecha en que la
demandada propuso su modificación, se había superado el término para la
presentación de la declaración del año 2015, por lo que, no había lugar a ordenar su
pago en la liquidación oficial.

Como la modificación del tributo fue improcedente, las sanciones impuestas a la
compañía y al representante legal también lo son.

RECURSO DE APELACIÓN

La DIAN9 solicitó revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de la
demanda, por lo siguiente:

Contrario a lo decidido en primera instancia, las compensaciones no pueden tratarse
como costos en el CREE toda vez que el ordenamiento jurídico no contempló estos
pagos como deducibles; el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, reglamentado por el
numeral 4 del artículo 3 del Decreto 2701 de 2013, indicó cuáles son las deducciones
susceptibles de restarse de los ingresos brutos para efectos de la depuración de la
base gravable del impuesto, por lo que solo son procedentes las deducciones
expresamente señaladas en dichas normas, siempre que cumplan los requisitos
generales de los artículo 107 y 108 del ET.

En cuanto a la depuración de la base gravable mínima, la demandante no demostró
cómo cada uno de los bienes estaba vinculado directamente a la actividad minera; los
bienes de capital relacionados por la actora no se pueden excluir de la base, sumado
a que se probó que la sociedad no tenía maquinaria ni equipos para la extracción del
carbón pues su actividad económica es comercial, de la cual deriva sus ingresos, lo
que justifica la ausencia de bienes (maquinaria) para el desarrollo de dicha actividad.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 8 de octubre de 202510, se admitió el recurso de apelación y se concedió
el término previsto en el artículo 247 [4 a 6] del CPACA, para que los sujetos
procesales se pronunciaran.

La parte demandante11 solicitó confirmar la sentencia apelada y condenar en costas
y agencias en derecho a la DIAN en ambas instancias; por directriz del Consejo de
Estado, no se exige a la parte vencedora aportar contrato u honorarios del apoderado.

Se debe desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada toda vez
que su argumentación no es suficiente para un pronunciamiento de fondo en segunda
instancia; respecto de las compensaciones, no explicó qué debe entenderse por estas
y por qué no son deducibles a la luz del artículo 107 del ET. Y para el cálculo de la
base de la renta presuntiva no sustentó por qué el análisis y las conclusiones del
Tribunal son acertados y no se ajustan a lo exigido por la ley.

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Documento 09 expediente digital.
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Índice 4 en Samai.
11
Índices 12 y 13 en Samai.

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Si se considera que la sustentación de la apelación es suficiente, debe desestimarse
porque está probado que: i) la sociedad podía deducir de la base gravable del impuesto
el pago realizado por concepto de compensaciones, por ser un costo, y ii) excluir la
totalidad de bienes de la depuración de la base gravable mínima porque estaban
vinculados de manera directa en la actividad productora de renta de la empresa la cual
tiene por actividad exclusiva la minería.

Existen dos precedentes sentados por el Consejo de Estado aplicables a este caso
respecto de sociedades del mismo grupo empresarial de la actora (Exps. 25557 y
25935); en el primero de ellos -respecto de la actora-, analizó el mismo problema jurídico
para concluir que dichas sociedades tenían derecho a detraer de la renta presuntiva el
valor de todos sus activos, en la medida en que habían probado que su única actividad
económica era la minería y, en el segundo -referido a renta y CREE de CDJ-, analizó las
pruebas presentadas y a partir de éstas concluyó que se cumplió el requisito exigido
en el literal d) del artículo 189 del ET.

Comoquiera que está acreditada la procedencia de los costos y la depuración de la
base gravable mínima, conforme a las normas aplicables y a las pruebas aportadas,
la sanción por inexactitud es improcedente, a la luz del artículo 647 del ET, al igual que
la impuesta al representante legal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del
CREE del año gravable 2014 presentada por Carbones El Tesoro S.A., e impusieron
sanción al representante legal Tomás Antonio López Vera.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, y
apelante única, se debe establecer la procedencia de i) los costos por compensaciones
en el CREE, y ii) la modificación de la base del cálculo de la base gravable mínima
conforme al literal d) del artículo 189 del ET. No se hará un pronunciamiento sobre las
sanciones impuestas a la sociedad y al representante legal en cuanto no fueron objeto
de apelación.

Para el a quo el pago por compensaciones efectuado por la actora a la ANM puede
detraerse del CREE pues, si bien, no existe norma expresa, la legislación tributaria no
prohíbe tratar esta contraprestación como un costo por lo que, conforme a las normas
generales -artículos 77 y 107 del ET-, puede tratarse como un costo en los términos del
artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, siempre que se registre contablemente y
corresponda a la definición legal.

El reparo concreto de la recurrente es que dicho pago no es deducible en el CREE,
porque no está previsto expresamente en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012,
reglamentado por el numeral 4 del artículo 3 del Decreto 2701 de 2013.

El artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, vigente para el año gravable 2014, establecía
la forma como se determinaba la base gravable del impuesto sobre la renta para la
equidad CREE. Al efecto, indicaba que de los ingresos netos -que se obtienen de restar
de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año gravable,
las devoluciones, rebajas y descuentos y, de este resultado, los ingresos no constitutivos de

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renta-, se sustraía el total de los costos susceptibles de disminuir el impuesto sobre
la renta de que trata el Libro I del Estatuto Tributario.

Así, acorde con la remisión hecha por el artículo 22 ibídem, lo que es costo en el
impuesto sobre la renta, lo es en el CREE, con la precisión de que cuando la norma
alude al libro I del Estatuto Tributario, lo hace de manera general, es decir, a las
disposiciones relativas a costos sin que la erogación discutida tenga que encuadrarse
en una disposición específica.

En ese contexto, se pone de presente que la Sala, en la sentencia del 4 de septiembre
de 202512, al estudiar la procedencia de las compensaciones en el impuesto sobre la
renta, precisó, conforme al artículo 360 de la CP y a la sentencia C-251 de 200313, que
por tratarse de pagos obligatorios a cargo de quienes fungen como contratistas en un
contrato estatal que tenga por objeto la explotación de un recurso natural no renovable
como lo es el carbón, es una erogación directamente relacionada con la producción de
un bien -carbón- para la generación de ingresos, con lo cual, se está en presencia de
un costo, y no de un gasto o deducción, para efectos fiscales -artículos 59 y 77 del ET-
y contables -artículo 39 del Decreto 2649 de 1993-.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia enunciada se refirió a la
naturaleza de las compensaciones y explicó, que - la Constitución, al consagrar que las
compensaciones tienen una naturaleza consensual, restringió al legislador en todo lo
concerniente al nacimiento de la obligación de compensar, de tal manera que dicha
contraprestación ha de tener origen en el consenso entre las partes de un contrato de
explotación de recursos naturales no renovables-14. En consecuencia, Las
compensaciones en contratos de explotación de recursos como el carbón son costos,
no regalías, por su origen contractual.

Así las cosas, contrario a lo afirmado por la recurrente, las compensaciones, al ser
costos en el impuesto sobre la renta, se pueden detraer de la base gravable del CREE
conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. En consecuencia, no
prospera el cargo.

Y en cuanto a la depuración de la base gravable mínima, se advierte que la demandada
se limitó a manifestar en la apelación que la demandante no demostró cómo cada uno
de los bienes estaba vinculado directamente a la actividad minera, sin indicar las
razones de hecho y de derecho, y las pruebas que sustentaran sus argumentaciones,
o que controvirtieran los motivos expuestos por el Tribunal, y la valoración dada por
este a las pruebas del proceso como era su carga conforme al artículo 167 del CGP.

Así, en lo que respecta a la sentencia apelada, se echa de menos que la demandada
no controvirtiera o desvirtuara los argumentos del a quo para avalar la referida
depuración, el cual encontró procedente la aplicación del literal d) del artículo 189 del
ET, a partir de la valoración de las pruebas allegadas (entre otras, el contrato de colaboración
empresarial, las facturas de reintegro de costos, la relación contable de los activos poseídos por cada
compañía para la extracción de carbón, el certificado de matrícula del establecimiento comercial de la
demandante); y de la comprobación del objeto social y de la actividad económica
desarrollada por la actora consistente en la extracción de carbón.

12
Exp. 29851, Actor: CMU y Abraham Smitt, CP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
13
MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40, 42, 44, 46, 47 y 48 de la Ley 141
de 1994 y 21 y 22 de la Ley 756 de 2002.
14
C-251 de 2003

12
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Se observa que, como lo determinó el Tribunal el demandante en el escrito de
demanda y su posterior reforma remitió abundante material probatorio, como
contabilidad, contratos, facturas, certificados, estados financieros, los cuales
relacionan activos con la actividad minera, por lo que se cumple con lo establecido en
el literal d) del artículo 189 del ET. Sin embargo, conforme al artículo 320 del CGP, el
objetivo del recurso de apelación es que el superior jerárquico examine la cuestión
decidida, únicamente respecto de los reparos concretos formulados por el apelante en
su escrito de apelación. Dicha norma es concordante con el artículo 328 ibidem, que
limita la competencia del juez de segunda instancia a la censura planteada por la parte
recurrente.

En ese contexto, la Sala ha establecido que, dentro de los presupuestos procesales
previstos en la ley, a cargo de la parte que interpone el recurso de apelación, se
encuentra el de expresar «(…) los cuestionamientos o reparos que tiene respecto de los
fundamentos de la sentencia de primera instancia, y por esa razón, su incumplimiento no solo vulnera
las garantías de la contraparte, sino que principalmente impide que el superior se pronuncie y resuelva
si debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo15».

En consecuencia, como la apelante no expuso ningún reparo concreto para desvirtuar
la decisión del a quo frente a la exclusión de activos para la determinación de la base
gravable mínima en el CREE, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el particular,
pues se consideran insuficientes16, y abordar su estudio vulneraría los derechos al
debido proceso, defensa y contradicción de la contraparte.

Por lo expuesto, al no prosperar el recurso de apelación interpuesto por la demandada
se confirmará la sentencia apelada.

Costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP17,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA 18, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, procede la
condena en costas a la parte demandada en esta instancia, al haberse resuelto
desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado la sentencia de primera
instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) SMMLV. Por lo tanto,
se ordenará al tribunal el respectivo incidente de liquidación de la condena en costas,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

15
Sentencias del 25 de julio de 2024, exps. 28335 y 28529, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
16
En igual sentido la sentencia del 8 de agosto de 2024, Exp. 27866 CP Stella Jeannette Carvajal Basto
17
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
conoce ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte
vencida en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la
discrecionalidad que confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados».
18
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

13
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FALLA

1.- CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A.

2.- Condenar en costas a la entidad demandada en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

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