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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00250-01

Fecha
10 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00250-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 31 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico. 2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandada según lo explicado en la parte motiva. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2018-00250-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

10 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 08001-23-33-000-2018-00250-01 (29066)
Demandante CARBONES DE LA JAGUA S.A. Y TOMÁS ANTONIO LÓPEZ VERA
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta para la equidad-
CREE. Año gravable 2014. Deducción de compensaciones.
Base de la renta presuntiva. Base gravable mínima. Alcance del
recurso de apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 31 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”1, que resolvió lo
siguiente:
PRIMERO: Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 022412016000049
del 20 de septiembre de 2016, de la Resolución No. 7311 del 26 de septiembre de 2017 y de
la Resolución No. 7374 del 27 de septiembre de 2017, la Liquidación Oficial de Revisión No.
900.004 del 14 de septiembre de 2016 y la Resolución No. 007310 del 26 de septiembre de
2017, en el sentido de que no hay lugar a la modificación de la liquidación privada presentada
por el contribuyente demandante Carbones de la Jagua S.A., ni tampoco resultan procedentes
las sanciones impuestas en los actos, según lo considerado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, la
liquidación privada del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2014,
presentada por el contribuyente demandante Carbones de la Jagua S.A., ante la U.A.E.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, se encuentra en firme, y no hay lugar
a pagar conceptos adicionales de impuestos, anticipos o sanciones.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, no
hay lugar al pago de las sanciones de que trata el artículo 658-1 del E.T. respecto de la
declaración sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2014, por parte de la
demandante Carbones de la Jagua S.A., ni su representante legal Tomas Antonio López Vera.
CUARTO: Sin costas.
(…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Impuesto sobre la renta y complementarios – 2014

Carbones de la Jagua S.A. presentó su declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios por el año gravable 2014, la cual fue objeto de corrección, y
reportó pérdida líquida y saldo a favor. La sociedad tributó por renta presuntiva.
Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta, la DIAN profirió la
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Demandante: Carbones de la Jagua S.A. y Tomás Antonio López Vera

liquidación oficial de revisión 022412016000049 del 20 de septiembre de 2016, que
propuso rechazar parcialmente costos y reliquidar la base de la renta presuntiva,
recalculó el impuesto a cargo e impuso sanciones por disminución de pérdidas y por
inexactitud.
Mediante resolución 007311 del 26 de septiembre de 2017, y previa interposición
de recurso de reconsideración, se confirmaron las glosas propuestas y se ajustaron
las sanciones, en aplicación del principio de favorabilidad y se revocaron las
sanciones al representante legal y al revisor fiscal porque si bien se propusieron en
el requerimiento especial, no se impusieron en la liquidación oficial. Dicho acto fue
objeto de corrección mediante resolución 007374 del 27 de septiembre de 2017,
dado el error de transcripción en la parte resolutiva del acto frente a la fijación del
saldo a pagar.
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE – 2014
Carbones de la Jagua S.A. presentó su declaración del impuesto sobre la renta para
la equidad- CREE correspondiente al año gravable 2014 con saldo a favor, el cual
fue devuelto parcialmente. La sociedad tributó por base gravable mínima.
Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta, la DIAN profirió la
liquidación oficial de revisión 900004 del 14 de septiembre de 2016, que propuso
rechazar parcialmente costos y reliquidar la base gravable mínima, recalculó el
impuesto a cargo y el anticipo de la sobretasa del año siguiente, e impuso sanciones
por inexactitud y al representante legal y revisor fiscal.
Mediante la resolución 007310 del 26 de septiembre de 2017, y previa interposición
del recurso de reconsideración, se confirmaron las glosas propuestas y se ajustaron
las sanciones, en aplicación del principio de favorabilidad.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), los demandantes formularon las
siguientes pretensiones2:
A. En cuanto a la Compañía:
1.1. Primera: Que se declare la nulidad de (i) la Liquidación Oficial de Renta, (ii) la
Liquidación Oficial de CREE, (iii) la Resolución del Recurso de Renta, y (iv) la
Resolución del Recurso de CREE, actos que fueron debidamente identificados al inicio
de esta demanda.
1.2. Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a la
Compañía, al declarar que las liquidaciones privadas del impuesto sobre la renta y del
CREE del año gravable 2014 han quedado en firme. Y, por lo mismo, no se tiene que
realizar ningún pago a la DIAN por concepto de impuestos, anticipos, sanciones,
actualizaciones o intereses moratorios.
B. En cuanto al representante legal:
1.3. Tercera: Que se declare la nulidad de (i) la Liquidación Oficial de CREE, y (ii) la
Resolución del Recurso de CREE, actos que fueron debidamente identificados al inicio de
esta demanda.

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Demandante: Carbones de la Jagua S.A. y Tomás Antonio López Vera

1.4. Cuarta: Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a Tomás
Antonio López Vera, al declarar que no hay lugar a la aplicación de la sanción prevista
en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario por su condición de Representante Legal de
la Compañía y firmante de las declaraciones tributarias objeto de discusión en este
proceso.

Los actores invocaron la vulneración de los artículos 29 de la Constitución; 77, 107,
189 literal d), 647, 658-1 y 742 del Estatuto Tributario; 3 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 176 del Código
General del Proceso; 22 y 197 de la Ley 1607 de 2012; 264 de la Ley 223 de 1995;
39 del Decreto 2649 de 1993; 20 del Decreto 4048 de 2008; y, 3 del Decreto 2701
de 2013. Sustentaron la vulneración de las normas como sigue:

1. Las compensaciones originadas en el contrato de gran minería son
costos procedentes en la liquidación del impuesto de renta y CREE

Plantearon que, en virtud del contrato de gran minería la sociedad estaba obligada
a pagarle al Estado, a título de compensación, el 3% del precio fijado por el
Ministerio de Minas para el carbón extraído en boca de mina, como derecho
económico por la administración, seguimiento y control del contrato. Adujeron que
dichos pagos se tomaron como costos en las declaraciones de renta y CREE.

Anotaron que la DIAN cuestionó que no existía norma que permitiera la deducción,
que no se cumplían los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, además
de que el artículo 116 ibidem no era aplicable en este caso, así como tampoco el
Concepto DIAN 15766 de 2005.

Explicaron que no es objeto de discusión la naturaleza jurídica de las
compensaciones, las cuales corresponden a contraprestaciones pactadas
contractualmente por una empresa minera a favor del Estado, para compensar su
concurso en el proceso de explotación de minerales; que estas no se originan en el
resarcimiento de un daño o sanción, sino que son una participación pactada
contractualmente a favor del Estado; y que no se discute la obligación de la
compañía de pagar las compensaciones, la realidad de dichas erogaciones, ni su
naturaleza como costos, así como tampoco el hecho de que estas son distintas a
las regalías.

Explicaron que las compensaciones son una erogación directamente relacionada
con la generación de ingresos, y que la sociedad las registró en su contabilidad
como costo, lo cual fue comprobado en la actuación administrativa y debían
reconocerse para efectos fiscales dado que los libros de contabilidad constituyen
prueba a favor del contribuyente.

Subrayaron que las compensaciones se causaron en 2014, fueron una obligación a
cargo de la sociedad, tienen relación de causalidad con la actividad productora de
renta, y son necesarias y proporcionadas. Expusieron que las compensaciones
estaban íntimamente ligadas con la exploración y explotación de carbón, actividad
que solo es posible si se suscriben contratos mineros. Que la erogación era
necesaria, al ser obligatoria en virtud del contrato, y que, de no pagarse, ello
equivaldría a un incumplimiento contractual que derivaría en multas y la eventual
caducidad del acuerdo. Advirtieron que es un pago normal y acostumbrado en el
negocio minero, el cual se pacta por autorización expresa de los artículos 360 de la
Constitución y 84 del Decreto 2655 de 1988.

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Precisaron que el pago de las compensaciones era proporcional, pues equivale al
3% del precio en boca de mina del carbón, valor pequeño en comparación con los
beneficios económicos del contrato, y se sustenta en criterios técnicos del artículo
84 del Decreto 2655 de 1988. Estimaron que el artículo 107 del Estatuto Tributario
es la norma general que permite deducir costos, previo cumplimiento de los
requisitos en ella establecidos.

Cuestionaron que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración en el
CREE, confundiera los costos con las deducciones. Plantearon que el alcance del
costo es el mismo en materia tributaria y contable, según dispone el artículo 39 del
Decreto 2649 de 1993. También refirieron a la definición contable de gastos, para
establecer que se diferencian por su nivel de causalidad con la actividad, que es
directa e inescindible en los costos e indirecta en los gastos.

Especificaron que las normas de renta y CREE diferencian entre los costos y
deducciones, de forma que las consideraciones de la administración sobre la
aceptación de deducciones son impertinentes e inútiles, dado que se discuten los
costos. Agregaron que, aun de considerarse que las compensaciones fueran
gastos, estas serían deducibles dado que cumplen los requisitos del artículo 107 del
Estatuto Tributario, sin que exista norma especial que prohíba o limite su
deducibilidad. Enfatizaron que el artículo 107 del Estatuto Tributario también es
aplicable al CREE, en virtud del artículo 3 del Decreto 2701 de 2013.

Afirmaron que no es necesario que exista una norma que disponga que las
compensaciones son deducciones, pues existe una de carácter general (107 del
Estatuto Tributario) que así lo establece. Reprocharon que la demandada negara la
deducción de las compensaciones con base en el Decreto 2701 de 2013, norma
que no estaba vigente, y que fue modificada por el Decreto 3048 de 2013 que remitió
expresamente al artículo 107 del Estatuto Tributario.

Indicaron que el concepto RG-2017-0055 de agosto de 2017, emitido por la
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, avala su posición frente a la
procedencia de la deducción de las compensaciones en renta y CREE.

Sostuvieron que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto en el marco de la investigación del impuesto de renta del 2013, la
autoridad tributaria reconoció la procedencia de los costos asociados a las
compensaciones, precedente que pidieron aplicar, dado que está acreditado el pago
de las compensaciones y que los costos de renta aplican al CREE.

Repararon en que no han invocado la aplicación del artículo 116 del Estatuto
Tributario, para sustentar la procedencia de las compensaciones como costo, ni
sustentó sus argumentos en el Concepto DIAN 015766 de 2005, de manera que la
afirmación en tal sentido es desleal y carece de buena fe. Desestimaron la
aplicación de dicha norma dado que esta regula la deducción de impuestos, regalías
y contribuciones para entidades descentralizadas, y ni las compensaciones tienen
tal naturaleza, ni la sociedad es entidad descentralizada. Alegaron que el Concepto
tampoco es aplicable, porque se refiere al tratamiento de las regalías como costos
o deducciones y, en todo caso, este fue declarado nulo por el Consejo de Estado
en la sentencia 19950 de 2017.

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2. Exclusión de activos de la base gravable mínima de CREE/renta presuntiva
al estar directamente vinculados a la sociedad y a la explotación de
carbón

Explicaron que los sistemas ordinarios y presuntivos de liquidación de la renta y el
CREE se rigen por unas mismas reglas de liquidación, pues este último impuesto
remite a las normas de los artículos 189 y 193 del Estatuto Tributario. Precisaron
que el artículo 189 permite detraer del patrimonio líquido, el valor patrimonial neto
de acciones poseídas en sociedades nacionales y de bienes vinculados a empresas
cuyo objeto social exclusivo sea la minería.

Dado que la compañía presentó pérdida fiscal en ambos tributos, se determinó el
impuesto por base gravable mínima y la renta presuntiva y detalló los activos
excluidos. Relataron que la demandada rechazó la detracción de activos como
inventarios, cuentas por cobrar, efectivo, dinero en bancos, entre otros al no
encontrar vinculación directa con la explotación de carbón y reprocharon que,
contradictoriamente, la DIAN adujo que la sociedad no se dedicaba a dicha actividad
por carecer de personal para ello y no demostrar la vinculación con la actividad.

Afirmaron que la sociedad cuenta con personal y activos para desarrollar
actividades de explotación de carbón, como se evidencia de los certificados de pago
de aportes a seguridad social, las cuentas 72 del libro mayor de 2013 y 2014 que
registran pagos por salarios, prestaciones, seguridad social, el certificado de revisor
fiscal que relaciona los activos fijos usados para extraer y comercializar carbón, los
estados financieros, el libro mayor, y las declaraciones con sus anexos.

Señalaron que la sociedad suscribió un acuerdo de uso integrado de infraestructura
minera con Consorcio Minero Unido y Carbones el Tesoro, para usar conjuntamente
la maquinaria, equipos, infraestructura y demás activos para explotar el carbón y
también celebró un contrato de colaboración empresarial con estas entidades, el
cual estipula una forma de identificación de costos y su reparto, los cuales
explicaron. Expresaron que los ingresos provinieron de ventas de carbón, y que la
sociedad sí tiene personal para el desarrollo de la actividad minera.

Explicaron que el artículo 189 del Estatuto Tributario literal d), solo requiere que
exista una empresa que, de acuerdo con el glosario técnico minero, corresponda a
una sociedad legalmente constituida que tenga por objeto social exclusivo la minería
(explotación que incluye la extracción, transformación y comercialización del
carbón, es decir, todo el proceso industrial). Señalaron que hay objeto exclusivo,
cuando hay una única empresa o negocio y que las actividades necesarias para el
desarrollo de este son objetos complementarios. Al respecto citaron el Concepto
No. 220-046968 de 2013 de la Superintendencia de Sociedades.

Indicaron que los bienes vinculados a la empresa son todos aquellos que
contribuyen y hacen posible el desarrollo de la actividad y pueden ser corporales e
incorporales, activos fijos, inventarios y otros y que el artículo 189 del Estatuto
Tributario no señala que solo las máquinas e infraestructura utilizada para extraer
el carbón esta cobijada por la exclusión, pues basta que los activos estén vinculados
a la empresa, esto es, que estén atados a la actividad, sean necesarios o permitan
su continuación.

Afirmaron que los inventarios, mobiliario y demás activos están directamente
vinculados con la empresa, al ser necesarios para desarrollar sus fines y formar

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parte del establecimiento de comercio, y que la actividad minera incluye todo el
proceso empresarial de transformación y comercialización, pues el carbón no se
extrae para almacenarlo. Así mismo, resaltaron que la actividad empresarial no es
lineal, sino que supone un ciclo continuo, sobre lo cual presentaron un gráfico y que,
de aceptarse la posición de la demandada, nunca existiría una empresa con objeto
exclusivo de minería. Afirmaron que la sociedad es una empresa que se dedica
exclusivamente a la minería de carbón, que su objeto es real y cuenta con personal
e infraestructura, sin perjuicio de que desarrolle actividades complementarias, lo
cual no demerita la exclusividad del objeto, pues estas se relacionan directamente
con la actividad principal.

Mencionaron que el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios están
vinculados a la actividad, pues esta implica un ciclo que genera ingresos, los cuales
se reinvierten y los bienes conforman un establecimiento de comercio destinado al
desarrollo de la empresa única.

Resaltaron que la DIAN no aplicó el Concepto 36328 de diciembre de 2015, estando
obligada a ello, y que la sentencia del 22 de febrero de 2018, exp. 20859 del Consejo
de Estado no es aplicable al caso, dado que en dicha jurisprudencia la compañía
involucrada no desarrollaba actividades de minería generadoras de ingresos ni
demostró la vinculación de los activos.

3. Nulidad por falsa motivación

Señalaron que se violó el debido proceso, porque las pruebas utilizadas por la
demandada carecían de validez, al acudir a fuentes no aplicables al caso y al no
obrar documentos que acrediten la aplicación errada de la ley. Así mismo,
consideraron que la administración omitió el análisis de los contratos y pruebas
aportadas, como el de gran minería, el de colaboración y los registros contables, lo
cual fue reconocido por la Defensoría del Contribuyente, de forma que no desplegó
sus facultades debidamente.

4. Improcedencia de la modificación del anticipo de la sobretasa del CREE

Precisaron que la modificación del anticipo del CREE era improcedente dado que ya
se había presentado la declaración del período siguiente.

5. Improcedencia de las sanciones

Alegaron que la sanción por inexactitud no era procedente dado que la sociedad no
omitió ingresos, patrimonio, ni incluyó costos o gastos inexistentes, siendo los
factores declarados reales, completos y veraces. Insistieron en la realidad de las
compensaciones y en su sustento contractual, así como en la validez de la
contabilidad. Manifestaron una diferencia de criterios dada la razonabilidad de su
posición y la aceptación de las compensaciones en otros escenarios.
Consideraron que no era dable aplicar la sanción al representante legal en materia
de CREE, dado que en el expediente de renta esta se levantó y, en todo caso, solo
procede ante costos inexistentes, los cuales, en este caso, son reales. Precisaron
que la demandada debía proferir pliego de cargos y sancionar en forma
independiente al representante legal, lo cual no ocurrió. Reiteraron que los costos
existen y son procedentes y el cálculo de la base mínima es real, de forma que la

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sanción era improcedente y se configuró una diferencia de criterios. Concluyeron
que no hay una conducta generadora de daño antijurídico, ni culpable o reprochable.
Oposición de la demanda
La demandada controvirtió las pretensiones de la demanda3, con fundamento en lo
siguiente:
Expuso que las compensaciones no están previstas como deducibles en la ley ni
tienen soporte legal en el artículo 116 del Estatuto Tributario, así como tampoco en
el concepto invocado por los demandantes, lo cual fue fundamentado en la
liquidación oficial en la sentencia C-251 de 2003 de la Corte Constitucional, la cual
transcribió junto con la sentencia C-748 de 2012. Resaltó que las compensaciones
remuneran el concurso de una entidad en el proceso de explotación de recursos de
propiedad del Estado.
Aclaró que la naturaleza, objeto, elementos y función de las compensaciones no
conllevan a que se cumplan los requisitos de deducibilidad de los artículos 77 y 107
del Estatuto Tributario, porque las mismas no están previstas como tales en el
impuesto de renta ni en el CREE. Explicó que desarrolló sus facultades de
fiscalización y adelantó diversas diligencias para verificar los soportes de los costos
registrados en las declaraciones.
Observó que las compensaciones se pactaron en el contrato y fueron establecidas
como participación económica en favor del Estado y que las pruebas se analizaron,
con lo cual descartó una violación al debido proceso. Subrayó que era necesario
que la ley previera de manera explícita la deducibilidad de las compensaciones para
el CREE, pues la deducibilidad general de cualquier expensa no opera para dicho
tributo. Advirtió que no discute la naturaleza jurídica de las compensaciones, sino
su procedencia como costos, y que las constancias de pago de las regalías y
compensaciones no son prueba idónea para demostrar su deducibilidad.
Agregó que el acta de inspección tributaria del 22 de diciembre de 2015 no es
prueba a favor de los intereses del contribuyente. Trajo a colación la definición de
regalías de la Constitución y mencionó que solo los organismos descentralizados
pueden deducirlas, pues, de aceptar que los particulares pueden hacerlo, el Estado
no obtendría ninguna contraprestación por sus recursos. Se refirió a estudios
económicos sobre la pérdida de recaudo por la deducibilidad de regalías, y
manifestó que el concepto invocado por los demandantes sobre regalías no es
extensible para deducir las compensaciones, dado que los beneficios tributarios son
taxativos y no pueden extenderse vía interpretación.
Planteó que la deducción solicitada contraría el artículo 116 del Estatuto Tributario,
pues esta es norma especial frente al artículo 107 ibidem, de aplicación preferente.
Mencionó otras normas que regulan deducciones especiales, y que los
demandantes invocaron el artículo 107 para atarlo al 116, de manera que como este
último no es aplicable, no procede el estudio del primero.
Frente a la inclusión de activos en las bases mínima y presuntiva, sostuvo que la
sociedad no demostró contablemente cómo cada bien estaba vinculado
directamente a la empresa de minería. Aseguró que los bienes excluidos
corresponden a activos de capital que no son propios de la actividad minera, sino
que inciden indirectamente por estar asociados a un proceso posterior.
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Resaltó que la sociedad manifestó que no tenía empleados, de manera que sin ellos
la labor de extracción no tiene relación con los bienes que se pretendían excluir, y
que de los activos relacionados por la demandante no puede señalarse que tengan
vínculo con la actividad minera. Estimó que las pruebas del contrato de colaboración
no eran idóneas, suficientes ni conducentes para probar la vinculación directa de
los bienes con la empresa.
Añadió que los bienes relacionados con la actividad comercial no están vinculados
a la actividad minera al ser comunes para todas las empresas del contrato de
colaboración empresarial y que los activos fijos relacionados carecían del vínculo
también. Desestimó las pruebas allegadas al no ser idóneas, suficientes y
conducentes y el oficio de la Superintendencia de Sociedades que no hace
referencia a las actividades de minería ni a cómo se vinculan los activos con esta.
Concluyó que los activos se relacionaban con el proceso de comercialización de la
producción minera y no con la explotación de carbón.
Consideró procedente la sanción por inexactitud ante la inclusión de costos
inexistentes y las omisiones en la base mínima, sin que se requiera de dolo.
Descartó la diferencia de criterios, porque el contribuyente aplicó indebidamente el
derecho y no existe doctrina oficial contradictoria. Estimó que se configuró daño al
patrimonio estatal ante el menor impuesto liquidado.
Alegó que la sanción al representante legal debía imponerse en la liquidación oficial,
sin que se hubiesen violado los derechos de defensa y contradicción y sin que exista
prueba de una indebida notificación. Planteó que la inclusión de costos y omisión
de activos aprobada con la firma del representante legal genera la sanción, que no
procedía la exoneración por diferencia de criterios, y que no se desconoció el
Concepto 27106 de 2011, pues se individualizó la conducta con base en las
pruebas.
En respuesta a la reforma a la demanda, estableció que la administración revocó el
rechazo de costos por compensaciones en el proceso de renta de 2013, en atención
a la sentencia del 12 de octubre de 2017, exp. 19950, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto del Consejo de Estado, a partir de la cual se concluyó que la deducción de
las compensaciones está autorizada constitucionalmente. Empero, estableció que
los actos correspondientes al año gravable 2014 se profirieron con anterioridad a la
sentencia de nulidad. Ratificó los argumentos sobre la inclusión de los activos y las
sanciones.
Sentencia apelada
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de los
actos impugnados y no condenó en costas a la demandada, con fundamento en las
siguientes consideraciones4:
Se refirió a la base gravable del CREE y a la definición contable de costos. Estimó
aplicables los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario, tanto para la deducción de
costos como la de gastos. Evidenció que el artículo 360 de la Constitución diferencia
las regalías de las compensaciones, sobre lo cual citó la sentencia C-251 de 2003
de la Corte Constitucional. Definió estas últimas como un derecho en favor del
Estado, a título de contraprestación, por la extracción y transformación de recursos
no renovables que se pagan por el concurso en la explotación, que no se relaciona
con el daño producido y se pacta contractualmente.
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Demandante: Carbones de la Jagua S.A. y Tomás Antonio López Vera

Observó que no existe prohibición tributaria de tratar las compensaciones como
costo, para lo cual examinó el artículo 107 del Estatuto Tributario, como regla
general. Consideró que, dada la naturaleza de la compensación, la cual es
inescindible de la operación para la obtención del mineral no renovable, hay una
asociación clara y directa de estas con la producción del bien y se categoriza como
costo.

Argumentó que la aplicación del artículo 189 literal d) del Estatuto Tributario en la
base gravable presuntiva del CREE pende de que los bienes tengan vinculación
directa y explícitamente demostrable con el objeto social de minería, distinta a
hidrocarburos líquidos y gaseosos. Invocó la sentencia del 11 de mayo de 2023,
exp. 25935, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, para aseverar que en casos
semejantes el Consejo de Estado ha permitido detraer de la base presuntiva bienes
utilizados en esquemas de integración con otras empresas, y que el acuerdo de
colaboración empresarial era válido.

En el caso concreto, verificó que la actividad comercial de la sociedad era la
explotación de carbón y que, de acuerdo con el contrato, debían pagarse las
compensaciones alegadas por los demandantes. Manifestó que se probó la
realización mancomunada de la actividad, con maquinarias de empresas aliadas y
el personal respectivo, y que todos los activos de la sociedad componían el
establecimiento de comercio y se destinaban a la actividad de minería carbonífera.

Precisó que la sociedad pagó a la Agencia Nacional de Minería sumas a título de
compensación en contraprestación del contrato, operación comercial necesaria
para desarrollar el objeto social de la empresa, siendo estas diferentes a las
regalías. Reparó en que las compensaciones eran un costo deducible para la
demandante.

Con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado y, a partir de las pruebas
aportadas referentes al contrato de colaboración suscrito por la demandante, las
actas de costos, facturas, estados financieros, certificados de revisor fiscal y de
matrícula de establecimiento de comercio, estableció que la actividad comercial
exclusiva de la actora es la prospección, exploración, explotación, producción,
beneficio, transformación, adquisición, enajenación, comercialización y transporte
de carbón y cualquier otra sustancia mineral asociada con el carbón.

Acotó que los activos tienen incidencia en el desarrollo de la actividad comercial y
cada uno de ellos tiene vinculación con el ejercicio comercial de minería, que incluye
su extracción y venta, por lo que procedía excluir de la base gravable mínima los
activos como cuentas bancarias y cuentas por cobrar. Desestimó la reliquidación
del anticipo de la sobretasa del CREE, dado que para la fecha de los actos ya se
había presentado la declaración del año 2015.

Levantó las sanciones de inexactitud y al representante legal, dada la ausencia de
inexactitud o información falsa. No condenó en costas al no encontrarlas
acreditadas en el expediente.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión de primera instancia5, con fundamento en lo
siguiente:
5
Samai Tribunal, índice 12.

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Reiteró que la administración rechazó los costos asociados a las compensaciones,
dado que dicha detracción no tenía sustento legal ya que la ley no autoriza su
sustracción, y ella tampoco tiene soporte legal en el artículo 116 del Estatuto
Tributario, ni en la doctrina invocada por los demandantes.

Alegó que solo las regalías son deducibles por las entidades descentralizadas, pero
no por parte de particulares, pues ello equivaldría a que el Estado no obtenga
contraprestaciones por sus recursos y que, en caso de aceptarse a partir del
concepto invocado, dicha tesis no sería extensiva a las compensaciones, dado que
los beneficios tributarios son taxativos.

Precisó que la norma especial aplicable en este caso es el artículo 116 del Estatuto
Tributario que se refiere a las regalías, como contraprestaciones que pagan quienes
explotan recursos naturales no renovables, las cuales son deducibles solo por
organismos descentralizados.

Afirmó que: “si bien los demandantes invocan en este punto el cumplimiento de requisitos
generales del artículo 107 E.T. lo hacen para atar la aplicación del artículo 116 ibidem al que se
remiten en sus escritos, de modo que al quedar descartado, como se anotó, la aplicación de ésta
última disposición para este caso porque se refiere a otro tipo de sujetos y de impuestos, no procede
estudiar de manera aislada el estudio de los requisitos del artículo 107 mencionado.”

Indicó que recalculó la base mínima del CREE y la mínima del impuesto sobre la
renta, toda vez que los demandantes no allegaron soportes contables que
demostraran cómo cada uno de los bienes estaban vinculados a la empresa de la
minería y explotación del carbón. Estimó aplicables las sanciones por inexactitud y
al representante legal.

Oposición al recurso de apelación

Los demandantes solicitaron confirmar la sentencia de primera instancia y condenar
en costas a la demandada en segunda instancia.6 Instaron a rechazar la apelación,
dado que la accionada se limitó a reproducir los argumentos de la contestación, sin
efectuar reparos específicos a la sentencia de primera instancia al no establecer las
razones por las cuales la valoración probatoria del Tribunal fue incorrecta ni señalar
los apartes de la sentencia que reflejaban la incorrecta aplicación de la ley.
Reiteraron que nunca invocaron la aplicación del artículo 116 del Estatuto Tributario,
el cual no es aplicable a este caso y replicó los argumentos de la demandada sobre
la deducción de las compensaciones como costo.

De otro lado, reprodujeron los argumentos de la demanda sobre el uso de los activos
en la empresa minera, invocaron como precedente aplicable la sentencia del 11 de
mayo de 2023, exp. 25935 del Consejo de Estado, y desestimaron la aplicación de
las sanciones por inexactitud y al representante legal.

Solicitaron condenar en costas a la demandada, estableciendo la máxima tarifa
establecida para las agencias en derecho, para lo cual aportaron las facturas
emitidas por la firma de abogados a la sociedad.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

6
Samai, índice 34.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema jurídico

Le corresponde a la Sección resolver los cargos de apelación formulados por la
parte demandada respecto de la sentencia de primera instancia. En particular,
procede determinar si era procedente: i) el rechazo de costos asociados a las
compensaciones pagadas por la sociedad; ii) la exclusión de activos propuesta por
la administración de la base mínima de CREE y la renta presuntiva; y, iii) la imposición
de las sanciones por inexactitud y al representante legal.

2. El rechazo de costos asociados a las compensaciones pagadas por la
demandante

Preliminarmente, se observa que, frente a las controversias objeto de debate, esta
Sección se ha pronunciado en numerosas oportunidades frente a la deducibilidad
de las compensaciones y el alcance del artículo 189 literal d) del Estatuto Tributario.
Recientemente, en sentencia del 4 de septiembre de 2025, exp. 29851, M.P. Luis
Antonio Rodríguez Montaño, a partir del artículo 360 de la Constitución Política y de
la sentencia C-251 de 2003 de la Corte Constitucional, la sala concluyó lo siguiente:
De la norma constitucional y la jurisprudencia señaladas se desprende que las
compensaciones son pagos obligatorios a cargo de quienes fungen como contratistas en un
contrato estatal que tenga por objeto la explotación de un recurso natural no renovable como
lo es el carbón. Por esto, es una erogación directamente relacionada con la producción de un
bien -carbón- para la generación de ingresos, con lo cual, se está en presencia de un costo,
y no de un gasto o deducción, para efectos fiscales -artículos 59 y 77 del ET- y contables -
artículo 39 del Decreto 2649 de 1993-.
Ahora bien, el artículo 77 del ET, norma general aplicable a los costos, establece que cuando
dentro de los costos o inversiones amortizables existan pagos o abonos en cuenta, que
correspondan a conceptos respecto de los cuales se obliga el cumplimiento de requisitos para
su deducción, deben llenarse en relación con tales pagos o abonos los mismos requisitos
señalados para las deducciones. Es decir, los previstos en el artículo 107 ib.
De igual forma, se precisa que las compensaciones analizadas, que son de origen contractual,
no están comprendidas en los artículos 115 y 116 del ET -vigentes en el periodo discutido-,
como lo consideró la Administración, ya que no corresponden a un tributo, a regalías o a
contribuciones pagadas a organismos descentralizados.

En consecuencia, es criterio jurisprudencial que las compensaciones pactadas en
contratos que tengan por objeto la explotación de un recurso natural, como el
carbón, son erogaciones que se catalogan como costos y no se asimilan a las
regalías, dado su origen contractual. En ese sentido, para evaluar la deducibilidad
de las compensaciones se acude a la regla general del artículo 107 del Estatuto
Tributario y no a las previsiones de los artículos 115 y 116 ibidem, en la medida en
que estas normas aplican en presencia de tributos y regalías propiamente dichas.

La sentencia de primera instancia señaló que las compensaciones son un tipo de
costo que se puede descontar de la base gravable y verificó que la actividad
comercial de la demandante era la explotación de carbón y constató que, en el
marco del contrato de minería, se pactaron las compensaciones deducidas por la
sociedad a la Agencia Nacional de Minería, circunstancias que no están en
discusión. A renglón seguido, señaló que las sumas pagadas a título de
compensación eran necesarias para el desarrollo del objeto social de la empresa y

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se relacionaban con la actividad de explotación de carbón, distinguiéndolas de las
regalías.

Con la apelación, la Sección observa que la demandada insiste en que el concepto
de regalías y contribuciones no puede hacerse extensible a la figura de las
compensaciones y en que la detracción de las compensaciones carece de sustento
legal, pues el artículo 116 del Estatuto Tributario, que aplica a las entidades
descentralizadas y que sólo se refiere a las regalías, no lo autoriza. Resalta que
esta norma es especial y prevalece sobre el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Como se evidencia, ninguno de los reparos propuestos por la demandada se dirige
a controvertir el análisis efectuado por el Tribunal frente a la naturaleza de las
compensaciones (costo) y a su necesidad en la actividad productora de renta.
Además, se reitera, conforme con el criterio jurisprudencial transcrito, la norma
aplicable para analizar la deducibilidad de las compensaciones es el artículo 107
del Estatuto Tributario y no el 116, dado que ellas no son asimilables a las regalías
por tener origen contractual.

A partir de lo anterior, no se accederá a los reparos propuestos por la demandada
en la apelación, al no controvertirse de manera específica la sentencia de primera
instancia frente al tratamiento y deducción de las compensaciones como costo. No
prospera el cargo.

3. La exclusión de activos propuesta por la administración de la base
mínima de CREE y la renta presuntiva

En lo que concierne a la exclusión de activos tales como efectivo y bancos, otras
inversiones, cuentas por cobrar e inventarios de las bases presuntiva y mínima del
impuesto sobre la renta y del CREE, respectivamente, la apelante manifiesta que no
se demostró contablemente la vinculación de los activos con la actividad minera.

Al respecto, esta Sección abordó dicha problemática en controversia con idénticas
partes por el año gravable 20137 y en otras oportunidades8 así:
El artículo 189 [d] del ET, vigente para la época de los hechos, señalaba que para el cálculo
de la renta presuntiva se podían restar del total del patrimonio líquido del año anterior, «el
valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto
social exclusivo sea la minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y
gaseosos». Se resalta
En fallo del 22 de febrero de 20189, la Sala precisó que los bienes a que se refiere el artículo
189 [d] del ET, son aquellos vinculados directamente a la actividad económica organizada
de la minería, realizada por la empresa cuyo objeto social exclusivo sea la minería, «distinta
de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos», lo cual excluye el valor patrimonial
neto de los bienes que no cumplan lo previsto en la norma.
En cuanto a la determinación de la renta presuntiva definitiva, el referido artículo establece
un procedimiento específico, según el cual, una vez determinado el valor inicial de renta
presuntiva obtenido al detraer de la base de cálculo los valores permitidos por la norma, se
suma la renta gravable generada por los activos exceptuados que, para el caso del literal d),
corresponde a los bienes vinculados directamente a la actividad minera, para fijar el valor
definitivo de renta presuntiva comparable con la renta líquida ordinaria.

7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de mayo de 2023. Exp.
25935. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
8
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Exp.
25557. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 22 de febrero de 2018. Exp. 20859, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
9
Sentencia del 22 de febrero de 2018, expediente 20859, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

12
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Ahora bien, en cada caso, corresponde al actor probar que los bienes que integran su
patrimonio bruto ostentan el requisito previsto en la norma. (…)
Así, para la Sala, es al contribuyente a quien corresponde demostrar los supuestos de hecho
de la exclusión permitida por el artículo 189 [d] del ET, que se concreta en la detracción del
valor patrimonial neto de los bienes directamente vinculados a empresas cuyo objeto social
exclusivo sea la minería, puesto que como ocurrió en el caso que se analizó en aquella
oportunidad, la contribuyente desarrollaba además de esta, otras actividades económicas.

A partir de lo anterior, se concluyó que Carbones de la Jagua era una empresa
dedicada a la minería, en fases de exploración y venta, de conformidad con el objeto
social, el RUT y los contratos de gran minería y colaboración empresarial suscritos
por la sociedad, y que los activos como efectivo, bancos y otras inversiones, cuentas
por cobrar y otros, estaban vinculados a la actividad económica dado que estaban
asociados a la explotación y comercialización minera, por lo que era procedente la
detracción de estos de la renta presuntiva y de la base gravable mínima.

Dicha conclusión es igualmente aplicable en el presente evento, en donde, a partir
del certificado de existencia y representación y el RUT, anexos a la demanda, se
evidencia que la actividad de la sociedad es la extracción de carbón de piedra y su
objeto es la prospección, exploración, explotación, producción, beneficio,
transformación, adquisición, enajenación, comercialización y transporte de carbón
y, en general, todas las actividades relacionadas con la comercialización de dicho
mineral (fl. 62 CP).

Así mismo, en los estados financieros de 2014 se advierte que los activos se
componen del dinero en caja y bancos, de inversiones derivadas de TIDIS y
efectuadas en otras compañías, cuentas por cobrar por ventas de carbón y
prestación de servicios mineros, por dividendos y por cargos por capacidad para
acceso al puerto, así como otros anticipos y cuentas por cobrar, e inventarios de
carbón, materiales y repuestos, en tránsito y provisiones para repuestos (fls. 907 a
920 CP), actividades ligadas a la empresa del carbón.

En consecuencia, la exclusión de dichos activos de la base de la renta presuntiva y
de la base mínima del CREE era procedente, circunstancia que también fue verificada
por el Tribunal después de invocar el precedente de esta Corporación y de analizar
las pruebas obrantes en el expediente, incluyendo los documentos contables como
los estados financieros y las certificaciones de revisor fiscal para concluir que los
activos sí estaban destinados a la actividad minera.

Es de resaltar que, frente a lo anterior, la demandada tampoco presentó reparos
concretos en el recurso de apelación y no puso de presente las inconsistencias o
insuficiencias en el material probatorio o en la valoración efectuada por el Tribunal,
sino que se limitó a reiterar lo expuesto en la contestación en el sentido de que no
se probó la vinculación de los activos con la actividad en la contabilidad.

A propósito del contenido del recurso de apelación, la Corte Constitucional tiene
establecido que, para que el recurso de apelación cumpla su finalidad, es necesario
que existan y se expongan verdaderos motivos de discordia en contra de los
planteamientos de la sentencia apelada:

Particularmente, si la decisión inicial es correcta, la apelación no debe convertirse en el
instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo
debería acudirse a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den
cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por

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qué se exige que la apelación deba ser sustentada. Porque para controvertir una decisión
judicial y provocar la intervención del superior, con lo que eso implica en términos de desgaste
del aparato judicial, y en merma de la seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias
que generen en el fallador una cierta duda sobre el asunto recurrido, o, al menos, que se
planteen de manera clara y argumentada las razones de la discrepancia. 10

En igual sentido, recientemente, la Sala explicó que “el requisito de sustentación del
recurso de apelación exige que el interesado manifieste de manera clara y concreta las
inconformidades frente a la decisión recurrida. No se trata de revivir la totalidad del debate, debe
existir coherencia entre la decisión apelada y el recurso de apelación, esto es, la sustentación debe
referirse necesariamente a los fundamentos de la providencia apelada. (…) Los escritos de
impugnación contra fallos que reproduzcan íntegramente los cargos de anulación de la demanda
incumplen con la carga de sustentación del recurso de apelación, en tanto adolecen de reparos
concretos contra la providencia, tanto es así que de entrarse a resolver, se retrotraería el juicio a un
estudio ya efectuado por el tribunal de primer grado, quien atendiendo los cargos de la demanda
hizo los análisis jurídicos y fácticos que son los que deben ser cuestionados por el recurrente para
provocar el pronunciamiento de la segunda instancia.”11

A partir de lo expuesto, considerando que, en el recurso de apelación, la demandada
no propuso oposición frente a la sentencia de primera instancia ni planteó
inconformidades claras y concretas frente al análisis, valoración y decisión recurrida,
se concluye que no se han logrado desvirtuar las conclusiones del fallo impugnado.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, en atención,
además, a los precedentes reseñados previamente y a que la apelante no presentó
reparos frente a la decisión del Tribunal sobre el anticipo para la sobretasa en el
CREE.

4. Sanciones por inexactitud y al representante legal

Dado que ninguno de los cargos de apelación está llamado a prosperar, se
confirmará el levantamiento de las sanciones impuestas ante la aceptación de las
pretensiones de la demanda.

5. Costas

No habrá pronunciamiento frente a la decisión de no condenar en costas primera
instancia, dado que no se apeló la decisión del Tribunal de no imponerlas. En cuanto
a la condena en costas en esta instancia (agencias en derecho y gastos del
proceso), y según el criterio mayoritario de la Sección, contenido en la sentencia del
23 de septiembre de 202512, como no prosperó la apelación y será confirmada la
totalidad de la sentencia impugnada, procede condenar en costas en segunda
instancia a la apelante por concepto de agencias en derecho13. Al efecto, se tasan
esas agencias en un (1) SMMLV. Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo
366 del Código General del Proceso.

En cuanto a las expensas y gastos del proceso, atendiendo a ese mismo criterio, no
procede la condena pues en el expediente no se verifica su causación en sede de
apelación, según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

10
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-418 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 29 de febrero de 2024, Exp.
27159, M.P. Wilson Ramos Girón.
12
Exp 28292, M. P. Wilson Ramos Girón.
13
En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 16 de octubre de 2025, exp 29569, M.P: Myriam Stella Gutiérrez
Argüello

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Demandante: Carbones de la Jagua S.A. y Tomás Antonio López Vera

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 31 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Atlántico.

2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandada según lo
explicado en la parte motiva. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé
trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con salvamento de voto Con salvamento de voto

(Firmado electrónicamente)
HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ
Conjuez

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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