Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00464-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00464-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2018-00464-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
3 de marzo de 2022
Radicado: 08001-23-33-000-2018-00464-01 (25367)
Demandante: Payless Shoesource PSS de Colombia SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00464-01 (25367)
Demandante: Payless Shoesource PSS de Colombia SAS
Demandada: DIAN
Temas: Liquidación oficial de corrección. Importaciones amparadas en el
Decreto 456 de 2014. Legalidad condicionada. Procedimiento de
devolución.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 18 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que
negó pretensiones y se abstuvo de condenar en costas (índice 2)1:
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante los actos demandados, la Administración negó la solicitud de la actora radicada
el 20 de junio de 2017, tendente a que se expidiera liquidación oficial de corrección para
efectos de obtener la devolución de la suma de $5.048.558.000, por concepto de arancel,
y $807.766.000 concerniente al IVA, montos que, presuntamente, pagó en exceso en 829
declaraciones de importación que presentó entre el 27 de junio y 27 de octubre de 2014
(índice 2).
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2):
1. Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 01166, del 20 de septiembre de 2017, proferida
por la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Barranquilla, mediante la cual se negó la solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de
devolución de tributos aduaneros pagados en exceso, respecto de las declaraciones de importación
presentadas por la demandante durante los meses de junio a octubre de 2014 (teniendo en cuenta
la fecha de aceptación), por valor de $5.856.324.000 y relacionadas en el anexo del referido acto
1 Del historial de actuaciones registradas en el aplicativo informático Samai. Las demás menciones a «índice» están
referidas al mismo repositorio.
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administrativo (páginas 1 a 7 del anexo) que corresponden al mayor valor pagado de arancel por
$5.048.658.000,00 y el mayor valor pagado del IVA por $807.768.000.00.
2. Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 00015, del 17 de enero de 2018, proferida por la
jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla,
mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución a que
alude el numeral anterior, confirmándola en todas sus partes, notificada el 22 de enero de 2018, con
sello de ejecutoria del 23 de enero de 2019.
3. Que se inaplique, por inconstitucional e ilegal, el Decreto 456 del 28 de febrero de 2014, publicado
en el Diario Oficial nro. 49.078, del 28 de febrero de 2014, vigente para la época de los hechos, por
medio del cual se modificó parcialmente el Arancel de Aduanas, en el sentido de establecer:
(…)
4. Que, en consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la DIAN que
practique la liquidación oficial de corrección solicitada por la sociedad Payless Shoesource PSS de
Colombia SAS, a efectos de determinar el mayor valor pagado, en relación con las declaraciones de
importación presentadas por ella durante los meses de junio a octubre del año 2014, con aplicación
de la tarifa consagrada en el Decreto 4927 de 2011, dada la circunstancia de que las normas
contenidas en este serían las procedentes en virtud de la inaplicación por inconstitucional e ilegal,
del Decreto 456 de 2014, que se pide en el numeral 3 de las pretensiones.
5. Que se ordene a la entidad demandada devolver a la demandante el valor de $5.048.558.000.00
de arancel que corresponde a los aranceles aduaneros pagados en exceso, respecto de las
declaraciones de importación presentadas en la solicitud de corrección, las cuales se encuentran
relacionadas a folios 1 a 7 del anexo de la Resolución nro. 01166, del 20 de septiembre de 2017 y
en el archivo Excel anexo a la solicitud.
6. Que se ordene a la DIAN que, para la determinación de la base gravable del impuesto sobre las
ventas —IVA—, en la corrección de las declaraciones se tome en cuenta el monto del arancel
establecido con fundamento en el Decreto 4927 de 2011.
7. Que como consecuencia de las anteriores pretensiones a título de restablecimiento del derecho
se liquiden los intereses corrientes de que trata el artículo 863 del Estatuto Tributario a la tarifa
prevista en el artículo 864 ibidem, desde la fecha de notificación de la Resolución nro. 01166, del 20
de septiembre de 2017, acto que negó la corrección con fines de devolución, es decir desde el 22
de septiembre de 2017 hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que se profiera, respecto del
valor de los aranceles que se solicita sean devueltos en la quinta pretensión. Así mismo, intereses
moratorios a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que se profiera y hasta la fecha
de pago efectivo.
8. Que se condene en costas a la entidad demandada, en los términos del artículo 188 del CPACA.
A los anteriores efectos, invocó como normas violadas el preámbulo y los artículos 1.°,
2.°, 9.°, 29, 150-16, 224, 226 y 227 de la Constitución; 26 y 27 de la Convención de Viena;
10 y 29 de la Ley 7 de 1991; 3.°, letras a) y b) de la Ley 1609 de 2013; Ley 170 de 1994;
8.4 y 8.8 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011); así como los decretos 1407 de 1999, 480 de 2005, y
2550 de 2010. El concepto de violación planteado se resume así (índice 2):
A juicio de la demandante, los actos que negaron la expedición de liquidaciones oficiales
de corrección para efectos de devolución de pagos en exceso incurrieron en infracción
de las normas superiores, falsa motivación y en desviación de poder. Sustentó dichos
cargos de anulación en la ilegalidad e inconstitucionalidad del Decreto 456 de 2014 que
fundamentó la denegación de la solicitud de expedición de la liquidación oficial de
corrección de los actos demandados, pues, a su entender, dicha norma se ocupó de
modificar el arancel de la nación más favorecida —NMF— del 15 % aplicable para la
mercancía de los capítulos 61, 62, 63 y 64 —excepto la partida 64.06—, con el fin de fijar
una tarifa arancelaria mixta, esto es, un porcentaje ad valorem y adicionalmente una tarifa
específica por kilo bruto para mercancía de los capítulos 61, 62 y 63, y por par de zapatos
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para el caso de la mercancía del Capítulo 64; tarifas que superarían aquellas previstas
en la lista de concesiones arancelarias —LXXVI-Colombia— del Anexo 1 del acuerdo
Gatt 1994, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, suscrito por
Colombia y aprobado en la legislación interna mediante la Ley 170 de 1994, cuyos topes
arancelarios eran, del 40 % ad valorem, para el caso de la mercancía de los capítulos 61
a 63, y del 35 %, respecto de la mercancía del Capítulo 64 —excepto la partida 64.06—.
Puntualmente, aseguró que: (i) el Gobierno incumplió las etapas procedimentales para
expedir el Decreto 456 de 2014, conforme al Decreto 1345 de 2010 y, adicionalmente,
incumplió la Ley 7 de 1991 y las letras a y b del artículo 3.º de la Ley 1609 de 2013—Ley
Marco de Aduanas—, sobre los objetivos de aplicación de convenios y tratados
internacionales suscritos por Colombia y la observancia del principio de pacta sunt
servanda, así como la adecuación del régimen de aduanas al fomento de la producción
nacional, de los acuerdos, convenios, tratados y del acogimiento de recomendaciones
expedidas por organismos internacionales como los órganos de solución de diferencias
de la OMC; (ii) el arancel mixto fijado vulneró los compromisos adquiridos por Colombia
en el marco de la suscripción del acuerdo del Gatt 1994 —Ronda de Uruguay, acuerdo
de Marrakech—, concerniente al respeto de los topes máximos de aranceles
consolidados establecidos en la lista de concesiones arancelarias de Colombia LXXVI,
incluida en el Anexo 1 del Gatt de 1994; el principio de trato nacional en materia de
tributación y reglamentación interior contenido en los ordinales 1.º, 2.º y 4.º del artículo III
del acuerdo ibidem; las reglas contenidas en los artículos VI y XIX ídem y la Decisión 571
de la CAN, en relación con los mecanismos para proteger a la industria nacional ante
importaciones masivas a precios dumping, y (iii) la aplicación del decreto mencionado fue
para mitigar la subfacturación y el lavado de activos, pero fue extensivo a todos los
importadores nacionales, sin distinguir entre aquellos que actuaban de manera
fraudulenta y los que lo hacían legalmente. Por último, puso de presente que ante el
Consejo de Estado se demandaron en nulidad los decretos 074 de 2013 y 456 de 2014,
por los mismos vicios de ilegalidad antes señalados.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 2). Consideró
improcedente inaplicar el Decreto 074 de 2013, porque este fue derogado por el Decreto
456 de 2014, vigente al momento de efectuar las importaciones que son objeto de
discusión. Por otra parte, estimó que los cargos de anulación planteados controvierten la
legalidad de esos decretos lo cual debía efectuarse en un juicio de nulidad diferente al
sub lite, además de que no se demostró la violación del acuerdo Gatt de 1994 y, al margen
de ello, adujo que ese acuerdo comercial no competía con las potestades constitucionales
que tiene el Gobierno para fijar los aranceles y proteger el mercado nacional, máxime
cuando los acuerdos suscritos ante la OMC serán vinculantes en el ordenamiento interno,
siempre que sean desarrollados mediante leyes o normas que ajusten la regulación
interna, esto es, no tienen aplicación directa, a diferencia de las decisiones y acuerdos
de la Comunidad Andina. Finalmente, consideró que había litispendencia entre los
procesos de nulidad tramitados contra los decretos mencionados y el asunto
controvertido, debido a que una eventual anulación impactaría la legalidad de los actos
demandados.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas (índice 2), al
establecer que los acuerdos comerciales invocados por la demandante no contienen
ninguna prohibición para el Estado colombiano de incrementar los aranceles respecto de
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una subpartida arancelaria en concreto o respecto de algún país de origen en específico,
de manera que no se advertía la disparidad alegada por la actora que ameritara su
inaplicación. Adicionalmente, adujo que la actora no indicó las subpartidas arancelarias
empleadas y las exactamente aplicables para las mercancías importadas de los capítulos
61 a 64, de acuerdo con el Decreto 4927 de 2011, como tampoco señaló las subpartidas
arancelarias de la lista de concesiones arancelarias del acuerdo suscrito por Colombia.
De igual manera, no se probó el origen de la mercancía importada para establecer las
características de los bienes nacionalizados; elementos que consideró determinantes
para identificar la aplicabilidad de los acuerdos comerciales que invocó la actora como
vulnerados.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 2). Como primera medida, expuso
que el insumo de la información que el tribunal consideró que no estuvo probado en el
expediente en realidad hacía parte de los datos consignados en las declaraciones de
importación que obraban en el proceso; incluso precisó que allí se podía corroborar que
las tarifas arancelarias superaban los topes de la lista de concesiones arancelarias
acogido por Colombia al adherirse al acuerdo Gatt 1994.
Por otra parte, reiteró que los actos demandados se fundamentaron en la presunción de
legalidad del Decreto 456 de 2014, el cual, insistió la apelante, se debía inaplicar por las
mismas razones esgrimidas en la demanda, las cuales no fueron analizadas en primera
instancia. Además, advirtió que el Consejo de Estado, mediante sentencia del primero de
agosto de 2019 (exp. 21139, CP: Milton Chaves García), declaró el mencionado decreto
legal de forma condicionada, siempre que el arancel sufragado no superara los topes del
40 % ad valorem, para confecciones, y del 35 % ad valorem, para calzado, sobre el valor
en aduanas. En consecuencia, sostuvo que era procedente la expedición de la liquidación
oficial de corrección pretendida respecto de las 829 declaraciones de importación
relacionadas en el anexo de los actos demandados y, a cambio de las tarifas arancelarias
empleadas en aquellas declaraciones, pidió determinar la cuota tributaria con base en la
tarifa arancelaria del 15 % —NMF—, prevista en el Decreto 4927 de 2011 y,
concurrentemente, reliquidar el IVA.
Alegatos de conclusión
La demandante y demandada reiteraron lo aducido en el recurso de apelación (índice 13)
y en la contestación, respectivamente (índice 16).
El ministerio público rindió concepto solicitando confirmar la sentencia apelada, ya que la
actora no demostró en qué casos los montos pagados por arancel superaban los topes
del 40 % y 35 % del valor en aduanas de la mercancía importada, sino que se limitó a
advertir que la tarifa arancelaria que debía aplicarse era del 15 % —NMF—, con base en
lo cual calculó el mayor valor que solicitó en devolución (índice 17).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos demandados, atendiendo a los cargos de
impugnación planteados por la demandante en calidad de apelante única, contra la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y no condenó
en costas. Concretamente, se debe determinar si la Administración debió emitir
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liquidaciones oficiales de corrección, para efectos de devolución, respecto de las 829
declaraciones de importación que la actora presentó durante el período comprendido
entre el 27 de junio y el 27 de octubre de 2014, relacionadas en el anexo de la Resolución
01166, del 20 de septiembre de 2017 (índice 2), en tanto la autoliquidación de los tributos
aduaneros se efectuó aplicando los aranceles mixtos previstos en el Decreto 456 de
2014, siendo que este decreto se debía inaplicar por inconstitucional e ilegal al
contravenir los compromisos del Estado al suscribir el Gatt de 1994 y, producto de que
los actos particulares se fundamentaron en dicho decreto, contienen vicios de nulidad por
contrariar normas superiores, falsa motivación y desviación de poder. De accederse al
cargo de apelación, se evaluará lo atinente a la tarifa arancelaria aplicable a la
importación de las mercancías.
2- Para dirimir el problema jurídico sería del caso analizar los motivos esgrimidos por la
actora para sustentar la ilegalidad de los actos particulares, dado que estuvieron
fundamentados en el decreto que asegura la actora debía ser inaplicado por ilegalidad e
inconstitucionalidad. No obstante, la Sala advierte que esta Sección, en sentencia del
primero de agosto de 2019 (exp. 21139, CP: Milton Chaves García) declaró la legalidad
condicionada del Decreto 456 de 2014, decisión que analizó similares cuestionamientos
que reprodujo la misma demandante contra los actos particulares acusados, de tal forma
que lo definido en dicha providencia se atenderá para dirimir la presente controversia.
Agréguese que la citada sentencia guarda el mismo análisis que la Sala hizo al estudiar
la demanda de nulidad contra el Decreto 0074 de 2013, el cual también se declaró legal
de forma condicionada, en los mismos supuestos en que se fijó en la sentencia del
expediente 21139 (sentencia del primero de agosto de 2019, exp. 20497, CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez).
Puntualmente, la Sala, tras analizar todos los cargos de nulidad de orden procedimental
y sustancial, encontró que el Decreto 456 ibidem era legal en el entendido que la tarifa
arancelaria ad valorem, más la tarifa específica para la importación de la mercancía
clasificada en las subpartidas de los capítulos 61, 62, 63 y 64 del Arancel de Aduanas no
superara el umbral de la lista de concesiones arancelarias de Colombia, lo cual
significaba que, para el caso de las confecciones, la tarifa arancelaria aplicada sobre el
valor en aduanas no superara el tope del 40 % y, el liquidado para la mercancía de
calzado de las subpartidas contenidas en el Capítulo 64 ídem (salvo la partida 64.06,) no
sobrepasara el 35 % sobre el valor en aduanas. Así, concluyó esta judicatura que
correspondía a cada caso particular establecer si la aplicación del arancel mixto
sobrepasaba los límites señalados, en cuyo caso, se precisa que lo procedente es
adelantar el trámite de liquidación oficial de corrección para ajustar las tarifas a la máxima
permitida y, con ello, el importador podrá adelantar el procedimiento de devolución de los
tributos aduaneros que haya pagado en exceso.
En ese contexto, el Decreto 456 de 2014 estableció una tarifa arancelaria mixta que se
aplica en dos escenarios distinguiendo entre las importaciones de confecciones
(capítulos 61 a 63) y de calzado (Capítulo 64, incluida la subpartida 6406.10.00.00, pero
excluyendo el resto de subpartidas de la partida 64.06). Así, de acuerdo con el inciso 1.º
del artículo 1.º, la mercancía importada de los capítulos 61 a 63, cuyo valor Fob declarado
fuera menor o igual a 10 dólares estadounidenses por kilo bruto, la tarifa arancelaria ad
valorem sería del 10 %, más una tarifa específica de 5 Usd. Por su parte, el inciso 2.º
indicó que, si el valor Fob declarado era mayor a 10 Usd por kilo bruto, la tarifa ad valorem
sería del 10 % más un arancel específico de 3 Usd. Ahora bien, la disposición agregó que
la importación de mercancía identificada en una misma subpartida arancelaria, cuyo valor
Fob fuera mayor o igual a 10 Usd por kilo bruto, como también menor a este precio Fob,
aplicaría una tarifa específica de 5 dólares estadounidenses y, en caso de que se
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importara mercancía de una misma subpartida cuyo valor Fob estuviera en el inciso 1.º o
2.º de la norma, la tarifa específica se determinaría dividiendo el valor Fob declarado
entre el peso bruto en kilogramos.
Tratándose de la importación de calzado del Capítulo 64 (incluida la subpartida
6406.10.00.00, pero excluyendo el resto de subpartidas de la partida 64.06), el inciso 1.º
del artículo 2.º ibidem señaló que, si el valor Fob declarado era igual o menor a 7 dólares
estadounidenses por par, la tarifa arancelaria ad valorem sería del 10 %, más un arancel
específico de 5 Usd por par. En cambio, según el inciso 2.º ídem, si el precio Fob por par
de zapato era mayor a 7 Usd, la tarifa ad valorem sería del 10 %, más un arancel
específico de 1,75 Usd por par. Si la subpartida arancelaria incluía precios Fob de ambos
incisos del artículo 2.º, la tarifa específica sería de 5 Usd por par y si la subpartida solo
incluía mercancía cuyo precio Fob estaba en uno de los supuestos de los mencionados
incisos, la tarifa arancelaria específica se establecería del resultado de dividir el valor Fob
declarado entre el número de pares importados.
3. Con el fin de dirimir la presente controversia, resultan relevantes los siguientes hechos:
(i) La actora presentó solicitud de liquidación oficial de corrección, con miras a que se
establecieran los mayores valores pagados por concepto de tributos aduaneros y obtener
la devolución de los mismos, respecto de 829 declaraciones de importación presentadas
entre el 27 de junio y el 27 de octubre de 2014, mediante las cuales importó mercancía
correspondiente a subpartidas arancelarias de los capítulos 61 a 64 del Arancel de
Aduanas —menos de la partida 64.06, de la cual no importó ninguna mercancía— (índice
23). El sustento de esa petición fue la ilegalidad del Decreto 456 de 2014 y, consideró
que tras inaplicarse ese decreto, la tarifa arancelaria aplicable procedente sería el de la
nación más favorecida —NMF— del 15 %, conforme al Decreto 4927 de 2011, que acogió
el Sistema Armonizado, Arancel de Aduanas, en esa época.
(ii) De las 829 declaraciones de importación, respecto de las cuales la actora solicitó
liquidación oficial de corrección, 33 de ellas ampararon mercancías clasificadas en
subpartidas arancelarias nros. 6115950000, 6115960000 y 6217100000, en las cuales
se liquidó un arancel superior al 40 %, sobre el valor en aduanas (índice 23 y 33).
Concretamente, las declaraciones de importación en las que se liquidaron aranceles
superiores al tope de arancel consolidado corresponden a las relacionadas en las filas
nros. 4, 5, 19, 20, 39, 55, 75, 87, 108, 124, 136, 137, 161, 162, 196, 197, 299, 367, 394,
406, 445, 521, 546, 624, 625, 714, 715, 739, 751, 763, 781, 782 y 810, del cuadro anexo
de la Resolución nro. 01166, del 20 de septiembre de 2017 (índice 23).
(iii) De las 829 declaraciones de importación, respecto de las cuales la actora solicitó
liquidación oficial de corrección, 249 ampararon mercancías clasificadas en las
subpartidas arancelarias nros. 6402999000, 6403999000, 6404190000 y 6405200000,
en las cuales se liquidó un arancel superior al 35 % (índice 23 y 33). Concretamente, las
declaraciones de importación en las que se liquidaron tributos aduaneros con base en
una tarifa arancelaria superior al 35 % corresponden a las relacionadas en las filas nros.
1 a 3, 16 a 18, 29, 30, 37, 38, 47, 48, 52 a 54, 65, 66, 72 a 74, 85, 86, 88, 93, 94, 99 a
101, 106, 107, 115 a 117, 122, 123, 133 a 135, 144 a 146, 151, 152, 159, 160, 169 a 171,
178 a 180, 185, 186, 193, a 195, 206 a 208, 213, 214, 219, 220, 224 a 226, 232, 233, 238
a 240, 246, 247, 251, 252, 256, 257, 262 a 264, 270 a 272, 280 a 283, 289 a 292, 300,
301, 308 a 311, 318, 319, 325 a 327, 333 a 336, 341, 345, 347, 348, 357 a 359, 364 a
366, 384, 385, 395, 396, 407 a 412, 418 a 421, 426 a 429, 434 a 436, 443, 444, 456 a
459, 464, 465, 470 a 473, 478 a 480, 485 a 487, 493, 494, 500 a 502, 508, 509, 514, 515,
522, 523, 528, 529, 535 a 537, 542 a 545, 558 a 560, 575, a 578, 585 a 588, 599 a 601,
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608 a 610, 614, 615, 620 a 623, 636, 637, 642, 643, 649 a 651, 657, 658, 665, 666, 672,
673, 677, 683, 684, 694 a 698, 710 a 713, 728, 729, 736 a 738, 750, 760, 761, 762, 771,
773, 774, 777, 779, 780, 791 a 793,799, 800, 801, 807 a 809, 822 a 824 y 829, del cuadro
anexo de la Resolución nro. 01166, del 20 de septiembre de 2017 (índice 23 y 33).
(iv) Mediante la Resolución nro. 01166, del 20 de septiembre de 2017 y su confirmatoria,
la nro. 00015, del 17 de enero de 2018, la DIAN negó la expedición de las liquidaciones
oficiales de corrección solicitadas por la actora dado que el Decreto 456 de 2014, que
fijaba aranceles mixtos para la mercancía importada, gozaba de legalidad que no había
sido desvirtuada judicialmente, por lo cual los importadores debían aplicar la tarifa
arancelaria mixta para la importación de mercancía de los capítulos 61 a 64, en vez del
Decreto 4927 de 2011.
4- Al respecto, la Sala advierte que la tarifa arancelaria empleada para determinar el
tributo a cargo en las declaraciones de importación enunciadas en los puntos (ii) y (iii)
superó los umbrales del 40 % —para confecciones— y del 35 % —para calzado— de la
lista de concesiones arancelarias del Anexo 1 del acuerdo Gatt 1994. Ahora bien, también
se observa que la solicitud de la actora pretendía la expedición de la liquidación oficial de
corrección de las importaciones anotadas, con la finalidad de que se aplicara la tarifa
arancelaria del 15 % —NMF—, prevista para la mayoría de las subpartidas arancelarias
de los capítulos 61 a 64 en el Decreto 4927 de 2011 del Arancel de Aduanas. Sin
embargo, en las sentencias del primero de agosto de 2019, específicamente en el
expediente 21139 (CP: Milton Chaves García) que controló la legalidad del Decreto 456
de 2014, la Sala condicionó la legalidad de dicha norma siempre que no se superara el
tope máximo de la tarifa arancelaria, de acuerdo con la lista de concesiones arancelarias
de Colombia LXXVI del Gatt 1994; es decir, que en el evento en que se superara, la tarifa
sería ilegal, pero ello no significaba que se revivieran las tarifas arancelarias de las
subpartidas correspondientes según el Decreto 4927 de 2011, sino que esta se ajustaría
a la máxima permitida por lo convenido en el acuerdo comercial.
De esa manera, resultaría procedente proferir liquidación oficial de corrección para
ajustar los tributos aduaneros a las tarifas de las declaraciones de importación indicadas
en los puntos (ii) y (iii), a las máximas permitidas en la lista de concesiones arancelarias
de Colombia, esto es, 40 % para los capítulos 61 a 63 y del 35 % para el Capítulo 64 de
calzado.
4.1- Por otra parte, dado que la tarifa arancelaria de las demás declaraciones de
importación, relacionadas en el anexo de la Resolución nro. 01166, del 20 de septiembre
de 2017 (diferentes de las enunciadas en los considerandos ii y iii), no superaron los
topes establecidos en la lista de concesiones de Colombia del Gatt de 1994, no se
accederá a la solicitud de expedición de liquidación oficial de corrección respecto de
estas, en tanto la tarifa arancelaria resulta legal a la luz del análisis efectuado por esta
corporación en la sentencia del primero de agosto de 2019 (exp. 21139, CP: Milton
Chaves García) y, en esa medida, la legalidad de los actos demandados debe
mantenerse.
5- De conformidad con lo antedicho, la Sala ordenará a la Administración que practique
la liquidación oficial de corrección correspondiente respecto de las declaraciones de
importación identificadas en las filas enunciadas en los puntos (ii) y (iii), ajustando los
tributos aduaneros, de forma tal que el arancel liquidado corresponda al 40 % y 35 %,
respectivamente; esta reliquidación implicará también recalcular la base imponible del
IVA y el impuesto a cargo por este tributo. En cuanto a las demás declaraciones de
importación, se negarán las pretensiones de la demanda.
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6- En lo referente a la pretensión de devolución junto con los intereses que se causen en
los términos de los artículos 863 y 864 del ET, se detalla que la petición de la demandante
consistió en que se emitiera liquidación oficial de corrección para efectos de determinarse
lo pagado en exceso. Si bien, para la época de la solicitud de la actora —20 de junio de
2017— regía el artículo 577 del Decreto 390 de 2016 que no establecía un procedimiento
de solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de disminuir los tributos
aduaneros y establecer pagos en exceso o de lo no debido, dicha legislación aduanera
prescribió el procedimiento de presentación de declaración de corrección con la finalidad
de autoliquidar voluntariamente, por una sola vez, menores derechos e impuestos a la
importación y sanciones, siempre que mediara autorización de la autoridad aduanera
(artículo 227 del Decreto 390 de 2016). Posteriormente, el Decreto 349 de 2018 introdujo,
nuevamente, el procedimiento de liquidación oficial de corrección para disminuir los
tributos a cargo, con fines de determinación de pagos en exceso o de lo no debido
(artículos 159 y 162, el primero que adicionó el parágrafo al artículo 577 del Decreto 390
de 2016 y el segundo que modificó el Capítulo VI del Título XVII del decreto ibidem); esta
disposición también ajustó las causales de procedencia de devolución o compensación
del artículo 629 del Decreto 390 de 2016, incluyendo el evento en que el pago en exceso
o de lo no debido fuera determinado en una liquidación oficial de corrección. Ahora bien,
al margen de que las disposiciones de liquidación oficial de corrección con fines de
disminución de tributos a cargo solo vino a introducirse mediante el Decreto 349 de 2018,
lo cierto es que la entidad demandada en los actos enjuiciados dio trámite a la solicitud
de expedición de liquidación oficial de corrección, de tal forma que se dio por sentado
que este sería el procedimiento acorde para definir la petición de la demandante tendente
a volver a liquidar los tributos declarados en las importaciones y establecer lo pagado en
exceso.
Bajo ese entendido, la Sala debe advertir que, tal como se analizó en las sentencias del
18 de febrero y 27 de mayo de 2021 (exps. 24545 y 24865, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez), el legislador fijó un trámite independiente para las solicitudes de devolución
de saldos a favor, pagos en exceso o indebidos que se proyecta sobre el reconocimiento
de los intereses de los artículos 863 y 864 del ET. El propósito de la actuación
administrativa que provocó la demandante y que derivó en los actos demandados
consistía en que la demandada expidiera la liquidación oficial de corrección que
estableciera las sumas pagadas en exceso y sirviera de sustento a la petición de
devolución, de ahí que el restablecimiento del derecho conculcado debe ser la
consecuencia jurídica del acto anulado, el cual, se repite, negó la expedición de la
liquidación oficial de corrección pretendida y no una devolución.
De esa forma, la liquidación oficial de corrección que en ejecución de esta providencia
emita la demandada servirá para que la demandante inicie el procedimiento de
devolución, el cual se podrá efectuar previas las verificaciones que haga la DIAN de
procedencia de devolución de tributos y compensaciones que exija el procedimiento de
devolución previsto en la normativa vigente para cuando esta se tramite (entre ellas la
constatación de que los tributos no hayan sido declarados como deducciones en la
declaración de renta, o como impuesto descontable en el caso del IVA, tal como se indica,
actualmente, en los ordinales 6.º y 7.º del artículo 729 del Decreto 1165 de 2019), motivo
por el cual se negarán las pretensiones de la demanda que buscaban obtener la
devolución de los tributos aduaneros pagados en exceso.
7- Por último, no se impondrá condena en costas en esta instancia, toda vez que no se
encuentran acreditadas las exigencias que hace el ordinal 8.º del artículo 365 del CGP
para su procedencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:
Primero. Anular parcialmente las resoluciones nros. 01166, del 20 de septiembre de 2017, y 00015
del 17 de enero de 2018, mediante las cuales la DIAN negó la solicitud de liquidación oficial de
corrección, para efectos de devolución de tributos aduaneros, respecto de las declaraciones de
importación relacionadas en las filas nros. 4, 5, 19, 20, 39, 55, 75, 87, 108, 124, 136, 137, 161, 162,
196, 197, 299, 367, 394, 406, 445, 521, 546, 624, 625, 714, 715, 739, 751, 763, 781, 782 y 810; y 1
a 3, 16 a 18, 29, 30, 37, 38, 47, 48, 52 a 54, 65, 66, 72 a 74, 85, 86, 88, 93, 94, 99 a 101, 106, 107,
115 a 117, 122, 123, 133 a 135, 144 a 146, 151, 152, 159, 160, 169 a 171, 178 a 180, 185, 186, 193,
a 195, 206 a 208, 213, 214, 219, 220, 224 a 226, 232, 233, 238 a 240, 246, 247, 251, 252, 256, 257,
262 a 264, 270 a 272, 280 a 283, 289 a 292, 300, 301, 308 a 311, 318, 319, 325 a 327, 333 a 336,
341, 345, 347, 348, 357 a 359, 364 a 366, 384, 385, 395, 396, 407 a 412, 418 a 421, 426 a 429, 434
a 436, 443, 444, 456 a 459, 464, 465, 470 a 473, 478 a 480, 485 a 487, 493, 494, 500 a 502, 508,
509, 514, 515, 522, 523, 528, 529, 535 a 537, 542 a 545, 558 a 560, 575, a 578, 585 a 588, 599 a
601, 608 a 610, 614, 615, 620 a 623, 636, 637, 642, 643, 649 a 651, 657, 658, 665, 666, 672, 673,
677, 683, 684, 694 a 698, 710 a 713, 728, 729, 736 a 738, 750, 760, 761, 762, 771, 773, 774, 777,
779, 780, 791 a 793, 799, 800, 801, 807 a 809, 822 a 824 y 829, del cuadro contenido en el anexo
de la Resolución nro. 01166, de conformidad con lo considerado en la sentencia de segunda
instancia.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la DIAN que practique liquidación oficial
de corrección reliquidando los tributos aduaneros del arancel e IVA, de conformidad con lo indicado
en las consideraciones de la sentencia de segunda instancia.
Tercero. Negar las demás pretensiones.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclaro voto
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