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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2018-00607-01

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2018-00607-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en el proceso de la referencia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “B”, el 9 de mayo de 2025. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA a la Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias (L.A.C.) — Comité Seccional del departamento del Atlántico. Para el efecto, las agencias en derecho de esta instancia se fijan en un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) en favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados en el artículo 366 del Código General del Proceso. 36 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”. 37 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. (…) “En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”. 38 “Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas […]”. 24 Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625) Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias (L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del Atlántico Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla Referencia: Medio de control de reparación directa TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría realizar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión SAMAI y DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2018-00607-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Demandante: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias (L.A.C.)
• Comité Seccional del Departamento del Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Reparación directa

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA –
restricción intangible, de orden legal, que impide al titular del bien ejercer los derechos de
dominio que le corresponden conforme con las leyes civiles – Denominado por la
jurisprudencia como “ocupación jurídica” / ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CERTEZA DEL DAÑO - Debe acreditarse una
disminución patrimonial o extrapatrimonial para quien lo reclama, sin que pueda ser
resarcido lo eventual, hipotético o meramente posible / AUSENCIA DE DAÑO
ANTIJURÍDICO – No se probó que mientras estuvo vigente la clasificación de uso del suelo
como espacio público del predio de la demandante se le causara una afectación anormal y
especial que implicara el rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas ni
se acreditó que con ocasión de esa “clasificación” se ejecutaran obras públicas en el predio

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección
“B”, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se discute la responsabilidad del Estado por los daños causados por la “ocupación
jurídica” de un inmueble de propiedad de la demandante con ocasión de la
clasificación del uso del suelo como espacio público realizada mediante el Decreto
Distrital 212 del 28 de febrero de 2014, “por el cual se adopta el plan de
ordenamiento territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
2012-2032”.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión del 9 de mayo de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección “B” negó las pretensiones de la demanda
presentada el 9 de julio de 20181, por la Liga Antituberculosa y de Enfermedades
Respiratorias (L.A.C.) — Comité Seccional del departamento del Atlántico2 en
contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

1 Según la constancia de recibido que obra a folio 2 del archivo “08001333300020180060700_T1” de las
actuaciones de primera instancia en Samai.
2 Institución privada sin ánimo de lucro sometida a inspección, vigilancia y control del Ministerio de Salud, de

acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Secretaría General de la
Gobernación del Atlántico el 6 de febrero de 2018. Folio 25 del archivo “08001333300020180060700_T1” de
las actuaciones de primera instancia en Samai.

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

2.La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las
que el Tribunal adoptó la sentencia que ahora se cuestiona, es la siguiente:

Pretensiones

3. Reclamó la demandante la declaración de responsabilidad patrimonial por la
“ocupación jurídica” de un inmueble de su propiedad con ocasión de la clasificación
como espacio público en el POT, al tiempo que deprecó una indemnización de
perjuicios materiales3.

Hechos

4. Se narró que la demandante es propietaria de un inmueble ubicado en la Vía
40 No. 50A-150 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla,
identificado con referencia catastral número 01-02-0366-0002-000 y folio de
matrícula inmobiliaria N° 040-96647.

5. El 11 de marzo de 2016 solicitó a la Secretaría de Planeación Distrital de
Barranquilla la expedición de un certificado de usos de suelos del predio
anteriormente identificado, en consideración al incremento en el valor del impuesto
predial que se liquidó para esa anualidad.

6. El 23 de abril de 2016, la jefe de la Oficina Desarrollo Territorial de la Secretaría
de Planeación Distrital le entregó mediante correo certificado una comunicación
del 5 de abril anterior, en la que emitió concepto e indicó que el inmueble
identificado con referencia catastral número 01-02-0366-0002-000 y folio de
matrícula inmobiliaria No. 040-96647 ubicado en la Vía 40 No. 50A-150
correspondía a espacio público, con fundamento en el Decreto N° 0212 del 28 de
febrero de 2014.

7.El 5 de octubre de 2016 se constató que en el predio se realizó una intervención
por parte del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con ocasión
de la adecuación del parque “Barlovento”4.

3 Como pretensiones indemnizatorias se pidió el pago de $1.258’039.200 correspondientes al valor comercial

del predio. Folios 10 y 11 del archivo “08001333300020180060700_T1” de las actuaciones de primera instancia
en Samai.
4 En la demanda se incluyeron hechos y pretensiones relacionadas con la liquidación y cobro del impuesto

predial; sin embargo, la demanda en relación con esos aspectos fue rechazada por el Tribunal a quo mediante
auto del 17 de octubre de 2018. Esta decisión no fue objeto de recursos. Folios 1.392 y 1.398 del archivo
“08001333300020180060700_T1” de las actuaciones de primera instancia en Samai.
Así las cosas, las pretensiones respecto de las que se admitió la demanda son del siguiente tenor:
“5.1.- PRETENSIONES DECLARATIVAS:
“PRIMERA.- Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, del daño antijurídico causado a la LIGA la
ANTITUBERCULOSA Y DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (L.A.C.) - COMITE SECCIONAL DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT 800.079.318-9, como consecuencia de ocupación jurídica
realizada por esta entidad al clasificar dentro del Decreto No.0212 del 28 de Febrero de 2014, Plan de
Ordenamiento Territorial-POT, como espacio público, el inmueble de propiedad de la Liga Antituberculosa
ubicado en la Vía 40 No. 50A-150, identificado con referencia catastral número 01-02-0366-0002-000 y folio de
matrícula inmobiliaria No. 040-96647. (…)
5.2.- PRETENSIONES DE CONDENA:
PRIMERA.- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene pagar al DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, por la totalidad de los daños y , , Claudia Inés
Acevedo Acevedo Abogada perjuicios de orden material, patrimonial o económicos a.. causados U LIGA
ANTITUBERCULOSA Y DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (L.A.C.) — COMITÉ SECCIONAL DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO con NIT 800.079.318-9, con ocasión de la ocupación a la jurídica realizada

2

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

Fundamentos de derecho
8.A juicio de la demandante, la clasificación como espacio público de su predio
comportó una “ocupación jurídica”, aunado a la posterior ejecución de una obra
pública, que le afectó su derecho de propiedad y le causó perjuicios materiales que
no se encuentra en el deber jurídico de soportar5.

La defensa

9.El Distrito señaló que no se probó una afectación directa a la propiedad privada
derivada de la imposibilidad permanente de enajenar, arrendar o de ejercer la
posesión del inmueble.

10. Precisó que el inmueble ubicado en la Vía 40 No. 50A – 150, identificado con

referencia catastral número 01-02-0366-0002-000 y folio de matrícula inmobiliaria
N° 040-96647, corresponde a un bien particular identificado inexactamente como
espacio público en la cartografía del Decreto N° 0212 del 28 de febrero de 2014;
sin embargo, ese error fue corregido mediante Resolución 0910 de 18 de octubre
de 2017, que indicó que el inmueble es de propiedad privada y que para efectos
de uso del suelo se encontraba ubicado en la pieza ribera occidental, polígono
comercial Tipo 7 (PC7) con tratamiento urbanístico de renovación redesarrollo.

11. Adicionalmente, indicó que no es cierto que el “Parque Barlovento” y el lote de

propiedad de la demandante correspondan a una misma unidad espacial como se
alegó en la demanda, precisó que los planos aportados muestran la existencia de
dos lotes contiguos, cada uno con distinto propietario, con linderos, medidas y
ubicaciones distintas; por una parte, el lote de la demandante posee matrícula
inmobiliaria 040-96647, referencia catastral 01-02.0366-0002-000, área de
2.960,31 m² y dirección Vía 40 No 50A-150; mientras que el “Parque Barlovento”
se encuentra en el lote identificado como referencia catastral 01-02.0366-0001-
000, área de 3.711 m² y dirección Vía 40 No. 50A-20 60. En esas condiciones,
señaló que la entidad únicamente intervino el lote correspondiente al parque y no
el de la demandante.

por esta entidad La indemnización de los perjuicios se estima en la suma de MIL MONEDA CIENTO
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS LEGAL
COLOMBIANA ($ 1.258.039.200), por concepto de DAÑO EMERGENTE, que corresponde al valor comercial
estimado a partir del avalúo catastral del inmueble certificado por la Gerencia de Gestión Catastral del Distrito
de Barranquilla incrementado en un veinte por ciento (20%).
TERCERA.- Que se condene en costas y agencias en derecho al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y
PORTUARIO DE BARRANQUILLA. CUARTA.- Que se disponga que en la sentencia que le ponga fin al
proceso, se le dé cumplimiento en los términos de los artículos 189, 191 y 192 del CPACA (Ley 1437 de 2011).
QUINTA.- Que en todo caso, se repare integralmente los perjuicios materiales e inmateriales conforme lo indica
el artículo 16 de la Ley 446 de 1.998, así como bajo cánones que la reciente Jurisprudencia Contencioso
Administrativa ha establecido”. Folios 10 y 11 2 del archivo “08001333300020180060700_T1” de las
actuaciones de primera instancia en Samai.
5 Si bien en los fundamentos de derecho de la demanda se indicó de manera escueta que la clasificación del

uso del suelo realizada mediante el Decreto 0212 del 28 de febrero de 2014 violó normas constitucionales o
legales, lo cierto es que de acuerdo con lo señalado en las pretensiones de la demanda y la fijación del litigio
que se realizó en primera instancia la causa petendi no se fundó en la ilegalidad de un acto administrativo, sino
en la existencia de un daño especial derivado de una “ocupación jurídica”. Folios 56 a 62 del archivo
“08001333300020180060700_T2” de las actuaciones de primera instancia en Samai.

3

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

12. Propuso las excepciones que denominó “ausencia de los elementos
constitutivos de la ocupación jurídica”6.

Etapa probatoria
13. Concluida la fase probatoria7, las partes insistieron en sus acusaciones y
exculpaciones, acompañadas de las precisiones probatorias que estimaron
pertinentes. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa.

La decisión del Tribunal

14. Para negar las pretensiones de la demanda, el Tribunal indicó que no se acreditó

el daño antijurídico alegado.

6 Folio 1.412 a 1.424 del archivo “08001333300020180060700_T1” de las actuaciones de primera instancia en

Samai.
7 Se decretaron como pruebas las copias de: i) resolución No. 10.908 de 29 de julio de 1988, expedida por la

Oficina Jurídica del Ministerio de Salud, por la cual se reconoce personería jurídica a la Liga Antituberculosa y
de Enfermedades Respiratorias (L.A.C)- Comité Departamental del Atlántico; ii) Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. Certificado de tradición del predio con matrícula inmobiliaria No. 040-96647. Dirección
del inmueble: Vía 40 No. 50A- 150, con fecha de impresión 26 de junio de 2018; iii) Escritura de venta Liga
Antituberculosa a Distribuidora de Cementos Limitada. Número 211 de 23 de febrero de 1981, de la Notaría
Tercera del Círculo de Barranquilla; iv) certificado catastral expedido el 20 de junio de 2017 por la Gerencia de
Gestión Catastral de la Secretaría Distrital de Hacienda de Barranquilla; v) Plano denominado predial catastral
del predio de referencia catastral número 01-02 0366-002-000; vi) Oficio QUILLA-16-032013 de 5 de abril de
2016, expedido por la jefe Oficina Desarrollo Territorial- Secretaría de Planeación Distrital. Asunto: Concepto de
uso de suelo Rad: EXT.QUILLA 16-029992; vii) oficio GGI-RE-PQR-226035-16 de 2 de noviembre de 2016,
suscrito por la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Alcaldía de Barranquilla. Asunto: solicitud de información. Referencia catastral: 01-02-0366-0002-00; viii) Recibos de pago impuestos prediales. Referencia catastral 01-
02-0366-0002-000. Dirección del predio: vía 40 No. 50A-150. - Oficio C201501110-125620 de 10 de noviembre
de 2015, expedido por la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barranquilla, en el que se informa a la Liga
Antituberculosa que el Distrito de Barranquilla adelantaba el proceso de contratación No. LP-011-2015 para el
mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas de futbol, zonas verdes, en diferentes sectores del
Distrito de Barranquilla, en el que no se encontraba incluido realizar la intervención en el barrio Barlovento
ubicado en la Vía 40 –Cra 50B; ix) Certificación expedida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del
Distrito de Barranquilla en sesión de 1 de noviembre de 2017, en la que se propone no conciliar las pretensiones
postuladas; x) Resolución No. 090 de 18 de octubre de 2017, expedida por la Secretaría de Planeación Distrital
de Barranquilla, “Por la cual se corrigen imprecisiones cartográficas y se realiza una actualización cartográfica
en los mapas del Decreto Distrital 0212 del 28 de febrero de 2014- Plan de Ordenamiento Territorial”; xi)
Imágenes en las que se lee son tomadas de Google Earth, y se describe: Predio Liga Antituberculosa - Parque
Barlovento; xii) Oficio QUILLA-21-155515, fechado 24 de junio de 2021, suscrito por la Gerencia de Gestión
Catastral de la Secretaría Distrital de Hacienda del Distrito de Barranquilla, a través del cual remite
CERTIFICADO CATASTRAL INDIVIDUAL del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria N°. 040-
96647 y referencia catastral N080010102000003660002000000000 ubicado en esta ciudad; xiii) Oficio ADI-02-
100-2021-0002558 de 11 de octubre de 2021, en el cual anexa “informe ejecutivo del Parque Barlovento”, de la
Agencia Distrital de Infraestructura; xiv) Oficio QUILLA-21-290809 de 29 de noviembre de 2021, suscrito por el
Secretario Jurídico Distrital de la Alcaldía de Barranquilla, a través del cual remite certificado de inscripción
catastral Matrícula 040-96647, certificado plano catastral y documentos relacionados con la “LICITACION
PUBLICA LP-II DE 2015”; xv) Oficio del 7 de octubre de 2024, por el cual la Agencia Nacional de Infraestructura
adjunta los siguientes documentos: Resumen General Balance por Parques. • Acta Final de Recibo de Obra
No. 08. • Copia Escrito ADI No.

02-100-2021 0002558. • Informe ejecutivo – Planta Grafica – Imagen Satelital.
• Registro fotográfico Parque Barlovento; xvi) declaraciones juradas rendidas por los señores Marlon Mercado
Márquez, Matilde Helena Reales Avendaño, Jesús Emilio Vargas Murcia; xvii) Dictamen pericial presentado por
el perito avaluador Jorge Ferney Pedrozo Pérez; xviii) audiencia celebrada el 28 de febrero de 2023 de
contradicción del dictamen pericial presentado por el perito avaluador Jorge Ferney Pedrozo Pérez; xix)
Diligencia de inspección judicial practicada el 26 de octubre de 2023 con la presencia de los apoderados de las
partes demandante, demandada y el perito Andrés Medina Flórez, que tenía por finalidad se “verifique y coteje
la existencia jurídica y material del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-96647 y
referencia catastral No. 01-02-0366-0002-02, así como del Lote ubicado en el parque Barlovento identificado
con referencia catastral No. 01-02-0366-0001-000 ubicado en la vía 40 No. 50A – 20 60” de la ciudad de
Barranquilla. - Dictamen pericial presentado por el perito arquitecto Andrés Medina Flórez; xx) audiencia
celebrada el 23 de enero de 2024, en la cual se controvirtió el dictamen presentado por el perito arquitecto
Andrés Medina Flórez; xxi) escrito de aclaración de dictamen pericial presentado el 29 de enero de 2024 por el
perito arquitecto Andrés Medina Flórez; xxii) audiencia celebrada el 1° de marzo de 2024, en la cual se
controvirtió el dictamen presentado por el perito arquitecto Andrés Medina Flórez; xxiii) constancia de
agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial; y, xxiv) certificado de existencia y
representación legal expedido por la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico el 6 de febrero de 2018. Archivos obrantes en las actuaciones de primera instancia en Samai.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

15. Señaló que la demandante probó ser propietaria del predio con registro catastral

01-02-0366-0002-000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 040-96647 y que,
mediante Resolución N° 090 del 18 de octubre de 2017 la Secretaría Distrital de
Barranquilla corrigió las imprecisiones cartográficas contenidas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, para precisar que a predio de la demandante no le
correspondía el tratamiento de espacio público pues era de propiedad privada
dentro de la pieza urbana “Rivera Occidental”, polígono normativo “Tipo 7 (PC7)” y
tratamiento urbanístico “renovación desarrollo”. También encontró probado que, a
pesar de dicha corrección, mediante el oficio QUILLA-21-155515 del 24 de junio de
2021, suscrito por la Gerencia Catastral de la Secretaría Distrital de Hacienda, se
remitió el certificado catastral individual del predio en el que se relacionó el destino
económico como “uso público”, corroborado con las conclusiones del informe de
valuación rendido por el perito Jorge Ferney Pedrozo Pérez.

16. No obstante lo anterior, indicó que ello no daba cuenta de la existencia de un

daño antijurídico, toda vez que la clasificación del uso del suelo no tuvo la virtualidad
de transferir el derecho de dominio del inmueble al demandado, en cuanto la
titularidad del bien continuó en la accionante; ello tampoco le impidió el uso y disfrute
del inmueble, dado que no se probó que con antelación a la expedición del POT la
demandante realizara alguna actividad productiva sobre el predio.

17. Indicó que para evaluar el impacto económico derivado de las restricciones por

la modificación del uso del suelo se debía considerar que la demandante no tenía
la posesión del predio, sino que la ejercían los moradores del barrio Barlovento,
frente a quienes la accionante no acreditó que hubiese promovido una acción
reivindicatoria, lo cual daba cuenta de la ausencia de la afectación alegada ante la
imposibilidad material de la explotación del bien.

18. Precisó que el dictamen rendido por el perito Andrés Medina Flórez permitía

distinguir entre dos lotes de terreno que eran contiguos: uno, correspondiente a un
predio de propiedad de la Nación, en el que se ubica el parque “Barlovento”, y, otro,
al inmueble de la demandante, en el que funcionaba una cancha de fútbol adecuada
por la comunidad del sector desde hacía más de 40 años, lo cual fue corroborado
por los testimonios recaudados, quienes además indicaron que las obras ejecutadas
por la demandada en el 2016 se realizaron en el predio en el que se encuentra el
parque y no en la cancha de futbol.

19. Finalmente, condenó en costas a la demandante y fijó agencias en derecho en

favor de la demandada en un monto equivalente al 0,5% de $1.258’039.200 8.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

20. La parte demandante pidió revocar la sentencia. Indicó que se probó el daño

antijurídico alegado, dado que i) el uso del suelo del predio continúa siendo
clasificado como “espacio público” en virtud de lo señalado en el Decreto Distrital
N° 0212 del 28 de febrero de 2014, aun cuando la Secretaría de Planeación Distrital

8 Índice 198 de las actuaciones de primera instancia en Samai.

5

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

indicó que corrigió las imprecisiones cartográficas de esa norma; ii) con ocasión del
cambio de uso del suelo se realizaron adecuaciones en el predio de la accionante
en ejecución del contrato de obra pública 012015003479, relacionado con el “parque
Barlovento”; iii) la posesión del predio de la demandante no la tiene la comunidad
del barrio Barlovento. Asimismo, iv) cuestionó la procedencia de la condena en
costas9.

21.La Sala ampliará las razones de inconformidad en el acápite de
consideraciones, al resolver sobre los anteriores cargos de apelación.

22. El Ministerio Público y las partes guardaron silencio en esta etapa.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

23. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, la Sala

resolverá los recursos de apelación interpuestos.

El objeto del recurso de apelación

24. En los términos del recurso de apelación de la parte actora, el análisis de la Sala

se circunscribe a verificar si con ocasión de la clasificación del uso del suelo se
afectó el derecho de propiedad con proyección de un daño antijurídico que no está
obligada a soportar. Adicionalmente, se resolverá sobre el reparo relacionado con
la procedencia de la condena en costas de la primera instancia.

Afectación derivada de la “ocupación jurídica”

25. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 1

de 199910, establece que la propiedad privada no solo es un derecho subjetivo, sino
que también posee funciones sociales y ecológicas, las cuales están orientadas a
cumplir con varios deberes constitucionales, tales como el respeto de los derechos
ajenos, la protección y conservación del medio ambiente, la promoción de la justicia
y el interés general11.

9 Índice 204 de las actuaciones de primera instancia en Samai.
10 Artículo 58. “<Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el

siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
Concordancias. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio”.
11 Constitución Política, artículos 1 y 95. La función ecológica del derecho de dominio encuentra asidero en las

disposiciones contempladas en los artículos 58, 79 y 80 de la Constitución Política. Según el artículo 79
constitucional todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. Dentro de las
atribuciones reconocidas para cumplir con dicha obligación constitucional, el artículo 80 confiere la posibilidad
de que se establezcan medidas de protección dirigidas a garantizar el desarrollo sostenible, la conservación,
restauración o sustitución de los recursos naturales, con el propósito de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental que puedan causar daño a los ecosistemas de especial importancia ecológica.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

26. En ese escenario, las reglas para el uso y explotación de los bienes inmuebles

se fundamentan en los principios constitucionales que afirman su función social y
ecológica. Adicionalmente, la ordenación del territorio y la reglamentación de los
usos del suelo son aspectos sobre los que la Constitución y las leyes han
establecido una competencia concreta para definirlos12.

27. En los términos señalados, el derecho a la propiedad no es absoluto y puede ser

restringido, limitado, gravado e incluso expropiado mediante diferentes
instrumentos y con fundamento en diversos motivos, en cuanto debe ceder ante
intereses superiores definidos en los artículos 1 (interés general), 58 (interés
público o social), 79 (protección del ambiente sano), 80 (manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales) y 82 (interés común) de la Constitución Política.

28. No obstante, se ha precisado que si bien el interés general prevalece sobre el

interés particular, lo cierto es que los particulares no deben soportar todo tipo de
limitación sobre sus derechos patrimoniales, para lo cual resulta necesario aplicar
un juicio de proporcionalidad para equilibrar el interés general con los derechos del
propietario, con el fin de garantizar el núcleo esencial de la propiedad privada y
asegurar que las restricciones no excedan los límites de la función social y
ecológica, dado que si limitan significativamente el ejercicio de ese derecho se
puede considerar la existencia de un daño antijurídico susceptible de ser
indemnizado.

29. De acuerdo con lo señalado en el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado

responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. La noción de daño
antijurídico ha sido definida como la lesión a un derecho o a un interés protegido13
que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley
o el derecho y que es cierto, esto es, verificable y determinable, en tanto aparezca
como una disminución patrimonial o extrapatrimonial en el demandante, sin que
pueda ser resarcido lo eventual, hipotético o meramente posible; por ello, el
demandante agraviado debe probar tanto los daños efectivamente materializados
como que estos pueden cuantificarse o estimarse dinerariamente.

30. En ese sentido, el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 contempla la ocupación

como uno de los eventos en los cuales los particulares interesados pueden ejercer

12 El artículo 311 de la Constitución Política dispone que, a los municipios como entidades fundamentales de la

división política administrativa del Estado, les corresponde ordenar el desarrollo de sus territorios. Igualmente,
el artículo 313 establece que le corresponde a los Concejos “(…)7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de
los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda. (…) 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa
del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. Véase también artículos 5 a 8 de la Ley 388 de 1997 sobre el
ordenamiento del territorio municipal. Al respecto del régimen de los usos del suelo, la Corte Constitucional ha
señalado que el mismo ocupa una posición central en la planeación urbana, de manera que en su definición se
encuentra comprometido el interés público, social y comunitario y en esa medida, ha destacado la Corte que”
la legislación urbana constituye una fuente legítima de relativización del contenido del derecho de propiedad
sobre los inmuebles”. Corte Constitucional. Sentencia C-192 de 20 de abril de 2016. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. Y sentencia T-422 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz-
13 En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) la fuente de la responsabilidad

patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al
derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual
se reputa indemnizable” Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

el medio de control de reparación directa con el fin de obtener la indemnización de
los perjuicios causados.

31. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 14, ese artículo no hace

referencia exclusiva a la ocupación material en la cual la administración ingresa
efectivamente a los predios de propiedad de los particulares y ejecuta allí diversos
actos, sino que abarca también la que se ha denominado como “ocupación
jurídica”15, la cual surge de las limitaciones al ejercicio de las facultades propias de
los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce
respecto del predio ocupado.

32. Tal afectación tiene lugar por virtud de una restricción intangible, de orden legal,

que impide al titular del bien ejercer los derechos de dominio que le corresponden
conforme con las leyes civiles. Dichas restricciones generalmente se concretan en
leyes o actos administrativos, de modo que la forma en que se estructuren las
pretensiones y su fundamento fáctico y jurídico determinará el medio de control
procedente y, por ende, el término para su ejercicio16.

33. Asimismo, esta Sección ha señalado que, por regla general, la sola modificación

de los usos del suelo no tiene la virtualidad de constituir un daño antijurídico, en la
medida en que se trata de una carga que ordinariamente los particulares se
encuentran en el deber jurídico de soportar17; así, corresponde al juez, en cada caso,
establecer si la alegada afectación al derecho de propiedad ostenta el carácter de
excepcional y causa un daño especial a su titular.

14 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del

17 de febrero de 1992, expediente 6.643; sentencia del 9 de mayo de 2014, expediente 24.679 y sentencia del
29 de abril de 2015, expediente 29175.
15 En la jurisprudencia actual, con evidente sentido didáctico más que jurídico, se han identificado dos tipologías

de ocupación según su forma de expresión, puede ser física o material y jurídica o abstracta. En el primer
evento, la ocupación se produce de forma tangible, bien por la disposición de maquinaria, tropas, infraestructura
u obras en el inmueble; en el segundo, la ocupación tiene lugar por virtud de una restricción o limitación
intangible al derecho de propiedad. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en la sentencia
del 26 de agosto de 2015, exp. 33.113, sostuvo: “La jurisprudencia de la Corporación, a lo largo de los años, ha
consolidado las diferentes hipótesis en las que se puede encontrar configurada la responsabilidad del Estado
por afectaciones o delimitaciones del derecho de propiedad, particularmente referido a la propiedad inmobiliaria.
Así, se pueden identificar cuatro escenarios concretos en los que las actividades del Estado sobre los bienes
inmuebles de los particulares pueden configurar su responsabilidad, los cuales serán reseñados brevemente:
a. La ocupación de bien inmueble; b. La responsabilidad por afectación de propiedad privada generada por
obras públicas; c. La –mal llamada- ocupación jurídica de bienes inmuebles; y, d. La responsabilidad del Estado
por delimitación del derecho de propiedad, la cual se compondría de dos vertientes: d.1. La responsabilidad del
Estado por afectaciones al interés general y d.2. La responsabilidad del Estado por la reglamentación general
de los usos del suelo. (…)”.
16 Le corresponde al juez al momento de analizar la demanda, determinar si se está cuestionando la legalidad

del acto que hace efectiva la afectación, caso en el cual será procedente el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho o si, por el contrario, reclama los daños ocasionados por la expedición del acto
administrativo general que impuso la afectación y cuya legalidad no se cuestiona. Conforme lo ha indicado el
Consejo de Estado, el acto administrativo (POT, acuerdo, decreto, entre otros) que impone una afectación
urbanística o ambiental de la propiedad privada se debe asemejar jurídicamente a la ocupación material del
bien, en cuyo caso el reconocimiento de los perjuicios que de ella se derivan debe buscarse por medio de la
acción de reparación directa, siempre y cuando no se cuestione la legalidad de dicho acto.
17 “Finalmente, resulta pertinente resaltar que la disminución en el valor de un bien, así ésta sea

significativa, no es argumento suficiente y/o necesario para determinar la existencia de un daño
antijurídico en cabeza del demandante, frente a ello es de suma importancia aclarar que, al menos en lo
que al lucro cesante se refiere, la depreciación del predio no es per se constitutiva de responsabilidad
patrimonial, pues ello dependerá del contenido del derecho en cuestión y no necesariamente de su
valuación económica o de sus limitaciones, pero también de las condiciones particulares del
propietario, de sus intereses concretos respecto del predio, todo ello a la luz de los medios de
convicción allegados al expediente(…)”. Se resalta. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de agosto de 2015, Exp. 33113, C.P. Hernán Andrade Rincón.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
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(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

34. En el presente asunto, la accionante alega un daño especial derivado de la
“ocupación jurídica” del inmueble de su propiedad ubicado en la Vía 40 No. 50A-
150 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, identificado con
referencia catastral número 01-02-0366-0002-000 y folio de matrícula inmobiliaria
N° 040-96647, por cuanto el área donde se encuentra ubicado fue clasificada como
“espacio público”, lo que limitó su derecho de propiedad y dio lugar a la posterior
intervención del predio con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública
012015003479.

35. El Tribunal a quo concluyó que se acreditó que el uso del suelo del predio de la

demandante se clasificó como espacio público en virtud de lo señalado en el
Decreto Distrital N° 0212 del 28 de febrero de 2014, pero ello no daba cuenta de la
existencia de un daño antijurídico porque dicha clasificación obedeció a un error en
la cartografía del POT que fue corregido mediante la Resolución N° 090 del 18 de
octubre de 2017, frente a la cual no se formuló tacha de falsedad; asimismo, porque
la mencionada incorrección no tuvo la virtualidad de alterar la titularidad del predio
en cuanto continuó en cabeza de la Liga Antituberculosa y de Enfermedades
Respiratorias (L.A.C.),- Comité Seccional del Departamento del Atlántico.

36. A juicio de la demandante, aun cuando se indicó que la clasificación del uso del
suelo como espacio público se corrigió mediante la Resolución N° 090 del 18 de
octubre de 2017, lo cierto es que el predio continuaba clasificado como espacio
público, tal como se evidenciaba con el oficio QUILLA-21-155515 del 24 de junio de
2021, suscrito por la Gerencia Catastral de la Secretaría Distrital de Hacienda,
mediante el cual se expidió certificado catastral individual del predio en el que se
relacionó el destino económico como “uso público”, lo cual fue corroborado en
audiencia del 28 de febrero de 2023 por el perito Jorge Ferney Pedrozo y con los
dictámenes rendidos por el perito Andrés Medina Flórez en audiencias del 23 de
enero y 1° de marzo de 2024.

37. Asimismo, indicó que no tenía explicación el hecho de que la corrección se
hubiese realizado en la oportunidad informada, dado que a través del oficio QUILLA-
17-178517 del 19 de octubre de 2017 se le informó que la corrección se realizaría
con posterioridad y en la audiencia de conciliación extrajudicial que se adelantó el
15 de noviembre de 2017 no se aportó ese acto administrativo, el cual únicamente
se allegó junto con la contestación a la demanda, a pesar de que había sido
expedido el 18 de octubre de 2017.

38. Al revisar el expediente, se encuentra que la Liga Antituberculosa y de
Enfermedades Respiratorias (L.A.C.) — Comité Seccional del departamento del
Atlántico, mediante las copias del certificado de tradición de matrícula inmobiliaria
generado el 26 de junio de 2018 y de la escritura pública N° 211 de 23 de febrero
de 1981, de la Notaría Tercera del Círculo de Barranquilla, probó ser propietaria del
inmueble ubicado en la Vía 40 No. 50A-150 del Distrito Especial, Industrial y

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
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Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

Portuario de Barranquilla, identificado con referencia catastral número 01-02-0366-
0002-000 y folio de matrícula inmobiliaria N° 040-9664718.

39. La copia del certificado de tradición del predio generado el 26 de junio de 2018
da cuenta que la propiedad del inmueble se mantuvo en la accionante y no existió
alguna limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales, razón
por la cual la Sala precisa que lo alegado en la demanda no corresponde a una
afectación al derecho de propiedad que constituya un evento de ocupación jurídica,
sino de un asunto de ocupación de hecho, la cual no está probada, tal como se
explica a continuación:

40. Se probó que el 11 de marzo de 2016 la accionante solicitó a la Secretaría de
Planeación del Distrito de Barranquilla la expedición de un certificado de Usos del
Suelos del anterior predio19, razón por la cual el 15 de abril de 2016, la jefe de la
oficina de Desarrollo Territorial de la Secretaría de Planeación Distrital emitió
concepto de uso de suelo en el que indicó que el inmueble hacía parte del sistema
de espacio público del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en los
siguientes términos (se trascribe en forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) Según localización del predio consultado y lo establecido por el Decreto
No.0212 del 28 de Febrero de 2014, Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en
especial, lo contenido en los Mapas No. U-19 (Piezas Urbanas) y U-15
(Polígonos Normativos), el Anexo No. 2 Clasificación de Usos y la Tabla
Normativa de Usos, le corresponde el siguiente CONCEPTO DE USO DEL
SUELO, al cual solo podrá acceder mediante la obtención de la licencia
urbanística correspondiente:

Ubicación del Vía 40 N° 50ª-150
Predio:
Mat. Inmobiliaria: 040-96647 Ref. Catastral: 010203660002000
Pieza Urbana: RIBERA Polígono Espacio Público
OCCIDENTAL Normativo: (EP)

El predio en consulta hace parte del Sistema de Espacio Público, contenido en
los artículos 82 al 85 del Decreto 0212 de 2014 —POT,

Artículo 82. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO.
Comprende el conjunto de espacios articuladores que define, jerarquiza y
ordena dentro del territorio los bienes de uso público y los elementos
arquitectónicos y naturales de propiedad privada destinados a la satisfacción de
necesidades colectivas, con los componentes de la estructura ecológica
principal y los demás sistemas. Está conformado por:

1. Los Elementos Constitutivos que se dividen en: Elementos constitutivos
naturales y elementos constitutivos construidos o artificiales
2. Los Elementos Complementarios que se dividen en: Componentes de la
vegetación natural e intervenida y los componentes del amoblamiento urbano.

Para la intervención del espacio público debe tramitar la autorización respectiva
ante esta secretaria, atendiendo lo dispuestos en el artículo 467 y s.s. del

18 Folios 27 a 36 54 del archivo “08001333300020180060700_T1” de las actuaciones de primera instancia en

Samai.
19 Folio 54 del archivo “08001333300020180060700_T1” de las actuaciones de primera instancia en Samai.

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Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

Decreto 0212 de 2014 —POT, Artículo 467. LICENCIAS DE INTERVENCIÓN
Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Es la autorización, expedida por la
Secretaría de Planeación, previa para ocupar o para intervenir bienes de uso
público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas
urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los
instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente.
Parágrafo. La intervención de los elementos arquitectónicos o naturales de los
bienes de propiedad privada que hagan parte del espacio público del distrito,
tales como: cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos o antejardines, no
requieren de la obtención de licencia de intervención y ocupación del espacio
público. No obstante, deben contar con la licencia de construcción
correspondiente en los casos en que esta sea requerida, de conformidad con
las normas distritales aplicables para el efecto.

NOTA 1: Este concepto de uso del suelo se expide de conformidad con el
numeral 3 del artículo 51 del Decreto 1469 de 2010 y no otorga derechos ni
obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos mediante
licencias que estén vigentes o hayan sido ejecutoriadas, ni autoriza ningún tipo
intervención diferente a lo conceptuado en el presente documento. No consolida
situaciones particulares o concretas, ni libera a las personas naturales o
jurídicas del cumplimiento de las normas legales vigentes.

NOTA 2: El presente concepto está sujeto a la vigencia del Plan de
Ordenamiento Territorial, Decreto 0212 de 2014 y se encuentra supeditado al
cumplimiento de la totalidad de las normas de la actividad que desarrolle, so
pena de las sanciones a que haya lugar por las autoridades competentes. No
necesita renovarse, siempre y cuando el establecimiento se localice en el
mismo predio, conserve la misma nomenclatura urbana, tipo de actividad
económica y que no genere impactos, ni molestias a los vecinos del sector
donde se encuentra ubicada.

NOTA 3: Este concepto únicamente aplica de acuerdo con los límites y linderos
prediales señalados en la base de datos alfanumérica y gráfica sobre la
información catastral del Distrito de Barranquilla que reposa en los archivos de
la Secretaría de Planeación, según licencia de uso no exclusiva otorgada por el
IGAC, correspondiente al 29 de abril del 2010. Cualquier modificación en los
límites y/o linderos, subdivisión y/o englobe, realizada en fecha posterior,
modifica la normatividad-aplicable en dicho predio, aun cuando conserve la
misma nomenclatura, dirección y/o matrícula inmobiliaria.

AL DESARROLLAR DICHA ACTIVIDAD, SE DEBERÁ CUMPLIR LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:
Que cuente con el número de celdas para estacionamientos requeridos de
acuerdo con el tipo de actividad. Está PROHIBIDO disponer de zonas de
estacionamientos en zonas de antejardín, jardín, ni en zonas distritales ni andén
y/o calzada, Que la edificación en la cual se desarrolla la actividad económica
no ocupe ni extienda dicha actividad en el antejardín, jardín, andén y/o calzada
con mobiliario, estanterías, reparaciones o instalaciones, Que no sobrepase el
área máxima permitida en metros cuadrados (m2) definida de acuerdo con la
escala señalada en el polígono normativo en el cual se localice el predio, de lo
contrario la actividad se considerará PROHIBIDA, Que cumpla corí las normas
específicas, complementarias y/o reglamentarias Nacionales, Regionales o
Locales según sea el caso, Que no genere Impactos ambientales, Urbanos o
Sociales, ni altere el orden público, Que el(los) predio(s) no corresponda(n) a
zona(s) verde(s), plaza(s), parque(s) o bien(es) de uso público o tenga
restricciones y/o prohibiciones para su desarrollo, Que el(los) predio(s) no se
encuentre(n) en zona de alto riego ni en suelo de protección”20 (se resalta).

20 Folios 55 y 56 del archivo “08001333300020180060700_T1” de las actuaciones de primera instancia en

Samai.

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Referencia: Medio de control de reparación directa

41. También se acreditó que mediante Resolución N° 090 del 18 de octubre de
2017, la Secretaría Distrital de Planeación del Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla corrigió imprecisiones cartográficas y realizó una actualización
cartográfica en los mapas del POT, e indicó que el inmueble con matrícula
inmobiliaria 040-96647 y referencia catastral 0102003660002000 ubicado en la vía
40 No. 50A 150 se encuentra en la “pieza Rivera Occidental, Polígono Comercial
Tipo 7 (PC7) (…) Renovación Redesarrollo”. En ese sentido se indicó (se trascribe
en forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) 2. VIA 40 50ª-150 CASO INMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA LIGA DE
TUBERCULOSIS DEL ATLÁNTICO:

Del análisis de los datos básicos y estado jurídico de la matrícula inmobiliaria
relacionada en la siguiente tabla, marcada como espacio público según los
planos No. G6, G8, U2, U5, U9, U13, U14, U15 y U16 del Decreto 212 de 2014,
tenemos que la titularidad de dicho predio siempre ha estado en cabeza de
particulares y nunca ha sido de propiedad del ente territorial ni ha sido objeto
de cesión como bien de uso público. Actualmente sus datos de individualización
son los siguientes:

FOLIO REFERENCIA DIRECCIÓN PROPIETARIOS PIEZA URBANA,
MATRÍCULA CATASTRAL POLÍGONO
NORMATIVO Y
TRATAMIENTO
URBANÍSTICO
040-96647 010203660002000 VÍA 40 50ª-50 LIGA Pieza Ribera
ANTITUBERCULOSA Occidental
COLOMBIANA NIT Polígono Comercial
800793189 Tipo 7 (PC7)
Renovación
Redesarrollo

Revisado el componente del Sistema de Espacio Público definido en el POT,
anexos y demás documentación complementaria, tenemos que las condiciones
de propiedad privada que revisten el predio antes mencionado, imposibilitan la
consideración del mismo como espacio público existente; por lo que se hace
necesario precisar la falta de armonía entre las soluciones cartográficas, con
las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y aclarar
que la normatividad urbanística aplicable es la dispuesta en la columna
denominada “PIEZA URBANA, POLIGONO NORMATIVO Y TRATAMIENTO
URBANÍSTICO” de la tabla anterior.

(…)

Que en ejercicio de sus competencias y de conformidad con las solicitudes y
hallazgos antes descritos, el equipo técnico y profesional de la Oficina de
Planeación Territorial y el equipo interdisciplinario que administra la información
del Plan de Ordenamiento Territorial, adscrito a la Secretaría Distrital de
Planeación, procederá a corregir las imprecisiones cartográficas y actualizar los
mapas del Decreto 212 de 2014 – POT.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Corregir las imprecisiones cartográficas contenidas en los mapas
del Decreto Distrital 0212 del 2014, que adoptó el Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, 2012-2032,

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
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Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

de conformidad con el marco normativo vigente y las consideraciones
establecidas en la parte motiva del presente acto administrativo, así:

1. Precisar en la cartografía correspondiente, que los predios identificados en la
siguiente tabla no corresponden a espacio público, sino que se trata de
propiedad privada incluida dentro de las siguientes Piezas Urbanas, Polígonos
Normativos y Tratamientos Urbanísticos:
(…)
FOLIO REFERENCIA DIRECCIÓN PROPIETARIOSPIEZA URBANA,
MATRÍCULA CATASTRAL POLÍGONO
NORMATIVO Y
TRATAMIENTO
URBANÍSTICO
040-96647 010203660002000 VÍA 40 50ª-50 LIGA Pieza Ribera
ANTITUBERCULOSA Occidental
COLOMBIANA NIT Polígono Comercial
800793189 Tipo 7 (PC7)
Renovación
Redesarrollo
(…)
ARTÍCULO 2. ACTUALIZACION DE LOS PLANOS OFICIALES DEL POT.
Ordénese la actualización de los planos G6, G8, U2, U5, U9, U13, U14, U15 y
U16 oficiales adoptados por el Decreto 212 de 2014, con base en las
disposiciones del presente acto administrativo, en cada uno de los niveles de
información que la conforman, deróguese la cartografía anterior
correspondiente a los mencionados planos y adóptese la nueva cartografía con
las precisiones antes descritas.

ARTÍCULO 3. Ordénese la publicación de este acto administrativo en la Gaceta
Distrital y en la página web de la Alcaldía para conocimiento de la ciudadanía
en general.

ARTÍCULO 4. VIGENCIAS. El contenido de la presente resolución tendrá la
misma vigencia del actual Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito.

ARTÍCULO 5. DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”21.

42. La parte demandante edificó la atribución de responsabilidad sobre un
supuesto cambio de uso de suelo de un predio de su propiedad. Al respecto, se
precisa el uso del suelo hace referencia a la destinación asignada por el plan de
ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de
conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo, frente
a lo cual los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios,
restringidos y prohibidos.

43. No obstante, la Sala precisa que lo que en realidad ocurrió con el predio de la
accionante no fue un cambio de uso del suelo, sino la clasificación temporal de un
predio privado como espacio público, razón por la cual la eventual afectación
guardaba relación con la titularidad del predio y no con los usos a los que podía
destinarlo su propietario.

44. En ese escenario, las anteriores pruebas dan cuenta de que inicialmente al
predio de la demandante fue clasificado como “Espacio público”, con ocasión de
la expedición del Decreto Distrital N° 0212 del 2014, por medio del cual se adoptó

21 Folio 1.433 a 1.440 del archivo “08001333300020180060700_T1” de las actuaciones de primera instancia en

Samai.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, 2012-2032.

45. No obstante, la copia de la Resolución N° 090 del 18 de octubre de 2017,
expedida por la Secretaría Distrital de Planeación del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla permite señalar que la mencionada clasificación
obedeció a un error derivado de las imprecisiones cartográficas contenidas en los
mapas del POT adoptado mediante el Decreto Distrital 0212 del 2014.

46. En relación con la Resolución N° 090 del 18 de octubre de 2017, se acreditó
que fue publicada en la gaceta N° 478-3 del 19 de octubre de 2017 del Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, sin que en el expediente obre
prueba alguna que dé cuenta de que ese acto administrativo hubiese sido anulado,
revocado, modificado o suspendidos sus efectos, razón por la cual se encuentra
amparado por la presunción de legalidad, al margen de los reparos formulados por
la apelante en relación con que en respuesta a una petición y durante el trámite de
conciliación extrajudicial la demandada no la hubiese aportado.

47. A juicio de la apelante la clasificación como “espacio público” de su predio se
mantuvo con posterioridad a la expedición de la Resolución N° 090 del 18 de
octubre de 2017, dado que mediante oficio QUILLA-21-155515 del 24 de junio de
2021, la Gerencia de Gestión Catastral de la Secretaría Distrital de Hacienda del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla remitió al a quo certificado
catastral individual del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria N°.
040-96647 y referencia catastral N° 08001 0102000003660002000000000 en el
que se indicó “Destino Económico: P-Uso P[ú]blico”, uso que fue corroborado
mediante los dictámenes periciales realizados en el proceso y en la información
obrante en el sitio web de catastro de dicho ente territorial22.

48. El contenido del certificado emitido por la Gerencia de Gestión Catastral de la
Secretaría Distrital de Hacienda del Distrito de Barranquilla es del siguiente tenor
(se trascribe en forma literal, incluso con posibles errores):

“(…) CERTIFICADO CATASTRAL
(…)
La Gerencia de Gestión Catastral de la Secretaría Distrital de Hacienda del
Distrito de Barranquilla, en ejercicio de las facultades que el confiere la Ley 14
de 1983, Decreto Reglamentario 3496 de 1983, Resolución 070 de 2011
modificada por la Resolución 1055 de 2012, el Decreto Distrital 0941 de 2016,
la ley 1955 de 2019,:

CERTIFICA

Que revisada la base de datos catastrales de los predios ubicada en la
jurisdicción del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, se
encontró reportada la siguiente información:

Departamento: 08-ATLÁNTICO Matrícula: 040-96647
Municipio: 001-BARRANQUILLA Área Terreno Alf: 3366.00M2
Número Predial Anterior:08001010203660002000 Área Construcción: 0.00M2

22 Enlace relacionado en el recurso de apelación: https://catastro.barranquilla.gov.co/identifica-tu-predio/.

14

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

Número Predial Actual: 010200003660002000000000 Área Terreno 3129.00M2
Dirección: v40 50ª 150 Avalúo Catastral: $1.145.578.000
Destino Económico: P-Uso Público Vigencia Avalúo: 2021

TIPO DE DOCUMENTO NO. DE DOCUEMNTO (…) NOMBRE PROPIETARIO
IDENTIDAD TRIBUTARIA NIT 800079318 LIGA ANTITUBERCULOSA COLOMBIANA C

El presente documento se expide con el fin de ser presentado ante JUZGADOS
o ENTIDADES COMPETENTES, a solicitud del señor(a) TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECRETARÍA GENERAL identificado(a)
con NIT N/A, quien actúa en calidad de PERSONA JURIDICA CON INTERES
LEGITIMO, a los 24 días del mes de junio de 2021.

NOTA SOBRE LOS ALCANCES LEGALES DEL PRESENTE CERTIFICADO.
La Información inscrita en el Registro Catastral contenida en el presente
documento, 'no constituye título de dominio, ni sanea los vicios que adolezca la
titulación presentada o la posesión del interesado, y no puede alegarse como
excepción contra el que pretenda tener mejor derecho a la propiedad o posesión
del predio', conforme lo dispone el (sic).
El presente Certificado Catastral hace constar la inscripción del predio o mejora,
y sus características y condiciones según la BASE DE DATOS CATASTRAL del
Distrito de Barranquilla vigente al momento de su expedición, por lo que NO
SUSTITUYE información del predio (área y linderos) que por tarifa legal debe
constar en otros documentos (Escrituras Públicas) para efectos de realizar
trámites ante Notarias, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o
Curadurías, salvo lo previsto para la Inclusión del dato de área y linderos en los
folios de matrícula que carezcan de él con los requisitos del artículo 11 y 12 de
la Resolución Conjunta SNR 1732 IGAC 221 de 2018 0 expresa mención
normativa al

El Certificado Catastral con 'efectos notariales y registrales del que trataba la
Instrucción Administrativa SNR IGAC 01 de 2010, fue derogado por la
Resolución Conjunta SNR 1732 IGAC 221 de 2018.

La veracidad del presente documento puede ser constatada en la Gerencia de
Gestión Catastral de la Secretaría Distrital de Hacienda Distrito de Barranquilla,
ubicada en la Carrera 54 4 75 - 01 o en los teléfonos 36860699 y 3606472. Base
de Datos Catastral del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla no
incluye Información Catastral de otros municipios del país (…)”23.

49. Al verificar la naturaleza y contenido del documento, la Sala precisa que no da
cuenta de que con posterioridad a la expedición de la Resolución N° 090 del 18 de
octubre de 2017 se mantuviera la clasificación del predio como “espacio público”,
en cuanto no se trata de un certificado de uso del suelo, sino un certificado catastral.

50. Dicha distinción resulta relevante, porque el certificado respecto del cual la
apelante infiere la existencia de una clasificación de uso del suelo, de acuerdo con
lo señalado en la Resolución 070 del 4 de febrero de 201124, proferida por el director
General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, corresponde al documento por
medio del cual la autoridad catastral hace constar la inscripción del predio o mejora,
sus características y condiciones, según el inventario o censo, debidamente
actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los

23 Índice 51 de las actuaciones de primera instancia en Samai.
24 “Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la formación catastral y la

conservación catastral”. Acto administrativo vigente para el momento en el que se expidió el certificado catastral
CCI-202106210000451.

15

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y
económica.

51. En ese sentido, la destinación económica del predio que se relaciona en el
certificado y en la información catastral no es el uso del suelo que le asignan las
normas de ordenamiento territorial, sino “la clasificación para fines estadísticos que
se da a cada inmueble en su conjunto–terreno, construcciones o edificaciones-, en
el momento de la identificación predial de conformidad con la actividad
predominante que en él se desarrolle”25.

52. Así las cosas, del hecho de que para efectos catastrales se hubiese consignado
que el predio de la demandante tiene “Destino Económico: P-Uso P[ú]blico” no se
sigue que el uso del suelo de ese predio corresponda a espacio público, ni da cuenta
de que con posterioridad a la expedición de la Resolución N° 090 del 18 de octubre
de 2017 se hubiese mantenido la clasificación que inicialmente se le otorgó
mediante el Decreto Distrital 0212 del 2014, simplemente permite señalar que para
el momento en el que se realizó la verificación física del predio para la actualización
catastral la actividad relacionada era la que predominaba en el inmueble.

53. La anterior conclusión tampoco se altera por el hecho de que en el informe de
avalúo comercial realizado al predio de la demandante el 25 de junio de 2022 se
hubiese consignado que la destinación del inmueble era espacio público, “de
recreación y deporte con la instalación de una cancha de futbol con luminarias,
porterías metálicas, el cual ha sido integrado al parque del barrio Barlovento, con la
clasificación de predio en espacio de público”, dado que dicha afirmación se
sustentó en la consulta de la información catastral del inmueble y no en las normas
vigente de ordenamiento territorial26.

54. En esas condiciones, la clasificación como “espacio público” al predio de la
demandante estuvo vigente entre la publicación del Decreto Distrital N° 0212 del 28
de febrero de 2014, por medio del cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y el 20 de octubre de
2017, día siguiente al de la publicación de la Resolución N° 090 del 18 de octubre
de 2017 por la cual se corrigieron “imprecisiones cartográficas y se realiza una
actualización cartográfica en los mapas del decreto distrital 0212 del 28 de febrero
de 2014 –plan de ordenamiento territorial”, lo cual da cuenta de la existencia
temporal de la clasificación del predio como “espacio público”; sin embargo, no se
probó que durante el período en el que estuvo vigente esa clasificación del uso del
suelo se le causara una afectación a la demandante de carácter anormal y especial
que conllevara al rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.

55. En ese sentido, en la demanda se indicó que la clasificación del bien afectó el
precio del predio de propiedad de la actora, al punto de que como pretensión de
condena se solicitó a título de daño emergente el reconocimiento de la totalidad del
avalúo comercial del inmueble.

25 Artículo 44. Resolución 070 del 4 de febrero de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
26 En el informe se indicó “Esta información ha sido tomada de la página web del Geoportal de Catastro Fácil

de la Gerencia de Gestión de Ingresos Activo de Barranquilla (…)”. Índice 36 de las actuaciones de primera
instancia en Samai.

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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

56. Para acreditar lo anterior, la demandante solicitó la práctica de un dictamen
pericial para establecer el valor comercial del predio para la época en la que fue
clasificado como espacio público, en punto de lo cual se rindió un informe de avalúo
comercial del 25 de junio de 2022 por el perito Jorge Ferney Pedrozo Pérez, en el
que se señaló que para el 2016 el inmueble tenía un valor comercial de
$2.225’.926.33327; no obstante, la conclusión del perito no da cuenta de la existencia
de la afectación alegada, pues no permite establecer si durante el tiempo que estuvo
vigente la clasificación como espacio público varió el avalúo del predio, ni que, de
haber disminuido, ello causara alguna afectación patrimonial a la propietaria del
inmueble.

57. En ese sentido, no se probó que durante el tiempo que estuvo vigente la
clasificación del predio como “espacio público” la Liga Antituberculosa y de
Enfermedades Respiratorias (L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico enajenara el predio o hubiese realizado algún otro negocio jurídico de
contenido económico que resultara afectado por la eventual disminución del avalúo
comercial del inmueble; por el contrario, la copia del certificado de tradición del
predio de la accionante generado el 26 de junio de 2018 da cuenta de que con
posterioridad a cuando se corrigió el uso del suelo, 19 de octubre de 2017, el
inmueble continuó siendo de propiedad de la demandante y no existe registro de
que durante el período en el que se modificó el uso se hubiese celebrado algún
negocio de esa naturaleza.

58. Asimismo, tampoco se probó que durante el período en el que estuvo vigente la
clasificación como espacio público se le negara o frustrara a la accionante la
realización de algún proyecto urbanístico o la explotación del predio por la
imposibilidad de continuar con alguna actividad económica que desarrollara con
antelación o que pretendiera iniciar durante ese período.

59. Adicionalmente, en la demanda se indicó que el cambio de “uso del suelo”
conllevó a que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla realizara
adecuaciones en el predio privado en ejecución del contrato de obra pública
012015003479 de 2015, relacionado con la intervención del “parque Barlovento”.

60. El a quo indicó que las referidas obras no se realizaron en el predio del
demandante, sino en un inmueble contiguo que es de propiedad de la Nación, con
referencia catastral No. 01-02-0366 0001-000, ubicado en la vía 40 No. 50A-20 60,
en el que se ubica el “Parque Barlovento”, lo cual encontraba sustento en las
conclusiones de un dictamen pericial que se decretó en una inspección judicial que
se realizó al predio de la demandante, que tuvo por objeto verificar y cotejar la
existencia jurídica y material de ese predio y del bien inmueble de propiedad de la
demandante identificado con la matrícula inmobiliaria 040-96647 y la referencia
catastral No. 01-02-0366-0002-000, en el que funcionaba una cancha de futbol que
fue adecuada por la comunidad.

27 Índice 36 de las actuaciones de primera instancia en Samai.

17

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

61. Para la apelante, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla sí
realizó adecuaciones en el predio privado en ejecución del contrato de obra pública
012015003479 de 2015, de acuerdo con lo que se podía evidenciar en fotografías
aportadas con la demanda y en las memorias de cálculo de cantidades de obra de
ese contrato, en cuanto relacionaron actividades realizadas en el predio privado
consistentes en “excavaciones, muros y mallas paralelas a la vía 40 al canal”.

62. Adicionalmente, indicó que las anteriores pruebas contrastaban con el dictamen
pericial que concluyó respecto de la existencia de dos predios diferentes y la
ubicación del “Parque Barlovento”; así como en la prueba testimonial que indicó que
las obras no se realizaron en el predio en el que funciona la cancha de futbol.

63. En este punto, se encuentra que en primera instancia el perito Andrés Medina
Flórez realizó la distinción entre dos lotes de terrenos contiguos, pero cada uno con
su propia referencia catastral. Al respecto en el informe pericial se realizó la
siguiente diagramación28:

64. El perito indicó que “las medidas y linderos del predio demarcado de color azul
corresponden a la matrícula 040-96647 y a la referencia catastral No. 01-02-0366-
0002-000, ubicado en la vía 40 No. 50A-150 y en ese predio actualmente se haya
(sic) una cancha de futbol”. Asimismo, precisó que el “Parque Barlovento” se ubica
en el predio contiguo al de la demandante, el cual es de propiedad de la Nación y
tiene la referencia catastral “01020366000100”, ubicado en la “vía 40 No. 50A-20
60”29.

28 Folio 16 del archivo “242_AGREGARMEMORIAL_MEMORIAL_RECIBIDOEINFORMEA” de las actuaciones

de primera instancia en Samai.
29 Folio 8 del archivo “242_AGREGARMEMORIAL_MEMORIAL_RECIBIDOEINFORMEA” de las actuaciones

de primera instancia en Samai.

18

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

65. No obstante, no indicó si con ocasión del contrato de obra pública
012015003479 de 2015 se realizaron obras en el predio de la demandante y se
limitó a indicar que la “construcción de la cancha de futbol se hizo por la
comunidad”30.

66. Al revisar el referido contrato se encuentra que se suscribió el 20 de noviembre
de 2015 entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la sociedad
A Construir S.A., el cual tuvo por objeto “el mejoramiento y construcción de parques
públicos, canchas deportivas, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del
Distrito de Barranquilla” y se ejecutó, entre otros, en el “Parque Barlovento”, entre
el 12 de febrero y el 22 de diciembre de 201631.

67. Para la apelante, las obras no solo se realizaron en el predio en el que funciona
el “Parque Barlovento”, sino que también se efectuaron en su inmueble, lo cual
encontraba sustento en que en el área a intervenir y la relación de actividades del
subprograma de gestión de costo del contrato de obra pública 012015003479 de
2015 se consignó “demolición de bordillo y retiro de material (bordillos anden
cancha de arena)”. En las memorias de cálculo, cantidades de obra “Acta 4” y en
fotografías aportadas con la demanda, las imágenes referidas por el apelante son
las siguientes32:

30 Folio 17 del archivo “242_AGREGARMEMORIAL_MEMORIAL_RECIBIDOEINFORMEA” de las actuaciones

de primera instancia en Samai.
31 Folios 400 a 408 del archivo “LP-011-2015 A CONSTRUIR S.A.” de las actuaciones de primera instancia en

Samai.
32 Índice 204 y archivo “LP-011-2015 A CONSTRUIR S.A.” de las actuaciones de primera instancia en Samai.

19

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

20

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

68. Para la Sala, las anteriores imágenes no acreditan per se la ejecución de obras
en el predio de la demandante con ocasión del contrato de obra pública
012015003479 de 2015, toda vez que su contenido muestra un levantamiento
planimétrico de los predios sin que se individualice alguna clase de obra pública ni
se realizó en el proceso su reconocimiento por parte de algún testigo que diera
cuenta de su relación con la ejecución de obras en el predio de la demandante.
Adicionalmente, se precisa que el referido contrato de obra no versó sobre la
construcción de la cancha de futbol que según se acreditó en los dictámenes
periciales realizados funciona en el predio de la Liga Antituberculosa y de
Enfermedades Respiratorias (L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico.

69. En ese sentido, de acuerdo con el informe ejecutivo de las obras realizadas en
el “Parque Barlovento” allegado ante el Tribunal a quo el 11 de octubre de 2021 por
parte de la Agencia Distrital de Infraestructura de Barranquilla, la intervención
consistió en (se trascribe en forma literal, incluso con posibles errores):

21

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

“Parque Barlovento
1. Datos de interés
➢ Extensión de terreno: 3.216 m2 aprox.
➢ M2 de Zona Verde: 1.829 M2 • Zona de Juegos Infantiles. Suministro e
instalación de juegos infantiles para edades de 2 a 12 años, con un área total
de 342 M2, conformado por piso de caucho reciclado, grama sintética y
cerramiento perimetral a 1mt de altura, en malla ciclón.
➢ Resbaladero
➢ Columpio
➢ Sube y baja.
2. Obras civiles y equipamiento.
• Instalación de bancas en granito 14 unidades de bancas de las cuales 4 son
para personas en condición de discapacidad.
• Instalación de Mesas 3 juegos de mesa
• Instalación de canecas Se instalaron canecas en toda la zona del parque para
fomentar cultura ciudadana.
• Adecuación de zonas verdes, paisajismo y riego Adecuación de 1.890 m2 de
zonas verdes con sistema de riego por hidrante.
• Suministro e instalación de Iluminación tipo Led.
• Accesibilidad El diseño del parque garantiza la libre circulación por medio de
rampas que facilitan la movilidad en este.
• Obras Civiles Recuperación de andenes existentes y senderos peatonales”33.

70. En ese mismo sentido, resultan relevantes los testimonios de los señores
Matilde Helena Reales Avendaño y Jesús Emilio Vargas Murcia, quienes rindieron
declaración ante el a quo en audiencias del 28 de octubre y 18 de noviembre de
2021, respectivamente, e indicaron que residían en el sector desde hacía más de
40 años y que durante ese tiempo la comunidad había adecuado la cancha de futbol
contigua al parque Barlovento34.

71. Así las cosas, las pruebas referidas por el apelante no permiten establecer que
con ocasión del contrato de obra pública 012015003479 de 2015 se hubiesen
realizado obras en el predio de la demandante, ni permiten establecer que, en el
evento en que se hubiesen desarrollado, fueran consecuencia de la modificación
transitoria que catalogó al predio como “espacio público”.

72. En todo caso, la Sala precisa que la eventual intervención parcial en el predio
de la demandante con ocasión de esa obra pública tampoco daría cuenta de una
afectación patrimonial a la accionante, dado que, como lo precisó el a quo, aun
cuando el objeto de este proceso no verse sobre la posesión del predio de la actora,
no se puede desconocer que las pruebas antes referenciadas dan cuenta que con
antelación a que se ejecutaran las obras, el terreno ya era utilizado de tiempo atrás
por la comunidad como una “cancha de fútbol”.

73. En esas condiciones, no se probó que con ocasión de la clasificación transitoria
del predio de la demandante como espacio público se le causara una afectación

33 Archivo “002558-24” de las actuaciones de primera instancia en Samai.
34 Archivos de audio y video obrantes en el índice 14 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.

22

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

anormal y especial que implicara el rompimiento del principio de igualdad ante las
cargas públicas, circunstancia que impone confirmar la sentencia de primera
instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

Condena en costas en primera instancia

74. El Tribunal a quo condenó en costas a la parte demandante “De conformidad con

el artículo 25536 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021”.
Esta decisión fue apelada por la accionante, para lo cual señaló que el fundamento
normativo que referenció el Tribunal como sustento de la condena no existe y, en
todo caso, en el evento de aplicarse el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por la Ley 2080 de 2021, tampoco había lugar a la condena, dado que
la demanda no se presentó “con manifiesta carencia de fundamento legal”.

75. En el presente asunto, la Sala precisa que el Tribunal a quo incurrió en un error

de digitación al relacionar el fundamento normativo de la condena en costas; sin
embargo, ello no es óbice para señalar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por la Ley 2080 de 2021 35, en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil -hoy Código General del
Proceso-.

76. A su vez, el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar

en costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente
el recurso, y en primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda,
decisión que se confirma por la Subsección, con lo cual se cumple el requisito
señalado en esa norma.

77. Adicionalmente, la apelante indicó que de conformidad con la modificación
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 de la Ley 1437
de 2011 no hay lugar a condenar en costas porque la demanda no se presentó con
manifiesta carencia de fundamento legal.

78. Para la Sala el reproche de la apelante en este punto no resulta de recibo, dado

que la modificación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 realizada por la Ley
2080 de 2021 no impone que únicamente se condene en costas en ese caso, sino
que una interpretación finalista e histórica de esa norma impone concluir que
siempre se debe imponer condena en costas si se advierte falta evidente de
sustento legal, incluso en procesos en los que se ventile un interés público, toda vez
que el objetivo es evitar demandas infundadas y promover un uso responsable del
derecho de acción. Limitar la condena sólo a casos de manifiesta carencia de
fundamento legal sería contrario al propósito del legislador y restringiría
indebidamente su aplicación.

35 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
Norma aplicable en razón de la fecha de interposición del recurso de apelación – 9 de septiembre de 2025-.

23

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

79. En esas condiciones, la Sala confirmará la condena en costas por la primera

instancia con la precisión de que el fundamento normativo corresponde al artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por la Ley 2080 de 2021, en concordancia
con lo señalado en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.

Condena en costas en segunda instancia

80. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP 36, la Sala

condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, dado que su recurso
se resuelve de manera desfavorable.

81. Por lo anterior, en observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior

de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 201637, en esta
instancia, se fija como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente
(1 SMLMV) en favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

82. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo,

en los términos del artículo 366 del CGP38.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en el proceso de la referencia por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “B”, el 9 de mayo de 2025.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA a la Liga
Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias (L.A.C.) — Comité Seccional del
departamento del Atlántico. Para el efecto, las agencias en derecho de esta
instancia se fijan en un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) en favor
del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Las costas se liquidarán
de manera concentrada en el Tribunal a quo, en los términos señalados en el
artículo 366 del Código General del Proceso.

36 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas

se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.
37 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. Procesos declarativos en general. (…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
38 “Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas […]”.

24

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00607-01 (73625)
Actor: Liga Antituberculosa y de Enfermedades Respiratorias
(L.A.C.) - Comité Seccional del Departamento del
Atlántico
Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Medio de control de reparación directa

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría realizar las
anotaciones correspondientes en el sistema de gestión SAMAI y DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTALORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

25

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