Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00641-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00641-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00641-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00641-01 (4216-2023)
Demandante: Alejandro Sánchez Salazar
Demandada: La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Tema: Excepción de caducidad de conformidad con el artículo 187
de la Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia dictada el 14 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se declaró, de manera oficiosa, la excepción de caducidad.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Alejandro Sánchez Salazar presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones),
con el propósito de obtener la nulidad de: (i) la Resolución GNR 338368 del 28 de octubre
de 2015 y (ii) la Resolución VPB 31851 del 9 de agosto de 2016. Los actos controvertidos
declararon al demandante deudor de la entidad de previsión social y le ordenaron
reintegrar las sumas percibidas por concepto de pensión de vejez entre febrero de 2011
y octubre de 2015.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad demandada: (i)
abstenerse de iniciar trámite de cobro coactivo tendiente a obtener la devolución de las
sumas de dinero, (ii) se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
192 y 203 del CPACA y (iii) se le condene en costas y agencias en derecho.
Hechos
3. El demandante ingresó a laborar como docente en la Universidad del Atlántico en
1977 y fue desvinculado de la institución por la Resolución 001934 del 23 de diciembre
de 2010, con efectos a partir del 1 de febrero de 2011. Como consecuencia del retiro,
Colpensiones le reconoció pensión de vejez, mediante Resolución 132 de 2011.
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00641-01 (4216-2023)
Demandante: Alejandro Sánchez Salazar
4. Con posterioridad, el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de
Barranquilla, mediante providencia del 28 de agosto de 2012, declaró la nulidad del acto
que desvinculó al demandante y ordenó su reintegro. Esta decisión fue confirmada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia del 14 de marzo de 2014.
5. En cumplimiento de la anterior decisión judicial, la Institución de Educación Superior
reintegró al actor y le canceló los salarios dejados de percibir, mediante la Resolución
003228 del 30 de junio de 2015.
6. El demandante afirma que solicitó la suspensión del pago de la pensión que le había
sido reconocida, con el fin de percibir la asignación salarial correspondiente a su empleo
público. No obstante, señaló que la entidad demandada, sin que mediara actuación
administrativa previa, expidió las resoluciones GNR 338368 del 28 de octubre de 2015 y
VPB 31851 del 9 de agosto de 2016, por medio de las cuales ordenó el reintegro del
dinero percibido con ocasión del reconocimiento pensional, entre febrero de 2011 y
octubre de 2015, suma que asciende al monto de $179.186.856.
Normas violadas y concepto de violación
7. El accionante considera que con la expedición de las mencionadas resoluciones se
vulneraron los artículos 2 y 90 de la Constitución Política, así como el artículo 138 del
CPACA. Alega que con la expedición de los actos controvertidos se incurrió en falsa
motivación y desviación de poder porque se desconoció el criterio jurisprudencial fijado
por la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de enero de 2008, según
el cual los pagos ordenados como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de
retiro tienen naturaleza indemnizatoria y no corresponden a una contraprestación
derivada de la prestación efectiva del servicio.
8. Adicionalmente, sostiene que Colpensiones, abusando de su poder, procedió a la
revocatoria directa del acto administrativo mediante el cual se le había reconocido el
derecho a la pensión de jubilación sin haber tramitado el correspondiente procedimiento
administrativo. Este proceder, a su juicio, da lugar a una flagrante vulneración del debido
proceso.
9. En ese sentido, reitera que la Resolución 132 de 2011, que le reconoció la pensión
de vejez, se encuentra amparada por la presunción de legalidad. Por tanto, la accionada
no podía exigir la devolución de las mesadas pensionales pagadas de buena fe, sin que
previamente se hubiera obtenido la nulidad de dicho acto por parte de la jurisdicción
contenciosa.
Contestación de la demanda
10. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que, con el
reintegro del actor al cargo que ocupaba en la Universidad del Atlántico y el pago de las
sumas dejadas de percibir durante el período de desvinculación, este percibió
simultáneamente dos asignaciones provenientes del erario, lo cual contraviene lo
dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00641-01 (4216-2023)
Demandante: Alejandro Sánchez Salazar
11. Adujo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 del Decreto 2400
de 1968, 1.º del Decreto 583 de 1995 y 19 de la Ley 344 de 2006, así como con el criterio
jurisprudencial contenido en la sentencia C-1037 de 2003, existe incompatibilidad para
percibir de manera simultánea la asignación básica como servidor público y la pensión
de vejez. Esta es, según indicó, la conducta en la que incurrió el demandante, quien
paralelamente cobró las mesadas pensionales y recibió el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir durante el mismo período.
12. Por lo tanto, propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia de la obligación, (ii)
cobro de lo no debido, (iii) falta de causa para demandar, (iv) prescripción, (v) buena fe,
(vi)) compensación y (vii) genérica o innominada.
Sentencia de primera instancia
13. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del 14 de abril de
2021, declaró de oficio la caducidad del medio de control. Para fundamentar su decisión,
explicó que los actos cuya nulidad se solicita no son de aquellos que reconocen o
denieguen prestaciones periódicas, por lo que están sujetos al término de caducidad
establecido en el artículo 164 del CPACA
14. Así las cosas, del examen de asunto objeto de estudio, determinó que el término
para interponer la demanda era entre el 19 de agosto y el 16 de diciembre de 2016; sin
embargo, la misma fue interpuesta el 23 de julio de 2018. Por lo tanto, concluyó que había
operado el fenómeno de la caducidad.
Recurso de apelación
15. Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante interpuso recurso
de apelación porque considera que en el presente caso se está ante una prestación de
carácter periódico, por lo que no se encuentra sujeta al fenómeno jurídico de la
caducidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA.
Trámite en segunda instancia
16. Mediante auto del 4 de diciembre de 20231, se admitió el recurso de apelación, y
como quiera que no se presentó solicitud de pruebas, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión. La parte demandante, demandada y el Ministerio Público guardaron
silencio2.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1
Samai-índice 004.
2
Samai-índice 007.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00641-01 (4216-2023)
Demandante: Alejandro Sánchez Salazar
17. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615 del Código
General del Proceso (CGP), el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia
por los Tribunales Administrativos. En consecuencia, corresponde a esta Corporación
abordar el análisis de la controversia planteada.
Problema jurídico
18. De conformidad con lo expuesto en el recurso de alzada, la Sala determinará si
procede revocar la sentencia de primera instancia que declaró de oficio la excepción de
caducidad. Para tal efecto, se precisará: i) las reglas jurídicas que regulan el fenómeno
de la caducidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ii) los
actos administrativos demandados y iii) las fechas relevantes para el cómputo del término
legal de caducidad, esto con el fin de determinar si la demanda fue presentada dentro del
plazo establecido por el ordenamiento jurídico.
Análisis
19. En el presente asunto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia porque
la demanda fue presentada por fuera del término legal previsto para el ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como explica a continuación.
20. La caducidad es un presupuesto procesal de orden público que limita
temporalmente el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa. Su finalidad es
garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de los actos administrativos, lo que justifica
su carácter irrenunciable y su eventual declaratoria de oficio por parte del juez, conforme
lo dispone el artículo 187 del CPACA.
21. En lo que atañe al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA establece que la demanda deberá
presentarse dentro del término 4 meses, contados a partir del día siguiente a la
notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto acusado, según corresponda.
22. Así la cosas, para determinar si la demanda fue presentada dentro del término legal,
es necesario precisar que el demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
Resoluciones GNR 338368 del 28 de octubre de 2015 y VPB 31851 de 9 de agosto de
20163, por medio de las cuales la entidad de previsión social le ordenó reintegrar los
valores pagados por concepto de pensión de vejez, entre febrero de 2011 y octubre de
2015.
23. La Sala advierte que la Resolución VPB 31851 de 9 de agosto de 2016, que puso
fin al procedimiento administrativo, fue notificada el 18 de agosto de 2016. A su vez, la
3
Samai-índice 002.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00641-01 (4216-2023)
Demandante: Alejandro Sánchez Salazar
demanda fue presentada el 23 de julio de 2018, esto es, cuando ya habían transcurrido
más de 4 meses desde la notificación.
24. En consecuencia, respecto de los actos administrativos demandados, se configura
la caducidad del medio de control, lo que impide a esta jurisdicción pronunciarse de fondo
sobre la legalidad de tales decisiones.
25. Ahora bien, en el recurso de apelación se alegó que se está ante una prestación de
carácter periódico, la cual no se encuentra sujeta al fenómeno jurídico de la caducidad.
Sobre este punto, la Sala reitera que el acto administrativo que ordenó el reintegro de los
valores no tiene naturaleza periódica, por lo que le resulta aplicable el término general de
caducidad previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
Condena en costas
26. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). Asimismo, en virtud de la
modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021, precisa que, en todo caso,
se condenará en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
27. En principio, la interpretación literal del apartado normativo transcrito derivaría en
un alcance restringido de la ley, por cuanto el análisis que se exige recaería únicamente
sobre el escrito de la demanda, con lo cual, la aludida condena solamente procedería en
los trámites de única instancia o en la primera instancia, y específicamente en contra de
la parte demandante. Pues bien, en aras de garantizar el efecto útil de la norma y la
igualdad de todas las partes en el proceso, se entenderá que la expresión «demanda»
empleada por el legislador hace referencia a la actuación procesal que corresponda
según la instancia procesal que se trate. De esta manera, en punto de establecer la
condena en costas en segunda instancia, en todo caso, se condenará en costas cuando
se establezca que el recurso de apelación fue presentado con manifiesta carencia de
fundamento legal.
28. En el presente asunto, la Sala no condenará en costas porque no se advierte que
el recurso de apelación haya carecido de fundamento legal dado que el recurrente expuso
de manera detallada los argumentos por los que considera que en este caso no se debió
aplicar el fenómeno de la caducidad. Respecto de la decisión de no condenar en costas
en primera instancia que adoptó el a quo no se realizará pronunciamiento alguno porque
este punto no fue objeto del recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
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Radicación: 08001-23-33-000-2018-00641-01 (4216-2023)
Demandante: Alejandro Sánchez Salazar
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que declaró de oficio la excepción de la caducidad.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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