RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2018-00656-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00656-01

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00656-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 31 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Miguel Ángel King Pontón contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla – Secretaría de Educación. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021) Segundo: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto. Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-00656-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)
Demandante: Miguel Ángel King Pontón
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 1 -
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla –
Secretaría de Educación

Tema: Cesantías definitivas y sanción moratoria Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. CONFIRMA
SENTENCIA

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 31 de enero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Miguel Ángel King Pontón actuando como beneficiario de los derechos
causados por la señora Ceres Judith Consuegra Barrios, instauró demanda contra
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio - Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla –
Secretaría de Educación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

1 En adelante FOMAG y DEIP de Barranquilla.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

PRETENSIONES

Que se declare la existencia del acto ficto negativo configurado por el silencio
del Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio frente a la reclamación administrativa presentada el 27
de enero de 2014, destinada a obtener el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas con ocasión del fallecimiento de la señora Ceres Judith
Consuegra Barrios, exdocente del distrito de Barranquilla.

Que a título de restablecimiento del derecho se condene a las entidades a
reconocer y pagar las cesantías definitivas a favor del señor Miguel Ángel King
Pontón en calidad de cónyuge supérstite de la excatedrática; así como la
sanción moratoria contemplada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Que se condene en costas a las demandadas. Que las sumas sean
debidamente indexadas. Que se dé cumplimiento al fallo en los términos de
los artículos 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la
siguiente manera:

Que la señora Ceres Judith Consuegra Barrios fue nombrada como docente
por 60 horas de clases mensuales en la Escuela Hogar para Señoritas del
distrito de Barranquilla mediante Decreto 516 del 31 de octubre de 1969. Que
posteriormente fue nombrada por 40 horas adicionales, mediante Decreto 193
del 2 de julio de 1980.

Que la Secretaría de Educación de Cultura y Deporte dispuso el traslado de
la docente en diferentes instituciones del distrito de Barranquilla así: Colegio
Distrital Nocturno José Eusebio Caro (Resolución 000512 del 5 de marzo de
2002); Instituto Pestalozzi (00048 del 3 de marzo de 2006) y finalmente, al
Instituto Colegio Distrital Nueva Esperanza (Resolución 02873 del 10 de mayo
de 2012).

Que falleció el 21 de agosto de 2013 estando en ejercicio activo de la docencia
oficial.

Que por medio de Resolución 05689 del 30 de septiembre de 2013 se declaró
vacante el cargo de la catedrática por fallecimiento.

Que el señor Miguel Ángel King Pontón en su calidad de cónyuge supérstite
radicó petición el 27 de enero de 2014, con el fin de obtener el pago de las
cesantías definitivas, frente a la cual no se emitió respuesta alguna.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

Que agotó el trámite de conciliación prejudicial y mediante certificación del 11
de agosto de 2017, la procuraduría para asuntos administrativos procedió a
expedir constancia de no conciliación.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 2 de octubre de 2018 y notificada
a las entidades demandadas. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla expresó que, en virtud de lo contemplado en la Ley 91 de 1989,
el FOMAG es el encargado de atender las prestaciones sociales de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren
vinculados a la fecha de promulgación de la referida ley. Pues, la Secretaría
de Educación Distrital sólo actúa en nombre y representación del citado fondo.

Planteó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y la
inexistencia de la obligación a cargo del distrito de Barranquilla.

El Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de prestaciones sociales
del Magisterio, no se pronunció.

Se celebró audiencia inicial el 13 de marzo de 2019, en la cual se fijó el litigio
y luego de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para
que alegaran de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada
oportunamente por el señor Miguel Ángel King Pontón.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 31 de enero de
2019, negó las pretensiones de la demanda. En primer lugar, señaló que el
señor Miguel Ángel King Pontón en calidad de único beneficiario de la señora
Ceres Judith Consuegra Barrios, tenía derecho a percibir el auxilio de
cesantías definitivas deprecadas.

Sin embargo, advirtió que se había configurado la prescripción. Pues, el
derecho invocado se hace exigible desde el día siguiente al retiro del
empleado. En ese sentido, el término trienal previsto en el artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, empezó a contabilizarse
el 1. ° de octubre de 2013, teniendo en cuenta que la vacante del cargo de la
docente se declaró el día 30 de septiembre del mismo año.

Que en principio, el señor King Pontón tenía hasta el 1.° de octubre de 2016
para presentar la respectiva reclamación administrativa, la cual fue radicada el
7 de noviembre de 2014, solicitud que creó un nuevo plazo para ejercer la
acción, y así evitar tal fenómeno, esto es, 8 de noviembre de 2017. No
obstante, la demanda se interpuso el 26 de julio de 2018, es decir, cuando ya
había ocurrido la prescripción.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

De otra parte, indicó que para poder acudir a la Jurisdicción Contenciosa en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
miras a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías definitivas o parciales, era necesario
que el interesado presentara solicitud previa ante la administración.

Que el demandante no provocó la manifestación de las demandadas respecto
de la sanción moratoria y en ese sentido no había acto administrativo que
anular. Asimismo, señaló que no podía entenderse que el acto ficto o presunto
generado con la petición de pago de las cesantías definitivas lleva en sí mismo
la solicitud de la penalidad de que trata la Ley 244 de 1995.

De esta manera, declaró probada de oficio la excepción de prescripción sobre
las cesantías definitivas, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación argumentando que su disenso radica en dos puntos: i) la ocurrencia
del fenómeno prescriptivo del derecho sustancial; y ii) la inexistencia del acto
administrativo expreso respecto de la pretensión de sanción moratoria por el
no pago oportuno de las cesantías definitivas.

Respecto al primer aspecto, señaló que el acto administrativo demandado es
de connotación ficta o presunta, por cuanto la petición presentada ante el
FOMAG el 27 de enero de 2014 nunca fue respondida. En consecuencia, la
demanda podía presentarse en cualquier tiempo, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 164 del CPACA.

En segundo lugar, expresó que el Tribunal incurrió en una distorsión frente a
lo dispuesto en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006; y de
la línea jurisprudencial que ha sido establecida por la Corporación desde la
sentencia del 27 de marzo de 2007 2; la sentencia de unificación del 18 de julio
de 20183 y la sentencia SU-336 del 18 de mayo de 2017 4 de la Corte
Constitucional.

Lo anterior, dado que, la sanción moratoria surge de la misma ley por el
incumplimiento de la administración al no pronunciarse frente a la solicitud de
la prestación. Dijo que la jurisprudencia es clara al manifestar que la entidad

2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007.

Radicado: 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ). Demandante: José Bolívar Caicedo Ruiz.
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia CE-SUJ-SII-

012-2018 del 18 de julio de 2018. Radicado: 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015)
Demandante: Jorge Luis Ospina Cardona.
4 Corte Constitucional. Sentencia SU336/17. Expedientes: T-5.799.348, T-5.801.948, T-5.812.820, T-

5.820.810, T-5.823.520, T-5.823.613, T-5.823.615, T-5.826.127, T-5.826.129, T-5.826.142, T-5.826.188,
T-5.826.256, T-5.842.501 y T-5.845.180 (Acumulados)

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

tiene unos términos perentorios para emitir respuesta y que, ante la
inactividad, estaría obligada al pago de la sanción moratoria discutida.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Se admitió el recurso el 19 de abril de 2021 y por auto del 28 de junio del
mismo año, se corrió traslado de alegatos.

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla señaló que esta de
acuerdo con el criterio del Tribunal al declarar la prescripción, y solicitó
confirmar la sentencia recurrida. En caso contrario, peticionó que se le exima
de responsabilidad, puesto que según lo previsto en la Ley 91 de 1989, el
FOMAG es el encargado de atender las prestaciones sociales de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales.

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, luego de
efectuar una sinopsis de lo discurrido en el proceso y analizar el marco
normativo que regula la sanción moratoria, solicitó revocar parcialmente la
decisión apelada en lo relativo a las cesantías definitivas para en su lugar,
acceder a su reconocimiento y pago.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se presentó
de manera oportuna, y que como no se obtuvo respuesta se originó un acto
administrativo ficto, tácito o presunto, que no quedaba sujeto a los efectos o
términos de la interrupción de la prescripción, pues, eso no se indica en alguna
norma especial; sino que, por el contrario, el artículo 164, numeral 1.° literal d)
prevé que es demandable en cualquier tiempo. En cuanto a la sanción
moratoria, peticionó confirmar la decisión.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

El problema jurídico a resolver se resume en definir si operó el fenómeno de
la prescripción de las cesantías definitivas que le asistía al señor Miguel Ángel
King Pontón en calidad de beneficiario del derecho causado por la señora
Ceres Judith Consuegra Barrios; y si se acreditó en el caso concreto el derecho
a reclamar la sanción moratoria por el no pago oportuno de la prestación social.

De la prescripción de derechos laborales

La prescripción es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se
adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo de acuerdo a las
condiciones descritas en la ley que para cada situación se dicten bien sea en
materia adquisitiva o extintiva.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

Diferencias entre caducidad y prescripción

La subsección advierte que la parte demandante confunde la prescripción con
la caducidad al indicar que la sentencia del Tribunal no tuvo en cuenta las
consecuencias jurídicas del silencio administrativo negativo. En efecto, la Sala
estima necesario precisar que la caducidad y la prescripción son fenómenos
jurídicos diferentes.

Generalidades de la caducidad

Esta Corporación ha sostenido que la caducidad se refiere al término que
posee el interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con
el fin de buscar la protección de sus derechos, es decir, se predica del ejercicio
del derecho de acción; su finalidad es precisamente racionalizar ese ejercicio,
lo que impone al interesado la obligación de emplearla oportunamente, so
pena de que las situaciones adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción
del juez de lo contencioso administrativo para estudiarlas 5. Lo anterior se
justifica en la necesidad de obtener seguridad jurídica 6.

Frente a esta figura procesal, la Corporación 7 ha sostenido:

«[...] La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento
del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración.
sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

De lo anterior se concluye que la caducidad ocurre por la inactividad de quien
tiene el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo, para no perder
el derecho de ejercer la acción, lo cual no genera un pronunciamiento de fondo
por parte de las autoridades judiciales. Es decir que el término dentro del cual es
posible ejercer el derecho de acción, en cuanto a la nulidad y restablecimiento
del derecho es de 4 meses lo cual se constituye como un instrumento que
mantiene y protege la seguridad jurídica que debe brindar el Estado para la
estabilidad social de sus integrantes. [...] Sin embargo, el numeral 3 del artículo
136 del C.C.A., establece que la acción sobre los actos presuntos se puede
ejercer en cualquier tiempo, lo que significa que en los casos en los que se
configura un acto ficto o presunto producto de un silencio de la Administración no
existe término perentorio alguno que da cabida al fenómeno de la caducidad [...]».
(Subrayado de la Sala).

5 Al respecto, ver providencias del 13 de octubre de 2016, radicado: 08001233100020100034001 (1175-

2012); del 28 de noviembre de 2018, radicado: 250002342000201360006501 (3247-16); del 28 de
febrero de 2019, radicado 20150018701; y del 19 de julio de 2019, radicado:
76001233300020160048301 (2063-18).
6 Ver, entre otras, las sentencias de la Sección Segunda, Subsección B, de: 6 de octubre de 2011

(expedientes 1130-2011 y 1135-2011) y de 26 de marzo de 2009. Expediente 1134-07.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del del 19 de julio de 2019, radicado:

76001233300020160048301 (2063-18).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

En ese sentido la caducidad hace referencia al término regulado por el
legislador para interponer de manera perentoria la acción o medio de control
en sede judicial.

Término de caducidad en el caso de derechos laborales y prestaciones
sociales

Para el efecto, el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 o Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reglamentó
los términos, con que cuentan las personas para interponer demandas ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, que para el caso de los derechos
laborales- y prestaciones sociales fijó las siguientes reglas:

• En caso de tratarse de actos administrativos que reconozcan o nieguen total
o parcialmente prestaciones periódicas, o se dirija contra actos producto del
silencio administrativo, literales c) y d) del numeral 1 del artículo en cita, la
demanda podrá presentarse en cualquier tiempo.
• Si se pretende la nulidad de un acto que reconoce o niega total o parcialmente
un derecho laboral o prestación social que no tenga el carácter de periódico
(literal d, numeral 2 del artículo 164), la demanda ·deberá presentarse en un
término máximo de 4 meses contados a partir del día siguiente a la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, so
pena de que opere la caducidad.

Por otra parte, en el caso del silencio administrativo no es predicable la
caducidad por cuanto fue creado por la ley con el objeto de permitir al
interesado adquirir un derecho por vía judicial en el evento de que la
administración no se pronuncie expresamente sobre la petición de
reconocimiento efectuada oportunamente8.

Generalidades de la prescripción

La prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción o efecto de
«[...] adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por
el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley "o en otra acepción
"como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del
tiempo [...]»9. Dicho fenómeno hace alusión directa a la pretensión, esto es, al
derecho, y constituye el término particular para adquirirlo o extinguirlo.

Es decir, es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se
adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, de acuerdo con las
condiciones descritas en las disposiciones que para cada situación se dicten,
bien sea en materia adquisitiva o extintiva 10.

8 Al respecto ver providencias del 3 de noviembre de 2016, radicado: 2013-01959 y del 19 de julio de

2019, radicado: 76001233300020160048301 (2063-18).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, actor:

Javier Enrique Muñoz Fruto. Número interno: 3404-2013.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2013, radicado:

11001-03-25-000-2012-00301-00(1131 - 12). Demandante: Luz Stella Trujillo Cortés.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

En lo alusivo a la prescripción extintiva, esta impone el deber a cada persona
de reclamar sus derechos dentro del tiempo que fija la ley, es decir, determina
que el ejercicio de los que se pretenden adquiridos, debe hacerse dentro de
un lapso específico11, pasado el cual, sino se hizo, genera la pérdida del
derecho.

Sobre el particular, esta Sección 12 ha indicado:

«[...] La prescripción extintiva tiene que ver con el deber de cada persona de
reclamar sus derechos en un tiempo prudencial el cual está fijado en la Ley. es
decir. que los derechos que se pretenden adquiridos. para ejercerlos se tiene un
lapso en el que deben ser solicitados so pena de perder dicha administración.

La Corte Constitucional frente a la prescripción de derechos, en sentencia C-662
de 2004, Magistrado Ponente (...), estableció los siguientes parámetros: "La
prescripción, como institución de manifiesta trascendencia en el ámbito jurídico,
ha tenido habitualmente dos implicaciones: de un lado ha significado un modo de
adquirir el dominio por el paso del tiempo (adquisitiva), y del otro, se ha
constituido en un modo de extinguir la acción (entendida como acceso a la
jurisdicción), cuando con el transcurso del tiempo no se ha ejercido
oportunamente la actividad procesal que permita hacer exigible un derecho ante
los jueces. A este segundo tipo de prescripción es al que hace referencia la norma
acusada. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha
reconocido que: "El fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por
no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado. [...] Por
ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea
la negligencia real o supuesta del titular.

De acuerdo con lo anterior se tiene que la norma establece para el ejercicio de
los derechos un tiempo determinado dentro del cual se debe solicitar su
ejecución, y si transcurre dicho tiempo y no se solicitó, se traduce en la pérdida
de interés para ejercerlo. [...]». (Subrayado de la Sala).

Así entonces, es dable inferir que: i) la prescripción se predica del ejercicio del
derecho, el cual puede adquirirse o extinguirse con el paso del tiempo; ii) es
renunciable una vez ocurrida, así lo señala el artículo 2514 del Código Civil:
«[...] La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después
de cumplida. [...]»; y iii) puede ser objeto de suspensión frente a algunas
personas dentro de ciertas circunstancias. Así, el artículo 2530 del Código Civil
indica que se suspende a favor de los incapaces y en general, de quienes se
encuentran bajo tutela o curaduría. En efecto, la aludida norma determina que
no se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2012, proferida por

esta subsección dentro del expediente: 1608 de 2011, demandante Carlos Dussan Pulecio; y del 23 de
septiembre de 2010 dictada dentro del expediente:1201 de 2008, actores: Marco Fidel Ramírez Yepes y
Otros. Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
12 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de septiem bre de 2015.

Radicado: 270012333000201300346 01 (0327-2014). Demandante: Sandra Patricia Mena Martínez.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad
subsista.

Caso concreto

Se encuentra probado que la señora Ceres Judith Consuegra Barrios prestó
sus servicios como docente desde el 31 de octubre de 1969 hasta el 21 de
agosto de 2013. 13

Que mediante Resolución 05689 del 30 de septiembre de 2013,14 se declaró
vacante el cargo que ocupaba la catedrática por fallecimiento, desde el 21 de
agosto de 2013.

Que el señor Miguel Ángel King Pontón radicó solicitud el 7 de noviembre de
201415, tendiente a que le fueran pagadas sus cesantías definitivas, frente a la
cual no se encontró respuesta alguna.

Que presentó demanda el 26 de julio de 2018 16 con el fin de obtener el pago
de la prestación social y la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006.

En consideración a los elementos de juicio relacionados, se advierte que la
señora Consuegra Barrios fue desvinculada el 21 de agosto de 2013 fecha en
la que falleció, data a partir de la cual se hizo exigible el derecho para reclamar
las cesantías.

En este punto vale la pena precisar que, a diferencia del Tribunal; la
Subsección tendrá en cuenta el día 21 de agosto de 2013 fecha a partir de la
cual se declaró la vacancia del cargo de la docente, según se advierte en la
Resolución 05689 del 30 de septiembre de 2013, para efectos de contabilizar
el término de prescripción del derecho en el asunto bajo estudio.

En ese sentido, el demandante tenía desde el 22 de agosto de 2013 17 hasta
el 22 de agosto de 2016 para peticionar la prestación social. Ello, teniendo en
cuenta el término de 3 años previsto en el artículo 151 del Código de
Procedimiento laboral.

Sin embargo, el plazo extintivo se interrumpió con la solicitud radicada el 7 de
noviembre de 2014, 18 por una sola vez, el cual se extendió hasta el 7 de
noviembre de 2017. No obstante, el señor Miguel Ángel King Pontón presentó

13 Folio 19.
14 Folio 3 del expediente administrativo.
15 Folios 12 a 16.
16 Folio 21.
17 Día siguiente al fallecimiento de la señora Consuegra Barrios.
18 En virtud del principio de no reformatio in pejus o no reforma en peor para el apelante único, se tendrá

en cuenta esta fecha y no la del 27 de enero de 2014, toda vez que esta data fue la que tuvo en cuenta
el juez de primera instancia.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

demanda el 26 de julio de 2018, razón por la cual el derecho a las cesantías
se encuentra prescrito.

Bajo esa óptica, es preciso manifestar que la jurisprudencia de esta
Corporación 19 ha señalado que: «la prescripción es tener por extinguido un
derecho que, por no haberse ejercitado se puede presumir que el titular lo ha
abandonado […] Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del
no ejercicio del derecho, o sea, la negligencia real o supuesta del titular […]».20. En
esa lógica, una vez causado el derecho, el interesado cuenta con un período
de tres años para reclamarlo, inicialmente ante la administración y,
posteriormente, en sede judicial. No obstante, el solo hecho de reclamarlo
interrumpe su prescripción por un tiempo igual 21, pero por una sola vez 22.

Ahora bien, en relación con el silencio administrativo negativo, que es uno de
los argumentos del recurso de apelación, la Sala destaca que el silencio
administrativo negativo no interrumpe indefinidamente el término de
prescripción, pues si bien la ley permite que ante el silencio de la
administración no opere la caducidad, es decir, que no se limite la posibilidad
de acudir ante el juez en un término perentorio para obtener su
pronunciamiento sobre la existencia o no de un derecho en cabeza del
interesado, dicha situación no se puede traducir en la inoperancia de la
prescripción, esto es, que el derecho que reclama se pierda por la inactividad
del administrado en el transcurso del tiempo.

En suma, no es de recibo el argumento del demandante en cuanto a que el
derecho no fenece, pues si bien podía demandar el acto ficto, tal como lo
efectuó en el caso concreto, lo cierto es que dentro del proceso se encuentra
acreditado que el interesado presentó la reclamación ante la Alcaldía Distrital
de Barranquilla el día 7 de noviembre de 2014, por lo que, teniendo en cuenta
que el vínculo laboral de la señora Ceres Judith Consuegra se terminó el 21
de agosto de 2013, interrumpió la prescripción del derecho por un periodo
igual, es decir, 3 años. De manera que el término para demandar el pago de
sus prestaciones se aplazó hasta el 7 de noviembre de 2017, y no más allá,
pues dicha interrupción opera por una única vez al no tratarse de prestaciones
periódicas como es el caso de las cesantías que reclama.

19 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de enero de 1994, proceso

8847, M.P. Clara Forero de Castro; 27 de noviembre de 1997, radicado 16971, Consejero Ponente Clara
Forero de Castro, 20 de enero de 2000, Expediente No. 22866 (2119 – 99) M.P. Carlos A. Orjuela
Góngora.
20 COVIELLO, Nicolás, Doctrina General del Derecho Civil. UTEHA 1949, citado por el doctor Betancur

Jaramillo Carlos, Derecho Procesal Administrativo, pág. 135, Señal Editora. 1996 .
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de septiembre de 2010, Rad.

No. 47001-23-31-000-2003-00376-01 (1201-08). Actor: Marco Fidel Ramírez Yépez y otros, C.P. Bertha
Lucia Ramírez de Páez.
22 Consejo de Estado. Fallo de tutela de 17 de enero de 2017. M.P. César Palomino Cortés: «La ausencia

de norma expresa que regule esta figura respecto de otros derechos prestacionales, como son las
cesantías, no incluidas en el Decreto 3135 de 1968, no implica la imprescriptibilidad de los mismos, de
ahí que por analogía se aplica el artículo 151 del C.P.T., a menos que existan cánones que regulen este
tópico en puntos específicos».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

De otra parte, y en lo que concierne al segundo punto de apelación, se observa
que, el demandante consideró que no había lugar a presentar petición de
reconocimiento de sanción moratoria ante la administración, porque, en su
criterio, la misma ocurre de pleno derecho ante el incumplimiento de la entidad
de dar respuesta sobre las cesantías en los términos que prevé la ley.

Obligatoriedad de solicitar a la administración el pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías

De la lectura del artículo 138 del CPACA se desprende que para la
procedencia del medio de control se requiere la lesión de un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica en favor de una persona, afectación que se
ve materializada en un acto administrativo expreso o presunto, susceptible de
ser enjuiciado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Luego, la forma de reclamar el derecho subjetivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es por medio de la pretensión de nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto que resuelve crear, modificar o
extinguir una situación jurídica.

Bajo el anterior entendido, el medio de control exige inexorablemente la
existencia de un pronunciamiento por parte de la administración por medio del
cual decida de fondo la situación jurídica que se discute, que en este caso no
es otra que el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, toda vez que no
basta que la misma esté prevista en la ley, pues se requiere el agotamiento
del procedimiento administrativo para pretender el restablecimiento del
derecho.

De lo anterior, es necesario precisar que, si bien, la mora en el pago se genera
una vez contabilizado el plazo máximo que prevé la norma (65 días hábiles
CCA y 70 días hábiles CPACA) después de radicada la solicitud de
reconocimiento, lo cierto es que el derecho y la sanción deben instarse de
forma independiente, pues para exigir dicha penalidad, debe existir acto
expreso o ficto que disponga sobre el particular, y con ello, haber agotado la
reclamación administrativa ante la autoridad que corresponda. Por tanto, no
basta con que se peticione el primero (la prestación) como equivocadamente
lo interpretó el señor King Pontón.

Así las cosas, la parte interesada tenía la carga de solicitar en sede
administrativa la penalidad de carácter económico, para que por vía judicial
pudiera posteriormente demandar la nulidad del acto expreso o ficto que
resolvió al respecto. Sin embargo, dicha situación no se advierte en el caso
concreto, por lo que se concluye que el demandante incumplió el deber de
petición previa de la sanción por mora, lo cual le imposibilita solicitar
judicialmente su reconocimiento.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

De modo que, para esta Subsección la conclusión a la que arribó el juez de
primera instancia se encuentra ajustada a derecho, lo que implica que el fallo
objeto de la alzada deba ser confirmado.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo
valorativo consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en
toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración
fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del
art.188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los
fundamentos del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión que no
se presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena
en costas. Contrario a ello, ambas partes en sus escritos manifestaron
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 31 de enero de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda
que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió el señor Miguel Ángel King Pontón contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
• Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla – Secretaría de
Educación.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00656-01 (0941-2021)

Segundo: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto.

Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.