Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00720-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00720-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00720-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
17 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
Demandante : José de Jesús Painchault Sampayo
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Tema : Reconocimiento de pensión de vejez conforme al
artículo 33 de la Ley 100 de 1993
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 6 de marzo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del
proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 3 a 13). El señor José de Jesús Painchault Sampayo,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que se acojan
las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 14498 de 21 de
septiembre de 2010; 4926 de 12 de mayo, 901 de 16 de junio y 1250 de 29 de
agosto, todas de 2011; y SUB 54529, SUB 154302 y DIR 14420 de 8 de mayo
y 14 y 30 de agosto de 2017, respectivamente, por las que el entonces Instituto
de Seguros Sociales (ISS) y la demandada negaron al accionante la pensión de
vejez prevista en el Decreto 758 de 1990.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la accionada (i) reconocer la aludida prestación, «[…] por haber […]
reunido los requisitos legales de tiempo de servicio y edad […], a partir del
27 de Noviembre del 2010, día siguiente del cumplimiento de su edad para
acceder a su pensión» (sic), debidamente indexada; (ii) sufragar intereses
moratorios y (iii) dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192
del CPACA.
Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José de Jesús Painchault Sampayo contra Colpensiones
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que laboró en la
Universidad Autónoma del Caribe, el desaparecido Banco Industrial
Colombiano, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía
General de la Nación, entre 1983 y 1984, del 8 de abril al 3 de julio de 1974,
desde el 26 de abril de 1979 hasta el 13 de abril de 1984 y entre el 20 de
octubre de 1993 y el 31 de agosto de 2010, en su orden, lapsos durante los
cuales hizo aportes al extinguido ISS y luego a la sociedad administradora de
fondos de pensiones Porvenir SA (9 de junio de 1998 a 1º de marzo de 2001),
para finalmente retornar a ese Instituto.
Que al entrar en vigor la Ley 100 de 1993 contaba con más de 45 años de edad
y al retirarse del servicio con 1192,64 semanas cotizadas, es decir, «[…]
cumple con los requisitos de ley para obtener su tan anhelada pensión de
vejez, ya sea por el régimen de transición como el general […]» (sic), motivo
por el cual el 25 de junio de 2010 solicitó del extinguido ISS esa prestación, lo
que le fue negado por medio de las Resoluciones acusadas, a pesar de que
adelantó las gestiones que este le impuso para tener en cuenta las semanas
cotizadas como empleado de la aludida Universidad.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos acusados los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13,
29, 48, 53 y 83 de la Constitución Política y 91, 137 y 138 del CPACA; la Ley
100 de 1993, el Decreto 758 de 1990 y el Acuerdo 49 del mismo año del ISS.
Arguye que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, «[…] y por tanto,
la normatividad anterior[,] resultan ajustables a las personas que al 01 de
abril de 1994 acreditan, o bien tener mínimo 35 años, en el caso de mujeres o
40 en el de los hombres, o al menos 15 años de servicios o tiempo cotizado
[…] Esto implica, pues, que de llenar dichas condiciones, el interesado está
habilitado para reclamar el reconocimiento pensional conforme a [la]
normatividad previa a la […]» mencionada Ley.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 229 a 237 vuelto). La entidad accionada,
por conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se
refirió a los hechos, en el sentido de que unos son ciertos, otros no constituyen
situaciones fácticas y los demás no le constan. De igual modo, propuso las
excepciones denominadas inexistencia de la obligación, falta de causa para
demandar, buena fe, compensación y prescripción.
2
Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
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José de Jesús Painchault Sampayo contra Colpensiones
Asevera que el actor, «[…] al 01 de abril de 1994, contaba con el requisito de
la edad, por lo cual es beneficiario del régimen de transición, sin embargo, al
verificar el certificado de Historia Laboral, se evidencia traslado […]» (sic) a
fondos privados de pensiones, «[…] y regresando a COLPENSIONES» (sic).
Que dado que el accionante no colmó los requisitos para ser beneficiario del
referido régimen de transición, realizó el estudio de conformidad con las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, empero, tampoco «[…] cumple con el
requisito de las semanas por lo cual deberá acreditar 1300 […] de cotización
para el reconocimiento de la pensión de vejez» (sic), que constituye el umbral
mínimo a partir de 2015.
Dice que los lapsos laborados en la Universidad Autónoma del Caribe no
pueden ser tenidos en cuenta, toda vez que «[…] no fue pagado el
comprobante de pago por concepto de cálculo actuarial… Por lo anterior
debe ser el empleador quien solicite la actualización» (sic).
1.6 La providencia apelada (ff. 287 a 302). El Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante sentencia de 6 de marzo de 2020, negó las súplicas de la
demanda (sin condena en costas), al considerar que si bien el actor «[…]
cumplió la edad pensional del régimen Especial aplicable a la Rama Judicial
y el Ministerio Público (Decreto 546 de 1971), esto es, los 55 años, en
noviembre de 2004; y laboró mucho más de 20 años, […] lo cual en principio
conllevaría a reconocer que consolidó su derecho pensional en el régimen
anterior que le era aplicable, mucho antes del 31 de julio de 2010, fecha
general de extinción del régimen de transición» (sic), en todo caso «[…] se
trasladó al régimen de ahorro individual (Fondo de Pensiones Obligatorias
ING) […], lo cual implicó su pérdida del derecho a beneficiarse del régimen
de transición, dado que no cumplió 15 años de servicio para el momento de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993» (sic), por lo que no hay lugar a
conceder la pensión de jubilación «[…] bajo los parámetros de los regímenes
anteriores contenidos en el Decreto 546 de 1971, la Ley 33 de 1985 y de la
ley 71 de 1988 […]» (sic).
Que tampoco es dable otorgar la pensión de vejez de acuerdo con la Ley 100
de 1993, pues si bien cumplió 60 años de edad el 26 de noviembre de 2009,
con lo que satisface el primer requisito, «[…] para el 2010, año en el cual se
retiró del servicio […] se debían acreditar 1175 semanas cotizadas. Y […] el
actor acreditó 1145 […]» (sic).
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1.7 El recurso de apelación (ff. 307 a 309). Inconforme con el anterior fallo,
el accionante interpuso recurso de apelación, al estimar que, contrario a lo
concluido por el a quo, le asiste derecho a la pensión de vejez preceptuada en
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, comoquiera que, además de cumplir 60
años de edad en 2009, «En el año 2010 para el cual […] se retiró del servicio,
tenía acreditado más de las 1175 semanas que requería el sistema […]» (sic),
con la inclusión de los lapsos servidos para la Universidad Autónoma del
Caribe en 1983 y 1984, pues esta solicitó de la demandada «[…] el Cálculo
Act[ua]rial, esto es le confesó […] que había laborado allí y que debería
pagarle la seguridad social, a lo que Colpensiones, estando obligado a cobrar
ese tiempo no lo hizo […]» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 11 de agosto de 2021
(f. 321) y admitido por esta Colegiatura a través de proveído de 20 de mayo de
2022 (f. 327), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1; y durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la parte actora presentó
alegatos de conclusión para reiterar sus argumentos de demanda y apelación 2,
mientras que la accionada y el correspondiente agente del Ministerio Público
guardaron silencio (f. 328).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al accionante le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de vejez de conformidad con el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, toda vez que la Administración no tuvo en cuenta la
totalidad de servicios laborados y cotizados; o, por el contrario, no satisfizo
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
4
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los respectivos presupuestos, como lo concluyó el a quo.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Cédula de ciudadanía del demandante, según la cual nació el 26 de
noviembre de 1949 (f. 24).
b) Oficio de 6 de noviembre de 2016 (f. 183), por medio del cual la
Universidad Autónoma del Caribe solicita de la accionada «[…] elaborar el
cálculo actuarial correspondiente a los aportes dejados de cancelar al
Sistema General de Pensiones a favor del [actor], correspondientes a los
periodos académicos […]» (sic) laborados como catedrático del programa de
contaduría pública, así:
Periodo No. De Horas Valor hora Total
Febrero-Junio de 1983 03 h. semanales $285= $3.420=
Agosto-Diciembre de 1983 12 h. semanales $285= $13.680=
Febrero-Junio de 1984 12 h. semanales $285= $13.680=
[…] (sic para toda la cita).
c) Certificaciones expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
la Fiscalía General de la Nación en las que figura que (i) el accionante prestó
sus servicios para esos organismos del 26 de abril de 1979 al 13 de abril de
1984, entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre de 1993, desde el 1º de
junio de 1998 hasta el 30 de agosto de 2000, del 1º de septiembre de 2000 al
30 de mayo de 2001, entre el 1º de junio de 2001 y el 31 de julio de 2002,
desde el 1º de agosto hasta 30 de octubre de 2002 y del 15 de septiembre de
2006 al 31 de diciembre de 2010; (ii) se realizaron cotizaciones por concepto
de seguridad social en pensiones a la liquidada Caja Nacional de Previsión
Social (Cajanal) y a los fondos privados de pensiones obligatorias Porvenir
SA (1º de junio de 1998 a 30 de abril de 1999 y 1º de abril a 30 de octubre de
2002), Davivir SA (1º de mayo de 1999 a 30 de septiembre de 2000),
Santander (1º de octubre de 2000 a 31 de marzo de 2001) y Horizonte (15 de
septiembre de 2006 a 30 de abril de 2008) [ff. 22, 89, 90, 94, 95, 98 y 99].
d) Resoluciones 0-1164 de 29 de mayo de 1998 y 0-0205 de 8 de febrero de
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Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
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1999, por las que la Fiscalía General de la Nación da cumplimiento al fallo de
22 de febrero de 1995 del Tribunal Administrativo del Atlántico, que «[…]
declaró la nulidad de la Resolución No. 054 del […] (16) de noviembre de
[…] (1993) por medio de la cual se decretó la insubsistencia del […]» (sic)
del demandante y, en consecuencia, ordenó pagarle los salarios y prestaciones
dejados de sufragar desde la desvinculación hasta cuando sea reincorporado
(16 de noviembre de 1993 a 31 de mayo de 1998), lo que ocurrió el 1º de junio
de 1998, cuyos aportes para pensiones fueron consignados a la desaparecida
Cajanal [ff. 32 a 45 y 52 a 60].
e) Resoluciones 0-2893 de 7 de septiembre de 2006 y 147 de 22 de mayo de
2008, a través de las cuales la Fiscalía General de la Nación atiende la
sentencia de 4 de mayo de 2006 de la citada Corporación, que «[…] declaró la
nulidad de las resoluciones 2-2123 del 27 de septiembre de 2002, por medio
de la cual se declaró la vacancia del empleo por abandono de cargo del
[actor] […], y 2-2543 del 18 de diciembre de 2002 […], mediante al cual se
confirma […]» aquella, en el sentido de reintegrarlo, sin solución de
continuidad, y pagarle los emolumentos causados durante el lapso que dejó de
laborar (8 de octubre de 2002 a 14 de septiembre de 2006), lo que se
materializó el 15 de septiembre de 2006, cuyos aportes para pensiones se
giraron a la extinguida administradora Santander (ff. 68 a 77).
f) Oficios de 8 y 9 de febrero de 2010 provenientes de la desaparecida
sociedad administradora de pensiones ING SA (antes Santander, hoy
Protección), en los que informa que «Atendiendo el Fallo de Tutela proferido
por el Juzgado Quince Penal Municipal de Barranquilla, […] procedió a
efectuar el traslado de la totalidad de [los] aportes del [accionante] al
Instituto del Seguro Social» (sic; ff. 117 y 118).
g) Resoluciones 14498 de 21 de septiembre de 2010 y 4926 de 12 de mayo,
901 de 16 de junio y 1250 de 29 de agosto, todas de 2011, a través de las
cuales el desaparecido ISS niega la pensión de vejez deprecada por el
demandante el 25 de junio de 2010, conforme al Decreto 758 de 1990, por
cuanto (i) al 1º de abril de 1994 no tenía 15 años de servicios cotizados (4
años, 11 meses y 9 días o 254 semanas), «[…] es decir que no es posible dar
aplicación al régimen de transición […]» (sic); (ii) si bien el 13 de julio de
2011 el interesado pagó $3.484.053 «[…] para obtener los beneficios del
régimen de transición; […] no cumple con los 15 años de servicios exigidos
al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 (01-04-1994), conforme la señala la
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Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
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Sentencia SU.062 […] de 2010, así las cosas, no es posible reconocer […] la
prestación de acuerdo al Decreto 758 de 2003, por pérdida del régimen de
transición […]» (sic); y (iii) tampoco «[…] es factible conceder la prestación
con base en [el artículo 33 de la Ley 100 de 1993], puesto que si bien es cierto
la asegurada cumple con el requisito de la edad, decir 55 años, también lo es
que no cumple con las semanas requeridas en el parágrafo 1º del artículo 9º
de la Ley 797 de 2003, […] el cual exige acreditar un mínimo de 1175
semanas cotizadas para el año 2010, fecha de la última cotización y el
afiliado tan solo cuenta con […] 867 semanas cotizadas en toda su vida
laboral […]» (sic; ff. 101 a 103, 119 a 128 y 146 a 151).
h) Resoluciones SUB 54529, SUB 154302 y DIR 14420 de 8 de mayo y 14 y
30 de agosto de 2017, por cuyo conducto la accionada niega la pensión de
vejez reclamada por el actor, de conformidad con el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 o el artículo 33 ibidem, en la medida en que aunque
acredita semanas de cotización a la UGPP (del 26 de abril de 1979 al 13 de
abril de 1984 y desde el 20 de octubre hasta el 16 de noviembre de 1993),
«[…] presenta traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad y
posteriormente al régimen de prima media con prestación definida el 30 de
junio de 2009» (sic), por lo que no puede acceder a los beneficios de dicha
transición, ni cuenta con las 1300 semanas que impone la Ley 797 de 2003
para obtener pensión de vejez (ff. 168 a 180 vuelto).
i) «REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES» expedido el 1º
de noviembre de 2017 por la demandada, en el que figuran las siguientes
cotizaciones:
Empleador Desde Hasta
Banco Industrial Colombiano 08/04/1974 03/07/1974
01/06/1998 30/11/2000
Fiscalía General de la Nación 01/01/2001 31/05/2002
01/07/2002 31/08/2010
Total semanas 615
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el accionante nació
el 26 de noviembre de 1949 y prestó sus servicios así:
Empleador Desde Hasta Período
Universidad Febrero de 1983 Junio de 1983 3 horas semanales
Autónoma del Agosto 1983 Diciembre de 1983 12 horas semanales
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Caribe Febrero de 1984 Junio de 1984 12 horas semanales
Banco Industrial 8 de abril de 1974 3 de julio de 1974 2 meses, y 25 días
Colombiano
Ministerio de 26 de abril de 1979 13 de abril de 1984 4 años, 11 meses, y
Hacienda y Crédito 17 días
Público
20 de octubre de 15 de noviembre 16 años, 10 meses,
1993 de 1993 y 12 días (de los
16 de noviembre a 31 de mayo de cuales 5 meses y
de 1993 1998 10 días lo fueron
1º de junio de 1998 30 de agosto de hasta el 1º de abril
2000 de 1994
Fiscalía General de 1º de septiembre 30 de mayo de
la Nación de 2000 2001
1º de junio de 2001 31 de julio de 2002
1º de agosto de 30 de octubre de
octubre de 2002 2002
8 de octubre de 14 de septiembre
2002 de 2006
15 de septiembre 31 de diciembre de
de 2006 2010
Total tiempo de servicios 22 años y 24 días4
o 1134,66
5
semanas
Asimismo, se encuentra acreditado que para el 1º de abril de 1994, fecha de
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, contaba con un tiempo de servicios de
5 años, 7 meses y 12 días; y el 1º de junio de 1998 se trasladó al régimen de
ahorro individual con solidaridad, en el cual permaneció hasta el 8 de febrero
de 2010, y en los períodos anteriores y posteriores a dicho lapso estuvo
vinculado al de prima media con prestación definida.
El demandante solicitó del entonces ISS la pensión de vejez prevista en el
Decreto 758 de 1990 y, mediante Resoluciones 14498 de 21 de septiembre de
2010 (confirmada con las 4926 de 12 de mayo, 901 de 16 de junio y 1250 de
29 de agosto, todas de 2011) y SUB 54529 de 8 de mayo de 2017 (ratificada
con las SUB 154302 y DIR 14420 de 14 y 30 de agosto de la misma
anualidad), la negó, toda vez que al haberse trasladado al régimen de ahorro
individual con solidaridad y no colmar 15 años trabajados al 1º de abril de
1994, perdió los beneficios de la transición; además, no alcanzó las 1300
4
No incluye los interregnos servidos en la Universidad Autónoma del Caribe, que se analizan más adelante.
5
51.42 semanas que tiene el año x 22 años de trabajo = 1131,24 semanas
24 días de trabajo / 7 de la semana = 3,42 semanas
1131,24 + 3,42 = 1134,66 semanas.
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semanas de cotizaciones que exige la Ley 100 de 1993.
Al respecto, a pesar de que no es materia de apelación, advierte la subsección
que el actor se encontraba amparado por el régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 19936, puesto que para el 1º de abril de 1994
tenía más de 40 años de edad7 (nació el 26 de noviembre de 1949), no
obstante, comoquiera que, como lo adujo el a quo, se trasladó del régimen de
prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad 8 y
regresó a aquel, resulta oportuno colegir que, en principio, como consecuencia
de tal situación, perdió los beneficios del régimen de transición de la aludida
Ley 100, porque para su entrada en vigor (1º de abril de 1994) no alcanzó
quince (15) años de servicios cotizados, requisito que imponen el Decreto
3800 de 2003 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta
Corporación.
En efecto, se tiene que el Decreto 3800 de 2003, «Por el cual se reglamenta el
literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 2° de la Ley 797 de 2003», en lo atañedero al traslado entre los
regímenes pensionales, preceptuó:
Artículo 1º. Traslado de Régimen de Personas que les falten menos de
diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez. De conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 797 de
2003, las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10)
años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima
Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, hasta dicha fecha.
[…]
Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que
una persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de
servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, le será aplicable el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
6
En dicha norma se dispuso que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad
social integral (1° de abril de 1994) contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, se les
reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas,
es decir, la pensión de jubilación respecto a la edad, tiempo de servicio y monto de la misma se les aplicará el
régimen anterior.
7
44 años, 4 meses y 5 días.
8
En el que permaneció desde junio de 1998 hasta febrero de 2010.
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Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José de Jesús Painchault Sampayo contra Colpensiones
por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que
estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones
exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y
b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el
riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en
el Régimen de Prima Media, incluyendo los rendimientos que se
hubieran obtenido en este último.
En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le
será computado al del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b)
anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional.
En el año 2010, la Corte Constitucional con el propósito de unificar su
jurisprudencia, en sentencia SU-629, acogió el criterio fijado en las sentencias
C-789 de 200210 y C-1024 de 200411, en el sentido de que para realizar el
retorno al régimen de prima media, y, por tanto, conservar el beneficio del
régimen de transición, deviene necesario tener 15 años cotizados a la entrada
en vigor de la Ley 100, además de que se traslade todo el ahorro que hayan
efectuado en el régimen de ahorro individual, sin que este sea inferior al
monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubiere permanecido
en el primer régimen, pero, en el evento contrario, el afiliado podrá pagar el
respectivo dinero a lo que le faltare en un plazo razonable12.
Por otro lado, el Consejo de Estado, en fallo de 25 de noviembre de 201013,
sostuvo que en la medida en que una persona colmara uno de los requisitos
para la aplicación del régimen de transición, tiene derecho a pensionarse con
las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100, pese a haberse trasladado
del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual
con solidaridad y regresar a aquel, por cuanto se está en presencia de
9
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
11
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
12
Derrotero reiterado en fallo SU-130 de 2013.
13
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, expediente 25000-23-25-000-2007-00754-01 (489-09).
Criterio reiterado en providencia de 11 de agosto de 2016, expediente 25000-23-25-000-2010-00937-01
(4417-2014), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
10
Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José de Jesús Painchault Sampayo contra Colpensiones
expectativas legítimas. Mientras que, en providencia de 6 de abril de 201114, se
siguió el criterio trazado por la Corte Constitucional en las sentencias C-789 de
2002, C-1024 de 2004 y SU-62 de 2010, bajo el entendido de que, para
trasladarse nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, sin
perder el beneficio del régimen de transición, se debe tener a la fecha de
entrada en vigor de la Ley 100, 15 años de servicios cotizados.
En este orden de ideas, resulta evidente que la regla jurisprudencial vigente
acerca del tema es la fijada por las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004
y SU-62 de 2010, esto es, que pese a que el interesado haya retornado del
régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación
definida (para cuyo efecto debió haber trasladado la totalidad del ahorro
depositado en la respectiva cuenta individual, el cual no podría ser inferior al
monto total del aporte legal correspondiente si hubiere permanecido en el
régimen de prima media, y en caso contrario, sufragar el dinero que haga falta
para cumplir esa exigencia), no perderá los beneficios del régimen de
transición solo si al 1º de abril de 1994 hubiese tenido 15 o más años de
servicios cotizados, por lo que no basta colmar el requisito de edad.
Lo anterior por cuanto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que se
amparan son meras expectativas, mas no derechos adquiridos, por lo que el
legislador legítimamente puede limitar la edad y tiempo servido para acceder a
una pensión y por lo mismo establecer las reglas pertinentes, incluso para la
exclusión del régimen de transición, razón por la que de manera clara dicha
norma excluye de los beneficios del régimen de transición a aquellas personas
que pese a tener la edad para que les sea aplicable el mismo, se trasladen al
régimen de ahorro individual con solidaridad y a aquellos que habiendo
escogido este último decidan cambiarse al de prima media con prestación
definida.
De igual modo, la Ley 797 de 2003 introdujo, entre otras, la siguiente
modificación al artículo 13 de la Ley 100 de 1993:
e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el
régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección
inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada
cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un
14
Consejo de Estado, sección segunda, expediente 11001-03-25-000-2007-00054-00(1095-07), consejero
ponente Gerardo Arenas Monsalve.
11
Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
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José de Jesús Painchault Sampayo contra Colpensiones
(1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse
de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la
edad para tener derecho a la pensión de vejez [subraya la Sala].
El aparte subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en
sentencia C-1024 de 2004, reiterada con el fallo C-625 de 2007, bajo el
entendido de que las personas que reunían las condiciones del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se trasladaron al
régimen de ahorro individual con solidaridad y no habían retornado al de
prima media con prestación definida, podían regresar a este (en cualquier
tiempo), conforme a los términos señalados en la providencia C-789 de 2002,
esto es, se insiste, «únicamente los afiliados con quince (15) años o más de
servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el
Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del
régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con
prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición».
Así las cosas, en el asunto sub examine se evidencia que a la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993 (1° de abril de 1994) el demandante tenía 5 años, 7
meses y 12 días laborados, por lo que no satisface la condición de los 15 años
o más de servicios o cotizaciones con el propósito de conservar los beneficios
del régimen de transición, en consecuencia, carece del derecho a obtener la
pensión de vejez de que trata el Decreto 758 de 1990 (e, incluso, de las Leyes
33 de 1985 y 71 de 1988 y el Decreto 546 de 1971, que el a quo analizó, pese
a no haber sido reclamadas en la demanda).
Por otra parte, en el sub lite el actor cuestiona el fallo impugnado, por cuanto
estima que el a quo omitió valorar los tiempos trabajados y aportados como
servidor de la Universidad Autónoma del Caribe y de la Fiscalía General de la
Nación; en la primera como catedrático y en la segunda con ocasión de los
reintegros ordenados por la jurisdicción contencioso-administrativa.
En lo atinente a los períodos que el recurrente echa de menos a cargo de la
Fiscalía General de la Nación (16 de noviembre de 1993 a 31 de mayo de
1998 y 8 de octubre de 2002 a 14 de septiembre de 2006), la subsección
encuentra que el Tribunal de primera instancia sí lo incluyó para calcular el
tiempo de servicios para analizar el reconocimiento pensional exigido.
En relación con el lapso laborado en la mencionada Universidad, del oficio
12
Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José de Jesús Painchault Sampayo contra Colpensiones
expedido por esta, se observa que la vinculación del accionante fue por hora
cátedra y no por tiempo completo, motivo por el cual no es dable computarlo
con base en el calendario, sino con las fórmulas consignadas en la normativa
pensional para determinarlo.
En tal sentido, el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, aplicable
en materia pensional a los «[…] afiliados de cualquier naturaleza de las
entidades de previsión social […]» públicas o privadas, por remisión del
artículo 1115 de la Ley 71 de 1988, establece:
Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de
jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas completas de
trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo
señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el
cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por
cuatro (4); el resultado que así se obtenga se tomará como el de días
laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de
vacaciones, conforme a la ley.
Por tanto, comoquiera que de febrero a junio de 1983 trabajó tres (3) horas
semanales, y entre agosto y diciembre de 1983 y desde febrero hasta junio de
1984 doce (12), de acuerdo con la operación precedente, se tiene:
Período Horas Horas Días reales Semanas reales
semanales trabajadas laborados en trabajadas en
laboradas en el período el mes el mes
Febrero a junio de 12,8716 64,3517 16,087518 2.2919
1983
Agosto a 51,4820 257,421 64,3522 9,1923
diciembre de 1983
Febrero a junio de 51,4824 257,425 64,3526 9,1927
15
«Esta Ley y las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus
decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales
y se aplicarán en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de Previsión Social del sector
privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación,
vejez e invalidez».
16
3 horas semanales x 4,29 semanas que tiene el mes = 12,87 horas al mes.
17
12,87 horas al mes x 5 meses (febrero a junio de 1983) = 64,35 horas.
18
64,35 horas / 4 = 16,0875 días laborados.
19
16,0875 días laborados / 7 días de la semana = 2.29 semanas.
20
12 horas semanales x 4,29 semanas que tiene el mes = 51,48 horas al mes.
21
51,48 horas al mes x 5 meses (agosto a diciembre de 1983) = 257,4 horas.
22
257,4 horas / 4 = 64,35 días laborados.
23
64,35 días laborados / 7 días de la semana = 9,19 semanas.
24
12 horas semanales x 4,29 semanas que tiene el mes = 51,48 horas al mes.
25
51,48 horas al mes x 5 meses (febrero a junio de 1984) = 257,4 horas.
13
Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
José de Jesús Painchault Sampayo contra Colpensiones
1984
Total semanas a calcular 20,67
Por consiguiente, las semanas reales que el demandante laboró para la
Universidad Autónoma del Caribe, como esta lo acepta, suman 20,67, que
deben ser adicionadas a las demás acreditadas por el interesado, con el
propósito de determinar si, como lo concluyó el a quo, no son suficientes para
acceder a la pensión de vejez de que trata el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
En consecuencia, como se anotó en líneas precedentes, el actor prestó sus
servicios entre el 8 de abril y el 3 de julio de 1974, desde el 26 de abril de
1979 hasta el 13 de abril de 1984 y entre el 20 de octubre de 1993 y el 31 de
diciembre de 2010 un total de 1134,66 semanas, que con las 20,67 atrás
citadas, suman 1155,33.
Ahora bien, precisado lo anterior, en lo concerniente a la normativa que rige la
situación pensional del accionante y comoquiera que no se encontraba
amparado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
la Sala se remite a lo previsto en el artículo 33 de esta, que, sobre la pensión
de vejez, prescribe:
Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las
siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o
sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a
cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62)
años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier
tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará
en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
En el presente caso, se evidencia que el actor cumplió 60 años de edad el 26
de noviembre de 2009 y se desvinculó del servicio oficial el 31 de diciembre
26
257,4 horas / 4 = 64,35 días laborados.
27
64,35 días laborados / 7 días de la semana = 9,19 semanas.
14
Expediente: 08001-23-33-000-2018-00720-01 (4405-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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de 2010, es decir, conforme a la norma trascrita debía demostrar no menos de
1175 semanas cotizadas, empero, durante toda su vida laboral solo alcanzó
1155,33, de lo que se concluye que, como lo advirtió el a quo, no le asiste
derecho a la pensión de vejez del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el
particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 6 de marzo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las súplicas de la demanda incoada por
el señor José de Jesús Painchault Sampayo contra la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por lo indicado en la motivación.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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