Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00737-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2018-00737-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00737-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00737-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 08001233300020180073701 (3266-2020)
Demandante: Manuel de Jesús Ariza Acosta
Demandado: Universidad del Atlántico
Temas: Reconocimiento de pensión de acuerdo con la Convención
Colectiva de 1976.
Decisión: Confirma la decisión que niega las pretensiones de la
demanda.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia del 28 de febrero de 20201, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección C, que negó las súplicas
de la demanda instaurada por el señor Manuel de Jesús Ariza Acosta en contra
de la Universidad del Atlántico.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda2.
2.1.1. Pretensiones.
2. El señor Manuel de Jesús Ariza Acosta, por intermedio de apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad del Oficio
OAJ 2017-541 de 30 de octubre de 2017 a través del cual se le negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación de carácter convencional.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la
Universidad del Atlántico a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación
establecida en el artículo 9.° literal b) de la Convención Colectiva de 5 de abril
de 1976 desde el 8 de agosto de 2017.
1 Con ponencia del magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo.
2 Archivo expediente digitalizado. Visible en el índice 2 de la segunda instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
4. Se condene a la Universidad del Atlántico a que de cumplimiento a la sentencia
dentro del término de establecido en el artículo 192 del CPACA; que liquide y
pague los intereses moratorios sobre las condenas a su cargo a partir de la
ejecutoria de la sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 192
del СРАСА y al pago de las costas y agencias en derecho causadas.
2.1.2. Hechos.
5. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
6. El señor Manuel de Jesús Ariza Acosta nació el 5 de enero de 1951 y fue
vinculado como docente en la Universidad del Atlántico a través de la Resolución
del Consejo Directivo 214 del 19 de septiembre de 1975, posesionado mediante
Acta 244 del 16 de octubre de 1975, fecha desde la cual ha ejercido como
profesor de tiempo completo hasta la actualidad, es decir, lleva 42 años, 3 meses
y 13 días.
7. El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico a través del Acuerdo 002
de 31 de enero de 1976, estableció que los docentes, auxiliares, asistentes y
adjuntos tendrían el carácter de trabajadores oficiales.
8. La Universidad del Atlántico y el sindicato de profesores y trabajadores de
dicho ente universitario, suscribieron el 5 de abril de 1976 convención colectiva
de trabajo en la que se estableció un derecho a la pensión de jubilación en el
literal b) «Con quince (15) o más años de servicio y menos de veinte (20) a
cualquier edad si es retirado sin justa causa o renuncie voluntariamente».
9. El derecho a la pensión de jubilación convencional del señor Manuel de Jesús
Ariza Acosta fue adquirido el 16 de octubre de 1990, cuando completó 15 años
continuos al servicio de la Universidad del Atlántico, pero debe reconocerse y
pagarse desde el 8 de agosto de 2017, fecha en la que solicitó el reconocimiento
pensional.
10. Además, su derecho se consolidó antes de que entrara a regir la Ley 100 de
1993, porque según el parágrafo del artículo 151, el nuevo sistema pensional
entró en vigencia en el nivel departamental, municipal y distrital el 30 de junio de
1995.
11. El señor Ariza Acosta solicitó el 8 de agosto de 2017 mediante petición
radicada bajo el número 014055, que se le reconociera la pensión de jubilación
de acuerdo con lo previsto en la convención colectiva de 1976, la cual fue negada
mediante oficio OAJ 2017-541 de fecha 30 de octubre de 2017 emitido por la jefe
de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad del Atlántico.
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
12. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 13, 29, 48, 53 y 58 de la
Constitución Política; 146 de la Ley 100 de 1993 y la Convención Colectiva de
1976 suscrita entre la Universidad del Atlántico y el sindicato de profesores y
trabajadores de dicho ente universitario.
13. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que, se incurrió en
desconocimiento de la ley, toda vez que si bien la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos solamente podía ser regulado por la ley,
el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 avaló la ilegalidad de las situaciones
jurídicas individuales que en materia de pensión de jubilación habían sido
reconocidas por actos jurídicos emanados de autoridades territoriales, o por
convenciones colectivas de trabajo, donde también intervino la aquiescencia de
la autoridad administrativa.
14. El Consejo de Estado ha señalado que las pensiones de jubilación de origen
convencional deben ser respetadas conforme a los principios de igualdad,
favorabilidad en materia laboral y confianza legítima, toda vez que tanto el artículo
53 como el 58 de la Constitución Política garantizan la protección de los derechos
adquiridos.
15. En la sentencia de 29 de septiembre de 2012 dictada por el Consejo de
Estado, en el proceso radicado 08001- 23-31-000-2005-02866-03(2434-10), se
resolvió un caso similar al que se expone en la presente solicitud, providencia
que respetó el derecho adquirido a la pensión de jubilación convencional de la
señora Julia Lourdes Llanos Borrero frente a la Universidad del Atlántico, de
manera que debe aplicarse la ratio decidendi de esa sentencia a este caso.
2.2. Contestación de la demanda3.
2.2.1. El apoderado de la Universidad del Atlántico, se opuso a las súplicas
de la demanda al considerar que no le asiste derecho al demandante al
reconocimiento pensional solicitado.
16. Al efecto precisó que las disposiciones de la Convención Colectiva de 1976
sólo pueden ser aplicadas a los trabajadores oficiales, y no a los empleados
públicos, como es el caso del actor.
17. Según lo expuso, en este caso no se consolidó el derecho pensional antes
del 30 de junio de 1995, pues debió retirarse del cargo, en los términos
establecidos en la convención colectiva de 1976. Por tanto, al 30 de junio de 1995
3 Folios 139 y s.s. expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia.
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
aun no tenía una prestación consolidada o adquirida, sino una mera expectativa.
18. Lo anterior, por cuanto el accionante no cumplió los requisitos que señala el
artículo 9 literal b) de la convención colectiva del trabajo, que exige 15 años o
más de servicio y menos de 20 a cualquier edad, si es retirado sin justa causa o
renuncie voluntariamente y en este caso, no se acreditó la terminación del
contrato o el retiro del demandante al cumplir los 15 años de servicio, por lo que
resulta forzoso concluir que no le asiste el derecho a la pensión convencional.
19. Propuso las excepciones de «Inviabilidad para acceder al reconocimiento de
la pensión al demandante, dado que los únicos servidores del Estado que pueden
ser beneficiados por una convención colectiva son los trabajadores oficiales, más
no los empleados públicos», « de la imposibilidad jurídica de aplicar los beneficios
de una convención colectiva, cuando no hay derechos adquiridos o consolidados
en materia pensional antes del 30 de junio de 1995, fecha en que entró en
vigencia la Ley 100 de 1993, que consagra en su art. 146 la única excepción en
estos casos», «En todo caso, el demandante tampoco cumple con los requisitos
para el reconocimiento de la pensión solicitada, por cuanto no cumple de manera
taxativa las exigencias del literal b, del artículo 9, de la convención colectiva de
1976», «Excepción de ilegalidad, por tratarse de la creación de una prestación
pensional cuya competencia corresponde a la ley».
2.3. La sentencia apelada4.
20. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección C, mediante sentencia
del 28 de febrero de 2020 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas.
21. Para arribar a esa decisión determinó que para la procedencia del
reconocimiento de una pensión de jubilación a un empleado público de
conformidad con normas convencionales del orden territorial y que dicha
situación se encuentre dentro de las que fueron amparadas por el artículo 146 de
la Ley 100 de 1993, ha de tenerse en cuenta que su prestación haya sido
consolidada o adquirida con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la
citada Ley 100 en el orden territorial y que se halle dentro de los supuestos
establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
22. Se refirió a las modalidades para el reconocimiento de la pensión establecida
en la convención colectiva de 1976 y luego de examinar las pruebas allegadas
estableció que la solicitud de reconocimiento de la pensión convencional se basó
en la modalidad del cumplimiento de 15 años establecida en el literal b)5 del
4 Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia
5 “Artículo 9º. La Universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de jubilación según las
siguientes reglas:
(...)
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
artículo 9.° de la Convención Colectiva de 1976.
23. Explicó que mediante Oficio OAJ 2017-541 de 30 de octubre de 2017, la jefe
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad del Atlántico, negó el
reconocimiento pensional, al considerar que si bien para la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, el solicitante contaba con 18 años de servicios,
no se configura el condicionamiento del retiro del servicio o la renuncia que
señala el literal b) del artículo 9º de la Convención Colectiva, de manera que no
se encuentra envuelto en ninguna de las circunstancias transitorias allí previstas.
24.De otro lado, en lo que respecta a si el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 al
hacer mención a las disposiciones municipales o departamentales, incluía
también las convenciones colectivas de trabajo, con fundamento en las cuales
los entes universitarios reconocieron pensiones de jubilación, la sentencia de
unificación del 29 de septiembre de 2018 precisó que la convalidación de
reconocimientos pensionales de orden territorial, consolidados antes de la
expedición de la Ley 100 de 1993, cobija por igual a los actos administrativos
unilaterales de los entes territoriales y a los actos administrativos por medio de
los cuales se da aplicación a convenciones colectivas.
25. Según lo explicó, en el caso bajo análisis se tiene, conforme al material
probatorio aportado al expediente, que el señor Manuel Ariza Acosta nació el 5
de enero de 1951 y ha prestado sus servicios a la Universidad del Atlántico en
calidad de docente de tiempo completo, desde el 16 de octubre de 1975, según
certificación expedida por el jefe de Departamento de Gestión y Talento Humano.
26. Sin embargo, estableció que para tener derecho a la pensión establecida en
el literal b) del artículo 9 de la Convención Colectiva de 1976 dirigida a los
empleados de la Universidad del Atlántico, era necesario que el accionante al 30
de junio de 1997 acreditara más de 15 años de servicio y menos de 20, y hubiere
sido retirado del servicio sin justa causa, o renunciando al cargo.
27. Concluyó entonces que el retiro del servicio en las condiciones que estableció
la mencionada convención colectiva, lejos de ser algo sin importancia, es un
elemento condicionante de la pensión, pues, su lectura e interpretación integral
representa varios escenarios en donde los requisitos para el derecho son
exigidos de distinta manera, al punto que el carácter voluntario de la renuncia o
la decisión de mantenerse en el cargo determinaban su monto.
28. Por tanto, estimó que la situación del demandante no se había convalidado
antes del 30 de junio de 1997 por cuanto no se estructuró su derecho en virtud
de lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, y por ello no le asiste el
derecho reclamado, con lo cual negó las pretensiones de la demanda.
b) Con quince (15) o más años de servicio y menos de veinte (20) a cualquier edad si es retirado sin justa
causa o renuncie voluntariamente».
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
2.4. Recurso de apelación
2.4.1. El apoderado del señor Manuel de Jesús Ariza Acosta6 presentó un
extenso escrito de disenso del que se sintetiza lo siguiente:
29. En su criterio el causante ya había consolidado su derecho a la pensión de
jubilación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993. Esto porque el retiro de la Universidad del Atlántico no es una condición
para la causación del derecho a la pensión de jubilación, sino es un requisito para
su disfrute. Por ello, el petitum de la demanda fue dirigido al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación en los términos del literal b) del art. 9° de la
Convención Colectiva de 1976.
30. Según lo indicó, el reconocimiento debe ordenarse porque acreditó los 15
años de servicios, pues la convención solo exige el cumplimiento del tiempo de
servicios, independiente de la causa de la terminación del contrato, pues el pago
de la pensión de jubilación perseguida estaba supeditado a que el mismo se
separará de cargo que ostentaba, y no como lo decidió el Tribunal.
31. Esto porque el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó la ilegalidad de
las situaciones jurídicas individuales que en materia de jubilación se hayan
consolidado antes de su entrada en vigor y como ya tenía el tiempo de servicios
exigido en la norma, debía reconocerse la pensión de jubilación.
2.5. Alegatos de segunda instancia
32. En esta oportunidad el apoderado de la entidad demandada7 reiteró los
argumentos de la contestación frente a que el accionante no reunió los requisitos
exigidos en la convención colectiva para la aplicación del articulo 9.°, literal b)
pero además que dicha convención no reunió los requisitos para que tuviera
validez frente a la firma de los sindicatos.
33. Por su parte, el apoderado del demandante8 reiteró en síntesis, los
argumentos de la demanda frente a que el señor Manuel Ariza Acosta fue
vinculado a la entidad a través de la resolución del Consejo Directivo 214 de 19
de septiembre de 1975, por lo que para el 16 de octubre del 1990, el demandante
ya contaba con los 15 años exigidos en el texto convencional, antes de la entrada
en vigencia de la ley 100 de 1993 en el sector territorial, lo que implicaría que el
pago de la pensión de jubilación perseguida estaba supeditado a que el mismo
se separará de cargo que ostentaba.
34. El agente del Ministerio Público guardó silencio.
6 Expediente digital visible en el índice 2.
7 Índice 36 de la segunda instancia.
8 Índice 34.
835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
35. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
36. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 9 de la Ley 1437 de 2011.
37. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problema jurídico
38. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si el señor Manuel
de Jesús Ariza Acosta tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de
jubilación a la luz del literal b) del artículo 9.º de la convención colectiva de 1976,
suscrita entre la Universidad del Atlántico y la asociación sindical de profesores
universitarios ASPU Seccional Atlántico y los representantes de los trabajadores
de la Universidad SINTRAUA?
39. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá a: (i) la competencia para
fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades
estatales, (ii) la posibilidad de los servidores públicos de beneficiarse de las
convenciones colectivas del trabajo, (iii) las situaciones pensionales consolidadas
a la luz del art. 146 de la Ley 100 de 1993, (iv) se verificará el acervo probatorio
y determinará si al demandante le asiste el derecho que reclama.
3.3. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados
públicos de las universidades estatales
40. La Constitución Política de 1886, estableció inicialmente en su artículo 62, la
competencia del Legislador para fijar, entre otros asuntos relacionados con la
función pública, las condiciones de jubilación y la clase de servicios civiles o
militares que darían derecho a pensión del tesoro público.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
41. Luego, con la reforma constitucional de 1968 (Acto legislativo No. 01 del 11
de diciembre de 1968), la competencia para fijar tanto las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden
nacional, como el régimen prestacional de los empleados públicos, se radicó
exclusivamente en el Congreso de la República, tal como quedó establecido en
el numeral 9.° del artículo 76 de la Carta; por su parte, el numeral 21 del artículo
120 ibidem, autorizó al presidente de la República para fijar la asignación salarial
de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración
fijadas por el Congreso de la República de conformidad con el numeral 9° del
artículo 76.
42. Según la Constitución Política de 1991, al Congreso le corresponde mediante
la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios
a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos y el régimen prestacional mínimo de los
trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19
literales e) y f), el cual dispone:
«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones:
[...]
19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[...]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública:
f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores
oficiales.
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son
indelegables en la Corporaciones públicas territoriales, y éstas no
podrán arrogárselas. [...]». (Negrilla de la Sala).
43. De acuerdo con lo anterior, se presenta una competencia compartida entre el
legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales; aquel mediante
la ley marco determina unos parámetros generales, conforme a los cuales, éste
último habrá de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y
prestacional respecto de los empleados públicos.
44. En desarrollo de lo anterior fue expedida la Ley 4ª de 1992, por medio de la
cual el Gobierno quedó habilitado para fijar mediante decreto, entre otros, el
régimen prestacional de los empleados de las entidades territoriales, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 12 de la citada ley.
45. Además en su parágrafo único se dispuso, que el Gobierno señalaría el límite
máximo salarial de estos servidores, guardando equivalencias con cargos
similares en el orden nacional; asimismo, se proscribió cualquier potestad
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
reguladora que en materia prestacional se pretendiera por parte de las
corporaciones públicas territoriales. Señala la norma al respecto:
«Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las
entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las
normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse
esta facultad.
Parágrafo: El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional.»
46. En idéntico sentido, se pronunció el Legislador en el artículo 77 de la Ley 30
de 1992, al disponer:
«Artículo 77. El régimen salarial y prestacional de los profesores de las
universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos
Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.»
47. Precisamente con base en las facultades otorgadas por la Ley 4ª de 1992, se
expidieron los Decretos 1444 de 1992 y 055 de 1994, el primero de ellos contiene
disposiciones en materia salarial y prestacional que rigen a los docentes
vinculados a las universidades públicas de orden nacional, y el segundo, a los
vinculados a universidades públicas del orden territorial.
48. Ahora bien, el Gobierno Nacional es el competente para determinar el
régimen prestacional aplicable al personal administrativo que labora en dichas
entidades, tal y como lo analizó la Sala de Consulta y Servicio Civil 10 de esta
Corporación con el siguiente razonamiento:
«[…] Dado que las personas que prestan sus servicios tanto en el área docente
como administrativa de las universidades del Estado son servidores públicos, que
el presupuesto de estas entidades proviene casi en su totalidad del Estado, que
por expresa disposición legal corresponde al Gobierno Nacional regular el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y que la ley 30 de 1992
consagró en el artículo 77 que el régimen salarial y prestacional de los profesores
de las universidades estatales se regirá por la ley 4ª de 1992 y demás normas
complementarias, la Sala considera que compete al Presidente de la República
fijar el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo de las
universidades oficiales.[…]».
49. Se advierte entonces que ni en vigencia de la Constitución de 1886 ni a partir
de la Carta de 1991, podían las entidades territoriales o las universidades
públicas expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos
internos o extralegales, pues no tenían facultades para ello; sin embargo para
analizar el caso concreto, es necesario revisar el contexto normativo general que
reguló el derecho pensional de los empleados territoriales paralelo a la
10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 15 de abril de 1998, Radicación:
1076.
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
expedición de dichos acuerdos, en aras de establecer la posible aplicación de los
mismos.
3.4. La posibilidad de los servidores públicos de beneficiarse de las
convenciones colectivas del trabajo
50. El Convenio 151 de la OIT, sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, prevé en su artículo 1.º que debe aplicarse a todas las
personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les
sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales
del trabajo. Adicionalmente, su artículo 7.º dispone:
«[…]
Artículo 7
Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones
nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de
procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las
organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o
de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los
empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.»
51. El Convenio 154 de la misma Organización se refiere al fomento de la
negociación colectiva, y se dirige a que sea posible entre todos los empleadores
y a todas las categorías de trabajadores a las cuales se aplica dicho Convenio.
52. La Constitución Política, en su artículo 55 garantiza el ejercicio del derecho a
la negociación colectiva, limitado únicamente a las excepciones que defina la ley;
por su parte, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo contiene la
limitación de las funciones de los sindicatos de empleados públicos, en los
siguientes términos:
«LIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES. Los sindicatos de empleados públicos no
pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero
los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones
de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán
en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer
huelga.» (Negrillas fuera del texto original).
53. La anterior diferenciación se fundamenta en la vinculación legal y
reglamentaria de los empleados públicos, la cual restringe la posibilidad de
afectar la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones del
empleo.
54. La Corte Constitucional mediante sentencia C-377 de 1998, al examinar la
exequibilidad de la Ley 411 de 1997 que aprobó el Convenio 151 antes citado,
consideró ajustada a la Constitución Política la diferenciación entre trabajadores
oficiales y empleados públicos, en lo relacionado con el ejercicio de la
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
negociación colectiva, para conceder a los primeros el goce del derecho
plenamente, y restringirlo para los segundos, bajo el argumento de que no se
puede afectar la facultad de las autoridades (Congreso, presidente en el plano
nacional, asambleas, concejos, gobernadores y a los alcaldes en los distintos
órdenes territoriales), de fijar autónomamente las condiciones del empleo.
55. Igualmente la Corte Constitucional, en la sentencia C-201 de 2002, mediante
la cual declaró la exequibilidad del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo,
así como la sentencia C-1234 de 2005 que declaró la exequibilidad condicionada
de la expresión contenida en el mismo artículo «Los sindicatos de empleados
públicos no pueden presentar pliego de peticiones ni celebrar convenciones
colectivas», explicó que para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva
consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, y de conformidad con los
Convenios 151 y 154 de la OIT, las organizaciones sindicales de empleados
públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las
condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al respecto formulen estos
sindicatos, mientras el Congreso de la República regule el procedimiento para el
efecto.
56. Posteriormente, a través del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 el Gobierno
Nacional reglamentó la Ley 411 de 199711, con el cual se reguló el procedimiento
para la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones sindicales
de empleados públicos, limitado exclusivamente a las condiciones de empleo
(art. 1), dentro del cual, si se llega a un consenso, no culmina con una convención
colectiva propiamente dicha, sino con un acuerdo colectivo (art. 13).
57. De acuerdo con todo lo anterior, se tiene que los sindicatos de empleados
públicos no pueden presentar pliego de peticiones, ni pueden beneficiarse de los
acuerdos contenidos en las convenciones colectivas.
3.5. Las situaciones pensionales consolidadas que ampara el artículo 146
de la Ley 100 de 1993
58. Con posterioridad a la expedición de la Carta Política de 1991, el Legislador,
teniendo en cuenta que en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales
extralegales contrarios al ordenamiento superior y a la ley, y a fin de salvaguardar
los derechos pensionales consolidados con fundamento en éstos, decidió avalar
las situaciones atípicas que así se presentaron como una expresión del contenido
del artículo 53 de la Constitución Política de 1991, en cuanto a la protección de
los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas preexistentes, lo
cual quedó consignado en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 en los siguientes
términos:
11 «Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública", adoptado en la 64
Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978.»
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por
disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de
carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en
disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de
jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas
vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos
descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones,
quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o
cumplan dentro de los dos años siguientes]12 los requisitos exigidos en dichas
normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas
a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente Ley.»
59. Como se aprecia, la norma en mención dispone que las situaciones jurídicas
de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 13, con
fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales,
continuarían vigentes; asimismo, quienes antes de su entrada en vigor obtuvieren
los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían
derecho a la pensión en las condiciones allí previstas, en aras de garantizar los
derechos adquiridos.
60. El citado artículo fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional
que mediante sentencia C-410 de 1997, declaró su exequibilidad y frente a las
disposiciones municipales y departamentales en relación con las pensiones,
indicó:
«[…] El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los
preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la
Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores.”.
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones
futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
12 Aparte entre paréntesis declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante
sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997.
13 A nivel territorial el sistema general de pensiones entró a regir a partir del 30 de junio de 1995, así se
desprende del parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 que señala: «PARÁGRAFO. El Sistema
General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a
regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad
gubernamental.»
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[…]
Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos
adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan,
dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación
compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha
trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función.” (Corte
Constitucional, Sentencia C-168 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)”
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos
de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de
la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con
anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar
vigentes [...]».
61. No sobra señalar, sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia
pensional en el nivel territorial, que el artículo 151 ibidem determinó que entraría
a regir a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente las
situaciones particulares que se definieron con anticipación a esa fecha deben ser
respetadas, sin embargo, el artículo 146 permitía la consolidación del derecho
dentro de los dos años siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad
Social, aparte que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
reseñada sentencia C-410 de 1997.
62. A partir de lo anterior, esta Corporación entendió que dicho aparte sí surtió
efectos respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre
el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo
45 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de
inexequibilidad tienen efectos hacia futuro, y toda vez que la sentencia de
constitucionalidad no moduló los efectos de su decisión, con lo cual, quedaron
amparadas las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron
con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio
de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General
en cada entidad territorial. Así lo concluyó la sentencia del 7 de octubre de 201014
«[…] Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se
consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con
fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su
ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100
de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997,
pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de
inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997,
dados los efectos de la misma.[…]»
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010, radicación:
1484-09.
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
63. Conforme con lo anterior, son dos las situaciones pensionales que a pesar
de ser de origen extralegal, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 merecen protección al amparo del artículo 146, así: (i) la de quienes
para el 30 de junio de 1997, tuvieran una situación jurídica definida, esto es, que
antes de ese plazo se cumplan los requisitos exigidos en las normas territoriales
y, ii) la de quienes en el sector territorial cumplieran los requisitos exigidos, es
decir, que hayan adquirido el derecho, así no lo tuvieran reconocido.
64. Finalmente, es relevante señalar que la Sala de Sección en sentencia de 29
de septiembre de 201115, concluyó que los reconocimientos pensionales
individuales sustentados en convenciones colectivas también están
comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley
100 de 1993.
3.6. Caso concreto.
65. La norma cuya aplicación solicita la demanda se encuentra contenida en la
Convención Colectiva de Trabajo de 1976, suscrita entre la Asociación Sindical
de Profesores Universitarios ASPU Seccional Atlántico y la Universidad de dicho
departamento, en cuyo artículo 9.º determinó las reglas para el reconocimiento
de la pensión de jubilación de sus beneficiarios (folios 46 y s.s del expediente
digital). Concretamente en lo relevante al particular, indicó:
«La Universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de jubilación
según las siguientes reglas:
a. Con más de diez (10) años de servicio y menos de quince (15) a cualquier
edad, y si es retirado sin justa causa, o sesenta (60) años de edad y se retire
voluntariamente,
b. Con quince (15) o más años de servicio y menos de veinte (20) a
cualquier edad si es retirado sin justa causa o renuncie voluntariamente.
c. Con veinte (20) años de servicio o más, cualquiera que sea la causa de la
terminación del contrato y a cualquier edad.
d. El monto de la pensión mensual de jubilación será el equivalente al cinco
por ciento (5%) del mayor salario mensual de su categoría por cada año de
servicio sin el tope máximo legal. […]». (Negrilla de la Sala)
66. Según se aprecia de las pruebas recaudadas, se advierte que el señor
Manuel de Jesús Ariza nació el 5 de enero de 1951 (fl. 1816) ha prestado sus
servicios a la Universidad del Atlántico en calidad de docente de tiempo completo,
desde el 16 de octubre de 1975 y continuaba laborando en esa institución, según
certificación expedida el 22 de septiembre de 2006 por la jefe de División de
15 Número interno de radicación: 2434-2010. Actor: Universidad del Atlántico contra Julia Lourdes Llanos
Borrero.
16
Archivo « 6ED_08EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO U HOJA DE VIDA PARTE 3.pdf.PDF». Expediente
digitalizado aportado en la segunda instancia.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
Recursos Humanos de la Universidad del Atlántico (foliatura 237 y 249 del
archivo pdf17) .
67. El 5 de abril de 1976, la Universidad del Atlántico y el Sindicato de
Trabajadores de dicho ente celebraron convención colectiva de trabajo, la cual
fue depositada el 18 de abril de 1977. ( Archivo «4ED_05ANEXOS - 2018-
00737.pdf.PDF»).
68. Como se advierte, para el 30 de junio de 1997 el causante no consolidó su
situación pensional a la luz del literal b) del artículo 9.º de la convención, como
quiera que (i) si bien había prestado más de 15 años de servicios en la
Universidad del Atlántico (ii) no había sido retirado del servicio «sin justa causa»
ni renunció voluntariamente.
69. En efecto, la regla convencional exigía específicamente, de una parte, quince
(15) o más años de servicio y menos de veinte (20) a cualquier edad, pero de
otra estableció dos formas de desvinculación de la entidad como son, ser retirado
sin justa causa o renunciar voluntariamente.
70. En este sentido, los tres supuestos del literal b) del artículo 9.º de la
convención colectiva de 1976, debieron consolidarse antes del 30 de junio de
1997 lo cual no ocurrió en este caso, por cuanto el causante continuó en la
prestación del servicio como consta en la certificación expedida en el año 2006.
71. Así las cosas, es evidente que el señor Ariza Acosta no tenía configurado un
derecho adquirido o una expectativa legítima para acceder a la prestación en la
forma solicitada al no haberse consolidado su situación pensional antes del 30
de junio de 1997, en razón a que no quedó convalidada por el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993, y por lo tanto, no tiene derecho a la prestación en los términos
solicitados en la demanda.
72. Por todo lo anterior se concluye que el señor Manuel de Jesús Ariza Acosta
no tiene derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación con fundamento
en una convención colectiva de trabajo, toda vez que su situación prestacional
no quedó convalidada al tenor de lo señalado por el artículo 146 de la Ley 100
de 1993, y tampoco quedó consolidada antes del 30 de junio de 1997, dado que
para el año 2006 seguía vinculado a la entidad demandada, razón que impone
confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que
negó las pretensiones de la demanda.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
73. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
17
«6ED_08EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO U HOJA DE VIDA PARTE 3.pdf»
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Rad icado : 08001233300020180073701 (3266 -2020)
De mandan te : M anuel d e Jes ús Ari za Acost a
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por el demandante, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, se
observa que se sustentaron las razones jurídicas que respaldan sus intereses y,
por ende, no se condenará en costas.
74. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección C, que negó las pretensiones
de la demanda interpuesta por Manuel de Jesús Ariza Acosta en contra de la
Universidad del Atlántico, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.– SIN CONDENA en costas, según las consideraciones expresadas
en este fallo.
TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.