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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00786-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00786-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- CONFIRMAR la sentencia del 13 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, por las razones expuestas en esta providencia. 2.- Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2018-00786-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

11 de mayo de 2023

Radicado: 08001-23-33-000-2018-00786-01 (25935)
Demandante: CARBONES DE LA JAGUA SA Y ABRAHAM SMIT

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de mayo dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00786-01 (25935)
Demandantes: CARBONES DE LA JAGUA SA Y ABRAHAM SMIT
Demandado: DIAN
Temas: Renta y CREE 2013. Renta presuntiva y base gravable mínima.
Artículo 189 [d] ET

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 13 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C, que resolvió1:

«PRIMERO. - DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos:

i) En relación con el impuesto de Renta y Complementarios - 2013:

• Liquidación Oficial de Revisión No. 022412017000019 del primero (1°) de junio de dos mil
diecisiete (2017) “Por la cual se modifica la Liquidación Privada presentada por Carbones de la
Jagua S.A, por concepto de impuesto de renta del año Gravable 2013”, proferida por la División
de Gestión de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

-. Resolución No. 992232018000017 del once (11) de mayo dos mil dieciocho (2018), "Por la
cual se decide un recurso de reconsideración”, proferida por la División de Gestión Jurídica de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ii) En relación con el impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE – 2013:

-. Liquidación Oficial de Revisión No. 900.006 del primero (1°) de junio de dos mil diecisiete
(2017), “Por la cual se modifica la Liquidación Privada presentada por Carbones de la Jagua
S.A, por concepto de impuesto sobre la renta para la equidad - CREE del año Gravable 2013”,
proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.

-. Resolución No. 900.003 del veintiséis (26) de abril dos mil dieciocho (2018), "Por la cual se
decide un recurso de reconsideración”, proferida por la División de Gestión Jurídica de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

TERCERO2. - Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a la accionada DIAN
a título de restablecimiento del derecho:

i) Declarar la firmeza de la “Declaración Privada Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE
– Privada No. 140, año gravable dos mil trece (2013), identificada con el Formulario No.
1401601145139, Stiker No. 91000229427245, presentada el veintidós (22) de abril de dos mil
catorce (2014)”.

1
Archivo 19 expediente digital.
2
Error de transcripción.

1
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00786-01 (25935)
Demandante: CARBONES DE LA JAGUA SA Y ABRAHAM SMIT

ii) Declarar la firmeza de la “Declaración Privada de renta y Complementarios o de Ingresos y
Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas
a Llevar Contabilidad – Privada No. 110, año gravable dos mil trece (2013), identificada con el
Formulario No. 1104602030405, Stiker No. 91000229422165, presentada el veintidós (22) de
abril de dos mil catorce (2014).”

iii) Y consecuencialmente, declarar que no hay lugar a la aplicación de la sanción prevista en el
artículo 658-1 del Estatuto Tributario al Representante Legal de la Compañía Abraham Smit,
contenida en la Resolución No. 900.003 del 26/04/2018.

CUARTO. - Sin costas en la instancia».

ANTECEDENTES

Impuesto sobre la renta año gravable 2013

El 22 de abril de 2014, CARBONES DE LA JAGUA SA3, presentó la declaración del
impuesto sobre la renta por el año gravable 2013, en la cual registró pérdida fiscal de
$29.632.485.000 y saldo a favor de $1.435.554.0004, solicitado en devolución el 2 de
julio de 20145.

El 30 de septiembre de 2014, por Auto de Apertura 022382014001465, la División de
Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla inició
investigación por el programa «POSTDEVOLUCIONES», en relación con la referida
declaración6.

El 1 de junio de 2017, previo requerimiento especial7 y respuesta a éste8, la División
de Gestión de Liquidación de la citada dirección seccional expidió la Liquidación Oficial
de Revisión 022412017000019, en la que modificó la declaración para desconocer
costos por compensaciones ($8.800.451.000), adicionar la renta presuntiva
($2.267.948.000), imponer sanciones por inexactitud ($907.179.000) y por disminución
de pérdidas ($3.520.181.000), para fijar un saldo a pagar de $3.558.792.000.
Adicionalmente, propuso imponer sanciones al representante legal y al revisor fiscal
por $885.472.0009. Contra este acto se interpusieron recursos de reconsideración10.

El 11 de mayo de 2018, mediante Resolución 992232018000017, la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, modificó
el acto liquidatorio para aceptar costos por compensaciones y levantar la sanción por
disminución de pérdidas, con lo cual confirmó la adición de la renta presuntiva, fijó la
sanción por inexactitud en $566.987.000 en aplicación del principio de favorabilidad,

3
El objeto social principal de la sociedad es la «prospección, exploración, explotación, producción, beneficio, transformación,
adquisición, enajenación, comercialización y transporte de carbón y cualquiera otra sustancia mineral asociada con el carbón».
Anexo 01.2 de la demanda.
4
Fl. 42 c.a. 1
5
Fls. 1-2 c.a. 1
6
Fl. 422 c.a. 3
7
Requerimiento Especial 022382016000044 de 20 de septiembre de 2016, notificado por correo el 23 de septiembre de 2016.
Fls. 1188 a 1200 c.a. 6
8
Respuestas de la sociedad fls. 1220 a 1267 c.a. 7; del revisor fiscal fls. 1291 a 1348 c.a. 7 y del representante legal fls. 1488 a
1536 c.a. 8
9
Fls. 1559 a 1586 c.a. 8
10
Del revisor fiscal fls. 1591 c.a. 8 a 1667 c.a. 9; de la sociedad fls. 1705 a 1765 c.a. 9; del representante legal fls. 1790 a 1849
c.a. 10-1

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Demandante: CARBONES DE LA JAGUA SA Y ABRAHAM SMIT

para determinar el saldo a favor en $301.580.000. Las sanciones al representante legal
y al revisor fiscal fueron revocadas11.

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE año gravable 2013

El 22 de abril de 2014, CARBONES DE LA JAGUA SA presentó la declaración de CREE
del año gravable 2013, en la que liquidó una base gravable mínima de $0 y un saldo
a favor de $3.726.238.00012, solicitado en devolución el 11 de julio de 201413.

El 13 de octubre de 2015, por Auto de Apertura 022382015001271, la División de
Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla inició
investigación por el programa «POSTDEVOLUCIONES», en relación con la referida
declaración14.

El 1 de junio de 2017, previo requerimiento especial15 y respuesta a este16, la División
de Gestión de Liquidación de la dirección seccional señalada expidió la Liquidación
Oficial de Revisión 900.006, en la que modificó la declaración para desconocer costos
por compensaciones ($8.800.451.000), adicionar la base gravable mínima
($2.267.948.000) e imponer sanción por inexactitud ($326.584.000), para fijar el saldo a
favor en $3.195.539.000. Adicionalmente, propuso imponer sanciones al
representante legal y al revisor fiscal por $65.317.00017. Contra este acto se
interpusieron recursos de reconsideración18.

El 26 de abril de 2018, mediante Resolución 900.006, la División de Gestión Jurídica
de la citada dirección seccional, modificó el acto liquidatorio para disminuir la sanción
por inexactitud en aplicación del principio de favorabilidad (100 %) y fijarla en
$204.115.000, para determinar el saldo a favor en $3.318.008.000. Las sanciones al
representante legal y al revisor fiscal las estableció en $40.823.00019.

DEMANDA

CARBONES DE LA JAGUA SA y ABRAHAM SMIT, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, formularon las siguientes:
«PRETENSIONES

A. En cuanto a la Compañía:

1.1. Primera: Que se declare la nulidad de (i) la Liquidación Oficial de Renta, (ii) la
Liquidación Oficial de CREE, (iii) la Resolución del Recurso de Renta y (iv) la Resolución
del Recurso de CREE, actos que fueron debidamente identificados al inicio de esta
demanda.
1.2. Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a
la Compañía, al declarar que sus liquidaciones privadas del impuesto sobre la renta y

11
Fls. 2113 a 2155 c.a. 10-3.
12
Fl. 4 c.a. 1
13
Fls. 1 a 3 c.a. 1
14
Fl. 473 c.a. 3
15
Requerimiento Especial 900004 del 19 de septiembre de 2016, notificado por correo el 22 de septiembre de 2016. Fls. 968 a
980 c.a. 5
16
Fls. 1000 a 1047 c.a. 6
17
Fls. 1335 a 1362 c.a. 7
18
Fls. Del revisor fiscal fls. 1367 c.a. 7 a 1443 c.a. 8; del representante legal fls. 1481 a 1540 c.a. 8; de la contribuyente fls. 1568
c.a. 8 a 1628 c.a. 9.
19
Fls. 1708 a 1768 c.a. 9.

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del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año gravable 2013 han quedado
en firme. Y por lo mismo, no se tiene que realizar ningún pago adicional a la DIAN por
concepto de estos impuestos, ni de anticipos, sanciones, actualizaciones o intereses
moratorios.

B. En cuanto al representante legal:

1.3. Tercera: Que, se declare la nulidad de (i) la Liquidación Oficial de CREE, y (ii) la
Resolución del Recurso de CREE, actos que fueron debidamente identificados al inicio
de esta demanda.

1.4. Cuarta: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a
Abraham Smit, al declarar que no hay lugar a la aplicación de la sanción prevista en el
artículo 658-1 del Estatuto Tributario por su condición de Representante Legal de la
Compañía y firmante de las declaraciones tributarias objeto de discusión en este
proceso».

Invocaron como normas violadas, las siguientes:

• Artículo 29 de la Constitución Política
• Artículo 3 [1] del CPACA
• Artículo 176 del Código General del Proceso
• Artículos 77, 107, 147,189 [d], 647, 658-1, 705, 706 y 742 del Estatuto Tributario
• Artículo 22 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 39 del Decreto 2649 de 1993
• Artículo 264 de la Ley 223 de 1995
• Artículo 20 del Decreto 4048 de 2008
• Artículo 197 de la Ley 1607 de 2012
• Artículo 3 del Decreto 2701 de 2013, modificado por el artículo 6 del Decreto
3048 de 2013

Como concepto de violación expusieron, en síntesis, lo siguiente:

Las declaraciones de renta y CREE se encuentran en firme: La declaración del CREE
está en firme, toda vez que el término especial de cinco años previsto en el artículo
147 del ET no le es aplicable, en cuanto se refiere a las declaraciones de renta en las
que se liquiden pérdidas; la inspección tributaria practicada en la investigación
adelantada por este tributo, no suspendió los términos conforme al artículo 706 ib.,
pues no se le notificó a la actora el acta respectiva, con lo cual se vulneró el derecho
de defensa y el debido proceso, y no se cumplieron los requisitos del artículo 779 del
ET; como la solicitud de devolución se radicó el 11 de julio de 2014, el término de
firmeza operó el 11 de julio de 2016, y el requerimiento especial se notificó el 22 de
septiembre de 2016.

El denuncio rentístico adquirió firmeza en relación con la liquidación de la renta
presuntiva y las sanciones, únicos aspectos en discusión, ya que como lo precisó la
jurisprudencia, el artículo 147 del ET le otorga la facultad a la DIAN de revisar las
declaraciones tributarias por el término de cinco años, solo respecto de las pérdidas
fiscales, y no sobre las demás partidas incluidas en la declaración.

La inspección tributaria decretada por el impuesto sobre la renta no cumplió las
condiciones legales para que operara la suspensión de términos para proferir el
requerimiento especial, en cuanto no se le notificó a la sociedad el acta pertinente, y

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sin que la misma se notificara con el requerimiento especial. Como la solicitud de
devolución se radicó el 2 de julio de 2014, el término de firmeza operó el 2 de julio de
2016, y el requerimiento especial se notificó el 23 de septiembre de 2016.

Las compensaciones originadas en el contrato de gran minería son costos procedentes
en la liquidación del CREE: Del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, reglamentado por
el artículo 3 del Decreto 2701 de 2013, se concluye que, los contribuyentes del CREE,
pueden solicitar como costos los aceptados para la determinación del impuesto sobre
la renta; las compensaciones pagadas por la actora constituyeron costos bajo las
normas contables y tributarias, toda vez que: (i) se originaron en lo pactado en la
cláusula 33 del contrato de minería, y se trató de un pago requerido por la autoridad
minera para la extracción, explotación, utilización, beneficio y comercialización del
carbón -objeto social de la actora-; (ii) son erogaciones relacionadas con la generación
de ingresos de la sociedad; (iii) se registraron en la cuenta 731596000, hecho
verificado por la DIAN y, (iv) cumplen los requisitos de necesidad, proporcionalidad y
relación de causalidad con la actividad productora de renta conforme al artículo 107
del ET, pues se trató de un pago obligatorio para el desarrollo del objeto social de la
compañía, que se tasó en el 3 %.

Se debe aceptar la procedencia de las compensaciones como costos en la depuración
del CREE, porque las mismas fueron aceptadas en el impuesto sobre la renta con
ocasión de la resolución del recurso de reconsideración, y en la investigación iniciada
por el mismo tributo a Carbones El Tesoro, compañía vinculada a la actora; en virtud
de los artículos 22 de la Ley 1607 de 2012 y 3 del Decreto 2701 de 2013, los costos
procedentes en el impuesto sobre la renta lo son en el CREE. Además, en virtud del
principio de coordinación, la DIAN debió adoptar la posición de renta en el CREE.

La DIAN partió de una confusión conceptual al asimilar los conceptos de costos y
deducciones (gastos); por ello, las consideraciones de la resolución del recurso del
CREE, sobre los requisitos para la aceptación de deducciones son impertinentes e
inútiles, pues lo que se discute son costos que cumplen los requisitos previstos en el
Estatuto Tributario para este tipo de erogaciones. Sí las compensaciones fueran
gastos, también son deducibles en el CREE, por acreditar los requisitos del artículo
107 del ET.

Las consideraciones sobre la aplicación del artículo 116 del ET y del Concepto 015766
del 17 de marzo de 2005, son irrelevantes, pues la sociedad no invocó a su favor la
aplicación de esa norma a la deducción de impuestos, regalías y contribuciones, y las
compensaciones son contraprestaciones pactadas contractualmente a favor del
Estado por su concurso en la explotación de recursos naturales no renovables, como
lo ha aceptado la DIAN, y no se trata de una entidad descentralizada.

Como sucedió con el artículo 116 del ET, la DIAN invocó el Concepto 015766 del 17
de marzo de 2005, no aplicable al caso, en cuanto se refiere al tratamiento de las
regalías como costos o deducciones en el impuesto sobre la renta, y fue declarado
nulo por el Consejo de Estado en sentencia 19950, la cual confirmó que la ausencia
de una norma expresa que establezca la procedencia de un costo o deducción no
puede ser motivo de rechazo, pues existen normas generales -artículos 77 y 107 del ET-,
cuya aplicación debe analizarse en cada caso, como ocurre con las compensaciones
que cumplen los requisitos en ellas señalados.

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Aunque en el año 2013 la sociedad reconoció en la cuenta 731596000
compensaciones por $8.800.451.305,58, teniendo en cuenta la producción de carbón,
solo solicitó como costo el valor de $8.313.378.802,35 correspondiente al carbón
producido y vendido, por lo que la diferencia de $487.072.503 fue llevada como mayor
valor del inventario final del año 2013. No es admisible que la DIAN rechace la primera
cifra, pues no fue la que solicitó; además en renta se revocó esta glosa, lo que confirma
que no existió diferencia como se sostuvo en los actos del CREE.

La totalidad de los bienes deben excluirse de la depuración de la base gravable
mínima/renta presuntiva, porque se encuentran directamente vinculados a la
explotación de carbón: Aunque los sistemas presuntivos en CREE y renta se
denominan de manera distinta, están sometidos a las mismas reglas de liquidación
previstas en los artículos 189 y 193 del ET; teniendo en cuenta que en el año gravable
2013, la compañía presentó pérdida fiscal en el impuesto sobre la renta y, en CREE,
la renta líquida fue de cero, determinó los impuestos por renta presuntiva y base
gravable mínima conforme al artículo 189 [a y d] del ET, lo que dio como resultado
cero, en cuanto excluyó las acciones poseídas en sociedades nacionales, y los demás
activos de la empresa por estar relacionados con el desarrollo de la actividad minera.

De dicha depuración, la DIAN aceptó la exclusión del valor de las acciones poseídas
en sociedades nacionales, pero estimó que activos como los inventarios, cuentas por
cobrar, efectivo, dinero en bancos, entre otros bienes, no podían excluirse del cálculo,
por considerar que hacen parte de la actividad comercial y no de la actividad minera
que, a juicio de la Administración, se reduce a la extracción de carbón.

La interpretación de la DIAN es errada, porque la actividad económica de la actora es
la «extracción de hulla (carbón de piedra)» y es titular del contrato de gran minería 285-
95, cuyo objeto es la explotación de un proyecto carbonífero de gran minería en sus
etapas de exploración hasta factibilidad, construcción, montaje y explotación
carbonífera en la Jagua de Ibirico, Cesar. Para desarrollar la actividad de explotación
de carbón cuenta con personal y activos, como se advierte de (i) los certificados de
pago de los aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores; (ii) las cuentas
72 (2012 y 2013) en las que se registran los costos causados por concepto de salarios,
prestaciones, contribuciones a la seguridad social, entre otras, (iii) los certificados del
revisor fiscal aportados en los que se detallan los activos fijos que utiliza la sociedad
para la extracción y comercialización de carbón (camiones, taladros, torres de iluminación,
radios), de acuerdo con las cifras contables a 31 de diciembre de 2012 y 2013 y, (iv)
los estados financieros de 2012 y 2013, en los que están todos los activos utilizados
por la compañía para la explotación de carbón.

Asimismo, para desarrollar sus operaciones de manera más eficiente, suscribió un
acuerdo de uso integrado de infraestructura minera con dos compañías vinculadas
(Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro), aprobado por Ingeominas mediante
Resolución SFOM-0723, con el objeto de compartir maquinaria, equipos
infraestructura y demás activos de su propiedad, necesarios para la extracción y
explotación de carbón en las áreas contratadas con la autoridad minera, colindantes
entre sí.

De manera complementaria, suscribieron un contrato de colaboración empresarial con
la finalidad de unir esfuerzos para la adquisición de bienes y servicios requeridos para
llevar a cabo las operaciones de minería, en el cual se pactó una metodología para la
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identificación de los costos compartidos entre las partes y el reparto de las sumas
incurridas.

Los conceptos compartidos aluden a las erogaciones necesarias para operar y
mantener la maquinaria e infraestructura que las partes comparten bajo el acuerdo de
uso integrado, y desarrollar la exploración y explotación de carbón en cada una de las
áreas contratadas por las partes. Lo anterior incluye costos por mano de obra directa
(personal que trabaja directamente en la mina) como salarios, prestaciones sociales,
vacaciones, contribuciones parafiscales (cuenta 72), explosivos, (cuenta 7395750001),
combustibles para la operación de maquinaria (739535) y mantenimiento de la
maquinaria (7401450000), entre otros.

Frente a la insinuación de la DIAN de que el contrato de colaboración es un formalismo
documental, porque la sociedad no tiene maquinaria y activos para desarrollar la
actividad minera, se ratifica que la compañía cuenta con diferentes activos y personal
para desarrollar su actividad minera, y el contrato de colaboración es real y se deriva
de un acuerdo de uso integrado de infraestructura minera que fue aprobado por la
autoridad competente, el cual se encuentra debidamente soportado, está vigente y sus
estipulaciones son cumplidas por las partes, como se observa en las actas de reparto
de costos que se aportan.

La Administración no entendió la operación económica desarrollada por la compañía,
ni revisó las pruebas entregadas, o a lo sumo, los estados financieros que demuestran
que sí cuenta con personal y activos para la extracción de carbón; de manera
coherente, se observa en el libro mayor y en la conciliación contable y fiscal que, en
los años 2012 y 2013, la mayoría de los ingresos correspondieron a ventas de carbón
por valor de $298.075.054.724 y 354.464.440.450, respectivamente.

Para que proceda el beneficio previsto en el artículo 189 [d] del ET, se deben cumplir
tres requisitos: (i) que exista una empresa, (ii) la cual tenga como objeto social
exclusivo la minería, distinta a la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos y,
(iii) que los bienes estén vinculados directamente a la misma.

Conforme a los artículos 25, 99 y 110 el Código de Comercio, la noción de empresa
alude al único negocio desarrollado por la sociedad, con independencia de que existan
actividades complementarias con una clara y directa relación de medio a fin, como lo
precisó la Superintendencia de Sociedades en el Concepto 220-046968 de 2013.

Para establecer en qué casos una empresa tiene por objeto social exclusivo la minería,
es necesario acudir a las definiciones de «minería» y «explotación (industria minera) 1.
Proceso de extracción y procesamiento de los minerales, así como la actividad orientada a la
preparación y el desarrollo de las áreas que abarca el depósito de mineral. Es la aplicación de
un conjunto de técnicas y normas geológico-mineras y ambientales, para extraer un mineral o
depósito de carácter económico, para su transformación y comercialización», contenidas en
el Decreto 2191 de 2003 -Glosario Técnico Minero-, las cuales clarifican que la actividad
minera por excelencia es la explotación del carbón, la que a su vez comprende la
extracción y comercialización de dicho mineral, actividad desarrollada por la sociedad.

La DIAN parte de una premisa errada al considerar que los únicos bienes que pueden
ser excluidos bajo el artículo 189 [d] del ET, son las máquinas e infraestructura
necesarias para extraer carbón, sin tener en cuenta que esa distinción no está prevista

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en la norma, aunado a que «bienes vinculados con la empresa cuyo objeto social exclusivo
sea la minería» alude a la definición de empresa prevista en el derecho comercial, la cual
supone la utilización de distintos bienes con el propósito de mantener una actividad
económica que tiene vocación de permanencia, por lo que todos ellos conforman una
unidad (establecimiento de comercio) y coadyuvan a la realización de los fines del
negocio del empresario; por ello, las cuentas por cobrar, los inventarios, los mobiliarios
y demás activos que la conforman están vinculados directamente con ella, y resultan
necesarios para desarrollar sus fines, mantenerla, obtener ingresos y generar
rentabilidad.

La actividad minera no solo incluye la extracción de carbón, sino el proceso destinado
a su transformación y comercialización; como lo ha sostenido el Consejo de Estado,
una actividad industrial no se realiza para mantener productos almacenados sino para
comercializarlos. A continuación, se demuestra que los bienes en discusión están
vinculados directamente con la actividad minera:

• Efectivo y bancos por $3.476.001.363: forman parte del capital de trabajo necesario
para que la empresa desarrolle sus actividades, como pagar a sus proveedores,
adquirir bienes y servicios para el proceso extractivo minero y cumplir las demás
obligaciones que se derivan de este; igualmente, el efectivo es el resultado del mismo
ejercicio de la actividad minera, pues proviene de las ventas de carbón que realiza la
compañía con el propósito de llevar adelante su negocio.

• Cuentas por cobrar por $69.730.697.000: corresponden a: (i) CI Prodeco SA
($33.657.286.000), derivadas de la venta de carbón y de servicios mineros, sociedad
a la que en el 2012, se le vendió el 100 % de la producción de carbón, como constata
en los estados financieros; (ii) Carbones El Tesoro ($11.278.087.000) por la prestación
de servicios mineros por uso compartido de la infraestructura; (iii) anticipo de impuestos
y contribuciones ($7.032.288.000), el cual incluye el saldo a favor de las declaraciones
de renta e IVA; (IV) deudores varios ($6.320.551.000), principalmente, anticipos a
Ingeominas para ser compensadas con las liquidaciones trimestrales de regalías; (v) a
trabajadores ($389.670.000); a largo plazo ($9.785.206.000), que corresponden a
anticipos para compra de llantas para los camiones de la compañía, y anticipos de IVA
en activos fijos.

Las cuentas por cobrar, al igual que el efectivo y los bancos, son el resultado del
ejercicio de la actividad minera y una condición necesaria para desarrollarla, por ello,
tienen vinculación directa con dicha actividad. Además, reúnen la calidad de «bienes»
según el artículo 653 del Código Civil por su condición de incorporales, en tanto
corresponden a derechos de crédito en los términos del artículo 666 ib.

• Inventarios: de carbón ($16.432.159.777) y repuestos y materiales de maquinaria
($30.566.341.376); el primero, es el resultado de la actividad minera que se vende para
obtener ingresos, que a su vez está representado en cuentas por cobrar. Los repuestos
son activos necesarios para extraer el carbón, en caso de que existan averías o sea
necesario realizar mantenimientos.

La DIAN desconoció su propia doctrina pues, aunque en la actuación administrativa se
invocó el Concepto 36268 del 22 de diciembre de 2015, para sustentar que de la base
presuntiva se podían excluir todos los bienes que se encuentren directamente
relacionados con la actividad minera, no la aplicó.

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Percibir ingresos no operacionales, la mayoría, por diferencia en cambio, no significa
que el objeto social de la actividad minera deje de ser exclusivo por el hecho de realizar
actividades complementarias, las cuales tienen una relación directa de medio a fin con
dicho objeto.

La sentencia del Consejo de Estado el 22 de febrero de 2018, dentro del expediente
20859, no es pertinente para decidir este asunto, porque los hechos y supuestos
difieren de los aquí debatidos, en tanto el demandante desarrollaba actividades
diferentes a la exploración y explotación minera.

Nulidad por falsa motivación: La DIAN violó el debido proceso en cuanto no demostró
que su decisión se basó en argumentos y elementos probatorios que llevaran al
convencimiento de que la sociedad incumplió sus obligaciones fiscales; utilizó fuentes
no aplicables al caso, e incluso contradictorias, y omitió en varias oportunidades el
análisis de los contratos y de las pruebas aportadas por la compañía.

Sanción por inexactitud: No es procedente su imposición, porque la sociedad no
incurrió en las conductas descritas en el artículo 647 del ET, en su versión vigente para
el año 2013, pues no omitió ingresos o parte de su patrimonio, y no incluyó costos
inexistentes, por lo que los factores incluidos en las declaraciones son reales
completos y veraces.

Al margen de lo anterior, existe diferencia de criterios alrededor de la interpretación del
derecho aplicable; en cuanto a las compensaciones, la DIAN aceptó su procedencia,
y frente a la liquidación de la base gravable mínima/renta presuntiva, la discusión gira
alrededor de la interpretación del artículo 189 [d] del ET, y la posición de la compañía
está amparada en la ley, la jurisprudencia, la doctrina de la DIAN y la regulación
minera.

Sanción al representante legal: La sanción impuesta al representante legal en los actos
del CREE debe ser levantada, como ocurrió en la resolución del recurso de renta, la
cual reconoció que las compensaciones eran costos procedentes.

La Administración vulneró los derechos de defensa y debido proceso al no cumplir el
procedimiento establecido en el artículo 658-1 del ET y no adelantar el proceso
sancionatorio de manera individualizada, como lo exige la Corte Constitucional, en
tanto no expidió acto previo o preparatorio a la imposición de la multa. Además, esa
norma solo se debe aplicar cuando existan casos de evasión o fraude, circunstancia
que no ocurrió en este caso.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, y solicitó condenar en costas a
la demandante, con fundamento en lo siguiente20:

Firmeza de las declaraciones de CREE y Renta: De acuerdo con los artículos 706 y
779 del ET, el término de notificación del requerimiento especial se suspende por tres

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Archivo 06 expediente digital.

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meses, si dentro de estos se practica inspección tributaria, plazo que corre a partir de
la notificación del auto que decreta la diligencia.

Como la sociedad presentó la solicitud de devolución del saldo a favor declarado en
CREE el 11 de julio de 2014, el fisco tenía hasta el 11 de julio de 2016 para ejercer su
facultad fiscalizadora, término que se amplió por tres meses, hasta el 11 de octubre de
2016, en cuanto decretó y practicó inspección tributaria el 5 de noviembre de 2015,
como consta en el acta de visita de dicha fecha. Por ello, la notificación del
Requerimiento Especial 900.004, efectuada el 22 septiembre de 2016, se realizó
dentro del término establecido para la expedición de este acto preparatorio.

Teniendo en cuenta que en la declaración de renta del año 2013, se registró pérdida
fiscal, el término de firmeza era de cinco años conforme al artículo 147 del ET, sin que
sea cierto que para los demás renglones del denuncio el término sea de dos años; las
sentencias referidas por la actora no hacen tal afirmación y no existe doctrina de la
DIAN que respalde dicha tesis.

De acuerdo con el artículo 783 del ET, solo se debe dar traslado del acta de la visita
sino se profiere requerimiento especial, lo cual no ocurrió, toda vez que se el mismo
se expidió y fue notificado el 26 de septiembre de 2016, acto al cual se incorporó el
acta de inspección tributaria.

Como el término de cinco años se amplió por tres meses debido a la práctica de la
inspección tributaria, hasta el 22 de julio de 2019, la notificación del requerimiento
especial del 23 de septiembre de 2016 fue oportuna, sin que operara la firmeza de la
declaración de renta por el año 2013.

Rechazo de los costos por compensaciones en el CREE: Solo procedían para la
sociedad las deducciones establecidas en la Ley 1607 de 2012 y en el Decreto 2701
de 2013, e igualmente se verificaron los soportes de los costos, la cuenta 7315960000,
el contrato de gran minería 285-95, celebrado con Ecocarbón (hoy, Agencia Nacional de
Minería ANM), de donde se estableció que la compensación fue pactada como una
participación económica al Departamento del Cesar del 3 %, las normas
constitucionales, la Ley 141 de 1994, la Sentencia C-251 de 2003 y la cartilla del
Departamento Nacional de Planeación.

No obstante, se estableció que la sociedad no cuenta con sustento legal ni
jurisprudencial para deducir el pago realizado como contraprestación de origen
contractual por la explotación de recursos naturales no renovables del Estado, lo que
hace improcedente la deducibilidad de las compensaciones por incumplimiento de los
presupuestos establecidos en las normas fiscales.

Determinación de la renta presuntiva/base gravable mínima: No le asistió razón a la
actora cuando afirmó, con base en las normas del Código Civil que, para el cálculo de
la renta presuntiva y la base gravable mínima, podía excluir todos los bienes que
integran su patrimonio pues, en materia fiscal, existe regla especial. El artículo 189 [d]
del ET aludió a los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social
exclusivo sea la minería, y listó los bienes objeto de depuración, sin que los mismos
puedan confundirse con las exclusiones consagradas en el artículo 191 ib. Como la
minería que explota la sociedad es a cielo abierto, los bienes que podía detraer de la

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depuración de la renta presuntiva y de la base gravable mínima, eran solo los
destinados a actividades mineras desarrolladas en la superficie.

Aunque para acogerse al beneficio del artículo 189 [d] del ET la actora se
autodenomina empresa exclusiva en minería, al comparar los ingresos no
operacionales (compañías vinculadas, venta de repuestos, intereses y diferencia en cambio)
con los ingresos operacionales (venta de carbón), se advierte que por los primeros
registra un valor de $338.136.787.000, y por los segundos $354.464.450.450.

Como la demandante no allegó soportes que demostraran cómo cada uno de los
bienes estaban vinculados directamente a la empresa de la minería, la Administración
tomó el rubro correspondiente a los activos fijos que son, en esencia, sobre los cuales
es predicable la depuración de que trata el artículo 189 [d] del ET. Así, al no tener
maquinaria ni equipos propios o arrendados para la extracción de carbón y recibir
ingresos por la venta del mineral a su vinculada Prodeco SA, de contado o a crédito,
su actividad es comercial, y no minera, y consecuentemente, no posee bienes
susceptibles de restarse del cálculo de la renta presuntiva. Además, fue necesario
desglosar los activos registrados en la contabilidad de la contribuyente y en el anexo
a la declaración de renta, pues no suministró esa información a pesar de que se solicitó
en la actuación administrativa; sin embargo, no se encontraron activos vinculados a la
actividad minera.

Aun cuando la compañía tiene por objeto social y actividad económica la extracción de
hulla (carbón de piedra), al no tener los elementos esenciales para desarrollar la
actividad minera, como personal fijo o temporal, no tener maquinaria ni equipos propios
o arrendados vinculados directamente a esta, no aplica el artículo 189 [d] del ET por
el simple formalismo documental de tener firmado un contrato de colaboración con
empresas vinculadas, con los mismos socios, donde no se establece el aporte de cada
uno en el contrato para determinar su porcentaje de participación, lo cual denota que
la compañía no se ubica en la actividad del carbón y sus derivados, sino en el
subsector del comercio, del cual deriva sus ingresos, por lo que se justifica la ausencia
de bienes para el desarrollo de la actividad.

Falsa motivación: No hubo falsa motivación ni violación al debido proceso, porque los
actos administrativos expedidos en el proceso de determinación contienen la
explicación detallada de las razones de hecho y de derecho que generaron la adición
de renta presuntiva y la imposición de la sanción por inexactitud, se invocaron los
medios de prueba en los que se sustentaron y se citaron y evaluaron la normativa
aplicable.

Sanción por inexactitud: Procede su imposición, porque en la depuración de la base
gravable mínima y la renta presuntiva la actora restó el valor patrimonial neto de bienes
que no estaban vinculados directamente a la actividad minera, lo cual derivó en un
menor saldo a favor; además, en el CREE se incluyeron costos inexistentes. No se
presenta diferencia de criterios, pues la actora desconoció el artículo 189 [d] del ET.

Sanción al representante legal en CREE: Se configuraron los hechos sancionables,
porque en la declaración del CREE se incluyeron costos inexistentes y se omitió la
base gravable mínima, denuncio que fue aprobado con la firma del representante legal.

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No se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso, pues se siguió el
procedimiento del artículo 658-1 del ET; en cuanto a la sanción impuesta en la
liquidación del CREE, fue previamente propuesta en el requerimiento especial, acto
sobre el que no existe prueba de una indebida notificación; además se identificaron los
sancionados, las conductas, el fundamento legal y cálculo de forma separada.

AUDIENCIA INICIAL

Conforme al artículo 13 del Decreto 806 de 202021, no se llevó a cabo la audiencia
inicial y se prescindió de la audiencia de pruebas, en cuanto no se formularon
excepciones y no se solicitó la práctica de pruebas. En consecuencia, se tuvieron como
pruebas las allegadas con la demanda y la contestación y se dio traslado a las partes
para alegar de conclusión.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Atlántico anuló los actos administrativos acusados y, a
título de restablecimiento del derecho, declaró la firmeza de las declaraciones
privadas, sin condenar en costas, con fundamento en lo siguiente22:

Firmeza de las declaraciones de renta y CREE: De la interpretación sistemática de los
artículos 689-1 y 147 del ET y teniendo en cuenta que la actora solicitó compensación
de pérdidas, y que se realizó inspección tributaria de oficio, el término de firmeza de
las declaraciones privadas era de cinco años y tres meses, y no de dos años. Como
las declaraciones privadas se presentaron el 22 de abril de 2014, la notificación de los
requerimientos especiales (22 y 23 de septiembre de 2016) se hizo de manera oportuna,
esto es, dentro del término de firmeza (23 de julio de 2019).

Rechazo de costos por concepto de compensaciones en el CREE: Conforme a la
sentencia proferida por el Consejo de Estado el 26 de febrero de 2020, en el
expediente 23382, y al artículo 116 del ET, vigente para la época de los hechos, los
pagos por regalías pueden ser deducidos por los contribuyentes según el artículo 38
de la Ley 75 de 1986, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 del ET.

La DIAN, al resolver el recurso de reconsideración relacionado con el impuesto sobre
la renta, aceptó como deducibles, conforme a las pruebas allegadas, los costos
correspondientes al contrato de minería, por tener carácter obligatorio y reunir los
requisitos del artículo 107 del ET; por ello, no se entiende el rechazo de tales costos
en el CREE, cuando los supuestos facticos guardaron identidad, lo que lleva a concluir
la DIAN vulneró los principios de igualdad y de seguridad jurídica, en cuanto resolvió
un caso igual de maneras distintas en dos actos administrativos.

Aplicación del artículo 189 [d] del ET: Según lo previsto en esta norma y en el Decreto
2191 de 2003, solo se puede deducir para el cálculo de la renta presuntiva/base
gravable mínima el valor patrimonial de activos vinculados directamente a la actividad
minera, sin que los bienes relacionados con la actividad comercial gocen del beneficio.

21
Auto del 3 de noviembre de 2020. Archivo 13 expediente digital.
22
Archivo 19 expediente digital.

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De conformidad con el razonamiento de la DIAN, ninguno de los bienes contenidos en
el anexo 10 de la respuesta al auto de inspección tributaria tienen una relación directa
con la explotación minera, lo cual resulta incongruente con las actividades comerciales
del contribuyente, y respecto de las cuales tributa, máxime, si se tiene en cuenta que
la accionada no efectuó un análisis serio de la exclusión de los bienes del contribuyente
para la sustracción de los mismos en relación con el beneficio que otorga el artículo
189 [d] del ET; como lo señaló la actora, hubo una inadecuada valoración probatoria.

Aunque con la respuesta al requerimiento especial la actora relacionó los bienes
involucrados en el proceso de extracción de carbón, en los actos acusados los mismos
no se analizaron para determinar si estaban cobijados por el artículo 189 [d] del ET,
sino que, mediante un concepto general, concluyeron que ninguno de los bienes eran
depurables de la renta presuntiva, en cuanto la sociedad no tenía en forma exclusiva
como objeto social la minería. No le asistió razón a la DIAN al afirmar que no se
allegaron pruebas que demostraran los presupuestos previstos en la norma, lo que
violó el principio de legalidad.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la sentencia
de primera instancia y estudiar la procedencia de la condena en costas23.

No es objeto de impugnación el rechazo de los costos por concepto de
compensaciones -estudiado en el fallo recurrido y frente al cual se concluyó su procedencia-, toda
vez que la entidad aceptó dichos costos en sede administrativa; lo que es objeto de
apelación, es lo considerado por el Tribunal sobre la falsa motivación y la violación del
principio de legalidad, en relación con la aplicación del artículo 189 [d] del ET.

No existe soporte probatorio que demuestre que la actora podía excluir de la base del
cálculo de la renta presuntiva y la base gravable mínima, el valor patrimonial neto de
todos los activos sin distinguir si están vinculados directamente o no a la actividad
minera. Pese a que la compañía tiene por objeto social y actividad económica la
extracción de hulla (carbón de piedra), al no tener los elementos esenciales para
desarrollar la actividad minera, como personal fijo o temporal, no tener maquinaria ni
equipos propios o arrendados vinculados directamente, no aplica el artículo 189 [d] del
ET por el solo formalismo documental de tener firmado un contrato de colaboración
con empresas vinculadas, con los mismos socios, donde no se establece el aporte de
cada uno en el contrato para determinar su porcentaje de participación, lo cual denota
que la compañía no se ubica en la actividad del carbón y sus derivados, sino en el
subsector del comercio del cual deriva sus ingresos, por lo que se justifica la ausencia
de bienes para el desarrollo de la actividad.

La relación de bienes -efectivo, bancos, cuentas por cobrar, inventario, propiedad planta y
equipo, intangibles y diferidos-, no es suficiente para comprobar que están directamente
vinculados con la actividad de la minería, por lo que no se acepta que se validen por
falta de análisis, para ser tenidos en cuenta en la depuración de la renta presuntiva y
base gravable mínima pues, es claro, que dichos activos no están vinculados
directamente con la actividad de minería a cielo abierto, razón por la cual la

23
Archivo 19 expediente digital.

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Administración los excluyó de la depuración. La sentencia del Consejo de Estado
dentro del expediente 20859, es aplicable, por contener la interpretación que debe
hacerse del artículo 189 [d] del ET.

Es diferente la inexistencia de soporte probatorio -como ocurrió en este caso-, con la falta
de valoración de la información, como lo determinó el Tribunal. Con las pruebas
allegadas no se demostró que la actividad minera se ejecutara en su totalidad por la
demandante, aspecto no analizado por el fallador, y que respalda la glosa planteada
por la DIAN, razón por la cual no se comparte la afirmación según la cual todos los
bienes de la empresa son pasibles de ser restados del cálculo de la renta presuntiva,
pues la prerrogativa fue estatuida para aquellos directamente vinculados a la actividad
minera que desarrolla la compañía, supuesto de hecho que no fue probado.

Se difiere cuando el fallador dice que no hubo un análisis probatorio serio, por cuanto
desconoce el análisis realizado, restándole valor a los conceptos jurídicos sobre la
actividad minera y sus beneficios, plasmados en los actos administrativos; que en los
mismos no se haga referencia textual o literal al anexo 10, no significa que no se hayan
analizado los diferentes activos asociados a la actividad de la explotación minera.

El análisis de las pruebas recaudadas en la inspección tributaria, en el requerimiento
especial y la liquidación de revisión fue integral, sin que se entienda la razón del a quo
para desvirtuar la actividad probatoria por la presunta falta de análisis de un anexo
presentado por la contribuyente, cuyo contenido se desvirtuó en los actos
administrativos, al señalar que el hecho de tener como actividad la minería no le da
derecho a descontar todos los activos, sin analizar el cumplimiento de los requisitos
para su aceptación. El Tribunal desconoció que se cuestionó la vinculación directa de
todos los activos, sin maquinaria o personal, así como la falta de evidencias de que se
dedicaron a la producción, lo que desvirtúa la presunta falta de análisis de la
información presentada por la demandante.

Se debe confirmar la sanción por inexactitud, porque en la depuración de la base
gravable mínima y la renta presuntiva la actora restó el valor patrimonial neto de bienes
que no estaban vinculados directamente a la actividad minera, lo cual derivó en un
menor saldo a pagar, razón por la que incurrió en un hecho configurador de la misma;
frente a su imposición, se garantizaron los principios constitucionales, los del CPACA,
y los previstos en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

La demandante solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y se pronunció
sobre el recurso de apelación en los términos que se sintetizan a continuación24:

Lo expuesto en el recurso de apelación evidencia lo concluido por el Tribunal, esto es,
que la DIAN no revisó el material probatorio aportado por la compañía, pues sostiene
que la actora no es una empresa minera y que no tiene personal o maquinaria, pese a
que se aportaron pruebas que así lo demuestran. Además, desconoce que en las
liquidaciones oficiales se aceptó que la actora es una empresa minera y se avaló la
aplicación del artículo 189 [d] del ET respecto de los activos fijos.

24
Índice 6 en Samai

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La sociedad demostró que: (i) es una empresa minera que tiene personal, maquinaria
y todo lo requerido para el desarrollo de su actividad, lo cual no fue controvertido; (ii)
sus bienes estaban vinculados a su única empresa, la minería, ya que los activos fijos,
las cuentas por cobrar, los inventarios, los mobiliarios y los demás activos están
vinculados directamente a la empresa minera, pues están atados inescindiblemente al
ejercicio de esta actividad, son necesarios para desarrollarla, están destinados a
perpetuar o continuar la actividad económica y son el resultado de la misma.

Aunque la DIAN insiste en que se confirmen las sanciones discutidas, no explica las
razones por las cuales se debe revocar la decisión del Tribunal, motivo suficiente para
no estudiar el cargo. No obstante, insistió en la improcedencia de las mismas, para lo
cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos que modificaron las declaraciones
del impuesto sobre la renta y complementarios y CREE del año gravable 2013
presentadas por CARBONES DE LA JAGUA SA, e impusieron sanción al representante
legal ABRAHAM SMIT.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, como apelante
única, se debe determinar si procede la modificación de la base del cálculo de la renta
presuntiva y la base gravable mínima conforme al artículo 189 [d] del ET, y si hay lugar
a imponer sanciones por inexactitud. No se hará un pronunciamiento sobre la sanción
al representante legal, en cuanto no fue objeto de apelación.

Teniendo en cuenta que en la sentencia de 18 de agosto de 202225, dictada dentro de
un proceso con identidad fáctica y jurídica a la aquí debatida, la Sala concluyó que se
cumplía el requisito exigido en el artículo 189 [d] del ET, relativo a «los bienes vinculados
directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería», y en tal sentido
procedía la depuración de la renta presuntiva y de la base gravable mínima hecha por
la demandante, se reiterará, en lo pertinente, el criterio expuesto en dicha providencia.

El artículo 189 [d] del ET, vigente para la época de los hechos, señalaba que para el
cálculo de la renta presuntiva se podían restar del total del patrimonio líquido del año
anterior, «el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo
objeto social exclusivo sea la minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y
gaseosos». Se resalta

En fallo del 22 de febrero de 201826, la Sala precisó que los bienes a que se refiere el
artículo 189 [d] del ET, son aquellos vinculados directamente a la actividad económica
organizada de la minería, realizada por la empresa cuyo objeto social exclusivo sea la
minería, «distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos», lo cual excluye
el valor patrimonial neto de los bienes que no cumplan lo previsto en la norma.

En cuanto a la determinación de la renta presuntiva definitiva, el referido artículo
establece un procedimiento específico, según el cual, una vez determinado el valor

25 Exp. 25557, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Actores: Carbones El Tesoro SA y Tomás Antonio López Vera.
26
Sentencia del 22 de febrero de 2018, expediente 20859, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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inicial de renta presuntiva obtenido al detraer de la base de cálculo los valores
permitidos por la norma, se suma la renta gravable generada por los activos
exceptuados que, para el caso del literal d), corresponde a los bienes vinculados
directamente a la actividad minera, para fijar el valor definitivo de renta presuntiva
comparable con la renta líquida ordinaria.

Ahora bien, en cada caso, corresponde al actor probar que los bienes que integran su
patrimonio bruto ostentan el requisito previsto en la norma. En la sentencia citada se
precisó que «[…] en el sub-lite, se echa de menos que la sociedad demandante
demostrara que los demás bienes que conforman su patrimonio bruto están vinculados
directamente a la empresa, en los términos precisados, sin que baste la mera afirmación en
torno a la calidad de los mismos, pues se insiste que al contribuyente le corresponde
demostrar los supuestos de hecho del artículo 189 del Estatuto Tributario». (Se resalta).

Así, para la Sala, es al contribuyente a quien corresponde demostrar los supuestos de
hecho de la exclusión permitida por el artículo 189 [d] del ET, que se concreta en la
detracción del valor patrimonial neto de los bienes directamente vinculados a
empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería, puesto que como ocurrió en el
caso que se analizó en aquella oportunidad, la contribuyente desarrollaba además de
esta, otras actividades económicas.

Por ello, le asiste razón a la DIAN cuando afirma que la sentencia referida aplica en
este caso, en cuanto se ocupó del estudio del literal d) en comento, pero también a la
demandante cuando enfatiza que, en esa oportunidad, el contribuyente desarrollaba
otras actividades diferentes a la minería, aspecto que será tenido en cuenta a efectos
de dirimir el presente asunto.

En el sub examine se encuentran probados los siguientes hechos:

• La actora informó27 que, en el año 2012, el patrimonio líquido estaba
conformado por los siguientes activos, que fueron sustraídos de la
determinación de la renta presuntiva: efectivo, bancos y otras inversiones, cuentas
por cobrar, acciones y aportes, inventarios, activos fijos, otros activos. El valor de
estos activos ascendió a $268.198.550.000, como se registró en la declaración
de renta del año 201228.

• Certificado de existencia y representación legal de Carbones de La Jagua SA,
cuyo objeto social es29: «1). Prospección, exploración, explotación, producción, beneficio,
transformación, adquisición, enajenación, comercialización y transporte de carbón y cualquiera
otra sustancia mineral asociada con el carbón. 2). Comercialización nacional e internacional,
así como exportación y despacho de carbón y cualquier otra sustancia mineral asociada con el
carbón, bien sean explotados por la sociedad o por terceros. 3). Promover y participar en la
constitución de empresas productoras de carbón y fomentar la financiación de exportaciones.
4). Actuar como representante comercial de firmas y empresas colombianas en el exterior, así
como de empresas y compañías del exterior en Colombia, para negocios relacionados con la
producción minera de carbón y demás minerales y su posterior comercialización. 5).
Importación, exportación, comercialización, y suministro de materias primas, insumos, equipos
y maquinaria necesarios para la explotación minera del carbón y demás minerales […]».

27
Fls. 338 al 349, y 752 al 762 c.a. 2 y 4.
28
Fl. 44 c.a. 1
29
Fl. 5 vto. c.a. 1

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Consecuente con la actividad económica registrada en el RUT (0510),
correspondiente a «Extracción de hulla (carbón de piedra)» 30.

• Libro mayor del año 201231, en el que consta el registro de ingresos
operacionales por «explotación de minas y cantera», «explotación de carbón», y
«explotación de carbón-produc», por valor total de $298.075.054.724 (cuenta
4115), y por reintegro de costos y gastos $6.781.450.476 (cuenta 425050).

• Los estados financieros de la compañía por los años 2012-2013, que
informan32:

«1. Operaciones y resumen de las principales políticas contables: […]

Contrato de minería 285-95 […]

Contrato de colaboración empresarial […]

En la nota número 6 -Vinculados económicos-, consta: Venta de producto terminado:
$298.075.055.000; Ingresos por servicios prestados a: Consorcio Minero Unido SA
$12.268.211.000, Carbones El Tesoro SA $1.198.896.000, CI Prodeco SA
$853.021.000; Compra de servicios y otros a: CI Prodeco SA $2.188.693.000,
Consorcio Minero Unido SA $82.101.883, Carbones El Tesoro SA $7.693.025; Gastos
de asociación y mandato a CI Prodeco SA $3.572.049.

En la nota número 7 -Inventarios-, relaciona inventarios de carbón por
$16.432.160.000, materiales y repuestos $30.566.341.000, inventarios en tránsito
$364.333.000. Y en la nota 9 Intangibles, incluye derechos mineros por
$226.030.060.000, restauración de tierras de $4.248.168.000, y derechos de posesión
de tierras por $3.892.200.000, con su amortización.

• Contrato de Gran Minería 285-9533 para la exploración y explotación de carbón
de un yacimiento ubicado en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar,
celebrado entre Ingeominas y CI Carbones del Caribe SA, contrato cedido a la
actora en el año 2005.

• Acuerdo de uso integrado de infraestructura minera del 9 de enero de 200834
cuyo propósito es que las sociedades Carbones El Tesoro SA, Consorcio
Minero Unido SA y Carbones de la Jagua SA compartan la maquinaria, equipos,
infraestructura y demás activos que resulten necesarios para la extracción y
explotación de carbón en las áreas contratadas por cada una de estas con la
autoridad minera, las cuales son colindantes. En la cláusula quinta de este
acuerdo se estableció que las partes participantes tendrían las siguientes
obligaciones: «5.1. Compartir la infraestructura minera propia o contratada de las
minas CDJ, CMU y CET, así como la que se adquiera o contrate en el futuro de acuerdo
con la cantidad de estéril y de carbón que serán extraídos de cada una de las áreas de
los Contratos Mineros en cumplimiento de los planes mineros; 5.2. Compartir los bienes
y servicios requeridos para la operación de los Contratos Mineros, tanto propios como
contratados por terceros, incluyendo el personal. La estructura organizacional de la

30
Fl. 34 c.a. 1
31
Anexo 01.27 de la demanda
32
Anexo 01.37 de la demanda
33
Fls. 1113 a 1127 c.a. 6
34
Anexo 01.24 de la demanda

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integración de operaciones será definida por las Partes, así como la identificación de
la Parte que es empleador de cada una de las posiciones de la estructura
mencionada».

• Contrato de colaboración empresarial suscrito el 3 de enero de 201351 entre las
compañías Carbones de la Jagua SA, Consorcio Minero Unido SA y Carbones El
Tesoro SA con el objeto de unir esfuerzos para la adquisición de bienes y
servicios que requieran en sus operaciones, así como compartir sus recursos,
con el fin de lograr sinergias en sus actividades de exploración y explotación de
los Contratos Mineros 285-95, 109-90 y 132-97, respectivamente. En las
cláusulas segunda, tercera, cuarta y sexta se establecieron las reglas de
contabilización de los costos y las obligaciones de las participantes a efectos de
individualizar según la explotación efectiva percibida por cada una, los costos
asumidos conjuntamente en el marco del acuerdo de uso integrado de
infraestructura.

Especialmente en la cláusula tercera se dispuso: «Porcentaje de distribución de los
costos. Los costos derivados de la exploración y explotación minera de LOS COLABORADORES
serán asumidos por cada uno de ellos en la proporción de: El carbón extraído en cada una de las
áreas de los contratos mineros de los que son titulares, con respecto a la sumatoria de dicho
carbón extraído en la totalidad de las mencionadas áreas. Este porcentaje se aplicará a la
sumatoria del costo total del centro de costos de carbón». Y, en el numeral 3 de la cláusula cuarta
se estipuló «3. Registrar contablemente todos los costos derivados de la exploración y explotación
de carbón y estéril incurrido por cada uno de LOS COLABORADORES en sus respectivas
contabilidades. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la adquisición de bienes y
servicios será responsabilidad de cada uno de LOS COLABORADORES en los términos
establecidos en los contratos, ofertas mercantiles o acuerdo correspondientes. El cumplimiento
de las obligaciones tributarias será responsabilidad de cada uno de LOS COLABORADORES de
conformidad con las disposiciones legales. 4. Cada uno de los COLABORADORES informará los
costos incurridos en virtud del presente contrato con la periodicidad indicada en la cláusula
séptima. 5. CDJ consolidará los costos derivados de la explotación y exploración de carbón y
estéril, calculará el porcentaje de distribución de los mismos de acuerdo a lo establecido en la
cláusula tercera y con base en este porcentaje de distribución establecerá los valores a ser
distribuidos. CDJ informará dicho resultado a cada uno de LOS COLABORADORES para que,
según sea el caso, hagan el llamado cobro (reintegro de costos) a los demás COLABORADORES
que corresponda, según la distribución realizada» 36. Al documento se anexaron las actas
de distribución de costos y gastos de los años 2012 y 2013 suscritas por las
partes contractuales37.

• Una factura con sus respectivos soportes emitida en mayo de 2012, a Carbones
El Tesoro, por la prestación del servicio minero.38

De acuerdo con el anterior acervo probatorio, se encuentra que la actora es una
empresa que se dedica a la minería, en la fase de explotación y venta de carbón, en
la medida que dicha actividad económica corresponde a la informada en el objeto
social y en el RUT de la empresa, y su realización se verifica en la contabilidad, en los
estados financieros y en los contratos que suscribió para el desarrollo de la misma.

Se destaca que la demandante es titular de un contrato de gran minería, para el cual
cuenta, como se demuestra con las pruebas obrantes en el expediente, con personal
35
Anexo 01.21 de la demanda
36
Anexo 01.21 de la demanda.
37
Anexos 01.25 y 01.26 de la demanda.
38
Anexos 01.40, 01.41, 01.42 de la demanda.

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y activos para la explotación del carbón, lo cual se advierte en: (i) certificados de pago
de los aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores39; (ii) cuentas 72 (2012 y
2013), que registran los costos causados por concepto de salarios, prestaciones,
contribuciones a la seguridad social entre otras; (iii) certificados del revisor fiscal aportados en
los que se detallan los activos fijos que utiliza la sociedad para la extracción y comercialización
de carbón (camiones, taladros, torres de iluminación, radios), de acuerdo con las cifras
contables a 31 de diciembre de 2012 y 201340 y, (iv) estados financieros de 2012 y 2013 en
los que se encuentran todos los activos utilizados por la compañía para la explotación de
carbón41.

Asimismo, dicha actividad se desarrolla mediante los acuerdos de uso integrado de
infraestructura minera y de colaboración empresarial, que le permitían adquirir y
compartir activos (infraestructura, equipos, maquinarias, etc.) y servicios con otras
empresas mineras.

Los contratos de colaboración suscritos por la actora no son un formalismo
documental, como lo sostiene la DIAN, al afirmar que se realizó entre empresas
vinculadas con los mismos socios y sin precisar el aporte y/o porcentaje de
participación, porque tales contratos están permitidos en la ley, sin que esté prohibido
que se suscriban con vinculados económicos y, la realización de operaciones
acordadas se verifica en la contabilidad y los estados financieros que registran
ingresos por explotación y venta de carbón, así como también en las actas de
distribución de costos y gastos derivados de la operación de explotación de carbón,
suscritas por las partes contractuales, documentos que no fueron objetados por la
Administración. Igualmente, se advierte que existe un manejo común con otras
empresas, autorizado por la entidad competente, de los bienes requeridos para la
ejecución del contrato de gran minería el cual les permite extraer, explotar y
comercializar carbón, lo cual no desvirtúa la operación minera que la actora demuestra
haber realizado en el año gravable analizado.

Es importante precisar que, contrario a lo señalado por la DIAN, está demostrado en
los contratos, en la contabilidad, en los estados financieros y en las demás pruebas
aportadas al proceso, que la actora no solo realiza la actividad de venta de carbón,
sino también la explotación del mineral. Y que en el expediente no existe prueba que
el contribuyente realizara una actividad económica diferente.

Así pues, como la empresa tiene por objeto social exclusivo la minería, los bienes que
conforman su patrimonio en el año 2012 -efectivo, bancos y otras inversiones, cuentas por
cobrar, acciones y aportes42, inventarios, activos fijos, otros activos-, están vinculados
directamente a la realización de esa actividad económica, se constata en los estados
financieros del año 201243 que las cuentas por cobrar resultan del contrato de
colaboración empresarial, venta de repuestos, servicios mineros, y venta de carbón,
los inventarios corresponden a carbón, materiales y repuestos, se cumple el requisito
del artículo 189 [d] del ET, relativo a «los bienes vinculados directamente a empresas cuyo
objeto social exclusivo sea la minería» y, por ello, es procedente que los bienes señalados
se detraigan de la depuración de la renta presuntiva y de la base gravable mínima.

39
Fls. 132 a 138 c.a.
40
Anexos 01.29 y 01.32 de la demanda.
41
Anexo 01.37 de la demanda.
42
Este concepto no se encuentra en discusión por las partes. En los actos demandado se aceptó sustraer el valor patrimonial de
las acciones en virtud del artículo 189 [a] del ET.
43
Anexo 01.37 de la demanda.

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En consecuencia, no hay lugar a la modificación de las declaraciones de renta y CREE
del año gravable 2013, así como tampoco la imposición de las sanciones señaladas
en los actos acusados. Conforme con lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada.

Aunque la demandada solicitó estudiar la procedencia de la condena en costas, a la
luz de los artículos 188 del CPACA y 365 [8] del CGP, no procede la misma en esta
instancia (agencias en derecho y gastos del proceso), porque en el expediente no se
encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1.- CONFIRMAR la sentencia del 13 de julio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, por las razones expuestas en esta providencia.

2.- Sin condena en costas.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.La presente
providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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