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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00787-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2018-00787-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la Sentencia del 16 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B. En su lugar se dispone: Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto los Oficios con radicado 201714001244731 del 25 de abril de 2017 y 201714303066141 del 18 de octubre de 2017 no son actos susceptibles de control judicial, y la excepción de caducidad frente a las Resoluciones RDP 047189 de 14 de diciembre de 2016 y RDP 012184 de 24 de marzo de 2017. En consecuencia, inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda. 2.- Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 3. Reconocer personería al abogado José Luis Sepúlveda Barragán, como apoderado de la UGPP según el poder anexo al expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2018-00787-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00787-01 (29454)
Demandante: Luis Hernando Cárdenas Santos
Demandado: UGPP
Tema: Aportes al sistema de seguridad social en pensión. Actos
susceptibles de control judicial – caducidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
demandada, contra la sentencia del 16 de junio de 20231, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B, que resolvió:

Primero. – DECLÁRASE no probadas las excepciones de: 1.) Legalidad de las
Resoluciones RDP 047189 de fecha 14 de diciembre de 2016 y RDP 12184 de fecha
24 de marzo de 2017, dictadas por la UGPP en aplicación a una orden judicial y la
normatividad que regula la sostenibilidad financiera del sistema pensional, 2.)
Imposibilidad de restablecer derechos, 3.) Prescripción, 4.) Buena Fe; y, 5.) genérica,
propuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones
Parafiscales de la Protección Social “UGPP”.

Segundo. – DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución No. RDP 12184 de fecha 24
de marzo de 2017 que ordenó el cobro por concepto de aporte patronal a la
demandante, únicamente en lo que respecta a su artículo 3°, que modificó el artículo 9°
de la Resolución RDP No. 047189 del 14 de diciembre de 2016 que ordenó el cobro de
una suma de dinero específica por concepto de aportes para pensión de factores de
salario no efectuados por la parte actora, señor Luis Hernando Cárdenas Santos, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. – Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
DECLÁRASE que el señor Luis Hernando Cárdenas Santos no está obligado a pagar
la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS ($13,271,538.00 M/Cte.), por concepto de aportes para
pensión de factores de salario no efectuados. Declárase la caducidad de la facultad de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales
de la Protección Social “UGPP” de surtir un nuevo trámite con observancia a lo
dispuesto en esta providencia, conforme se explicó en la parte motiva.

Cuarto. – Sin costas en esta instancia.

Quinto. – Negar las demás pretensiones de la demanda.
(…)

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

A través de Resolución RDP 047189 del 14 de diciembre de 2016, la UGPP, en
cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 15 de enero

1
Se advierte que el asunto ingresó a la Corporación el 4 de marzo de 2024. A través de auto del 29 de agosto de 2024, el
consejero Rafael Francisco Suarez Vargas, declaró la falta de competencia de la Sección Segunda para conocer el proceso,
por lo que ordenó la remisión a la Sección Cuarta.
Mediante providencia del 19 de noviembre de 2024, el despacho inicialmente avocó conocimiento del asunto; posteriormente,
a través de auto del 10 de junio de 2025 se manifestó causal de impedimento para tramitar el proceso; sin embargo, este fue
declarado infundado el 21 de agosto de 2025.
El 3 de octubre de 2025, el despacho admitió los recursos de apelación presentados por las partes.

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00787-01 (29454)
Demandante: Luis Hernando Cárdenas Santos

de 2016, reliquidó la pensión de Luis Hernando Cárdenas Santos en cuantía de
$1.101.287 efectiva a partir del 1 de abril de 2011. Adicionalmente, dispuso:

ARTÍCULO NOVENO: Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho
el(a) señor(a) CARDENAS SANTOS LUIS HERNANDO, la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS pesos ($
2,461,266.00 m/cte) por concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuados. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se determine que el
pensionado adeuda valores adicionales o superiores por el referido concepto, o se
establezca que los aportes inicialmente descontados deben ser objeto de la aplicación
de algún tipo de actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se proceda a
adelantar su cobro, para lo cual se deberá enviar una copia de la presente resolución al
área competente. Igualmente la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en
deducir los valores previamente ordenados y descontados en actos administrativos
anteriores por el mismo concepto.

ARTÍCULO DECIMO: Envíese copia de la presente resolución al área competente para
que efectúe los trámites pertinentes al cobro de lo adeudado por concepto de aporte
patronal por MINISTERIO DE TRANSPORTE, por un monto de SIETE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO pesos
($7,383,924.00 m/cte), (…)

Este acto se notificó personalmente al apoderado del demandante, el 11 de enero
de 2017.

Posteriormente, mediante Resolución RDP 012184 del 24 de marzo de 2017 2, la
UGPP modificó la Resolución RDP 047189 del 14 de diciembre de 2016, entre otras
cosas, así:

ARTÍCULO NOVENO: Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho
el(a) señor(a) CARDENAS SANTOS LUIS HERNANDO, la suma de TRECE MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
($13,271,538.00 m/cte), por concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuados. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se determine que el
pensionado adeuda valores adicionales o superiores por el referido concepto, o se
establezca que los aportes inicialmente descontados deben ser objeto de la aplicación
de algún tipo de actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se proceda a
adelantar su cobro, para lo cual se deberá enviar una copia de la presente resolución al
área competente. Igualmente la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en
deducir los valores previamente ordenados y descontados en actos administrativos
anteriores por el mismo concepto.

Este acto se notificó personalmente al apoderado del demandante, el 31 de marzo
de 2017.

El 5 de abril de 2017, el apoderado del señor Luis Hernando Cardenas presentó
derecho de petición, en el que señaló: “en razón a los descuentos efectuado en la Resolución
RDP-047189 de Dic-14-2016 y su modificatoria RDP 012184 de marzo 24 de 2017, mediante la cual
se pretende dar cumplimiento a un fallo Judicial de conformidad con el artículo 23 de la Constitución
Nacional y 13 del CPACA, respetuosamente me permito solicitar se expida una Certificación y/o
Liquidación detallada de la forma en que fueron calculados los aportes para pensión de factores de
salario no efectuados, así como cada uno de los soportes en los cuales los nominadores certificaron
año por año aquellos factores pagados por anualidad y. mes por mes (…)”

A través de oficio del 25 de abril de 20173, la UGPP referenció los actos expedidos
para el cumplimiento de la reliquidación pensional, e indicó que la Unidad “esta dando
cumplimiento al Acta 1362 del 20 de enero de 2017, suscrita por el Comité de Conciliación y Defensa
judicial de la UGPP, en el que se aplica la metodología para el cálculo de cotizaciones al sistema
general de pensiones derivados de reliquidaciones donde se incluyen factores respecto de los que
no había realizado cotización.

Que conforme a lo desarrollado en las sentencias y línea jurisprudencial de las altas corporaciones

2
Contra esta resolución, el apoderado del Ministerio del Trabajo, en calidad de empleador, interpuso recurso de reposición y
apelación.
3
Notificado el 10 de mayo de 2017

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Demandante: Luis Hernando Cárdenas Santos

judiciales (Consejo de Estado y Corte Constitucional) la metodología actuarial es la que garantiza la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, y que resulta ser el mecanismo adecuado para
calcular el capital necesario para el pago de estas pensiones.”

El 27 de septiembre de 2017, a través de apoderado, el actor presentó derecho de
petición, en el que solicitó a la UGPP “efectuar una nueva liquidación de aportes, siguiendo
los parámetros legales aplicables a cada uno de los periodos de la vida laboral del actor”. Además,
“que con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993, (…) mi representada y de conformidad con
al (sic) certificación expedida por el Ministerio de Transporte, no adeuda suma alguna de aportes”.

El 18 de octubre de 2017, la Unidad dio respuesta al derecho de petición, y conforme
con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015 dispuso: “ esta Unidad se
remite a lo manifestado mediante el radicado No. 201714001244731 del 25 de Abril de 2017 por
medio de la cual se resolvió de fondo una solicitud elevada en el mismo sentido de la que hoy nos
ocupa”.

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA), el demandante
formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la Nulidad Parcial de los artículos 9° y 10° de la resolución RDP 47189
de diciembre 14 de 2016.

2. Que se declare la Nulidad Parcial del artículo 3° y 4° de la resolución RDP 12184 de
marzo 24 de 2017, que modificó los artículos 9° y 10° de la Resolución RDP 47189 de
diciembre 14 de 2016.

3. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la comunicación con
radicado 201714303066141 de octubre 18 de 2017, por medio del cual UGPP remitió
su respuesta a lo decidido en los actos administrativos, referidos en el numeral anterior
y la comunicación de abril 25 de 2017 con radicado 201714001244731.

4. Que se declare la nulidad de la comunicación con radicado 201714001244731 del 25
de abril de 2017.

5. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se le ordene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional UGPP,
efectuar una nueva liquidación de aportes, de los factores cuya inclusión en el cálculo
de la pensión ordenó un fallo judicial, siguiendo los parámetros establecidos en la ley
4° de 1966, leyes 33 y 62 de 1985 y ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
vigentes en el periodo laboral del pensionado comprendido desde el 15 de Junio de
1983 al 30 de Marzo de 2011.

6. Que la fórmula actuarial para efectos de indexar a valor presente los aportes
adeudados, sea la misma utilizada para indexar las mesadas, la cual corresponde al
desarrollo de los artículos 178 del C.C.A., y el Artículo 187 del CPACA, donde R= RH
índice Final / índice Inicial.

7. Que se declare, que al ser la obligación del cálculo y deducción de aportes una
obligación Parafiscal, deberá aplicarse de pleno derecho la prescripción a la acción de
cobro en los términos de los artículos 817 del estatuto tributario, contados cinco años
anteriores al retiro definitivo del servicio oficial.

8. Ordenar en forma inmediata la suspensión del reintegro nación descuentos,
ordenada a la mesada pensional desde el mes de mayo de 2017, en adelante.

9. Ordenar la devolución al pensionado de las sumas de dinero, deducidas a la mesada
pensional desde el mes de mayo de 2017, hasta la suspensión del reintegro solicitado
en el numeral anterior, sumas que deberán incluir los intereses ordenados en la
sentencia del Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, desde el día siguiente a la ejecutoria de aquella, hasta
cuando se produzca el reintegro total de las sumas solicitadas.

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10. Que se ordene el pago de los intereses de que tratan los artículos 192 y 195 del
CPACA, que se causen sobre los reintegros ordenados a partir del mes de mayo de
2017 y hasta cuando se suspenda dicho descuento, o los intereses de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Invocó como normas violadas los artículos 2, 13, 25, 29, 48 y 58 de la Constitución
Política; las Leyes 6 de 1945; 4 de 1966; 33 y 62 de 1985; 100 de 1993; 797 de
2003 y 1431 de 2011.

Como concepto de violación, el aportante expuso que los actos acusados
vulneraron normas superiores y fueron falsamente motivados, con fundamento en
lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 4 de 1966, en
concordancia con lo reglado en el Decreto 1045 de 1978, el aporte correspondiente
por los factores de prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios,
auxilio de alimentación, se entendía incluido en la retención del 5% realizada por el
empleador. En todo caso de existir diferencias, le correspondía al fondo
administrador iniciar el proceso ejecutivo en contra del empleador y no del
trabajador.

Con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, la obligación de cotizar se
restringió a algunos factores salariales; sin embargo, de conformidad con el artículo
9 ibídem, las cotizaciones no realizadas debieron ser asumidas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. En suma, antes de la Ley 100 de 1993, el demandante
no asumió responsabilidad alguna por cotizaciones al sistema pensional.

En cuanto a los pagos correspondientes a los periodos comprendidos entre el 1 de
abril de 1994 y el 30 de marzo de 2011, al tratarse de una contribución parafiscal,
operó la prescripción de la acción de cobro, de conformidad con el artículo 817 del
Estatuto Tributario.

Por consiguiente, la UGPP se apartó del ordenamiento jurídico al aplicar, desde el
28 de febrero de 2017, la metodología interna adoptada en el Acta 1362 del 20 de
enero de 2017 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, para calcular aportes
derivados de reliquidaciones pensionales con inclusión de factores sobre los cuales
no existieron cotizaciones, pues dicha metodología carece de sustento legal y
probatorio, en particular, ante la ausencia de certificación del empleador que
acreditara la deuda.

En ese contexto, la entidad se extralimitó en sus funciones al sustituir la normativa
vigente sobre la obligación de cotizar y generó un trato discriminatorio, pues aplicó
prescripción trienal a las mesadas pensionales y consideró imprescriptible el cobro
de los aportes. Asimismo, utilizó una fórmula de indexación distinta a la legalmente
prevista, lo que produjo descuentos desproporcionados que afectaron gravemente
la mesada pensional.

Concluyó que el argumento de la UGPP, basado en el silencio de la sentencia
respecto de la metodología del cálculo, no la facultó para imponer reglas propias, y
que la ausencia de prueba sobre la omisión de aportes configuró un vicio que
condujo a la nulidad de la liquidación.

CONTESTACIÓN

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente:

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Explicó que las Resoluciones RDP 047189 del 14 de diciembre de 2016 y RDP
12184 del 24 de marzo de 2017 se expidieron en cumplimiento de las sentencias
proferidas el 21 de abril de 2015 y el 15 de enero de 2016 dentro del proceso con
radicado 080013333012201300308, las cuales ordenaron la reliquidación de la
pensión del señor Luis Cárdenas Santos con inclusión de todos los factores
salariales percibidos en el último año y el descuento de los aportes no efectuados.

Afirmó que cumplió integralmente la orden judicial y atendió oportunamente las
solicitudes del actor, por lo que consideró injustificada su insistencia, en tanto se
demostró que liquidó correctamente los valores correspondientes a los aportes
dejados de cotizar, derivados del proceso promovido por el propio demandante en
2013.

Indicó que los actos administrativos gozaron de presunción de legalidad y se
fundamentaron en el artículo 99 del Decreto 1848 de 1969, el artículo 1 de la Ley
62 de 1985, los artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 3 del Decreto
510 de 2003, normas que respaldaron el cobro de aportes sobre factores no
incluidos en el IBC, en virtud de la necesaria correlación con el IBL, lo que permitió
determinar la proporción del cobro a cargo del empleador y del trabajador.

En ese contexto, la entidad, en ejercicio de las facultades previstas en el Decreto
169 de 2008, realizó los estudios necesarios para verificar la legalidad de los pagos,
sin afectar los recursos del Estado y con el propósito de garantizar transparencia en
el reconocimiento de derechos.

Sostuvo que acceder a la reliquidación pensional sin exigir el pago de cotizaciones
sobre todos los factores salariales, en especial aquellos no aportados por el
empleador, vulneraría el principio de sostenibilidad financiera del sistema, el cual
exige coherencia entre ingresos y egresos. Indicó que este principio resulta
obligatorio para todas las autoridades, en la medida en que busca garantizar el
equilibrio económico del sistema en la adopción de decisiones legislativas,
administrativas y judiciales.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal declaró la nulidad parcial de la Resolución RDP 047189 del 14 de
diciembre de 2016, modificada por la Resolución RDP 12184 del 24 de marzo de
2017, en lo que respecta al cobro de los aportes pensionales a cargo del
demandante; negó las demás pretensiones de la demanda y no condenó en costas,
bajo las siguientes consideraciones:

Precisó que, si bien el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 facultó a las entidades
administradoras para expedir la liquidación de aportes a cargo de los empleadores,
la norma no previó un procedimiento específico. Por ello, indicó que corresponde
realizar una interpretación armónica con las Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012
para expedir la liquidación oficial y determinar de forma clara y oportuna los aportes
a cargo de cada persona, con el fin de garantizar el derecho de contradicción.

Señaló que la Resolución RDP047189 del 14 de diciembre de 2016 se notificó el 11
de enero de 2017 y, en principio, se expidió dentro del término de cinco años
previsto en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012. No obstante, concluyó que dicha
resolución no constituyó el acto previo necesario para determinar la liquidación de
los aportes a cargo del demandante, pues no expuso las razones fácticas y jurídicas
que sustentaron la suma de $13.271.538.

En efecto, indicó que los actos están viciados de nulidad pues: i) se omitió la etapa
de determinación de los aportes y se pasó directamente al cobro, sin expedir el acto

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de liquidación que constituía el título ejecutivo, por lo que no se garantizó el derecho
de defensa; y ii) el acto no cumplió los requisitos mínimos de una liquidación oficial,
ya que no precisó los períodos liquidados, no determinó las bases de cálculo de los
aportes ni especificó la fórmula actuarial utilizada para establecer el monto que
cubría la pensión futura.

Concluyó que, a partir de la ejecutoria de la sentencia que ordenó la reliquidación
pensional, la Unidad tiene cinco años para determinar los aportes pendientes. Ese
plazo venció el 20 de enero de 2021, por lo que, para la fecha de expedición de la
sentencia, operó la caducidad de la facultad de determinación y el actor no está
obligado al pago de la suma establecida en los actos demandados.

RECURSOS DE APELACIÓN

Apelación del demandante

Aunque el Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, la sentencia omitió
pronunciarse sobre los intereses generados respecto de los valores retenidos por la
entidad de manera discrecional.

Sostuvo que los intereses por el retardo en el pago de las mesadas pensionales
constituyen una obligación legal prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993,
disposición que desarrolló el mandato del artículo 53 de la Constitución al garantizar
el pago oportuno de las pensiones y establecer la causación de intereses moratorios
en caso de incumplimiento.

Apoyó su postura en la sentencia C-601 de 2000 de la Corte Constitucional, en la
cual se afirmó que las entidades de seguridad social están obligadas a indemnizar
a los pensionados por la cancelación tardía de mesadas atrasadas.

Indicó que, en el caso concreto, la entidad demandada excedió la orden judicial al
deducir aportes no efectuados durante la reliquidación de la pensión, lo que implicó
la retención de sumas protegidas. Afirmó que dichos descuentos constituyeron
mesadas no pagadas que, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causaron
intereses hasta su pago.

Apelación de la entidad demandada

La sentencia concluyó que los actos administrativos no precisaron el método,
fórmula o cálculo empleado para determinar la suma adeudada por cotizaciones no
pagadas derivadas de la reliquidación pensional. No obstante, afirmó que tanto en
la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión explicó que la
fórmula utilizada correspondía al cálculo actuarial establecido por el Ministerio de
Hacienda.

Indicó que el Consejo de Estado, en sentencia de unificación, determinó que cuando
no se realizaron aportes sobre factores salariales que luego se incluyen en la
reliquidación pensional, los valores a retener deben actualizarse a valor presente
mediante fórmulas financieras actuariales, con el fin de garantizar la sostenibilidad
del sistema y determinar proporcionalmente la carga entre empleador y trabajador.

Expuso que el cobro tuvo origen en criterios definidos por la Comisión Intersectorial
del Régimen de Prima Media, creada por el Decreto 2380 de 2012, la cual, con
fundamento normativo y jurisprudencial, analizó la viabilidad de cobrar aportes por
factores no incluidos en el IBC cuando existiera reliquidación judicial o conciliatoria,
atendiendo la correlación entre IBC e IBL.

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De otra parte, indicó que mediante la Resolución RDP 047189 del 14 de diciembre
de 2016, expedida en cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico,
se informó al actor el valor adeudado por aportes derivados de la reliquidación
pensional y se ordenó su cobro, tanto respecto del trabajador como del aporte
patronal a cargo del Ministerio de Transporte, acto en el cual se garantizó la
posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Posteriormente, la Resolución RDP 12184 del 24 de marzo de 2017 modificó los
valores inicialmente determinados y mantuvo la procedencia de los recursos en vía
administrativa. En consecuencia, afirmó que no había lugar a declarar la nulidad de
los artículos demandados, dado que los actos administrativos permitieron
controvertir las decisiones y evidenciaron la gestión de cobro conforme a la
normativa aplicable.

Finalmente, señaló que la reliquidación pensional ya había sido definida en un
proceso judicial anterior y que las controversias derivadas del cumplimiento y
liquidación de esa decisión debían tramitarse mediante proceso ejecutivo. En
consecuencia, afirmó que no procedía el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitó la expedición de sentencia inhibitoria ante la
indebida escogencia del medio de control.

PRONUNCIAMIENTOS EN SEGUNDA INSTANCIA

El demandante reiteró que el a quo omitió pronunciarse sobre los intereses
derivados del pago tardío de las sumas retenidas por la UGPP, las cuales
correspondieron a mesadas pensionales, y precisó que dichos intereses
constituyeron un derecho conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

De otra parte, consideró improcedente validar la metodología contenida en el Acta
1362 de 2017, aplicada por la UGPP para determinar aportes omitidos, por carecer
de sustento legal y probatorio. Indicó que dicha actuación vulneró los principios de
debido proceso, legalidad e irretroactividad, en tanto la entidad no verificó las
certificaciones laborales ni acreditó la omisión real de aportes.

Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha rechazado la aplicación de
dicha metodología en casos de reliquidación pensional. En el caso concreto, afirmó
que la UGPP no probó la existencia ni el monto de la deuda, y que la liquidación se
basó en una operación aritmética incorrecta que desconoció los aportes
efectivamente realizados, por lo tanto, no les asiste razón a los argumentos de
apelación de la entidad demandada.

El Ministerio Público rindió el siguiente concepto:

Sostuvo que las sentencias del proceso laboral dieron lugar tanto al pago de la
mesada reajustada como a la determinación y cobro de aportes por parte de la
UGPP, por tanto, constituyó el hecho imponible de la obligación de cotizar sobre los
factores incluidos en la reliquidación pensional. Advirtió que, aunque la entidad
expidió las resoluciones RDP 047189 de 2016 y RDP 12184 de 2017 dentro del
término legal, omitió el procedimiento previo de determinación previsto en la Ley
1607 de 2012, modificado por la Ley 1739 de 2014.

En consecuencia, concluyó que la UGPP vulneró el debido proceso y el derecho de
defensa, al omitir la etapa de determinación y pasar directamente al cobro, sin
expedir un acto de liquidación que constituyera título ejecutivo ni indicar los
elementos esenciales del cálculo, como los periodos, la base gravable y la
metodología aplicada, lo que configuró la nulidad de los actos administrativos

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Demandante: Luis Hernando Cárdenas Santos

En cuanto a los argumentos del actor, precisó que la sentencia de primera instancia
omitió pronunciarse sobre los intereses derivados de las sumas retenidas por la
UGPP, pese a que su reconocimiento fue solicitado en la demanda y prosperaron
las pretensiones, por lo que solicitó al Consejo de Estado pronunciarse al respecto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes,
demandante y demandada, correspondería establecer, sin limitación4, i) si el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente, ii) si los actos
estuvieron debidamente motivados, iii) si se trasgredió el debido proceso del
aportante; y iv) si procede el pago de intereses moratorios al pensionado.

No obstante, en virtud de lo dispuesto en los artículos 187 y 207 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala debe
previamente decidir sobre las excepciones propuestas « y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada», independientemente de si fueron o no estudiadas por el a
quo, con el fin de sanear el proceso5.

En ese contexto se advierte que el actor pretende la nulidad parcial de las
Resoluciones RDP 047189 del 14 de diciembre de 2016 y RDP 012184 del 24 de
marzo de 2017, en la medida que determinaron el pago de cotizaciones al SGSSP
por la inclusión de nuevos factores a la liquidación de su pensión. Además, pretende
la nulidad de las respuestas a dos derechos de petición, en los que solicitó la
expedición de una certificación o liquidación detallada de los aportes pensionales
sobre factores no cotizados, junto con los soportes expedidos por los nominadores
que acreditaran los factores salariales pagados.

Por lo tanto, y en atención a que se demandan varios actos administrativos, la Sala
procederá a examinar, en primer lugar, si todos ellos son susceptibles de control
judicial y, en segundo lugar, si el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho fue ejercido dentro del término legal.

Acto susceptible de control judicial

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pretensiones de nulidad deben dirigirse contra actos administrativos susceptibles de
ser cuestionados ante la jurisdicción, es decir, contra actos definitivos, los cuales
según el artículo 43 del CPACA son aquellos «que decidan directa o indirectamente
el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación».

Así, un acto definitivo particular es la manifestación de la voluntad de la
administración capaz de producir efectos jurídicos, en cuanto crea, reconoce,
modifica o extingue situaciones jurídicas6. De manera que solo las decisiones de la
administración que ponen fin a una actuación administrativa o los actos que hacen
imposible la continuación de esa actuación o que decidan de fondo el asunto, son
susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo7.

De otra parte, los actos preparatorios, de trámite y de ejecución, esto es, aquellos
que se limitan a impulsar la actuación administrativa o que dan cumplimiento a una
decisión de fondo, no son demandables, a menos que impidan que se continué la

4
El segundo inciso del artículo 328 del CGP, al fijar la competencia en segunda instancia, estableció que, «… cuando ambas
partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
5
Al respecto ver sentencias del 28 de agosto de 2025 Exp 29635 CP Luis Antonio Rrodriguez; del 5 de febrero de 2026 Exp.
27664 CP Myriam Stella Gutiérrez Arguello y del 9 de noviembre de 2023 Exp 27658 CP Wilson Ramos Girón
6
Auto del 13 de octubre de 2016, exp. 22003, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Auto del 4 de mayo de 2023, exp. 27492, C.P. Milton Chaves García.

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actuación.

En el caso, el actor pretende la nulidad “del acto administrativo contenido en la
comunicación con radicado 201714303066141 de octubre 18 de 2017, por medio del cual
UGPP remitió su respuesta a lo decidido en los actos administrativos, (…) y la comunicación
de abril 25 de 2017 con radicado 201714001244731”, estas comunicaciones
corresponden a las respuestas de los derechos de petición presentados el 5 de abril
y 27 de septiembre de 2017, en los que le solicitó a la UGPP detallar la forma en
que calculó los aportes pensionales derivados de la reliquidación reconocida, y que,
a partir de ello, efectuara una nueva liquidación conforme a los parámetros legales
aplicables, en particular respecto de los periodos anteriores a la Ley 100 de 1993.

Al respecto, el oficio del 25 de abril de 2017 se limita a referirse a la metodología
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público empleada en las Resoluciones RDP
047189 del 14 de diciembre de 2016 y RDP 012184 del 24 de marzo de 2017, sin
adoptar una determinación nueva frente a la situación pensional del demandante.
En efecto, su contenido es meramente informativo y remite a decisiones ya definidas
en las resoluciones que ejecutan el fallo judicial.

Por su parte, la respuesta del 18 de octubre de 2017 carece de contenido decisorio
propio, pues se remite a lo manifestado mediante el radicado 201714001244731 del
25 de abril de 2017, al ser una petición reiterativa en virtud de lo reglado en el
artículo 19 de la Ley 1755 de 2015.

En estas condiciones, ambas actuaciones carecen de efectos jurídicos directos y no
producen una alteración en la situación jurídica del actor, ni hacen imposible
continuar la actuación administrativa, razón por la cual al no adquieren la naturaleza
de actos administrativos definitivos en los términos exigidos para su control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En consecuencia, la Sala concluye que las respuestas cuestionadas no son
demandables, dado que se limitan a informar, reiterar o remitir a actos
administrativos previos que sí contienen la decisión de fondo.

Oportunidad del medio de control

En lo que respecta a los demás actos demandados, esto es, las Resoluciones RDP
047189 de 14 de diciembre de 2016 y RDP 012184 de 24 de marzo de 2017, la Sala
advierte que aunque los actos fueron expedidos en cumplimiento de una decisión
judicial, la UGPP no se limitó a ejecutar lo ordenado, sino que fijó el monto de los
aportes pensionales no cotizados y ordenó su descuento.

Por tanto y de acuerdo con la tesis de esta Sección8, los actos expedidos en
cumplimiento de una decisión judicial no son de simple ejecución cuando la
administración define aspectos no determinados directamente en la sentencia,
como ocurre en el caso, al fijar valores específicos a cargo del administrado. En
consecuencia, tales actos son susceptibles de control a través del medio de nulidad
y restablecimiento del derecho, y no mediante proceso ejecutivo.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho debe ejercerse dentro de los
cuatro (4) meses siguientes al día siguiente a la notificación, comunicación,
publicación o ejecución del acto administrativo, según el caso.

Este término corresponde a la caducidad de la acción, entendida como una
institución de orden público que limita en el tiempo el acceso a la jurisdicción, con

8
Sentencia del 25 de abril de 2024 Exp 27667 CP Milton Chaves García

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el fin de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las situaciones jurídicas.
En ese sentido, el interesado tiene la carga de acudir oportunamente ante la
jurisdicción, pues el transcurso del término legal sin ejercer la acción produce la
extinción del derecho de acción e impide al juez contencioso pronunciarse de fondo
sobre la legalidad del acto.

En el caso, mediante Resolución RDP 047189 del 14 de diciembre de 2016,
notificada el 11 de enero de 2017, la UGPP reliquidó la pensión del actor y ordenó
el descuento de aportes pensionales. Posteriormente, a través de la Resolución
RDP 012184 del 24 de marzo de 2017, la Unidad modificó el valor de dichos
descuentos a cargo del demandante a $13.271.538. Este último acto se notificó de
manera personal, el 31 de marzo de 2017.

Por tanto, el término de caducidad se contabiliza a partir del día siguiente a la
notificación de la Resolución RDP 012184 del 24 de marzo de 2017, esto es, desde
el 1 de abril de 2017, por tratarse del acto que definió de manera definitiva la
situación jurídica del actor.

Valga precisar que el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el
15 de noviembre de 20179 y radicó la demanda el 29 de enero de 2018.

En consecuencia, el plazo de cuatro (4) meses previsto en el artículo 164 del
CPACA venció el 1 de agosto de 2017, esto es, con anterioridad tanto a la solicitud
de conciliación como a la presentación de la demanda.

En ese contexto, la solicitud de conciliación extrajudicial carece de efectos
suspensivos, en la medida en que se presentó cuando el término de caducidad ya
había expirado. Por lo anterior, se configura la caducidad del medio de control, lo
que impide a la Sala emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los
actos administrativos demandados.

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y se inhibirá de pronunciarse
de fondo sobre los actos demandados, al encontrar probada de oficio la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda, por tratarse de actos que no son susceptibles
de control jurisdiccional y la excepción de caducidad del medio de control,
respectivamente.

Condena en costas

Recientemente, la sección10 precisó que la condición de parte vencida no se
circunscribe a que se acceda o nieguen las pretensiones, sino que también se
configura cuando se declara probada una excepción que pone fin al proceso y
absuelve a la demandada, aun sin examen de fondo; en tal evento, la parte vencida
es la actora. En consecuencia, para efectos de la condena en costas, lo
determinante es que la decisión resulte adversa a los intereses de una de las partes,
con independencia de que se haya realizado o no un análisis de fondo.

Por ende, conforme con lo previsto en el numeral 1° del artículo 365 del CGP11,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA12, y teniendo en cuenta

9
El 16 de enero de 2018, la Procuraduría concluyó que no es un asunto conciliable.
10
Entre otras ver la sentencia del 19 de marzo de 2026, exp. 29764 C.P. Wilson Ramos Girón
11
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
conoce ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una
parte vencida en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la
discrecionalidad que confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare
la nulidad parcial de los actos administrativos demandados».
12
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

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lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 202513, procede
la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante al haberse
declarado las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda y caducidad del
medio de control. Al efecto, se tasan las agencias en derecho a cargo de cada una
de las entidades recurrentes en un (1) SMMLV al momento de la ejecutoria de la
providencia. Por lo tanto, se ordenará al tribunal que trámite el incidente de
liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el
artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

1. Revocar la Sentencia del 16 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B. En su lugar se
dispone:

Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por
cuanto los Oficios con radicado 201714001244731 del 25 de abril de 2017 y
201714303066141 del 18 de octubre de 2017 no son actos susceptibles de control
judicial, y la excepción de caducidad frente a las Resoluciones RDP 047189 de 14 de
diciembre de 2016 y RDP 012184 de 24 de marzo de 2017.

En consecuencia, inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre las
pretensiones de la demanda.

2.- Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.

3. Reconocer personería al abogado José Luis Sepúlveda Barragán, como
apoderado de la UGPP según el poder anexo al expediente.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

13
“Por el cual se adiciona el artículo 5 del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de
agencias en derechos”

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