Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00980-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2018-00980-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00980-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00980-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00980-01 (6791-2023)
Demandante: Lourdes Parra Blanca
Demandado: Universidad del Atlántico
Temas: Reliquidación pensión de sobrevivientes. Convención
Colectiva de 1976.
Decisión: Confirma la decisión que niega las pretensiones de la demanda.
Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia del 16 de diciembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección C, que negó las
súplicas de la demanda instaurada por la señora Lourdes Parra Blanca en contra
de la Universidad del Atlántico.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1.
2.1.1. Pretensiones.
2. La señora Lourdes Parra Blanca, por intermedio de apoderada judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad parcial
de la Resolución 000689 del 16 de octubre de 2002, por la que se le reconoció
una pensión de sobrevivientes y la nulidad del Oficio del 4 de mayo de 2018, por
el que la Universidad del Atlántico le negó la reliquidación de la prestación.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la
Universidad del Atlántico a reliquidarle la pensión de sobreviviente en cuantía
1 Archivo expediente digitalizado primera instancia folios 1 a 11.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
equivalente al 100% del salario promedio total base de liquidación y se paguen
las diferencias causadas con retroactividad a partir del 16 de octubre de 2002,
con los ajustes de valor correspondientes y que se ordene el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
2.1.2. Hechos.
4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:
5. El señor Rafael Guillermo Ruiz Zapata, laboró como docente en la Universidad
del Atlántico desde el 19 de abril de 1972 hasta el 6 de julio de 2002, fecha de su
fallecimiento.
6. La Universidad del Atlántico y sus sindicatos, celebraron una convención
colectiva de trabajo en el año 1976, que fue ratificada en el año 1977, y que se
encontraba vigente en el año 2002.
7. El señor Rafael Guillermo Ruiz Zapata adquirió su estatus pensional en 1992,
al cumplir los 20 años de servicios y cualquier edad, según lo señalado en el
literal c) de la citada convención colectiva de trabajo, es decir, que había
consolidado o adquirido su derecho al reconocimiento y pago de su pensión de
jubilación con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
quedando amparada por el artículo 146 de la mencionada ley.
8. Al reunir los requisitos convencionales para obtener la pensión de jubilación,
20 años o más, sin importar la edad, el señor Rafael Ruiz Zapata, solicitó el
reconocimiento y pago en cuantía del 100% del salario base de la liquidación.
9. A pesar de los requerimientos y existir varios conceptos por parte de la oficina
jurídica que recomendaban su reconocimiento en cuantía del 100%, la entidad
no accedió a lo solicitado.
10. Mediante la Resolución 000689 del 16 de octubre de 2002, la demandada le
reconoció a la señora Lourdes Parra Blanca, cónyuge supérstite, una pensión de
sobrevivientes en cuantía equivalente al 75% del salario base de la liquidación.
11. El 18 de enero de 2018, presentó reclamo administrativo para que la
demandada le reliquidara la prestación en cuantía equivalente al 100% del salario
total base y ésta mediante Oficio del 4 de mayo de 2018, negó su solicitud.
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
12. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 13, 23, 25, 29,
48, 53, 58, 83, 209, 228 y 229 de la Constitución Política; 4.° y 5.° del Decreto
1160 de 1989; 11, 146 y 151 de la Ley 100 de 1993 y demás normas
concordantes.
13. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que, se incurrió en
desconocimiento de la ley y en falsa motivación. Esto con base en que el
causante Rafael Guillermo Ruiz Zapata, adquirió su estatus pensional en el año
1992, luego de cumplir los 20 años de servicios, a cualquier edad, contemplados
en el literal c) de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Asociación
Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), el sindicato de trabajadores de la
Universidad del Atlántico (SINTRAUA) y la Universidad del Atlántico, el 5 de abril
de 1976. Por lo tanto, ya había consolidado o adquirido su derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
14. Se desconocieron los derechos a la seguridad social, la confianza legítima y
los derechos adquiridos de la demandante; esto porque la Universidad del
Atlántico aplicó el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, pese a que le era aplicable
la norma favorable establecida en el literal d) del artículo 9.° de la convención
colectiva de trabajo de 1976.
15. Por ello debió liquidarse la pensión en cuantía del 100% de lo devengado y
no con el 75%, toda vez que su situación quedó consolidada a la luz del artículo
146 de la Ley 100 de 1993
2.2. Contestación de la demanda2.
2.2.1. El apoderado de la Universidad del Atlántico, se opuso a las súplicas
de la demanda al considerar que no le asiste derecho a la demandante a la
reliquidación pensional.
16. Para tal efecto señaló que, el señor Rafael Ruiz Zapata ostentó la condición
de empleado público por el ejercicio del cargo de docente, por consiguiente, no
resulta válida la aplicación de la convención colectiva de trabajo.
17. Tanto la Constitución Política de 1886 como la de 1991 establecen que el
Gobierno Nacional es el competente para fijar el régimen salarial o prestacional
y que, de acuerdo con la Ley 4ª de 1992, todo aquel que se establezca
contraviniendo lo antes mencionado, carecerá de todo efecto y no creará
2 Folios 139 y s.s. expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia.
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
derechos adquiridos. Por esto, a través de una convención colectiva no se podía
establecer el régimen prestacional para los empleados públicos.
18. Por ello, en su caso, a la luz del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
y la Ley 33 de 1985 no es procedente la reliquidación pensional con el 100% de
lo devengado en el último año de servicios.
19. Propuso la excepción de «prescripción».
2.3. La sentencia apelada3.
20. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección C, mediante sentencia
del 16 de diciembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de condenar en costas.
21. Para arribar a esa decisión determinó que para la procedencia del
reconocimiento de una pensión de jubilación a un empleado público de
conformidad con normas convencionales del orden territorial y que dicha
situación se encuentre dentro de las que fueron amparadas por el artículo 146 de
la Ley 100 de 1993, ha de tenerse en cuenta que su prestación haya sido
consolidada o adquirida con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la
citada Ley 100 en el orden territorial y que se halle dentro de los supuestos
establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
22. Se refirió a las modalidades para el reconocimiento de la pensión establecida
en la convención colectiva de 1976 y luego de examinar las pruebas allegadas
estableció que la solicitud de reliquidación de la pensión de sobrevivientes en
cuantía equivalente al 100% del sueldo devengado por el señor Rafael Guillermo
Ruiz Zapata, se fundamentó en los literales c) y d)4 del artículo 9.° de la
Convención Colectiva de 1976, que determinaron tres requisitos que se
establecieron para el reconocimiento de la pensión convencional: i) el tiempo de
servicio de 20 años o más, ii) terminación del contrato cualquiera que sea la
causa y iii) a cualquier edad.
23. Luego citó la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2011 del
Consejo de Estado para señalar que la convalidación de reconocimientos
pensionales de orden territorial, consolidados antes de la expedición de la Ley
100 de 1993, cobija por igual a los actos administrativos unilaterales de los entes
3 Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia
4 “Artículo 9º. La Universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de jubilación según las
siguientes reglas:
(...)
c) Con veinte (20) años de servicio o más, cualquiera sea la causa de la terminación del contrato y a
cualquier edad.
d) El monto de la pensión mensual de jubilación será equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor salario
mensual de su categoría por cada año de servicio sin el tope máximo legal. (...)”.
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
territoriales y a los actos administrativos por medio de los cuales se da aplicación
a convenciones colectivas.
24. Explicó que en el caso concreto del señor Rafael Guillermo Ruiz Zapata,
prestó sus servicios a la Universidad del Atlántico en calidad de docente desde
el 21 de marzo de 1972, vinculación que se prolongó hasta el 6 de julio de 2002,
fecha en la que falleció, por lo que se le reconoció la pensión de sobrevivientes
a su cónyuge supérstite en los términos del régimen general de pensiones.
25. Según lo explicó, para tener derecho a la pensión establecida en el literal c)
del artículo 9.° de la Convención Colectiva de 1976, dirigida a los empleados de
la Universidad del Atlántico, era necesario que el señor Ruiz Zapata al 30 de junio
de 1997, acreditara 20 años de servicio o más, y hubiere terminado su vinculación
por cualquier causa. Por ello, conforme a lo señalado por la Sección Segunda
del Consejo de Estado5, se tiene que la terminación del contrato en las
condiciones que estableció la convención colectiva es un elemento condicionante
de la pensión, pues su lectura e interpretación integral representa varios
escenarios donde los requisitos para el derecho son exigidos de diferente forma,
al punto que la decisión de mantenerse en el cargo determinaba su monto.
26. Por ello, el señor Ruiz Zapata, no consolidó su situación jurídica pensional en
los términos señalados en el literal “c” del artículo 9.° de la Convención Colectiva
de Trabajo de 1976, con anterioridad al 30 de junio de 1997, puesto que, si bien
en esa fecha tenía el tiempo de servicio requerido por la convención, no se había
efectuado su desvinculación del servicio, la cual vino a ocurrir el 6 de julio de
2002, con su fallecimiento, con posterioridad al plazo antes mencionado.
27. Estimó entonces que la situación del señor Ruiz Zapata no se había
convalidado por cuanto no se estructuró su derecho en virtud de lo dispuesto en
el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, y por ello no le asiste derecho a la actora
a que se reliquide su pensión de sobrevivientes con base en la referida
convención colectiva. Por ello, para que la accionante pudiera tener derecho a la
reliquidación de su pensión de sobrevivientes en virtud de la convención
colectiva, el causante, debía haber reunido los requisitos para obtener su pensión
antes del 30 de junio de 1997, y como ello no ocurrió, no tenía derecho a la
pensión convencional.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Radicado 08001-23-33-
000-2013-00838-01. CP. César Palomino Cortés.
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
2.4. Recurso de apelación
2.4.1. La apoderada de la señora Lourdes Parra Blanca6 presentó escrito de
disenso donde solicitó que se acceda a las pretensiones de la demanda.
28. En su criterio el causante ya había consolidado su derecho a la pensión de
jubilación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993. Por lo tanto, al obtener su estatus de pensionado, su situación jurídica
quedó amparada por el art. 146 de la mencionada ley.
29. Esto porque la convención colectiva de trabajo de 1976, establece en su
artículo 9: “La universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de
jubilación según las siguientes reglas: […] c) Con 20 años de servicios o más,
cualquiera que sea la causa de terminación del contrato y a cualquier edad… d)
El monto de la pensión mensual de jubilación será equivalente al cinco por ciento
del mayor salario mensual de su categoría por cada año de servicio sin el tope
máximo legal”. Por ello, el causante no solo consolidó el derecho al
reconocimiento y pago de su pensión de jubilación antes de la vigencia de la Ley
100 de 1993, sino que, además, reunió los requisitos exigidos en el artículo 9,
literal c, toda vez que tenía, a diciembre de 1992, un tiempo superior a veinte (20)
años de servicios;
30. Según lo indicó, el reconocimiento debe ser en cuantía del 100% del salario
promedio, pues la convención solo exige el cumplimiento del tiempo de servicios,
independiente de la causa de la terminación del contrato, de la edad y del
momento en que esta sea reconocida. Esto porque el artículo 146 de la Ley 100
de 1993 convalidó la ilegalidad de las situaciones jurídicas individuales que en
materia de jubilación se hayan consolidado antes del 30 de junio de 1995
31. Además, en el expediente reposan conceptos de la oficina jurídica, donde
recomiendan reconocer al causante la pensión en cuantía del 100%.
32. Finalmente citó la sentencia del Consejo de Estado, de 22 de febrero de 2018,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (Lesividad), con
radicado 08001-23-31-000-2003-01099-03 (3250-2014), seguido por la
Universidad del Atlántico contra Fanny Cecilia Angarita Arriagada, así como la
sentencia del 29 de septiembre de 2011, dentro del proceso
08001233100020050286603.
6 Expediente digital visible en el índice 2.
835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
2.5. Alegatos de segunda instancia
33. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.
34. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
35. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.
36. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
3.2. Problema jurídico
37. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si la señora
Lourdes Parra Blanca tiene derecho a que le sea reliquidada la pensión de
sobrevivientes a la luz del literal c) del artículo 9.º de la convención colectiva de
1976, suscrita entre la Universidad del Atlántico y la asociación sindical de
profesores universitarios ASPU Seccional Atlántico y los representantes de los
trabajadores de la Universidad SINTRAUA?
38. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá a: (i) la competencia para
fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las universidades
estatales, (ii) la posibilidad de los servidores públicos de beneficiarse de las
convenciones colectivas del trabajo, (iii) las situaciones pensionales consolidadas
a la luz del art. 146 de la Ley 100 de 1993, (iv) se verificará el acervo probatorio
y determinará si a la demandante le asiste el derecho que reclama.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
3.3. Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados
públicos de las universidades estatales
39. La Constitución Política de 1886, estableció inicialmente en su artículo 62, la
competencia del Legislador para fijar, entre otros asuntos relacionados con la
función pública, las condiciones de jubilación y la clase de servicios civiles o
militares que darían derecho a pensión del tesoro público.
40. Luego, con la reforma constitucional de 1968 (Acto legislativo No. 01 del 11
de diciembre de 1968), la competencia para fijar tanto las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden
nacional, como el régimen prestacional de los empleados públicos, se radicó
exclusivamente en el Congreso de la República, tal como quedó establecido en
el numeral 9.° del artículo 76 de la Carta; por su parte, el numeral 21 del artículo
120 ibidem, autorizó al presidente de la República para fijar la asignación salarial
de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración
fijadas por el Congreso de la República de conformidad con el numeral 9° del
artículo 76.
41. Según la Constitución Política de 1991, al Congreso le corresponde mediante
la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios
a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos y el régimen prestacional mínimo de los
trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19
literales e) y f), el cual dispone:
«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones:
[...]
19. Dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[...]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública:
f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores
oficiales.
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son
indelegables en la Corporaciones públicas territoriales, y éstas no
podrán arrogárselas. [...]». (Negrilla de la Sala).
42. De acuerdo con lo anterior, se presenta una competencia compartida entre el
legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales; aquel mediante
la ley marco determina unos parámetros generales, conforme a los cuales, éste
último habrá de fijar todos los elementos propios del régimen salarial y
prestacional respecto de los empleados públicos.
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
43. En desarrollo de lo anterior fue expedida la Ley 4ª de 1992, por medio de la
cual el Gobierno quedó habilitado para fijar mediante decreto, entre otros, el
régimen prestacional de los empleados de las entidades territoriales, de
conformidad con lo prescrito en el artículo 12 de la citada ley; y en su parágrafo
único se dispuso, que el Gobierno señalaría el límite máximo salarial de estos
servidores, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional;
asimismo, se proscribió cualquier potestad reguladora que en materia
prestacional se pretendiera por parte de las corporaciones públicas territoriales.
Señala la norma al respecto:
«Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las
entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las
normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse
esta facultad.
Parágrafo: El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores
guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional.»
44. En idéntico sentido, se pronunció el Legislador en el artículo 77 de la Ley 30
de 1992, al disponer:
«Artículo 77. El régimen salarial y prestacional de los profesores de las
universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a de 1992, los Decretos
Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.»
45. Precisamente con base en las facultades otorgadas por la Ley 4ª de 1992, se
expidieron los Decretos 1444 de 1992 y 055 de 1994, el primero de ellos contiene
disposiciones en materia salarial y prestacional que rigen a los docentes
vinculados a las universidades públicas de orden nacional, y el segundo, a los
vinculados a universidades públicas del orden territorial.
46. Ahora bien, el Gobierno Nacional es el competente para determinar el
régimen prestacional aplicable al personal administrativo que labora en dichas
entidades, tal y como lo analizó la Sala de Consulta y Servicio Civil 8 de esta
Corporación con el siguiente razonamiento:
«[…] Dado que las personas que prestan sus servicios tanto en el área docente
como administrativa de las universidades del Estado son servidores públicos, que
el presupuesto de estas entidades proviene casi en su totalidad del Estado, que
por expresa disposición legal corresponde al Gobierno Nacional regular el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y que la ley 30 de 1992
consagró en el artículo 77 que el régimen salarial y prestacional de los profesores
de las universidades estatales se regirá por la ley 4ª de 1992 y demás normas
complementarias, la Sala considera que compete al Presidente de la República
fijar el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo de las
universidades oficiales.[…]».
8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, providencia del 15 de abril de 1998, Radicación:
1076.
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
47. Se advierte entonces que ni en vigencia de la Constitución de 1886 ni a partir
de la Carta de 1991, podían las entidades territoriales o las universidades
públicas expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos
internos o extralegales, pues no tenían facultades para ello; sin embargo para
analizar el caso concreto, es necesario revisar el contexto normativo general que
reguló el derecho pensional de los empleados territoriales paralelo a la
expedición de dichos acuerdos, en aras de establecer la posible aplicación de los
mismos.
3.4. La posibilidad de los servidores públicos de beneficiarse de las
convenciones colectivas del trabajo
48. El Convenio 151 de la OIT, sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, prevé en su artículo 1.º que debe aplicarse a todas las
personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les
sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales
del trabajo. Adicionalmente, su artículo 7.º dispone:
«[…]
Artículo 7
Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones
nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de
procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las
organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o
de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los
empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.»
49. El Convenio 154 de la misma Organización se refiere al fomento de la
negociación colectiva, y se dirige a que sea posible entre todos los empleadores
y a todas las categorías de trabajadores a las cuales se aplica dicho Convenio.
50. La Constitución Política, en su artículo 55 garantiza el ejercicio del derecho a
la negociación colectiva, limitado únicamente a las excepciones que defina la ley;
por su parte, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo contiene la
limitación de las funciones de los sindicatos de empleados públicos, en los
siguientes términos:
«LIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES. Los sindicatos de empleados públicos no
pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero
los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones
de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán
en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer
huelga.» (Negrillas fuera del texto original).
51. La anterior diferenciación se fundamenta en la vinculación legal y
reglamentaria de los empleados públicos, la cual restringe la posibilidad de
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
afectar la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones del
empleo.
52. La Corte Constitucional mediante sentencia C-377 de 1998, al examinar la
exequibilidad de la Ley 411 de 1997 que aprobó el Convenio 151 antes citado,
consideró ajustada a la Constitución Política la diferenciación entre trabajadores
oficiales y empleados públicos, en lo relacionado con el ejercicio de la
negociación colectiva, para conceder a los primeros el goce del derecho
plenamente, y restringirlo para los segundos, bajo el argumento de que no se
puede afectar la facultad de las autoridades (Congreso, presidente en el plano
nacional, asambleas, concejos, gobernadores y a los alcaldes en los distintos
órdenes territoriales), de fijar autónomamente las condiciones del empleo.
53. Igualmente la Corte Constitucional, en la sentencia C-201 de 2002, mediante
la cual declaró la exequibilidad del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo,
así como la sentencia C-1234 de 2005 que declaró la exequibilidad condicionada
de la expresión contenida en el mismo artículo «Los sindicatos de empleados
públicos no pueden presentar pliego de peticiones ni celebrar convenciones
colectivas», explicó que para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva
consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, y de conformidad con los
Convenios 151 y 154 de la OIT, las organizaciones sindicales de empleados
públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las
condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al respecto formulen estos
sindicatos, mientras el Congreso de la República regule el procedimiento para el
efecto.
54. Posteriormente, a través del Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 el Gobierno
Nacional reglamentó la Ley 411 de 19979, con el cual se reguló el procedimiento
para la negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones sindicales
de empleados públicos, limitado exclusivamente a las condiciones de empleo
(art. 1), dentro del cual, si se llega a un consenso, no culmina con una convención
colectiva propiamente dicha, sino con un acuerdo colectivo (art. 13).
55. De acuerdo con todo lo anterior, se tiene que los sindicatos de empleados
públicos no pueden presentar pliego de peticiones, ni pueden beneficiarse de los
acuerdos contenidos en las convenciones colectivas.
3.5. Las situaciones pensionales consolidadas que ampara el artículo 146
de la Ley 100 de 1993
56. Con posterioridad a la expedición de la Carta Política de 1991, el Legislador,
teniendo en cuenta que en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales
9 «Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública", adoptado en la 64
Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978.»
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
extralegales contrarios al ordenamiento superior y a la ley, y a fin de salvaguardar
los derechos pensionales consolidados con fundamento en éstos, decidió avalar
las situaciones atípicas que así se presentaron como una expresión del contenido
del artículo 53 de la Constitución Política de 1991, en cuanto a la protección de
los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas preexistentes, lo
cual quedó consignado en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 en los siguientes
términos:
«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por
disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de
carácter individual definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en
disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de
jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas
vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos
descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones,
quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o
cumplan dentro de los dos años siguientes]10 los requisitos exigidos en dichas
normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas
a que se refiere este artículo.
Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente Ley.»
57. Como se aprecia, la norma en mención dispone que las situaciones jurídicas
de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 11, con
fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales,
continuarían vigentes; asimismo, quienes antes de su entrada en vigor obtuvieren
los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían
derecho a la pensión en las condiciones allí previstas, en aras de garantizar los
derechos adquiridos.
58. El citado artículo fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional
que mediante sentencia C-410 de 1997, declaró su exequibilidad y frente a las
disposiciones municipales y departamentales en relación con las pensiones,
indicó:
«[…] El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los
preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la
Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con
10 Aparte entre paréntesis declarado inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante
sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997.
11 A nivel territorial el sistema general de pensiones entró a regir a partir del 30 de junio de 1995, así se
desprende del parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993 que señala: «PARÁGRAFO. El Sistema
General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a
regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad
gubernamental.»
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores.”.
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos
adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han
consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran
garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones
futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
[…]
Nuestro Estatuto Superior protege expresamente, en el artículo 58, los derechos
adquiridos y prohíbe al legislador expedir leyes que los vulneren o desconozcan,
dejando por fuera de esa cobertura a las llamadas expectativas, cuya regulación
compete al legislador, conforme a los parámetros de equidad y justicia que le ha
trazado el propio constituyente para el cumplimiento de su función.” (Corte
Constitucional, Sentencia C-168 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)”
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos
de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de
la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con
anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar
vigentes [...]».
59. No sobra señalar, sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia
pensional en el nivel territorial, que el artículo 151 ibidem determinó que entraría
a regir a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente las
situaciones particulares que se definieron con anticipación a esa fecha deben ser
respetadas, sin embargo, el artículo 146 permitía la consolidación del derecho
dentro de los dos años siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad
Social, aparte que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la
reseñada sentencia C-410 de 1997.
60. A partir de lo anterior, esta Corporación entendió que dicho aparte sí surtió
efectos respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre
el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo
45 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de
inexequibilidad tienen efectos hacia futuro, y toda vez que la sentencia de
constitucionalidad no moduló los efectos de su decisión, con lo cual, quedaron
amparadas las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron
con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio
de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General
en cada entidad territorial. Así lo concluyó la sentencia del 7 de octubre de 2010 12
«[…] Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se
consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010, radicación:
1484-09.
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su
ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100
de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997,
pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de
inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997,
dados los efectos de la misma.[…]»
61. Conforme con lo anterior, son dos las situaciones pensionales que a pesar
de ser de origen extralegal, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 merecen protección al amparo del artículo 146, así: (i) la de quienes
para el 30 de junio de 1997, tuvieran una situación jurídica definida, esto es, que
antes de ese plazo se cumplan los requisitos exigidos en las normas territoriales
y, ii) la de quienes en el sector territorial cumplieran los requisitos exigidos, es
decir, que hayan adquirido el derecho, así no lo tuvieran reconocido.
62. Finalmente, es relevante señalar que la Sala de Sección en sentencia de 29
de septiembre de 201113, concluyó que los reconocimientos pensionales
individuales sustentados en convenciones colectivas también están
comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el artículo 146 de la Ley
100 de 1993.
3.6. Caso concreto.
63. La norma cuya aplicación solicita la demanda se encuentra contenida en la
Convención Colectiva de Trabajo de 1976, suscrita entre la Asociación Sindical
de Profesores Universitarios ASPU Seccional Atlántico y la Universidad de dicho
departamento, en cuyo artículo 9.º determinó las reglas para el reconocimiento
de la pensión de jubilación de sus beneficiarios (folios 46 y s.s del expediente
digital). Concretamente en lo relevante al particular, indicó:
«La Universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de jubilación
según las siguientes reglas:
a. Con más de diez (10) años de servicio y menos de quince (15) a cualquier
edad, y si es retirado sin justa causa, o sesenta (60) años de edad y se retire
voluntariamente,
b. Con quince (15) o más años de servicio y menos de veinte (20) a cualquier
edad si es retirado sin justa causa o renuncie voluntariamente.
c. Con veinte (20) años de servicio o más, cualquiera que sea la causa de la
terminación del contrato y a cualquier edad.
d. El monto de la pensión mensual de jubilación será el equivalente al cinco
por ciento (5%) del mayor salario mensual de su categoría por cada año de
servicio sin el tope máximo legal. […]».
13 Número interno de radicación: 2434-2010. Actor: Universidad del Atlántico contra Julia Lourdes Llanos
Borrero.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
64. Según se aprecia de las pruebas recaudadas, se advierte que el señor Rafael
Guillermo Ruiz Zapata, nació el 24 de octubre de 194514 y se vinculó laboralmente
en la Universidad del Atlántico como docente, desde el 19 de abril de 1972, hasta
el 6 de julio de 2002, fecha en que falleció, según la certificación expedida por el
jefe del Departamento de talento Humano de la universidad que obra a folios 26
y s.s. del archivo pdf, expediente digital.
65. El 5 de abril de 1976, la Universidad del Atlántico y el Sindicato de
Trabajadores de dicho ente celebraron convención colectiva de trabajo, la cual
fue depositada el 18 de abril de 1977. ( f. 42 pdf expediente digital). Así mismo,
el causante estuvo afiliado a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios
ASPU Seccional Atlántico, como lo indica la certificación allegada en el folio 26
del pdf ibidem.
66. Según se aprecia en la Resolución 000689 del 16 de octubre de 2002 dictada
por la Universidad del Atlántico, le fue reconocida a la demandante una pensión
de sobrevivientes en cuantía del 75% del sueldo devengado por el señor Ruiz
Zapata. Esto en su condición de cónyuge supérstite. Para ello se atendió a las
previsiones de la Ley 100 de 1993, así:
• A folio 15 pdf, ibidem, se advierte la solicitud elevada por la demandante el 18
de enero de 2018 ante la entidad accionada a efectos de obtener la reliquidación
de su pensión, con fundamento en la convención colectiva de trabajo y en un
100% de lo percibido por el causante.
14 Según partida de bautismo que obra a folio 40 del pdf del expediente digitalizado.
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
• Finalmente por Oficio del 4 de mayo de 2018, la entidad demandada negó la
reliquidación solicitada (ff. 16 y s.s. ibidem).
67. Como se advierte, para el 30 de junio de 1997 el causante no consolidó su
situación pensional a la luz del literal c) del artículo 9.º de la convención, como
quiera que (i) si bien había prestado más de 20 años de servicios en la
Universidad del Atlántico (ii) no se había retirado del servicio.
68. En efecto, la regla convencional exigía que se hubiera terminado el contrato
cuando estableció lo siguiente: «c. Con veinte (20) años de servicio o más,
cualquiera que sea la causa de la terminación del contrato y a cualquier
edad.»
69. En este sentido, los tres supuestos del literal C del artículo 9.º de la
convención colectiva de 1976, debieron consolidarse antes del 30 de junio de
1997 lo cual no ocurrió en este caso, por cuanto el causante continuó en la
prestación del servicio hasta el año 2002, cuando ocurrió su fallecimiento.
70. Así las cosas, es evidente que el señor Ruiz Zapata no tenía configurado un
derecho adquirido o una expectativa legítima para acceder a la prestación en la
forma solicitada al no haberse consolidado su situación pensional antes del 30
de junio de 1997, en razón a que no quedó convalidada por el artículo 146 de la
Ley 100 de 1993, y por lo tanto, no tiene derecho a que se le cancele la prestación
en los términos solicitados en la demanda.
71. Por todo lo anterior se concluye que la señora Lourdes Parra Blanca no tiene
derecho a que se le reliquide la pensión de sobrevivientes con fundamento en
una convención colectiva de trabajo, toda vez que la situación prestacional del
señor Ruiz Zapata no quedó convalidada al tenor de lo señalado por el artículo
146 de la Ley 100 de 1993, y tampoco quedó consolidada antes del 30 de junio
de 1997, dado que para el año 2002 seguía vinculado a la entidad demandada,
razón que impone confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.
3.5. De la condena en costas en segunda instancia
72. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por la demandante, no puede observarse dicha
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2018 -00980-01 (6791 -2023 )
Demandante: Lourdes Parra Blanca
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones jurídicas
que respaldan sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.
73. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 16 de diciembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección C, que negó las
pretensiones de la demanda interpuesta por Lourdes Parra Blanca en contra de
la Universidad del Atlántico, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.– SIN CONDENA en costas, según las consideraciones expresadas
en este fallo.
TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
835
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.