Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00078-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2019-00078-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00078-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00078-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
Demandado: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías.
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 6 de marzo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la
caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
2. El señor Rafael Molina Flórez por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, solicitó que se declare
la nulidad del oficio núm. DSH-J-0163-2002 del 2 de marzo de 2002 que negó los
«SALARIOS MORATORIOS y demás prestaciones sociales como ex empleado de
la alcaldía distrital de Barranquilla durante el periodo comprendido entre el 13 de
marzo de 1.998 hasta el 1° de diciembre de 1.999».
3. Y a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) un día de salario por
cada día de retardo desde el 1 de junio de 2000 hasta el 20 de junio de 2003, día
1 Expediente digital en SAMAI. Tribunales. “001. EX 2019-0007.pdf”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
en que fueron canceladas las cesantías definitivas reconocidas a través de la
Resolución núm. 01560 del 21 de marzo del 2000, ii) la indexación de la suma
anterior, ii) la condena en costas y iv) el cumplimiento de la sentencia de
conformidad con lo establecido en el artículo 192 del CPACA.
Hechos.
4. El señor Rafael Molina Flórez laboró al servicio del Distrito Especial Industrial
y Portuario de Barranquilla desde el 13 de marzo de 1998 hasta el 1 diciembre de
1999. Con ocasión a los servicios prestados, por medio de la Resolución núm.
01560 del 21 de marzo de 2000 la entidad ordenó el reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas.
5. Ante la no cancelación del auxilio, el 15 de febrero de 2002 solicitó los
«SALARIOS MORATORIOS y demás prestaciones sociales». El 28 de junio de
2003, el ente territorial canceló las cesantías.
6. En respuesta a la reclamación anterior, la accionada profirió el oficio núm.
DSH-J-0163-2002 del 2 de marzo de 2002 que negó los salarios moratorios, por
cuanto la entidad se encontraba en un proceso de reestructuración de pasivos.
7. A pesar de haber transcurrido más de 4 meses desde que se expidió el acto
demandado, no ha operado la caducidad, pues mediante la Resolución núm. 0222
del 12 de febrero de 2001 «fue admitida la hoy demandada a la Promoción de un
Acuerdo de Reestructuración de sus Pasivos de conformidad con lo normado en la
Ley 550 de 1.999».
Fundamentos de derecho y concepto de violación.
8. Al desarrollar el concepto de violación, adujo que de conformidad con las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 tiene derecho a que la administración cancele
sus cesantías dentro de los 45 días hábiles siguientes a la notificación del acto
administrativo de reconocimiento, so pena de incurrir en la sanción moratoria
equivalente a un día de salario por cada día de retardo.
Contestación de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
9. El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla2 alegó que al
demandante no le asiste derecho a la sanción moratoria, por cuanto esta se
encuentra prescrita y ocurrió la caducidad de la acción, términos que no se
suspendieron por el procedimiento de reestructuración de pasivos. Pues para que
sea aplicable el artículo 58 de la Ley 550 de 1999, debe haberse celebrado acuerdo
de pago entre él y la entidad respecto de la penalidad.
Sentencia de primera instancia.
10. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 6 de marzo de
3
2026 , declaró probada de oficio la excepción de caducidad y negó las pretensiones
de la demanda, por cuanto para el momento en que se presentó la solicitud de
conciliación judicial y la demanda, es decir, el 8 de noviembre de 2018 y el 12 de
febrero de 2019, el plazo de 4 meses para interponer la acción contra el oficio núm.
DSH-J-0163-2002 del 2 de marzo de 2002 se encontraba vencido.
11. La Resolución núm. 0222 del 12 de febrero de 2001 solo «interrumpió» el
término de caducidad para los acreedores parte del proceso de reestructuración de
pasivos, calidad que no fue acreditada por el demandante.
Recurso de apelación.
12. Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso
el recurso de apelación4, solicitó sea revocada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, toda vez que «la acreencia del señor RAFAEL
MOLINA FLÓREZ, consistente en cesantías definitivas, no podía ni debía hacer
parte del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Distrito de Barranquilla regido
por la Ley 550 de 1999» al ser gastos administrativos.
13. Para el momento en que fue presentada la solicitud de conciliación el término
de caducidad se encontraba suspendido, dado que la suspensión «derivada del
acuerdo de reestructuración es una situación objetiva que afecta a todas las
obligaciones incluidas o que debieron ser excluidas por su naturaleza».
2 Expediente digital – “013_CONTESTACION_01PROYECTODECONT.pdf”.
3 Expediente digital – “036Notificacionse_SENTENCIA_F0800123330002019000.pdf”.
4 Expediente digital – “040Agregarmemoria_RECURSODEAPELACIONCO.pdf”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
14. Mediante auto del 6 de febrero de 20265 se admitió el recurso de apelación.
15. Dentro de la oportunidad legal para alegar de conclusión, la parte
demandante guardó silencio y la parte demandada expuso que contrario a lo
señalado por el apelante, la condición de acreedor en el proceso de reestructuración
de pasivos es un requisito para ser beneficiario de la suspensión de términos
prevista en el artículo 58 de la Ley 550 de 1999, calidad que no se encuentra
acreditada en el plenario.
16. El agente del Ministerio Público6 rindió concepto y solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, pues ya había ocurrido la caducidad cuando se
presentaron la solicitud de conciliación prejudicial y la demanda. Y el acuerdo de
reestructuración de pasivos solo interrumpe los términos de prescripción y
caducidad para aquellos acreedores partes de dicho trámite, estatus que el
demandante no acreditó en el proceso.
17. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
18. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
Problema jurídico.
5 Índice 4 en SAMAI.
6 Índice 11 en SAMAI.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
19. Le corresponde a la Sala de Subsección determinar si, contrario a lo
dispuesto por el tribunal, el término de caducidad de la acción fue suspendido por
el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado por el Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla. Y si la demanda fue presentada por fuera de
dicho plazo.
20. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos, la Sala abordará los
siguientes temas: I) Caducidad de la acción en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y II) Caso concreto.
Caducidad de la acción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
21. Entre los presupuestos para el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, se encuentra la oportunidad de la demanda,
consagrado en el artículo 164 del CPACA. Que no es otra cosa que la demanda
sea presentada en el término previsto por la norma, so pena de que opere el
fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.
22. Figura procesal que limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de
acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia8, en pro de
dotar de seguridad jurídica la actividad de la administración, eliminando la
incertidumbre que representa la eventual revocatoria de actos administrativos en
cualquier tiempo.
23. El literal d) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, en cuanto a la
caducidad de la acción prevé que:
«d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente
al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales…»
24. Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 640 de 20019, el término
de caducidad, puede ser suspendido por una sola vez con la presentación de la
solicitud de conciliación, «hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el
8 Corte Constitucional, Sentencia C – 401 del 26 de mayo de 2010. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
9 Vigente para el momento en que fue presentada la solicitud de conciliación, año 2018.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido
por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de
la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere
el artículo anterior, lo que ocurra primero».
25. Frente a los procesos cuyo objeto verse sobre el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por cancelación tardía de las cesantías, dicho término puede ser
suspendido también por la apertura de la etapa de negociación de un acuerdo de
reestructuración de pasivos hasta finalizar su ejecución, de conformidad con los
artículos 1310 y 1411 y el numeral 13 del artículo 5812 de la Ley 550 de 1999. Para
que ello ocurra el interesado debe demostrar: i) que la entidad se encontraba en
proceso de reestructuración de pasivos, ii) que la acreencia del beneficiario fue
incluida dentro de ese trámite y iii) la fecha cuándo se inició la etapa de negociación
del Acuerdo, así como el plazo de ejecución del Acuerdo.13 Sin poder acudir a dicho
sustento para eximirse de la obligación de reclamar oportunamente el derecho
pretendido.
Caso concreto.
26. Expone la parte demandante que, contrario a lo decidido por el tribunal, para
el momento en que fue presentada la solicitud de conciliación prejudicial, el término
de caducidad se encontraba suspendido por el acuerdo de reestructuración de
10 Artículo 13. Iniciación de la negociación. La negociación del acuerdo se entenderá iniciada a partir de la
fecha de fijación del escrito de la entidad nominadora previsto en el artículo 11 de la presente ley, sin
perjuicio de que se tramiten las recusaciones que lleguen a formularse en relación con los promotores. (Negrilla
fuera de texto)
11 Artículo 14. Efectos de la iniciación de la negociación. […] Durante la negociación del acuerdo se suspende
el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el
empresario. (Negrilla fuera de texto)
12Artículo 58. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. […] 13. Durante la
negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no
opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá
lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse
en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho. (Negrilla fuera de texto)
13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023. En la que se consignó
que: «De conformidad con los artículos 13, 14 y 58 numeral 13 de la Ley 550 de 1999, para que opere la cláusula
de suspensión de la prescripción y de la caducidad allí establecida frente a los procesos judiciales de
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, debe probarse que la
entidad se encontraba en proceso de reestructuración de pasivos; que la acreencia del beneficiario fue incluida
dentro de ese trámite; y deberá certificarse cuándo se inició la etapa de negociación del Acuerdo, en los términos
del artículo 11 de la Ley 550 de 1999, así como el plazo de ejecución del Acuerdo.»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
pasivos celebrado por el distrito de Barranquilla y, en todo caso, las cesantías no
podían haber sido incluidas en el convenio por ser gastos de administración.
27. Advierte la Sala que los argumentos del recurso que refieren a la posibilidad
de incluir o no las cesantías dentro del acuerdo de reestructuración escapan del
objeto del litigio, el cual se circunscribe a obtener la sanción por mora en su pago.
28. Ahora bien, de las pruebas aportadas con la demanda14 y la contestación15,
encuentra la Sala que, si bien al ente distrital le fue aceptada, mediante la
Resolución núm. 0222 del 12 de febrero de 2001, la solicitud de promoción de un
acuerdo de reestructuración de pasivos, lo cierto es que no se acreditó dentro del
proceso que la sanción por retardo en la cancelación de las cesantías definitivas
reconocidas en la Resolución núm. 1560 de 2000 fuera incluida en el inventario de
acreencias que serían pagadas a través de dicho convenio, requisito indispensable
para dar aplicación a la suspensión del término de caducidad prevista en el artículo
58 de la Ley 550 de 1999. Y es que no reposan en el plenario piezas procesales
relacionadas con las negociaciones y ejecución del acuerdo.
29. Dado que el término de caducidad de la acción previsto en el literal d) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA no fue suspendido en virtud del mencionado
convenio, el actor contaba con 4 meses contados a partir de la expedición del oficio
DSH-J-0163-2002 de 2 de marzo de 200216 para demandar su nulidad, esto es,
hasta el 3 de julio de 2002, no obstante, el escrito introductorio fue radicado el 8 de
febrero de 201917, sin que la solicitud de conciliación prejudicial tenga la virtualidad
de suspender dicho lapso, pues se presentó cuando ya había finalizado, el 8 de
noviembre de 201818.
30. Por lo antes expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 6 de marzo de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la
caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda.
14 Expediente digital – “001. EX 2019-0007.pdf”.
15 Expediente digital – “012_CONTESTACION_04ANTECEDENTESADM.pdf”.
16 Fecha tenida en cuenta, pues no se cuenta con constancia de notificación del acto y no se manifestó en la
demanda haberlo conocido en fecha distinta.
17 Expediente digital –
“8001233300020190007800_ActaReparto_11022019103125am_ff4b751253ca4096a8c418a825185c4d.pdf.p
df”.
18
Expediente digital – “001. EX 2019-0007.pdf”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
Condena en costas.
31. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
32. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
33. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
34. En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
35. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00078-02 (3144-2025)
Demandante: Rafael Molina Flórez
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 6 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que declaró probada la caducidad de la acción y negó
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. Condenar a la parte demandante en costas en esta instancia conforme
a lo expuesto en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.