RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2019-00112-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00112-01

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00112-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A. En su lugar se dispone: “PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial Nro. RDO-2017-00344 del 12 de abril de 2017 y de la Resolución Nro. RDC-2018-00283 del 17 de abril de 2018, por medio de las cuales se determinaron ajustes a cargo de la Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes por las conductas de omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los períodos comprendidos entre septiembre, octubre y diciembre de 2011 y enero a diciembre de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se declara la firmeza de las declaraciones presentadas por la actora por los períodos de septiembre, octubre y diciembre de 2011. Así mismo se ordena a la entidad reliquidar los ajustes excluyendo del IBC el concepto de auxilio sindical enmarcada como servicio de anestesia y equivalente para la UGPP como “otros auxilios” y otros incentivos”, aspecto que deberá ser tenido en cuenta al momento de recalcular las sanciones impuestas.” En cumplimiento de lo anterior, la UGPP procederá a la devolución de los aportes, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos realizados por la sociedad aportante por el subsistema y periodos fiscalizados. TERCERO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.” 2. Sin condena en costas en esta instancia. 3. Reconocer personería jurídica al abogado José Enrique Torres Muriel, en los términos y para los efectos del poder visible en el índice 13 de Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2019-00112-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de julio de 2023

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ANESTESIÓLOGOS
PERMANENTES
Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social. Firmeza
de las autodeclaraciones 2011. Requerimientos para declarar y
corregir. Falta de motivación. Pagos no salariales. Valoración
probatoria

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la demandante, contra la
sentencia del 9 de noviembre de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección A, que decidió lo siguiente (fls.807 a 826)1:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin costas (Art. 188 Ley 1437 de 2011).
TERCERO: En caso de no ser apelada, una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el
expediente.
CUARTO: Notifíquese esta sentencia, en los términos del artículo 203 de la Ley 1437 de
2011.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Previo Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro. RDC-2016-00663 del 25 de
julio de 2016, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) profirió a
la demandante la Liquidación Oficial Nro. RDO-2017-00344 del 12 de abril de 2017,
por las conductas de omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos
de los aportes al Sistema de la Protección Social en pensión y fondo de solidaridad
pensional por los períodos comprendidos de septiembre, octubre y diciembre de
2011 y enero a diciembre de 2013, por $202.276.8542. Así mismo, impuso
sanciones por no declarar, por la conducta de omisión de $188.400 e inexactitud de
$116.166.768.
Contra la anterior decisión la actora interpuso el recurso de reconsideración, el cual
fue resuelto en la Resolución Nro. RDC-2018-00283 del 17 de abril de 2018, en el

1 En Samai puede consultarse siguiendo esta ruta: Índice 2/EXPEDIENTE
DIGITAL/ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_31FALLO(.pdf)NroActua2.
2 Se pone de presente que el requerimiento fue por meses de julio a diciembre de 2011, pero la liquidación
cobijó los meses de septiembre, octubre y diciembre del mismo año.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

sentido de i) modificar los ajustes en $201.849.254 y la sanción por inexactitud en
$115.589.483 y ii) confirmar la sanción por omisión3.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones4:
“Pretensiones Principales. -
1. Se declare la nulidad absoluta de los siguientes actos administrativos:
1.1. Liquidación Oficial No. RDO 2017-00344 del 12 de abril de 2017, expedida por el
Subdirector de Determinación de Obligaciones de la UGPP, “por medio de la cual se
profiere a la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ANESTESIÓLOGOS
PERMANENTES, identificada con NIT. 900.446.032, Liquidación Oficial por omisión en
la afiliación y pago, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pago de los aportes al
Sistema de la Protección Social en el subsistema de pensiones y fondo de solidaridad
pensional, y se sanciona por omisión e inexactitud.
1.2. Resolución No. RDC 2018-00283 del 17 de abril de 2018, cuya notificación quedó surtida
el 2 de mayo de 2018, expedida por el Director de Parafiscales de la UGPP, “por medio
de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No.
RDO-2017-00344 del 12 de abril de 2017”
2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad antes señalada, y a título de
restablecimiento del derecho, se solicita que:
2.1. Se declare la firmeza de las autoliquidaciones de aportes al sistema de protección social
que fueron presentadas por la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
ANESTESIÓLOGOS PERMANENTES, correspondientes a los períodos de septiembre a
diciembre de 2011 y enero a diciembre de 2013, en lo relacionado con los subsistemas
de pensiones y fondo de solidaridad pensional fiscalizada por la demandada mediante
los actos acusados.
2.2. Se declare que no existe, por parte de la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
ANESTESIÓLOGOS PERMANENTES, mora ni inexactitud en las autoliquidaciones y
pagos al Sistema de la Protección Social de los períodos de septiembre a diciembre de
2011 y enero a diciembre de 2013, y que por tanto, ésta no debe suma alguna de dinero
por concepto de aportes al Sistema de Protección Social por dichos períodos en relación
con los subsistemas de pensiones y fondo de solidaridad pensional.
2.2. Como consecuencia de lo anterior, se revoque la sanción por inexactitud impuesta por
valor de CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($115.589.483) al no existir
fundamento para ella y se declare que mi representada no debe concepto alguno.
2.3. Igualmente, que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se revoque la
sanción por omisión impuesta por valor de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($188.400), al no existir fundamento para ella y se
declare que mi representada no debe concepto alguno.
2.4. En el evento en que mi representada hubiere cancelado o llegare a cancelar cualquier
suma de dinero, por concepto de aportes al Sistema de Protección Social y/o de sanción
por inexactitud determinados en los actos acusados, solicito se ordene a la entidad que
corresponda a efectuar el reintegro o devolución de dicha suma de dinero, la cual deberá
3 Ver antecedentes administrativos índice 31 de Samai.
4 En Samai puede consultarse siguiendo esta ruta: Índice 2 de Samai/EXPEDIENTE
DIGITAL/ED_CUADERNO5NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03DEMANDA(.pdf)NroActu
a2.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

ser indexada y deberán ordenarse el reconocimiento y pago de los intereses corrientes
causados desde la fecha del pago efectivo hasta la fecha en la que sea efectivamente
reintegrado el dinero a la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ANESTESIÓLOGOS
PERMANENTES.
3. Que se condene a la entidad demanda a cancelar las costas y agencias en derecho.
Pretensión subsidiaria. -
En subsidio a los anteriores peticiones, solicito que:
1. Se declare la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:
1.1. Liquidación Oficial No. RDO 2017-00344 del 12 de abril de 2017, expedida por el
Subdirector de Determinación de Obligaciones de la UGPP, “por medio de la cual se
profiere a la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ANESTESIÓLOGOS PERMANENTES
(…).”
1.2. Resolución No. RDC 2018-00283 del 17 de abril de 2018, cuya notificación quedó surtida
el 2 de mayo de 2018, expedida por el Director de Parafiscales de la UGPP, “por medio
de la cual se resuelve el recurso de reconsideración (…)”
2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad antes señalada, y a título de
restablecimiento del derecho, se solicita que:
2.1. Se reduzca la suma determinada en los actos administrativos acusados, por concepto de
aportes al Sistema de protección Social a cargo de mi representada, de conformidad con
lo que se logre acreditar dentro del presente proceso.
2.2. Se revoque en su totalidad la sanción por inexactitud impuesta en los actos
administrativos acusado, en la medida en que la diferencias (sic) determinada por la
UGPP obedece a una diferencia de criterios entre la UGPP y mi representada, en los
términos del artículo 647 del Estatuto Tributario.
2.3. En el evento en que mi representada hubiere cancelado o llegare a cancelar cualquier
suma de dinero, por concepto de aportes al Sistema de Protección Social y/o de sanción
por inexactitud determinados en los actos acusados, solicito se ordene a la entidad que
corresponda a efectuar el reintegro o devolución de las diferencias a que haya lugar,
después de la disminución de los valores determinados por la entidad demandada.
2.4. En el evento en que haya lugar a reembolso de alguna suma de dinero, sobre la misma
deberá ordenarse la indexación y el reconocimiento de intereses corrientes, hasta la
fecha en que se realice efectivamente la devolución del dinero.
3. Que se condene a la entidad demanda a cancelar las costas y agencias en derecho.”

A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 29 de la
Constitución Política; 3, 42, 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 683, 703, 705, 712,
714, 730, 742, 744 a 746 del Estatuto Tributario y 180 de la Ley 1607 de 2012.

Los cargos de nulidad se resumen así:

1. Notificación extemporánea del requerimiento de información y el
requerimiento para declarar y/o corregir frente a los aportes del 2011

Puso de presente que el día 2 de mayo de 2014, la UGPP notificó a la asociación
un primer requerimiento de información que cobijaba los períodos comprendidos
entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013. Posteriormente, la
Administración profirió la Liquidación Oficial Nro. RDO 516 de 2015 y la Resolución
Nro. RDC 345 de 2016, en las que modificó las autoliquidaciones de aportes al
Sistema de Seguridad Social por los períodos de junio a diciembre de 2011 y de
enero a diciembre de 2013, sin incluir los subsistemas de pensión y fondo de

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

solidaridad5.

Pese a lo anterior, la entidad profirió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir
Nro. RDC-2016-00663, que dio lugar a los actos aquí enjuiciados, en el que propuso
ajustes por los subsistemas de pensión y fondo de solidaridad pensional por los
períodos de julio a diciembre de 2011 y enero a febrero de 2013. Sin embargo, la
demandada no tuvo en cuenta que la Ley 1151 de 2007 no dispuso ningún término
para ejercer la facultad fiscalizadora, por lo que debía acudirse a la remisión expresa
del artículo 156 y, en consecuencia, la competencia estaba sujeta al término de 2
años previsto en el Estatuto Tributario (artículo 714). En esa medida, las
autoliquidaciones presentadas por la actora por el año 2011 (junio a diciembre6)
adquirieron firmeza a los 2 años de su presentación, esto es, entre los meses de
junio a diciembre de 2013 y la fiscalización comenzó en el año 2014.

Destacó que, en este caso no era aplicable la Ley 1607 de 2012 que fijó el término
de 5 años para la fiscalización de aportes, dado que tenía efectos a futuro. Por ende,
la norma vigente para el año gravable 2011 era la Ley 1151 de 2007 y su remisión
al Estatuto Tributario.

2. Falta de competencia y violación a las normas en que debieron fundarse.
No se pueden expedir dos requerimientos sobre los mismos períodos

Sostuvo que los actos demandados en este proceso eran improcedentes, debido a
que la UGPP, de manera previa, había expedido otro requerimiento para declarar
y/o corregir frente a los aportes al sistema por los períodos de junio a diciembre de
2011 y enero a diciembre de 2013. Por tanto, era inadmisible la formulación de un
segundo requerimiento sobre los mismos períodos, aun cuando en el primero de
ellos la entidad omitiera el subsistema de pensión.

Advirtió que no era cierta la explicación dada por la UGPP en la Liquidación Oficial
demandada, según la cual el segundo requerimiento tenía como objeto fiscalizar la
omisión en la afiliación al sistema de pensión del trabajador “Moyano Grimaldo John”,
toda vez que la entidad con anterioridad tuvo conocimiento del tipo de vinculación,
ya que en la etapa previa a la expedición del primer requerimiento para declarar
(Nro. 906 de 26 de noviembre de 2014) se allegaron los documentos que daban
cuenta de su calidad de afiliado partícipe de la asociación.

Con todo, si evidenciaba alguna irregularidad con dicho afilado la actuación debió
enmarcarse respecto de ese caso puntual y no en el conglomerado total de la
organización, para lo cual se requería una actuación independiente del primer
requerimiento para declarar y/o corregir expedido por la Administración, en
cumplimiento de los artículos 702 y 703 del Estatuto Tributario.

Adujo que, en los trámites de determinación de contribuciones parafiscales, por
disposición expresa de la Ley 1151 de 2007, eran aplicables las normas
procedimentales del Estatuto Tributario, como los artículos 703 y 704, según los
cuales la entidad carecía de competencia para proferir un segundo requerimiento
por los mismos períodos. Igualmente, el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 faculta
a la UGPP para enviar un solo requerimiento, dado que esta norma no habla en
5 La legalidad de este proceso fue decidida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante sentencia del 24 de febrero de 2022 dentro del
expediente 25000-23-37-000-2016-02025-00, la cual se encuentra en trámite de apelación ante esta Sala.
6 Como se expuso antes, el requerimiento fue por meses de julio a diciembre de 2011, pero la liquidación fue
por los meses de septiembre, octubre y diciembre del mismo año.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

plural.

De manera que, si la administración olvidó incluir en el primer requerimiento todas
sus objeciones, no podía trasladar su omisión al aportante, dada la pérdida de la
competencia legal para volver a formular otro requerimiento7.

A lo anterior se suma el hecho de que en el Requerimiento para Declarar y/o
Corregir Nro. 2016-00663 y en los actos acá demandados, la UGPP realizó
objeciones que ya habían sido formuladas, decididas y desvirtuadas por la
demandante en el trámite administrativo anterior, para lo cual puso de ejemplo el
caso de los ajustes propuestos para salud y ARL de dos empleados que fueron
eliminados en el trámite del recurso de reconsideración presentado contra la primera
liquidación oficial, de ahí que en el segundo requerimiento debía tomar como IBC el
mismo valor de los primeros actos.

3. Falta de motivación del Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro.
RDC-2016-663 del 25 de julio de 2016

Expuso que el mencionado requerimiento no cumplía con los requisitos previstos en
el artículo 703 del Estatuto Tributario, en tanto no contaba las razones que
sustentaron las propuestas de modificación.

De una lectura detallada a dicho acto y su anexo explicativo, se advierte que la
entidad se limitó a señalar de forma vaga y escueta que el aportante “Registro pago
de aportes por valor inferior”, sin indicar a que se debía la supuesta diferencia en el
pago. Así mismo, en las observaciones del anexo, la UGPP se limitó a incluir
anotaciones tales como “PILA NO NOMINA – 30 días trabajados y Salario Básico” o
“Nómina de compensaciones enviada por el aportante”, las que no permiten tener
claridad y certeza de los motivos por los cuales se estaba proponiendo modificar
sus autoliquidaciones, vulnerando los derechos de defensa y debido proceso8.

Destacó que, si bien el requerimiento para declarar y/o corregir no era considerado
como un acto definitivo, lo cierto es que la ausencia de las razones de la propuesta
de modificar la liquidación privada daba lugar a la nulidad de los actos que se
originen a partir de dicha actuación9.

4. Omisión en la valoración de las pruebas oportunamente allegadas

Señaló que la Administración omitió tener en cuenta la Directriz Presidencial del 3
de octubre de 2011, adoptada por la organización sindical, en la que instituyó el
pago anticipado de los aportes a la seguridad social.

Resaltó que la UGPP tomó como IBC el valor de las compensaciones canceladas
por el sindicato al final de cada mes, por ejemplo, para el IBC del período 2013-2
tuvo como base la compensación del mes de febrero de 2013, lo cual no era
procedente. De manera que casi todos los ajustes determinados obedecían al error
de interpretación en cuanto a la dinámica y ciclos de pago de compensaciones
adoptados por la organización.

7 Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 26 de febrero de 2014, exp.19563 y la sentencia
T-084 de 2015 de la Corte Constitucional.
8 Sobre la motivación de las decisiones de la Administración, citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Cuarta del 23 de enero de 2014, exp.18522, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Al respecto citó: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de mayo de 2006, exp. 14778.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

Esto porque para los períodos fiscalizados no existía regulación sobre el tema del
pago de la seguridad social de los sindicatos, quienes se vieron en la necesidad de
implementar normas internas para el pago de los aportes, pues solo hasta el año
2014 el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2634, en la
que dispuso adicionar a la PILA datos correspondientes a las asociaciones
sindicales. Así, la demandante se vio en la obligación de adoptar la Directriz
Presidencial del 3 de octubre de 2011, para ajustar el ciclo de pago de los aportes,
teniendo en cuenta factores como: i) tipo de planilla “Y”; ii) fecha de pago de los
aportes conforme al Decreto 1670 de 2007 y iii) la fecha para el pago de nómina
mensual de compensaciones de sus afiliados.

Indicó que los Ministerios de Salud y Protección Social, y Trabajo, mediante
Conceptos Nros. 277063 del 13 de septiembre de 2011, 117150 del 10 de agosto
de 2012 y 00030508 del 21 de febrero de 2013, dieron respuesta a varias solicitudes
presentadas por la asociación, de conformidad con los cuales el tipo de afiliado
“independiente” era el que aplicaba para los partícipes del sindicato, es decir, de
manera anticipada con planilla tipo “Y”. De ahí que la directiva proferida por la actora
siguió las instrucciones impartidas por el mismo gobierno, así como lo dispuesto en
el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999.

Destacó que el ingreso devengado por los afiliados partícipes era variable
(participación en el contrato, modalidad de pago, tarifas pactadas, entre otros) por
lo que era imposible conocer a principio de cada mes la cuantía del ingreso total, lo
que llevó a implementar que el IBC sería la compensación del mes inmediatamente
anterior, lo cual se refuerza con el Concepto Nro.20151160010211 del 26 de enero
de 2015, emitido por el Ministerio del Trabajo. Por último, indicó que la UGPP no
tenía competencia para desvirtuar o modificar una regulación interna adoptada por
el sindicato, so pena de una flagrante vulneración al derecho de libertad sindical
consagrado en la Constitución Política10.

5. Falsa motivación

5.1. Los actos acusados se sustentan en decisiones que no estaban vigentes
durante los períodos fiscalizados

Afirmó que la entidad mencionó las Resoluciones 2634 del 27 de junio de 2014 y
225 del 29 de enero de 2015, con el fin de resolver la objeción sobre los ciclos de
pago de las compensaciones de la organización sindical a favor de los afiliados,
pese a que no estaban vigentes para los períodos fiscalizados.

Si en gracia de discusión se aceptara su aplicación, debía tenerse en cuenta que
estas se limitan a señalar que el IBC mínimo corresponde a 1 SMLMV. Además,
ignoraron que, de conformidad con el literal b) del artículo 9 del Decreto 1046 de
1999 (adicionado por el Decreto 2236 de 1999 artículo 1), cuando se trata de un
riesgo que se cubre mediante un pago anticipado de los aportes, debía tomarse
como IBC el valor de la nómina o ingresos del mes calendario anterior al que se
busca cubrir.

Insistió en el uso de la planilla tipo “Y” para el pago de sus aportes, no solo para
salud que se paga de forma anticipada, sino que también para pensión y riesgos
laborales, por tanto, el proceder de la asociación estaba ajustado a derecho.

10 Citó las sentencias C-018 de 2015 y 385 de 2000 de la Corte Constitucional.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

5.2. La demandante no debía realizar el pago de los aportes sobre el 100% de
la retribución percibida por los afiliados partícipes

Precisó que i) el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 permite pactar pagos como no
constitutivos del IBC de aportes, siempre y cuando no superen el 40% de la
remuneración; ii) según el artículo 6 del Decreto 1429 de 2010, a los sindicatos les
corresponde determinar la forma de pago de las compensaciones de sus afiliados,
lo que la actora hizo en el Acuerdo 015 de 2013, en el que se pactó un auxilio
sindical como herramienta de trabajo, el cual no sería constitutivo de compensación
y no excede el límite del 40% del total de la remuneración; y iii) en el Acuerdo 1035
de 2015, expedido por la UGPP, se acepta y reconoce que solo los pagos no
salariales que superen el 40% del total de la remuneración serán parte del IBC.

6. Improcedencia de la sanción por inexactitud por inexistencia de
culpabilidad

Sostuvo que no había lugar a la sanción por inexactitud impuesta, toda vez que la
UGPP no tuvo en cuenta que, en materia sancionatoria, se encuentra proscrita la
responsabilidad objetiva. Por tanto, no puede imponerse una sanción cuando no
existe culpabilidad en la conducta del sujeto sancionado. Así mismo, en este caso
se presenta una diferencia de criterios con la entidad11.

Oposición de la demanda

Si bien la entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, presentó
su escrito de manera extemporánea12.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente (fl.807 a 826):

Hizo referencia a las normas que regulan los aportes al Sistema de Seguridad Social
y las facultades con que cuenta la UGPP para ejercer sus funciones de seguimiento,
colaboración y determinación de la oportuna liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales.

Seguidamente se refirió a la notificación extemporánea de los requerimientos de
información y para declarar y/o corregir, y la firmeza de las autoliquidaciones del
período 2011, señalando que como dichos actos fueron expedidos en vigencia de
la Ley 1607 de 2012, la UGPP contaba con el término de los 5 años para ejercer
sus facultades de fiscalización.

En el caso concreto, la Administración inició las acciones de determinación a cargo
de la demandante con la notificación del requerimiento de información del 24 de
abril de 2014 y del requerimiento para declarar y/o corregir del 25 de julio de 2016,
es decir, dentro del término de los cinco años siguientes a la fecha en que la
aportante debió declarar y no lo hizo o declaró por valores inferiores a los legalmente
establecidos, de manera que la actuación administrativa se encontraba dentro del

11 Al respectó citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2016, pero no
identificó ningún otro dato.
12 Al respecto se pronunció el Tribunal en audiencia inicial celebrada el 26 de noviembre de 2019, folios 787 y
siguientes.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

término legal.

En cuanto a la existencia de dos requerimientos para declarar y /o corregir sobre
los mismos períodos fiscalizados, aclaró que el acto expedido por la UGPP no era
el mismo de que trata el artículo 703 del Estatuto Tributario. Además, en el artículo
180 de la Ley 1607 de 2012 no se impuso un límite a la Administración para enviar
el requerimiento.

Agregó que la autodeclaración de aportes incluía diferentes subsistemas y cada uno
de ellos era objeto de fiscalización por parte de la UGPP, por tanto, en caso de
encontrar alguna irregularidad (omisión, mora o inexactitud), estaba facultada para
adelantar un solo proceso unificando los subsistemas o en procesos separados para
cada uno de ellos, pues la norma no ordenaba que la autoridad debía enviar un solo
requerimiento, como si lo establece la norma aplicable para los impuestos del orden
nacional.

Para este caso, los requerimientos versaron sobre tributos diferentes, el primero de
ellos contempló las contribuciones parafiscales al subsistema de salud, ARL, CCF,
SENA e ICBF; y el segundo sobre las contribuciones parafiscales a pensión y fondo
de solidaridad pensional. No prosperó el cargo.

Finalmente, no condeno en costas por no encontrarlas probadas en el proceso.

Recurso de apelación

La demandante apeló la sentencia de primera instancia por lo que pasa a
exponerse (fls.829 a 845).

1. La sentencia apelada no cumple con los requisitos de ley para su validez.
No se pronunció sobre todos los cargos de nulidad ni se valoraron las
pruebas y los alegatos de conclusión

Adujo que la sentencia recurrida no cumplía lo previsto en los artículos 280 y 281
del Código General del Proceso, y 187 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera que se
limitó analizar solo dos de los cargos de la demanda, transcribiendo incluso apartes
de ese documento. Reprochó que las pretensiones se negaron sin una motivación
que señalara y justificara los medios de convicción que sustentaron la decisión y sin
un razonamiento de todos los cargos de violación, desconociendo pronunciamientos
jurisprudenciales del principio de congruencia que rige las decisiones judiciales.

De manera que, la omisión de la sentencia de primera instancia violó los derechos
fundamentales al debido proceso y defensa de la actora, por tanto, la decisión debía
ser revocada y emitirse un nuevo pronunciamiento sobre los demás cargos
propuestos que no fueron analizados, los cuales consistieron en: i) falta de
motivación del requerimiento para declarar y/o corregir; ii) omisión en la valoración
de la directriz presidencial del 3 de octubre de 2011; iii) falsa motivación de los actos
acusados al sustentarse en decisiones que no estaban vigentes durante los
períodos fiscalizados; y iv) falsa motivación pues la sociedad no debía realizar
aportes por el 100% del valor de las participaciones reconocidas a los afiliados.

Reiteró que los actos enjuiciados eran nulos porque no se valoraron las pruebas
aportadas en sede administrativa y judicial, que acreditaban el cumplimiento de
todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, en especial la Directriz

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

Presidencial del 3 de octubre de 2011, que constituye derecho interno de la
sociedad, y su aplicación fue explicada en el testimonio rendido en el presente
proceso y tal como se detalló en un cuadro Excel contentivo de las observaciones
de cada caso objeto de cobro.

Insistió que la demandada al verificar el pago de los aportes tomó como IBC el valor
de las compensaciones canceladas por el sindicato al final de cada mes, es decir,
para verificar el IBC del período 2013-2 tuvo como base la compensación del mes
de febrero de 2013. Realizó un ejemplo sobre el IBC para el trabajador Fernández
Jannette William por el mes de febrero de 2013, respecto de quien la UGPP tomó
como IBC la suma de $4.539.00, liquidando un aporte correspondiente a $726.200,
mientras que el pago realizado por la aportante fue de $650.700, que corresponde
al 16% de $4.067.000 (compensación de enero), el mismo ejercicio hizo para los
aportes del mes de marzo.

Reiteró que, para los períodos fiscalizados, ni el legislador ni el ejecutivo habían
regulado el tema del pago a la seguridad social de los sindicatos, quienes se vieron
en la necesidad de implementar normas internas para el pago de aportes.

Sostuvo que el Tribunal manifestó que las partes no presentaron alegatos, lo cual
no es cierto. De esto se desprende que no tuvo en cuenta los argumentos
planteados en dicha etapa, pese a que constituyen un acto preparatorio para
resolver de fondo el asunto y en los cuales se habían retomado los yerros de los
actos acusados. Por ende, se configuró la vulneración al debido proceso13.

2. Notificación extemporánea de los requerimientos de información y para
declarar y/o corregir. Firmeza de las declaraciones

Manifestó que el Tribunal, al resolver este cargo, se limitó a repetir los argumentos
planteados por la entidad en los actos acusados, desconociendo que por regla
general las leyes producen efectos a futuro, por lo que antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1607 de 2012, la norma aplicable para el caso de firmeza de las
autoliquidaciones de aportes parafiscales era la Ley 1151 de 2007, la cual remite de
forma expresa al Estatuto Tributario.

Puso de presente que según criterio de la Sección Cuarta del Consejo de Estado14
no era procedente la aplicación retroactiva de la ley cuando regulen contribuciones
en las que la base sea hechos ocurridos durante un período determinado. Mientras
que cuando se trate de situaciones jurídicas no consolidadas y de imposición de
sanción se puede aplicar de forma retroactiva las normas solo en aplicación del
principio de favorabilidad.

Trajo a colación nuevamente los cargos de la demanda sobre la firmeza y señaló
que, si bien el requerimiento para declarar y/o corregir es un acto de trámite, la
ausencia de las razones por las cuales se proponía modificar la liquidación privada
del aportante, daba lugar a la nulidad de los actos definitivos.

3. Expedición de dos requerimientos sobre los mismos períodos

Enfatizó que, en el trámite de determinación de contribuciones parafiscales
13 Sobre la importancia de los alegatos de conclusión citó las sentencias de la Corte Constitucional C-107 de
2004 y C-012 de 2002.
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 23 de noviembre de 2018, exp. 22392 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

adelantado por la UGPP, por disposición expresa de la Ley 1151 de 2007, se aplican
las normas procedimentales previstas en el Estatuto Tributario. Por tanto, contrario
a lo manifestado en la sentencia de primera instancia, habiéndose expedido un
requerimiento para declarar y/o corregir frente a las autoliquidaciones de aportes al
sistema correspondiente a los períodos de 2011 y 2013, era inadmisible formular un
segundo requerimiento sobre los mismos años, aun cuando en el primero de ellos
se omitiera incluir el subsistema de pensión.

De manera que, la actuación adelantada por la entidad desbordaba sus límites para
modificar o promover una revisión oficial por segunda vez frente a las
autoliquidaciones presentadas por la sociedad, vulnerando además los artículos
702 y 703 del Estatuto Tributario que señalan la facultad de la Administración de
modificar por una sola vez las liquidaciones privadas15.

4. La UGPP debió aportar en su integridad el expediente administrativo

Afirmó que en audiencia del 12 de diciembre de 2019 se dejó claro que la entidad
demandada no aportó en su totalidad el expediente administrativo, lo cual era
indispensable para tomar una decisión. Por tanto, solicitó que, en esta instancia, se
validara si la demandada cumplió con su deber conforme al artículo 175 de la Ley
1437 de 2011.

Oposición a la apelación

La parte demandada no se pronunció sobre el recurso de apelación dentro del plazo
previsto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no se pronunció sobre el asunto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora
contra la sentencia de primera instancia que le negó la nulidad de la Liquidación
Oficial Nro. RDO 2017-00344 del 12 de abril de 2017 y la Resolución Nro. RDC
2018-00283 del 17 de abril de 2018.

Como cuestión previa se pone de presente que la demandante en el recurso de
apelación advierte que la UGPP no allegó completos los antecedentes
administrativos del proceso de fiscalización que discute, aspecto que incluso fue
puesto en conocimiento del Tribunal en la audiencia de pruebas16. Sin embargo, se
destaca que esta omisión se superó comoquiera que la Administración, el 28 de
abril de 202317, allegó al proceso la totalidad de los antecedentes en cumplimiento
los requerimientos efectuados por el despacho sustanciador18.

La interesada también plantea que la sentencia de primera instancia no tuvo en

15 Citó la sentencia del Consejo de Estado. Sección Cuarta, del 10 de octubre de 2018, exp.23991.
16 La audiencia de pruebas fue celebrada el 12 de diciembre de 2019, folios 796 a 799.
17 Índice 31 de Samai.
18 Índice 17 y 26 de Samai

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

cuenta sus alegatos de conclusión que recogieron los reproches de nulidad
planteados en la demanda, por lo cual se vulneró su derecho al debido proceso.

Del expediente se advierte que, mediante informe secretarial del 17 de septiembre
de 202019, se indicó que la parte actora presentó los alegatos de conclusión en
primera instancia. Ahora, si bien en la sentencia apelada se dijo que la asociación
no presentó alegatos de conclusión, la Sala estima que esta inconsistencia no tiene
la virtualidad de revocar la decisión de primera instancia ni de afectar el trámite del
proceso, puesto que los alegatos de conclusión reiteran los argumentos expuestos
en la demanda, los cuales serán objeto de estudio en esta providencia.

Decantado lo anterior se tiene que la discusión de la actora radica en que el Tribunal
no resolvió todos los argumentos de nulidad propuestos en la demanda. Así mismo,
que frente a los únicos dos cargos que fueron desarrollados en la sentencia de
primera instancia no le asiste razón, comoquiera que en este caso se configuró la
firmeza de las autoliquidaciones correspondientes al período 2011 y no era posible
la expedición de dos requerimientos por los mismos períodos.

En ese contexto, la Sala procederá al estudio de todos los reproches de nulidad,
puesto que algunos no fueron analizados en la sentencia de primera instancia y los
otros se apelaron. Por razones metodológicas se estudiarán primero los cargos
procedimentales y luego los que discuten el fondo del asunto.

1. Firmeza de las autoliquidaciones del año gravable 2011

La actora discute que las autoliquidaciones del año 2011 adquirieron firmeza en el
año 2013, comoquiera que al momento de su presentación les era aplicable el
término de firmeza de dos años previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario,
aplicable por remisión expresa del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

Para resolver, se debe precisar que esta Sala ya se pronunció sobre este asunto20,
por lo que aplicará en lo pertinente, el criterio de decisión judicial adoptado sobre el
particular. En dichas providencias se analizaron los fundamentos procedimentales
para la determinación oficial de las contribuciones parafiscales administradas por la
UGPP, en concreto, si el término para la revisión de las autoliquidaciones previsto
en el artículo 714 del Estatuto Tributario, era aplicable a los denuncios presentados
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012.

Al efecto, se dijo que las leyes procesales que regulan las formas para reclamar
derechos se encuentran cubiertas por el principio de irretroactividad de las normas
generales, de manera que solo deben aplicarse hacía el futuro, pero los términos
que hubieren comenzado a correr y las actuaciones y diligencias iniciadas, se deben
regir por la norma vigente al tiempo de su iniciación. Así fue como lo dispuso el
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General
del Proceso en los siguientes términos:

19 Fl.806
20 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 24 de octubre de 2019, exp.23599, y del 30 de octubre
de 2019, exp.23817, ambas con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 30 de julio de
2020, exp.24179, C.P. Milton Chaves García; 1 de julio de 2021, exp.25176, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez; 19 de agosto de 2021, exp.25086, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; 15 de octubre de 2021,
exp.23623, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; 28 de octubre de 2021 y 10 de marzo de 2022, exps.25213
y 25199 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

“ARTICULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.”

Por lo anterior, la Sala fijó su criterio en el sentido que “aunque las actuaciones tendientes
a la determinación oficial hubiesen iniciado bajo la Ley 1607 de 2012, el término de caducidad que
debe observar la autoridad para iniciar el procedimiento de revisión de las autoliquidaciones de las
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, es el previsto en el artículo 714 del ET si la
declaración, o la última corrección, se presentó con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, fecha
de entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, la cual dispuso un nuevo término que alcanza tanto a
las situaciones de omisión de la afiliación, como a las de inexactitud en la autoliquidación o las
infracciones que corresponda”21.

En dichos precedentes también se tuvo en cuenta que la Ley 1151 de 2007, en su
artículo 156, dispuso, entre las funciones de la UGPP, la determinación de la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social. Además, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, dichos recursos parafiscales, tenían naturaleza tributaria y, por ende,
estaban sujetos a los principios que aplican en esta materia. Esto se refuerza con
la sentencia C-577 de 1995 en la que se manifestó que según “las características de la
cotización en seguridad social, se trata de una típica contribución parafiscal, distinta de los impuestos
y las tasas. En efecto, constituye un gravamen fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra
de manera obligatoria a un grupo de personas cuyas necesidades en salud se satisfacen con los
recursos recaudados, pero que carece de una contraprestación equivalente al monto de la tarifa. Los
recursos provenientes de la cotización de seguridad social no entran a engrosar las arcas del
presupuesto Nacional, ya que se destinan a financiar el sistema general de seguridad social en
salud”.

Al respecto cabe reiterar la postura de la Sección en los siguientes términos:
“Acorde con la jurisprudencia constitucional los recursos parafiscales que fueron denominados
en el artículo 150-12 de la Constitución Política «contribuciones parafiscales», tienen
naturaleza tributaria y se encuentran sujetos a los principios que aplican a los tributos
(Sentencia C-430 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Dentro de ese contexto aparece
el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 que estableció́ dentro de las funciones de la UGPP la
determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social. A tal efecto, es importante advertir que en el artículo
referido no se previó́ el término dentro del cual la autoridad podría iniciar esas actuaciones,
aunque en el penúltimo inciso se previó́ que «los procedimientos de liquidación oficial se
ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI».
En ese orden, resulta aplicable el artículo 703 del Estatuto Tributario, el cual, señala que el
requerimiento especial es el acto previo al acto administrativo de liquidación oficial cuando
existe un denuncio privado, y debe contener todos los puntos que la administración propone
modificar con explicación de las razones en que se sustenta. Así́ mismo, la competencia de la
UGPP hasta antes de la Ley 1607 de 2012 estaba sometida al artículo 714 del E.T., por ser
una norma de carácter procedimental como lo reiteró recientemente esta Sala en sentencia
del 01 de julio de 2021 (exp.25176, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), a la que alcanza la
disposición de remisión contenida en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007. Según el artículo
714 del ET la declaración tributaria queda en firme si dentro de los dos años siguientes a la

21 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 19 de agosto de 2021, exp.25086, C.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

fecha del vencimiento del plazo para declarar no se ha notificado requerimiento y, si la
declaración inicial se presentó́ en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de
la fecha de la presentación de la misma. (Sentencia del 30 de julio de 2020 exp.24179, CP.
Milton Chaves García, sentencia del 24 de octubre de 2019, exp.23599, C.P: Jorge Octavio
Ramírez, reiterada en Sentencia del 30 de octubre del 2019, exp.23817, C.P: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez)”22.

Del anterior recuento, es claro el criterio de la Sala según el cual resulta aplicable a
las planillas de autoliquidación de las contribuciones al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales el artículo 714 del Estatuto Tributario, siempre y cuando éstas
hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de
2012. Así, en virtud de la norma tributaria, la declaración quedaba en firme, para la
época de los hechos, si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento
para declarar no se notificaba requerimiento, y en caso de presentación
extemporánea, esos 2 años computaban a partir de la fecha de presentación de la
planilla.
A partir de lo anterior, se advierte que el Requerimiento para Declarar y/o Corregir
Nro. RCD 2016-00663 del 25 de julio de 2016, se notificó el 4 de agosto de 201623,
razón por la cual las planillas presentadas antes del 26 de diciembre de 2012, que
en este caso corresponden a los meses de septiembre, octubre y diciembre de
201124, quedaron en firme25. Sin embargo, no sucede lo mismo con los demás
períodos fiscalizados, esto es, de enero a diciembre de 2013, en la medida que para
dichos períodos estaba vigente la Ley 1607 de 2012, que en su artículo 178 dispuso
el término de 5 años para iniciar las acciones de fiscalización, es decir, por esos
últimos períodos el requerimiento fue notificado dentro del término legal para ello.
De conformidad con lo anterior, prospera parcialmente el recurso de apelación de
la parte actora, por lo que debe revocarse la sentencia de primera instancia, para
en su lugar, declarar la nulidad parcial de los actos acusados y, a título de
restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de los períodos correspondientes
a septiembre, octubre y diciembre de 2011. Los demás cargos serán analizados
únicamente frente a los meses de 2013.
2. Expedición de dos requerimientos sobre los mismos períodos
La apelante sostiene que, habiéndose expedido un requerimiento para declarar y/o
corregir frente a las autoliquidaciones de aportes al sistema correspondiente a los
períodos de 2011 y 2013, era inadmisible que la entidad formulara un segundo
requerimiento para declarar y/o corregir sobre los mismos períodos, como ocurría
en el presente caso, aun cuando en el primero de ellos se hubiere omitido incluir el
subsistema de pensión.
En este caso se tiene que la UGPP expidió dos requerimientos para declarar y/o
corregir a la actora, en el primero (RDC 906 del 26 de noviembre de 2014) se le
informó a la aportante sobre los hallazgos para los subsistemas de salud, ARL,
ICBF, CCF y Sena por los períodos comprendidos entre julio a diciembre de 2011 y
22 Ibidem
23 Dicha fecha consta en la liquidación oficial y fue aceptada por la actora en el hecho décimo quinto de la
demanda
24 Se destaca que, si bien en el requerimiento para declarar y/o corregir se propusieron ajustes para los meses
de julio a diciembre de 2011, en la liquidación los ajustes se determinaron únicamente por los meses de
septiembre, octubre y diciembre de ese año.
25 Se pone de presente que aunque en el expediente reposan planillas con fechas de pago del año 2016, lo
cierto es que en el archivo SQL anexo al requerimiento para declarar y o corregir, la UGPP relacionó las
planillas fiscalizadas, de las cuales se pudo advertir que la planilla Nro.8412141196 correspondiente al
período de diciembre de 2011 fue cancelada el 6 de diciembre de 2011.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

enero a diciembre de 2013.
Posteriormente, la entidad expidió el segundo requerimiento (RDC 2016-00663 del
25 de julio de 2016), que dio lugar a actos demandados. En este acto de trámite se
propuso ajustes por el subsistema de pensión y fondo de solidaridad pensional por
los mismos períodos.
Sobre la expedición de dos requerimientos para declarar y/o corregir por los mismos
períodos, la Sala, en su posición mayoritaria, ha manifestado lo siguiente26:
“Como lo ha considerado la Sección27, los subsistemas que conforman el sistema de la
protección social son: (i) sistema general de seguridad social en salud, (ii) sistema general de
seguridad social en pensiones, (iii) sistema general de riesgos laborales, (iv) Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, (v) régimen del subsidio familiar – cajas de
compensación familiar y (vi) Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
También se ha precisado que las cotizaciones obligatorias a los diferentes subsistemas que
integran el sistema de la protección social son de naturaleza tributaria, se enmarcan dentro de
la categorización de tributos (como género) y se clasifican dentro de las denominadas
contribuciones parafiscales (como especie) 28.
La anterior conceptualización, para señalar que los aportes que se destinan a cada uno de los
subsistemas se consideran un gravamen autónomo e independiente, pues si bien, en sí
conforman un solo sistema con características similares (periodicidad), cada uno tiene sus
propios elementos, como, por ejemplo, la tarifa y el tratamiento de las novedades (v. gr.
durante incapacidad y vacaciones no se contribuye a la ARL), por lo que no se puede
desconocer su independencia.
Pese a ser autónomas e independientes, las autoliquidaciones de las contribuciones de cada
uno de los subsistemas se realizan mediante la planilla integrada de liquidación de aportes
(PILA), sistema implementado por la Resolución nro. 001303 del 2005 29 con el propósito de
facilitar el trámite mensual de los aportantes, evitando el diligenciamiento de formularios
individuales por la administradora y un proceso singular de pago, para en su lugar, diligenciar
una sola planilla que permita la liquidación y pago integrado, sin que por esto, los precitados
subsistemas pierdan su individualidad.
Ahora, la norma que regula el procedimiento aplicable a la determinación oficial de las
contribuciones al sistema de la protección social (artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 43),
establece que «previo a la expedición de la Liquidación Oficial […] la UGPP enviará un
Requerimiento para Declarar y/o Corregir […]», disposición que debe entenderse en función
de la modificación, que mediante el acto preparatorio, se propone al subsistema y período que
es objeto de fiscalización, sin que la misma disponga que el requerimiento deberá abarcar en
su totalidad los subsistemas que integran el sistema de la protección social.”

Si bien en este caso los requerimientos cuestionaron los mismos períodos y
conductas, no fiscalizaron los mismos subsistemas, actuaciones que de
conformidad con el criterio reseñado son independientes. A esto se suma que
ambos requerimientos fueron notificados y frente a ellos se ejerció el derecho de
defensa, cuestionando su legalidad en sede judicial30.

Ahora, sobre el IBC determinado en los actos que no son objeto de demanda, esta
Sala en una oportunidad anterior31 señaló que las razones de hecho y de derecho
que los sustentan, no atan la decisión de este proceso, el cual debe resolverse

26 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 2 de marzo de 2023, exp. 26983 C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, reiterada el 25 de mayo de 2023, exp. 27174 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
27 Cfr. sentencia del 2 de octubre de 2019, exp.24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
28 Cfr. sentencia del 24 de marzo de 2022, exp.25826, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
29 Por la cual se adopta el contenido del formulario único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
30 El proceso de determinación originado con el primer requerimiento corresponde al radicado Nro.25000-23-
37-000-2016-02025-01 (26947).
31 Sobre el particular se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de febrero de
2023, exp. 26002 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

teniendo en cuenta los fundamentos propios de los actos demandados frente a los
cuales se surtió el derecho de contradicción de las partes y conforme a los cargos
de nulidad planteados en el sub examine.

En consecuencia, no prospera el cargo.

3. Falta de motivación del Requerimiento para Declarar y/o Corregir Nro.
2016-00663 del 25 de julio de 2016

Alega la demandante que el acto previo no cumple con los requisitos mínimos
previstos en las normas tributarias, puesto que de una lectura detallada a este y su
anexo explicativo, se advertía que la entidad se limitó a señalar de forma vaga y
escueta que el aportante “Registro pago de aportes por valor inferior”, sin explicar a que se
debía la diferencia en el pago. Así mismo, la UGPP se limitó a incluir anotaciones
como “PILA NO NOMINA – 30 días trabajados y Salario Básico” o “Nómina de compensaciones
enviada por el aportante”, que no dan claridad y certeza de las propuestas de
modificación.

Sobre la motivación de los actos administrativos expedidos por la UGPP la Sala32
ha entendido que éstos se entienden motivados cuando incluyan los valores y las
razones que sirvieron de sustento a los ajustes. Igualmente, se ha aceptado que los
archivos Excel hacen parte integral de los actos, en la medida que detallan la forma
en que se determina el ajuste para cada uno de los subsistemas del Sistema de
Seguridad Social. De ahí que “en la motivación de esta clase de actos y dependiendo de la
conducta (omisión, mora e inexactitud), es necesario que se identifique el tipo de incumplimiento, el
año, el mes, el trabajador, los días trabajados, los pagos que constituyen salario y cuáles no, el total
remunerado, el IBC, entre otros aspectos”33.

En este caso, la Sala observa que el requerimiento para declarar y/o corregir
enjuiciado se encuentra debidamente motivado, en la medida que la UGPP inició
por citar los antecedentes que originaron la actuación administrativa, limitó el marco
legal aplicable al caso, mencionó las conductas y subsistema fiscalizado, y, así
mismo, explicó la manera y la información que tuvo en cuenta para determinar el
IBC, todo lo cual fue el fundamento para el resultado de la fiscalización.

En cuanto al archivo Excel anexo al requerimiento, la Sala destaca que la
Administración identificó los trabajadores, períodos, subsistema, novedades y
conductas fiscalizadas. También indicó los conceptos integrantes del IBC y la
liquidación de los aportes que a su juicio debió cancelar la actora, y en la parte final
anotó la observación que daba lugar al ajuste propuesto. También se evidenció la
relación de las planillas que al efecto tuvo en cuenta la demandada en esa etapa.
Sumado a lo anterior, la aportante pudo ejercer su derecho de defensa y
contradicción mediante la respuesta al requerimiento, la cual fue valorado y decidido
por la entidad al momento de proferir la liquidación oficial y decidir el recurso de
reconsideración, actos que también contaron con sus respectivos anexos
explicativos de los ajustes y que redujeron los ajustes propuestos en el acto de
trámite. No prospera el cargo.

32 Al respecto se pueden consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 2 de octubre de
2019, exp.24090, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. reiterada en sentencia del 10 de marzo de 2022,
exp. 24971 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, entre otras.
33 Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del del 26 de agosto de 2021, exp.24735 C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

4. Falsa motivación
4.1. Los actos demandados fueron sustentados en decisiones que no
estaban vigentes durante los períodos fiscalizados
Sostiene la actora que las Resoluciones 2634 de 27 de junio de 2014 y 225 del 29
de enero de 2015 no podían servir de fundamento a la UGPP para expedir los actos
de determinación, toda vez son posteriores a los períodos fiscalizados. Sumado a
esto, en ellas no se regularon los ingresos que debían ser parte del IBC de los
aportes para el caso de los sindicatos, el cual debía liquidarse de manera anticipada.
Para resolver este asunto, la Sala encuentra que de una lectura a la Liquidación
Oficial Nro. RDO-2017-00344 del 12 de abril de 2017 se evidenció que la UGPP
para determinar el IBC tuvo en cuenta, entre otras, las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003) y los Decretos 4982 de 2007 y 1833 de 2016 (que compiló los Decretos 510
de 2003 y 3771 de 2007). Para la parte procedimental se invocaron las Leyes 1151
de 2007, 1607 de 2012, 1739 de 2014 y 1819 de 2016, el Decreto Ley 169 de 2008,
el Estatuto Tributario y el Decreto 575 de 2013, empero, no se evidencia que la
demandada hiciera mención alguna a las resoluciones indicadas por la
demandante.

Ahora, si bien en la Resolución Nro. RDC-2018-00283 del 17 de abril de 2018, al
momento de resolver el cargo relacionado con la dinámica y ciclos de pagos de
compensaciones de los afiliados, la UGPP referenció dichas decisiones, ello
obedeció a lo expuesto en el recurso de reconsideración, lo que implicaba que la
entidad se viera obligada a emitir un pronunciamiento en los siguientes términos34:
“ Aduce [la demandante] que sólo hasta el año 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social
expidió la Resolución 2634 por la cual dispuso adicional a la PILA (…), sostiene que antes del
27 de junio de 2014 no existía una regulación referente a la forma en que debían efectuarse
los pagos al sistema de seguridad social por parte de las organización sindicales a favor de
sus afiliados partícipes.
(…)
Conforme a la directriz tomada por la organización sindical en cuanto a los ciclos de pago al
Sistema de Seguridad Social, teniendo en cuenta el tipo de planilla, la fecha de pago de los
aportes y la fecha determinada por la organización para el pago de la nómina mensual de las
compensaciones de sus afiliados partícipes, es importante resaltar, que de conformidad con
la Resolución 2634 del 27 de junio de 2014, se adicionó a la Planilla Integrada de
Autoliquidación de Aportes – PILA, el tipo de aportante 9: “Pagador de Aportes Contrato
Sindical”, la cual solo puede ser utilizada por una organización sindical autorizada por el
Ministerio de Trabajo, para pagar los aporte al Sistema de Seguridad Social de aquellos
afiliados que hagan parte de un contrato sindical.
Este tipo de aporte al sistema, se asocia a un nuevo tipo de cotizante 53: Afiliado Participe,
usado por el tipo de Aportante 9, para pagar los aportes a la Seguridad de Social de los
afiliados que hagan parte de un contrato sindical de conformidad al Decreto 1429 de 2010
(…).
Adicionalmente, el Ministerio de Salud y de la Protección Social mediante la Resolución 225
del 29 de enero de 2015, adicionó el tipo de cotizante 55 entendido como Afiliado Participe -
Dependiente, el cual debe ser utilizado por el aportante tipo 9: Pagador de Aportes Contrato
Sindical, para los pagos a cargo del sindicato, frente a sus afiliados participes en la ejecución
de un contrato sindical, ya que las obligaciones que se hayan acordado en virtud de la
autonomía sindical, la organización se asimilara a la de un empleador (…)
Ahora bien, en cuanto al aportante No. 9 “Pagador de aportes de contrato sindical", creado
mediante la Resolución 2634 de 2014, no puede desconocer la recurrente que fue el Decreto

34 Páginas 17 y 18 de la Resolución Nro. RDC-2018-00283 de 2018.
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

1429 de 2010, reglamentario de los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo de Trabajo,
el que consagró que los sindicatos son responsables de la administración del sistema de
seguridad social integral en aspectos tales como la afiliación, retiro, pagos y demás novedades
respecto de los afiliados partícipes.
(…)
Asimismo, se le indica a la recurrente que a manera de complemento de la norma ya existen
desde el año 2010, esto es el Decreto 1429, el Ministerio de Salud y de la Protección Social,
mediante la Resolución 225 del 29 de enero de 2015, adicionó el tipo de cotizante 55 entendido
como Afiliado Partícipe – Dependiente, el cual debe ser utilizado por el aportes tipo 9: Pagador
de Aportes Contrato Sindical (…)
Por lo anterior, no cabe duda alguna que las cotizaciones al Sistema de la Protección Social
de los afiliados participes de una organización sindical, dependen única y exclusivamente de
la organización y la normatividad que rige la materia ha hecho extensivo los mecanismos a
través de los cuales se deben hacer las respectivas cotizaciones, no solamente respetando la
autonomía sindical sino también los parámetros establecidos en relación a la cotización de los
aportes al Sistema de la Protección Social.” (énfasis propio).

De manera que, si bien la Administración referenció las resoluciones en cuestión,
no fueron el fundamento principal de la entidad para resolver el cargo planteado por
la actora, ni hicieron parte del marco legal delimitado al principio del acto
administrativo. Tampoco dio lugar a la configuración de alguna situación jurídica en
especial, por el contrario, la entidad reiteró su posición expuesta en la liquidación
oficial y relacionada con que la determinación de aportes dependía única y
exclusivamente de las normas que rigen la materia, tales como el Decreto 1429 de
2010 y el Código Sustantivo del Trabajo.

Se trata, entonces, de un pronunciamiento de la demandada con el fin de resolver
el recurso interpuesto por la asociación, de lo que se desprende que lo pretendido
era precisamente garantizar el derecho de defensa de la hoy demandante. Por lo
expuesto, no prospera el cargo.

4.2. Pago de los aportes sobre el 100% del valor de las participaciones
reconocidas a los afiliados partícipes

La actora sostiene que, de conformidad con la Ley 1393 de 2010, podía pactar con
sus asociados pagos no salariales, como en efecto lo hizo en el Acuerdo 015 de
2013, en donde reconoció a los partícipes un auxilio sindical no constitutivo de
compensación, el cual además no podía ser parte del IBC porque no superó el límite
del 40% del total de la remuneración.

Antes de abordar la problemática planteada, es necesario mencionar que en otro
caso en el que se analizó una demanda presentada por una cooperativa de trabajo
asociado en el que también se discutió la naturaleza de varios pagos y su inclusión
en el IBC, la Sala35 consideró que era viable aplicar las normas para trabajadores
dependientes, de ahí que se pudiera hacer un estudio a la luz de los artículos 127 y
128 del Código Sustantivo del Trabajo y el límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010. En ese contexto y comoquiera que tanto las cooperativas de trabajo
asociado como las asociaciones sindicales retribuyen a sus partícipes mediante
compensaciones, la Sala considera que dicho criterio de decisión resulta aplicable
a este caso.

Sumado a ello, las partes coinciden en la aplicación de las normas laborales para

35 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de Unificación del 24 de marzo de 2022 C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto y sentencia del 31 de marzo de 2022, exp.25274, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

efectos de establecer el IBC de los aportes al sistema, de manera que, el caso se
analizara a la luz de lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1393
de 2010.

Para resolver este asunto, es necesario tener en cuenta las reglas fijadas en la
Sentencia de Unificación del 9 de diciembre de 2021, exp.25185, C.P. Milton
Chaves García:
1. El IBC de aportes al Sistema de Seguridad Social (subsistemas de pensión, salud y
riesgos profesionales) únicamente lo componen los factores constitutivos de salario, en
los términos del artículo 127 del CST, estos son, los que por su esencia o naturaleza
remuneran el trabajo o servicio prestado al empleador.
2. En virtud de los artículos 128 del CST y 17 de la Ley 344 de 1996, los empleadores y
trabajadores pueden pactar que ciertos factores salariales no integren el IBC de aportes
al Sistema de Seguridad Social.
3. El pacto de “desalarización” no puede exceder el límite previsto en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, es decir, el 40% del total de la remuneración. En estos eventos, los aportes
se calcularán sobre todos aquellos factores que constituyen salario, independientemente
de la denominación que se les dé (art. 127 CST- contraprestación del servicio) y, además,
los que las partes de la relación laboral pacten que no integrarán el IBC, en el monto que
exceda el límite del 40% del total de la remuneración.
4. El pacto de “desalarización” debe estar plenamente probado por cualquiera de los medios
de prueba pertinentes.
5. Los conceptos salariales y no salariales declarados por el aportante en las planillas de
aportes al sistema de la seguridad social o PILA se presumen veraces. Si el ente
fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de
aportes, por considerar que sí remuneran el servicio, corresponde al empleador o
aportante justificar y demostrar la naturaleza no salarial del pago realizado, a través de
los medios probatorios pertinentes.

De lo anterior se concluye principalmente que solo será factor constitutivo de salario
aquellos valores que tengan como fin retribuir el trabajo o servicio prestado y que le
es posible a las partes pactar valores que siendo salariales no integren el IBC, en la
parte que no supere el 40% de la remuneración.

De la revisión del expediente, se advierte que en el artículo 14 del Acuerdo 015 del
23 de abril 201336, la asociación pactó el pago del auxilio sindical con el fin de ser
destinado a movilización, alojamiento, comunicación, alimentación, insumos,
seguridad y previsión, fomento de la vivienda o educación. A estos pagos se le dio
la connotación de pago no salarial y corresponden al 24% del valor total de los
ingresos del sindicato.

Ahora, revisada la información contable aportada en el proceso de fiscalización 37,
se encuentra que el auxilio sindical fue registrado en la cuenta contable 61652005
y al revisar el balance de prueba de ese año se tiene que el nombre de esa cuenta
corresponde a “SERVICIOS DE ANESTESIA”.

En el requerimiento para declarar y/o corregir, la UGPP incluyó en la fiscalización
los pagos identificados anteriormente, clasificándolos de la siguiente forma: como
“otros incentivos” a los que le dio el carácter de pago no salarial limitado al 40% del
total de la remuneración y como “otros auxilios” a los cuales les otorgó la condición de
pagos salariales porque remuneran el servicio, pese a que la actora no los identificó
36 Folios 335 y siguientes del anexo 2
37 Esto se puede verificar siguiendo el enlace: antecedentes administrativos/
1. REQUERIMIENTO DE INFORMACION (RQI)/ RTA RQI/20147361290772/ 1400283604576_Copia_de_BG_y_ER_201111213_para_enviar.xlsx

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

de la misma forma. Esta posición se mantuvo en la Liquidación Oficial Nro. RDO-
2017-00344 de 2017 y en la Resolución Nro. RDC 2018-00283 del 217 de abril de
2018.

Bajo esas premisas, la Sala procederá a realizar el análisis respecto del auxilio
sindical a la luz de lo dispuesto en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del
Trabajo, a efectos de determinar el carácter salarial o no salarial de este,
considerando el carácter retributivo o no a las labores desarrolladas por los
trabajadores.

De conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo “constituye
salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que reciba el trabajador en
dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma de
denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del
trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio,
porcentajes sobre ventas y comisiones.”

Por su parte, según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo no constituyen
salario los siguientes conceptos:

1. Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del
empleador, tales como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales,
excedentes de las empresas de economía solidaria, entre otros.

2. Lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio, sino para
desempeñar sus funciones, por lo tanto, no son para enriquecer su patrimonio,
tales como gastos de representación, medios de transporte, elementos de
trabajo, entre otros.

3. Las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX del Código
Sustantivo del Trabajo.

4. Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o
contractualmente u otorgados en forma extralegal, cuando las partes así lo
hayan dispuesto expresamente, por ejemplo, alimentación, habitación o
vestuario, primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

Obsérvese que los tres primeros grupos no tienen per se connotación salarial,
mientras que el cuarto grupo regula aquellos conceptos que, no obstante ser
salariales, son objeto de pactos de desalarización. Este último grupo es el que debe
integrar el IBC cuando supera el límite previsto en la Ley 1393 de 2010.

Como se dijo inicialmente, en el artículo 14 del Acuerdo 015 de 2013, la asociación
pactó el pago del auxilio sindical en las siguientes condiciones38:
“ARTÍCULO 14: Auxilio Sindical no constitutivo de compensación: Del valor total que
ingrese a la organización sindical mensualmente por el recaudo obtenido con ocasión de la
ejecución del contrato sindical la organización sindical destinará un veinticuatro por ciento
(24%) del mismo para otorgar por mera liberalidad un auxilio sindical no constitutivo de
compensación a él o los afiliados partícipes de cada contrato sindical, el cual tendrá las
siguientes destinaciones:
1. Como herramienta de trabajo, caso en el cual el auxilio sindical es reconocido al afiliado
partícipe como una ayuda o herramienta de trabajo para desempeñar a cabalidad sus
actividades de participación en la ejecución del presente contrato sindical, y no como

38 Folios 344 y siguientes anexo 2
19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

retribución ni compensación de las mismas. El auxilio sindical como herramienta de
trabajo podrá ser destinado para los siguientes fines a voluntad del afiliado partícipe:
a) Movilización: Con el fin de cubrir las necesidades del afiliado partícipe de movilización y
traslado hacía el lugar de ejecución del contrato sindical. Con este auxilio se sufragaran
(sic) gastos tales como gasolina, costos de transporte público o privados, tiquetes de (sic)
aéreos o terrestres, entre otros.
b) Alojamiento: con el fin de atender las necesidades de estadía y alojamiento en los
distintos núcleos de trabajo, dentro y fuera del domicilio de la organización sindical, tales
como gastos de hotel, arriendos, dotación y acondicionamiento de habitaciones dentro
de las instituciones de salud destinados a los afiliados partícipes, entre otros.
c) Comunicación: con el fin de atender las necesidades de comunicación del afiliado
partícipe para el cabal desempeño de su labor, como costos de planes de telefonía móvil,
internet, equipos de comunicaciones, entre otros.
d) Alimentación: Este auxilio será otorgado a él o los afiliados partícipes de cada contrato
sindical, con el fin de atender las necesidades de alimentación durante el tiempo que se
encuentran desempeñando su labor.
e) Instrumental e insumos: Con el fin de adquirir insumos o instrumentos destinados a la
ejecución de la actividad propia de los afiliados para el ejercicio de su profesión como
médicos especialistas en cirugía general.
f) Seguridad y previsión: Con el fin de brindar mayor seguridad y cubrimiento a los
afiliados partícipes, el auxilio sindical también podrá ser destinado para cubrir costos de
primas de pólizas de seguros de vida, renta diaria, incapacidad, salud, planes de medicina
prepagadas y complementarios del POS, así como pagos de aportes de pensión
voluntaria, pólizas con retorno, y en general todo aquello que contribuya (sic) un mayor
bienestar y amparo para los afiliados de la organización sindical, y que amplíen las
coberturas y beneficios básicos definidos por el sistemas de seguridad social.
2. Como auxilio de fomento a la vivienda y educación:
a) Fomento a la vivienda: tiene como finalidad otorgar una ayuda de vivienda a todos los
afiliados partícipes con el fin de cubrir sus necesidades de vivienda y de su núcleo
familiar, como por ejemplo compra de vivienda (pago de cuota mensual de créditos de
vivienda, ahorro en cuentas AFC) o canon de arriendo de su vivienda de habitación, etc.,
y en general cualquier gasto destinado a satisfacer las necesidades de vivienda de los
afiliados y su familia.
b) Fomento a la educación: tiene como finalidad otorgar una ayuda a los afiliados
partícipes con el fin de atender las necesidades de actualización y capacitación en
cualquier área y de cualquier nivel. Así mismo, para atender costos de educación de su
núcleo familiar.
Parágrafo: Los auxilios previstos en el presente artículo no hacen parte del IBC para pagos
al sistema de seguridad social integral, y en todo caso no podrá exceder del cuarenta por
ciento (40%) del total del ingreso mensual del afiliado partícipe, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Se entiende por ingreso mensual del
afiliado partícipe la suma de las compensaciones a que se refiere el artículo anterior y los
auxilios de que trata el presente artículo.”

De lo anterior, la Sala considera que dicha remuneración de ninguna manera
retribuye el servicio prestado, pues en las condiciones en que quedó estipulado en
el acuerdo sindical, su finalidad es cubrir gastos relacionados con alimentación,
transporte, comunicación, alojamiento, educación, vivienda, seguridad e insumos,
por lo que buscan principalmente, garantizar la labor y no obedecen a la
remuneración del servicio. Es más, este auxilio está supeditado a la obtención de
ingresos mensuales por parte de la asociación, de ahí que no tenga relación directa
con la prestación del servicio por cada uno de los afiliados.

En ese contexto, el emolumento discutido se enmarca en el segundo supuesto del
artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, de manera que, por disposición legal

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

tiene una connotación no salarial y, en ese sentido, no debe integrar el IBC de los
aportes ni se encuentra sujeto al límite del artículo 40 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, prospera el cargo, razón por la cual la Sala modificará el
restablecimiento del derecho, en el sentido de ordenar a la UGPP eliminar del IBC
el concepto de auxilio sindical enmarcado dentro de los servicios de anestesia y
equivalente para la UGPP a “otros auxilios” y “otros incentivos”.

5. Violación al derecho de defensa por ausencia de valoración de las
pruebas oportunamente allegadas por la demandante.

La actora plantea que la demandada, al expedir los actos acusados. omitió tener en
cuenta que por una directriz interna la asociación adoptó el pago anticipado de los
aportes a la seguridad social, actuación que estuvo respaldada con los Conceptos
Nros. 277063 del 13 de septiembre de 2011, 117150 del 10 de agosto de 2012,
00030508 del 21 de febrero de 2013 y 2515116000102011 del 26 de enero de 2015,
emitidos por los Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social, de manera
que era viable cancelar sus aportes al sistema de seguridad social, incluido el de
pensiones, tomando como IBC los ingresos percibidos por el afiliado en el mes
inmediatamente anterior.

Al respecto la Sala encuentra que, contrario a lo manifestado por la actora, la UGPP
en la liquidación oficial sí valoró lo dicho por la demandante en relación con los
ciclos de pago adoptados en la directriz interna, pues sobre este asunto la entidad
manifestó lo siguiente:
“Con relación a las anteriores objeciones, este despacho le indica a la apoderada del
aportante, que si bien es cierto que las organizaciones sindicales tienen la facultad de
establecer sus propias regulaciones internas, estas no pueden ir en contravía o en
desconocimiento del ordenamiento legal al cual debe regirse.
Que para el caso en particular, es el artículo segundo de la Directriz Presidencial de 3 de
octubre de 2011, estableciera: “Se tomará como Ingreso Base de Cotización (IBC) para
efectuar los aportes al Sistema de nuestros afiliados, el monto de los ingresos efectivamente
devengado por el afiliado partícipe a título de compensación en el mes inmediatamente
anterior. A modo de ejemplo se explica, que el valor efectivamente devengado por el afiliado
partícipe en el mes de Octubre de 2011 será la base para determinar el IBC del mes de
noviembre de 2011 y así sucesivamente.”
La ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ANESTESIÓLOGOS PERMANENTES no podía
desconocer el ordenamiento legal que sobre el tema le aplicaba, como lo es el numeral b) del
artículo 9 del Decreto 1406 de 1999, que señala:
“b) Período de cotización, el cual corresponde al mes calendario de la nómina sobre la cual se calculan
y pagan las respectivas cotizaciones, o durante el cual se perciben los ingresos sobre los cuales las
mismas se efectúan.”
Posteriormente Artículo 1º del decreto 2236 de 1999, adicionó el literal b) del artículo 9º del
Decreto 1406 de 1999, con el siguiente inciso:
“En el sistema de Seguridad Social en Salud, por tratarse de un riesgo que se cubre, mediante el pago
anticipado de los aportes, se tomará como base para el cálculo de éstos el valor de la nómina pagada o
de los ingresos percibidos en el mes calendario anterior a aquel que se busca cubrir, según sea el caso.”
Por lo anterior, el aportante no puede modificar a su albedrío un requisito establecido en una
norma, para de esta forma ajustar sus ciclos de pagos, como lo sustenta en el artículo segundo
de la Directriz Presidencial de 3 de octubre de 2011, respecto de los aportes a pensión, donde
el aportante tiene en cuenta el monto de los ingresos efectivamente devengados por el afiliado
partícipe a título de compensación en el mes inmediatamente anterior, condición que solo es
de aplicación para el pago de aportes en salud.
Así las cosas, este despacho le informa que no hubo error de interpretación al momento de

21

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

efectuar la verificación de los pagos de aportes en salud, lo anterior teniendo en cuenta que
el IBC se calculó según la información reportada por el aportante en el proceso de fiscalización
y la normatividad vigente.
Adicionalmente, con la respuesta al Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. RCD-2016-
00663 del 25/07/2016, la apoderada del aportante no allega soporte probatorio que permita
validar las diferencias, generando que los ajustes propuestos persistan en los subsistemas de
Pensión y Fondo de Solidaridad Pensional para algunos trabajadores, respecto de los años
fiscalizados 2011 y 2013, tal como se puede detallar en el archivo Excel adjunto y que hace
parte de la presente liquidación oficial.”

Así las cosas, no se trata de una ausencia de valoración probatoria, sino una
diferencia entre los alcances dados a la Directriz Nro. 3, de ahí que no se evidencia
la violación al derecho de defensa alegada por la demandante.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala procedió a verificar el contenido de los conceptos
referidos por la actora, advirtiendo que en ninguno de estos se habilitó o se dijo algo
sobre el ciclo de pago de las compensaciones de las asociaciones sindicales y la
forma de efectuar los aportes al sistema, así por ejemplo, en el Concepto Nro.
277063 del 13 de septiembre de 201139, el Ministerio de la Protección Social resolvió
una duda indicando que no existía norma explícita que señalara que las
asociaciones sindicales estaban obligadas a realizar aportes a CCF, Sena e ICBF.

Así mismo, en el Concepto del Ministerio de Trabajo Nro. 00030508 del 21 de
febrero de 201340, además de referirse a la no obligatoriedad de realizar aportes en
los subsistemas parafiscales, se abordaron temas como la imposibilidad de aplicar
el Decreto 3615 de 200541 a los trabajadores independientes que sean parte de un
contrato sindical y que no se requiere autorización de ese cartera ministerial para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el numeral 7 del artículo 5 del Decreto
1429 de 201042.

Ahora, para este caso no resulta aplicable ni puede ser objeto de revisión por esta
Sala el Concepto Nro. 2515116000102011 del 26 de enero de 2015 del Ministerio
de Trabajo, comoquiera que fue expedido de manera posterior al período aquí
discutido (2013). Así mismo, se destaca que, en el expediente no obra el Concepto
Nro.117150 del 10 de agosto de 2012, proferido por el mismo Ministerio, y en la
demanda, solamente se transcribió parte de un párrafo que no permite, de su
lectura, llegar a las conclusiones que presenta el demandante43.

Así las cosas, y contrario a lo afirmado por la demandante, la liquidación de los
aportes bajo la dinámica que alegó no contaba con el respaldo de las autoridades
del Gobierno Nacional.

39 Antecedentes administrativos/4. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN/ANEXOS/Concepto No. 277063 DEL
13-09-2011 del Ministerio de la Protección Social
40 Antecedentes administrativos/4. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN/ANEXOS/CONCEPTO MINISTERIO
DEL TRABAJO (21 DE FEBRERO DE 2013).
41 Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva al Sistema de
Seguridad Social
42 ARTÍCULO 5°. En desarrollo del Convenio 87 de 1948 de la Organización Internacional del Trabajo,
ratificado por la Ley 26 de 1976, las organizaciones sindicales deberán elaborar un reglamento por cada
contrato sindical, el cual contendrá como mínimo las siguientes garantías en defensa de sus afiliados
partícipes: (...)
7. El sindicato será el responsable de la administración del sistema de seguridad social integral, tales como
la afiliación, retiro, pagos y demás novedades respecto de los afiliados partícipes.
43 Se pone de presente que en el expediente se aportó el concepto 00115616 del 8 de agosto de 2012 proferido
por el Ministerio de Trabajo, pero como no fue de los pronunciamientos reseñados en la demanda, la Sala
se abstuvo de su estudio.
22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

Finalmente, se destaca que la Administración no está modificando la regulación
adoptada por el sindicato, solo que consideró que no había lugar a aplicarla en el
caso concreto, comoquiera que las normas que regulan la materia indican que los
aportes a pensión debían pagarse de conformidad con los ingresos efectivamente
recibidos, en este caso compensaciones, condición que no podía ser modificada por
la actora y que, para el caso concreto, las normas invocadas por la UGPP no fueron
controvertidas

No prospera el cargo.

6. Improcedencia de la sanción por inexactitud

La demandante plantea que la sanción por inexactitud no es procedente toda vez
que los errores en la liquidación de los aportes tuvieron como punto de partida una
diferencia de criterios con la Administración.

También se pone de presente que en la demanda se manifiesta que la sanción es
violatoria del ordenamiento jurídico al estar proscrita la responsabilidad objetiva,
destacando que no existe culpabilidad del sujeto sancionado. Frente a este punto
se pone de presente que para la imposición de la sanción no se requiere “acreditar la
existencia de fraude, culpa o dolo”44

Ahora, sobre diferencia de criterios, la Sala en otras ocasiones ha estudiado esta
causal de exculpación en las sanciones impuestas por la UGPP45. Ahora sobre la
causal invocada se ha dicho que46:

“no basta entonces, para exculpar, que se advierta en el caso la existencia de una mera
«diferencia de criterios» entre los sujetos de la relación jurídica tributaria. Para el régimen
sancionador es irrelevante que las posiciones jurídicas de los sujetos de la relación tributaria
sean discrepantes; ese dato viene dado en la medida en que acreedor y deudor del tributo
interpretan desde su posición e interés jurídico las normas que deben aplicar. Si no hubiera
diferencia de criterios, sencillamente no habría debate alguno sobre la cuantificación del tributo
y, por tanto, no habría infracción. Lo determinante con miras a exonerar de la reacción punitiva
es establecer si el «criterio» desplegado por el administrado tuvo causa en un equivocado
juicio de comprensión sobre la interpretación, vigencia o existencia del tipo infractor y sus
respectivos ingredientes normativos, el cual propició en él la errónea creencia de no incurrir
en un comportamiento antijurídico”
En este caso, la actora no argumenta en qué consiste la diferencia de criterios, pues
se limita a i) trascribir un pronunciamiento de la Sección sobre la sanción por
inexactitud y ii) señalar que liquidó y pagó los aportes a sus afiliados de conformidad
con la regulación del propio sindicato, la cual como se expuso en el punto anterior
no cuenta con fundamento en los conceptos alegados.

En esa medida, no hay lugar a revocar la sanción por inexactitud, sin embargo, dada
la nulidad parcial de los actos de liquidación originada en la reliquidación de los
ajustes excluyendo del IBC el pago de conceptos no salariales, la Sala advierte que
ello deberá ser un asunto a tener en cuenta por la UGPP, por lo que debe
recalcularse la respectiva sanción.

44 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 24 de febrero de 2022, exp. 24441, reiterada en fallo del
9 de marzo de 2023, exp. 26283, ambas con ponencia de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
45 Sobre el particular se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre
de 2021, exp.24719, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
46 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 1 de junio de 2020, exp.26140, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez,
23

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

7. De las demás pretensiones de la demanda

La demandante dentro de sus pretensiones solicitó que, en caso de haber realizado
el pago por concepto de aportes o sanciones o reembolso, como consecuencia de
la nulidad de los actos acusados se ordenara a la UGPP efectuar la devolución de
dichas sumas con indexación e intereses corrientes.

En vista de que en esta instancia se declarará la nulidad parcial de las liquidaciones
proferidas por la UGPP, la Sala incluirá en el restablecimiento del derecho la orden
de que la demandada efectúe la devolución de los pagos a los que haya lugar, previa
verificación de los mismos, de conformidad con el artículo 311 de la Ley 1819 de
2016.

Respecto a la indexación solicitada, se pone de presente que si bien en otras
oportunidades47 se accedió a su reconocimiento, lo cierto es que la Sala rectificó48
su postura en este aspecto, en el sentido de que el procedimiento especial para la
devolución de aportes es el consagrado en el mencionado artículo 311 que no
incluye la corrección monetaria.

En cuanto a la pretensión consistente en declarar que la empresa no tiene deuda
alguna por concepto de mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al
Sistema de la Protección Social, por los períodos fiscalizados, la Sala no accederá
a la misma, en la medida que la prosperidad de sus pretensiones fue de manera
parcial, es decir que, varias de las glosas formuladas por la entidad quedaron en
firme.

8. Conclusión

La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, para en su lugar declarar la nulidad parcial de los actos demandados y,
a título de restablecimiento del derecho, se declarara la firmeza de las declaraciones
presentadas por la actora por los períodos septiembre, octubre y diciembre de 2011.
También se ordenará a la entidad reliquidar los ajustes excluyendo del IBC el
concepto de auxilio sindical enmarcado como servicio de anestesia y equivalente
para la UGPP a “otros auxilios” y “otros incentivos”. aspecto que deberá ser tenido en
cuenta al momento de recalcular las sanciones impuestas.

Finalmente, se ordenará la devolución de las sumas a las que haya lugar previa
verificación de los pagos por parte de la entidad.

No habrá condena en costas en esta instancia, en razón a que no se comprobó su
causación como lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, norma
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República

47 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 03 y 17 de marzo de 2022, exps. 25006 y 25561, C.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez) reiteradas en sentencias del 7 de abril y 30 de junio de 2022, exps. 25317 y
24815, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y en fallo del 30 de junio de 2022 exp. 25714, C.P. Milton
Chaves García
48 Sobre el particular se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de junio de
2023, exp. 27166, C.P. Wilson Ramos Girón
24

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00112-01 (26374)
Demandante: Asociación de Profesionales Anestesiólogos Permanentes

de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A. En su lugar se dispone:
“PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial Nro. RDO-2017-00344 del
12 de abril de 2017 y de la Resolución Nro. RDC-2018-00283 del 17 de abril de 2018, por
medio de las cuales se determinaron ajustes a cargo de la Asociación de Profesionales
Anestesiólogos Permanentes por las conductas de omisión, mora e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los períodos
comprendidos entre septiembre, octubre y diciembre de 2011 y enero a diciembre de 2013,
de conformidad con lo expuesto en la parte
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se declara la firmeza de las declaraciones
presentadas por la actora por los períodos de septiembre, octubre y diciembre de 2011. Así
mismo se ordena a la entidad reliquidar los ajustes excluyendo del IBC el concepto de auxilio
sindical enmarcada como servicio de anestesia y equivalente para la UGPP como “otros
auxilios” y otros incentivos”, aspecto que deberá ser tenido en cuenta al momento de recalcular
las sanciones impuestas.”
En cumplimiento de lo anterior, la UGPP procederá a la devolución de los aportes, siguiendo
el procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de
los pagos realizados por la sociedad aportante por el subsistema y periodos fiscalizados.
TERCERO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.”

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. Reconocer personería jurídica al abogado José Enrique Torres Muriel, en los
términos y para los efectos del poder visible en el índice 13 de Samai.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

25

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.